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Etiqueta: Chile

Carta abierta al Estado de Chile y a la Nación-Pueblo Mapuche – para firmar

Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:

Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.

Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.

Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:

  • Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.

  • Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.

> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;

  • Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.

Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:

  • Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;

  • Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a la opinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;

Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:

  1. – Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.

  2. Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.

  3. Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.

  4. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.


Complete este
formulario para firmar y adherirte a esta carta.

Imagen: https://www.biodiversidadla.org

 ¿Golpe de Estado aquí? ¡Jamás!

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

«Oye tico, amigo, no creas en los que andan asustando con ese cuento. No ha sucedido desde 1931, al término de la dictadura de Carlos Ibáñez, y, desde entonces, las Fuerzas Armadas, han jurado respetar la Constitución y las leyes, y eso no va a cambiar», nos decían, convencidos en que así sería.

El presidente Salvador Allende, había sido electo democráticamente el 3 de noviembre de 1970, y, aunque trataron de impedir que ejerciera el mandato del pueblo, estaba en su despacho, en el Palacio de La Moneda, cumpliéndole al pueblo chileno, lo que esperaba de él.

Corría el año de 1973, y en marzo, la oficialista Unidad Popular, aumentó, como mala noticia para la derecha conspiradora, el apoyo electoral, al lograr que el 44 % de los votos favorables, impidiera que los grupos unidos de oposición, encabezados por la Democracia Cristiana (29 %), alcanzaran los ⅔ de los votos, necesarios para destituir al presidente Allende.

Pues bien, a partir de ese momento, la CIA, por orden de Richard Nixon, convencidos de la fuerza electoral del presidente socialista, activó sus contactos con ciertos generales, y, muy importante, con líderes políticos de derecha, principalmente, que «jugando» de demócratas, ejercían una influencia importante entre los civiles.

Ante esas muy resumidas circunstancias, amigos democristianos, académicos de la Universidad de Chile, casi todos los días, se frotaban las manos, mientras decían a viva voz, «¡VIENE EL GOLPE!». Manifestaciones que, este costarricense, acostumbrado a vivir en una nación sin ejército, sin fuerzas armadas, sin soldados, por un lado, no lo creía posible, y por otro no lograba entenderlo, pues el sistema electoral chileno, gozaba de muy buena salud. ¿Por qué un Golpe de Estado, si se avanzaba hacia una nueva elección general?, pensaba confundido, en los tiempos libres, que, robaba a los estudios de doctorado en la Universidad de Chile.

Pero así no pensaban los golpistas, pues se corría «el riesgo» de que, al pueblo chileno, se le siguieran dando derechos, que, por mucho tiempo, se les habían negado, y que, estaban afectando sus negocios.

Así, después de una sublevación de un coronel, al mando de una unidad capitalina de tanques del ejército, realizada el 29 de junio de 1973, percibimos que la cosa era seria. El tal coronel, sintiéndose héroe, sacó los tanques, y con ellos, ordenó disparar sobre el Palacio de La Moneda, la vulnerable casa presidencial, mientras exigía la rendición del Dr. Allende, quien, ciertamente no estaba allí, en el momento del ataque.

Al mes siguiente, en julio, continuó la campaña de rumores, noticias falsas, arengas, acompañada por sabotajes y las muy bien financiadas, con dólares americanos, acciones golpistas. Por otro lado, también estaban, los que negaban firmemente, la posibilidad de que se sublevaran, las Fuerzas Armadas, entonces comandadas conjuntamente, por el señor presidente Allende y el fiel general Arturo Prats.

Por ello, se reiteraba, que los militares chilenos, no eran golpistas…, que esa amenaza, era irreal. El resto de la dramática, y muy sangrienta historia, es bien conocida. Los miles de asesinados, torturados y expulsados de su Patria, son parte del doloroso recuerdo, que sigue oprimiendo los pechos de los sobrevivientes.

Lo traemos a colación, pues, creemos, que como lección no debe desdeñarse, por los que vivimos en democracia, donde se respeta la Constitución Política, y la separación de poderes. Y muy especialmente, por los jóvenes que no se imaginan, lo que es sobrevivir, bajo las órdenes de un dictador, pero que, muy ligeramente, dicen «preferir» vivir así, antes de respirar los aires democráticos, que vivimos en Costa Rica.

Y es aquí, al igual que en Chile, quizá porque lo sufrimos personalmente, vemos señales, emitidas por el díscolo presidente Rodrigo Chaves, que parecen evidenciar la perversa aspiración, por, eventualmente, estructurar una dictadura similar en Costa Rica, salpicada por el narcotráfico.

«¡Que eso es imposible, que nuestra Carta Magna es el blindaje que protege nuestra democracia, que aquí no hay ejército!», se argumenta, por los que respetamos los principios democráticos más valiosos.

Pero, lo cierto, es que no debemos desdeñar, los ataques soeces a la institucionalidad democrática, mientras aumentan los actos de corrupción en la CCSS, en el MOPT, en el INS, en el ICE, en la Comisión de Emergencias… con escándalos, en que el presidente y otros, aparecen involucrados. Por ejemplo, una oscura contratación directa en el ICE, con la empresa estadounidense marca CISCO, por US$ 160 millones, el sobreprecio por unos ¢1.000 millones para el mantenimiento de una pista de aterrizaje, la gigantesca cifra, alrededor de una forzada contratación de cooperativas de Salud, y la prisión de más de US$35 millones, que no se sustenta siquiera en un proyecto que la justifique, y que proponen construir, usando el mañoso mecanismo, que ha provocado el escándalo alrededor de la reparación de la pista en el aeropuerto Daniel Oduber.

Tenemos claro, que hoy, no es necesario ejecutar un Golpe de Estado («pronunciamiento militar” decía el asesino Pinochet) para entronizar un dictador, existen otras formas, aunque la existencia de un ejército, lo haría, obviamente, más fácil.

El Chaves tico, piensa que, con discursos falsos, que invitan a la violencia, plenos de demagogia, que fomentan el fanatismo irracional, quizá se podría ejecutar, “usando” a nuestros respetados guardias civiles, ahora bajo un ministro que no despierta confianza. Por ello, para crear ese ambiente, hace uso de costosas campañas, financiadas, eso sí, con fondos públicos. Mensajes que promueven actos inconstitucionales, irrespetuosos del Código Electoral, con los que, el Chaves se imagina, sería posible, mover virtuales masas de personas, que podrían creer estar ante un «santo venerable», un dios pagano, que les dará educación, salud, pan, vestido, bien remunerados trabajos, etc., por lo cual hay que luchar a su lado, contra “los corruptos de todas las instituciones de gobierno, y los mandos medios que no dejan trabajar”, les dice.

Aunque hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de movilizar al cardumen, que no le cuestiona la dirección que sigue su administración, ha de reconocerse que, sí está creando condiciones, en las cuales espera alcanzar, por vía de la manipulación y los votos, una calificada mayoría parlamentaria, que, como sus amigos dictadores Ortega y Bukele, pudiese hacer y deshacer, según sus perversas ideas. Sabe que, con una reforma a la Ley del Referendo, podría precipitar cambios profundos en la Constitución Política, según sus antojos, que provocarían el fin de nuestro sistema democrático, pues hasta un ejército podría crearse nuevamente.

En fin, cuando nos reiteran que no sería viable que sucediese algo así, inevitablemente, vienen a nuestra memoria, los sucesos sufridos por el pueblo chileno, donde, de un momento a otro, el cielo celeste se oscureció, el día en que, con sangre derramada, se escribieron órdenes que derogaron las leyes que le estorbaban a Pinochet, para así cometer sus diabólicas fechorías. Y se hizo, paradójicamente, mientras se avasallaba, también, a los Demócrata Cristianos, que habían favorecido el golpe de Estado. Lo sucedido en Chile, es una enseñanza a valorar, pues, algunos de los que desde posiciones de derecha apoyan esa desastrosa idea, también podrían sufrir las consecuencias de ser cómplices e indiferentes, por ambiciosos. Los escombros de las instituciones también podrían caer sobre ellos.

Lada y Kamaz en la historia de los 100 años de Colo Colo

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Quizás sólo sea nostalgia, quizás sea el horror ante una campaña presidencial que está sacando lo peor de unos candidatos que claramente no están a la altura de las necesidades de este país, quizás sea la rabia y la impotencia ante la muerte de dos jóvenes atropellados por un zorrillo durante el partido de Colo Colo con Fortaleza. Quizás, por todo eso me vino en mente este pedacito de historia que quiero contar.

Cada cual recuerda a su manera. En 1990 comenzó el fin de la dictadura civil y militar en Chile, dando paso a lo que se llamó “transición a la democracia”. La alegría duró poco, justo el tiempo de darnos cuenta de que pocas cosas cambiarían. El gobierno de la Concertación, cuidando la fragilidad de la nueva institucionalidad – terminó con las movilizaciones, persiguió a los últimos movimientos revolucionarios, encarceló a sus combatientes y cerró puertas y ventanas para no escuchar el clamor por justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

También en 1990 se restablecieron las relaciones diplomáticas con la entonces URSS reabriendo la Embajada chilena con Clodomiro Almeyda como Embajador, un socialista muy respetable, un socialista de otra época. Con esa apertura comenzaron a comercializarse en Chile productos soviéticos ¿y cómo olvidar?, quizás, los más significativos: los autos LADA y los camiones Kamaz. Sí, un auto le cambio la cara a un pueblo.

Al igual que los camiones Kamaz, la principal característica de los LADA era su accesibilidad para el bolsillo del chileno que hasta ese entonces no se imaginaba poder comprar un auto. Es así como los rusos – que el próximo mes conmemorarán los 80 años de la Gran Guerra Patria – les cumplieron el sueño a muchas familias chilenas, tener su primer auto, lo que representó un importante cambio social y económico, símbolo de progreso y movilidad. Yo seguí soñando por muchos años hasta tener mi primer auto.

Pero más allá de ese hecho, se cumplen 100 años de la fundación de Colo Colo – el equipo de mis amores – y para los hinchas la camiseta más querida es la del año 1991, sí esa que tuvo como patrocinador la marca de autos rusos LADA en el pecho y la de los camiones Kamaz en la espalda (1990-1992). Con esa camiseta Colo Colo ganó la Copa Libertadores en 1991, la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana en 1992.

Aunque la marca desapareció del mercado chileno en 1998, en 2018 regresó a Chile con algunos modelos, y yo la recuerdo por lo que significó para miles de chilenos, que después de 17 años de horror, oscuridad y pobreza, comenzaron a atreverse a soñar de nuevo, la recuerdo porque eran años en que el futbol se vivía en los estadios, sin miedo a perder la vida.

Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras. Segunda parte

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Mucho más allá de lo legal

No son tantos los casos conocidos públicamente – pero son suficientes para preocuparnos – en que estas empresas y sus contratistas civiles, han estado envueltos en escándalos y excesos, con altos costos de vidas en las más diversas latitudes del planeta, violando el derecho internacional humanitario.

El 16 de septiembre de 2007, personal de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide (actualmente Academi) utilizó armas de fuego mientras escoltaba un convoy en Bagdad, lo que terminó con la muerte de 17 civiles y 24 heridos iraquíes. Las investigaciones concluyeron que abrieron fuego injustificadamente contra civiles desarmados, sin embargo, a pesar de que 5 contratistas fueron procesados, en 2009 todo quedó en nada.

En noviembre de 2024, un jurado federal ordenó a la empresa CACI Premier Technology a pagar 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib. Sentencia que llegó después de 16 años.

En su informe de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se señalaba que “Para el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, resulta evidente que el reclutamiento, el adiestramiento, la financiación y la utilización de mercenarios y agentes afines sigue siendo un problema sistémico creciente que atraviesa regiones, países concretos y múltiples conflictos armados. El Grupo de Trabajo ha advertido en repetidas ocasiones que la utilización de mercenarios y agentes afines prolonga los conflictos armados, socava los procesos de paz, desestabiliza las regiones y, lo que es más preocupante, acarrea y agrava la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. El grado de utilización de esos agentes y las atrocidades que cometen en todo el mundo han llegado a cotas nunca antes vistas”.

En ese marco no parece imposible que miembros de estas organizaciones puedan estar interviniendo en cualquier lugar del mundo para su propio beneficio o de un tercero sin ningún tipo de control. ¿Quién podría asegurar que no han intervenido en operaciones de gran envergadura, que podrían incluso desestabilizar un gobierno, como el secuestro de Ronald Ojeda en nuestro País?

Grandes problemas, pequeñas soluciones

La problemática ligada a este mercado de guerra alternativo tiene muchas facetas, sólo señalamos dos: la falta de mecanismos de control y regulación de sus actividades; la segunda, el capital humano ocupado ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Quién se hace cargo de ellos y sus acciones durante y finalizados sus contratos?

El Documento de Montreux (finalizado en 2008, apoyado actualmente por 59 Estados y 3 Organizaciones Internacionales), busca proporcionar un plan para que los gobiernos regulen efectivamente las EMSP, destaca las responsabilidades de los Estados y reafirma las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional y en particular, el derecho internacional humanitario (DIH) aunque no es un tratado legalmente vinculante.

Aunque han surgido a lo largo de los años varias iniciativas que intentan regular este mercado, todas con muy buenas intenciones, en la práctica tienen poca eficiencia. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, creado por la ONU en 2005, tiene jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP para asegurarse de que respeten los derechos humanos, pero no tiene autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.

En 2012, el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ONU emitió el Sistema de Gestión de Seguridad para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad; en 2017 el Parlamento Europeo aprobó un informe que insta a regular las EMSP y recomienda únicamente la contratación de EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una suerte de imán para los combatientes extranjeros de numerosos países. En el caso de Ucrania, algunos de los mercenarios provienen incluso de varios países latinoamericanos como Argentina, México, Ecuador y mayoritariamente Colombia. De hecho, el presidente Volodímir Zelenski, dijo a principios del año pasado que unas 20.000 personas de 52 países del mundo llegarían a ayudar.

A mediados del 2022, después de que Kiev formara su Legión Internacional de Defensa, ya se habían unido 20.000 “voluntarios”, según el gobierno ucraniano, número que se ha reducido a un estimado de 2.000 a 3.000 personas, lo que a juicio de los expertos es un número muy menor para hacer una diferencia en la guerra. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, esto pese a que las leyes de una gran cantidad de Estados prohíbe la actividad mercenaria.

¿Qué sucederá con esos combatientes cuando termine la guerra o sus contratos? La respuesta no es fácil, muchos de ellos ofrecen sus servicios por las expectativas de buenos sueldos y otros beneficios, sin embargo, la realidad choca con las expectativas. En el caso de Ucrania, después de viajar miles de kilómetros, muchos han quedado varados a la espera de ser reclutados y combatir en el frente; algunos se encuentran desaparecidos y muchos ven desvanecerse los sueños de poder radicarse en Europa finalizado el conflicto.

Los ex militares de Pinochet

¿Y cuál es la realidad chilena? Para hacernos una idea, veamos sólo 1 caso. En octubre de 2003, el diario La Tercera publicaba un aviso de la empresa con sede en Washington DC, Red Táctica, en el que se buscaban exoficiales “preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible y con dominio del inglés”. La empresa explicó más tarde que la búsqueda era para tareas de consultoría portuaria. Sin embargo, el presidente de Blackwater, Gary Jackson, decía otra cosa en diario británico The Guardian: “Vamos hasta el fin del mundo en busca de profesionales y los comandos chilenos son muy profesionales y se ajustan al sistema de Blackwater”. El sistema de Blackwater es simple: contratan soldados retirados en el tercer mundo, los entrenan muchas veces en sus mismos países – a veces incluso con ayuda de las fuerzas armadas locales– y los colocan como agentes de seguridad privada en lugares de alto riesgo, como embajadas o bases militares extranjeras en Irak.

En Chile, este esquema de reclutamiento se descubrió por primera vez en 2003, cuando un centenar de oficiales retirados fueron reclutados para hacer tareas de vigilancia en Irak y Afganistán. Según denuncias que la Justicia Militar investigó, fueron entrenados en el país con armamento liviano que habrían entregado militares en actividad. El reclutamiento de mercenarios volvió a aparecer en los titulares a fines de 2005, cuando 105 militares retirados chilenos fueron expulsados de Honduras, donde entrenaban junto a otros latinoamericanos antes de viajar a Medio Oriente. Los exoficiales fueron repatriados a Santiago.

Según las cifras que se manejaban durante la invasión a Irak, unos 1000 exsoldados chilenos habrían trabajado como seguridad privada. Para el exsenador Alejandro Navarro, uno de los primeros en hacer pública la existencia de “mercenarios chilenos”, el número era mucho mayor. En un artículo de 2007 de Página12 señalaba que “Nuestros informes sostienen que alrededor de 2.200 han viajado a Irak y han vuelto a Chile desde la invasión”. Sus fuentes, eran “familiares de los exmilitares contratados e incluso los mismos mercenarios, que de vuelta en Chile se quejan de malos tratos y de no haber recibido los sueldos prometidos”.

Tanto los informes de Navarro como los de la ONU se centraron en Red Táctica y en la figura de su presidente, José Miguel Pizarro, un ex teniente de artillería del ejército chileno, que en 1995 decidió dejar la institución y mudarse a Estados Unidos. Allí no cambió muchos sus hábitos. Ingresó en el cuerpo de infantería de la Marina y más tarde volvió a colgar el uniforme para convertirse en un consultor. En su currículum también se destacan sus apariciones esporádicas como analista en la cadena CNN, que lo presenta como un “experto de conflictos bélicos”. Su encargado de relaciones comerciales en Santiago, Herman Brady, es el hijo de un ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pizarro fue declarado culpable de infringir la Ley de Vigilantes Privados en 2011 por la Corte Suprema de Chile. Pero seguramente la historia no ha terminado allí.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-87890-2007-07-10.html

https://www.latercera.com/nacional/noticia/el-destino-fatal-de-un-soldado-chileno-en-ucrania/HVLXZERICRFB3HNJ2AA6IYOVKE/

https://tudpam.org/what-is-the-scope-of-activity-of-the-private-military-company-blackwater-or-academy/

https://cronicaseguridad.com/2024/07/19/mercenarios-y-companias-militares-y-de-seguridad-privada-v/

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and#:~:text=the%20present%20Convention.,Article%205,provisions%20of%20the%20present%20Convention

https://razonpublica.com/ley-prevenir-reclutamiento-mercenarios-colombianos-una-buena-idea/

https://www.elradar.es/guerra-con-animo-de-lucro-implicaciones-de-la-creciente-industria-de-la-seguridad-privada/

https://izquierdarevolucionariamx.net/index.php/internacional/otros-africa/3556-contratistas-civiles-o-mercenarios-del-siglo-xxi

https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a78535-report-working-group-use-mercenaries-means-violating-human-rights

Reforma de pensiones en Chile: Los intereses de Estados Unidos no se tocan

Por Félix Madariaga, periodista

Chile es un país de soñadores, por eso tal vez muchos teníamos la esperanza de que cuando – finalmente – se aprobara la reforma de pensiones, se acabaría ese gigante y millonario mal que ha empobrecido la vejez de los chilenos y chilenas, o sea, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Exacto, era una esperanza, en la que creímos como promesa de campaña de Gabriel Boric.

El sistema creado a principios de los años 80 por los Chicago Boys, a quien la dictadura civil y militar de Pinochet les abrió las puertas para que convirtieran a Chile en un campo de pruebas de la economía liberal de mercado. Un sistema impuesto a punta de pistola, marketing y mentiras. Sin alternativas, los trabajadores y trabajadoras tuvieron que decir adiós al sistema de reparto y lanzarse al vacío sin red ni colchón que amortizara el golpe.

Con José Piñera como ministro del trabajo, en noviembre de 1980 se promulgó el Decreto Ley 3.500, que estableció el nuevo sistema de pensiones en Chile, el que entró en vigencia en mayo de 1981. Dato curioso, esta nueva ley de pensiones eximió la incorporación al sistema de los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, quienes hasta el día de hoy reciben al jubilarse 3,3 veces más que un civil chileno, en gran parte a cargo del Estado.

Otro dato que hace doler el estómago es el que encontramos en una columna de opinión de 2019 publicada en cooperativa.cl por el diputado Gabriel Ascencio quien señalaba que “entre 2011-2015 este sistema privilegiado le significó al Estado un gasto de 3,8 billones, equivalente a más de 5 mil millones de dólares. Entre estos beneficiados se encuentran 38 procesados o con condenas por delitos de derechos humanos o fraudes cuyas pensiones le cuesta al Estado $1.200 millones anuales”.

Aunque suponíamos que, con esta reforma, las AFP y sus norteamericanos dueños iban a ir desapareciendo, el resultado final nos alejó de nuestro sueño, y pasaremos a un sistema previsional mixto, ¡ni chicha ni limoná!

De vuelta a la realidad

Volviendo al presente, los controladores de las aseguradoras de fondos de pensiones de Estados Unidos – que agrupa a las compañías Principal (AFP Cuprum), Metlife (AFP Povida) y Prudential (AFP Habitat) – pusieron el grito en el cielo al darse cuenta de que la reforma se aprobaría y enviaron una carta al Presidente Boric señalando que la reforma “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”, advirtiendo sutilmente que podríamos tener conflictos económicos y diplomáticos.

La reforma fue aprobada y la amenazante carta se fue enfriando en un silencio sin comentarios. ¿Qué pasó?, ¿qué cambio en unas cuantas horas?, podríamos pensar que al final, suma y resta, la reforma de las pensiones fue bastante positiva para las AFP y de gritar al lobo al lobo, pasaron a seguir pastoreando tranquilamente sus rebaños.

Ayudados por una reciente entrevista a Luis Mesina de la Coordinadora NO+AFP en Piensa Prensa, intentamos despejar esas dudas:

A pesar de que el Estado entregó a las AFP la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadores, el Estado sigue haciéndose cargo de un 88,12% de las jubilaciones de Chile, sí, leyó bien, casi el 89% del pago de las pensiones sale de los bolsillos de los chilenos y chilenas. ¿Y cómo es posible? Es posible y ahí está el gran negocio de las aseguradoras.

Del total de las pensiones en Chile, el Estado se hace cargo del bono por hijo, la Pensión Garantizada Universal (PGU), las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y del antiguo sistema de pensiones, equivalente al 88,12%; y del restante que pagan las AFP, el Estado aporta un 64% y claramente ahí está el negocio de las aseguradoras: capturar el salario de los trabajadores para destinarlo al sistema financiero, no para pagar pensiones.

Esta reforma les entregará aún más capital. Con el aumento de las cotizaciones, las AFP verán un incremento de un 45%, gradualmente, que se calcula alcanzará más de 6 mil millones de dólares, millones de dólares de ahorros de los trabajadores que irán directamente a las carteras de inversión.

Esta reforma no ha cambiado nada de fondo, al contrario, ha fortalecido el sistema de capitalización individual que se ha demostrado fracasado. Si algo bueno debiésemos encontrar, diríamos que se ha intentado mejorar las pensiones de las mujeres – discriminadas por el sistema – y asegurar el acceso a la PGU de quienes fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura civil y militar de Pinochet, más allá, muy poco, lo que para quienes se declaraban gobierno de izquierda, es un triste resultado.

Triste también para los millones de chilenos y chilenas que seguirán viendo como el sueño de una vejez serena se aleja irremediablemente, egoísta para los millones de chilenos y chilenas que deberá seguir trabajando con sus espaldas cansadas y su pelo canoso porque no llegan a fin de mes, traicionero porque los intereses del capital extranjero pesan más que las necesidades de nuestro pueblo.

Nos queda claro que las advertencias de las empresas norteamericanas hacia la reforma previsional y sus posibles implicancias en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sólo fueron un voladero de luces para confundir a la gente, una maniobra efectiva que ya quedó al descubierto. No olviden el tuit del papá de las AFP, José Piñera del 30 de enero, “Larga vida al sistema de capitalización individual”. Lo que es bueno para ellos, no puede ser bueno para nosotros.

¿Qué nos queda por hacer? Informarnos, leer, aprender para que cada vez les sea más difícil actuar a espaldas del pueblo y por supuesto sumarnos al rechazo popular en la manifestación convocada por NO+AFP y otras organizaciones sociales el próximo 30 de marzo. 

Fuentes:

Diario El Mercurio, 1 de febrero, cuerpo B pagina 6. Artículo: el veredicto extranjero sobre la reforma de pensiones en Chile.

https://www.youtube.com/watch?v=pgjnWnbPm_E

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2025/01/30/1155878/que-gano-cada-sector-pensiones.html

https://www.elmercurio.com/blogs/2025/01/17/122285/reforma-de-pensiones.aspx

https://www.ciperchile.cl/2016/08/05/afiliado-de-habitat-responde-a-carta-del-gerente-general-de-la-afp/

https://radio.uchile.cl/2024/05/27/estudio-afirma-que-pensiones-de-las-ff-aa-y-de-orden-son-tres-veces-superiores-a-las-que-pagan-las-afp/

Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

Primera Parte.

¿Quién se hace cargo de ellos cuando termina la guerra y vuelven a sus países de origen?

El ejemplo de Colombia, es un camino que deberían comenzar a pensar los distintos países que proveen de esta mano de obra para la guerra. Crear leyes para una problemática de hoy y del futuro.

Colombia es un ejemplo que nos gustaría que siguieran muchas naciones que son exportadores de combatientes, país en el que desde hace algunos años se está buscando una solución para el grave problema de los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privada (EMSP). El año pasado, el presidente Gustavo Petro presentó una ley para impedir el reclutamiento de mercenarios en su país. El proyecto tiene como objetivo principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias: tipificando el delito de mercenarismo, prohibiendo el entrenamiento paramilitar para fines mercenarios, apuntando a la cooperación internacional y dando protección a los veteranos.

Colombia ha sido por años uno de los principales proveedores de mercenarios, lo que se debe fundamentalmente a la alta capacitación militar, falta de oportunidades económicas y una importante demanda global. Más de 4000 ex militares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África, lo que demuestra también cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir utilidades privadas.

Es evidente que el mercado de los mercenarios y contratistas privados, como les gusta hacerse llamar, crea problemas tanto internos como externos. La participación de ellos en conflictos ajenos puede dañar la imagen y la reputación internacional de un país, además de ser una forma involuntaria de exportación de violencia y criminalidad.

El mercenarismo debe prohibirse y se deben establecer mecanismos internacionales efectivos que controlen, persigan y castiguen a las empresas militares y de seguridad privada que reclutan personas e intervienen de manera poco transparente a lo largo de todo el planeta.

Aplaudimos el esfuerzo de Colombia, y esperamos que inspire a otros países como Chile, donde algunos diputados nos comentaron en off the record que no hay iniciativas ni proyectos en ese sentido. Esto nos preocupa, y nos preocupa de verdad, porque vemos cómo la inseguridad se hace parte de nuestra sociedad, y curiosamente hace un año fuimos testigos, a través de los informativos de TV, del actuar de un grupo de choque paramilitar, con armamento sofisticado, chalecos antibalas y uniformes, secuestrando a un ex militar venezolano desde un edificio de Santiago, para posteriormente asesinarlo y hacerlo desaparecer. No cualquiera tiene la capacidad de realizar una operación militar de esa envergadura. El secuestro del coronel venezolano fue estudiado y planificado con mucha antelación y podríamos pensar que los que actuaron, podrían entrar perfectamente en el perfil de mercenarios ahora convertidos en delincuentes.

El compromiso con la paz y la legalidad no puede encenderse y apagarse a conveniencia

A pesar de la falta de regulación y de los problemas éticos y políticos que comporta, el mercado de las empresas militares y de seguridad privada continúa creciendo viento en popa, con grandes beneficios económicos para las compañías, que obtienen mucha de su mano de obra desde África y Latinoamérica, mano de obra, mejor dicho, carne de cañón. Sí, porque en general, las posiciones especializadas son cubiertas por expertos de los ejércitos oficiales, y al frente de batalla, van, más o menos preparados los pseudo-soldados, que por unos cuantos dólares arriesgan sus vidas en conflictos lejanos, muy lejanos.

Según el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad (DCAF), se calcula que actualmente existen más de 450 compañías militares privadas que operan en más de 50 países, empleando a 5 millones de personas en África, 2,5 millones en América Latina y el Caribe y a 2 millones en Europa, aunque es difícil estimar un número exacto ya que existen muchos operadores que actúan en zonas grises o negras del mercado. Económicamente, el valor de este negocio asciende conservadoramente a unos 244.000 millones de dólares.

Los cuatro países que encabezan esta “industria”, con aproximadamente el 70% del mercado son Estados Unidos, Reino Unido, China y Sudáfrica, lógicamente en Estados Unidos se concentran las mayores EMSP siendo también un importante cliente de ellas.

¿Y dónde está el problema?

La participación de este tipo de empresas en conflictos armados no es nueva ni novedosa, aunque por muchos años haya pasado desapercibida a la opinión pública. Las guerras de Irak y Afganistán fueron el punto de inflexión para su crecimiento acelerado. Miles de soldados privados fueron contratados por Estados Unidos para “apoyar” sus operaciones militares.

El problema está en lo que se ha denominado “privatización” de la guerra, las EMPS están asumiendo cada vez más roles y funciones en los conflictos en desmedro de la soberanía de los Estados y su monopolio sobre el uso de la fuerza, con contratistas que en demasiadas ocasiones han demostrado falta de ética y respeto hacia los derechos humanos.

Dentro de las actividades oficialmente declaradas por estas compañías se encuentran, por ejemplo, apoyo logístico, mantenimiento del armamento y los sistemas de defensa, inteligencia, desminado y limpieza de Elementos Explosivos Sin Detonar (UXO´s), asesorías y consultorías en áreas tan diversas como reconstrucción, estabilización, reorganización de fuerzas armadas y policiales, entrenamiento en capacidades específicas y quizás las más polémicas, la seguridad para la protección de instalaciones y personas y la participación en combates.

Y quiénes son los contratistas que llevan a cabo estas funciones, en general, las EMSP utilizan una fuerza de trabajo flexible que seleccionan de acuerdo con sus habilidades. Muchos son exmilitares, en ocasiones de grupos especiales, con experiencia en temas de seguridad, amantes de las armas y la disciplina militar.

Como ejemplo, según un artículo publicado por Izquierda Revolucionaria durante la guerra de Irak había 122 ex militares chilenos “que sirvieron a las órdenes de Pinochet, los reclutaron a través de un anuncio aparecido en el periódico chileno El Mercurio (12/10/03) en el que se invitaba a exmilitares, preferentemente con experiencia en instrucción de comandos y dominio del inglés, para prestar sus servicios de seguridad en el exterior cobrando 18.000 dólares por seis meses de trabajo, al anuncio respondieron 400 infantes de marina y antiguos “boinas negras” (fuerzas especiales del ejército chileno). Estos mercenarios fueron contratados por una de las principales empresas del sector, Blackwater Security, filial de Halliburton (vinculada al vicepresidente estadounidense Cheney)”.

Por decir lo menos, siniestro.

Seca electoral

Manuel Delgado

Es desconsolador leer las noticias en estos días, y no por Zapote (que ya ni nos sorprende) o Valencia (que tanto quiero), sino por los magros resultados electorales en Brasil y Chile.

Definitivamente, y por más que los presidentes hablen de democracia, ni Lula ni Boric cuentan con el apoyo de sus pueblos.

Parece estar claro que la clase obrera brasileña le ha vuelto la espalda a su viejo líder sindical, que ha debido conformarse con pírricas victorias en al puro norte del país, lejos, muy lejos de los centros industriales de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba o Porto Alegre, para no citar más. La gran mayoría de los municipios obreros vecinos de São Paulo, donde Lula fue el candidato más votado en las elecciones de 2022, quedaron en manos de partidos de centro-derecha y derecha.

En Chile, dice el periódico del Partido Comunista, “la derecha avanzó [y] el oficialismo retrocedió… casi la totalidad de los partidos oficialistas, de izquierda y el progresismo presentaron un retroceso… En términos políticos la derecha tiene razones para celebrar y sentir una positiva proyección a lo que serán los comicios parlamentarios y presidenciales del 2025”.

La actitud hostil hacia Venezuela de ambos, pero sobre todo de Lula, es de vieja data, pero no es arriesgado pensar que en las más recientes estas elecciones tuvieron una responsabilidad. Se oponen a la revolución bolivariana por oportunismo, pensando en los votos que hay que ir a ganar en condiciones tan adversas.

Pero la lección principal no está allí. Se trata de que, en ese juego de acercamiento a sus derechas, ambos gobiernos han decepcionado a sus electores. Las grandes expectativas se quedaron en muy poco y las reformas impulsadas no convencen a un electorado que quiere transformaciones.

El sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, hablaba de “revoluciones sin cambios revolucionarios” para explicar el desencanto de este tipo de gobiernos. Ese ha sido, me parece a mí, la principal falla de la izquierda latinoamericana: su reticencia a ser realmente de izquierda, su tendencia a “mejorar” su imagen haciendo suyos no solo el lenguaje sino incluso las metas del enemigo, procurando ser simpáticos para las oligarquías frente a las cuales nunca resultarán suficientemente simpáticos.

Ahora, por cierto, los cambios van a ser más difíciles. Por ejemplo, el PC chileno (que está en parte dentro del gobierno y en parte fuera del gobierno) señala que con esos malos resultados los cambios van a ser más difíciles e, incluso, que es posible que haya cambios, se entiende retrocesos, en el gabinete.

Dios no coja confesados.

Boris Johnson en Chile: Una visita poco deseada

Félix Madariaga Leiva

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

Hay personajes en la historia, que a pesar de haber tenido en sus manos el poder de cambiar su curso, para mejor, sólo han dejado un triste y vergonzoso recuerdo. Cada cierto tiempo reaparecen, buscando revalidarse de alguna manera, escribiendo libros, dictando charlas, visitando países lejanos para revivir esos buenos tiempos, en los que su opinión y sus acciones habrían podido, por ejemplo, detener el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, evitando muertes inútiles, destrucción y la desestabilización de todo un planeta.

Estamos hablando del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien es acusado de boicotear – apenas iniciada la guerra – la posibilidad de un acuerdo de la paz entre Ucrania y Rusia, defiendo los intereses de occidente y el imperialismo; y sí, hablamos de él porque ha sido invitado a Chile para participar el próximo17 de octubre en el XII Seminario Picton – El Mercurio, conferencia en la que se referirá a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y China, entrevistado por el ex embajador de Chile en Reino Unido David Gallagher y por el abogado Gerardo Varela.

Boris Johnson es periodista, autor de “The Churchill Factor”, actualmente colabora con el Daily Mail de Londres, entre otros medios de comunicación. Ingresó al Parlamento el 2001, fue alcalde de Londres por dos períodos, entre 2008 y 2016, Primer Ministro del Reino Unido desde julio de 2019 hasta el 5 de septiembre de 2022, cuando tuvo que renunciar a su cargo debido a una serie de escándalos que lo vieron involucrado. Su jefe de bancada, Chris Pincher, fue acusado de acoso sexual, y aunque Johnson intentó resistir el duro golpe, la renuncia de más de 50 ministros y altos funcionarios de gobierno, que alegaron haber perdido la confianza en el ex primer ministro, lo obligaron finalmente a dar un paso al costado.

Durante meses, Johnson se vio enfrentado a una serie de críticas sobre su conducta y la dirección de su Gobierno, incluidas las fiestas ilegales que se organizaron en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia del Covid-19 y por las que él, su esposa y otros colaboradores fueron multados.

Pero lo peor de su accionar se registró durante el intento de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El acuerdo negociado a fines de marzo de 2022 en Estambul estaba listo para ser firmado y establecía, entre otras cosas, la neutralidad militar de Ucrania. Sin embargo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, que actuó como embajador del Occidente político, no permitió que Ucrania pusiera fin a la guerra. “La preservación del Estado ucraniano y su futura expansión territorial dependen hoy, sobre todo, de cuánto dure la guerra».

Como señala Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica, “quien boicoteó la paz en Ucrania con Rusia fue Boris Johnson”.

Hay muchas fuentes, de distintos sectores, que afirman que los ingleses fueron los principales actores en aniquilar la posibilidad de la paz, obviamente con la aprobación de Estados Unidos; y también hay muchas fuentes que afirman que fue Boris Johnson el que destruyó el borrador que el representante de Ucrania estaba dispuesto a firmar y en el que se establecían ya una serie de puntos de acuerdo. Sin duda la negociación estaba avanzada, lo reconoció el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien ha señalado en diversas entrevistas que “ambas partes deseaban fervientemente un alto el fuego”. Entonces la paz era más que necesaria en ese momento, “porque Zelenski sabía que iban hacia el suicidio, pero Johnson le aseguró que contaría con el apoyo de occidente, le dijo quédate tranquilo, te enviaremos armas, bombas y seguiremos entrenando a tu gente, enviaremos expertos militares, por eso la OTAN es parte de esta guerra”, explica Umpierrez.

¿Quién está detrás de esta invitación a Chile?

La última vez que Johnson visitó Chile en calidad de primer ministro se reunió, en mayo de 2018, con el ex presidente Sebastián Piñera y el ministro de relaciones exteriores Roberto Ampuero para discutir sobre una mayor colaboración en materias de seguridad internacional, defensa y oportunidades comerciales post-Brexit. Y no sorprende que detrás de esta poco deseable invitación esté el diario El Mercurio, reconocido medio de comunicación golpista y tendencioso, que recibió millones de dólares de Estados Unidos para derrocar el gobierno de Salvador Allende en 1973.

El otro anfitrión, Picton, es menos conocido, fundada en 2011, tiene oficinas en Santiago (en la comuna de Las Condes), Costa Rica y Colombia, y lo poco que sabemos de ellos es que son “asesores y gestores de inversiones enfocados en las necesidades de clientes institucionales y altos patrimonios en Latinoamérica”, como se describen en su página web (www.picton.cl).

Fundada por Gregorio Donoso, ingeniero comercial de la UC; Matías Eguigurren, ingeniero comercial de la UDP, fue asesor directo del ministro del Interior en 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera; Augusto Undurraga, ingeniero comercial de la Finis Terrae y José Miguel Ureta, ingeniero civil industrial de la UC.  También organizan un seminario anual que reúne personajes controversiales y muy cercanos al capitalismo y la política occidental. Entre sus invitados se cuentan el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, y para celebrar sus 10 años, el invitado fue el ex primer ministro británico, el conservador David Cameron.

¿Pero, porqué invitar a Johnson a Chile?

No comprendemos muy bien el objetivo de la visita de Boris Johnson a Chile y no nos gusta, pero nosotros no nos manejamos en las altas esferas de las finanzas ni en los meandros de la geopolítica internacional, sólo vivimos en el país real, ese que nos golpea en la cara con su desigualdad, ese país real que el capitalismo ha enfermado convirtiendo a las personas en consumidores, que intenta negar la historia y nuestra memoria. Y no, no nos gusta que por nuestras calles camine uno de los principales responsables del fracaso de los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Y no, no nos gusta porque la lección que aprendimos en 1973, aún nos duele, esa que vio como empresarios, medios de comunicación y potencias extranjeras, eran capaces de destruir los sueños de un pueblo para defender sus intereses.

Fuentes:

https://www.gov.uk/government/news/visit-to-chile-by-foreign-secretary-boris-johnson.es-419

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/07/por-que-renuncio-boris-johnson-trax

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0NoXEcKoKCQ

https://ctxt.es/es/20230201/Politica/42198/Fabian-Scheidler-israel-Putin-Zelenski-Ucrania-Rusia-Naftali-Bennett.htm

https://picton.cl/team/#:~:text=GREGORIO%20DONOSO%2B%2B%2B,patrimonio%20entre%201994%20y%202011

https://www.uppers.es/economia-y-dinero/por-que-volodomir-zelenski-aparece-papeles-pandora_18_3313020382.html

Un general y su bisnieta: Una historia de esperanza

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Hay nombres que son imborrables, hay nombres que son parte de nuestra memoria, hay nombres que nos hablan del valor de algunos hombres y de la traición de la que otros hombres son capaces. Hay nombres que renacen en el tiempo, hay nombres que se reencuentran en el tiempo y construyen nuestra historia. Esta es la historia de un general y su bisnieta.

René Schneider

El próximo 22 de octubre se cumplirán 54 años del asesinato del general del ejército y comandante en jefe de las fuerzas armadas René Schneider Chereu, asesinato que tuvo como objetivo provocar a las fuerzas armadas para que hicieran un golpe de Estado que evitara la llegada a la presidencia de Salvador Allende, que asumiría el mando de Chile el 4 de noviembre de 1970, pero algo salió mal. Un secuestro se convirtió en un asesinato y cambió, quizás, el destino de nuestro país.

El general tenía 56 años cuando un comando de civiles, hijos de la alta burguesía chilena, intentó secuestrarlo en las calles Martín de Zamora con Américo Vespucio en la comuna de Las Condes, a las 8.19 de la mañana. En principio, la operación ordenada por Richard Nixon y Henry Kissinger, a través de su agencia de inteligencia en Santiago, era secuestrarlo, y para lograrlo pagaron sustanciosamente a dos generales: Roberto Viaux y Camilo Valenzuela quienes fueron los encargados de preparar un grupo paramilitar para perpetrar el delito. Pero sus planes se truncaron ante la respuesta del valiente general que los enfrentó, lo que significó su muerte, después de agonizar por tres días en el Hospital Militar.

Sin dudas el asesinato de Schneider es un crimen histórico de Estados Unidos en Chile, tráfico de armas y dinero. Él fue asesinado por su defensa a la Constitución con la conocida “Doctrina Schneider”, y éste fue uno de los primeros ataques que llevarían al quiebre de la democracia en Chile.

Civiles y militares, bajo el auspicio de Estados Unidos, frente al miedo al cambio que representaba Salvador Allende, frente al miedo de perder sus privilegios, frente al miedo de mirar a los ojos a un pueblo, conspiraron para mantener el poder – que aún hoy creen suyo. La gran culpa del General fue ser un hombre de principios.

Los asesinos y conspiradores pertenecían a distintos sectores de la sociedad chilena, empresarios, militares, ultraderechistas y lumpen. Algunos de ellos fueron juzgados, otros fallecieron y otros viven tranquilamente en nuestro país, manejando empresas y disfrutando de una vejez tranquila que al general no le permitieron.

En el grupo de los empresarios se encontraba Julio Bouchon, que en 1972 fue condenado a 3 años y un día de prisión como cómplice del secuestro – hoy maneja varias viñas de su propiedad, posee dos aviones, un Beechcraft Bonanza y un Piper Azteca, es Secretario del Club de Polo y Equitación San Cristóbal, criador de caballos belgas, propietario de los fundos Los Lagos, Chorrillos, Colchagua, Cañadilla y tesorero del Old Grangonian Club.

Junto a él, fueron condenados como cómplices Fernando Yarur Huerta, Raúl Igualt Ossa, Jorge Lagos Carrasco, Sergio Toperberg Volosky y León Cosmelli Pereira, en la época estudiante universitario, actualmente figura en las listas de financistas del Partido Republicano. Cosmelli y Jaime Melgoza Garay dispararon al general; Viaux fue condenado a 20 años, pero se le rebajo la pena y fue relegado a Paraguay; Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo, escaparon de Chile y de su condena, en 1977 fueron indultados por Pinochet.

El único que cumplió condena fue Jaime Melgoza (9 años), el general Alfredo Canales fue nombrado embajador en Líbano y muchos de los que participaron en el atentado ¨colaboraron con la dictadura, como Guido Poli, quien trabajó en el Ejército hasta 1999 llegando a ocupar el cargo de auditor general. Fue consejero legal de la DINA. Al menos diez de ellos trabajaron en la DINA, como Enrique Arancibia Clavel y Nicolas Díaz Pacheco, fueron integrantes del grupo que asesinó al general Carlos Prats y a su esposa en Buenos Aires, en 1974¨.

Emilia Schneider, la bisnieta

26 años más tarde – el 23 de octubre de 1996 – nacía en Santiago Emilia Schneider Videla, bisnieta del general. Dirigente estudiantil, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por la equiparación de los derechos de las minorías sexuales, fue la primera mujer transgénero en ser elegida diputada de Chile en 2021.

Cincuenta años más tarde, la diputada también se encuentra en primera línea en un Chile que debería ser muy distinto al que su bisabuelo tuvo que enfrentar. Sin embargo, el odio, la irracionalidad y el miedo al cambio siguen presentes en un país que poco ha aprendido de las lecciones que la historia le ha querido dar.

Sin hacer caso a la persona, ha recibido constantes ataques desde una derecha intransigente y cínica – esa que no aprueba el divorcio, pero se divorcia a conveniencia – y desde el fanatismo religioso de un pastor sin rebaño, que en las puertas del Congreso intenta con sus gritos imponer donde está el bien y donde está el mal.

¿Y cómo responde la diputada? Resiste, se enfrenta, debate, se expone – sin miedo, creemos – en base a principios e ideales, y eso, eso la hace valiente, como valiente fue su bisabuelo. Adelante ha llevado proyectos de leyes transversales, desde la protección de los niños y los adultos mayores, a la protección de los derechos de las minorías sexuales hasta la desmonumentalización de símbolos y objetos alusivos a la dictadura civil y militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Y podríamos no estar de acuerdo, y podrían no ser nuestras prioridades, pero aplaudimos su voz, que no es un susurro, es el grito de miles que han sido y siguen siendo excluidos en esta sociedad machista, intolerante y conservadora.

Y sí, nos recuerda a su bisabuelo, al que no conoció, pero nos imaginamos como en la intimidad de su familia, se transmitieron valores que no se tranzan. Ambos valientes en dos momentos distintos. Él enfrentando a sus camaradas traidores y la intervención estadounidense, manteniendo firme su posición y el principio de no injerencia de la Fuerzas Armada, lo que le costó la vida. Ella abriendo las puertas a las diversidades, a temas incomodos que nos obligan a reflexionar y a hacernos cargo de que no somos el país moderno y pluralista que creíamos ser.

Aunque muchos de los responsables del asesinato del general Schneider fueron juzgados, muchos otros huyeron de Chile, pagaron pequeñas penas, fueron indultados y siguieron viviendo tranquilamente en este país de corta memoria.

Al unísono de esto pretendemos exaltar la figura de un general que fue consecuente con el mandato que le otorga el estado y que es defender el poder político de turno, no corromperse y ponerse al servicio de otros países y lo que es más importante mantener el honor y no manchar el uniforme de José Miguel Carrera, el uniforme patriota de nuestros libertadores. Que las nuevas generaciones de cadetes aprendan de él y no de los que traicionaron a su propio pueblo por un puñado de dólares y que se transformaron en vulgares mercenarios.

Así como el gobierno norteamericano le entregó dinero a civiles como Agustín Edwards, también quisiéramos que un día desclasifiquen archivos en donde nos cuenten cuánto dinero y protección recibieron los asesinos y conspiradores que hoy gozan en Chile de grandes fortunas y propiedades, lo que les permite vivir tranquilos y envejeciendo sin pagar por sus crímenes.

Fuentes:

https://interferencia.cl/articulos/quienes-fueron-los-que-planificaron-el-secuestro-y-luego-asesinaron-al-general-rene

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/08/09/complice-del-crimen-del-general-schneider-entre-los-mecenas-del-partido-republicano/

https://www.centroexil.org/media/contents/actualidad/222_octubre_2020_digital.pdf

Chile: Presentan querella contra Fuerzas Especiales por agresión a Alicia Lira en la marcha por los derechos humanos

Félix Madariaga Leiva

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Durante la mañana del martes 24 de septiembre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, llegó hasta el centro de justicia junto a su abogado, el reconocido defensor de derechos humanos, Alberto Espinoza, para presentar una querella contra Fuerzas Especiales de Carabineros, debido a la agresión sufrida durante la tradicional romería al cementerio general, que este año se realizó el domingo 8 de septiembre.

Las graves agresiones, con gases lacrimógenos en su rostro y un golpe que la hizo caer al suelo y desmayarse durante algunos minutos, se produjeron mientras se desarrollaba en completa normalidad el acto central de la romería, de la que Alicia Lira es una de las organizadoras.

Fue aproximadamente a las 12 horas cuando un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros, junto a un carro lanzaguas y dos carros lanza gases, que se encontraban a unos 100 metros detrás del escenario, comenzaron a acercarse de forma amenazante hacia el lugar donde se desarrollaba el acto político-cultural, tratando de avanzar por Recoleta hacia el sur, pasando por un costado del escenario, lo que fue impedido por un grupo de personas que se encontraban en el lugar., momento en que Alicia Lira se acercó a ellos para mostrarles el documento que autorizaba la actividad, y haciendo caso omiso de su solicitud de retirarse, respondieron con extrema agresividad, por lo que tuvo que ser trasladada junto a otras personas hasta el SAR de Recoleta para su atención.

Alicia Lira se refiere a la querella presentada afirmando que “hoy venimos a presentar una querella junto al abogado Alberto Espinoza, para dar cuenta de la situación que vivimos el 8 de septiembre durante la romería al cementerio general, que es un homenaje a las miles de víctimas de la dictadura civil y militar y que este año vivió la criminal represión de Carabineros, que en lo personal significó golpes y ser rociada con gas pimienta lo que me dejó por varios minutos sin respiración, por lo que tuvieron que llevarme a un centro de urgencia para ser atendida”, y agrega que “no podemos dejar que esto que quede impune, una agresión sin ninguna provocación en medio de un acto cultural de derechos humanos en el que carabineros buscó provocar e interrumpir el acto en el que estaban participando agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y sitios de memoria. Gente que fue a escuchar el discurso de homenaje a nuestros seres queridos”.

El General Yáñez será formalizado el 1 de octubre

Alicia Lira también se refirió a la formalización del general Director de Carabineros Ricardo Yáñez, que se realizará el 1 de octubre, por su responsabilidad en la omisión de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social en octubre de 2019, afirmando que “esperamos que no haya ninguna dilatación y que sea formalizado, es una vergüenza. Y aquí quiero ser muy clara y separar aguas entre Carabineros, lo que es el alto mando – que es Ricardo Yáñez – que ha usado la institución para esconderse de la justicia, para burlar la justicia y lamentablemente a veces ha recibido el apoyo del gobierno. Yáñez no tiene moral ante sus hombres y menos ante la gente porque es responsable de las violaciones a los derechos humanos que hubo desde el 18 de octubre en adelante; pero también es responsable en esta querella que hemos presentado hoy, porque mandata en la forma de actuar de las fuerzas especiales y quiero ser enfática: estamos hablando responsablemente y nos referimos específicamente a las Fuerzas Especiales, ellos son los que han mantenido la violencia, no Carabineros.

Por su parte, el prestigioso abogado de derechos humanos Alberto Espinoza se refirió a la confianza que tienen en que la querella prosperará en los tribunales de justicia, señalando que “hemos presentado esta acción criminal con la firme expectativa de que finalmente se logre establecer la efectividad de los hechos que estamos denunciando, es decir, la conducta brutal que tuvieron funcionarios de fuerzas especiales de carabineros sin mediar provocación alguna en un acto pacífico que se desarrollaba en conmemoración del 11 de septiembre de 1973, en un acto autorizado por la autoridad política, que contaba con todos los permisos para su realización y que fue interrumpido violentamente. Estamos frente a un delito de apremios ilegítimos que está tipificado en el código penal y que también está tipificado en el derecho internacional de los derechos humanos como una norma de la Jus Cogens la prohibición de los tratos inhumanos degradantes y crueles, esa es la situación que estamos denunciando ante los tribunales en la persona de Alicia Lira. Carabineros son funcionarios públicos, son agentes del Estado y en esa condición deben responder”.