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Etiqueta: Chile

Estudio compara los gastos reales de estudiar educación superior en cuatro países de América Latina

Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.

El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:

  • En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.

  • Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.

  • La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.

  • Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.

  • Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.

El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.

Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/07/El-costo-de-estudiar-en-educacion-superior-y-los-programas-de-apoyo-financiero-a-estudiantes-en-America-Latina.pdf

¿Dónde está Chile? BRICS, Brasil y la estrategia fallida de Boric

Por Félix Madariaga

Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.

En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?

Una oportunidad perdida

En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.

Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.

El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS

En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.

Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.

¿Por qué para Chile es importante el BRICS?

El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.

Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.

Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.

¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.

Conclusión

La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.

Fuentes:

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=301015

https://radio.uchile.cl/2025/06/20/chile-los-brics-y-la-autonomia-estrategica/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/07/07/la-oportunidad-de-lula-da-silva-en-la-cumbre-de-los-brics-naufrago-entre-criticas-externas-y-disenso-interno/

https://www.dw.com/es/arranca-la-cumbre-de-los-brics-en-brasil/a-73177492

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250708-economia-trump-aranceles-brics-tension

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/07/gobierno-de-lula-considera-que-amenazas-de-trump-refuerzan-posicion-del-brics-contra-tarifas.shtml

Llega “Espresso Americano”, una propuesta audiovisual sobre geopolítica latinoamericana

Con una colaboración entre analistas de Chile y Costa Rica, se ha lanzado el programa Espresso Americano, una nueva iniciativa audiovisual que busca analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica e independiente. El espacio será transmitido cada quince días por YouTube y otras plataformas digitales.

La primera entrega de la serie se titula “Panamá: Si lo ves que viene, palo al tiburón”, y expone un análisis de la historia, economía y situación actual de este país centroamericano, marcado por su rol geoestratégico y las tensiones con potencias globales.

El episodio recupera la memoria del Canal de Panamá como enclave colonial de Estados Unidos, el despojo territorial a Colombia hace 122 años y la posterior ocupación militar estadounidense. También aborda las recientes protestas sociales contra reformas al sistema de pensiones, el proyecto de un embalse que afectaría territorios indígenas, la reapertura de la mina de cobre en Colón, y el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

En su análisis, los autores —Fernando Bermúdez Kuminev y Roberto Bermúdez Pellegrin, corresponsales del multimedio Muros y Resistencia— denuncian la falta de soberanía efectiva, los vínculos con intereses financieros internacionales, y las implicaciones geopolíticas del nuevo alineamiento estratégico del gobierno panameño, que incluye el abandono de la iniciativa china de la Ruta de la Seda y la sustitución de infraestructura de comunicaciones.

A lo largo del programa se destacan elementos históricos y simbólicos, como la referencia al general Omar Torrijos, quien defendió la recuperación del canal ante la comunidad internacional: “Nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, ni Estado ni Estado Asociado, ni Colonia o Protectorado”.

La propuesta audiovisual busca, según sus realizadores, “recorrer América estación por estación”, para brindar una lectura regional de las disputas actuales y reavivar la conciencia histórica y emancipadora de los pueblos latinoamericanos.

Se puede ver el primer episodio completo en:

Lula: reconstruyendo la voz de Latinoamérica

Por Félix Madariaga
Periodista

En los últimos meses, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha adoptado un discurso cada vez más distante de Estados Unidos, particularmente como respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Frente al anuncio de aranceles universales de entre un 10% y 20% (incluyendo un 10% adicional para Brasil), Lula declaró: “Responderemos a todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo” y anunció que Brasil adoptará “todas las medidas posibles” en defensa de sus trabajadores y empresas.

Posteriormente, durante la Cumbre de la CELAC en Tegucigalpa (abril 2025), Lula instó a los países de América Latina y el Caribe a unirse “para enfrentar aranceles arbitrarios” y recuperar el espíritu de integración regional a través de un mecanismo común. También subrayó que Brasil buscará negociar primero con el objetivo de priorizar el diálogo, pero reiteró que respondería con reciprocidad si no se alcanzaban acuerdos, esperamos justos y ecuánimes.

Apoyos regionales y marco institucional

En Tegucigalpa, líderes como la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Colombia Gustavo Petro, respaldaron públicamente la propuesta de Lula. De hecho, Sheinbaum propuso una “Cumbre por el Bienestar Económico Regional” y llamó a reforzar el comercio intrarregional. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la integración como respuesta estratégica al proteccionismo global y a las decisiones unilaterales de Estados Unidos que podrían desestabilizar la economía y la política internacional.

Además, Lula presentó la idea de colaborar en una candidatura conjunta latinoamericana para la Secretaría General de la ONU, usando la diplomacia multilateral como palanca para elevar la influencia regional conjunta.

La agenda BRICS: invitación a Chile

En paralelo, Lula extendió también una invitación directa al presidente de Chile Gabriel Boric para participar en la próxima cumbre BRICS+, que se celebrará en Brasil el 6 y 7 de julio de 2025. Este llamado viene acompañado de la intención de que Chile, bajo el liderazgo de Boric, se incorpore oficialmente al bloque, lo que implicaría un desafío a la hegemonía norteamericana.

Los BRICS están compuestos actualmente por once países: sus 5 miembros originales – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – y seis 9 miembros admitidos en 2024-2025: Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Boric ha aceptado asistir como invitado, lo que generó una inmediata respuesta negativa, tanto en la oposición como en algunas fuerzas oficialistas. A pesar de que los BRICS son un foro de carácter económico, la crítica a la participación de Chile en la reunión se centró en razones políticas, como la participación de Rusia e Irán en el encuentro. Sin embargo, lo más probable es que a la base de tanta reticencia se encuentre el temor de hacer enojar a nuestro gran hermano del norte.

¿Qué podría haber de malo en tratar de integrar una organización que busca reducir la dependencia del dólar estadounidense y promover un orden mundial multipolar? Para nosotros claramente nada, considerando que hoy los países de los BRICS representan a unos 3.300 millones de personas, más del 40% de la población mundial y que juntas, las economías alcanzan aproximadamente el 37% del producto interior bruto mundial y que ahí participa uno de nuestros principales socios comerciales como los es China.

En los últimos años los BRICS han ampliados sus esfuerzos de cooperación en áreas como la seguridad, el desarrollo económico, los intercambios culturales hasta proyectos humanitarios, gracias también a la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) como alternativa al Banco Mundial.

Como señalaba en su columna en El Mostrador Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, “La pertenencia a los BRICS no debe ser interpretada como una renuncia a nuestras alianzas tradicionales, sino como una expansión necesaria de nuestros horizontes estratégicos. Es el paso lógico para una nación que aspira a ser un actor relevante en la construcción de un mundo más equitativo y próspero. Es imperativo que abracemos esta oportunidad con visión y determinación” y frente a las dudas por la participación de Chile en un foro en que hay una diversidad de regímenes políticos, afirma que “nuestra Constitución, al igual que la brasileña, establece la defensa de la paz y la solución pacífica de conflictos como principios rectores de nuestra política exterior. Al promover la cooperación económica y la búsqueda de un orden multipolar, estamos contribuyendo a un ambiente internacional menos propenso a conflictos, lo que, indirectamente, redunda en beneficios para la situación de los derechos humanos a nivel mundial”.

Creemos que ese debería ser el camino que debemos recorrer. Por qué cerrarnos una puerta que podría abrirnos nuevos espacios para fortalecer la voz del Sur Global, por qué cerrarnos una puerta que podría permitirnos un crecimiento más equilibrado y justo, menos dependiente de un socio, tantas veces caprichoso.

El ascenso del proteccionismo estadounidense, bajo el argumento de “hacer a América grande otra vez”, ha derivado en medidas arancelarias que amenazan las cadenas de valor globales. La reacción de gobiernos como el de Lula muestra que el unilateralismo de Washington puede ser percibido como una amenaza a la paz económica global: “La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores”

Estas políticas son vistas también como un vestigio de una mentalidad bélica —“un país promotor de la guerra mundial” en términos simbólicos—, donde la imposición comercial refleja un retorno a disputas de poder no solo económicas, sino geopolíticas. Frente a ello, la respuesta latinoamericana se enmarca en una estrategia de defensa colectiva, reafirmación soberana y construcción de espacios de diálogo multilateral, justamente para resguardar la estabilidad y autonomía regional. Por eso esperamos que Chile aproveche esta oportunidad, y no cierre sus puertas antes presiones y opiniones que parecen no tener en cuenta los desafíos globales que estamos enfrentando.

Fuentes:

https://es.weforum.org/stories/2024/11/que-son-y-para-que-sirven-los-brics-esto-es-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-bloque-internacional/

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/06/20/por-que-la-plena-integracion-a-los-brics-constituye-un-camino-fundamental-para-el-futuro-de-chile/

https://www.dw.com/es/lula-retoma-la-batuta-de-la-integraci%C3%B3n-sudamericana/a-65746035

https://www.elpais.cr/2025/04/22/presidentes-de-brasil-y-chile-reafirman-compromiso-con-multilateralismo-y-su-rechazo-a-una-guerra-comercial/

https://www.emol.com/noticias/Economia/2025/05/16/1166543/chile-brics-cancilleria.html

https://www.prensa-latina.cu/2025/04/09/chile-expresa-compromiso-con-la-integracion-en-cita-de-celac/

Obligaciones en materia de derechos humanos y cambio climático: algunos apuntes con relación a la opinión consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Este 3 de julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer su opinión consultiva (la OC/32) con relación a una serie de preguntas que le formularon Chile y Colombia en el mes de enero del 2023 (véase texto integral de la solicitud): se trataba de preguntas relacionadas al alcance de las obligaciones que en materia de derechos humanos derivan del cambio climático, en las que una y otra vez ambos Estados referían tanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 como al Acuerdo de Escazú adoptado en el 2018.

Es de notar que otra opinión consultiva fue solicitada en materia de cambio climático a otra jurisdicción internacional, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: véanse las preguntas formuladas al final de la solicitud hecha en marzo del 2023, y el comunicado oficial  de la CIJ sobre la finalización de las audiencias orales de diciembre del 2024. Se calcula que en próximos meses la CIJ debería de estar dando a conocer su opinión consultiva, y que es muy probable que integre en ella el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El 21 de mayo del 2024, fue el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (más conocido por sus siglas en inglés de ITLOS) el que dió a conocer su opinión consultiva, solicitada por un grupo de Estados insulares amenazados por el aumento del nivel del mar, siempre relacionada a los efectos del cambio climático (véase texto en francés y en inglés).

Como se puede observar, la justicia internacional está siendo solicitada por Estados en aras de clarificar los alcances de las obligaciones internacionales existentes en materia de lucha contra el cambio climático, dada la emergencia en la que se encuentra el planeta.

Chile y Colombia: una valiosa iniciativa conjunta

Esta opinión consultiva permite en particular ayudar a quienes denuncian, desde muchos años, la inacción de sus autoridades estatales para proteger a comunidades de los efectos del cambio climático, efectos que han sido advertidos y modelizados desde mucho tiempo por la comunidad científica: desde la autorización y los permisos otorgados en zonas inundables, o propensas a derrumbes, pasando por permisos para megaproyectos en zonas en las que se prevé una sequía acentuada o que impactarán negativamente las fuentes de agua de una comunidad y la biodiversidad circundante, hasta la inacción a nivel estatal (y municipal) ante la elevación del nivel del mar en ciertas costas particularmente vulnerables o la falta de regulaciones para limitar sustancialmente el uso de sustancias contaminantes que acentúan el cambio climático y contribuyen al calentamiento global. 

Son reiteradas éstas y muchas otras más, las situaciones que a menudo terminan en manos de la justicia nacional con datos e informes técnicos sobre los efectos del cambio climático ignorados por las autoridades estatales.

Desde este y otros puntos de vista, hay que agradecer la iniciativa conjunta que tuvieran Chile y Colombia en aras de consolidar el régimen de la protección del ambiente y de los derechos humanos, mediante el procedimiento consultivo previsto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. No cabe duda que esta gestión conjunta y varias otras más recientes, realzan su liderazgo en la región en materia ambiental: su comunicado oficial conjunto al conocerse la opinión consultiva de este 3 de julio así lo refleja (véase texto).

Las preguntas en breve

Algunas de las preguntas formuladas de manera conjunta por Chile y Colombia al juez interamericano de derechos humanos se leen de la siguiente manera:

» 1. ¿Cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los Estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, incluyendo eventos extremos y eventos de desarrollo lento, de conformidad con las obligaciones convencionales interamericanas a la luz del Acuerdo de Paris y el consenso científico que alienta a no aumentar la temperatura global más allá de 1,5°C40? 

2. En particular, ¿qué medidas deben tomar los Estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática, a la luz de las obligaciones establecidas en la Convención Americana? Frente a ello, ¿qué medidas diferenciadas deben tomarse respecto de poblaciones en situación de vulnerabilidad o consideraciones interseccionales? 

2.A. ¿Qué consideraciones debe tomar un Estado para implementar su obligación     de (i) regular, (ii) monitorear y fiscalizar; (iii) requerir y aprobar estudios de             impacto social y ambiental, (iv) establecer un plan de contingencia y (v) mitigar      las actividades dentro de su jurisdicción que agraven o puedan agravar la             emergencia climática? 

    2.B. ¿Qué principios deben inspirar las acciones de mitigación, adaptación y        respuestas a las pérdidas y daños generados por la emergencia climática en las    comunidades afectadas?

Teniendo en cuenta el derecho al acceso a la información y las obligaciones sobre producción activa de información y transparencia, recogidas en el artículo 13 y derivadas de las obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, a la luz de los artículos 5 y 6 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): 

1. ¿Cuál es el alcance que deben dar los Estados a sus obligaciones convencionales frente a la emergencia climática, en lo que refiere a: 

i) la información ambiental para que todas las personas y comunidades, incluida la vinculada a la emergencia climática;

ii) las medidas de mitigación y adaptación climática a ser adoptadas para atender la emergencia climática y los impactos de dichas medidas, incluyendo políticas específicas de transición justa para los grupos y personas particularmente vulnerables al calentamiento global; 

iii) las respuestas para prevenir, minimizar y abordar las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados con los efectos adversos del cambio climático. 

iv) la producción de información y el acceso a información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, contaminación de aire, deforestación y forzadores climáticos de vida corta, análisis sobre los sectores o actividades que contribuyen a las emisiones u otros; y 

v) la determinación de impactos sobre las personas, tales como, la movilidad humana -migración y desplazamiento forzado-, afectaciones a la salud y la vida, perdida de no económicas, etc.? 

2. ¿En qué medida el acceso a la información ambiental constituye un derecho cuya protección es necesaria para garantizar los derechos a la vida, la propiedad, la salud, la participación y el acceso a la justicia, entre otros derechos afectados negativamente por el cambio climático, en conformidad con las obligaciones estatales tuteladas bajo la Convención Americana?» 

Con relación a la situación de los niños/niñas en el hemisferio americano, Colombia y Chile formularon las dos siguientes preguntas:

«1. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de adoptar medidas oportunas y efectivas frente a la emergencia climática para garantizar la protección de los derechos de los-las niños y niñas derivadas de sus obligaciones bajo los Artículos 1, 4, 5, 11 y 19 de la Convención Americana? 

2. ¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la obligación de un Estado Parte de brindar a los niños y niñas los medios significativos y eficaces para expresar libre y plenamente sus opiniones, incluyendo la oportunidad de iniciar, o de otra manera participar, de cualquier procedimiento judicial o administrativo concerniente a la prevención del cambio climático que constituye una amenaza a sus vidas?»

Con relación a los defensores del ambiente, y a la crítica situación que muchos sufren por levantar la voz en defensa de la protección del ambiente, ambos Estados formularon las siguientes preguntas al juez interamericano:

«De conformidad con las obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y a la luz del artículo 9 del Acuerdo de Escazú: 

1. ¿Qué medidas y políticas deben adoptar los Estados a fin de facilitar la labor de personas defensoras del medio ambiente? 

2. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio de las mujeres defensoras de derechos humanos en el contexto de la emergencia climática? 

3. ¿Qué consideraciones especificas deben tenerse en cuenta para garantizar el derecho a defender el medioambiente sano y el territorio en virtud de factores interseccionales e impactos diferenciados, entre otros, sobre pueblos indígenas, comunidades campesinas y personas afrodescendientes ante la emergencia climática?

4. Frente a la emergencia climática, ¿qué información debe producir y publicar el Estado a fin de determinar la capacidad de investigar diversos delitos cometidos contra personas defensoras, entre otros, denuncias de amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados, violencia de género, discriminación, etc.? 

5. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben tener en cuenta los Estados para asegurar que los ataques y amenazas en contra de las personas defensoras del medio ambiente en el contexto de la emergencia climática no queden en la impunidad?»

De algunas de las observaciones remitidas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Como se puede observar, la formulación de estas y varias otras preguntas debió permitir al juez interamericano precisar el alcance de las obligaciones de los Estados en materia ambiental de cara a las obligaciones que derivan tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como del mismo Acuerdo de Escazú.

Con relación a este último instrumento, es de notar que desde el 5 de junio pasado (Día Internacional del Ambiente), el Acuerdo de Escazú registró la adhesión de Bahamas, con los cual son 18 Estados del hemisferio americano los que son Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firmas y ratificaciones entre las que se contabilizan las de Chile y Colombia). Al respecto, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores a nuestra nota anterior (véase enlace), editada en junio del 2025, y titulada precisamente: «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«.

De las distintas observaciones (opiniones jurídicas) recibidas por los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de este procedimiento consultivo, resultan de particular interés las que fueron remitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase documento), así como por la REDESCA de la Organización de Estados Americanos / OEA (véase extenso  documento de 119 páginas). 

De interés más limitado resultan las observaciones enviadas por Costa Rica (véase documento) al provenir de un Poder Ejecutivo que se opone a la aprobación del Acuerdo de Escazú desde su entrada en funciones en el mes de mayo del 2022: nótese que lo remitido al juez interamericano por Costa Rica no incluye el criterio de entidades del Estado costarricense a cargo del cambio climático, del ambiente o de los derechos humanos, sino que remite a opiniones de las autoridades migratorias y autoridades a cargo de la niñez e incluyen las de su Poder Judicial. Resulta oportuno recordar que este último procedió a una interpretación totalmente inédita de una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú para dificultar innecesariamente su trámite de aprobación, en marzo del 2020: remitimos al respecto a nuestros estimables lectores a la subsección «El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones» de nuestra nota editada en abril del 2022, y titulada: «Acuerdo de Escazú. Breves apuntes sobre su primera COP (Conferencia de Estados Parte) y una ausencia notoria: Costa Rica (y Chile)». También remitimos a la subsección «La soledad de la Corte Plena y de la Sala Constitucional con relación a otros poderes judiciales en América Latina » contenida en esta nota publicada en el portal de la UCR en junio del 2022, titulada «La aprobación del Acuerdo de Escazú en Chile«.

El extraño texto compuesto enviado por Costa Rica puede ser comparado a las extensas obervaciones elaboradas por el aparato diplomático de Colombia (véase documento), así como por el de Chile (véase documento), o bien por el de México (véase documento). Además de Costa Rica, en América Central, envió sus observaciones El Salvador (véase documento): se trata de uno de los Estados que, al igual que Honduras, no ha tan siquiera firmado el Acuerdo de Escazú.

De las pocas entidades costarricenses que remitieron observaciones, podemos citar a la Universidad Nacional / UNA) (véase escueto documento).

La opinion consultiva en breve

El comunicado de prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de junio del 2025 (véase texto) refiere a las principales conclusiones de la Corte, que se encuentran en la página 232 de la OC/32. 

Es de notar que en varios de los puntos resolutivos (véase texto completo, página 232), la jueza costarricense, la jueza chilena y el juez colombiano se apartaron del criterio de sus homólogos.

Es de indicar, antes de entrar a detallar parte de su contenido que, en vez de responder a cada una de las preguntas solicitadas por Chile y por Colombia, el juez interamericano procedió a una total «reformulación» (párrafo 28) con lo cual, las preguntas quedaron reducidas a la siguiente formulación:

«1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?

2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?

3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?«

Un lector familiarizado con las preguntas hechas por Colombia y Chile notará inmediatamente la ausencia de toda referencia al Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«, lo cual debería poder ser explicado en algún momento al no serlo del todo en el texto de la opinión consultiva. 

Es de notar que al contestar a Colombia a una solicitud de opinión consultiva en el 2017 sobre daño ambiental transfronterizo y los derechos de las comunidades afectadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no «reformuló» las preguntas colombianas, sino que más bien, fue mucho más allá de lo que le solicitaba expresamente Colombia: véase texto completo de la OC/23 (Nota 1).  

Con relación al cambio climático, la innovación jurisprudencial a la que procede la Corte en los párrafos 299-300 en su texto dado a conocer este 3 de julio merece mención (las negritas son nuestras):

«299El sistema climático hace parte de ese conjunto y, por ende, aunque está indefectiblemente ligado a otros componentes del ambiente, su protección debe ser entendida como un objetivo específico en el marco de la protección del ambiente. En efecto, la protección del sistema climático adquiere rasgos específicos y diferenciales en atención a las funciones que éste cumple a nivel global, a los elementos que lo componen y a las dinámicas necesarias para asegurar su equilibro. La Corte resalta, en ese sentido, que la afectación del sistema climático constituye una forma de daño ambiental que, aunque relacionada, puede y debe distinguirse de otras formas de daño ambiental como aquellas resultantes de la contaminación o de la afectación de la biodiversidad.

 300La distinción señalada adquiere particular relevancia en el contexto de la emergencia climática, habida cuenta de la urgencia, especificidad y complejidad de las acciones requeridas para proteger el sistema climático global. Ante esta situación, la Corte considera que el reconocimiento de un derecho humano a un clima sano como un derecho independiente —derivado del derecho a un ambiente sano— responde a la necesidad de dotar al orden jurídico interamericano de una base con entidad propia, que permita delimitar con claridad las obligaciones estatales específicas frente a la crisis climática y exigir su cumplimiento de manera autónoma respecto de otros deberes vinculados a la protección ambiental. Este reconocimiento, además, se alinea con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental internacional, en la medida en que fortalece la protección de las personas frente a una de las amenazas más graves que enfrentan y seguirán enfrentando sus derechos en el futuro. La Corte entiende que un clima sano es aquel que se deriva de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y para la Naturaleza como un todo. Esto supone reconocer que, en condiciones funcionales y aún en ausencia de tales interferencias, el clima es variable y tal variabilidad entraña riesgos inherentes que pueden afectar la seguridad de los ecosistemas«.

«566En el mismo sentido, este Tribunal destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática y, en consecuencia, reconoce la existencia de un “deber especial de protección” del Estado respecto de ellas. Este “deber especial de protección” derivado de las obligaciones de respeto y garantía del derecho a defender los derechos humanos impone al Estado los deberes de:

(i) reconocer, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras, afirmando la relevancia de su papel en una sociedad democrática y procurando proveerles de los medios necesarios para que ejerzan adecuadamente su función. Esto conlleva la necesidad de abstenerse de imponer a las personas defensoras obstáculos que dificulten la efectiva realización de sus actividades, estigmatizarlas o cuestionar la legitimidad de su labor, hostigarlas o, de cualquier forma, propiciar, tolerar o consentir su estigmatización, persecución u hostigamiento;

(ii) garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas defensoras puedan actuar libremente, sin amenazas, restricciones o riesgos para su vida, para su integridad o para la labor que desarrollan. Lo anterior entraña la obligación reforzada de prevenir ataques, agresiones o intimidaciones en su contra, de mitigar los riesgos existentes, y de adoptar y proveer medidas de protección idóneas y efectivas ante tales situaciones de riesgo[2], y

(iii) investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que las personas defensoras puedan sufrir en el ejercicio de sus labores y, eventualmente, reparar los daños que podrían haberse ocasionado. Ello se traduce en un deber reforzado de debida diligencia en la investigación y el esclarecimiento de los hechos que les afecten, que en el caso de las mujeres defensoras repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia, en virtud de su doble condición, de mujeres y de personas defensoras.

567.  A la postre, ese deber especial de protección impone a las autoridades, además de abstenerse de imponer límites o restricciones ilegítimas a la labor de las personas defensoras, una obligación reforzada de formular e implementar instrumentos de política pública adecuados, y de adoptar las disposiciones de derecho interno y las prácticas pertinentes para asegurar el ejercicio libre y seguro de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos.

568Este Tribunal advierte que las personas defensoras de derechos ambientales corren un riesgo acentuado de sufrir violaciones a sus derechos en razón de las actividades que desempeñan en el marco de la emergencia climática. Este riesgo se manifiesta a través de la censura de los debates sobre el ambiente y el clima, la violencia en línea y en otros espacios, la represión de protestas y reuniones públicas, la detención arbitraria y acciones judiciales estratégicas contra la participación pública por parte de actores privados y autoridades públicas (conocidas como “SLAPP” por sus siglas en inglés)».

Este 3 de julio del 2025, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dieron a conocer su respuesta a Chile y a  Colombia, y en realidad a gran cantidad de Estados y de organizaciones que, en el hemisferio americano, observan los efectos devastadores causados por la inacción climática. 

En el caso de varias organizaciones de la sociedad civil, esta inacción se debe a sus mismas instituciones públicas: en muchos casos, estas organizaciones intentan, ante los tribunales nacionales de justicia, obtener decisiones en favor del ambiente y de las personas que lo defienden, y que se condene a sus autoridades por no querer tomar decisiones urgentes que derivan del cambio climático.

A partir de este 3 de julio, estas organizaciones cuentan con una opinión consutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que les permitirá sin lugar a dudas confortar sus posiciones en la defensa del ambiente y en defensa de los derechos de las comunidades más impactadas por el cambio climático. 

Pese a una clara omisión con respecto a las disposiciones del Acuerdo de Escazú en las preguntas «reformuladas«,  y a referencias esporádicas al mismo en el texto, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debería permitir a los jueces nacionales reforzar sus decisiones desde el punto de vista jurídico. En cuanto a los Estados, cuentan desde esta fecha con una guía que puede servirles de base para elaborar políticas públicas mucho más acordes con la situación de emergencia climática, en particular para los Estados, como Costa Rica, que persisten en no aprobar el Acuerdo de Escazú, exhibiendo de paso su total inconsistencia en materia ambiental ante el mundo (Nota 2). 

–Notas–

Nota 1: Con relación a la OC 23 del 2017, véase: BOEGLIN N., «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«, publicado en DebateGlobal (Colombia), 26 de febrero del 2018. Texto disponible aquí;  PEÑA CHACÓN M.«Desafíos y oportunidades de la Sala Constitucional de cara a la Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos», publicado en Derechoaldia (Costa Rica), 17 de febrero del 2018. Texto disponible aquí. Así como el programa Era Verde (Programa semanal del canal de televisión Canal 15, UCR), «Corte IDH nos jala el mecate en materia ambiental«, Emisión completa disponible en Youtube en este enlace.

Nota 2: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).  De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Foro Globsec 2025 – Chile y Ucrania: un encuentro cuestionable

Por Félix Madariaga

Como lo anticipamos hace un tiempo, los cancilleres de Chile y Ucrania se reunieron entre el 12 y 14 de junio pasado durante el Foro Globsec 2025 en Praga. Este foro, organizado por una institución privada conocida por sus labores de lobby (Think Tank), convocó y reunió a políticos de todo el mundo.

En este marco, el canciller chileno Alberto van Klaveren se reunió con su par ucraniano, Andrii Sybiga, instancia en que van Klaveren reafirmó el compromiso de Chile con la paz y el respeto al derecho internacional, afirmación cuestionable si revisamos las posturas cambiantes de nuestra política exterior.

¿Un apoyo real a la paz o un alineamiento político?

Este encuentro, que parece más un acto político planificado, que una casualidad, permitió que nuestro representante – que a muchos no nos representa – expresara abiertamente su apoyo a un país en guerra que, lejos de buscar la paz, ha fortalecido alianzas con la OTAN y asesores del Reino Unido.

Pero ¿por qué Chile apoya a Ucrania en estas circunstancias? Un país que, más allá de la justificación de la guerra, comete actos terroristas contra la población civil. Sí, apenas unos días antes del encuentro, al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas tras el derrumbe de un puente en la región rusa de Briansk, acto atribuido a sabotajes.

Además, tras la reunión, al menos 14 civiles resultaron heridos en un bombardeo ucraniano contra zonas residenciales de Donetsk, utilizando lanzamisiles múltiples de origen estadounidense HIMARS. Quizás estas informaciones sorprendan porque no suelen aparecer en los noticieros nacionales, claramente sesgados e inclinados hacia una mirada del conflicto.

Contradicciones evidentes

Estas acciones no concuerdan con las declaraciones públicas de Andrii Sybiga, quien señaló que “Informé a mi colega (van Klaveren) sobre la situación actual en el frente y los esfuerzos diplomáticos internacionales dirigidos a acercar una paz justa”. Sin embargo, los ataques a la población civil rusa revelan una realidad contraria a esas declaraciones.

Por su parte, van Klaveren, en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, condenó la agresión de Rusia contra Ucrania y expresó profunda preocupación por la violación de la soberanía e integridad territorial ucraniana.

¿Y dónde quedó la neutralidad de Chile?

Y cómo siempre tenemos más preguntas que respuestas: ¿desde cuándo Chile adoptó una postura no neutral en este conflicto?, ¿por qué el comunicado oficial no aclara los motivos y objetivos de la invitación al Foro Globsec?, ¿por qué el Estado chileno destina recursos a eventos de fundaciones privadas que, en muchas ocasiones, forman parte de redes de influencia global?, ¿fue una reunión casual o planificada para apoyar a una de las partes?, ¿cuántos representantes chilenos asistieron?

Son preguntas que el Gobierno debe responder con transparencia, la política exterior de un país debería ser reflejo de lo que un pueblo quiere y no sólo de los intereses de un gobierno. Chile quiere paz, Chile quiere contribuir a la paz mundial porque de guerra interna, represión, tortura, desapariciones, ya tuvimos demasiado durante los oscuros años de la dictadura civil-militar.

Tenemos muchas dudas, más aún cuando estas fundaciones y Think Tank parecen tener un rol clave detrás de estos encuentros, que afectan la seguridad y estabilidad mundial.

Nos resulta especialmente preocupante el actuar del Gobierno de Gabriel Boric, quien, lejos de los ideales que enarboló en su ascenso político, hoy aparece abrazando posturas alineadas con intereses geopolíticos que históricamente han subordinado a los pueblos del sur global.

¿Dónde quedó aquel joven sin corbata, con chaqueta de chiporro, que alzaba la voz contra las injusticias desde la presidencia de la FECH?, ¿qué fue del rebelde de Plaza Dignidad, que, conmovido por la violencia militar, interpeló en tono encendido a los uniformados en pleno 2018? ¿En qué momento se diluyó aquel gesto de respeto hacia la familia de Mauricio Hernández Norambuena, cuando dijo que «el legado del Frente y del Frente Autónomo es algo que tenemos que defender”?

Pareciera que el Boric de entonces se fue desdibujando entre cócteles diplomáticos, foros privados y alianzas de ocasión. Hoy, el presidente de Chile, en lugar de tender puentes para una paz genuina, parece subirse al tren de una narrativa belicista impulsada por actores externos como el Reino Unido – antiguo poder colonial y hoy aliado estratégico de Ucrania – cuyo rol en la prolongación del conflicto ha sido clave, pero cuidadosamente invisibilizado en los comunicados oficiales.

Por eso hoy aplaudimos la llegada a Chile de RT, que esperamos rompa el cerco informativo en que se encuentra nuestro País, no somos “chusma inconsciente”, tenemos el deber y el derecho de informamos, y desde ahí sacar nuestras propias conclusiones. Tal vez por eso están tan nerviosos los representantes de la derecha local y los dueños de una conocida radio, porque otra mirada podría dejar en evidencia la hegemonía comunicacional y el casi nulo interés en la libertad de expresión.

https://www.dw.com/es/rusia-investiga-derrumbe-de-dos-puentes-en-zona-fronteriza/a72748770#:~:text=El%20Comit%C3%A9%20de%20Instrucci%C3%B3n%20de,Otras%2047%20personas%20fueron%20hospitalizadas

https://www.bbc.com/mundo/articles/c331jz5kj82o

https://www.youtube.com/watch?v=WiIxtmN5LuM

https://actualidad.rt.com/video/552524-cronica-atentados-letales-kiev-transporte

https://actualidad.rt.com/video/554265-heridos-ataque-ucraniano-civiles-himars

https://chile.mfa.gov.ua/es/news/andrii-sybiha-se-reunio-con-el-ministro-de-relaciones-exteriores-de-chile-alberto-van-klaveren

https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/canciller-van-klaveren-se-reune-con-el-ministro-de-relaciones-exteriores

https://forum2025.globsec.org/

https://www.pressenza.com/es/2025/05/posible-visita-del-canciller-de-ucrania-a-chile-un-llamado-a-la-responsabilidad-diplomatica/

Carta abierta al Estado de Chile y a la Nación-Pueblo Mapuche – para firmar

Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:

Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.

Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.

Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:

  • Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.

  • Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.

> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;

  • Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.

Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:

  • Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;

  • Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a la opinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;

Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:

  1. – Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.

  2. Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.

  3. Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.

  4. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.


Complete este
formulario para firmar y adherirte a esta carta.

Imagen: https://www.biodiversidadla.org

 ¿Golpe de Estado aquí? ¡Jamás!

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

«Oye tico, amigo, no creas en los que andan asustando con ese cuento. No ha sucedido desde 1931, al término de la dictadura de Carlos Ibáñez, y, desde entonces, las Fuerzas Armadas, han jurado respetar la Constitución y las leyes, y eso no va a cambiar», nos decían, convencidos en que así sería.

El presidente Salvador Allende, había sido electo democráticamente el 3 de noviembre de 1970, y, aunque trataron de impedir que ejerciera el mandato del pueblo, estaba en su despacho, en el Palacio de La Moneda, cumpliéndole al pueblo chileno, lo que esperaba de él.

Corría el año de 1973, y en marzo, la oficialista Unidad Popular, aumentó, como mala noticia para la derecha conspiradora, el apoyo electoral, al lograr que el 44 % de los votos favorables, impidiera que los grupos unidos de oposición, encabezados por la Democracia Cristiana (29 %), alcanzaran los ⅔ de los votos, necesarios para destituir al presidente Allende.

Pues bien, a partir de ese momento, la CIA, por orden de Richard Nixon, convencidos de la fuerza electoral del presidente socialista, activó sus contactos con ciertos generales, y, muy importante, con líderes políticos de derecha, principalmente, que «jugando» de demócratas, ejercían una influencia importante entre los civiles.

Ante esas muy resumidas circunstancias, amigos democristianos, académicos de la Universidad de Chile, casi todos los días, se frotaban las manos, mientras decían a viva voz, «¡VIENE EL GOLPE!». Manifestaciones que, este costarricense, acostumbrado a vivir en una nación sin ejército, sin fuerzas armadas, sin soldados, por un lado, no lo creía posible, y por otro no lograba entenderlo, pues el sistema electoral chileno, gozaba de muy buena salud. ¿Por qué un Golpe de Estado, si se avanzaba hacia una nueva elección general?, pensaba confundido, en los tiempos libres, que, robaba a los estudios de doctorado en la Universidad de Chile.

Pero así no pensaban los golpistas, pues se corría «el riesgo» de que, al pueblo chileno, se le siguieran dando derechos, que, por mucho tiempo, se les habían negado, y que, estaban afectando sus negocios.

Así, después de una sublevación de un coronel, al mando de una unidad capitalina de tanques del ejército, realizada el 29 de junio de 1973, percibimos que la cosa era seria. El tal coronel, sintiéndose héroe, sacó los tanques, y con ellos, ordenó disparar sobre el Palacio de La Moneda, la vulnerable casa presidencial, mientras exigía la rendición del Dr. Allende, quien, ciertamente no estaba allí, en el momento del ataque.

Al mes siguiente, en julio, continuó la campaña de rumores, noticias falsas, arengas, acompañada por sabotajes y las muy bien financiadas, con dólares americanos, acciones golpistas. Por otro lado, también estaban, los que negaban firmemente, la posibilidad de que se sublevaran, las Fuerzas Armadas, entonces comandadas conjuntamente, por el señor presidente Allende y el fiel general Arturo Prats.

Por ello, se reiteraba, que los militares chilenos, no eran golpistas…, que esa amenaza, era irreal. El resto de la dramática, y muy sangrienta historia, es bien conocida. Los miles de asesinados, torturados y expulsados de su Patria, son parte del doloroso recuerdo, que sigue oprimiendo los pechos de los sobrevivientes.

Lo traemos a colación, pues, creemos, que como lección no debe desdeñarse, por los que vivimos en democracia, donde se respeta la Constitución Política, y la separación de poderes. Y muy especialmente, por los jóvenes que no se imaginan, lo que es sobrevivir, bajo las órdenes de un dictador, pero que, muy ligeramente, dicen «preferir» vivir así, antes de respirar los aires democráticos, que vivimos en Costa Rica.

Y es aquí, al igual que en Chile, quizá porque lo sufrimos personalmente, vemos señales, emitidas por el díscolo presidente Rodrigo Chaves, que parecen evidenciar la perversa aspiración, por, eventualmente, estructurar una dictadura similar en Costa Rica, salpicada por el narcotráfico.

«¡Que eso es imposible, que nuestra Carta Magna es el blindaje que protege nuestra democracia, que aquí no hay ejército!», se argumenta, por los que respetamos los principios democráticos más valiosos.

Pero, lo cierto, es que no debemos desdeñar, los ataques soeces a la institucionalidad democrática, mientras aumentan los actos de corrupción en la CCSS, en el MOPT, en el INS, en el ICE, en la Comisión de Emergencias… con escándalos, en que el presidente y otros, aparecen involucrados. Por ejemplo, una oscura contratación directa en el ICE, con la empresa estadounidense marca CISCO, por US$ 160 millones, el sobreprecio por unos ¢1.000 millones para el mantenimiento de una pista de aterrizaje, la gigantesca cifra, alrededor de una forzada contratación de cooperativas de Salud, y la prisión de más de US$35 millones, que no se sustenta siquiera en un proyecto que la justifique, y que proponen construir, usando el mañoso mecanismo, que ha provocado el escándalo alrededor de la reparación de la pista en el aeropuerto Daniel Oduber.

Tenemos claro, que hoy, no es necesario ejecutar un Golpe de Estado («pronunciamiento militar” decía el asesino Pinochet) para entronizar un dictador, existen otras formas, aunque la existencia de un ejército, lo haría, obviamente, más fácil.

El Chaves tico, piensa que, con discursos falsos, que invitan a la violencia, plenos de demagogia, que fomentan el fanatismo irracional, quizá se podría ejecutar, “usando” a nuestros respetados guardias civiles, ahora bajo un ministro que no despierta confianza. Por ello, para crear ese ambiente, hace uso de costosas campañas, financiadas, eso sí, con fondos públicos. Mensajes que promueven actos inconstitucionales, irrespetuosos del Código Electoral, con los que, el Chaves se imagina, sería posible, mover virtuales masas de personas, que podrían creer estar ante un «santo venerable», un dios pagano, que les dará educación, salud, pan, vestido, bien remunerados trabajos, etc., por lo cual hay que luchar a su lado, contra “los corruptos de todas las instituciones de gobierno, y los mandos medios que no dejan trabajar”, les dice.

Aunque hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de movilizar al cardumen, que no le cuestiona la dirección que sigue su administración, ha de reconocerse que, sí está creando condiciones, en las cuales espera alcanzar, por vía de la manipulación y los votos, una calificada mayoría parlamentaria, que, como sus amigos dictadores Ortega y Bukele, pudiese hacer y deshacer, según sus perversas ideas. Sabe que, con una reforma a la Ley del Referendo, podría precipitar cambios profundos en la Constitución Política, según sus antojos, que provocarían el fin de nuestro sistema democrático, pues hasta un ejército podría crearse nuevamente.

En fin, cuando nos reiteran que no sería viable que sucediese algo así, inevitablemente, vienen a nuestra memoria, los sucesos sufridos por el pueblo chileno, donde, de un momento a otro, el cielo celeste se oscureció, el día en que, con sangre derramada, se escribieron órdenes que derogaron las leyes que le estorbaban a Pinochet, para así cometer sus diabólicas fechorías. Y se hizo, paradójicamente, mientras se avasallaba, también, a los Demócrata Cristianos, que habían favorecido el golpe de Estado. Lo sucedido en Chile, es una enseñanza a valorar, pues, algunos de los que desde posiciones de derecha apoyan esa desastrosa idea, también podrían sufrir las consecuencias de ser cómplices e indiferentes, por ambiciosos. Los escombros de las instituciones también podrían caer sobre ellos.

Lada y Kamaz en la historia de los 100 años de Colo Colo

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Quizás sólo sea nostalgia, quizás sea el horror ante una campaña presidencial que está sacando lo peor de unos candidatos que claramente no están a la altura de las necesidades de este país, quizás sea la rabia y la impotencia ante la muerte de dos jóvenes atropellados por un zorrillo durante el partido de Colo Colo con Fortaleza. Quizás, por todo eso me vino en mente este pedacito de historia que quiero contar.

Cada cual recuerda a su manera. En 1990 comenzó el fin de la dictadura civil y militar en Chile, dando paso a lo que se llamó “transición a la democracia”. La alegría duró poco, justo el tiempo de darnos cuenta de que pocas cosas cambiarían. El gobierno de la Concertación, cuidando la fragilidad de la nueva institucionalidad – terminó con las movilizaciones, persiguió a los últimos movimientos revolucionarios, encarceló a sus combatientes y cerró puertas y ventanas para no escuchar el clamor por justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

También en 1990 se restablecieron las relaciones diplomáticas con la entonces URSS reabriendo la Embajada chilena con Clodomiro Almeyda como Embajador, un socialista muy respetable, un socialista de otra época. Con esa apertura comenzaron a comercializarse en Chile productos soviéticos ¿y cómo olvidar?, quizás, los más significativos: los autos LADA y los camiones Kamaz. Sí, un auto le cambio la cara a un pueblo.

Al igual que los camiones Kamaz, la principal característica de los LADA era su accesibilidad para el bolsillo del chileno que hasta ese entonces no se imaginaba poder comprar un auto. Es así como los rusos – que el próximo mes conmemorarán los 80 años de la Gran Guerra Patria – les cumplieron el sueño a muchas familias chilenas, tener su primer auto, lo que representó un importante cambio social y económico, símbolo de progreso y movilidad. Yo seguí soñando por muchos años hasta tener mi primer auto.

Pero más allá de ese hecho, se cumplen 100 años de la fundación de Colo Colo – el equipo de mis amores – y para los hinchas la camiseta más querida es la del año 1991, sí esa que tuvo como patrocinador la marca de autos rusos LADA en el pecho y la de los camiones Kamaz en la espalda (1990-1992). Con esa camiseta Colo Colo ganó la Copa Libertadores en 1991, la Recopa Sudamericana y la Copa Interamericana en 1992.

Aunque la marca desapareció del mercado chileno en 1998, en 2018 regresó a Chile con algunos modelos, y yo la recuerdo por lo que significó para miles de chilenos, que después de 17 años de horror, oscuridad y pobreza, comenzaron a atreverse a soñar de nuevo, la recuerdo porque eran años en que el futbol se vivía en los estadios, sin miedo a perder la vida.

Mercenarios y contratistas civiles: el negocio sucio de las guerras. Segunda parte

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Mucho más allá de lo legal

No son tantos los casos conocidos públicamente – pero son suficientes para preocuparnos – en que estas empresas y sus contratistas civiles, han estado envueltos en escándalos y excesos, con altos costos de vidas en las más diversas latitudes del planeta, violando el derecho internacional humanitario.

El 16 de septiembre de 2007, personal de la empresa estadounidense Blackwater Worldwide (actualmente Academi) utilizó armas de fuego mientras escoltaba un convoy en Bagdad, lo que terminó con la muerte de 17 civiles y 24 heridos iraquíes. Las investigaciones concluyeron que abrieron fuego injustificadamente contra civiles desarmados, sin embargo, a pesar de que 5 contratistas fueron procesados, en 2009 todo quedó en nada.

En noviembre de 2024, un jurado federal ordenó a la empresa CACI Premier Technology a pagar 42 millones de dólares por daños y perjuicios a tres hombres iraquíes que fueron torturados en la cárcel de Abu Ghraib. Sentencia que llegó después de 16 años.

En su informe de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, se señalaba que “Para el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios, resulta evidente que el reclutamiento, el adiestramiento, la financiación y la utilización de mercenarios y agentes afines sigue siendo un problema sistémico creciente que atraviesa regiones, países concretos y múltiples conflictos armados. El Grupo de Trabajo ha advertido en repetidas ocasiones que la utilización de mercenarios y agentes afines prolonga los conflictos armados, socava los procesos de paz, desestabiliza las regiones y, lo que es más preocupante, acarrea y agrava la comisión de violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población civil. El grado de utilización de esos agentes y las atrocidades que cometen en todo el mundo han llegado a cotas nunca antes vistas”.

En ese marco no parece imposible que miembros de estas organizaciones puedan estar interviniendo en cualquier lugar del mundo para su propio beneficio o de un tercero sin ningún tipo de control. ¿Quién podría asegurar que no han intervenido en operaciones de gran envergadura, que podrían incluso desestabilizar un gobierno, como el secuestro de Ronald Ojeda en nuestro País?

Grandes problemas, pequeñas soluciones

La problemática ligada a este mercado de guerra alternativo tiene muchas facetas, sólo señalamos dos: la falta de mecanismos de control y regulación de sus actividades; la segunda, el capital humano ocupado ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Quién se hace cargo de ellos y sus acciones durante y finalizados sus contratos?

El Documento de Montreux (finalizado en 2008, apoyado actualmente por 59 Estados y 3 Organizaciones Internacionales), busca proporcionar un plan para que los gobiernos regulen efectivamente las EMSP, destaca las responsabilidades de los Estados y reafirma las obligaciones existentes en virtud del derecho internacional y en particular, el derecho internacional humanitario (DIH) aunque no es un tratado legalmente vinculante.

Aunque han surgido a lo largo de los años varias iniciativas que intentan regular este mercado, todas con muy buenas intenciones, en la práctica tienen poca eficiencia. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, creado por la ONU en 2005, tiene jurisdicción para monitorear las actividades de las EMSP para asegurarse de que respeten los derechos humanos, pero no tiene autoridad para imponer a los Estados sus recomendaciones.

En 2012, el Departamento de Seguridad y Vigilancia de la ONU emitió el Sistema de Gestión de Seguridad para acompañar a las directrices sobre el uso de los servicios de seguridad; en 2017 el Parlamento Europeo aprobó un informe que insta a regular las EMSP y recomienda únicamente la contratación de EMSP establecidas en la UE para evitar paraísos contractuales.

La guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una suerte de imán para los combatientes extranjeros de numerosos países. En el caso de Ucrania, algunos de los mercenarios provienen incluso de varios países latinoamericanos como Argentina, México, Ecuador y mayoritariamente Colombia. De hecho, el presidente Volodímir Zelenski, dijo a principios del año pasado que unas 20.000 personas de 52 países del mundo llegarían a ayudar.

A mediados del 2022, después de que Kiev formara su Legión Internacional de Defensa, ya se habían unido 20.000 “voluntarios”, según el gobierno ucraniano, número que se ha reducido a un estimado de 2.000 a 3.000 personas, lo que a juicio de los expertos es un número muy menor para hacer una diferencia en la guerra. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en numerosas ocasiones que en el territorio ucraniano se registran contratistas de más de 80 países, esto pese a que las leyes de una gran cantidad de Estados prohíbe la actividad mercenaria.

¿Qué sucederá con esos combatientes cuando termine la guerra o sus contratos? La respuesta no es fácil, muchos de ellos ofrecen sus servicios por las expectativas de buenos sueldos y otros beneficios, sin embargo, la realidad choca con las expectativas. En el caso de Ucrania, después de viajar miles de kilómetros, muchos han quedado varados a la espera de ser reclutados y combatir en el frente; algunos se encuentran desaparecidos y muchos ven desvanecerse los sueños de poder radicarse en Europa finalizado el conflicto.

Los ex militares de Pinochet

¿Y cuál es la realidad chilena? Para hacernos una idea, veamos sólo 1 caso. En octubre de 2003, el diario La Tercera publicaba un aviso de la empresa con sede en Washington DC, Red Táctica, en el que se buscaban exoficiales “preferentemente de fuerzas especiales, con salud compatible y con dominio del inglés”. La empresa explicó más tarde que la búsqueda era para tareas de consultoría portuaria. Sin embargo, el presidente de Blackwater, Gary Jackson, decía otra cosa en diario británico The Guardian: “Vamos hasta el fin del mundo en busca de profesionales y los comandos chilenos son muy profesionales y se ajustan al sistema de Blackwater”. El sistema de Blackwater es simple: contratan soldados retirados en el tercer mundo, los entrenan muchas veces en sus mismos países – a veces incluso con ayuda de las fuerzas armadas locales– y los colocan como agentes de seguridad privada en lugares de alto riesgo, como embajadas o bases militares extranjeras en Irak.

En Chile, este esquema de reclutamiento se descubrió por primera vez en 2003, cuando un centenar de oficiales retirados fueron reclutados para hacer tareas de vigilancia en Irak y Afganistán. Según denuncias que la Justicia Militar investigó, fueron entrenados en el país con armamento liviano que habrían entregado militares en actividad. El reclutamiento de mercenarios volvió a aparecer en los titulares a fines de 2005, cuando 105 militares retirados chilenos fueron expulsados de Honduras, donde entrenaban junto a otros latinoamericanos antes de viajar a Medio Oriente. Los exoficiales fueron repatriados a Santiago.

Según las cifras que se manejaban durante la invasión a Irak, unos 1000 exsoldados chilenos habrían trabajado como seguridad privada. Para el exsenador Alejandro Navarro, uno de los primeros en hacer pública la existencia de “mercenarios chilenos”, el número era mucho mayor. En un artículo de 2007 de Página12 señalaba que “Nuestros informes sostienen que alrededor de 2.200 han viajado a Irak y han vuelto a Chile desde la invasión”. Sus fuentes, eran “familiares de los exmilitares contratados e incluso los mismos mercenarios, que de vuelta en Chile se quejan de malos tratos y de no haber recibido los sueldos prometidos”.

Tanto los informes de Navarro como los de la ONU se centraron en Red Táctica y en la figura de su presidente, José Miguel Pizarro, un ex teniente de artillería del ejército chileno, que en 1995 decidió dejar la institución y mudarse a Estados Unidos. Allí no cambió muchos sus hábitos. Ingresó en el cuerpo de infantería de la Marina y más tarde volvió a colgar el uniforme para convertirse en un consultor. En su currículum también se destacan sus apariciones esporádicas como analista en la cadena CNN, que lo presenta como un “experto de conflictos bélicos”. Su encargado de relaciones comerciales en Santiago, Herman Brady, es el hijo de un ex ministro de Defensa de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pizarro fue declarado culpable de infringir la Ley de Vigilantes Privados en 2011 por la Corte Suprema de Chile. Pero seguramente la historia no ha terminado allí.

Fuentes:

https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-87890-2007-07-10.html

https://www.latercera.com/nacional/noticia/el-destino-fatal-de-un-soldado-chileno-en-ucrania/HVLXZERICRFB3HNJ2AA6IYOVKE/

https://tudpam.org/what-is-the-scope-of-activity-of-the-private-military-company-blackwater-or-academy/

https://cronicaseguridad.com/2024/07/19/mercenarios-y-companias-militares-y-de-seguridad-privada-v/

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-against-recruitment-use-financing-and#:~:text=the%20present%20Convention.,Article%205,provisions%20of%20the%20present%20Convention

https://razonpublica.com/ley-prevenir-reclutamiento-mercenarios-colombianos-una-buena-idea/

https://www.elradar.es/guerra-con-animo-de-lucro-implicaciones-de-la-creciente-industria-de-la-seguridad-privada/

https://izquierdarevolucionariamx.net/index.php/internacional/otros-africa/3556-contratistas-civiles-o-mercenarios-del-siglo-xxi

https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/a78535-report-working-group-use-mercenaries-means-violating-human-rights