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Etiqueta: Chiquita Brands

Chiquita desaloja a decenas de trabajadores

Carlos Quiroz | Foto: (archivo personal)

Con Carlos Quiroz

Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.

Giorgio Trucchi

En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).

El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).

Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.

Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.

Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.

Desalojando familias

Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.

Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.

En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.

Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.

Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).

“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.

Chiquita, las mismas mañas

Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.

Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.

Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.

“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.

Ofensiva sindical

El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.

También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.

“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.

¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias.
²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/chiquita-desaloja-a-decenas-de-trabajadores/

Nuevamente condenan a Mamita Yunai

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Chiquita Brands, la heredera de la United Fruit Co., fue condenada en Florida por violación a los derechos humanos, por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia quienes masacraban a pueblos enteros solo por el hecho de considerarlos enemigos de la derecha.

Entre 1997 y 2004 Chiquita financió y puso a su disposición su infraestructura para ejecutar estas acciones. En los libros de contabilidad se registró que Chiquita pactó con las Autodefensas Unidas, un grupo terrorista, para pagarle $0,30 por cada caja de banano exportada de Colombia. Recordemos que la historia de esta empresa, de la United Fruit Co., está llena de explotación, represión, golpes de estado y crímenes por toda la región bananera del Caribe.

Chiquita fue condenada por cargos criminales, penalmente, como empresa ya que en EEUU las compañías o personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente. Además, le impusieron una multa de $25 millones por esos hechos, sin contemplar aún el multimillonario pago que tendrá que hacer a los familiares de los miles de víctimas.

Chiquita ha sido condenada por apoyo a grupos terroristas; la sentencia manifiesta que prestaba sus puertos a las Autodefensas para que recibiera armas y exportara droga.

Lo que Chiquita ha cometido -según se afirma en medios internacionales- es un crimen contra la Humanidad.

Chiquita es la más grande multinacional de producción y exportación de banano del mundo. Es una multinacional que tiene una presencia fundamental en Costa Rica, al ser el primer exportador de banano del país, con extensas plantaciones y pagando salarios que hace que Limón sea la provincia más pobre el país.

Se han presentado más de 3 mil demandas por indemnización contra Chiquita en EEUU y recientemente, el pasado 10 de junio, se ha producido la primera resolución condenando a la empresa a indemnizar a 8 familias víctimas de la AUC con la suma de $38,7 millones de dólares. Esta es solo la primera resolución contra Chiquita por haber financiado al grupo terrorista AUC mediante pagos y prestarse para el comercio de armas y narcóticos.

Hay que tener presente este nuevo hecho, que Chiquita fue condenada criminalmente, porque ella es un agente importante en la vida cotidiana del costarricense.

Hoy, como hace 80 años – El infierno de las bananeras

No es la primera vez que ocurren accidentes laborales en las bananeras, tampoco son casos aislados en las plantaciones de Chiquita Brands en Costa Rica.

Gerardo Iglesias – Gerardo Castillo

Imagen: Mamita Yuani (Blog Carlos B. Gil)

En las fincas propiedad de esta transnacional −que el consorcio brasileño de jugos Cutrale-Safra adquirió en 2014− todo parece indicar que es política de la compañía exprimir al máximo a sus trabajadores (mujeres y hombres), aun cuando se encuentren convalecientes de enfermedades.

El miércoles 20 Javier Espinoza, recientemente operado de la rodilla, fue obligado a efectuar labores de embolsado de banano.

Como era de suponer, Espinoza cayó de la escalera y Chiquita lo mantuvo tirado en el piso frío de la administración hasta que, por acción de dirigentes sindicales, fue trasladado en ambulancia a una clínica de la seguridad social.

Exactamente a una semana de este penoso episodio, Walter Reinoza, de nacionalidad nicaragüense, de 30 años, sufrió un colapso por sobrecarga física.

Reinoza informó al mediodía no sentirse bien. ¿Cuál fue la respuesta de Chiquita? Exigió que continuara trabajando hasta que a las 15 horas se desmayó. ¿Qué hizo Chiquita? Lo llevó a la casa y ahí lo dejó.

El escritor costarricense Carlos Luis Falla “Calufa” publicó en 1941 la novela Mamita YunaiEl infierno de las bananeras, donde denuncia los abusos que sufren quienes trabajan en las plantaciones de banano y la miseria en que habitan.

Han pasado 82 años. La situación descripta por “Calufa” en poco o nada ha cambiado. Los salarios no alcanzan, las jornadas son arbitrarias, la precariedad laboral se tornó permanente. Tampoco se permite a los representantes sindicales entrar a las plantaciones y se irrespeta la dignidad del trabajador.

El infierno arde con fuerza.

Las frutas primero, la gente después

Chiquita Brands y su idea del respeto a los derechos

Un accidente laboral absolutamente previsible ha ocurrido en la Finca Álamo de Chiquita Brands (Safra Group y Cutrale), en Sarapiquí: un trabajador recientemente operado de la rodilla y que difícilmente camina con ayuda de un bastón, fue obligado por los administradores de la finca a ir a embolsar banano.

Frank Ulloa

El hombre debe subir con la carga a una escalera apoyada en un suelo húmedo y esponjoso que no le da mayor estabilidad.

El trabajador se cae, queda inmóvil, lo llevan a la administración y pasa mucho tiempo tirado en el piso de cemento de la oficina, quejándose de dolor, hasta que llega una ambulancia y se traslada a una clínica de la seguridad social.

Fueron los dirigentes sindicales quienes se movilizaron para lograr que fuera atendido.

Los trabajadores y su sindicato han propuesto un diálogo sobre la salud laboral en las fincas de banano de Chiquita Brands, pero no ha habido respuesta alguna. Se les ignora, se les combate, no se les deja participar en las soluciones.

Ante la miopía empresarial, los trabajadores optan por la denuncia. Quizás algún día la transnacional se decida a respetarlos, y a respetar la libertad sindical.

Una imagen vale más que mil palabras.

Chiquita Brands y los trabajadores indígenas

El Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines (SINTRACOBAL) se manifestó ante la transnacional Chiquita Brands por los reiterados atropellos a sus trabajadores indígenas Ngabe Buglé.

Gerardo Iglesias

Muchos de esos trabajadores, empleados de la finca Superamigos, de la región de Sixaola, y afiliados al sindicato, han sido amenazados de despido aduciendo el vencimiento de sus contratos de trabajo.

“Como es bien sabido por la administración de Chiquita Brands, el pasado 19 de enero se firmó en Costa Rica un decreto que reglamenta la Ley 9710 de Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, apunta el gremio en un comunicado.

En aplicación de ese decreto, desde el 7 de septiembre próximo, oficiales de Migración y Extranjería estarán en Sixaola y zonas vecinas para regularizar la situación de los indígenas transfronterizos y “darle continuidad al proceso de nacionalización de esta población”, dice el texto, dirigido al director de Recursos Humanos de la transnacional, Raúl Gigena Pazos.

Sin embargo, “un número importante de trabajadores bananeros transfronterizos de las fincas ubicadas en Sixaola (…) afiliados a nuestra organización” han recibido cartas de la empresa con “amenazas de despido”, apunta el secretario general del sindicato, Maikol Hernández.

SINTRACOBAL recuerda que desde hace siglos los indígenas que residen en esas zonas del país “se desplazaban en un territorio que no tenía fronteras”.

El decreto gubernamental de enero “les reconoce este derecho histórico y lo institucionaliza, con apego a las normas internacionales y respeto a su cultura y cosmovisión”, pero una compañía privada en los hechos se los niega.

“Resulta un acto inaceptable para nuestra organización sindical que estando a punto estos trabajadores de formalizar su nacionalidad costarricense se les venga ahora a imponer plazos para que presenten un permiso de trabajo porque de lo contrario serán despedidos”, subraya el sindicato.

Y le pide en concreto a Chiquita Brands que deje sin efecto los plazos definidos para los despidos y tome en consideración los esfuerzos institucionales que se realizan en la zona de Sixaola.

 

Foto: Sintracobal

Fuente: http://www.rel-uita.org/
Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Chiquita despidió ilegalmente. Jueza ordena reinstalación de sindicalistas ilegalmente despedidos

Que Chiquita Brands Costa Rica violó las leyes al despedir a trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias en Limón es de sobra conocido. Que lo diga un juez en una primera sentencia sobre el caso, es un paso importantísimo hacia la obtención de justicia.

Giorgio Trucchi

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands, prácticamente sin avisar, cerró el departamento de operaciones portuarias y despidió a más de 180 trabajadores y trabajadoras1.

Portones cerrados con candados y personal de seguridad cuidando las instalaciones es lo que encontraron al llegar el lunes al centro de trabajo.

Después de semanas de protestas sin lograr acuerdos, Sintracobal2 y la Rel UITA diseñaron otra estrategia que incluía una demanda colectiva por violación del convenio firmado en 2018, y de los acuerdos alcanzados por medio de un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Asimismo, se introdujo una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales (trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación).

Quince meses después de la puñalada trapera de Chiquita Brands, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió una sentencia donde declara la nulidad de los despidos de los miembros de la junta directiva del Sintracobal.

También ordena su reinstalación en las mismas condiciones laborales y salariales al puesto que ocupaban antes del despido o, en su defecto, su reubicación en puestos equivalentes y con igual salario.

Finalmente ordena a Chiquita Brands cancelar a los demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta su efectiva reinstalación, más intereses e indexaciones.

La demanda había sido presentada por despido discriminatorio de dirigentes sindicales, violación del fuero sindical y violación de la libertad sindical.

La responsabilidad social de Chiquita Brands

La empresa procedió a despedir a todo el mundo, incluyendo a las personas protegidas por el fuero sindical, violentando así los procedimientos de ley.

La juez simplemente revisó lo que había pasado y no pudo hacer otra cosa que reconocer que fue un despido ilegal”, dijo a La Rel, Alejandro Ulloa, apoderado legal de los demandantes.

El abogado manifestó que Chiquita presentará un recurso de casación.

“Lo mismo hizo en el caso de otra sentencia que favoreció a una trabajadora que fue despedida en estado de embarazo.

Ahora los magistrados de segunda instancia deberán analizar estos casos y decidir si confirmar o no la sentencia de primera instancia”, explicó Ulloa.

El apoderado legal de los miembros de la junta directiva del Sintracobal ilegalmente despedidos consideró esta sentencia como muy importante.

“Es un primer paso que sienta un precedente fundamental. En este sentido no sólo es importante por el caso de Sintracobal, sino para la protección de la libertad sindical en Costa Rica.

No puede ser que los tribunales consientan que, en un lugar en donde existe un sindicato y un convenio colectivo, una empresa simplemente cierre la actividad, despida a todo el mundo, y se libere así de la obligación de respetar leyes y convenios internacionales”, concluyó Ulloa.

 

Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA.

Enviado a SURCOS por Maikol Hernández.

Hace un año la puñalada trapera de Chiquita

Ya ha pasado un año del despido discriminatorio e ilegal de unos 180 trabajadores y trabajadoras del departamento de operaciones portuarias de Chiquita Brands en Limón, Costa Rica. Pese a las dificultades y a los sueños interrumpidos, la gente resiste. No todo está perdido.

Giorgio Trucchi
Con Maikol Hernández

El 4 de marzo del año pasado, Chiquita Brands tomó la decisión de cerrar el departamento de operaciones portuarias. Muchos trabajadores fueron avisados por whatsapp. Otros llegaron el lunes al centro de trabajo y encontraron los portones cerrados con candados.

La excusa de la transnacional bananera fue que, a raíz de la concesión otorgada a la multinacional APM Terminals, sus operaciones fueron afectadas gravemente por el cambio en el modelo portuario.

Fue toda una mentira. El cierre obedeció a una estrategia de la empresa para tercerizar sus operaciones, eliminar al sindicato y desconocer la convención colectiva y los acuerdos alcanzados en procedimiento de conflicto colectivo de carácter económico-social”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal1.

En 2018, Chiquita había aceptado integrar una comisión permanente de diálogo para mejorar las relaciones laborales y la productividad. Las reuniones mensuales se desarrollaron con normalidad hasta febrero de 2019.

Además, en agosto de 2018 la transnacional bananera había firmado con el Sintracobal un nuevo convenio colectivo que tendría una vigencia de tres años.

Durante las últimas reuniones de la comisión permanente, el sindicato colocó el tema del posible impacto que tendría el cambio de modelo portuario, pero Chiquita aseguró desconocer el tema.

Usaron la mesa de diálogo para distraernos mientras fraguaban su plan. Nos metieron una puñalada por la espalda”, aseguró Hernández.

A partir del cierre de operaciones, el sindicato, con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) y la Rel UITA, y el asesoramiento permanente e invaluable de Frank Ulloa y Gerardo Castillo, inició acciones de lucha, movilizaciones y cabildeo.

Las protestas se extendieron hasta el 26 de marzo. Al no lograr un acuerdo Sintracobal diseñó una estrategia para hacerle frente a las necesidades de sus afiliados y afiliadas.

Presentamos una demanda colectiva por violación del convenio y de los acuerdos alcanzados por medio del conflicto colectivo.

También introdujimos una demanda por violación al fuero sindical y varias demandas por casos especiales, como trabajadoras en estado de embarazo y en período de lactancia, trabajadores con niveles de incapacidad y despidos por discriminación”, explicó Maikol Hernández.

Hasta el momento, el juzgado ordenó la reinstalación de una de las mujeres en período de lactancia, todos los otros casos están en proceso.

Actualmente, la mayoría de personas despedidas sigue sin trabajo. Solamente unas 20 han encontrado un empleo fijo o por temporada.

El hambre no espera

En vista de la grave situación que vive la mayoría de trabajadores y trabajadoras en Limón (el cierre de Chiquita, Dole y otras empresas ha dejado a más de 1100 trabajadores en el desempleo) la Fentrag2 llevó a cabo una serie de acciones enmarcadas en la Mesa Caribe3.

“Tratamos de que la mayor cantidad posible de compañeros y compañeras tuviese acceso a programas de gobierno, para así mitigar el impacto de la crisis derivada del despido ilegal de Chiquita.

Hicimos una alianza estratégica con la Universidad San Juan de la Cruz y presentamos al gobierno un programa de habilitación para al trabajo”, dijo Hernández.

De las 350 personas que iniciaron el programa para el desarrollo de nuevas habilidades, 52 ya se han graduado y se espera que en el mes de mayo un total de 330 trabajadores reciban su diploma.

Además, estos compañeros y compañeras estuvieron recibiendo un subsidio del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.

“Nuestro objetivo es que el programa de capacitación se extienda a más gente, y que los graduados tengan acceso a un programa de empleabilidad que sería organizado por la Federación y el gobierno”, explicó el también secretario general de la Fentrag.

Asimismo, la Federación asumirá el reto de organizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el desempleo.

“Si por un lado hay frustración y descontento en la población por la grave situación que vivimos en Limón, algo que se profundiza ahora con la declaratoria de emergencia ante la pandemia de Covid-19, por el otro los compañeros y compañeras no han parado de luchar y exigir justicia.

Como Fentrag seguimos apostándole al diálogo, pero necesitamos que el gobierno redoble esfuerzos para implementar políticas públicas que faciliten nuevas inversiones y generación de empleo. El hambre no espera”, concluyó Hernández.

 

Enviado por Maikol Hernández.

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Sintracobal comprometido con la búsqueda de justicia

Con Maikol Hernández

Ya han transcurrido seis meses desde que Chiquita Brands hiciera un cierre abrupto e ilegal del Departamento de Operaciones Portuarias en Limón, despidiendo a 178 trabajadores y trabajadoras, todos afiliados al Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines (Sintracobal).

Giorgio Trucchi

El pasado 13 de septiembre, más de 100 personas afectadas por el brutal despido respondieron al llamado del Sintracobal y se reunieron en asamblea.

“Presentamos varios informes y recibimos diferentes propuestas. También logramos confirmar que de las personas que no estaban afiliadas al sindicato, algunas fueron reubicadas en otros centros de trabajo y otras fueron liquidadas y recontratadas.

Esto demuestra claramente que el cierre de Chiquita Brands obedece a una estrategia para acabar con el sindicato y quitarse una convención colectiva de encima”, dijo a La Rel, Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal.

Durante la actividad se alcanzaron diferentes acuerdos.

“Vamos a intensificar el trabajo organizativo en otras áreas para que nuestro sindicato siga funcionando. También vamos a seguir articulando esfuerzos con otros sectores.

Asimismo vamos a seguir impulsando la posibilidad de acceso de las y los trabajadores afectados a programas de gobierno, en tema de capacitación, vivienda, protección social y empleabilidad”, agregó Hernández.

Estos seis meses han servido también para afinar una serie de estrategias, incluyendo la judicial.

“Hay una demanda colectiva por despido arbitrario e ilegal y varias demandas por fueros especiales, como por ejemplo para mujeres embarazadas o en período de lactancia, trabajadores incapacitados o que padecen enfermedades profesionales o por accidente de trabajo.

También hay otra demanda por el despido de la junta directiva del sindicato sin respetar el procedimiento de ley”, explicó el secretario general del Sintracobal.

Actualmente, son muy pocas las personas ilegalmente despedidas por Chiquita Brands que han encontrado un trabajo estable.

“La mayoría no tiene trabajo fijo y está buscando como sobrevivir. Otros hemos logrado vincularlos a programas del gobierno, pero el proceso es muy lento.

Sin embargo, a pesar de las dificultades objetivas, están totalmente convencidos que hay que seguir dando la pelea”, manifestó Maikol Hernández.

El 17 y 18 de este mes, Sintracobal y la UITA se reunirán con Chiquita para abordar esta problemática.

Estaremos informando del resultado de esta reunión y aprovecho la ocasión para agradecer, una vez más, a la UITA y a nuestra Regional Latinoamericana por todo el apoyo que siguen brindándonos”, concluyó.

 

Enviado por Maikol Hernández.

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