La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica ha organizado el curso Gestión municipal y comunicación política de cara a las campañas electorales municipales 2023-2024.
Propósito:
Que las personas participantes adquieran conocimientos generales y estrategias específicas de comunicación política para campañas electorales municipales que conducirán a las elecciones de febrero 2024, en una perspectiva que promueva la participación ciudadana y el voto informado.
Objetivo general:
Generar capacidades para diseñar y planear campañas electorales a nivel cantonal, que promuevan la participación y el voto informado en las elecciones municipales del 2024.
Público meta:
Dirigencias, funcionariado de organización y equipos de comunicación de partidos nacionales o cantonales que necesiten mejorar sus conocimientos y capacidades de comunicación política de cara a las elecciones municipales. También puede ser de interés para la actualización de profesionales de áreas relacionadas con las ciencias políticas, la administración pública y la comunicación que trabajen a nivel cantonal/municipal.
Contenidos:
Retos de la gestión municipal en Costa Rica en transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción
Tendencias electorales y marco normativo de las campañas electorales municipales en Costa Rica.
Comunicación política para promover la participación ciudadana y el voto informado.
Campañas electorales: concepto, características y componentes estratégicos 1
Narrativas políticas como componente central de las campañas electorales.
Investigación para campañas.
Posicionamiento y estrategia.
Campañas digitales.
Medios de comunicación, vocerías y debates.
Personas facilitadoras:
Eugenia Aguirre Raftacco, Johanna Alarcón Rivera, Fabián Cardozo, Daniela Castillo, Lucio Guberman, Federico Irazabal, Marcel Lhermitte, Yanet Martínez Toledo y Galvarino Riveros.
Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR
La reforma al empleo público es una decisión que afecta los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos
A lo largo de estos años en nuestras investigaciones sobre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hemos apreciado cómo los diferentes expertos que conforman los Comités que estudian a nuestro país, son rigurosos y, más allá de las recomendaciones, posicionan factores de éxito para asegurar un modelo de desarrollo, es decir, buenas prácticas de las cuales podemos echar mano para resolver nuestros problemas, sin brindar recetas.
En este sentido, el país ha pasado por una discusión sobre el proyecto de ley marco de empleo público que tiene implicaciones más allá de la estructura del sector, de sus relaciones obrero-patronales, de las funciones y remuneraciones, y toca profundamente el pacto social que genera la condiciones para el desarrollo.
En el segundo semestre del 2017, la Unión Europea reconoció en sus estudios sobre la Calidad de la Administración Pública que, “el sector público es la principal ‹‹industria›› de la Unión Europea”. Incluso analiza que esta figura da empleo a aproximadamente a 75 millones de personas en los 27 países que la conforman, lo que significa el 25% de la población económicamente activa, con un gasto público que asciende al 50% del PIB (Producto Interno Bruto).
Sin embargo, su preocupación lejos del tamaño o del volumen del gasto, radica en el envejecimiento de la población de funcionarios públicos, considerándolo el mayor riesgo operativo para las instituciones del Estado, donde países como Bélgica, España e Italia están a escasos 11 años de que el 45% de sus funcionarios se jubilen.
En una lógica lineal básica esto es positivo porque reduce el gasto, sin embargo, la realidad es mucho más compleja y ciertamente genera una reacción en cadena porque existen “serias preocupaciones sobre la capacidad, la estabilidad institucional y la calidad de los servicios a largo plazo”. Esto cobra sentido cuando las valoraciones sobre la calidad, eficacia y rentabilidad social de los servicios públicos es alta, y el gasto es comprendido como prestaciones públicas efectivas para satisfacer las necesidades sociales.
Nota: Figura 3.1 Informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020, p. 79.
Así, en la actualidad están poniendo en práctica una serie de estrategias para la atracción del mejor talento a las Administraciones Públicas y a las instituciones del Estado, con el fin de asegurar el relevo generacional y realizar un proceso de transferencia de capacidades y conocimientos apropiado para los retos que se enfrentan, así como ofrecer una perspectiva de carrera en la gestión de lo público.
Dos aspectos deben ser tomados en cuenta: el ingreso de personas probas basado en la meritocracia, y la detección y denuncia del clientelismo que reduce las posibilidades de la toma de decisiones racional de las instituciones. Únicamente de esta manera, más allá del indicador del tamaño del Estado por sus instituciones y funcionarios, se pueden construir instituciones sólidas y con soluciones duraderas.
En esta línea, el informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020 de la OCDE y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), resalta que el empleo público “refleja el acuerdo social sobre el papel del Gobierno en la economía y en la sociedad, así como la decisión sobre cómo se prestan los servicios públicos ya sea por parte de los empleados públicos o en asociación con los sectores privados o sin fines de lucro”.
Esta perspectiva reviste de vital significado la delegación o subcontratación (outsourcing) de los servicios públicos, pues en ocasiones lo que falla es el prestador del servicio y el órgano supervisor o regulador debe hacer uso de los mecanismos que dispone para no interrumpir la prestación a los usuarios.
A pesar de lo anterior, para algunos sectores la discusión del tamaño del sector público sigue siendo el meollo del asunto, sin embargo, según las fuentes consultadas en relación con el empleo público, el total para la Unión Europea rondó el 25% en 2017, mientras que el promedio para los países de la OCDE fue de 21,2% y el de Costa Rica de 12,7% para el 2018. En la siguiente figura se muestra el empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011 y 2018 para los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) en comparación con la OCDE.
Como puede apreciarse Costa Rica está cercano al promedio de la Región ALC (11,9%) mientras se distancia del promedio de la OCDE por 8.4 p.p. En su último informe sobre Panorama de las Administraciones Públicas del 2021 (Government at a Glance) la OCDE analiza el empleo público en el contexto de la pandemia por COVID-19, resaltando el importante rol que han desempeñado los empleados públicos en la entrega de servicios públicos esenciales, manteniendo la salud pública de los ciudadanos, la seguridad y el soporte económico.
Si bien esto varía entre los países miembros de la OCDE, y para el caso de Costa Rica no existe la información porque a la fecha del informe el país aún estaba en proceso de adhesión, la Organización resalta a los funcionarios públicos como el actor central en los procesos de recuperación.
Finalmente, los procesos de reforma o modernización del Estado deben considerar al empleo público como parte de los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos, donde, una afectación desmedida, poco planificada y sin visión prospectiva, puede dar al traste con el modelo de desarrollo del país, por ello, ¿cuál es la medida adecuada del empleo público?, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Para llegar a esa respuesta deben realizarse mediciones precisas de la situación actual, así como proyecciones del progreso que queremos de nuestro país, utilizando indicadores de desarrollo y no únicamente datos del gasto público.
Por el Dr. Orlando J. Hernández Cruz, director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap-UCR)
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El pasado miércoles 20 de noviembre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) presentó el plan de acción 2019-2022 correspondiente a la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) 2018-2030. El reto al que se le está apuntando con prioridad es la territorialización de la política pública.
Esta política pública traza una ruta para resolver un problema social y, por ello, debe ser un instrumento cuasinormativo, debe ser un marco ideal de la gobernanza para articular diversos actores a lo largo y ancho del país. Es una gesta importante hacer llegar las soluciones propuestas a todas las personas que habitan en el territorio nacional, considerando sus características sociales, económicas y políticas.
El trabajo se debe realizar en medio de un contexto conservador que genera ruido en el debate público y en la agenda política, la cual —en este caso— busca una igualdad efectiva entre mujeres y hombres en cuatro ejes de trabajo: 1) cultura de los derechos para la igualdad, 2) distribución del tiempo, 3) distribución de la riqueza y 4) distribución del poder. Cada uno de ellos cuenta con sus respectivas acciones, metas, indicadores e instituciones públicas que pueden ejecutarlas.
Por ello, se debe lograr que los diversos actores (públicos, empresariales, sociedad civil) coordinen —por medio de una red de trabajo flexible y adaptable— la ruta trazada por la institucionalidad que representa la política pública. La territorialización permitirá precisamente integrar actores, visiones e intereses, así como reajustar la ejecución de acciones de acuerdo con el contexto territorial.
Este contexto territorial debe reconocer las múltiples realidades dentro del contexto nacional, no es lo mismo vivir en el Área Metropolitana que vivir en las zonas rurales y costeras. Por lo tanto, el planteamiento de acciones de la política pública deberá ser diferenciado. Con esa diferencia se deberán priorizar acciones enfocadas en el desarrollo social, económico y político, fuera del centro, que a su vez mejoren la eficacia y efectividad en la implementación de la política pública.
Ahora bien, ¿cómo se puede territorializar esta política pública? La primera forma sería con la articulación institucional público-público, donde las oficinas regionales del Inamu y las Federaciones Municipales se pongan de acuerdo para trabajar en algún tipo de reconocimiento a los gobiernos locales que prioricen y ejecuten programas o proyectos vinculados con las acciones de la política pública. Lo importante es evidenciar y visualizar las acciones que se lleven a cabo en el ámbito cantonal como nodo crítico para efectuar acciones a nivel comunal y regional.
La segunda sería por medio de alianzas público-sociedad civil organizada, donde se involucren asociaciones de desarrollo, fundaciones u otras organizaciones de base comunitaria, que puedan plantear métodos de reajuste de las acciones para ser implementadas en las comunidades por ellas mismas. Esto en un principio de cocreación y colaboración. La tercera sería por medio de una Plataforma de Territorialización, al establecer redes o mesas de trabajo con reglas claras que conformen un modelo de gobernanza que reconozca las distancias y recursos de cada territorio.
Por supuesto, existen importantes desafíos para ejecutar el plan de acción 2019-2022 de la PIEG, sobre todo para crear la Plataforma Territorial. Entre ellos, lograr tener la capacidad de adaptarse a los diversos contextos del territorio; por esto, el cómo territorializar tiene que ir de la mano con un esquema de regionalización de la política pública. Cada región tendrá el reto de priorizar las acciones que pueden tener mayor impacto positivo directo en la vida de las personas y, de paso, conseguir aliados comprometidos con ejecutar las acciones determinadas. Las formas de la participación ciudadana deberían ser replanteadas para que sea efectiva y sostenible en el tiempo.
Sin embargo, hay oportunidades que pueden ser bien aprovechadas por parte del Inamu, por ejemplo, existe un excelente trabajo previo de análisis e identificación de acciones y responsables. Las acciones planteadas son medibles, por lo tanto, deben ser sujetas a una evaluación durante sus ejecuciones para valorar ajustes producidos por el contexto territorial. Asimismo, hay debate público constante, lastimosamente prevalecen los hechos y prejuicios sobre las mujeres. Por esto, se debe plantear una estrategia mediática para balancear la agenda pública con la agenda política.
Por último, las redes sociales juegan un papel importante con actores que se pueden convertir en relevantes para sensibilizar respecto a los ejes definidos de la PIEG. Además, pareciera existir una mayor conciencia y/o sensibilidad por parte de la población joven a los temas de igualdad y equidad, lo cual hace que sea posible territorializar la política pública si se aprovechan los medios digitales.
Por ello, como población universitaria, podríamos llevar a cabo iniciativas desde las aulas, el trabajo comunal universitario y desde otras proyectos de vínculo universidad-sociedad, donde podamos estar presentes con actividades alineadas a las acciones del Plan de Acción 2019-2022 (presentado por el Inamu) y que también puedan ser aplicadas a lo interno de nuestra Universidad con el fin de ir avanzando en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Nos merecemos un país con menos desigualdades. En este sentido, apoyar la implementación de la PIEG se vuelve un deber de la ciudadanía activa y consciente para construir un mejor futuro.
Orlando J. Hernández Cruz
Director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap-UCR)
El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP-UCR) como unidad encargada de la elaboración de Índice de Transparencia del Sector Público reconoce necesidad de incorporar mayores facilidades para el acceso a la información pública.
La Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) desde el año 2014 inició con un proceso de evaluación de la transparencia del sector público costarricense, que se mide en los sitios web de las instituciones públicas por medio de un total de 95 indicadores en los ámbitos de rendición de cuentas, acceso a la información pública, participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno.
País avanza un punto en medición internacional y se mantiene con la tercera mejor nota a nivel de América Latina
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional se presentó este 21 de febrero en las instalaciones del Cicap-UCR. La vicepresidenta de la organización Costa Rica Íntegra presentó los resultados. En el escenario acompañan Mayela Cubillo Mora, directora del Cicap-UCR y Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Costa Rica obtiene una calificación de 59 en la medición del Índice de Percepción de la Corrupción que cada año realiza la organización Transparencia Internacional. Dicha calificación se basa en un rango de 1 a 100 donde 100 es equivalente a un país libre de corrupción; la nota obtenida por Costa Rica coloca al país en la escala media alta de los países con menor percepción de corrupción a nivel global, pues el promedio mundial es de 43 puntos.
El presidente de la asociación Costa Rica Íntegra, Eduardo Núñez, –organización de la sociedad civil y contraparte de Transparencia Internacional en el país–, señaló que la calificación obtenida por Costa Rica (59), aunque supone un leve ascenso respecto al año anterior (58), muestra un crecimiento lento respecto a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo del país, que para el 2018 pretendía subir ese indicador a 65.
En esta medición del 2017 se consideraron más de 180 países, entre los cuales Costa Rica repite como el país con la tercer mejor nota a nivel de América Latina, superada solo por Uruguay y Chile.
Sin embargo, las fuentes de la información para construir el índice fueron recopiladas por la asociación de la sociedad civil Costa Rica Íntegra, durante el primer semestre del 2017; por lo que no incluyen los efectos de percepción de corrupción de los últimos escándalos conocidos como el de Yanber o el “el cementazo”.
La vicepresidenta de Costa Rica Íntegra, Evelyn Villareal Fernández, advierte que los avances que ha tenido Costa Rica, aunque bien son positivos, son consecuencia de acciones aisladas, lo que no permite un crecimiento mayor y sostenido en el índice.
¿Cómo mejorar la percepción de la corrupción?
Los países que tienen los mejores índices son nórdicos y allí además de sanciones severas, hay una cultura de legalidad que se forma desde las bases del sistema educativo.
La organización Costa Rica Íntegra advierte que se ocupan cuatro componentes básicos para mejorar el desempeño de las naciones en la materia: una institucionalidad fuerte, un sistema de justicia eficiente, estabilidad de una política nacional anticorrupción y una sociedad con tolerancia cero a la corrupción.
Para lograrlo, esta organización propuso a los dos partidos políticos en contienda electoral un Plan Nacional Anticorrupción enfocado en la reducción de la impunidad, en impulsar una cultura de legalidad y prevención de la ilegalidad y construir acuerdos nacionales de orden político e intersectorial que doten de estabilidad a la estrategia nacional anticorrupción.
Los datos de Índice de Percepción de la Corrupción se presentaron la mañana de este 21 de febrero en las instalaciones del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Cicap-UCR).
El Cicap-UCR es un aliado de Costa Rica Íntegra en el objetivo de generar conocimiento y sensibilización en los temas de gestión pública.
Para el 2017 la institución ocupó el tercer lugar solo por debajo del OIJ y la Dirección General del Archivo Nacional, en el listado de resultados del indicador presentado por la Defensoría de los Habitantes
Gabriela Mayorga López,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Sitio web de la Universidad de Costa Rica subió una posición, respecto al año anterior, en el listado de resultados del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) presentado por la Defensoría de los Habitantes y elaborado por el área de investigación del Cicap-UCR. La institución se ubica en el tercer lugar siendo su área más fuerte la relacionada con el Acceso a la Información Pública. En la fotografía: sitio web de la UCR sección de Transparencia. Crédito Gabriela Mayorga López.
Por tercer año consecutivo la Universidad de Costa Rica (UCR) se logra mantener entre los primeros cuatro puestos del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), evaluación que desde hace tres años presenta la Defensoría de los Habitantes.
En el 2015 la UCR ocupó el tercer puesto en el listado de resultados con una calificación de 55,07, en el 2016 bajó un lugar pero aumentó la calificación a un 63,34 y en este 2017 vuelve a la tercera posición con una nota de 82,08. (En una escala de 0 a 100). Este año solo cinco instituciones públicas de las 254 evaluadas obtuvieron calificaciones por encima de 80.
Se trata de un comportamiento que evidencia mejoras sustanciales en las materias evaluadas por el indicador, especialmente en el área de Acceso a la Información Pública, que es uno de las cuatro campos evaluados, donde la UCR obtiene una nota de excelente con un 93; los otros campos evaluados son: Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Datos Abiertos. El instrumento logró este año evaluar al 74% de todas las instituciones públicas.
El ITSP es una iniciativa que desde el 2015 impulsa la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (Cicap-UCR), con el objetivo de promover una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web del sector público.
Este esfuerzo en el que ha participado el Cicap-UCR desde sus inicios, fue señalado como el mecanismo estrella del país, en el marco de la Alianza de Gobierno Abierto.
Esteban Mora Martínez, coordinador de investigación del Cicap-UCR; Montserrat Solano Carboni, Defensora de los Habitantes; y David Zamora Barrantes, investigador Cicap-UCR, presentaron este 28 de setiembre los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP). Fotografía: Defensoría de los Habitantes.
Al respecto, la Defensora de los Habitantes Montserrat Solano Carboni señaló que la relación Cicap-UCR y la Defensoría es fundamental para influir hacia la mejora de toda la institucionalidad pública, esto ha llamado la atención internacional, la OCDE, –que es un club de las buena prácticas internacionales–, y esta es una de las buenas prácticas que aporta el país a la comunidad de la OCDE desde ya, incluso hemos tenido reuniones porque esta es una de las cosas que les interesa”.
Costarricenses tienen más información disponible
Desde la primera medición en el 2015, se ha evidenciado una mejoría sustancial en la información que las instituciones públicas ponen a disposición del público a través de sus sitios web. Si en el 2016 la nota promedio del total de instituciones evaluadas fue de 25, en el 2017 ese promedio subió a 31.
Datos del ITPS se presentaron este 28 de setiembre en conferencia de prensa. Fotografía: Cicap-UCR.
Este año se contabilizaron 10 instituciones que superan la nota de 70, mientras que el año pasado solo una lo hizo. Además, se evidencia en esta tercera edición del ITSP mejoras en el área de datos abiertos, campo en el cual, las instituciones no habían incursionado en años anteriores.
La Defensora, Montserrat Solano reconoció que el indicador ha generado una sana competencia entre las instituciones e invitó a permanecer en los procesos de mejora que el indicador impulsa.
“En un contexto donde hay falta de confianza de los costarricenses sobre las instituciones , el ITSP es un buen paso, la transparencia es el cómo el Estado garantiza el derecho humano a la información, para que los ciudadanos puedan ejercer control de las instituciones”, señaló.
Fotografía muestra visión general del auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
A través de un trabajo conjunto entre la Universidad de Costa Rica (UCR) y organizaciones comunales, más de 100 estudiantes de Administración Pública han capacitado a 1.200 líderes comunales y brindado acompañamiento en el diseño de proyectos de base comunitaria, tales como asociaciones de desarrollo, uniones cantonales de desarrollo y federaciones de uniones cantonales.
Lo anterior se ha logrado por medio del Programa de Desarrollo Municipal (PDM) que funciona en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR y el Trabajo Comunal Universitario de la Escuela de Administración Pública. El trabajo ha permitido vincular a los más de 110 estudiantes en el desarrollo de proyectos de alcance nacional.
Durante el último año, los estudiantes se enfrentaron a proyectos relacionados con el desarrollo de planes estratégicos en diversos temas municipales, la elaboración de políticas públicas cantonales con metodologías participativas y la colaboración en actividades de gestión de proyectos de alta complejidad.
Desde su creación en el 2014, el PDM funciona como laboratorio para que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus cursos, y ayudar a la resolución de problemas y casos reales de las organizaciones relacionadas al ámbito municipal y comunal.
Con el acompañamiento de funcionarios especializados en el trabajo con el sector municipal y comunal, los estudiantes han tenido la oportunidad de apoyar la creación de nuevos esquemas de servicios y participar en proyectos de alcance nacional.
Entre los proyectos más significativos se encuentran el desarrollo del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo de la Municipalidad Montes de Oca, y el Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad (PNDC), elaborado con y para las comunidades en conjunto con todas las Federaciones de Uniones Cantonales, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO).
Estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica participaron durante el 2016 en una diversidad de proyectos.
También, como parte del Programa Nacional de Capacitación para el Régimen Municipal, impulsado por del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), los estudiantes han asumido parte de la gestión de proyectos de capacitación para funcionarios municipales.
Esfuerzos conjuntos
Sumado a los proyectos que desarrolla el PDM, gracias a una alianza con la Escuela de Administración Pública, los estudiantes que matriculan el Trabajo Comunal Universitario “Empoderamiento de la Sociedad civil para potenciar el desarrollo local” (TC-462), también pueden participar en la capacitación y acompañamiento de líderes comunales para el desarrollo de proyectos específicos.
“Es un TCU que brinda nuevas experiencias y le permite a los estudiantes acercarse a la realidad comunal de nuestro país, algo que no se puede aprender desde las aulas. Este proceso les permite sensibilizarse ante esa realidad, comprender las dificultades que enfrentan los pobladores y convertirse en facilitadores de su proceso de mejora”, señaló Orlando Hernández, Coordinador del Programa de Desarrollo Municipal del CICAP.
40 años de historia le han permitido asesorar, apoyar y brindar capacitación a instituciones de todo el país
Elizabeth Rojas Arias,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Gran cantidad de funcionarios públicos y municipales han recibido capacitación en el CICAP durante los últimos 40 años (foto CICAP con fines ilustrativos).
El Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la UCR ha venido trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones públicas del país, y el desarrollo de proyectos para la mejora de los servicios públicos que se ofrecen a los costarricenses.
Con proyectos de investigación, consultoría y capacitación en todo el país, el Centro se ha convertido en un referente nacional en temas de administración pública y un aliado de los altos mandos de las instituciones para lograr las transformaciones que requieren y el avance de políticas públicas de interés nacional.
Sólo en el 2015 el CICAP apoyó a 19 instituciones en el desarrollo de 25 proyectos relacionados con el diseño, e Implementación de sistemas de gestión, acompañamiento en la Implementación en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, estudios de clima y cultura organizacionales, control interno, fortalecimiento organizacional, estudios de mercado, entre muchos otros.
Desde su creación en el 2008, el área de Asesoría y Consultoría del Centro ha presentado propuestas y trabajado con más de 100 instituciones para el desarrollo de proyectos que abarcan temas desde fomento del emprendimiento, hasta reorganización de estructuras institucionales.
Algunos de los logros más importantes del CICAP en cuatro décadas de capacitación e investigación en el campo de la administración pública (ilustración Jorge Carvajal).
La Política Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Fortalecimiento del INCOFER, el Proyecto Hogares Conectados de Fontel, una mejor gestión de la red vial cantonal del país, la disminución del abandono escolar por medio del proyecto Proeduca del Ministerio de Educación son proyectos que cuentan con la huella del CICAP.
Recientemente, el Centro participó en la implementación de la primera Agenda Nacional de Evaluación elaborada por el Mideplan y construyó la metodología para el desarrollo del Índice de Transparencia del Sector Público para la Defensoría de los Habitantes.
Instituciones autónomas como IFAM, ICE, CCSS, ministerios; municipalidades y bancos estatales, son sólo algunas de las instancias estatales que han aprovechado la experiencia del Centro en gestión de proyectos para la puesta en marcha de iniciativas de gran envergadura.
El desarrollo del Programa Nacional de Capacitación para el Régimen Municipal, la elaboración del Índice de Gestión de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación y el apoyo en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad son algunos de los proyectos que el equipo de trabajo del Programa de Desarrollo Municipal ha elaborado desde su creación.
Las capacidades de gestión implementadas por el CICAP en los últimos 40 años le ha permitido idear y ejecutar proyectos de distinta naturaleza para resolver las necesidades y retos de instituciones públicas, de la economía social y de organizaciones sin fines de lucro.
Expertos de México, Chile, Venezuela y Costa Rica visitarán las instalaciones del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), de la Universidad de Costa Rica, los días 16, 17, 18 y 19 de agosto, para celebrar los 40 años de retos, soluciones y transformaciones del Centro y de las instituciones públicas del país.
Con foros, talleres, conferencias, jornadas de investigación y actividades deportivas, el Centro invita a la comunidad universitaria y a los funcionarios públicos del país a familiarizarse y aprender sobre nuevas tendencias en administración pública, experimentar con nuevas metodologías, conocer los resultados de investigaciones de académicos y expertos y hacer networking con profesionales en administración pública.
Durante la semana de celebración se realizarán 15 actividades gratuitas en las que se abordarán temas relacionados con el diseño y evaluación de políticas públicas, las contribuciones de las organizaciones cooperativas y el movimiento solidarista al país, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el sector público, el surgimiento de nuevas formas de gestión gubernamental y participación ciudadana, el pensamiento creativo aplicado al mejoramiento de los servicios públicos, entre otros.
Durante la celebración del 40º aniversario del CICAP se realizarán jornadas y conferencias con especialistas nacionales y extranjeros (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
Roberto González Barrón, jefe de Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de México, Isaías Covarrubias Marquina, experto en evaluación social de proyectos y estrategias de desarrollo local, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado UCLA, y Sheila Delhumeau, experta en desarrollo regional de la Universidad Autónoma de Baja California, serán parte de los invitados internacionales que acudirán a la cita.
También desde Chile vendrá Felipe Escandón Nagel, consultor Internacional en temas de Innovación, Emprendimiento y Gestión, quien impartirá una conferencia sobre los laboratorios de Innovación en materia de administración pública en el ámbito global y latinoamericano.
Entre los expositores nacionales se encuentran el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, el director del Semanario Universidad, Ernesto Rivera, la diputada Marcela Guerrero, el procurador de la Ética, Ronald Víquez. Así como el jefe de Departamento de Proyectos de la Dirección e Innovación de Racsa, Gustavo Morales Chacón, y el director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica, Luis Guillermo Coto.
Puede conocer los detalles de todas las actividades en este programa general o consultar el siguiente cronograma con algunas de las jornadas, foros y conferencias. En cada vínculo puede ampliar la información.
