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Etiqueta: Chile

El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica

Roberto Salom E.
Setiembre de 2026

En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.

Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.

Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.

En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.

La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.

Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.

Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?

El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.

Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.

No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.

En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.

Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.

Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.

Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.

La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.

Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.

El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.

Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.

El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.

RSE

Chile: Organizaciones de DDHH convocan romería por la memoria, el legado de Allende, y contra los indultos

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

La movilización se realizará el 6 de septiembre y busca reivindicar el legado del presidente Salvador Allende, conmemorar los 53 años del golpe de Estado, y denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocaron a una romería por la memoria, los derechos humanos, y contra los indultos la que se realizará el próximo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, desde el Metro Los Héroe y finalizará en el Cementerio General, en Santiago, con un acto político-cultural.

La jornada se desarrollará bajo la consigna de “No a los Indultos”, “Derechos Humanos, ni un paso atrás”. Así mismo, se reivindicará el legado del presidente Salvador Allende y se rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado cívico-militar de 1973 y de las posteriores violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación frente a los posibles indultos o beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura como a hechos ocurridos durante el estallido social, y advierten sobre lo que consideran un escenario de retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición.

Entre las principales preocupaciones, se encuentra también el desmantelamiento o debilitamiento del “Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, iniciativa creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca avanzar en el esclarecimiento del paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

Para las organizaciones de derechos humanos, la memoria no constituye solamente una mirada hacia el pasado, sino también una responsabilidad frente al presente y el futuro. En ese sentido, la convocatoria busca expresar un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad y reafirmar que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a quedar subordinadas a intereses políticos y cambios de gobiernos.

“Una demostración de amor y reconocimiento”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, llamó a la ciudadanía a participar de la movilización y destacó el carácter histórico y también cultural de la jornada.

“El 6 conmemoraremos en forma cultural, en forma mística, reivindicando, no sólo lo que fue la Unidad Popular, la memoria de nuestros familiares, lo que aún nos falta por encontrar, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo”, señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos.

Además, expresó que la marcha representa también un homenaje al presidente Salvador Allende y a quienes participaron del proceso de la Unidad Popular junto a trabajadores, mujeres y profesionales.

“Tiene que ver con esta marcha, que hay una demostración de amor, de reconocimiento, con el orgullo que sentimos de nuestro presidente Salvador Allende”, afirmó.

En el mismo sentido, el músico Jorge Coulon, del grupo Inti Illimani, llamó a participar de la movilización en un momento que considera especialmente relevante para la defensa de los derechos humanos.

“Es muy importante reivindicar que Chile respeta y exige respetar los derechos humanos y la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el artista.

Fotografía de Pablo Ruiz.

Piden a Alemania a poner fin a la militarización y a los envíos de armas a Israel

Pablo Ruiz
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
www.derechoalapaz.org

Este jueves 11 de junio una delegación del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas entregó una Carta por la Paz en la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile, ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile.

En la misiva el Observatorio manifiesta su preocupación por el incremento de la militarización en Europa y los vientos de guerra que los líderes europeos señalan que se podría producir en un futuro próximo y donde los países de Europa han aumentado significativamente su gasto militar al 2% del PIB para la OTAN y donde Alemania se ha propuesto, para el año 2029, destinar el 3,5 de su PIB para gasto militar.

En la carta que va dirigida a la embajadora alemana en Santiago, Susanne Fries-Gaier, también le manifiestan su rechazo al acuerdo que fue firmado con el gobierno alemán por la ex ministra de defensa chilena, Adriana Delpiano, “el que permitirá que Chile pase al nivel dos del sistema de catalogación con la OTAN” y agregan que “lamentablemente, la OTAN ha sido un instrumento de guerra y no queremos que nuestro país (Chile) esté involucrado con esta alianza militar”.

Así mismo, expresan su “solidaridad con el pueblo de Palestina” y rechazan “los ataques sistemáticos que viene realizando Israel contra su población, donde indirectamente son cómplices los países que siguen enviando armas al gobierno israelí; entre ellos, Estados Unidos y Alemania. Pedimos que Alemania deje de apoyar este genocidio”, señalan y expresan “nuestro rechazo a la represión que hay en Alemania contra manifestantes que se solidarizan con Palestina. Esto viola el derecho a la libre expresión, que constituye uno de los pilares de la democracia”.

La delegación del Observatorio pudo conversar en el lugar con Stefan Preuß, consejero político de la Embajada de Alemania en Chile, a quien se le señaló las preocupaciones expresadas en la misiva.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y candidata al Premio Nacional de Derechos Humanos, presente en la actividad, dijo que “están asesinando en Gaza a niñas y niños palestinos, a mujeres, y que este genocidio debe terminar”.

También la delegación conversó con Preuß sobre la importancia de que el gobierno de Alemania apoye la demanda del movimiento de derechos humanos chilenos para la entrega total de la ex Colonia Dignidad para que este lugar sea un sitio de memoria.

El tema nuclear

La carta entregada también menciona y rechaza la presencia de armas nucleares en Alemania donde, de acuerdo a DW, los expertos estiman que hay entre 15 a 20 bombas nucleares de los EEUU, del modelo B61, en la base aérea de Büchel en Renania-Palatinado, en el suroeste de Alemania.

El dirigente Pablo Ruiz, señaló que “el tema de una guerra nuclear en la actualidad nos debería preocupar a todos ya que sus consecuencias serán devastadoras y aunque estemos lejos de Europa sufriremos tarde o temprano sus efectos”, también dijo que “hace semanas denunciamos también, basados en un informe del OIEA, que Alemania tiene las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares y estos nos debe preocupar”.

En tanto Félix Madariaga, vicepresidente de la Corporación 3y4 Álamos, se refirió a algunos temas preocupantes para Chile que han ocurrido desde que la exministra Delpiano firmó un acuerdo secreto con Alemania. «Expresamos nuestro rechazo al actual rol del gobierno alemán en la promoción de políticas que profundizan los conflictos y aumentan los riesgos de una confrontación nuclear. Los pueblos necesitan paz, no más guerra».

«Asimismo, rechazamos cualquier intento de involucrar a Chile en la OTAN mediante acuerdos cuyo contenido permanece oculto a la ciudadanía, como el convenio firmado por la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Chile debe ser un país comprometido con la paz y no con los promotores de la guerra”, concluyó Madariaga.

La carta entregada tiene la firma de Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; de Patricio Vejar, de la Comunidad Ecuménica Martin Luther King; de Hervi Lara, de la Red de Profesores de Filosofía de Chile (REPROFICH); de Carlos González y Félix Madariaga, de la Corporación 3 y 4 Álamos; de José Frias, del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué; y de Pablo Ruiz, del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas y de la Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización de la Alianza CONVIDA-20.

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile trabaja en alianza con SOA Watch de EEUU, con World BEYOND War, y con la International Peace Bureau (IPB) con oficina en Alemania.

Fotos: David Hormazabal

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

El centro se extinguió: Chile como advertencia para la región

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

El viejo centro no se agotó simplemente porque el mundo cambió; se agotó porque nunca entendió los cambios que él mismo ayudó a producir. Ese centro que durante décadas se creyó árbitro, moderador y conciencia tranquila de la política terminó convertido en un cascarón vacío, un lugar que nadie habita con convicción y que muy pocos reconocen como propio. Lo que hoy llamamos “centro” no es más que el eco fatigado de un consenso que dejó de responder a las preguntas reales de la gente. Por eso ya no representa moderación, sino desconexión.

La reciente elección chilena, que conduce hacia un balotaje entre Kast a la derecha y Jara a la izquierda, es un espejo de esta crisis más profunda. Allí no vemos solo dos extremos disputando un país dividido; vemos el fracaso de una élite centrista que, criticando a los extremos, terminó abriéndoles la puerta. La ironía es brutal: los mismos que se proclamaban guardianes de la moderación incubaron la polarización que ahora dicen temer. Su neutralidad devino indiferencia; su prudencia, ceguera; su sentido del equilibrio, una renuncia a comprender los dolores concretos de la sociedad. Los centristas no contuvieron la espiral: la aceleraron.

También nos equivocamos al imaginar la política actual como una simple lucha entre dos polos opuestos. En una sociedad hiperindividualista e hipersensible como la nuestra, cada postura es percibida como un extremo. No porque las ideas sean más radicales, sino porque nuestras percepciones están fragmentadas y cada grupo vive aislado en su propio sentido de urgencia. Los viejos moderados, la socialdemocracia progresista y el liberalismo tecnocrático, han pasado a ser vistos como un extremo más: el extremo del status quo, el extremo de la arrogancia ilustrada, el extremo que gobierna sin escuchar. No es que la derecha dura “gane” simplemente por sus méritos, gana porque los antiguos moderados dejaron de ser un punto de equilibrio y se volvieron, a ojos del pueblo, parte del problema.

Eso mismo asoma en Costa Rica. Lo que viene, probablemente no será un triunfo del centro, porque ese centro ya no existe. Lo que llamamos centro es un nombre sin contenido, un refugio discursivo para quienes no quieren admitir que han perdido la capacidad de interpretar su tiempo. En ese vacío, inevitablemente, se instalará algún extremo disfrazado de cambio o continuidad. Y no porque el pueblo ansíe radicalismos, sino porque el espacio que debía ocupar una visión equilibradora está abandonado.

Si elevamos un poco la mirada, la realidad política adquiere un tono casi metafísico. Como en la antigua Grecia, estamos atrapados entre Apolo, Dionisio y Cibeles: el orden que intenta imponerse, el caos que se desborda y la disolución que amenaza con tragarse todo. Son arquetipos eternos, pero hoy aparecen desbalanceados. Los proyectos políticos contemporáneos no sintetizan estas fuerzas: las exageran. La derecha ofrece un orden apolíneo llevado al límite; la izquierda un dionisismo expresivo que se deshace en contradicciones; y el establishment global, con su socialdemocracia procedural y su liberalismo desencantado, asume el papel de Cibeles, una fuerza de disolución que deshace identidades, certezas y vínculos sin ofrecer nada a cambio. Todo está fuera de eje, todo se vive como extremo.

Por eso no sorprende que las ideologías ya no alcancen ni enamoren. Son mapas viejos para territorios que cambiaron de forma. El pueblo lo sabe intuitivamente y pasa factura. No porque busque una revolución permanente, sino porque percibe, con brutal claridad, que nadie entiende lo que verdaderamente sucede bajo la superficie de nuestras democracias. El centro se perdió, no por falta de oferta, sino por falta de comprensión profunda. Los que se dicen centristas hoy no lo son: solo administran la inercia de un modelo agotado.

Lo decisivo, sin embargo, no es quién ocupará el poder en la próxima elección. Lo decisivo es si alguien será capaz de construir un orden distinto, no otro extremo disfrazado de salvación. Porque mientras ese vacío continúe, mientras el centro sea una sombra sin cuerpo, seguiremos oscilando entre los impulsos de Apolo, Dionisio y Cibeles, sin encontrar la armonía que permita a una sociedad reconocerse a sí misma. Hasta que eso no ocurra, todo volverá a repetirse, cíclico e inevitable, como en las tragedias que los griegos conocieron demasiado bien.

Chile y la OTAN: ¿Estamos más cerca de involucrarnos en un conflicto internacional?

Por Félix Madariaga
Periodista

Como suele ocurrir en los informativos de televisión y radio, primero nos inundan con noticias sobre delincuencia e inseguridad, luego con deportes, y al final, muy al final y entre temas varios, se cuelan algunas informaciones que apenas alcanzan unos segundos de pantalla. Se mencionan casi de pasada, como si bastara titularlas para cumplir con la transparencia informativa. Pero detrás de esas notas breves, a menudo, se esconden decisiones trascendentales que afectan el rumbo del país.

Eso pasó con la noticia de que Chile suscribió un nuevo convenio con Alemania, que nos acerca aún más a la OTAN, sí, esto fue el 29 de julio

Lo primero que uno se pregunta es si la mayoría de los chilenos sabe realmente lo que es la OTAN, o si están al tanto de que esa alianza militar está involucrada directamente en una guerra, apoyando abiertamente a Ucrania.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, nació con el argumento de detener la expansión de la URSS. Hoy, más de siete décadas después, su enemigo declarado es la Federación Rusa. En ese contexto, cualquier acercamiento o colaboración con la OTAN no es un acto neutro: significa posicionarse en un mapa geopolítico que está en plena confrontación.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2000, Chile firmó su primer acuerdo con la OTAN, que lo situó en el Nivel 1, un nivel inferior, que permitía el intercambio básico de datos militares. Lo que hoy se está firmando es distinto: Chile avanza al Nivel 2, lo que implica compatibilidad técnica, logística y doctrinaria con los estándares de la alianza, además de complicidad. En palabras simples, significa que el país adapta parte de su estructura militar a los parámetros de la OTAN.

El nuevo acuerdo fue firmado por la ministra de Defensa Adriana Delpiano y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier. Según información encontrada en la página web del Ministerio de Defensa, el objetivo es facilitar el intercambio de material militar. Pero, ¿qué tipo de armamento puede ofrecer Chile a la OTAN? ¿de qué manera nos beneficia integrarnos a una red militar liderada por potencias que hoy están directamente involucradas en conflictos armados?

Y no es un detalle menor que sea precisamente Alemania quien aparece como interlocutor. Un país que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue desmilitarizado y obligado a mantener límites estrictos en su desarrollo bélico, producto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el nazismo. Hoy, sin embargo, Alemania busca reposicionarse como potencia militar dentro de Europa, impulsada por el conflicto en Ucrania y su estrecha relación con Washington.

Frente a estos hechos, se solicitó más información oficial al Ministerio de Defensa de Chile, a través de su Oficina de Partes el pasado 3 de octubre. Además, contactamos por WhatsApp y correo electrónico a la ministra Delpiano, sin obtener respuesta. Del mismo modo, enviamos una consulta a la Embajada de Alemania en Chile, que tampoco respondió. Este silencio institucional no solo nos llama la atención: aumenta la desconfianza y el malestar ante decisiones que se toman sin rendición de cuentas al país.

No se trata de tecnicismos militares. Se trata de política exterior, de soberanía y de la posición que Chile adopta en sus relaciones bilaterales y multilaterales.
¿Queremos que Chile se acerque a alianzas militares que promueven guerras y bloqueos económicos? ¿Queremos condicionar nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con países que no son del agrado de la OTAN?

Chile ha tenido históricamente una vocación de neutralidad activa, de diálogo y de respeto al derecho internacional. Esa tradición, que nos dio reconocimiento en tiempos difíciles, hoy parece ser reemplazada por una política exterior complaciente con los intereses de las potencias occidentales.

Debemos mantener independencia y prudencia. Este tipo de convenios no fortalecen nuestra defensa, sino que nos subordinan a intereses ajenos. Si de verdad se trata solo de un acuerdo “logístico”, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué la falta de transparencia?

Más temprano que tarde, firmar este tipo de compromisos puede implicar comprometer algo más que la logística: puede comprometer la soberanía.

Ministra de Defensa, Señora Adriana Delpiano, el país merece una respuesta clara.
¿Cuál es el verdadero objetivo de este convenio con Alemania?
¿Es este el camino que Chile quiere seguir?

Fuentes:

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5381758/chile-firma-acuerdo-alemania-facilitara-acceso-catalogo-equipamiento-material-otan

https://www.defensa.cl/indexc3d9.html?p=6108

https://www.defensa.com/chile/chile-alemania-sellan-acuerdo-tecnico-militar-para-fortalecer

https://ucvradio.cl/news/nivel-2-en-la-otan-chile-asciende-en-sistema-de-catalogacion-para-intercambio-militar/

El pensador que enseñó a leer el poder en los medios

En la madrugada del 31 de octubre de 2025, en París, falleció Armand Mattelart, uno de los intelectuales más influyentes del pensamiento comunicacional contemporáneo. Con su partida se extingue una voz crítica que supo vincular la comunicación con la política, la economía y la cultura, desmontando las tramas ideológicas del poder mediático y el imperialismo cultural.

Nacido en Lieja (Bélgica) el 8 de enero de 1936, se graduó en Derecho en la Universidad de Lovaina y se especializó en demografía en La Sorbona. Su formación inicial, anclada en el estudio de las políticas de población, pronto lo llevó a cuestionar las estrategias de control demográfico impulsadas por la Alianza para el Progreso en los años sesenta, promovida por el gobierno de John F. Kennedy.

Un belga en América Latina: el despertar crítico en Chile

En 1962 llegó a Chile invitado por la Pontificia Universidad Católica, donde se integró como profesor de sociología de la población. En ese contexto fundó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y comenzó a articular su mirada crítica sobre los medios de comunicación masiva y su papel en la construcción del imaginario social.

Durante el gobierno de Salvador Allende, Mattelart participó activamente en los debates sobre la democratización de la comunicación y el rol de los medios en los procesos de cambio social. En 1971, junto a Ariel Dorfman, publicó el célebre Para leer al Pato Donald, texto pionero en la crítica al imperialismo cultural. En sus páginas reveló cómo los cómics de Disney difundían valores, jerarquías y modelos de vida funcionales a la dominación ideológica estadounidense.

El libro se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico latinoamericano, cuestionando lo que parecía inocente —el entretenimiento infantil— como un vehículo de colonización cultural.

Exilio, pensamiento global y crítica del poder mediático

El golpe militar de 1973 interrumpió abruptamente ese ciclo. Mattelart fue expulsado de Chile y debió exiliarse en Francia. Desde allí, transformó la experiencia latinoamericana en un marco global de análisis: la comunicación entendida como campo de disputa política y estructural dentro del sistema-mundo.

Profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis), desarrolló una vasta producción académica que renovó la Economía Política de la Comunicación, incorporando la crítica de la mundialización y las redes transnacionales de poder mediático.

Entre sus obras más destacadas figuran La Comunicación-Mundo, Multinacionales de la Comunicación, La Invención de la Comunicación, Diversidad cultural y mundialización, Un mundo vigilado y, junto a Michèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación.
En todas ellas defendió una convicción: democratizar la información es democratizar la sociedad.

Legado intelectual y humano

Mattelart recibió doctorados honoris causa de universidades en Nuevo León, Córdoba, Málaga, La Habana y Valladolid, y junto a su esposa Michèle fue reconocido como Profesor Honorario por la Universidad de Chile durante la IX Bienal Iberoamericana de Comunicación en 2013.

También incursionó en el cine documental. En 1976 presentó en el Festival de Cannes La Spirale (La Espiral), codirigida con Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux, una mirada lúcida sobre el proceso chileno de la Unidad Popular y la ofensiva mediática que precedió al golpe.

Hasta sus últimos años, Mattelart siguió observando con atención las nuevas formas de concentración mediática, la lógica extractivista de las plataformas digitales y los riesgos de vigilancia global. Su lucidez seguía intacta: la comunicación no era para él un simple flujo de información, sino un terreno de batalla simbólica donde se juegan la libertad, la cultura y la soberanía.

Una luz crítica que no se apaga

Su pensamiento sigue marcando a generaciones de investigadores, periodistas y educadores. En América Latina, su paso por Chile dejó una huella indeleble: enseñó que leer los medios es leer el poder, que la comunicación no es neutral y que comprender sus mecanismos es condición de toda emancipación.

Armand Mattelart fue, ante todo, un intelectual comprometido con su tiempo, que convirtió la crítica en un acto de esperanza: entender el mundo para transformarlo.

Referencias

  • FELAFACS-Regional Brasil. (2025, 3 de noviembre). Murió Armand Mattelart: Pensar la comunicación como política del mundo.
  • Diario UChile. (2025, 3 de noviembre). Se apaga una luz crítica de la comunicación global: muere Armand Mattelart.
  • [Sin firma]. (2025, 31 de octubre). Fallece Armand Mattelart: Pensador mundial de la comunicación y la cultura de masas.

Resumen de Juan Carlos Cruz Barrientos. Para Surcos.

Armand Mattelart (1936–2025) Imagen: AFP

Estudio compara los gastos reales de estudiar educación superior en cuatro países de América Latina

Una nueva monografía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que el costo de asistir a la educación superior va mucho más allá del arancel. Transporte, alimentación, materiales y vivienda –gastos “ocultos” que con frecuencia no figuran en los cálculos oficiales– siguen siendo barreras críticas para la permanencia estudiantil en Chile, Costa Rica, Perú y Colombia.

El documento El gasto real de estudiar educación superior en América Latina: ¿cuánto invierten las familias y qué apoyo financiero reciben los estudiantes? analiza, en dólares PPP 2023, el desembolso anual que afrontan las familias según tipo de institución (pública o privada), nivel (universitario o técnico) y localización (capital o fuera de ella). Entre los principales hallazgos:

  • En las universidades privadas ubicadas en la capital, el gasto total promedio oscila entre US$ 48 634 en Costa Rica y US$ 121 671 en Chile.

  • Cuando se contrasta con el PIB per cápita, la carga relativa es similarmente elevada: en Chile representa entre 67 % y 78 % y en Colombia entre 46 % y 62 %.

  • La educación técnica implica desembolsos menores, aunque sigue siendo significativa; en institutos privados chilenos promedia US$ 45 738.

  • Los gastos de vivienda y arancel explican la mayor parte de la diferencia entre programas universitarios y técnicos.

  • Las brechas persisten a pesar de los programas de becas, créditos y, en algunos casos, gratuidad condicionada.

El estudio subraya que comprender la magnitud de estos montos es esencial para diseñar políticas que garanticen el acceso y la permanencia, especialmente de personas jóvenes de menores ingresos.

Descargue el documento completo en PDF y consulte los detalles metodológicos, los cuadros comparativos y las recomendaciones de política pública:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/07/El-costo-de-estudiar-en-educacion-superior-y-los-programas-de-apoyo-financiero-a-estudiantes-en-America-Latina.pdf

¿Dónde está Chile? BRICS, Brasil y la estrategia fallida de Boric

Por Félix Madariaga

Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.

En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?

Una oportunidad perdida

En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.

Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.

El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS

En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.

Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.

¿Por qué para Chile es importante el BRICS?

El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.

Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.

Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.

¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.

Conclusión

La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.

Fuentes:

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=301015

https://radio.uchile.cl/2025/06/20/chile-los-brics-y-la-autonomia-estrategica/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/07/07/la-oportunidad-de-lula-da-silva-en-la-cumbre-de-los-brics-naufrago-entre-criticas-externas-y-disenso-interno/

https://www.dw.com/es/arranca-la-cumbre-de-los-brics-en-brasil/a-73177492

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250708-economia-trump-aranceles-brics-tension

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/07/gobierno-de-lula-considera-que-amenazas-de-trump-refuerzan-posicion-del-brics-contra-tarifas.shtml

Llega “Espresso Americano”, una propuesta audiovisual sobre geopolítica latinoamericana

Con una colaboración entre analistas de Chile y Costa Rica, se ha lanzado el programa Espresso Americano, una nueva iniciativa audiovisual que busca analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica e independiente. El espacio será transmitido cada quince días por YouTube y otras plataformas digitales.

La primera entrega de la serie se titula “Panamá: Si lo ves que viene, palo al tiburón”, y expone un análisis de la historia, economía y situación actual de este país centroamericano, marcado por su rol geoestratégico y las tensiones con potencias globales.

El episodio recupera la memoria del Canal de Panamá como enclave colonial de Estados Unidos, el despojo territorial a Colombia hace 122 años y la posterior ocupación militar estadounidense. También aborda las recientes protestas sociales contra reformas al sistema de pensiones, el proyecto de un embalse que afectaría territorios indígenas, la reapertura de la mina de cobre en Colón, y el memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

En su análisis, los autores —Fernando Bermúdez Kuminev y Roberto Bermúdez Pellegrin, corresponsales del multimedio Muros y Resistencia— denuncian la falta de soberanía efectiva, los vínculos con intereses financieros internacionales, y las implicaciones geopolíticas del nuevo alineamiento estratégico del gobierno panameño, que incluye el abandono de la iniciativa china de la Ruta de la Seda y la sustitución de infraestructura de comunicaciones.

A lo largo del programa se destacan elementos históricos y simbólicos, como la referencia al general Omar Torrijos, quien defendió la recuperación del canal ante la comunidad internacional: “Nunca hemos sido, que no somos ni nunca seremos, ni Estado ni Estado Asociado, ni Colonia o Protectorado”.

La propuesta audiovisual busca, según sus realizadores, “recorrer América estación por estación”, para brindar una lectura regional de las disputas actuales y reavivar la conciencia histórica y emancipadora de los pueblos latinoamericanos.

Se puede ver el primer episodio completo en: