Es desconsolador leer las noticias en estos días, y no por Zapote (que ya ni nos sorprende) o Valencia (que tanto quiero), sino por los magros resultados electorales en Brasil y Chile.
Definitivamente, y por más que los presidentes hablen de democracia, ni Lula ni Boric cuentan con el apoyo de sus pueblos.
Parece estar claro que la clase obrera brasileña le ha vuelto la espalda a su viejo líder sindical, que ha debido conformarse con pírricas victorias en al puro norte del país, lejos, muy lejos de los centros industriales de São Paulo, Minas Gerais, Curitiba o Porto Alegre, para no citar más. La gran mayoría de los municipios obreros vecinos de São Paulo, donde Lula fue el candidato más votado en las elecciones de 2022, quedaron en manos de partidos de centro-derecha y derecha.
En Chile, dice el periódico del Partido Comunista, “la derecha avanzó [y] el oficialismo retrocedió… casi la totalidad de los partidos oficialistas, de izquierda y el progresismo presentaron un retroceso… En términos políticos la derecha tiene razones para celebrar y sentir una positiva proyección a lo que serán los comicios parlamentarios y presidenciales del 2025”.
La actitud hostil hacia Venezuela de ambos, pero sobre todo de Lula, es de vieja data, pero no es arriesgado pensar que en las más recientes estas elecciones tuvieron una responsabilidad. Se oponen a la revolución bolivariana por oportunismo, pensando en los votos que hay que ir a ganar en condiciones tan adversas.
Pero la lección principal no está allí. Se trata de que, en ese juego de acercamiento a sus derechas, ambos gobiernos han decepcionado a sus electores. Las grandes expectativas se quedaron en muy poco y las reformas impulsadas no convencen a un electorado que quiere transformaciones.
El sociólogo guatemalteco Edelberto Torres Rivas, hablaba de “revoluciones sin cambios revolucionarios” para explicar el desencanto de este tipo de gobiernos. Ese ha sido, me parece a mí, la principal falla de la izquierda latinoamericana: su reticencia a ser realmente de izquierda, su tendencia a “mejorar” su imagen haciendo suyos no solo el lenguaje sino incluso las metas del enemigo, procurando ser simpáticos para las oligarquías frente a las cuales nunca resultarán suficientemente simpáticos.
Ahora, por cierto, los cambios van a ser más difíciles. Por ejemplo, el PC chileno (que está en parte dentro del gobierno y en parte fuera del gobierno) señala que con esos malos resultados los cambios van a ser más difíciles e, incluso, que es posible que haya cambios, se entiende retrocesos, en el gabinete.
Hay personajes en la historia, que a pesar de haber tenido en sus manos el poder de cambiar su curso, para mejor, sólo han dejado un triste y vergonzoso recuerdo. Cada cierto tiempo reaparecen, buscando revalidarse de alguna manera, escribiendo libros, dictando charlas, visitando países lejanos para revivir esos buenos tiempos, en los que su opinión y sus acciones habrían podido, por ejemplo, detener el conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, evitando muertes inútiles, destrucción y la desestabilización de todo un planeta.
Estamos hablando del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien es acusado de boicotear – apenas iniciada la guerra – la posibilidad de un acuerdo de la paz entre Ucrania y Rusia, defiendo los intereses de occidente y el imperialismo; y sí, hablamos de él porque ha sido invitado a Chile para participar el próximo17 de octubre en el XII Seminario Picton – El Mercurio, conferencia en la que se referirá a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y China, entrevistado por el ex embajador de Chile en Reino Unido David Gallagher y por el abogado Gerardo Varela.
Boris Johnson es periodista, autor de “The Churchill Factor”, actualmente colabora con el Daily Mail de Londres, entre otros medios de comunicación. Ingresó al Parlamento el 2001, fue alcalde de Londres por dos períodos, entre 2008 y 2016, Primer Ministro del Reino Unido desde julio de 2019 hasta el 5 de septiembre de 2022, cuando tuvo que renunciar a su cargo debido a una serie de escándalos que lo vieron involucrado. Su jefe de bancada, Chris Pincher, fue acusado de acoso sexual, y aunque Johnson intentó resistir el duro golpe, la renuncia de más de 50 ministros y altos funcionarios de gobierno, que alegaron haber perdido la confianza en el ex primer ministro, lo obligaron finalmente a dar un paso al costado.
Durante meses, Johnson se vio enfrentado a una serie de críticas sobre su conducta y la dirección de su Gobierno, incluidas las fiestas ilegales que se organizaron en sus oficinas de Downing Street durante la pandemia del Covid-19 y por las que él, su esposa y otros colaboradores fueron multados.
Pero lo peor de su accionar se registró durante el intento de negociaciones entre Rusia y Ucrania. El acuerdo negociado a fines de marzo de 2022 en Estambul estaba listo para ser firmado y establecía, entre otras cosas, la neutralidad militar de Ucrania. Sin embargo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, que actuó como embajador del Occidente político, no permitió que Ucrania pusiera fin a la guerra. “La preservación del Estado ucraniano y su futura expansión territorial dependen hoy, sobre todo, de cuánto dure la guerra».
Como señala Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica, “quien boicoteó la paz en Ucrania con Rusia fue Boris Johnson”.
Hay muchas fuentes, de distintos sectores, que afirman que los ingleses fueron los principales actores en aniquilar la posibilidad de la paz, obviamente con la aprobación de Estados Unidos; y también hay muchas fuentes que afirman que fue Boris Johnson el que destruyó el borrador que el representante de Ucrania estaba dispuesto a firmar y en el que se establecían ya una serie de puntos de acuerdo. Sin duda la negociación estaba avanzada, lo reconoció el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, quien ha señalado en diversas entrevistas que “ambas partes deseaban fervientemente un alto el fuego”. Entonces la paz era más que necesaria en ese momento, “porque Zelenski sabía que iban hacia el suicidio, pero Johnson le aseguró que contaría con el apoyo de occidente, le dijo quédate tranquilo, te enviaremos armas, bombas y seguiremos entrenando a tu gente, enviaremos expertos militares, por eso la OTAN es parte de esta guerra”, explica Umpierrez.
¿Quién está detrás de esta invitación a Chile?
La última vez que Johnson visitó Chile en calidad de primer ministro se reunió, en mayo de 2018, con el ex presidente Sebastián Piñera y el ministro de relaciones exteriores Roberto Ampuero para discutir sobre una mayor colaboración en materias de seguridad internacional, defensa y oportunidades comerciales post-Brexit. Y no sorprende que detrás de esta poco deseable invitación esté el diario El Mercurio, reconocido medio de comunicación golpista y tendencioso, que recibió millones de dólares de Estados Unidos para derrocar el gobierno de Salvador Allende en 1973.
El otro anfitrión, Picton, es menos conocido, fundada en 2011, tiene oficinas en Santiago (en la comuna de Las Condes), Costa Rica y Colombia, y lo poco que sabemos de ellos es que son “asesores y gestores de inversiones enfocados en las necesidades de clientes institucionales y altos patrimonios en Latinoamérica”, como se describen en su página web (www.picton.cl).
Fundada por Gregorio Donoso, ingeniero comercial de la UC; Matías Eguigurren, ingeniero comercial de la UDP, fue asesor directo del ministro del Interior en 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera; Augusto Undurraga, ingeniero comercial de la Finis Terrae y José Miguel Ureta, ingeniero civil industrial de la UC. También organizan un seminario anual que reúne personajes controversiales y muy cercanos al capitalismo y la política occidental. Entre sus invitados se cuentan el ex presidente de Argentina Mauricio Macri, y para celebrar sus 10 años, el invitado fue el ex primer ministro británico, el conservador David Cameron.
¿Pero, porqué invitar a Johnson a Chile?
No comprendemos muy bien el objetivo de la visita de Boris Johnson a Chile y no nos gusta, pero nosotros no nos manejamos en las altas esferas de las finanzas ni en los meandros de la geopolítica internacional, sólo vivimos en el país real, ese que nos golpea en la cara con su desigualdad, ese país real que el capitalismo ha enfermado convirtiendo a las personas en consumidores, que intenta negar la historia y nuestra memoria. Y no, no nos gusta que por nuestras calles camine uno de los principales responsables del fracaso de los acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania. Y no, no nos gusta porque la lección que aprendimos en 1973, aún nos duele, esa que vio como empresarios, medios de comunicación y potencias extranjeras, eran capaces de destruir los sueños de un pueblo para defender sus intereses.
Hay nombres que son imborrables, hay nombres que son parte de nuestra memoria, hay nombres que nos hablan del valor de algunos hombres y de la traición de la que otros hombres son capaces. Hay nombres que renacen en el tiempo, hay nombres que se reencuentran en el tiempo y construyen nuestra historia. Esta es la historia de un general y su bisnieta.
René Schneider
El próximo 22 de octubre se cumplirán 54 años del asesinato del general del ejército y comandante en jefe de las fuerzas armadas René Schneider Chereu, asesinato que tuvo como objetivo provocar a las fuerzas armadas para que hicieran un golpe de Estado que evitara la llegada a la presidencia de Salvador Allende, que asumiría el mando de Chile el 4 de noviembre de 1970, pero algo salió mal. Un secuestro se convirtió en un asesinato y cambió, quizás, el destino de nuestro país.
El general tenía 56 años cuando un comando de civiles, hijos de la alta burguesía chilena, intentó secuestrarlo en las calles Martín de Zamora con Américo Vespucio en la comuna de Las Condes, a las 8.19 de la mañana. En principio, la operación ordenada por Richard Nixon y Henry Kissinger, a través de su agencia de inteligencia en Santiago, era secuestrarlo, y para lograrlo pagaron sustanciosamente a dos generales: Roberto Viaux y Camilo Valenzuela quienes fueron los encargados de preparar un grupo paramilitar para perpetrar el delito. Pero sus planes se truncaron ante la respuesta del valiente general que los enfrentó, lo que significó su muerte, después de agonizar por tres días en el Hospital Militar.
Sin dudas el asesinato de Schneider es un crimen histórico de Estados Unidos en Chile, tráfico de armas y dinero. Él fue asesinado por su defensa a la Constitución con la conocida “Doctrina Schneider”, y éste fue uno de los primeros ataques que llevarían al quiebre de la democracia en Chile.
Civiles y militares, bajo el auspicio de Estados Unidos, frente al miedo al cambio que representaba Salvador Allende, frente al miedo de perder sus privilegios, frente al miedo de mirar a los ojos a un pueblo, conspiraron para mantener el poder – que aún hoy creen suyo. La gran culpa del General fue ser un hombre de principios.
Los asesinos y conspiradores pertenecían a distintos sectores de la sociedad chilena, empresarios, militares, ultraderechistas y lumpen. Algunos de ellos fueron juzgados, otros fallecieron y otros viven tranquilamente en nuestro país, manejando empresas y disfrutando de una vejez tranquila que al general no le permitieron.
En el grupo de los empresarios se encontraba Julio Bouchon, que en 1972 fue condenado a 3 años y un día de prisión como cómplice del secuestro – hoy maneja varias viñas de su propiedad, posee dos aviones, un Beechcraft Bonanza y un Piper Azteca, es Secretario del Club de Polo y Equitación San Cristóbal, criador de caballos belgas, propietario de los fundos Los Lagos, Chorrillos, Colchagua, Cañadilla y tesorero del Old Grangonian Club.
Junto a él, fueron condenados como cómplices Fernando Yarur Huerta, Raúl Igualt Ossa, Jorge Lagos Carrasco, Sergio Toperberg Volosky y León Cosmelli Pereira, en la época estudiante universitario, actualmente figura en las listas de financistas del Partido Republicano. Cosmelli y Jaime Melgoza Garay dispararon al general; Viaux fue condenado a 20 años, pero se le rebajo la pena y fue relegado a Paraguay; Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo, escaparon de Chile y de su condena, en 1977 fueron indultados por Pinochet.
El único que cumplió condena fue Jaime Melgoza (9 años), el general Alfredo Canales fue nombrado embajador en Líbano y muchos de los que participaron en el atentado ¨colaboraron con la dictadura, como Guido Poli, quien trabajó en el Ejército hasta 1999 llegando a ocupar el cargo de auditor general. Fue consejero legal de la DINA. Al menos diez de ellos trabajaron en la DINA, como Enrique Arancibia Clavel y Nicolas Díaz Pacheco, fueron integrantes del grupo que asesinó al general Carlos Prats y a su esposa en Buenos Aires, en 1974¨.
Emilia Schneider, la bisnieta
26 años más tarde – el 23 de octubre de 1996 – nacía en Santiago Emilia Schneider Videla, bisnieta del general. Dirigente estudiantil, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y por la equiparación de los derechos de las minorías sexuales, fue la primera mujer transgénero en ser elegida diputada de Chile en 2021.
Cincuenta años más tarde, la diputada también se encuentra en primera línea en un Chile que debería ser muy distinto al que su bisabuelo tuvo que enfrentar. Sin embargo, el odio, la irracionalidad y el miedo al cambio siguen presentes en un país que poco ha aprendido de las lecciones que la historia le ha querido dar.
Sin hacer caso a la persona, ha recibido constantes ataques desde una derecha intransigente y cínica – esa que no aprueba el divorcio, pero se divorcia a conveniencia – y desde el fanatismo religioso de un pastor sin rebaño, que en las puertas del Congreso intenta con sus gritos imponer donde está el bien y donde está el mal.
¿Y cómo responde la diputada? Resiste, se enfrenta, debate, se expone – sin miedo, creemos – en base a principios e ideales, y eso, eso la hace valiente, como valiente fue su bisabuelo. Adelante ha llevado proyectos de leyes transversales, desde la protección de los niños y los adultos mayores, a la protección de los derechos de las minorías sexuales hasta la desmonumentalización de símbolos y objetos alusivos a la dictadura civil y militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Y podríamos no estar de acuerdo, y podrían no ser nuestras prioridades, pero aplaudimos su voz, que no es un susurro, es el grito de miles que han sido y siguen siendo excluidos en esta sociedad machista, intolerante y conservadora.
Y sí, nos recuerda a su bisabuelo, al que no conoció, pero nos imaginamos como en la intimidad de su familia, se transmitieron valores que no se tranzan. Ambos valientes en dos momentos distintos. Él enfrentando a sus camaradas traidores y la intervención estadounidense, manteniendo firme su posición y el principio de no injerencia de la Fuerzas Armada, lo que le costó la vida. Ella abriendo las puertas a las diversidades, a temas incomodos que nos obligan a reflexionar y a hacernos cargo de que no somos el país moderno y pluralista que creíamos ser.
Aunque muchos de los responsables del asesinato del general Schneider fueron juzgados, muchos otros huyeron de Chile, pagaron pequeñas penas, fueron indultados y siguieron viviendo tranquilamente en este país de corta memoria.
Al unísono de esto pretendemos exaltar la figura de un general que fue consecuente con el mandato que le otorga el estado y que es defender el poder político de turno, no corromperse y ponerse al servicio de otros países y lo que es más importante mantener el honor y no manchar el uniforme de José Miguel Carrera, el uniforme patriota de nuestros libertadores. Que las nuevas generaciones de cadetes aprendan de él y no de los que traicionaron a su propio pueblo por un puñado de dólares y que se transformaron en vulgares mercenarios.
Así como el gobierno norteamericano le entregó dinero a civiles como Agustín Edwards, también quisiéramos que un día desclasifiquen archivos en donde nos cuenten cuánto dinero y protección recibieron los asesinos y conspiradores que hoy gozan en Chile de grandes fortunas y propiedades, lo que les permite vivir tranquilos y envejeciendo sin pagar por sus crímenes.
Durante la mañana del martes 24 de septiembre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, Alicia Lira, llegó hasta el centro de justicia junto a su abogado, el reconocido defensor de derechos humanos, Alberto Espinoza, para presentar una querella contra Fuerzas Especiales de Carabineros, debido a la agresión sufrida durante la tradicional romería al cementerio general, que este año se realizó el domingo 8 de septiembre.
Las graves agresiones, con gases lacrimógenos en su rostro y un golpe que la hizo caer al suelo y desmayarse durante algunos minutos, se produjeron mientras se desarrollaba en completa normalidad el acto central de la romería, de la que Alicia Lira es una de las organizadoras.
Fue aproximadamente a las 12 horas cuando un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros, junto a un carro lanzaguas y dos carros lanza gases, que se encontraban a unos 100 metros detrás del escenario, comenzaron a acercarse de forma amenazante hacia el lugar donde se desarrollaba el acto político-cultural, tratando de avanzar por Recoleta hacia el sur, pasando por un costado del escenario, lo que fue impedido por un grupo de personas que se encontraban en el lugar., momento en que Alicia Lira se acercó a ellos para mostrarles el documento que autorizaba la actividad, y haciendo caso omiso de su solicitud de retirarse, respondieron con extrema agresividad, por lo que tuvo que ser trasladada junto a otras personas hasta el SAR de Recoleta para su atención.
Alicia Lira se refiere a la querella presentada afirmando que “hoy venimos a presentar una querella junto al abogado Alberto Espinoza, para dar cuenta de la situación que vivimos el 8 de septiembre durante la romería al cementerio general, que es un homenaje a las miles de víctimas de la dictadura civil y militar y que este año vivió la criminal represión de Carabineros, que en lo personal significó golpes y ser rociada con gas pimienta lo que me dejó por varios minutos sin respiración, por lo que tuvieron que llevarme a un centro de urgencia para ser atendida”, y agrega que “no podemos dejar que esto que quede impune, una agresión sin ninguna provocación en medio de un acto cultural de derechos humanos en el que carabineros buscó provocar e interrumpir el acto en el que estaban participando agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura y sitios de memoria. Gente que fue a escuchar el discurso de homenaje a nuestros seres queridos”.
El General Yáñez será formalizado el 1 de octubre
Alicia Lira también se refirió a la formalización del general Director de Carabineros Ricardo Yáñez, que se realizará el 1 de octubre, por su responsabilidad en la omisión de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social en octubre de 2019, afirmando que “esperamos que no haya ninguna dilatación y que sea formalizado, es una vergüenza. Y aquí quiero ser muy clara y separar aguas entre Carabineros, lo que es el alto mando – que es Ricardo Yáñez – que ha usado la institución para esconderse de la justicia, para burlar la justicia y lamentablemente a veces ha recibido el apoyo del gobierno. Yáñez no tiene moral ante sus hombres y menos ante la gente porque es responsable de las violaciones a los derechos humanos que hubo desde el 18 de octubre en adelante; pero también es responsable en esta querella que hemos presentado hoy, porque mandata en la forma de actuar de las fuerzas especiales y quiero ser enfática: estamos hablando responsablemente y nos referimos específicamente a las Fuerzas Especiales, ellos son los que han mantenido la violencia, no Carabineros.
Por su parte, el prestigioso abogado de derechos humanos Alberto Espinoza se refirió a la confianza que tienen en que la querella prosperará en los tribunales de justicia, señalando que “hemos presentado esta acción criminal con la firme expectativa de que finalmente se logre establecer la efectividad de los hechos que estamos denunciando, es decir, la conducta brutal que tuvieron funcionarios de fuerzas especiales de carabineros sin mediar provocación alguna en un acto pacífico que se desarrollaba en conmemoración del 11 de septiembre de 1973, en un acto autorizado por la autoridad política, que contaba con todos los permisos para su realización y que fue interrumpido violentamente. Estamos frente a un delito de apremios ilegítimos que está tipificado en el código penal y que también está tipificado en el derecho internacional de los derechos humanos como una norma de la Jus Cogens la prohibición de los tratos inhumanos degradantes y crueles, esa es la situación que estamos denunciando ante los tribunales en la persona de Alicia Lira. Carabineros son funcionarios públicos, son agentes del Estado y en esa condición deben responder”.
Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.
EI: A 51 años del golpe de estado en Chile ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?, ¿seguimos teniendo justicia en la medida de lo posible?
PR: en primer lugar señalar que a 51 años del golpe de Estado, los familiares y las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos siguen luchando por conocer toda la verdad y lograr justicia total, lo que demuestra que se ha avanzado lentamente desde el retorno a la “democracia” desde 1990 hasta hoy. Muchos familiares han muerto sin obtener justicia, muchos familiares de detenidos desaparecidos aún desconocen el destino de los suyos.
El año pasado el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de quienes sufrieron desaparición forzada y desde el anuncio hasta hoy no han habido resultados concretos, no hay equipos nuevos que estén operando, buscando a nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, no hay avances en la identificación de los restos óseos que están en manos del Servicio Médico Legal, lo que demuestra que todo ha seguido en la “medida de los posible”.
Sería muy largo responder cómo estamos en materia de derechos humanos. Sólo quisiera agregar algunos hechos importantes: han seguido registrándose casos de tortura, abuso policial, desaparición forzada; siguen existiendo presos políticos, chilenos y mapuches, en las cárceles; aún hay muchas familias sin acceso a la vivienda, a un trabajo digno, siguen las largas listas de espera en los hospitales. En otras palabras, sigue existiendo desigualdad en Chile.
En la marcha por los Derechos Humanos del pasado 8 de septiembre, la policía volvió a reprimir, lanzando incluso gases lacrimógenos a los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
EI: Y sigue la Constitución de 1980…
PR: Claro que continua y es una vergüenza que Chile, que se declara un país democrático, siga siendo regido por la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura encabezada por Pinochet. Si bien es cierto, hubo posibilidades de cambiarla, los poderes reales, la derecha, la oligarquía, y muy posiblemente las agencias estadounidenses, realizaron una enorme campaña del terror, desinformativa, psicológica, con un alto financiamiento, para confundir e influir en la población para que rechazara la primera y mejor propuesta constitucional. El interés de los grandes poderes es que se mantenga la desigualdad y el modelo neoliberal que garantiza sus privilegios y negocios.
EI: ¿Cuál cree que es la señal que está dando el gobierno de Gabriel Boric al permitir que su Ministra de Defensa se reúna con destacados generales del Comando Sur de los Estados Unidos y se firme, además, un acuerdo de “cooperación” en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa del país?
PR: La señal para Estados Unidos y el mundo es que nuestro país sigue bajo el mandato estadounidense y que somos dependientes de ellos, tanto a nivel económico como político. Para nosotros, es una vergüenza que Chile, que su Ministra de Defensa y que el gobierno, se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarizando del mundo, siguen las guerras, y Estados Unidos es responsable.
EI: ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina y dónde están desplegadas?
PR: Se estima que en América Latina existen más de 70 bases militares y no me refiero únicamente a las típicas, como la que existe en Guantánamo – contra la voluntad de Cuba – o la que existe en Honduras, en Soto Cano, o las que existen en Colombia. También consideramos bases a todos los radares, a los acuerdos para usar pistas de aterrizaje; la base NAMRU-6 en Perú que hace investigación de enfermedades infecciosas y que representa un peligro para todo el continente. También existe presencia militar y la base en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, la OTAN. Existe una fuerte presencia militar estadounidense y ejercicios militares conjuntos permanentes. A esto debemos sumar que EE.UU. sigue dando entrenamiento a militares y policías en la nueva Escuela de las Américas, la que actualmente se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). También existe la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que opera en El Salvador, y donde se forman policías, fiscales y jueces de América Latina. En fin, de distintas formas EEUU sigue manteniendo su influencia y hegemonía en nuestro continente como el “gran hermano” que se siente.
EI: Cambiando de tema, ¿Cómo se podría resolver el conflicto entre palestinos e israelíes para alcanzar la paz?
PR: Este tema es muy complejo, ya que el Estado de Israel fue creado en territorios del pueblo palestino. Entonces, la única solución es que Israel devuelva todas las tierras que son palestinas, libere a todos los prisioneros palestinos, y cese la violencia contra la población. Para que esto ocurra, Israel debería dejar estas tierras, debería comprar o llegar a acuerdos con otros países para disponer de territorios, en otra parte del mundo, para establecerse, y sin duda es un ese es un escenario muy complejo.
La otra alternativa, es que pudieran convivir pacíficamente en los territorios asignados por la ONU, que entregó, en 1947, una parte de las tierras palestinas a Israel. Para eso deben llegar a un acuerdo y lo principal, debe cesar la violencia contra el pueblo palestino y la acción de los colonos israelí que se han ido apropiando de territorios que habían sido asignados a los palestinos.
Ha sido muy triste, muy desgarrador, la guerra contra el pueblo palestino. Han sido asesinados principalmente mujeres y niños. En este conflicto, Estados Unidos es responsable ya que financia y envía armas al ejército israelí.
EI: ¿Qué piensas del conflicto entre Ucrania y Rusia?
PR: Nosotros lamentamos esta guerra provocada entre dos pueblos que han sido hermanos. Comenzó el 2014, cuando Estados Unidos apoyó e instigó un golpe de Estado en Ucrania, las nuevas autoridades comenzaron a perseguir a la población lingüística y culturalmente rusa en el Donbás, y a pesar de que se firmaron los acuerdos de Minsk, el 2014 y 2015, para cesar la violencia y donde se comprometían a dar autonomía a esta zona, siguieron asesinando a ucranianos-rusos, incluyendo a muchos niños. El gobierno ucraniano no respetó los acuerdos. A eso, debemos sumar que Ucrania se fue militarizando y que tiene la intención de ingresar a la OTAN, que quiere tener armas nucleares. Toda esta situación fue vista como amenaza por Rusia y finalmente se desencadenó la guerra que dura hasta el día de hoy.
Esta guerra ha sido provocada, detrás de ella se encuentra Estados Unidos, hay intereses geopolíticos, económicos, de dominación. Por un lado, y desde mucho antes, se tiene la intención de destruir a Rusia, de debilitarla, de ponerla de rodillas, y para este plan se está usando a Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, ha logrado mediante las sanciones, que Europa deje de comprar gas y petróleo a un precio muy económico a Rusia y comprárselo a ellos. La guerra ha beneficiado también al Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere una Rusia con poder ni menos que Europa vaya creciendo. Algo parecido, está ocurriendo contra China que EE.UU. también quiere destruir.
Tanto Estados Unidos como la OTAN están muy involucrados en la guerra en Ucrania contra Rusia. Pedimos un alto al fuego y negociaciones de paz ahora.
EI: ¿Cómo llegamos a este momento en que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?
PR: Mi pensamiento es que Estados Unidos siempre va tener o encontrar un pretexto para seguir militarizando y controlando el mundo. En teoría, nos quiere supuestamente ayudar y proteger, pero realmente no hay más que su intención de mantener su dominio, hegemonía, el destino manifiesto. Tanto las drogas, el crimen organizado, como el fenómeno del terrorismo son posibles por la presencia del modelo neoliberal que destruye y deshumaniza a la persona.
EI: ¿Qué esfuerzos se están realizando para detener la militarización del continente?
PR: Existen muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la paz. Entre ellas está el Consejo Mundial por la Paz, la Red Internacional No a la Guerra No a la OTAN, la Alianza CONVIDA-20 o el Servicio Paz y Justicia por toda América Latina, que realizan acciones para denunciar la militarización, para oponerse al gasto militar, para oponerse a la guerra y promover una cultura de paz. Es una vergüenza que nuestros países y en todo el mundo se gasten enormes sumas de dinero en armas para la muerte mientras, no hay trabajo, no hay hospitales, no hay buena educación, hay niños y personas viviendo en la calle. Queremos un mundo en el que podamos vivir como hermanos y recordando a Víctor Jara, tenemos El Derecho de Vivir en Paz.
Foto Archivo: Pablo Ruiz al lado izquierdo del ex sacerdote Roy Bourgeois fundador en Estados Unidos del movimiento contra la Escuela de las Américas (2015).
»Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor», dijo el Dr. Salvador Allende aquel tenebroso 11 de setiembre de 1973, instantes antes de morir.
El asesino vitalicio Augusto Pinochet, fiel a los deseos de Richard Nixon y los «aristócratas» chilenos que ante la presencia de «los rotos» veían perder el «señorío» palaciego del Palacio de La Moneda, cobardemente ordenó bombardear con aviones Hawker Hunters el palacio presidencial. Su objetivo: asesinar al Presidente Constitucional de Chile. Dignísimo «compañero» quien rechazó rendirse y refugiarse en una embajada de nación amiga, como la de Costa Rica, a la que don Pepe le instó asilarse.
¡Jamás! podríamos olvidar el momento de las firmes palabras del Presidente, a través de la radio, con interferencias provocadas por los fascistas, en medio del ruido macabro de las armas pesadas, los tanques y camiones por las calles y el vuelo de los aviones a reacción.
Para entonces vivíamos en un apartamento en calle Mac Iver con Huérfanos, a pocas cuadras de La Moneda, desde donde la pesadilla dejaba de ser tal; el anunciado golpe de Estado se estaba ejecutando. Fue el inicio de una larga y sangrienta dictadura militar, donde los asesinatos, la tortura, los desaparecidos y los robos al Estado, eran cotidianos. Ya Víctor Jara no cantaba en el Teatro Municipal, ni se escuchaba la voz grave y lenta de Pablo Neruda, el eterno poeta que murió de pena.
Pero un día la estrella de la bandera chilena volvió a brillar, y por fin, se abrieron de nuevo las grandes alamedas, se condenó a Pinochet y otros criminales uniformados, se expulsó a los que usurpaban el poder político y, por karma del destino, el siniestro Richard Nixon fue expulsado cual vil delincuente de la Casa Blanca…
A días de cumplirse 51 años del golpe de Estado en Chile, aún le duele el alma a este país, aún tenemos justicia en la medida de lo posible, aún tenemos familiares de las víctimas exigiendo por una verdad total, por reparación y por garantías de no repetición, aún tenemos un pueblo que hace 5 años salió a las calles con la esperanza de grandes y necesarios cambios, una nueva Constitución que nos permitiera construir un país más justo y solidario para todos y todas. Y sí que nos duele el alma al mirar dónde estamos, al mirar el rostro de Fabiola Campillai, de Gustavo Gatica y de los más de 400 lesionados oculares.
Estamos en medio de una realidad que nos avergüenza, en medio del avance de un negacionismo impulsado por una derecha corrupta que se jacta de su poder, estamos en una realidad en que los responsables de los crímenes de la dictadura de Pinochet han ido muriendo en silencio y sin condena, sin el mínimo de humanidad para decirnos dónde están los cerca de 1100 detenidos desaparecidos que aún claman ser encontrados.
Y aun así muchos se atrevieron a soñar nuevamente, luego del estallido social de 2019 volvieron a creer en el gobierno que llegó a dirigir nuestros destinos el año 2022, con promesas de cambio y compromiso con los derechos humanos, pero no ha sido lo que se esperaba y el ciudadano común se siente traicionado porque una vez más las promesas quedaron impresas sólo en los afiches y palomas de la campaña electoral.
Y en el remolino de des-informaciones, hace unos días nos enteramos por la prensa casi como si fuera una noticia de relleno, que la ministra de Defensa chilena Maya Fernández tuvo un encuentro con destacados generales norteamericanos, una reunión en que el Comando Sur de Estados Unidos reafirmó su “cooperación” con Chile en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa y el ataque del país. Ministra con cupo PS en el gobierno que poco hemos visto en los grandes temas nacionales.
Historias de abuelos
Y aquí me tomaré una licencia y les contaré unas historias de abuelos, que, aunque no parezca tiene tanto que ver con lo que sucede hoy en Chile. Hace unos días me contaban que la diputada Emilia Schneider visitó el ex Campo de Concentración de 3y4 Álamos, y que a través de sus palabras reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y los derechos humanos. Ella es bisnieta del valiente General y comandante en jefe del Ejército, René Schneider.
A él, ese hombre querido, respetado y recordado por su postura de neutralidad y prescindencia política de las fuerzas armadas, a él lo asesinaron. Un grupo de extrema derecha llamado Patria y Libertad, financiado y armado por la CIA, lo intentó secuestrar el 22 de octubre de 1970 en la comuna de Las Condes, él se defendió y enfrentó a los secuestradores con su revolver que no alcanzó a percutar, como lo haría un verdadero militar, como un militar de honor, no como un cobarde traidor y es asesinado por este grupo compuesto principalmente por “hijitos de papás” como les decimos en Chile a los hijos privilegiados de familias poderosas y adineradas, jóvenes que después del golpe se transformaron en empresarios y hoy pasan desapercibidos en sus fundos y empresas como buenos patrones, viviendo una vejez tranquila, esa que no tuvo el valiente soldado Schneider, el general de José Miguel Carrera.
La historia de Salvador Allende es parecida, pero él era un civil, un presidente honesto que recogió el dolor de su pueblo y quiso transformarlo en un futuro más justo, y que ante tamaña afrenta fue duramente castigado por Estados Unidos, quienes financiaron – sin escatimar gastos – atentados, desinformación, traiciones y el golpe militar que lo derrocaría y que cambió para siempre el destino de este pequeño y lejano país. Y sí, Allende – el presidente – no se sentó a negociar tratados internacionales ni acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, al contrario, siempre tuvo claro que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes y ellos también lo sabían, por eso como dato, antes de su llegada a la presidencia abandonaron rápidamente la base militar que habían instalado a mediados de los 60 en Isla de Pascua, y vieron con horror los procesos de nacionalización del cobre y el avance de la reforma agraria. Por eso nos cuesta entender – que su nieta – la ministra, orgullosamente reciba estas visitas para conversar sobre cooperación en materia de defensa. Que corta es la memoria, y que largo es el olvido.
La historia de mi abuelo Manuel Leiva Riquelme es otra, un campesino que vivía de inquilino en el fundo de los patrones Bunster en la IX región. Alguna vez les conté que a mi abuelo lo mataron en mayo de 1957, fue encontrado junto a su caballo, lo habían arrojado a una laguna para que no hallarán su cuerpo. No lo conocí, he visto fotos de él y creo que somos muy parecidos, y desde niño he sentido que pide justicia por él y por los muchos sin nombre como él. Pero a nadie le importó, ni a los patrones, ni a las policías, ni a los jueces, sólo a mi abuela, a sus hermanos y a sus hijos e hijas, entre ellas mi mamá. Mi conexión con el abuelo es única, es un hilo que nos conecta con el campo, con el cuidado de la tierra, con la siembra, lo llevo en la sangre. Pero, aunque él no haya sido conocido ni importante, jamás traicionaré su memoria, en ella guardo lo mejor de mí mismo y creo que es lo mismo para todos, por ello respeto a la diputada Schneider y me sorprendo por la ministra Fernández, claramente no es solo su responsabilidad, detrás de ella hay una línea política de un gobierno – lleno de nietos y nietas – que olvida el pasado y avanza ciegamente en dirección desconocida.
El establishment chileno quiere estar del lado del capitalismo
Que vergüenza el gobierno “progresista” de Gabriel Boric, tal vez confundidos con la idea de alcanzar el progreso, centran su accionar en intereses económicos y prebendas, que incluyen el entreguismo y la alineación con el imperialismo y con hacha en mano siguen destruyendo el bosque y algunos creen que por tener el mango de madera es un aliado. No es así, nos sentimos engañados, siguen desviando la atención hacia temas irrelevantes, mientras la reforma al sistema de pensión es letra muerta, la condonación del CAE no tiene financiamiento, la reforma tributaria hecha polvo y barrida bajo la alfombra; listas de espera eternas en salud, plan de búsqueda que no busca y el compromiso férreo de liberar a los presos políticos del estallido social se ha ido saliendo claramente de sus prioridades… la lista es larga.
Y aunque nos duela el alma ante tanta indiferencia y superficialidad, a nosotros nos queda seguir alzando la voz desde cada espacio, en cada foro, en cada calle, a nosotros nos queda no rendirnos, no perder la memoria, a nosotros nos queda recordar a los miles de hombres y mujeres valientes que lucharon por una sociedad más justa, a nosotros nos queda gritar sus nombres, recordar sus rostros, buscar sus restos. Lo haremos, sepan que lo haremos, nosotros, nuestras madres, nuestros padres y hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos y nietas valientes, los que no dejan espacio al olvido.
Lamentablemente nos enteramos hace unos días que la diputada RN Camila Flores, junto a un Consejero Regional visitó en la cárcel de Molina al ex Capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 183 días de presidio efectivo, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras el hecho que en noviembre de 2019, le costó el sentido de la vista, el gusto y el olfato a la Senadora Fabiola Campillai (foto adjunta); hecho que fue y es repudiado tanto a nivel nacional como internacional por el uso desmedido de la fuerza aplicado por carabineros durante el estallido social.
Han pasado los años y vemos que la derecha chilena no cambia, no pide perdón, no se cuestiona, no aprende, al contrario se presentan orgullosos con su verdadero rostro justificando lo injustificable; tergiversando y mintiendo si es necesario, así como años atrás visitaban criminales de lesa humanidad en Punta Peuco negando la dictadura de Pinochet, hoy visitan y solidarizan con quienes cumplen condenas establecidas por los tribunales de nuestro país por violaciones a los Derechos Humanos, calificándolas de “injustas”.
Lo que hace la diputada Camila Flores es muy similar a lo que hizo la Diputada Luisa Cordero, y exigimos que sea llevada ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y no sólo por cuestionar las decisiones de un poder del Estado autónomo, también por su falta de humanidad y sin duda, porque detrás de sus declaraciones hay un claro acto de negacionismo, que busca hacer invisibles a las y los cientos de jóvenes que perdieron sus ojos y a quienes murieron en las calles de nuestro país buscando un poco de justicia y equidad social.
La inmoralidad de la derecha no tiene límites ni fronteras, su doble moral es impresentable, leyes para proteger las AFP, leyes para reprimir la protesta social, leyes y platas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, leyes para proteger a las empresas privadas y nuevamente, a los uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad intentan lavarles la imagen.
Otra vez quieren que demos vuelta esta negra página de nuestra historia, otra vez se sienten dueños de la verdad, otra vez quieren que olvidemos. Desde la sociedad civil, desde los partidos y movimientos políticos de izquierda, desde todas las veredas progresistas debemos defender la memoria, nuestra memoria; y en esta tarea no ayudan los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos: lo que antes fue un estallido social lo han trasformado en un estallido delictual, los presos políticos de la revuelta hoy son tratados como delincuentes comunes; han borrado las huellas de Plaza Dignidad para que vuelva a ser Plaza Italia, Piñera pasó a la historia como un gran estadista tras su muerte, y en esta tendencia quizás estén pensando en devolver la estatua del general Baquedano al sitio desde donde el clamor popular la sacó.
La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas.
Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.
Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.
La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares.
En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación.
Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.
A 10 de julio de 2024
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.
La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El 6 de agosto del 2024, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México remitieron a la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sus observaciones con relación al anuncio hecho por parte del Fiscal a la CPI el pasado 20 de mayo, solicitando la emisión de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás y contra dos dirigentes en Israel: su Primer Ministro y su Ministro de Defensa.
Se trata de una solicitud del Fiscal de la CPI a los jueces de la CPI que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 1).
Es de notar que el 26 de junio del 204, la prensa israelí se hizo eco de una información sobre la posibilidad de que estas órdenes de arresto se materializaran en cuestión de semanas (véase nota del Times of Israel). 24 horas después, el mismo medio israelí informó de una gestión ante la CPI por parte del Reino Unido para aplazar la emisión de estas órdenes de arresto (véase nota).
El drama indecible que se vive en Gaza
En el último estado de la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 5 de agosto del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 1 and 5 August, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 143 Palestinians were killed and 341 were injured. Between 7 October 2023 and 5 August 2024, at least 39,623 Palestinians were killed and 91,469 were injured, according to MoH in Gaza. Moreover, according to the Gaza Government Media Office (GMO) and Palestinian Civil Defense (PCD), there are some 10,000 people reportedly missing or under rubble in Gaza. The MoH documents the full identification details of casualties and has recently published the breakdown of 28,185 out of 37,900 fatalities as of 30 June for whom full details have been documented by MoH (also available on the Health Cluster’s Unified Dashboard here); according to MoH, these reportedly include 9,351 children, 5,320 women, 2,414 elderly, and 11,100 men. The documentation process is ongoing by the MoH. Fatalities include 885 health workers, MoH further reported«.
Un interesante artículo publicado en Israel detalla la estrategia de desinformación desplegada por Israel para que se minimicen e ignoren las consecuencias de su accionar militar en Gaza en el mundo de la información y de la comunicación (véase reportaje publicado el 24 de julio titulado «How Israel plans to whitewash its war crimes in Gaza«, de lectura recomendada).
Por su parte, la reconocida ONG israelí B’Tselem publicó muy recientemente un informe sobre los centros de detención en Israel y la tortura a la que son sometidos las personas oriundas de Gaza en estos centros de detención (véase enlace a informe titulado «Welcome to hell: the israeli prison system as a network of torture camps» cuya lectura completa se recomienda).
Las observaciones remitidas a la CPI por Estados de América Latina en breve
Mientras que Brasil así como Colombia presentaron sus observaciones en un documento proveniente cada uno de sus respectivos aparatos diplomáticos, Chile y México optaron por acordar ambos una comunicación escrita de manera conjunta, (lo cual denota un trabajo coordinado de sus respectivos aparatos diplomáticos).
En cuanto a Bolivia, optó por suscribir un texto conjuntamente con Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica: se trata de un grupo de Estados que tempranamente remitió una solicitud urgente («referral«) a la CPI con fecha del 17 de noviembre del 2023 (véase texto).
El documento presentado por Brasil está disponible en este enlacey se recomienda su lectura.
En el documento presentado por Colombia este 6 de agosto en La Haya (véase texto completo), Colombia (como Brasil) hace ver que la jurisdicción de la CPI debe aplicarse a todos los territorios palestinos ocupados, incluida Gaza, y que de ninguna manera se puede aceptar la idea que los acuerdos de Oslo de 1993 limitan o condicionan la aplicación plena de la jurisdicción de la CPI para examinar, investigar y sancionar a responsables de actos particularmente graves que califiquen como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas militares de Israel.
En el párrafo 21 de su comunicación, Colombia precisa que:
«21.Without a doubt, international norms governing accountability for war crimes, crimes against humanity and genocide, embody peremptory norms of international law accepted as such by the international community as a whole. Because of this high normative statute, States cannot be dispensed from the obligation to comply with these norms based on a bilateral agreement«.
Haciendo eco a lo dictaminado recientemente por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva del pasado 19 de julio, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 2), Colombia señala además que:
«23. The International Court of Justice also referred to the Oslo Accords in its Advisory Opinion concerning ïhe Legal Consequences arisingfrom the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rendered on l9 July 2024.The Court stated that «…the Oslo Accords cannot be understood to detract from Israel’s obligations under the pertinent rules of international law applicable in the Occupied Palestinian Territory«.
La referencia a la reciente opinión consultiva de la CIJ reaparece en un gran número de opiniones enviadas a la CPI en este inicio del mes de agosto: sin lugar a dudas, se trata de uno de los primeros efectos de esta histórica opinión consultiva de la CIJ, llamada a inspirar no solamente a Estados y a los jueces de la CPI, sino a muchos jueces a nivel nacional a los que se les ha solicitado ordenar un cese de exportaciones de armas hacia Israel y de bienes y materiales que Israel utiliza para consolidar la ocupación ilegal del territorio palestino. Se trata de una opinión consultiva de la CIJ que desde ya está llamando a muchos juristas a exigir una revisión completa de las relaciones bilaterales de la Unión Europea (UE) con Israel (Nota 3) y que debería inspirar a muchos otros a exigir una revisión similar en otras latitudes del planeta.
Por su parte, en la opinión conjunta dada a conocer por Chile y México (véase documento), ambos Estados reafirman también la plena competencia de la CPI para examinar la situación en el territorio palestino, lamentando la maniobra del Reino Unido y su efecto dilatorio (véase párrafos 7-8) para la emisión de las órdenes de arresto antes mencionadas, solicitadas desde el 20 de mayo por el Fiscal de la CPI. Cabe recordar que en enero del 2024, Chile y México remitieron de manera conjunta un «referral» de carácter urgente a la CPI (véase comunicado oficial del 18 de enero del 2024 de Chile).
En el texto suscrito por Bolivia, así como por Bengladesh, Comoras, Djibutí y Sudáfrica (véase texto completo), se lee en la parte conclusiva que:
«32. The Court has duly defined the territorial scope of its jurisdiction in the Situation in Palestine. The matter is therefore res judicata. To the extent that renewed challenges to the Court’s jurisdiction are made, these must be undertaken in conformity with the Rome Statute.
The Court at present is only required to determine whether arrest warrants may be issued in terms of article 58, the requirements of which have been met. The Oslo Accords are not a bar to the Court exercising its jurisdiction. Any challenge to jurisdiction in individual cases may only be raised in accordance with article 19«.
La etapa procesal en breve
La comunicación remitida por Colombia a la CPI ha sido precedida por las de Irlanda (véase documento), así como de Noruega, presentada el 5 de agosto (véase documento completo) que van ambas en la misma dirección, así como por Palestina (véase documento).
El hecho que, desde la misma ciudad de Oslo, se precise a la CPI los alcances de los acuerdos de Oslo de 1993 con relación a su competencia, resulta bastante llamativo.
En la dirección contraria, alegando una supuesta limitación a la jurisdicción de la CPI, Israel ha podido contar únicamente con un documento emitido por Alemania (véase documento), Estados Unidos (véase documento), Hungría (véase documento) y la República Checa (véase documento); en el caso de Estados Unidos, los párrafos 16-26 de su escrito constituyen un intento – bastante burdo – para desacreditar la solicitud del Fiscal de la CPI con base en una interpretación de las disposiciones del Estatuto de Roma al que Estados Unidos… no es Estado Parte.
Israel también ha podido contar con las opiniones provenientes de diversos académicos y organizaciones que buscan limitar el ámbito de aplicación de la justicia penal internacional a los crímenes cometidos por Israel en el territorio palestino ocupado.
Entre las opiniones que emanan de académicos y de organizaciones en materia de derechos humanos, muchas refuerzan significativamente las posiciones sostenidas por Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y México: véase en particular una de las primeras opiniones en llegar a La Haya de un reconocido académico norteamericano (véase documento), y la suscrita por dos de sus colegas con amplia trayectoria (véase documento); así como la opinión de una ONG basada en Ginebra (véase documento), la de dos ONG radicadas en Francia (véase documento), la remitida por dos entidades basadas en Londres (véase documento), y la enviada por dos organizaciones basadas en Egipto y en Ramallah en Palestina (véase documento), entre muchas más opiniones.
A modo de conclusión
Lo llamativo es que esta etapa procesal no contemplada se debió a una maniobra inicial del Reino Unido formalizada el 11 de junio del 2024, la cual llevó a la Sala de lo Preliminar de la CPI a adoptar una decisión el 27 de junio del 2024 otorgando un plazo para la presentación de escritos sobre lo alegado por el Reino Unido (véase decisión del 27 de junio).
Nótese que en el párrafo 7 se lee que:
«The United Kingdom requests that the Request be reclassified, because ‘[t]he sensitivity of the situation and the need for secrecy in certain aspects do not mean that this particular Request needs to be secret or confidential’ and asks permission to file its observations, if granted, publicly. The Chamber instructs the Registry to reclassify the Request as ‘public’. The Chamber further agrees that given the matter the United Kingdom wishes to address, its observations may be filed publicly«.
El 1ero de julio, el Reino Unido solicitó una prórroga adicional a la Sala de lo Preliminar de CPI para remitir su opinión jurídica (véase solicitud), la cual fue otorgada unos días después, el 4 de julio (véase decisión).
En la doctrina especializada, se ha criticado duramente estas decisiones de los tres jueces de la CPI, al abrir un compás de tiempo innecesario que no se ajusta en lo más mínimo a la práctica de la CPI, ni tampoco a la urgencia de la situación en Gaza (Nota 4). El hecho que, en el caso de Rusia, una Sala de lo Preliminar de la CPI emitiera sin mayor preludios órdenes de arresto contra dos altos dirigentes rusos (incluyendo a su Presidente) debido a la comisión de crímenes de guerra en el territorio de Ucrania, constituye un dato reciente (2023) de cierto interés.
Ahora bien, la gestión dilatoria inicial del Reino Unido sufrió un imprevisto para sus gestores y promotores: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en el Reino Unido del 4 de julio, las nuevas autoridades británicas no consideraron necesario continuar la gestión iniciada, optando simplemente por no presentar ningun alegato sobre la supuesta limitación a la competencia de la CPI que derivaría de los acuerdos de Oslo de 1993: véase al respecto esta nota de The Guardian del 26 de julio del 2024.
Es de notar que en el hemisferio americano, Israel no pudo esta vez contar con un Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998 como Canadá, usualmente muy solícito a los requerimientos provenientes de Israel, ni tampoco con insumos provenientes de Guatemala. En cuanto a la opinión jurídica enviada a la CPI por parte de Estados Unidos, plantea algunas interrogantes muy válidas al provenir de un Estado que no es Estado Parte al Estatuto de Roma de 1998. ¿Un Estado no Parte explicando a los jueces de la CPI cómo deben interpretarse las disposiciones del Estatuto de Roma? ¿Cómo así? Como se lee.
En Europa, Israel solamente pudo contar con las gestiones de los aparatos diplomáticos de Alemania, Hungría y de República Checa, optando esta vez otros Estados europeos por no venir a apoyar las tesis jurídicas favorables a Israel: tesis que una Sala de lo Preliminar de la CPI ya descartó en una histórica decisión del 5 de febrero del 2021, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 5).
No se registra en el sitio de la CPI ninguna opinión legal a favor de las tesis jurídicas de Israel proveniente de Estados de África, de Asia o del Pacífico, siendo está última región del mundo una en la que Israel siempre ha encontrado Estados isleños actuando como aliados indefectibles en defensa de sus intereses.
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad «, 20 de mayo del 2024. Texto disponible aquí
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase AL TAMIMI Y., «Implications of the ICJ Advisory Opinion for the EU-Israel Association Agreement«, EJIL-Talk, 30 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase por ejemplo VASILIEV S., «Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?«, EJIL-Talk, 1ero de agosto del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, 5 de febrero del 2021. Texto disponible aquí.
