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Etiqueta: CIDH

“Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas en Nicaragua” – carta a la CIDH

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

16 de diciembre del 2021

Señores y señoras
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericana que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.

Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad de personas obligadas a exiliarse.

La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.

“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.

Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.

Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.

Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre.

Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permite hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con lo que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.

Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.

Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos en contar con su colaboración en este proceso.

La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países que nos encontramos angustiadas con esta situación y sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.

En constancia firman,

CANOA Habitar Popular
Sandra Gallo Docente – Educadora Popular
Mercedes Mayol Lassalle Docente
Mabel Bianco Médica MPH epidemióloga
Marcela Browne Psicóloga social
AREPA Colectiva de artistas, Educadorxs Populares y Comunicadorxs Populares Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer ONG de defensa de DD.HH
Julieta Montaño Abogada defensora de DH.HH
CLADEM CLADEM
Marvis Misler Concejal
Marisol España Barrios Abogada
Instituto Camélia Processos de formação e assessoria Chile
Corporación ACCIÓN COLECTIVA EDUCACIÓN Y COMUNIDAD (ACEDUC) ONG
Soledad Rojas Ruiz Psicóloga
ONG Caleta Sur ONG
ONG Canelo de Nos ONG ambiental
Eduardo Piñones P. Profesor
Mercedes Cruz Díaz Socióloga Colombia
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación Incidencia por el Derecho a la Educación
Jorge Gómez Congresista
Marco Raúl Mejía Educador
Cátedra Paulo Freire Educación
Mauricio Archila Historiador
Jorge Diego Acosta Medico anestesiólogo, Presidente del comité de Ética del Colegio de Médicos
Luna Contreras Educadora y activista feminista
Bibiana Peñaranda Líder comunitaria
Camilo Álvarez López Educador
Consuelo Chaparro Educadora Popular
Alva Gordillo Comunicadora social
Beatriz Elena Bermúdez Comunicadora
Ignacio Holguín Docencia
Argelia Londoño Socióloga
Juan Bernal Educador
Ignacio Holguín Docencia
Beatriz del Castillo V. Socióloga
Mónica Castro Psico-orientadora
Corporación Mandala ONG
Andrea Pardo Comunicadora
Oriana Reyes
Jeisson Andres Olarte Cano Asistente administrativo
Lucía Agudelo MontoyaAA Actriz de teatro
Otto Guggenberger Ing. Mecánico
Jairo Angel Hotelero
Grupo de Educadores(as)Comunitarios(as) investigación Grupo de investigación Polifonias de la educación comunitaria y popular Costa Rica
Cep-Alforja ONG
Red de jóvenes sin Fronteras ONG
Foro de mujeres Afrodescendientes Maestra
Oscar Jara Sociólogo y educador popular
Héctor Ferlini-Salazar Comunicador
Vernor Muñoz Académico
Carlos Granados Geógrafo/profesor
Soili Buska Profesora UCR
Fabiola Bernal Socióloga y educadora popular
William Javier Ramírez Cerda Asesor PYME para proyectos productivos en resistencia.
Silvia Sánchez Psicóloga
Sandra Gallo Trabajadora Social. Docente
Carmen Espinoza Funcionaria ONG
Juan Carlos Cruz Comunicador social
Cristina Zeledón M. Consultora independiente en Derechos Humanos
Liliana Ramírez Economista
Patricia Orozco Administración
Lilliana Mdón Periodista
Lucía Cordero Miranda Profesora
Andrea Artavia Vargas Psicóloga
Mecnthild Bors Pensionada
Rebeca Esquivel Alvarado Estudiante UCR
Rainforest Language School Teacher
Susanna Breitenstein Traductora
Profesionales para la Ciudadanía ONG
Eugenia Solís Umaña Arquitecta 
Cristina Zeledón M. Consultora independiente DD.HH.
Edith Tamayo López Psicóloga
Nora González Chacón ( ACED ) Politóloga y abogada
María Trejos Montero Maestra
Eva Carazo Vargas Psicóloga social, comunicadora y educadora popular
Fabián Campos Chavarría Cuentacuentos, gestor cultural
Luis Diego Chinchilla Valverde Docente
Luis Radimir Almeida Gordones Ingeniero
Marìelos Salazar Cabezas Artesana
Inti Segura Gestor de cambio
Maria T. Ruiz-Hedstrom Trainer
Zaria Morales Herrera Estudiante de Agronomía
Carlos Solorzano Consultor independiente
Yasy Morales Chacón Historiadora y socióloga, docente de la Universidad de Costa Rica.
Eugenia Solis Umaña Arquitecta
Maricela Hinkelammert Palma Activista, defensora de DDHH
Elsa Kruse Bolaños Psicóloga
Francisco Quirós Estudiante
Juan Carlos Cruz Barrientos Comunicador social
Natalia Caro Bernal Socióloga
Klixman Soto Ulloa Trabajador Social Cuba
Marbelis González Mesa Educadora Popular Ecuador
INEPE Educación
Oscar Aguilar Soliz Educador Popular
Cecilia Viteri – Contrato Social por la Educación Ecuador Educadora
Nany Carrión Sarzosa
Josué Berrú Psicólogo
Cristina Vega Docente universitaria
Andrea Z. Rojas artista
María Jose Freire
Cecilia Viteri Educadora
Clara Merino Serrano Activista DDHH y organizaciones mujeres sectores populares
Erika Arteaga Cruz /People’s Health Movement ecosystem and health circle Médica
Lisset Coba Docente El Salvador
Ma. Beatriz Cobián Socióloga
Breny Massiel Herrera Guirola Periodista y Feminista, España
M. Gabriela Serra Frediani Presidenta del Consell Català de Foment de la Pau
Proyecto Amigo ONG
Belky Reyes Defensora de derechos humanos
Isaac Ruiz Sánchez Trabajador social
Gloria Díaz Economista Estados Unidos
Gina Patricia Heredia Román Docente
Elina Giovanna VelaSoto Antropóloga
Severo Cuba Maestro  Marmanillo
Tania Guilbert Trabajadora social
Rosa Sueiro Comunicación Guatemala
Blanca Dole Terapeuta/ Master Reiki
Ana Silvia Monzón Socióloga
Karina Chalí Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo Honduras
Asociación civil Japiqay, Memoria y Ciudadanía, ONG
Karina Chalí Licenciatura en Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo
Gabriela Flores Chávez México
Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. Educación popular
Samuel Zelaya castro, Comercio Internacional
Guadalupe Macias Pérez, Educadora popular
Mayra Aguilar Educadora
Juana Pro Trabajadora Social
Davina Guadalupe Ponce Martínez, Abogada
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, ONG
Karen Paola Mora Hernández, Psicóloga
Evangelina Flores Ceceña Abogada de DDHH de las Mujeres
Yolanda Prada Miranda Bibliotecaria
IMDEC Educación popular
Beatriz Gómez B Docente universitaria
María Luisa Cuenca Abogada
Centro de Estudios Ecuménicos A.C. Psicóloga
Colectivo del periódico El Zenzontle Periodismo Nicaragua
Articulación de Movimientos Sociales AMS
Adriana Salazar Jiménez – UPREZ Bibliotecaria
Yadira Rocha Gutiérrez Pedagoga
Silvio Gutiérrez Educador
Rosa Emilia Ruiz Ruiz, Licenciada en Educación.
Mayra Aguilar Educadora
Michel Agente de ventas, Panamá
Francisco Javier Torrez Bermúdez Politólogo
Maritza Aguilar Economista
Heriberto Valdés Artes Visuales
Gladys Miller Ramírez Trabajadora social
Dora Arosemena Trabajadora social
Haydée Méndez Abogada
Daniel Holness Biólogo
Siria Martínez Trabajadora Social Jiménez Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ONG
Juana Camargo G. Docente
Nélida Céspedes Rosse,l Educadora
Jorge Osorio Sociólogo, Educador Popular
Diana Miloslavich Tupac Feminista escritora defensora
Cecilia Israel La Rosa Historiadora
Mariela Jara comunicadora
Mercedes Viera Cerna. Especialista derechos personas adultas mayores
CPM Micaela Bastidas, ONG
Nora Bonifaz Carmoma, Socióloga
Rocío Silva Santisteban, Escritora y activista de DD.HH
Movimiento Manuela Ramos, ONG
Alfonso Cotera Director Ejecutivo de la Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético
Tomada De León Profesora universitaria
Asociación Amar C ONG
Raquel Reynoso Rosales, Trabajadora Social
Asociación Servicios Educativos Rurales, ONG
Ana Margot Espejo López, Pedagoga
Fuerza Ciudadana Organización política
Rosa Lía Chauca Docente y Consejera psicológica
Red para la infancia y la familia, facilitadores educación popular y acompañamiento psicosocial
Marivel Saldaña Independiente
Mercedes Neves Médica- cirujano
Natalia Iguiñiz Artista visual y docente
Karen Bernedo Curadora
Ismael Vega Antropólogo
Betty Zúñiga Arbulu Educadora
Félix Rojas Orellana Antropólogo Social
Jose Tavara Economista-Profesor Universitario
Lucy Muñoz Torres Psicóloga
Eva Machado Ortiz Comunicadora
Rocío Gutiérrez Rodríguez, Obstetra
Irma del Aguila Socióloga
Sofía Macher Socióloga
Felicita Lourdes Chávez Morey, Documentalista Digital
Elga Prado Vasquez Obstetra
Tulia García Leon Agrónoma
Luisa Zanabria Cuba Educadora
Patricia Legoas Consultora
Javier Azpur Vicepresidente Asociación Arariwa
Lidia Carrión Docente
Lita Vargas Educación de Adultos
Sofía Macher Batanero Presidenta de Caminos de la Memoria
Alexis Chevez Solis Periodista / comunicador
Gino Costa Ex Congresista y ex Ministro del Interior
Asociación Ecuménica de Cuyo, ONG
Gladys Vía Huerta Obstetra
Jennie Dador Tozzini Abogada
Rómulo Torres Economista
Madeleine Zúñiga Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, Educadora
Josefina HuamanANC, Socióloga
Ana Violeta Rojas Vargas, Gestora Cultural
Juan Acevedo Fernández de Paredes, historietista y profesor
Edda María Leyva Foley Jubilada
Doris Balvin Diaz Abogada
Manuel Iguiñiz Sociólogo, Portugal
Helena Zapata Informática, Puerto Rico
Viviana Cruz McDougall

Foto del header tomada de: Infobae

Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

¡Atención comunidad universitaria!

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con la Relatoría Especial para los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA,) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) invitan a los Estados miembros de la OEA, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a organismos internacionales a enviar comentarios sobre los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.

El documento final será un instrumento que servirá como marco de referencia para la aplicación de estándares interamericanos en derechos humanos, en leyes, en políticas, y en prácticas en materia de libertad académica.

Plazo: 12 de noviembre de 2021.

Mas información: https://bit.ly/3GJHFAM

Adjuntamos imagen oficial:

 

Enviado a SURCOS por Rosaura Chinchilla Calderón.

Las vacunas contra el Covid-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Resolución No. 1/2021

(Adoptada por la CIDH el 6 de abril de 2021)

SURCOS comparte la siguiente información:

La pandemia generada por el virus que causa el COVID-19 ha originado una crisis sanitaria,

económica y social sin precedentes, a nivel mundial y regional. El desarrollo, junto con la

aprobación, fabricación y distribución de vacunas seguras y efectivas son pasos determinantes para: i) enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia; ii) disminuir la sobrecarga de los sistemas de salud, y iii) mitigar los efectos de las medidas de salud pública que han sido implementadas para contener el contagio. Tales medidas han afectado de manera especialmente adversa el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), con un impacto diferenciado y desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad de las Américas, así como de las personas con COVID-19 y sus familiares.

Un año después del comienzo de la pandemia generada por la COVID-19, el esfuerzo global ha dado como resultado el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces avaladas por las autoridades sanitarias competentes. Sin embargo, la inmunización de una masa crítica de la población mundial, crucial para controlar la pandemia, se enfrenta a un nuevo conjunto de desafíos, que incluyen nuevas cepas peligrosas del virus, la competencia mundial por un suministro limitado de dosis y el escepticismo público sobre las vacunas. En este escenario, sólo algunos Estados de la región han avanzado rápidamente en la inmunización de sus poblaciones, mientras hay otros en los que el acceso a dosis es limitado o el proceso aún no ha comenzado. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. 

En este contexto, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la

Comisión” o “la CIDH”) es imperativo que se promueva la distribución justa y equitativa de las vacunas y, en particular, hacerlas accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos.

La equidad debe ser el componente clave no sólo entre países, sino también dentro de los países para poder poner fin a la fase aguda de la pandemia.

Conforme al Marco de valores del Grupo de Personas Expertas en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la asignación de vacunas y el establecimiento de prioridades en la vacunación para prevenir el COVID-19, el objetivo general de las vacunas es que contribuyan significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar humano. Por ello, las vacunas para prevenir este virus deben ser un bien público mundial y regional, y estar al alcance de todas las personas, con equidad y sin discriminación.

Las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso que adopten todos los Estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, según corresponda, bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “CADH”) y el Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador). Igualmente, deben estar regidas desde un enfoque de salud pública y basadas en la mejor evidencia científica disponible.

La presente Resolución se enmarca en el trabajo continuo que la CIDH viene realizando en

respuesta a la pandemia desde un enfoque de derechos humanos; en particular, con la adopción de su Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas y la Resolución 4/2020 que establece las “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19”. Asimismo, la Comisión toma nota de la Resolución No. A/HRC/46/L.25/Rev.1 de 17 de marzo de 2021, adoptada por aclamación en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual hace un llamado para asegurar el acceso equitativo, asequible, oportuno y universal de todos los países a las vacunas para hacer frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); como también de los pronunciamientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas a la luz de las obligaciones de los Estados parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, toma nota de la guía conjunta sobre el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 emitida por el Comité sobre Derechos de las personas trabajadoras migrantes junto a otros mandatos, incluyendo la Relatoría sobre Personas Migrantes de la CIDH.

El objetivo de esta Resolución es contribuir a que los Estados asuman el alcance de sus

obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre vacunación, a fin de garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida. Para tales efectos, brinda recomendaciones puntuales basadas en los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, transparencia, acceso a la información, cooperación y solidaridad internacional.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

Resolucion-1-21-esDescarga

 

Enviado a SURCOS por Trino Barrantes.

APSE sindicato presentará acción de inconstitucionalidad contra Ley Anti-Huelgas

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

  • Ley 9808

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

APSE Sindicato presentará una Acción de Inconstitucionalidad contra la nefasta Ley Antihuelgas (Ley 9808), la cual fue aprobada por el Gobierno de Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa actual. 

Con fundamento en la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la doctrina de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adelantamos a toda nuestra afiliación apsina, que APSE Sindicato interpondrá una Acción de Inconstitucionalidad contra aquellas normas de la ley anti huelgas que impiden o restan fuerza a la huelga.

APSE solicitará a la Sala Constitucional, que al amparo de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, realice el correspondiente control de convencionalidad y en consecuencia, declare que las normas de la ilegítima Ley Anti Huelgas son contrarias al Derecho de la Constitución y la democracia.

Según los órganos de control de la OIT, la ley anti huelgas contiene abusivas restricciones que no solo se oponen a la legislación internacional, sino que, además, vulneran la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador. 

En la reciente Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, donde APSE tuvo una destacada participación, siendo uno de los dos únicos sindicatos de la educación de todo el continente americano que intervino en el proceso, se estableció que el derecho de huelga está incorporado en la Convención Interamericana y que esa clase de limitaciones no son compatibles con la Libertad Sindical.

Es momento de recuperar los derechos que nos arrebataron a la fuerza, la huelga es un derecho natural de la clase trabajadora, y como Sindicato nuestro deber es defenderla. ¡APSE SÍ LUCHA!

Zaray Esquivel Molina, Presidenta

Silvia Rovira Abarca, Vicepresidenta

Dennis Solís Cruz, Secretario General

22 de octubre del 2022

Colombia. Sentencia histórica: la CIDH responsabiliza al estado por secuestro y torturas contra la periodista Jineth Bedoya

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021.

El organismo dictó sentencia en un caso que inició hace más de dos décadas.

En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó este lunes que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión que la periodista Jineth Bedoya Lima sufrió el 25 de mayo de 2000.

En la esperada sentencia, el organismo recordó que ese día un grupo de paramilitares interceptó y secuestró a la periodista a las puertas de la Cárcel La Modelo, y después la sometió a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales.

También advirtió sobre la existencia de «indicios graves, precisos y concordantes» acerca de la participación estatal en estos hechos, lo que había sido un reclamo permanente de Bedoya en las últimas dos décadas.

«Se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable», explicó la Corte en un comunicado.

Agregó que los derechos de la víctima fueron violentados al igual que los de su madre, Luz Nelly Lima, ya que el Estado no les otorgó garantías ni protección judicial a pesar de las amenazas sufridas antes y después del secuestro.

Reparación

Cuando ocurrieron los hechos, Bedoya cubría en el diario El Espectador la guerra que libraban el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo. Las agresiones en su contra permanecieron impunes hasta que en mayo de 2019 fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, Alejandro Cárdenas, y Mario Jaimes Mejía.

Sin embargo, la periodista siempre denunció que ellos no habían sido los únicos culpables y que más de 20 personas se habían organizado para atacarla, entre ellas agentes del Estado que nunca fueron llamados a comparecer por la justicia.

Además de darle la razón, la Corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas la de promover y continuar las investigaciones para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista.

Además, conminó a crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia a fin de que aprendan a identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las periodistas.

La sentencia incluye la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las periodistas, así como el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia que padecen.

Por otra parte, apunta a crear un Fondo que financie programas de prevención y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.

 

Fuente: https://www.resumenlatinoamericano.org/

Compartido con SURCOS por Arturo Fournier.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita medidas alternativas a la prisión para siete personas presas políticas en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

  • La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco Fonseca, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a siete personas detenidas y encarceladas en meses pasados, todas reconocidas opositoras al gobierno. Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco y Jorge Hugo Torres integran el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos); Arturo José Cruz es precandidato presidencial del partido Alianza Ciudadana; y Luis Alberto Rivas es integrante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). La resolución puede consultarse aquí: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_71-21_mc_593-21,%20665-21%20y%20680-21_ni_es.pdf

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de Téllez, Vijil, Barahona, Torres y Tinoco, la resolución retoma aspectos importantes sobre la situación de las personas beneficiarias y sobre el contexto nicaragüense actual.

A continuación, ofrecemos algunos de estos párrafos (los destacados son nuestros):

  • La CIDH “señala que la situación de las personas propuestas como beneficiarias no se trata de una situación aislada, sino que forma parte de una práctica de detenciones arbitrarias, criminalización de personas opositoras y defensoras de derechos humanos”. “Al respecto, la CIDH ha otorgado varias medidas cautelares y la Corte Interamericana una medida provisional a personas identificadas como opositoras quienes están privadas de libertad en Nicaragua”.
  • “La Comisión observa que las alegadas situaciones de riesgo de las personas propuestas como beneficiarias estarían relacionadas con sus perfiles como opositoras al Gobierno”.
  • La CIDH “observa que las detenciones de las personas propuestas como beneficiarias se habrían producido con violencia y presuntamente sin que los agentes policiales hubieran presentado órdenes de detención”.
  • “La Comisión requiere al Estado evaluar la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad atendiendo a la situación particular de las personas propuestas como beneficiarias”.

La Comisión también requiere al Estado que informe sobre el paradero o la ubicación de las personas beneficiarias, considerando que hasta el día 31 de agosto ni las familias ni las representantes legales habían logrado visitar ni contactar a las personas encarceladas.

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.

Apoyo para la reelección de la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola Noguera

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Se le invita a apoyar la reelección de la Presidenta Antonia Urrejola Noguera para los Estados miembros de la OEA. Su continuidad en el cargo es fundamental para continuar con la construcción de legitimidad institucional de la CIDH de cara a las graves problemáticas que la región está atravesando. 

Considerando su importante trayectoria en este organismo y sus décadas de experiencia profesional, se le solicita el apoyo para su reelección.

Se recibirán adhesiones, (únicamente institucionales), hasta el miércoles 6 de octubre a las 11:59  p.m. a través del siguiente formulario https://forms.gle/1mHx9dxz73yAx82p8

 

Compartido con SURCOS por María Elena López.

EL SHOCK QUE VIENE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario a inicios de 2018, produjo en Costa Rica un remezón político-electoral que aún hoy, tres años después, muestra sus principales impactos: la consolidación en la arena política local de un actor vinculado a la confesionalidad religiosa de corte conservadora, que ha venido escalando terreno en lo que las denominaciones tradicionales y progresistas se infringen a sí mismas heridas profundas difíciles de subsanar.

En aquel contexto faltaban todavía pocas semanas para las elecciones nacionales. El fallo de la Corte supuso entonces una alteración de la contienda, caracterizada por el rápido ascenso de ese actor novedoso representado en la figura de Fabricio Alvarado, que aglutinó a su alrededor un descontento no solo con la coyuntura de la restitución del derecho para personas del mismo sexo, sino que además supo ganar para si un caudal importante de enojo y resentimiento de importantes sectores de población desatendidos por el Estado, desoídos por las estructuras político partidarias tradicionales y también por las feligresías denominadas progresistas. De paso, potenció la articulación de sectores económicos fuertes y los aglutinó alrededor de su agenda regresiva.

Por primera vez en su historia el país se enfrentó a un enjambre telúrico político que fue interpretado en el mainstream de las ciencias sociales locales como un “shock religioso”, lo que es lo mismo a decir que tanto la decisión emanada desde la entidad internacional, como el aumento de los conservadurismos a todo nivel y un crecimiento exponencial y vertiginoso de la discursividad religiosa neopentecostal, encontraron su momento de fragua al constituirse eventualmente como una fuerza electoral capaz de asumir la gestión del país en el periodo 2018-2022.

Dicha coyuntura, aún inacabada y en transcurso, encuentra ahora un escenario en el que se entrecruzan el debilitamiento de las lealtades partidarias, un permanente pero creciente enojo con la dimensión política y el funcionamiento del franquiciado partidario que un día sí y otro también aparecen en el firmamento electoral costarricense.

Al momento de escribirse esta columna, se cuenta con un variado menú de ofertas partidarias en carrera por las elecciones nacionales. Son más de una veintena. Se diria con algo de congoja, que nos enfrentamos a la «uberización» de la propuesta politica marcada por la entrega a la carta de la oferta político-electoral.

Algunas tan débiles que ni siquiera alcanzaron a llegar al momento eleccionario. Otras con fuertes fisuras internas. Las más, estructuras vaciadas de contenido en un amplio espectro ideológico del centro a la derecha del panorama. Las denominaciones realmente progresistas, no han logrado conformar figuras potentes y atractivas. Siguen en las sombras.

Lejos de felicitarnos como país por semejante menú a la carta, debemos pensar que llegamos hasta aquí como resultado de una evidente imposibilidad para hablarnos, resolver nuestros entuertos, restituirnos. Esto se refleja en el escenario electoral.

Desde que inició el presente siglo la imposibilidad de escucharnos ha producido una polarización sin retorno que, a la postre, se expresa en la ausencia de experiencia colectiva, atomizada, fragmentada, ingobernable. Ya ni los partidos políticos o franquicias o estructuras acartonadas pueden procesar estas complejidades.

Dicho lo anterior, a estas alturas cualquier cosa podría aparecer como un shock que colocaría de nuevo los escenarios para un desenlace no esperado: por ejemplo la inmunidad comunitaria alcanzada a muy pocas semanas del proceso eleccionario, la detención y encarcelamiento de más personas por los casos de corrupción recientemente ventilados a la opinión pública, una acción afirmativa en el campo de los derechos, que en un país como Costa Rica, han sido vaciados de contenido por el mercado y sus espejos en las aparentes alternativas.

Él shock que viene puede ser cualquier cosa. Cualquier cortina de humo, cualquier discurso populista sin contenido que de nuevo ponga a este país a dirimirse entre discursos contrarios y polarizantes. Las tesis, que llaman los especialistas en estos temas. La atención, la calma para no escoger cualquier oferta desabrida y descosida en el menú político electoral se impone como obligación. Ciudadana si, pero ante todo moral.

Curso básico para personas no abogadas sobre jurisprudencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll invitan al curso básico para personas no abogadas sobre jurisprudencia de la Corte IDH  con respecto de los derechos de las mujeres.

El curso está dirigido para personas centroamericanas no ahogadas de instituciones públicas y de sociedad civil que se dediquen a la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.

El curso dará inicio el 21 de septiembre del 2021 y tendrá una duración de 5 semanas con un horario de martes y jueves de 4:00 p.m. a 5:30 p.m. hora Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Mainier Barboza.

Sin libertad sindical no hay trabajo decente

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La CIDH y su opinión ante la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga

Una democracia bicentenaria ha retrocedido un siglo en materia de derechos humanos. Es evidente que Costa Rica estará bajo la mira de los organismos internacionales por la paulatina destrucción de su democracia.

Frank Ulloa

¿Qué dirán el presidente de la República y la ministra de Trabajo de la siguiente opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?: “La libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que, junto con el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga, forman el núcleo básico para proteger y promover el derecho al trabajo y a sus condiciones justas y satisfactorias (…)”.

“El desarrollo del contenido del derecho al trabajo es clave para fortalecer los sistemas económicos y sociales desde un enfoque de derechos, en particular tienen importancia vital para la garantía y el disfrute de otros derechos humanos y el desarrollo autónomo de la persona”.

“Esto incluye la existencia de un sistema que garantice a cada trabajador o trabajadora el acceso a un empleo digno y a no ser privado injustamente de él. La Corte (…) se ha referido al contenido del derecho al trabajo como un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana respecto del cual los Estados tienen obligaciones específicas”.

Efectivamente, sin libertad sindical y sus correlativos derechos no será posible consolidar empleos dignos con trabajo decente.

Un empleo requiere estabilidad laboral, ejercer la denuncia de las irregularidades y la existencia de sindicatos. En las empresas costarricenses el sindicalismo no se permite, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no toma en serio sus denuncias y, más grave aún, el sistema judicial es costoso, inaccesible y lento.

Sin duda, el país requiere profundos cambios. En este año electoral debemos posicionar a la libertad sindical como un tema de debate, porque la destrucción de las garantías sociales ha sido la tónica de este gobierno y de las leyes que ha enviado a la Asamblea Legislativa.

Si bien la teoría dice que los derechos humanos son irreversibles y progresivos, en el laboratorio antisindical costarricense han logrado retroceder en un siglo la historia de los derechos humanos en el agro, de manera especial mientras miles de trabajadores migrantes e indígenas se someten a condiciones de trabajo forzoso porque no existe la libertad de asociación.

¡Sin duda, la democracia costarricense está en cuidados intensivos!

 

Foto: Gerardo Iglesias

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/sin-libertad-sindical-no-trabajo-decente/