Los caminos de la política, no son hoy como pensaban quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.
Por Fernando Ayala
Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba
La letra de la canción Los Caminos de la Vida, del compositor y músico colombiano, Omar Geles, se escucha desde el año 1993 en que fue lanzada, en muchos países de América Latina. En el caso de Chile, acompaña muchas de las fiestas de fin de año, especialmente después de la media noche, por su melodía y letra melancólica que contribuye a evocar el tiempo ido, o a los balances personales de vida. Si la aplicamos a la política, describe grandes verdades, tanto para la izquierda como para la derecha. Hoy yacen en la basura los dos proyectos refundacionales de Constitución presentados en los últimos cuatro años a los chilenos, ambos rechazados categóricamente por la ciudadanía, que no aceptó la imposición de modelos de sociedad excluyentes, que no contemplaba las aspiraciones y valores de una parte importante del país.
Lo que hoy día parece obvio para todos, no lo fue para quienes redactaron los proyectos constitucionales, que no quisieron escuchar las voces que advirtieron el carácter maximalista de ambas propuestas. Fueron cuatro años de tiempo perdido, de desgaste y acusaciones recíprocas que provocaron, finalmente, una suerte de fatiga constitucional, donde los partidos políticos y el propio gobierno han dado por cerrado el debate, por lo menos hasta el término del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2026. Los Caminos de la Política, en este caso, no han sido los que soñó él y su generación que asumieron el gobierno en 2022, convencidos de que pondrían fin al modelo ultraliberal impuesto por la dictadura militar chilena, junto con el reemplazo de la vieja guardia de políticos a los cuales denostaron, arrogándose incluso mejores valores morales.
Sin embargo, los viejos políticos hicieron posible una larga transición inconclusa aún, pero que dio estabilidad política y crecimiento económico. Por el lado de la derecha más dura, que escribió la segunda propuesta de Constitución, primaron los conceptos hegemónicos más conservadores en términos económicos y valóricos, hábilmente redactados para hacerlos pasar de manera casi desapercibida a la ciudadanía. Fue el rechazo inmediato de personalidades como la expresidenta Michelle Bachelet, quien, junto a otros políticos, dio la batalla para desenmascarar el proyecto reaccionario apoyado unánimemente por toda la derecha chilena, sin excepción. Los Caminos de la Vida se encargaron rápidamente de mostrar a la novel generación gobernante que la realidad no se cambia «como creían», sino que además de la voluntad se necesita fuerza política. La derecha chilena, acostumbrada a imponer sus ideas, se encontró con que la Constitución que «soñaron», no pasó la prueba de un país que cada vez exige más derechos sociales, mayor respeto e igualdad a las mujeres.
Cada país de la región enfrenta realidades diferentes, pero con problemas comunes como son el narcotráfico que cruza todos los países sudamericanos, la violencia que se ha apoderado de las principales ciudades, la pobreza suburbana y la concentración de la riqueza, que produce sociedades cada vez más desiguales.
Argentina está iniciando una experiencia inédita luego de la alternancia entre peronismo y el gobierno del expresidente Mauricio Macri, sucedido por un peronista que parecía más moderado, Alberto Fernández, y que terminó entregando la banda presidencial a un extremista ultraliberal de derecha, como lo es el actual presidente Javier Milei. Recibe el país con una economía con alrededor de 150% de inflación anual, una pobreza que llega al 40% de la población y un aparato estatal sobrepoblado de funcionarios, que suma un déficit fiscal de alrededor del 1,6% del PIB para el año 2023. ¿Qué podrá hacer Milei, cuyo símbolo en su campaña electoral fue una motosierra? Ha prometido cortar el gasto público a «la casta», reduciendo puestos de trabajo, ministerios, fondos de cultura y aplicando las recetas neoliberales de Chile, introducidas durante la dictadura militar de Pinochet de la cuales quedan varias vigentes. Los Caminos de la Vida ya demostraron que el peronismo no era bueno ni malo, sino que era «incorregible», como decía Jorge Luis Borges. Ahora veremos cómo lo hará Milei para gobernar la cada vez más difícil e ingobernable Argentina.
En el caso de Perú, desde su regreso a la normalidad democrática, en 1980, han pasado por la presidencia 13 jefes de Estado, lo que les da un promedio de 3,3 años de duración, ello debido a diversas causas o crisis institucionales. Desde el año 2000 a la fecha, los diez presidentes que vencieron democráticamente las elecciones, todos han tenido problemas con la justicia por temas relativos a la corrupción, y solo en los últimos cuatro años, Perú ha tenido seis presidentes, con reiteradas crisis con el Congreso.
El exmandatario Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, fue recientemente liberado, pese a los reclamos de organismos internacionales. El popular expresidente Alan García prefirió suicidarse antes que comparecer ante un tribunal; Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y está en espera de juicio; Pedro Pablo Kuczynski renunció a los dos años de mandato por acusaciones de corrupción y sobornos. El último mandatario electo, Pedro Castillo, quien asumió en 2021, alcanzó a gobernar algo más de un año con un programa muy cercano a la extrema izquierda, donde pretendió cerrar el Congreso, gobernar por decretos hasta llamar a una Asamblea Constituyente. Fue destituido y encarcelado, quedando en el cargo la actual presidenta, Dina Boluarte, primera mujer en la historia en ocupar la primera magistratura. Otra vez Los Caminos de la Vida se encargaron de mostrar a Castillo que las cosas no eran como creía.
Podríamos seguir con lo que ocurre en otros países con plena democracia de la región, como Colombia o Brasil, donde los presidentes están encontrando resistencia a la implementación de reformas profundas en algunos casos. Otros, como en Ecuador, donde se esperaba el regreso de los seguidores del expresidente Rafael Correa, cuya candidata perdió las elecciones. Bolivia, con el exmandatario Evo Morales, en guerra civil con su propio partido, y donde la Corte Suprema rechazó su apelación al «derecho humano» a ser reelegido eternamente. El drama patético de Nicaragua, bajo el cogobierno de Ortega y su mujer, o el régimen semidemocrático de Venezuela, donde el gobierno levanta reivindicaciones territoriales, amenazando la paz en América del Sur, para inflamar el patriotismo como parte de la campaña para una nueva reelección del actual mandatario, Nicolás Maduro, en 2025, quien desde 2013 gobierna al pueblo venezolano.
En definitiva, podemos afirmar que Los Caminos de la Vida, o de la política, no son hoy como pensaban, no son como soñaban ni son como imaginaban, quienes han llegado a gobernar, o lo hacen en la actualidad.
Fracasado el segundo intento de reforma constitucional en Chile, luego de tres años de un proceso que galvanizó a la opinión pública (no solo en Chile, sino también vastos sectores en el resto del continente), abundan las evaluaciones.
Para el presidente Gabriel Boric, «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». Otros dicen que los resultados expresan el descontento de la ciudadanía con las élites políticas, o que «nadie gana”, sino que “pierde la política», que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos.
Para el vocero del comando del voto «en contra» en el plebiscito del domingo pasado, el exministro Francisco Vidal, el resultado deja en evidencia que los ciudadanos rechazan «las miradas unidireccionales y de un solo lado político».
Cada uno sacó su propia conclusión, pero la mayor parte apunta en esa misma dirección. Para el exembajador y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, los chilenos se siguen ubicando en posiciones moderadas en la escala entre izquierda y la derecha. El triunfo del “en contra” –asegura– es una derrota de los extremos, que se suma a la anterior, cuando fue rechazado el primer proyecto, “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.
El 4 de septiembre de 2022, casi 62% de los votantes rechazó esa propuesta constituyente. Se convocó entonces un segundo proceso y, en mayo del 2023, una mayoría de derecha fue elegida para integrar un Consejo Constitucional encargado de presentar la nueva propuesta. Es la que fue rechazada el domingo 17 de diciembre, por casi 56% del electorado, el mismo que había rechazado la primera propuesta y que había elegido, por amplia mayoría, un Consejo Constitucional particularmente conservador.
Quizás eso es lo que lleva a los analistas a interpretar los resultados como una “derrota de la política” o una expresión de rechazo de los extremos.
La derecha y la política
Si ni el gobierno, ni la izquierda, tenían mucho que ganar en ese plebiscito, sí tenían algo que perder. Como lo señaló el senador socialista, José Miguel Insulza, “aquí no ganó ningún partido político. El país se salvó fundamentalmente de una catástrofe”. En su opinión, la propuesta constitucional en discusión era peor que la constitución vigente. La de 1980, aprobada durante el gobierno de Pinochet, a la que se hicieron diversas reformas desde el fin de la dictadura, particularmente en el gobierno de Ricardo Lagos.
La derecha, por su parte, se sentía cómoda con la constitución actual. Aunque no desperdició la oportunidad de haber logrado una amplia mayoría en el Consejo Constitucional para presentar una propuesta radical de su visión del mundo, que fue rechazada.
Los resultados del domingo 17 tienen, en todo caso, otras repercusiones para los grupos conservadores. Con sus sectores tradicionales desplazados por una derecha más dura en la conformación del Consejo, el rechazo del proyecto no fue un mal negocio para esos sectores, de cara al escenario electoral, dentro de dos años.
Habrá que ver quien paga la cuenta mayor: si el líder de los Republicanos, José Antonio Kast, que contaba con amplia mayoría en el Consejo, considerado el “padre” de la propuesta que algunos llamaban “Kastitución”; o la alcaldesa de la rica comuna de Providencia, Evelyn Matthey, que al principio no la veía con mucho entusiasmo, pero que terminó jugándose por su aprobación.
No es impensable que entre los dos se defina la candidatura de la derecha para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.
La “izquierda” y la constitución
Si la política ha quedado en deuda con los ciudadanos, habrá que hurgar un poco en la naturaleza de esa deuda. Habrá que ver si es cierto que se ensancha la distancia entre la clase política y los ciudadanos, como dicen algunos.
¡Veamos!
Para Gabriel Gaspar el rechazo a los dos proyectos constitucionales fue una derrota de los extremos. Pero si el proyecto de la derecha fue rechazado el domingo 17, la primera propuesta constituyente, también rechazada, fue otra cosa, como lo sugiere el mismo Gaspar: fue “fruto de una Convención dominada por una diversidad de grupos identitarios que perdieron de vista que se trataba de construir un pacto social de la nación”.
En un comentario reciente sobre los resultados electorales en los Países Bajos, en noviembre pasado, el economista español Juan Torres López expresaba la opinión de que la extrema derecha crecía porque las izquierdas desaparecían o perdían el norte. Un comentario que vale también –me parece– para el caso chileno, el argentino y, probablemente, para otros más.
“En lugar de centrarse en las cuestiones socioeconómicas”, decía Torres, la izquierda se divide, “dando prioridad a cuestiones identitarias y territoriales, o a decirle a la sociedad lo que es o no es políticamente correcto”.
En la primera propuesta constituyente chilena, dos grandes temas terminaron ocupando las portadas del debate, como dice la misma presentación del texto: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.
Más que las grandes reivindicaciones socioeconómicas, que condicionan realmente la vida de la gente (como el caso particularmente sensible del sistema privado de pensiones en Chile, pero, en general, el de la privatización de los servicios públicos), el énfasis estaba en la idea de la plurinacionalidad y el carácter paritario del proceso.
El resultado fue que el primer proyecto se alejó más de la política que el segundo. Y recibió un rechazo mayor de la población.
El segundo texto se centró de lleno en la política. Pero desde la perspectiva de una política tan conservadora que no logró contar con el respaldo de la mayoría, pese a los enormes esfuerzos realizados para imponerla.
Me ha parecido que la derecha tuvo, en este proceso chileno, más sentido de la política que una “izquierda” con su insistencia en un proyecto plurinacional (cuya discusión no está madura en el país), o en una propuesta paritaria que la derecha no tenía problemas en apoyar (un dirigente decía que las candidatas podrían ser todas mujeres, siempre que fueran como Margaret Thatcher, la muy conservadora primera ministra británica de los años 80 del siglo pasado). El problema no era la “paridad”, sino la posición política de esas mujeres.
Escribo “izquierda” entre comillas porque, para mí, esas cuestiones no definen a la izquierda. En lo identitario se confunden las posiciones políticas más variadas, que terminan dividiendo la izquierda, desdibujando su carácter político, desorientando su lucha. Lo que no quiere decir que, a la izquierda, en general, no le falte definir con más precisión su política en este tema.
Remezón de la política
La vocera del Comando del “en Contra”, la alcaldesa de Peñalolén Carolina Leitao, demócrata cristiana, calificó los resultados del domingo 17 como “un gran remezón para la política”. Su conclusión es que “Chile nos quiere a todos unidos”, “trabajando por un país que se preocupe de las personas más vulnerables”.
O, como decía Gaspar, “este segundo rechazo también puede ser leído como la incapacidad de las elites políticas y culturales del país para diseñar un pacto social que involucre a la inmensa mayoría de la nación”.
Para el periodista Marcelo Contreras, la inmensa mayoría de los ciudadanos no se siente interpelada por las disputas de los partidos políticos y “no puede entender que no logren acuerdos para resolver sus demandas”.
La derecha reaccionó de forma distinta: –Vamos a impedir que la izquierda insista en refundar Chile, dijo el presidente de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya. El resultado –agregó– no es un respaldo para aprobar las reformas del Ejecutivo.
¿Qué reformas son esas? Las prometidas por el gobierno de Boric en su programa de gobierno. Entre ellas la tributaria, la de pensiones, la de salud. Independientemente del resultado, dijo el presidente, “vamos a seguir trabajando por las prioridades de la gente”.
Para el presidente del senado, Juan Antonio Coloma, también de la UDI, hay que hacerse cargo de las preocupaciones de la gente: la seguridad y la economía.
Las llamadas “preocupaciones de las gentes” son normalmente esas, sobre todo la “economía” (que es la manera de manifestar preocupación por la falta de trabajo, de garantías sociales, por los bajos salarios), o la “seguridad”, tema muy presente en el debate político chileno.
Todos los políticos trabajan en lo que llaman las “prioridades de la gente”. El dilema es cómo enfrentar esas prioridades. La manera de entenderlas y enfrentarlas es lo que distingue las diferentes posiciones políticas.
En realidad, no creo en la división entre la gente y los políticos. Lo que hay es un rechazo a ciertas posiciones políticas. Las de derecha, por las razones obvias de sus intereses restringidos; la de la “izquierda” por haber abandonado los temas sustantivos de la política.
Hace dos años me decía Fernando Atria, entonces constituyente, que la forma política chilena había caducado, con las protestas de octubre del 2019, que abrieron la puerta al debate constituyente que acaba de fracasar.
“La constitución de 1980 caducó”, me dijo entonces. “La derecha cree que funciona, como si creyera que, si el proceso constituyente fracasa, vamos a volver a vivir en paz, bajo la constitución de 1980”.
Atria pensaba que iba a haber una nueva constitución, pero que también iba a seguir “habiendo política; una derecha y una izquierda con diferentes puntos de vista sobre diversos problemas”. “Es un error pensar que al momento constituyente le corresponde dar (y ganar) todas las batallas”.
Me parece que ahí es donde se abre el espacio para la izquierda (sin comillas), para la recuperación de una agenda perdida…
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
El 31 de octubre del 2023, Bolivia anunció formalmente que rompe sus relaciones diplomáticas con Israel, ante el drama absoluto al que se ve sometida la población civil palestina por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Se trata de una campaña de bombardeos intensa, sobre una zona con una alta densidad poblacional, que ya ha causado, desde el pasado 7 de octubre, la muerte de más de 8500 personas en Gaza, de las cuales más de 3500 son niños y más de 2100 son mujeres.
El último recuento (al 31 de octubre) de víctimas mortales y heridos tanto en Israel como en Gaza y en Cisjordania realizado por una agencia de Naciones Unidas está disponible de manera detallada en este enlace y refiere que:
«Since 7 October, 8,525 Palestinians have been killed, including at least 3,542 children and 2,187 women, and about 21,543 have been injured, according to the MoH in Gaza. Among the fatalities, 995 have not been identified yet, including at least 248 children«.
Cabe precisar que, de los más de 21.500 heridos palestinos, muchos de ellos son heridos graves que yacen en hospitales o refugios parcialmente destruidos en condiciones sumamente críticas, sin agua, ni alimentación, ni medicamentos, ni flujo energético, como se detallará a continuación.
El comunicado de Bolivia en breve
En el comunicado oficial emitido por la diplomacia boliviana (véase texto) se lee que:
«consecuente con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos a la vida, la libertad, la paz, el rechazo a todo tipo de tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, así como en el Derecho Internacional Humanitario, y en el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo una comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual se hace conocer la decisión del Estado Plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con ese país”.
“Exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza que han provocado, hasta ahora, miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos; así como el cese al bloqueo que impide la entrada de alimentos, agua y otros elementos esenciales para la vida, violando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario en el tratamiento de la población civil en conflictos armados”.
Es de recordar que, con ocasión de la ofensiva militar israelí terrestre en Gaza en julio del 2014, varios Estados de América Latina habían de igual forma reaccionado ante el carácter desproporcional e indiscriminado de los ataques de Israel contra la población civil de Gaza (véase nota de la BBC). En aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de escribir que:
«Un estudio pormenoriza las declaraciones y manifestaciones de los distintos jefes de Estados de América Latina a la violencia de la ofensiva militar desplegada por Israel, incluyendo el uso del calificativo de “genocidio” por parte del presidente del Uruguay, el de “masacre” por parte de la presidenta de Brasil y las ambigüedades de la posición adoptada por las autoridades de Costa Rica. En un comunicado oficial, la cancillería del Uruguay, encabezada por Luis Almagro (hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos –OEA-), no dudó en calificar de “crimen de guerra” la matanza de civiles palestinos, en agosto del 2014» (Nota 1).
En agosto de este mismo año 2014, Ecuador anunció que su Presidente cancelaba una visita oficial prevista en Israel, luego de haber llamado a consulta a su embajador en Israel el mes anterior (véase nota de la BBC de agosto del 2014).
Cabe recordar que, en el continente americano, Nicaragua rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en el 2010, a raíz del ataque de Israel a una flotilla humanitaria (véase nota de prensa de LaPrensa de junio del 2010), al tiempo que Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967. Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El Pais /España).
Las conclusiones del informe emitido por la comisión de investigación (creada en el seno de Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos – con relación a la ofensiva israelí realizada entre diciembre 2008 y enero del 2009) siguen siempre interpelando, y en particular a la luz de lo que se vive en Gaza desde el pasado 7 de octubre (Nota 2). De igual forma, en el 2014, se creó en el seno de este mismo Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación el 23 de julio del 2014, con un tablero de votación en Ginebra registrando un único voto en contra de color rojo (Estados Unidos) (Nota 3).
Una extraña sensación de «déjà vu»
Al respecto, cabe señalar que, en el pasado, ofensivas militares en Gaza realizadas oficialmente por Israel para también «eliminar a los terroristas del Hamás» han evidenciado dramáticos saldos mortíferos para la población civil palestina, muy pocamente divulgados en algunos medios de prensa internacionales:
– en el 2014, tras la ofensiva militar en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados ultimados durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen). Invitamos a nuestros estimables lectores a revisar las cifras y establecer un macabro «ratio» de víctimas palestinas por cada vida perdida por Israel.
– en el 2009, la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del este informe de Naciones Unidas). Aquí también, la misma invitación al lector es hecha con relación al precitado «ratio«.
El Anexo II (página 434 en adelante) del precitado informe sobre la operación militar del 2009 incluye la sostenida correspondencia con Israel ante su persistente negativa a cooperar con los integrantes de la comisión investigadora de Naciones Unidas.
Como dato de interés, en un reciente informe sobre los daños ocasionado en Gaza durante la única ofensiva militar israelí del 2014, elaborado por el PNUD, se estima que el monto supera los 1.700 millones de US$ al precisarse que:
«According to this preliminary assessment, the value of damages resulted by this war are estimated to reach up to $1,727,027,316″ (véase informe, p. 26).
Es probable que la respuesta militar israelí que, en estos días, consiste en «vengar» a las víctimas del 7 de octubre pasado, vuelva a condenar a gran parte de la población civil palestina de Gaza al sufrimiento y al dolor, debido a operaciones militares llevadas a cabo por Israel de manera indiscriminada y desproporcional.
El pasado 10 de octubre del 2023, la precitada comisión internacional de investigación – creada en el seno del Consejo de Derechos Humanos desde el 2021 (véase enlace) – anunció que empezaba a recabar información sobre lo sucedido desde el 7 de octubre (véase su comunicado oficial).
Una ruptura de relaciones diplomáticas en momentos en que las víctimas palestinas aumentan de forma dramática
La ruptura de las relaciones entre Bolivia e Israel se da en momentos en que las cifras sobre las víctimas en Gaza aumentan de forma dramática. Las imágenes de una población desesperada y abrumada por bombardeos incesantes, compuesta en su gran mayoría por niños y mujeres, son diarias desde que inició Israel su campaña de bombardeos en la tarde/noche del 7 de octubre.
El último estado de situaciónal 31 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial) indica el saldo siguiente desde que inició el conteo de personas fallecidas y heridas el 7 de octubre en Israel y en Gaza:
– del lado palestino, se registran en Gaza, 8525personas fallecidas y 21.543 personas heridas, a las que hay que añadir – en Cisjordania – 123 personas fallecidas y 2209 heridas; mientras que
– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como 4 muertes en Gaza (y 3 personas heridas) y una muerte en Cisjordania (y 13 personas heridas).
De manera a tener una idea de cómo evolucionan estas dramáticas cifras, el estado de situaciónal 26 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registran en Gaza, 7028personas fallecidas y 18.482 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 103 fallecidos y 1956 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como una muerte en Gaza (y 11 personas heridas) y una muerte en Cisjordania (y 3 personas heridas).
De manera a poder ver cómo evolucionan estas cifras, podemos remontar al estado de situación de hace 10 días (al 21 de octubre). El estado de situaciónal 21 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registraban en Gaza, 4385 personas fallecidas y 13.561 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 84 fallecidos y 1653 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 4932 heridas.
Así las cifras, se puede indicar que entre tan solo el 21 de octubre y el 31 de octubre, fallecieron más de 4100 personas en Gaza.
En una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizada el 30 de octubre del 2023, se leyó por parte de una alta funcionaria de una agencia de Naciones Unidas (véase texto completo) que:
«As you have just heard from [UNRWA] Commissioner-General [Philippe] Lazzarini, the situation for the more than two million people trapped in the Gaza Strip is catastrophic.
They have now endured a siege and continuous bombardment for 23 days. According to the Ministry of Health in Gaza, more than 8,000 people have been killed – 66 per cent of whom are said to be women and children. Tens of thousands more have been injured.
The scale of the horror people is experiencing in Gaza is really hard to convey. People are becoming increasingly desperate, as they search for food, water and shelter amid the relentless bombing campaign that is wiping out whole families and entire neighborhoods.
In their desperation, people have resorted to breaking into UN warehouses in search of food and water. Dehydration is an increasing concern, as is the possibility of the spread of disease and other health concerns due to unsafe water and breakdown in sewage treatment services«.
Tuvimos la oportunidad de analizar el contenido, los alcances y los pocos apoyos recibidos por Israel (y por su fiel aliado norteamericano) con ocasión de la adopción el pasado 27 de octubre por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de una resolución exigiendo una tregua humanitaria en Gaza (Nota 4). En esa ocasión, entre los 14 votos en contra que lograron reunir Israel y Estados Unidos, se registró únicamente en América Latina el voto de Guatemala y de Paraguay. En Europa, únicamente votaron en contra Austria, Croacia, Hungría y República Checa.
Chile y Colombia: llamada a consultas de embajadores
Este mismo 31 de octubre, Chile anunció haber llamado a consultas a su embajador en Israel, en señal de profunda indignación ante lo que ocurre en Gaza. Su comunicado oficial (véase enlace) se lee de la siguiente manera (reproducido de manera integral):
«Ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, el Gobierno de Chile ha resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal.
Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares – que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza – no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños.
Chile reitera su llamado a un término inmediato de las hostilidades, lo que permitirá desplegar una operación de apoyo humanitario para socorrer a los cientos de miles de desplazados internos y las víctimas civiles«.
Por su parte, leemos que Colombia ha procedido de la misma manera (véase enlace a su comunicado de prensa), externando por su parte (texto integralmente reproducido) que:
«Bogotá, 31 de octubre de 2023. El Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas, según lo reporta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El Gobierno de Colombia reitera la urgencia de un cese al fuego y la obligación que tienen las fuerzas de seguridad de Israel de observar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todas las partes están llamadas a respetar el Derecho Internacional y el DIH.
De la misma manera, el Gobierno de Colombia reitera el llamado del presidente Gustavo Petro a la comunidad internacional, para concretar de manera urgente una Conferencia de Paz que permita adelantar diálogos que hagan posible la convivencia pacífica entre ambos pueblos.
El pleno reconocimiento de los dos Estados por todas las naciones del mundo y el diálogo entre las partes deberá traer la paz a la región.
Ante esta situación intolerable, el presidente Gustavo Petro ha decidido llamar a consultas a la Embajadora acreditada en Tel Aviv, Margarita Manjarrez».
Es muy posible que, además de Bolivia, Chile y Colombia, otras cancillerías en América Latina pero también en el resto del mundo, consideren que ha venido el momento de manifestar alguna forma de repudio ante las acciones militares de Israel desproporcionadas e indiscriminadas en contra de la población civil palestina en Gaza: es el caso de Jordania, que anunció una medida similar este 1ero de noviembre en horas de la mañana (véase cable de la agencia Reuters).
La técnica de la llamada a consultas
La llamada a consultas de un embajador es un gesto político mediante el cual un Estado hace ver a otro Estado su profundo repudio, por acciones consideradas incluso como ofensivas en algunos casos.
Se trata de una técnica bastante depurada en la práctica diplomática internacional, que envía un mensaje claro que todo aparato diplomático sabe leer.
La llamada a consultas de un embajador se considera generalmente como una primera señal, abriendo generalmente un compás de tiempo para que el Estado cuyas acciones son cuestionadas ya sea rectifique, o bien aclare o bien, proceda a cambiar su actitud.
Puede constituirse en el preámbulo para acciones posteriores más significativas de muy diversa índole, en particular cuando se considera que el Estado cuya conducta originó la llamada a consulta no ha modificado sustancialmente su actuar y ha hecho caso omiso de esta primera advertencia.
Sudamérica y lo ocurrido en Israel y Gaza desde el 7 de octubre del 2023
Es de notar que tanto Chile como Colombia habían externado, como muchos otros Estados de América Latina y del planeta, su profunda solidaridad con las víctimas israelíes a raíz del ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre en territorio israelí, en términos que tuvimos la ocasión de reproducir en su momento (Nota 5).
Por su lado, este 1 de noviembre, Brasil cuyo comunicado oficial inicial del 7 de octubre también mereció ser reproducido y se encuentra en la precitada referencia, externó su profunda satisfacción por la posibilidad de poder repatriar a 34 personas (entre nacionales y familiares) desde la Franja de Gaza (véase comunicado de prensa).
Por su parte, en un comunicado de prensa (véase enlace oficial) con fecha del mismo 1ero de noviembre, se lee desde Argentina lo siguiente:
«La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados, sin realizar distinción alguna.
Nuestro país condena, por tanto, el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el cual produjo cientos de muertos y heridos. Resulta fundamental detener inmediatamente los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en especial la destinada a garantizar la provisión de servicios esenciales en la Franja de Gaza, incluidos hospitales, plantas desalinizadoras de agua y centros destinados a acoger refugiados.«
Tal como se puede apreciar, la solidaridad inicialmente externada por Estados a las familias israelíes que sufrieron el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre también ahora se extiende a la población civil indefensa atrapada en Gaza frente a la campaña de bombardeos aéreos a los que procede desde esa fecha Israel bajo el argumento de querer «erradicar a los terroristas del Hamás» ya escuchado en el 2009 y en el 2014.
A modo de conclusión
Al igual que en el mes de julio del 2014, es América Latina la que ha decidido alzar el tono con Israel ante el drama que se vive en Gaza por parte de la población civil palestina, asediada por bombardeos continuos desde la tarde/noche del pasado 7 de octubre.
Las gesticulaciones habituales de Israel (véase nota de prensa del Times of Israel que recoge reacciones oficiales al gesto de Bolivia) no deberían impresionar mayormente. Muchos aún guardan en memoria el hecho que las máximas autoridades de Israel calificaran a la Corte Penal Internacional (CPI) de «antisemita» al tramitar su Fiscalía una investigación sobre lo ocurrido en Gaza en julio del año 2014 (véase nota del mismo Times of Israel de marzo del 2021).
Es muy posible que el gesto de Bolivia así como los de Chile y Colombia, así como el comunicado de Argentina, inspiren a otros Estados, ya sea recurriendo al mismo tipo de anuncio (suspensión o ruptura de las relaciones diplomáticas o llamada a consulta de embajadores en Tel Aviv), o congelando las relaciones comerciales con Israel, o procediendo a algún tipo de sanción de otra índole, o de recriminación pública de sus máximas autoridades: ello en señal de profundo repudio por la forma con la que Israel pretende «erradicar a los terroristas del Hamás» con su ofensiva militar en Gaza.
– Notas –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «A un año del inicio de la operación “Margen Protector”: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional«, Estudios del CURI (Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales), Núm. 7/2015, p. 14. Texto integral disponible aquí.
“1891. Las pruebas obtenidas por la Misión demuestran que la destrucción de instalaciones de aprovisionamiento de alimentos, sistemas de saneamiento de agua, fábricas de hormigón y viviendas fue el resultado de una política deliberada y sistemática de las fuerzas armadas israelíes. Esta destrucción no se ocasionó porque esos objetivos presentaran una amenaza o una oportunidad militar, sino con el fin de hacer más difícil para la población civil la vida cotidiana y las condiciones de vida dignas”. Además, el informe Goldstone indicaba que: “1929. La Misión constata asimismo que las fuerzas armadas israelíes atacaron y destruyeron ilícita y arbitrariamente, sin necesidad militar, diversos bienes e instalaciones de producción o elaboración de alimentos (incluidos molinos, tierras e invernaderos), obras de agua potable, explotaciones agrícolas y animales en violación del principio de distinción. A la luz de los hechos que pudo comprobar, la Misión constata que esa destrucción se realizó con el propósito de privar de sustento a la población civil, en violación del derecho consuetudinario que plasma en el artículo 54 2) del Protocolo adicional I. La Misión constata, además, que las fuerzas armadas israelíes realizaron una destrucción generalizada de viviendas particulares y pozos y tanques de agua, en forma ilícita y arbitraria. 1930. Además de constituir violaciones del derecho humanitario internacional, esos actos arbitrarios y generalizados de destrucción contravienen las obligaciones de Israel de respetar el derecho a un nivel de vida adecuado de la población de la Franja de Gaza, que incluye los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda y también el derecho al máximo nivel posible de salud, amparados por los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Nota 3: El tablero y el detalle del voto registrado pueden ambos revisarse en la nota que se elaboró el mismo 23 de julio del 2014. El informe de dicha comisión de investigación está disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas e incluye un juego de mapas, tomas satelitales y datos estadísticos que revisten enorme interés al observarse lo que ocurre en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«, edición del 27 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ataque del Hamás en Israel y el «asedio total» anunciado como respuesta israelí: algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público«, La Revista cr, edición del 20 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.
Con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el Gobierno de ese país le entregó una medalla conmemorativa a la Universidad de Costa Rica por ser una de las instituciones costarricenses que acogieron a chilenos y chilenas en el periodo de exilio forzado y, de esta manera, generar una oportunidad para su desarrollo profesional, académico y personal. Foto: Embajada de Chile.
Influencia chilena en las aulas universitarias
El gobierno de Chile homenajeó a la UCR por acoger a parte de su población exiliada hace 50 años
“No hay mal que por bien no venga”…
…o para quienes son creyentes: “Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra existencia”.
El golpe de Estado que derrocó al presidente chileno Salvador Allende en 1973 pisoteó los derechos fundamentales de muchísimas personas y el régimen que se instauró persiguió a cuanta persona creyera como enemiga. Fue así como no pocos docentes universitarios se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana y, quienes se dedicaban a generar más oportunidades para la educación en zonas rurales, fueron asociados con ideas de izquierda, una mala palabra para las nuevas autoridades, motivo suficiente para ser encarcelado, en el mejor de los casos.
Esa situación obligó a gran cantidad de intelectuales, pensadores, artistas y personas dedicadas a la academia y a la investigación a emigrar fuera de Chile. A pesar de que las redes sociales como hoy se conocen estaban muy lejos de existir, Costa Rica se convirtió rápidamente en tendencia entre las familias que se vieron forzadas a huir, por ser un país sin ejército, con estabilidad política y buenas condiciones sociales.
Tan pronto comenzó el exilio, la Universidad de Costa Rica abrió sus puertas a la comunidad desplazada en lo que pronto se convirtió en una simbiosis de mutuo beneficio: por un lado, quienes recién llegaban “con una mano atrás y otra adelante” lograron estabilidad laboral de forma inmediata y permanente y, por otra, la Universidad dio un salto cualitativo en la docencia y en la investigación en muchas disciplinas, gracias a la incorporación de personas con alta formación académica y amplia experiencia en sus áreas de conocimiento.
Uno de ellos es el filósofo y escritor Helio Gallardo Martínez, quien pronto se jubilará, luego de cinco décadas completas de ejercer la docencia y de estimular el pensamiento crítico en sus estudiantes. Al igual que la mayoría de sus coterráneos, Gallardo tuvo que salir apresuradamente de su país luego de que los militares cerraran la universidad en la que trabajaba al sur de Chile, vaciaran su cuenta de ahorros, lo encarcelaran por algunos días sin ninguna justificación y le dijeran a su padre que no podían garantizar la vida de su hijo, lo cual se interpretaba como una sentencia de muerte.
Fue así como, primero, se trasladó a la capital, pensando que ahí pasaría desapercibido. Sin embargo, al notar el miedo imperante en su círculo más cercano de amistades, decidió trasladarse a México, donde ya había una buena cantidad de migrantes chilenos. Gracias al apoyo económico de algunos conocidos, reunió el dinero para viajar primero a Costa Rica y, posteriormente, a México. No obstante, decidió no llegar hasta su destino final porque en el país centroamericano encontró las condiciones sociales con las que muchos soñaron con Allende en Chile.
Ya en suelo nacional, por poco tiempo se dedicó a vender libros y a cuidar casas de familias amigas, porque la Universidad de Costa Rica lo contrató como profesor en 1974, gracias a la intervención de los llamados “chilenoides”, entre los que destaca al escritor Isaac Felipe Azofeifa, quien había estudiado en Chile y guardaba un gran aprecio por el país suramericano y su gente.
“Al inicio se organizaron algunas reuniones a las que llegábamos unos 25 o 30 profesores chilenos que había contratado la Universidad de Costa Rica, la mayoría varones. Recuerdo que tomamos el acuerdo de no aspirar a ningún cargo porque ya era suficiente con que la Universidad nos diera trabajo. Pero muchos no cumplieron su palabra y, tan pronto terminó la reunión, salieron a postularse a puestos de dirección”, recuerda Gallardo entre risas.
La estabilidad que Gallardo encontró en Costa Rica sepultó sus intenciones de retornar clandestinamente a Chile y, poco a poco, fue arraigando su corazón a la nueva tierra que lo recibió. Su corazón rebosa de agradecimiento al recordar la generosidad de la UCR y sus autoridades, quienes siempre cuidaron de suplirle trabajo a él y a sus compatriotas exiliados. “Lo que más se puede resaltar es el agradecimiento de la recepción y el hecho de que para el 74 ya estábamos todos trabajando acá, cosa que en Chile no lo hubiéramos conseguido”, recalcó el escritor.
Gallardo y su entonces esposa, Lilian Arriagada Morales, contribuyeron con la academia en el Centro Regional de San Ramón de la UCR (actual Sede de Occidente), al igual que Enrique Margery Peña y su esposa, Mafalda Bertoglia Richards, quienes lo hicieron desde la investigación de lenguas originarias costarricenses y la enseñanza de lenguas modernas, respectivamente. A estas dos parejas chilenas las recuerda muy bien Luis Fernando Arias Acuña, director del Centro Regional de San Ramón de la UCR entre 1973 y 1977.
“Llegar a San Ramón en aquella época era toda una epopeya, se tardaba muchísimo. Esa circunstancia, junto con la escasez de recursos, no convencía a la gente del Valle Central a trabajar en el Centro Regional. La mayoría éramos muy jóvenes y nos faltaba experiencia. Así que la llegada de los chilenos la vimos con muy buenos ojos, porque nos abría la oportunidad de consolidar y mejorar académicamente en un Centro Regional que estaba dando sus primeros pasos”, recordó Arias.
Y así fue. Helio, Lilian, Enrique y Mafalda invirtieron alma, vida y corazón en el incipiente proyecto de regionalización universitaria que había iniciado la Universidad de Costa Rica tan solo cinco años antes del golpe de Estado en Chile. A falta de una estructura y una normativa que definiera con claridad los objetivos de lo que posteriormente se llamó Centro Universitario de San Ramón, Arias tuvo en las dos parejas chilenas una asesoría de altísimo nivel para darle un norte a la primera sede regional de la UCR, en vista de que ambas ya contaban con amplia experiencia académica y de investigación en universidades chilenas de gran trayectoria.
“Nombré a Enrique Margery como coordinador de investigación porque esa era su pasión y tenía mucha experiencia de esa índole en el campo de la filología y la lingüística. Se interesó mucho en las lenguas originarias amerindias y creo que es la persona que más ha incursionado en ese campo, junto con Adolfo Constenla. Ambos hicieron de su quehacer un campo fenomenal, de crecimiento intelectual y una ayuda de conocimiento para el país de lo que son los ancestros filológicos de la gente originaria de Costa Rica”, resaltó el exdirector de la actual Sede de Occidente de la UCR.
La actividad también sirvió para inaugurar una exposición del pintor chileno Julio Escámez, quien también vivió su exilio en Costa Rica. De acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos, 50 personas de origen chileno han laborado para 35 distintas unidades dentro de la Universidad de Costa Rica desde 1997. Este número podría ser mayor si se incluyen a las personas que salieron del sistema antes de ese año. Foto: Embajada de Chile.
Adicionalmente, Margery y Bertoglia contribuyeron a concretar proyectos que pusieron a San Ramón en el radar de la educación superior costarricense, como un laboratorio de idiomas de última generación, el primer circuito cerrado de televisión, el mejoramiento de los laboratorios y adquisiciones estratégicas para la biblioteca.
Años más tarde y sin abandonar la docencia y la investigación, ambas parejas se trasladaron a ejercer otros cargos en la sede Rodrigo Facio de la UCR, donde coincidieron con otros exiliados chilenos, ya fuera como colegas o como estudiantes. Este fue el caso de Ximena del Río Urrutia, una chilena que arribó al país a sus 13 años, pocos meses antes del asalto al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile en 1973.
“Conocí a la gente chilena que llegó con el exilio hasta que entré a la U en el 76. Ahí conocí a Helio Gallardo y tuve profesores como Enrique Margery y Gastón Gainza, entre otros. Pero vino gente no solo de Letras, sino también de Ciencias Sociales, de Salud Pública, de Biología, de Teatro, de Danza. La mayoría de ellos ya eran profesores universitarios que les vino muy bien ser contratados por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Nacional porque pudieron continuar desempeñándose en la academia. Prácticamente, en todas las áreas hay algún chileno de los setenta detrás que impulsó, que abrió y que tuvo un efecto positivo en la gente”, subrayó del Río.
La hoy profesora jubilada de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura considera que el cálido recibimiento que Costa Rica le dio a la comunidad chilena exiliada obedeció a una larga y positiva relación entre ambos países, vínculo que se ha mantenido en el tiempo y que ha permitido la llegada de nuevas generaciones de docentes a lo largo de cinco décadas, como el caso de Adrián Vergara Heidke, quien se radicó en el país por razones familiares entrado el siglo XXI y ahora se desempeña como docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura e investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas.
Para Vergara, la huella que han dejado sus compatriotas en la Universidad de Costa Rica le ha permitido gozar de un excelente recibimiento y acogida por parte de la comunidad nacional y universitaria. Sin embargo, también es consciente de la responsabilidad que ello implica al tener que honrar el legado de sus antecesores y verse en ellos como en un espejo.
“Eso lo obliga a uno a seguir los mismos pasos, a exigirse y a entregar. Algo que ellos hicieron, y que considero muy importante, fue entregar las cosas a Costa Rica: su conocimiento, su experiencia, su trabajo, no en una visión egoísta de aprovecharse personalmente de la oportunidad, sino de entregarse a la universidad, a los colegas, a los estudiantes y al país. Esa fue la medida que dejaron para quienes llegamos después”, enfatizó el investigador.
De aquel grupo inicial, Vergara resalta su pensamiento crítico, su energía y su proactividad en la generación de conocimiento y en la ejecución de proyectos novedosos. De acuerdo con el docente, estas características nutrieron y reforzaron el papel social y académico de la Universidad de Costa Rica.
Esa entrega total es la que María Bonilla Picado, exdirectora de la Escuela de Artes Dramáticas, recuerda de Sara Astica, actriz chilena de gran trayectoria que laboró como docente en esa misma Escuela. De ella, resalta que su talento siempre lo acompañaba con muchísimo trabajo, con una férrea disciplina y con un respeto absoluto al trabajo de actores, directores y diseñadores en el escenario, cosas que solo se pueden transmitir a los estudiantes mediante el ejemplo, con una práctica constante en cada ensayo, en cada clase, en cada función, en cada temporada.
“Era una mujer de una ética muy sólida y con una convicción ideológica, política y social importante. Ella entendía que hacíamos teatro también para comunicarnos, para expresar nuestras dudas sobre las cosas que estábamos viviendo, para rescatar hechos históricos, para denunciar problemáticas sociales y eso se lo transmitió y se lo aportó a los estudiantes, a sus compañeros y colegas”, apuntó Bonilla.
Y así como los casos aquí reseñados de Gallardo, Margery, Arriagada, Bertoglia, del Río, Vergara y Astica, existen muchísimos más que han dejado una huella profunda, más que en la academia y en la investigación, en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlos, porque más allá de generar conocimiento, se dedicaron a sembrar vida, con lo que sí dieron un golpe definitivo, pero un golpe a la muerte que en algún momento los asedió.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, recibió la medalla conmemorativa a nombre de toda la Institución. Foto: Embajada de Chile.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Parecía que la había: una derecha democrática. “Pero era porque tenían el control, el poder de veto”. “Cuando vieron que la democracia podría permitir a otros tomar el control, entonces estuvieron contra la democracia”, dijo Fernando Atria.
Estoy otra vez sentado con Atria, abogado constitucionalista, exconstituyente, en su casa, en Santiago, en una conversación que se prolonga ya por seis años. El mismo hilo conductor de siempre.
La forma política chilena caducó el 18 de octubre del 2019, cuando estallaron las enormes protestas por un aumento del transporte público, que luego se transformaron en un verdadero estallido social, me dijo en mayo del 21, cuando integraba la Asamblea Constituyente.
Tres años antes, cuando aspiró, sin éxito, a una curul en la Cámara de Diputados –y Sebastián Piñera lograba su segundo mandato presidencial– me habló de un cambio de época en la política chilena, desde las protestas del 2011. Percibía el país sometido a una forma de gobierno incapaz de producir las transformaciones significativas que le hacían falta.
Una crisis sin solución
–Hace seis años, en 2017, me dijo Ud. que había un “cambio de época” en la política chilena. Pero que las demandas de impugnación del modelo neoliberal no podían ser satisfechas sin una nueva constitución. Se avanzó en esa dirección, pero creo que poca gente se imaginó que llegaríamos al punto actual, con el proceso constituyente en manos del pinochetismo. ¿Qué sigue?, le pregunté, en vísperas de las conmemoraciones de los 50 años del golpe contra la Unidad Popular, cuando la elaboración de una nueva propuesta de constitución entraba en su fase final.
“Sigo creyendo que Chile necesita una transformación y que la constitución lo impide”, dijo Atria. “Esta situación, lo que produjo fue una progresiva deslegitimación, hasta que estalló el proceso. Solo entonces se abrió la posibilidad de una transformación de verdad. Esa posibilidad fracasó y no se va a realizar ahora. Una de las razones es porque llegó demasiado tarde. La crisis va a quedar sin solución”.
En un Consejo Constitucional de 50 miembros, la derecha tiene una amplia mayoría. Solo los republicanos, de José Antonio Kast, tienen 22 representantes, a los que se suman los seis de la UDI y cinco de Renovación Nacional-Evopoli. A partir del 16 de septiembre han venido votando (y aprobando) prácticamente todas las reformas que el grupo ha hecho al texto más consensuado que un Comité de Expertos había preparado.
“Quienes controlan la mayoría en ese proceso están convirtiendo su proyecto de Constitución en una fuente de odio sectario y mezquindad”, dijo el 21 de septiembre pasado elrector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. “Lo que se ve en el Consejo es un pantano en el que se revuelcan personajes mediocres”.
Al final, el 17 de diciembre, los chilenos deberán acudir de nuevo a las urnas para aprobar o rechazar el texto que les presenten, cuya radicalidad ha empezado a crear incomodidad en sectores de la misma derecha.
A 50 años del golpe
–Visto a 50 años de distancia del golpe, pareciera que Chile necesita retomar el rumbo de reformas interrumpido por la dictadura. La hija de Allende, la senadora Isabel Allende, reivindicó la obra de su padre y el programa de la Unidad Popular en su discurso del 11 de septiembre. La derecha respondió a ese programa con un golpe, que lo ha puesto entre paréntesis durante estos 50 años. ¿No le parece que hace falta retomar ese hilo político?, le pregunté a Atria al iniciar nuestra conversa.
“Sí, desde luego. Hay que retomar el hilo. Continuar la construcción de ese Estado social es lo que Chile necesita”, me dijo. Pero no es el 12 de septiembre del 73, agregó. El programa de Allende, la experiencia de la UP, hay que verlos en el contexto del desarrollo chileno en el siglo XX. En la década de los 60, en el gobierno de Frei (64-70), hubo un intento por redefinir el rol de la propiedad, la presencia del Estado de la economía. Eso tiene que ver con la propiedad como una forma de redistribuir el poder y fue explícito en el caso de la reforma agraria”.
La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Alende, recordó ese proceso histórico al hablar en La Moneda, el 11 de septiembre.
“Mi padre transitó todo Chile, recorrió en más de la mitad de su vida el país, desde la cordillera y los valles al mar, desde el desierto hasta los hielos patagónicos. Representó en el Congreso al norte, centro y sur como diputado y senador; y en sus cuatro campañas presidenciales escuchó las voces de miles de personas e instó a la construcción de movimientos sociales amplios, diversos, plurales”.
“En esos años, el 60% de las familias percibía el 17% de los ingresos del país, mientras que 2% de las familias controlaba el 46% del ingreso nacional. La mortalidad infantil superaba los 200 fallecidos antes de un año por cada mil nacidos vivos, la pobreza era brutal y, por supuesto, multidimensional”.
El gobierno de la Unidad Popular recogió su pensamiento, recordó. “Más allá de sus dificultades y errores, redistribuyó la renta, aumentó significativamente el sueldo mínimo, las pensiones, democratizó el crédito, nacionalizó las principales riquezas naturales del país, profundizó la reforma agraria, combatió la desnutrición, abrió espacios de participación para la toma de decisiones, duplicó el descanso postnatal, estableció igual salario para hombres y mujeres que trabajaran en el Estado, incrementó las becas y programas especiales para trabajadores y para mujeres en las universidades, promovió la cultura, la lectura, desarrolló la medicina social, le dio un par de zapatos a todos los niños que no los tuvieran, entre muchos otros logros”.
Lo que sucedió en Chile en aquellos años, dijo Isabel Alende, “pasó a ser parte de la historia de vida de millones de ciudadanos que se sintieron interpelados y se movilizaron de muchas formas, inspirados por Allende”.
Hoy esa derecha busca tergiversar los hechos para culpar a la UP y al Presidente Allende del golpe de Estado. Pero los verdaderos responsables –agregó– “fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Y, sin duda, quienes los ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que el país vivía”.
Democracia y derechos humanos
La historia nos muestra que estos 50 años de la historia de Chile han sido 50 años de lucha por retomar un hilo que el golpe de Estado cortó. Una lucha que no se interrumpió nunca, ni siquiera cuando las condiciones eran las más dramáticas y todo parecía imposible.
Lo había dicho Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con la represión, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. A ese camino me parece que hacían referencia Atria e Isabel Allende.
Boric prefirió hablar de democracia y derechos humanos. No es que a Atria y a la senadora Allende el tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.
Le pregunté a Atria si la reivindicación del presidente de promover los derechos humanos “sin anteponer ideología alguna” no lo termina alineando con una política conservadora que ha sido el fundamento de la violación de esos derechos, en Chile y en América Latina. Aliado, además, a lo más conservador en la región. ¿Es ese el camino para la defensa de los derechos humanos?, pregunté.
Se toma un tiempo …piensa… y me dice: Sí y no… “No creo que una política internacional pueda definirse por el tema de la incondicionalidad de los derechos humanos. Pero, con independencia de al lado de quien termine Boric, hay un valor en la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos”.
Se toma un tiempo nuevamente… “Latinoamérica necesita tener una izquierda cuyo compromiso democrático sea fundacional. Que permita compensar el daño que a la izquierda latinoamericana ha causado la situación de Venezuela y Nicaragua”.
Y agrega: “Pero en política no es indiferente el lado donde uno termina.
En su política orientada a constituir una izquierda latinoamericana, el gobierno no ha tenido el empuje que yo esperaba”.
Hay que leer los discursos de Boric: el del 11 de septiembre, el de Naciones Unidas, y el de la OEA, al inaugurar la puerta Salvador Allende. “La democracia es el único camino para avanzar hacia una sociedad más justa y humana y es, por lo tanto, un fin en sí mismo”, dice Boric. Se trata de “una construcción continua, es una historia de nunca acabar”.
Es difícil encontrar asidero en la historia para afirmaciones como esas. La misma indefinición del concepto de “democracia” permite sus más variados usos. En una reciente reunión de la derecha más rancia, latinoamericana y española, celebrada en Argentina, se decía que la “democracia” es el único sistema “capaz de garantizar la libertad, el progreso, la justicia y la sustentabilidad”.
Casi al mismo tiempo se reunían en Roma, el pasado 20 de septiembre, más de 140 académicos de 15 países en un seminario chino-europeo sobre derechos humanos con el título de “Modernización y Diversidad de los Derechos Humanos entre civilizaciones”.
Boric habla “a las nuevas generaciones, a las que crecieron o nacieron en democracia y que, por lo tanto, la dan por hecho”. ¿Qué les dice? Dice que los problemas de la democracia siempre deben resolverse con más democracia y nunca con menos. Que “los derechos humanos son una base ética e irrenunciable elección política”, que no tienen color político, que deben ser promovidos y defendidos en todo tiempo y en todo lugar, que su condena debe ser clara, “sin importar cuál sea el color del gobierno que los vulnere”. Asegura que no pretende “entregar recetas ni dar lecciones nadie”.
Naturalmente, nada de eso es posible. ¿Qué va a hacer si Estados Unidos no hace ningún caso a sus exigencias de que ponga fin a las ilegales sanciones a países como Venezuela y Cuba (a la que tiene sometida a drásticas medidas hace más de 60 años, condenadas prácticamente por la unanimidad de la Asamblea General de Naciones Unidas)? ¿Puede hacer algo? ¿Irá por el mundo repitiendo su condena? Apunta particularmente al gobierno de Nicaragua. Antes lo había hecho con el de Venezuela. ¿Tratará por igual las violaciones a los derechos humanos de los Estados Unidos (que ni siquiera es miembro de los organismos interamericanos de derechos humanos, como la Convención o la Corte) y las que denuncia en otros países?
Nada de eso tiene sentido. No es posible tratar el tema de los derechos humanos (si se pretende avanzar en algún sentido) sin considerar circunstancias políticas, el escenario histórico. O sea, transformar los principios en políticas activas e inteligentes para avanzar en la solución de los problemas. Esa capacidad de aplicar los conceptos generales a las situaciones concretas es una cualidad escasa, indispensable para cualquier político.
Al final, Boric termina entregando recetas y dando lecciones. Termina alineado con lo más conservador de Latinoamérica, sin poder resolver un desafío al que se enfrenta cualquiera que pretenda hacer política: transformar los principios generales (en los que están de acuerdo un vasto espectro, de derecha y de izquierda), en aplicación práctica de esos conceptos. Ha renunciado a esa tarea. Le basta con un concepto general, una idea que nos hace recordar la introducción de Atria: Parecía que había una derecha democrática. Pero era porque tenían el control, el poder de veto.
Rechazo de la derecha
Consecuente con esa visión, Boric persigue un alineamiento político que se ha revelado imposible en Chile. A sus intentos unitarios, la derecha replicó leyendo nuevamente en el congreso la polémica resolución del 22 de agosto de 1973, en la que sentaron las bases para el golpe de septiembre, desatando una respuesta airada de los parlamentarios que representan, de algún modo, lo que puede considerarse como fuerzas cercanas al proyecto de Allende. En su texto, la derecha responsabiliza a Allende de la ruptura institucional, como justificativa para el golpe.
Hace tan solo un mes, en agosto pasado, el general Ricardo Martínez, excomandante del ejército, publicó un texto modesto y polémico, de 140 páginas, titulado “Un ejército de todos”, de notable importancia política. Ahí redefine el papel del ejército en escenarios políticos turbulentos, entre ellos el del período de la Unidad Popular. En los últimos 50 años, afirmó, “una sucesión de hechos relevantes involucró al Ejército”. Pero ninguno tuvo más importancia para la vida de la nación y para sus ciudadanos que “el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el que asumió el comandante en Jefe del Ejército como presidente de la junta de gobierno”.
El general Martínez reivindica el papel de dos de sus antecesores en el mando del Ejército, los dos asesinados por conspiraciones civiles y militares de la derecha: el general René Schneider (en cuyo asesinato –asegura– participaron civiles y militares en servicio activo, con el apoyo de la CIA), y el del general Carlos Prats, antecesor de Pinochet en el mando del Ejército. Asesinato de Prats y su esposa, en septiembre de 1974, en Buenos Aires, donde había buscado refugio después del golpe. Un crimen “cobarde, cruel y repudiable”, dice el general Martínez, “una vergüenza institucional”.
No es posible extenderme aquí en las reflexiones de un libro lleno de lecciones, que me parce mucho más útil para aplicar una política de derechos humanos al caso de Chile que la reiterada reivindicación de una idea, sin asidero en el análisis de lo concreto. Pienso, por ejemplo, que, si Boric hubiese invitado al general Martínez a acompañarlo en La Moneda, en el acto del cincuentenario del golpe, habría enviado un mensaje de unidad mucho más lúcido y potente a los ciudadanos que su discurso reiterado de consignas.
“Se ha intentado invertir las responsabilidades sobre la tragedia que vivimos todos durante los largos 17 años más oscuros de nuestra historia”, denunció en su discurso la senadora Allende. “Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos”, afirmó.
Ese escenario político dejó claro que la consigna del “nunca más” –repetida hasta el cansancio– no es más que un deseo, pero que no le da a los chilenos orientación alguna para conseguirlo. Para lograrlo solo hay dos caminos: o se renuncia a todo cambio significativo en el país, para que esa derecha no se sienta amenazada; o se crea la fuerza política necesaria para promover esos cambios, sin que otro golpe pueda evitarlo. Pero la consigna, vacía de contenido político, contribuye poco –o nada– al logro de lo que aspira. Lo mismo que una concepción vaga de la democracia no deja orientación alguna para una población ávida por conquistarla.
Quizás todo esto tenga mucho que ver con las dificultades para celebrar los 50 años del golpe de Estado, sin que ningún objetivo político –sustituidos por los buenos deseos del presidente– haya convocado a la población a retomar el sendereo perdido.
Una puerta errada
La celebración del cincuentenario coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, hacia donde el presidente chileno viajó una semana después.
Ahí reiteró su discurso:
los problemas de la democracia se resuelven con más democracia; los derechos humanos no tienen color político… Criticó las sanciones que Washington impone a Cuba y Venezuela. No habló de las aplicadas contra Nicaragua.
Pero el acto final del cincuentenario estaba aún pendiente. Se celebró en la sede de la OEA, en Washington.
Boric destacó, en su página de “X”, que la OEA había nombrado su puerta principal en homenaje al expresidente Salvador Allende, junto a 32 países que se adhirieron a esta decisión”. Y posó, dándole la mano, al secretario general de la OEA, bajo un hermoso tapiz con la imagen del presidente Allende.
50 años después, la idea de transformar la imagen de Allende en una puerta en la OEA me parece infeliz… Es inevitable comparar con otra puerta –tan recordada en estos días–, la de Morandé 80, por donde fue sacado el cuerpo del presidente Salvador Allende.
La imagen de esa puerta (que Pinochet mandó clausurar), llenó de recuerdos –y de lecciones– a los chilenos.
¿Qué lección nos deja la puerta Salvador Allende de la OEA, inaugurada por un secretario general comprometido con el golpe de Estado en Bolivia, en una institución cuyo desprestigio no puede ser mayor en América Latina?
La OEA no merece esa puerta, ni Allende ese escarnio.
Se informa que el pasado lunes 11 de septiembre del 2023 alrededor de las 22:40 ocurrió un altercado en el lugar de la La Victoria en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar.
Se describe lo siguiente:
[…]un carro lanza gases lacrimógenos modelo sandcast se detiene frente a un grupo de pobladores que observan la manifestación en departamental y sin mediar provocación alguna desde el interior del carro disparando una escopeta a quemarropa, hiriendo a dos personas, una de ellas impactada en su ojo derecho.
A razón de esto, los firmantes señalan los siguientes puntos:
El reclamo hacía las medidas poco democráticas que el gobierno de Gabriel Boric está ejecutando medidas represivas sobre la ciudadanía.
Rechazo a las declaraciones del subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás quienes pretender tapar el accionar de carabineros, negando que hubiesen tenido participación.
Exigen la renuncia del Subsecretario Manuel Zacarias Monsalve Benavides y del general de carabineros Enrique Monrás.
Exigen la abolición de la ley Ley Nº 21.560, conocida como ley Nain-Retamal promulgada por el presidente Gabriel Boric, ley que permite el abuso de las policías e impunidad ante hechos criminales. Además, de insistir en la investigación y sancionamiento de los carabineros involucrados en tal hecho.
Finalmente, se había convocado a una marcha frente al Palacio de la Moneda el pasado viernes 15 de septiembre a las 18:30 en exigencia de justicia por la víctima y todas aquellas víctimas de trauma ocular que hasta el presente no tienen justicia.
Los firmantes de esta denuncia son: el colectivo de DDHH Moisés Marilao Pichun, familia y amigos de Dennise, el Observatorio de DDHH Nido Dignidad.
Siempre he llevado en mi militancia de izquierda dos recuerdos o anécdotas relacionadas con el gran Víctor Jara.
La primera es de cuando con un grupo de estudiantes del Colegio de Golfito lo fuimos a ver tocar y cantar en aquel viejo cine de Neily. Inenarrable esa experiencia, rodeados de los curtidos obreros bananeros. Yo era presidente del gobierno estudiantil y coordinamos con la UTG nuestra presencia.
La otra fue cuando poco después protestamos contra el golpe de estado de Pinochet, frente a la embajada de Chile, que recuerdo estaba ubicada por el sector de San Pedro, pero no preciso exactamente el lugar. Víctor ya estaba preso en el Estadio Nacional de ese país.
En la marcha en San José éramos un grupo grande de muchachos de la UCR y algunos de nosotros militantes del FEP/MRP.
Vanesa Monge (QEPD) se colocó junto a mi cuando nos acercábamos caminando a la embajada. Tome, me dijo, y sacó dos buenas piedras del bolso que andaba. Acaté inmediatamente, no necesitaba instrucciones y me adelanté y me acerqué más a la embajada, que era de dos pisos con grandes ventanales.
Toda mi vida he venido recordando, como en cámara lenta, cuando tiré con mucha furia la primera de las dos piedras. La veo cuando alza vuelo y va de camino rauda y cuando quiebra los vidrios. Está muy nítido en mi memoria. Inmediatamente tiré la segunda piedra.
Durante dos o tres segundos los manifestantes no reaccionaron, pero muy rápido uno a uno todos los demás ventanales iban cayendo. Fue una protesta justa, y recuerdo que sentíamos que era lo mínimo que podíamos hacer contra un golpe de estado asesino, que tanto conmocionó al mundo, hasta hoy.
Cincuenta años después sigo lamentando que la solidaridad internacional no lograra rescatar a Víctor. Es un dolor profundo que nos sigue oprimiendo.
Es difícil ahora comprender por qué y cómo un grupito de muchachos de un colegio rural como el de Golfito nos identificamos tanto con Víctor. Teníamos una idea precisa de quién era, sin el menor atisbo de Internet y redes sociales, sin teléfonos celulares. La UTG y los compañeros del PVP y la Jota nos mantenían bien informados.
Cantábamos sus canciones con nuestras guitarras y así las transmitíamos de boca en boca. Te recuerdo Amanda luego fue como un himno, y no nos cansábamos pocos años después, ya en San José, de pedirle a José Acedo que la interpretara. Junto a Desalambrar y muchas otras se nos metió tanto dentro de nuestro ser que hoy en día se nos hace difícil terminar de cantarlas, porque nos gana la nostalgia y el dolor.
Con cada lucha que dimos cantábamos las canciones de Víctor, en las calles de Golfito en las tres huelgas pidiendo recursos para el colegio, en las montañas en solidaridad con los dirigentes campesinos hermanos Barroso, en lo profundo de los bananales del sur, la práctica de la lucha estudiantil, obrera y campesina con las canciones se convirtió en una escuela inolvidable. Práctica y teoría.
Los 44 balazos de alto calibre con que la turba milica chilena cobarde asesinó en el estadio a Víctor Jara, jamás será redimida con la condena reciente a 25 años de cárcel de esos siete cobardes soldados. Uno de ellos se suicidó.
Pero nos conforta un poco saber que 50 años después de la tragedia a Víctor Jara se le recuerda. Y así será a través de cada lucha que demos, pequeña o grande. Por eso seguimos diciendo:
En la alborada de la década de los setenta del siglo XX, se inició un experimento inédito en Chile. No tendría significación solo en América Latina, sino en el mundo entero, puesto que nunca se había concretado nacionalmente una lucha social pacífica, por la vía electoral, que se hubiese planteado un rumbo socialista.
Se puede estar de acuerdo o no con el propósito definido por aquel conglomerado social que apoyó políticamente a la Unidad Popular chilena, pero no cabe duda de que estaba dentro de las directrices y reglas de la democracia occidental, tal como la conocemos desde hace más de 200 años. En otros términos, lo que estaba en boga en Chile, no era otra cosa que la “voluntad popular” que se concretó en favor de la “Unidad Popular “, encabezado el proyecto por la figura de un hombre, el Dr. Salvador Allende Gossens revestido de una férrea voluntad por cumplir con su pueblo el compromiso estratégico de instaurar el socialismo por la vía democrática; pero, al mismo tiempo era dueño de un carácter conciliador, un proceder flexible y maneras educadas en el trato con los demás. Una simbiosis rara, que configuró una personalidad única e inigualable, lo que le permitió obtener un gran prestigio y calado en los diferentes sectores de la sociedad.
Por esa personalidad tan peculiar, Salvador Allende, proveniente del partido socialista chileno que contribuyó a fundar en 1933, se constituyó en el arquitecto del proyecto unitario denominado Unidad Popular (UP), por encima inclusive del gran poeta universal Pablo Neruda, quien representaba al partido comunista de Chile y con quien compitió para ganar la candidatura dentro de ese conglomerado político que fue la UP. Allende había sido candidato a la presidencia de la República en tres oportunidades anteriores (en las elecciones de 1952 frente a Ibáñez, en las de 1958 frente a Jorge Alessandri, y finalmente en las de 1964 contendiendo a Frei Montalva); Allende hizo todo ese duro recorrido político antes de alcanzar el triunfo electoral en las elecciones de 1970, para ser investido como presidente Constitucional el 4 de setiembre de este año.
Adicionalmente, para poder alcanzar el solio presidencial, fue necesario establecer antes un acuerdo con la Democracia Cristiana chilena, que gozaba de la mayoría parlamentaria. Con ella se acordó la elección de Allende por el Congreso de la República, ya que había obtenido la primera mayoría, el 36% del total de los votos emitidos, pero este porcentaje resultó insuficiente para alcanzar de manera directa la nominación presidencial. Fue necesario que los partidos de la UP y el propio Allende firmaran un “Estatuto de Garantías Democráticas”, incorporado a la Constitución Política por medio de una reforma. Tras este acuerdo vital, el Congreso Pleno lo proclamó presidente de Chile, el 24 de octubre de 1970; entonces sí, fue nominado mediante una lujosa mayoría de 153 sufragios, contra únicamente 35 del expresidente Jorge Alessandri y 7 votos en blanco. (Cfr. Reseña biográfica Salvador Allende Gossens. “Salvador Allende Gossens, presidente de la República de Chile.” Bcn.cl).
Fue de esta manera que se consagró como lo acabamos de expresar, por vez primera en la historia del mundo occidental, la elección de un presidente marxista a la presidencia de La República, por medio del voto popular en unas elecciones libres. Allende y la Unidad Popular, comenzaron a cumplir meticulosamente con el programa con el que se habían comprometido, sin alterar ni en un ápice, el “Estatuto de Garantías Democráticas” acordado en el Congreso. Primero vino la aprobación de la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, que contó con el apoyo de la UP, de la Democracia Cristiana y hasta de algunos sectores de la derecha, ubicados en el partido de Alessandri. En segundo lugar, se acentuó la redistribución del ingreso y la reactivación económica; enseguida se acometió la tarea de avanzar rápidamente en la expropiación de grandes latifundios con la legitimidad que daba la Ley de la Reforma Agraria, aprobada durante el gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), pero que en ese gobierno no caminó por falta de voluntad política y temor a las amenazas de los terratenientes. Fue así como se constituyó el área de propiedad social de la economía, todo dentro del orden democrático y de la Constitución Política.
En el campo de las relaciones internacionales, el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende G. forjó un nuevo sistema de alianzas, comenzando con el restablecimiento de relaciones con Cuba y enseguida continuó forjando amplias relaciones con los países del entonces llamado “campo socialista”.
Todo lo anterior se dio en medio de las más brutales acechanzas por parte del gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Richard Nixon y teniendo como su asesor para temas de seguridad nacional a Henry Kissinger, quien fuera el principal responsable de orquestar una gran conspiración fraguada por la CIA, para debilitar e intentar aislar internacionalmente al gobierno chileno. Advierto que soy muy escéptico con respecto a las teorías de las conspiraciones; sin embargo, la anterior afirmación está sustentada en la desclasificación de los archivos de la CIA, lo que se produjo por primera vez en 1975. En la siguiente cita el periodista Peter Kornbluh, reconstruye paso a paso cómo se urdió el complot. En la parte introductoria el periodista escribió: “El 15 de septiembre de 1970, hace exactamente 50 años, Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó una intervención directa y soterrada para evitar que Salvador Allende llegara a La Moneda o, de no ser posible, derrocarlo. Para esto se planearon diversas fórmulas –incluyendo presiones sobre el presidente Frei Montalva– que quedaron registradas en documentos secretos.” A continuación, comienza el documento con esta notable cita: El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de veinte minutos en la Oficina Oval (en la Casa Blanca, EE. UU.) entre las 3:25 pm y las 3:45 pm, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA fomentar un golpe de Estado en Chile. Según notas escritas a mano por el director de la CIA, Richard Helms, Nixon entregó instrucciones explícitas para prevenir que el recién elegido presidente de Chile, Salvador Allende, asumiera su mandato en noviembre. O para crear condiciones para derrocarlo si lo hacía. “Una oportunidad en 10, tal vez, pero salvar a Chile”, “No le preocupan los riesgos que involucre”, anotó Helms, tal como aparece en sus manuscritos hoy desclasificados, mientras el presidente (R. Nixon) exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. «Trabajo de tiempo completo: los mejores hombres que tenemos «. «Hacer que la economía chille «. (Cfr. Este artículo corresponde a una traducción de ‘Extreme Option: Overthrow Allende’, publicado originalmente en la página del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de The George Washington University, Estados Unidos. https://www.ciperchile.cl/2020/09/15/documentos-desclasificados-de-eeuu-registraron-la-genesis-de-la-instruccion-de-nixon-para-derrocar-a-allende/).
Como en un inicio no pudieron ejecutar la maniobra acordada del derrocamiento del gobierno Constitucionalmente electo, a pesar de haber perpetrado también como parte de la estrategia, urdida con el apoyo irrestricto del gobierno de Nixon, el crimen llevado a cabo por un grupo de ultra derecha del jefe de las Fuerzas Armadas, general René Schneider Chereau, leal al gobierno Constitucional recientemente elegido, aprovecharon por fin una coyuntura de severa crisis económica entre 1972 y 1973, para alimentar el sabotaje de la economía, desabastecer los supermercados, y finalmente apoyar el paro de los transportistas que se produjo desde el día 9 de octubre de 1972, y se prolongó hasta el 5 de noviembre del mismo año. Este paro, que sorprendió a Chile, fue apoyado inclusive económicamente por los gremios empresariales de Chile (no en vano se le denominó “el paro de los patronos”), contó además con el auspicio directo de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y fue un factor clave para desestabilizar al gobierno y crear las condiciones propicias para el “Golpe de Estado”, que se produjo finalmente el 11 de setiembre de 1973 y culminó con el derrocamiento de Salvador Allende. (Cfr. Rojas, Susana (8 de junio de 2003). “El Paro que Coronó el Fin o la Rebelión de los Patronos”. El Periodista. web.archive.org).
Lo que siguió, fue un baño de sangre que enlutó a la nación suramericana, asesinatos en masa, desapariciones, cadáveres lanzados al mar y vejaciones contra toda aquella persona que le pareciera a la “cruel dictadura de Pinochet”, que era un enemigo. La palabra “enemigo” vino a sustituir a la de “Ciudadano o Ciudadana”. Muchos patriotas debieron abandonar Chile huyendo al exilio, para evitar su encarcelamiento o desaparición. Costa Rica fue un testigo de excepción, porque aquí acogimos a cientos de chilenos inmigrantes, que por cierto contribuyeron decisivamente a desarrollar la Universidad Nacional (UNA), acogidos por el propio rector Benjamín Núñez y por toda la comunidad de académicos, estudiantes y personal administrativo. También hicieron un enorme aporte la cultura, al teatro, las artes y la música en general, y descollaron en muchos otros ámbitos de la vida nacional. Grandes amigos para toda la vida forjamos algunos de nosotros como consecuencia de aquella inmigración.
La brutalidad, el latrocinio, la ilegalidad de aquella dictadura inmisericorde encabezada por Pinochet, es deseable que nunca más pueda reaparecer en ninguna parte, que nunca se puedan volver a pisotear los derechos humanos de la manera tan desabrida como se dio a partir del 11 de setiembre de 1973 y por 17 años, ni de ninguna otra forma; que no se vuelvan a pisotear ni en Chile, ni en ninguna otra parte. ¡Que vivan la democracia y los derechos humanos! ¡Qué se honre por siempre la memoria del presidente Allende! ¡Qué viva el pueblo de Chile!
Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
La represión policial y militar
Instauración del neoliberalismo en Chile como “espejo” de América Latina. La brecha económica
El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
Antecedentes: los años de la Presidencia de Salvador Allende
Hoy nadie duda de que la Guerra Fría, además de un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, fue también una cruenta guerra no declarada que Estados Unidos desató por más de cuarenta años contra los pueblos de América Latina; y también sabemos que una de sus más trágicas víctimas fue el pueblo chileno.
Los documentos recién desclasificados en Washington acerca del gobierno del presidente Allende y el golpe de Estado de Pinochet han terminado por dejar en la más completa claridad la ilegítima, constante y funesta intervención del gobierno estadunidense en los asuntos de Chile; una intervención que se operó desde que los datos apuntaron hacia la posibilidad de que Allende ganara las elecciones en setiembre de 1970: el asesinato del general René Schneider, jefe del Ejército, en octubre de 1970; el boicot de los comerciantes para provocar escasez de los productos básicos desde 1971, hasta el paro de los camioneros en 1972: todas estas actividades fueron planeadas y financiadas por la CIA.
A comienzos de setiembre de 1970 Henry Kissinger escribía a Richard Nixon:
“El ejemplo de un gobierno marxista electo y exitoso en Chile, ciertamente tendría un impacto -y serviría como precedente- en otras partes del mundo, especialmente Italia. La propagación de un fenómeno semejante en otro lugar afectaría significativamente el equilibrio del mundo y nuestra propia posición en él”
Acusándola de totalitaria, abrumaron a Cuba con bloqueos y embargos, pero en el caso de Allende vemos que, en realidad, lo que preocupaba a Nixon no era la democracia, sino que se demostrara al Mundo la viabilidad del socialismo democrático.
Por eso, una vez electo Allende, Nixon declaró que ‘haría crujir la economía chilena’. Y efectivamente en los años siguientes sus bancos congelaron los créditos y su gobierno congeló la ayuda económica. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron unilateralmente los préstamos ya otorgados; y la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para coordinar con el gobierno Nixon una estrategia contra Chile.
Sin embargo, aún con la severa crisis inflacionaria desatada en Chile por la alevosía nixoniana, como bien dice el compañero Ramón Vargas, de la Asociación Americana de Juristas, Rama Chilena:
“…A pesar de estos afanes reaccionarios, el gobierno de Salvador Allende pudo llevar adelante parte importante de su programa: la nacionalización del cobre, la Reforma Agraria, el control de la banca, un programa de construcción de viviendas que no ha sido igualado. Con la Reforma Agraria se puso término para siempre al dominio del latifundio en el campo chileno y se crearon las bases para un importante desarrollo de la AgroIndustria…”
Ello se confirma indirectamente en la comparamos dos períodos dentro de los últimos sesenta años: el de los gobiernos de Frei Montalva y Allende (1964-1973), que muestran un coeficiente de Gini enteramente favorable, y el que arranca en 1974, con la política neoliberal de la Dictadura y años siguientes: la brecha económica entre ricos y pobres se dispara, haciendo de Chile uno de los países más desiguales del Mundo.
En todo caso, dado el conjunto de dificultades y obstáculos políticos, económicos y financieros creados e implementados por Estados Unidos contra Allende desde el comienzo de su gobierno, la oligarquía chilena apostaba a provocar su impopularidad y su descrédito; pero, por el contrario, en las elecciones de diputados y senadores de marzo de 1973, la Unidad Popular subió espectacularmente en comparación con las elecciones presidenciales de 1970: del 36.2% que obtuvo Allende en el 70, al 44.2% que alcanzaron sus diputados y senadores en marzo del 73. Es decir, despues de dos años y 4 meses de ejercer un gobierno boicoteado y acosado por todos lados, el partido liderado por Allende había aumentado más de un 20 % su caudal de votos.
Así las cosas, para detener aquel ejemplo ‘funesto’ de socialismo democrático, a Nixon, a Kissinger y a Pinochet y compañía, sólo les quedaba el golpe de Estado. Y el golpe de Estado fue cuidadosamente planeado y ejecutado el 11 de setiembre de 1973: hoy hace cincuenta años.
La represión policial y militar
El golpe de septiembre del 73 fue una acción militar ejecutada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Naval y el Cuerpo de Carabineros de Chile, para derrocar al presidente Allende y su gobierno. Así, mientras un aparatoso despliegue por mar y tierra se extendía a lo largo del país, tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea sitiaron y atacaron el Palacio de La Moneda, sede del gobierno constitucional. Tal como lo prometió en su último discurso, Salvador Allende murió durante el asalto de los militares al Palacio.
Este golpe despedazó el orden constitucional de la Repúblilca, y dio origen al establecimiento de la usurpadora junta militar liderada por Augusto Pinochet. El país fue sometido a una dictadura que se extendió hasta 1990 y se caracterizó por practicar una salvaje represión. Durante este periodo, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se suspendieron los derechos civiles y políticos; miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desaparición de personas; se establece la censura; se proscribe los partidos políticos y los sindicatos; los soldados queman miles de libros apilados en las calles de ciudades y pueblos; se disuelve el Congreso Nacional y el Poder Judicial se convierte en un instrumento dócil al gobierno. Una ‘Caravana de la Muerte’ recorre los pueblos deteniendo, torturando y asesinando ciudadanos, culpables del delito de ‘izquierdismo’. En suma, en ese período el régimen asesinó a más de 3 mil personas; un número considerable de chilenos se refugia en embajadas extranjeras y se calcula que cerca de doscientos mil fueron al exilio.
Instauración y fomento del neoliberalismo en Chile, como “espejo” para América Latina. La brecha económica
Pinochet fue un peón servil del Imperio, verdugo de su propio pueblo. Para cumplir su triste papel, Pinochet necesitaba reconocimiento internacional, sustento financiero e inversión, y los obtuvo gracias al masivo apoyo del gobierno Nixon y del sector financiero estadunidense. Desde 1974 puso la economía en las manos de los Chicago Boys, quienes al año siguiente iniciaron la implementación del shock neoliberal, que implicó una drástica reestructuración de la economía, de la sociedad y del sistema político, con el pleno apoyo y bajo el control monolítico del propio Pinochet, a través de un programa que contemplaba:
a) La drástica reducción del sector público y el rediseño del aparato estatal, a fin de que cumpliera exclusivamente su papel de gendarme;
b) La reorientación de los excedentes hacia el mercado de capitales;
c) La apertura de la economía al libre mercado con rebaja arancelaria;
d) La liberalización paulatina de los bancos;
e) La devolución al sector privado de gran cantidad de empresas del Estado: metalúrgicas, bancarias, aceiteras, textiles, electrónicas, pesqueras, etc., por medio de ventas a conglomerados económicos tradicionales, o constituidos a propósito.
La ayuda financiera masiva para el despliegue de dicha política neoliberal produjo, entre 1977 y 1981 una notable mejora en la economía; lo que Milton Friedman se apresuró a calificar como el “Milagro Chileno”: el cual fue promocionado internacionalmente con bombos y platillos como el triunfo del neoliberalismo y la justificación del golpe de Estado y del régimen de Pinochet. Porque, efectivamente, durante ese tiempo se redujeron considerablemente la inflación y el déficit fiscal; la producción industrial y la construcción se recuperaron y el Pib tuvo un aumento notorio; nació una multitud de empresas por la privatización del sector empresarial público, y como consecuencia proliferaron los nuevos super ricos amigos del régimen, junto a las grandes fortunas tradicionales.
En cuanto al agro, un tercio de las tierras de la reforma de Allende fue devuelto a sus antiguos dueños; y en lo que concierne a los campesinos que habían sido favorecidos, la mayoría terminó vendiendo su parcela por falta de crédito y de asistencia técnica.
En todo caso, el gasto social (educación, salud, vivienda) cayó drásticamente, al igual que los salarios, mientras que aumentaba el desempleo.
En resumen, si a comienzos de 1973, el acosado Chile de Allende atravesaba ciertamente una severa crisis económica, con una inflación del 606%, pero con un índice de desempleo de tan solo un 4,3 %; en 1982, tras una década de reformas de libre-mercado, la época milagrosa de los Chicago Boys dio paso a una nueva crisis económica que llevó a un desempleo del 23,7 % y a una disminución del producto interno bruto en un 14,3 %; y al término de la Dictadura militar en 1990, el índice de pobreza había alcanzado al 40 % de la población.
Todavía en la actualidad, la sombra de la brecha desigual persiste: los datos halagüeños registrados en los últimos años sólo han llevado a la conclusión de que Chile constituye un caso de crecimiento sin bienestar. Lo cual no impidió que, a través de los poderosos megáfonos del neoliberalismo se siga propagando por América Latina y el Mundo los ecos de un ‘milagro chileno’.
El sistema dictatorial del Cono Sur. El Plan Cóndor: instrumento de exterminio de la izquierda latinoamericana.
En sus inicios de 1973, la dictadura chilena no estaba sola: una vez consolidada, pasó a formar parte de un sistema interregional constituido por Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y, poco después, Argentina, bajo la influencia y con el respaldo económico y militar de los Estados Unidos; sobre todo a través de la CIA y la Escuela de las Américas, que entonces ofrecía un postgrado en terrorismo de Estado, con énfasis en tortura y desaparición de personas.
La existencia y la disponibilidad de esos 6 regímenes militares pusieron las condiciones para el diseño de la gran operación estratégica del Plan Cóndor, fruto de la perspicacia de una de las grandes mentes criminales de hoy: el Premio Nobel de la Paz Henry Kissinger.
En efecto, en 1975 las dictaduras mencionadas, inspiradas por Kissinger, entonces Secretario de Estado, y bajo la tutela de Brasil, la hermana mayor, suscribieron la Operación Cóndor, también llamada ‘Plan Cóndor’: un pacto secreto de cooperación clandestina entre los aparatos de inteligencia y represión de las mencionadas dictaduras, cuyo objetivo era exterminar a todas las personas militantes en grupos u organizaciones de izquierda de la región, ya fueran partidos políticos, sindicatos, universidades, periódicos, revistas u otras agrupaciones. Se fundó secretamente en el Chile de Pinochet y duró catorce años, hasta 1989. Contagiados de filantropía, Perú y Ecuador ingresaron al ominoso cónclave en 1978.
En ejecución del Plan, las fraternales dictaduras practicaron más de 400.000 detenciones de personas, en las que se practicó sistemáticamente la tortura. Según la estimación de nuestro compañero de la AAJ profesor Martín Almada, descubridor en 1992 de los Archivos del Plan Cóndor en Paraguay (Archivos del Terror), más de 100.000 personas fueron asesinadas durante la vigencia del funesto Plan.
Pasado medio siglo desde el Golpe, sus secuelas son visibles en sectores del pueblo chileno que lo padecieron, y han transmitido a sus descendientes un mensaje de conformismo y pasividad, de temor y renuncia al pleno ejercicio de los derechos que, como seres humanos, les corresponde ejercer. Y esa es la realidad también en otros países de nuestro Subcontinente a consecuencia del Cóndor y de operaciones similares implementadas durante muchos años.
Los intereses de los Estados Unidos no constituyen la pauta que determine el destino del Planeta. Los pueblos de América Latina no merecían la suerte que les ha tocado vivir. Es preciso que lo sepamos, que no nos resignemos, que reaccionemos vigorosamente. Otro mundo es posible.
El pasado 11 de septiembre del 2023, se realizó la develación de la placa en homenaje a Salvador Allende, ese día se cumplieron 50 años del golpe cívico militar de Chile. Con la colocación de esta placa se busca rendir homenaje al entonces presidente Salvador Allende Gossens, a su legado político y social en favor de la democracia, la justicia y los Derechos Humanos.
