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Etiqueta: CIDH

CEJIL: Honduras debe garantizar protección a familia de Berta Cáceres y COPINH ante juicio contra David Castillo

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San José, 08 de abril de 2021.- Esta semana dio inicio el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, ex gerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), acusado por su responsabilidad como co autor del asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres Flores el 02 de marzo de 2016. El día de ayer, en el segundo día del proceso, la defensa de David Castillo presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio. Aunque el proceso fue suspendido a raíz de ello, la Corte deberá resolver en los próximos días y el juicio deberá reanudarse.

Ante este proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de la familia de Berta Cáceres y las comunidades organizadas del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) en el marco del proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamamos al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.

Este llamado se vuelve urgente ante la agudización de los ataques perpetrados en contra del COPINH en los últimos años, y, en particular, tras el incidente enfrentado por las hijas de Berta Cáceres y un integrante del COPINH el pasado 03 de abril, fecha en que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por al menos 10 agentes de la policía nacional civil por alrededor de 3 horas. Preocupa que estos hechos constituyan un intento de intimidación en su contra pocos días antes del inicio del juicio oral y público.

Recordamos que la familia de Berta Cáceres y las comunidades del COPINH cuentan con medidas de protección otorgadas por la CIDH desde 2016 y reconocemos que estos hechos demuestran que la situación de riesgo a la que continúan expuestas sigue siendo extremadamente grave, por lo que el Estado de Honduras tiene la obligación de tomar todas las medidas para garantizar su protección, en particular, ante los riesgos agravados que podría implicar el proceso de juicio oral y público contra David Castillo.

En el marco de este juicio, desde CEJIL llamamos también al Estado hondureño a cumplir con todos los estándares del debido proceso y garantizar verdad y justicia para la familia de Berta Cáceres, el COPINH, las comunidades lencas y la sociedad hondureña.

Reconocemos que la recusación presentada ayer se suma a cuatro anteriores y representa una acción más dentro de una serie de medidas dilatorias por parte de la defensa que, a cinco años del crimen, representan un obstáculo más en el acceso a la justicia. Denunciamos también la exclusión de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, y de personas y organizaciones nacionales e internacionales de observación en la sala de audiencia el primer día del juicio.

Ante ello, hacemos un llamado para que el proceso avance sin más dilaciones y demandamos al Estado de Honduras a cumplir con los principios de publicidad y transparencia, aspectos esenciales para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.

Asimismo, desde CEJIL esperamos que este juicio sea un paso contundente para avanzar hacia la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de la lideresa lenca. Recordamos que a 5 años de los hechos tan solo autores materiales e intermedios han sido procesados, y reconocemos, como lo ha hecho la CIDH, que “la justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen”.

El caso de Berta Cáceres continúa representando la grave situación de violencia e impunidad que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y el territorio al ejercer su labor en Honduras y toda la región Latinoamericana, así como los intereses detrás de los proyectos extractivos y su rol en las amenazas, criminalización y agresiones perpetradas contra quienes defienden el territorio.

Avanzar hacia la justicia integral en este caso resulta vital para debilitar la impunidad estructural que impera en Honduras; evitar que hechos como los enfrentados por Berta Cáceres se repitan; y garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el territorio, puedan ejercer su labor de forma segura.

Desde CEJIL continuaremos observando el proceso contra David Castillo y acompañando a la familia de la lideresa lenca, al COPINH y a las comunidades en su camino por justicia para Berta Cáceres, que es también justicia para las defensoras, para los pueblos y para la sociedad en su conjunto.

Día Internacional de la Visibilidad Trans: CIDH llama a garantizar derecho a la identidad de género de las personas no binarias

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

«En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, observado el 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a garantizar el derecho a la identidad y expresión de género de las personas no binarias, mediante la implementación de mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten registrar o cambiar componentes esenciales de su identidad en los registros públicos y en sus documentos de identificación.»

Puede leer el comunicado completo en el siguiente enlace:

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/079.asp

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Escrito en . Publicado en Derechos.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.  Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad” [i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios.  La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.  Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre.  Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres.  Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas?  Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas.  Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?

[i] Jerez, M. (2019, marzo 19).  (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.   

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

 

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

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Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

  • Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
  • Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
  • Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
  • Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
  • Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana
Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela:

Nicaragua: CIDH celebrará audiencia sobre la colonización de tierras indígenas en la costa caribe

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • El 18 de marzo de 2021 a las 12:00 horas Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua, en el marco de su 179º período de sesiones. Inscripción: http://bit.ly/2Owsy7c

  • Sólo en 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país, ocho personas resultaron heridas, dos fueron secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, en el noreste de Nicaragua, como parte de la violenta colonización de la región.

  • La audiencia pública tendrá lugar tras meses de creciente presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y el sector privado para que tomen medidas concretas contra la invasión de las tierras indígenas y afrodescendientes en la costa caribe.

12 de marzo de 2021.- El 18 de marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública sobre los impactos de la colonización de tierras indígenas en la costa caribe de Nicaragua. Seis organizaciones de la sociedad civil participarán en la audiencia y llamarán la atención alrededor de las causas, la magnitud y los impactos de la colonización de los territorios indígenas en el noreste de Nicaragua, así como sobre los promotores de esta violencia.

En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, así como los detalles sobre la colusión y la complicidad del gobierno nicaragüense y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.

En 2020, se documentaron 13 asesinatos, ocho personas heridas, dos secuestros y el desplazamiento forzoso de una comunidad en los territorios indígenas de la Reserva de la Biosfera de Bosawás. A la fecha, la violencia continúa. El pasado 4 de marzo de 2021, colonos llevaron a cabo un ataque contra el pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, dejando a una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Durante la audiencia, representantes de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil ofrecerán su testimonio sobre las repercusiones de la colonización en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas, incluidos los impactos en su capacidad de acceder a fuentes de alimentos, agua potable y a medicina tradicional, así como en sus relaciones con la tierra en general. Las personas participantes también debatirán los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que golpearon la costa caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.

Esta audiencia se da en un contexto de mayor presión internacional sobre el gobierno nicaragüense y las empresas privadas para que tomen medidas concretas para detener el proceso de colonización. Al respecto, el 1 de febrero de 2021, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos envió una carta al gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación completa del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder Mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales. El Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos respaldaron la carta. A finales de febrero, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua que, por primera vez, incluyó una sección sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. La Alta Comisionada denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del gobierno nicaragüense para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias de connivencia de las autoridades locales en los mismos. El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades mískitas.

Más recientemente, el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) anunció que retiraba a Nicaragua de su cartera tras determinar que será imposible «poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados.» La financiación del FCPF en Nicaragua estaba destinada a invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación.

La audiencia pública tendrá lugar a las 12:00 horas Nicaragua | 14:00 horas Washington D.C. el 18 de marzo de 2021 y se realizará de manera virtual a través de Zoom y de la página de Facebook de la CIDH. Las organizaciones que participarán en la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E), el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). El Estado de Nicaragua ha sido invitado a participar.

Registrarse a la audiencia

Desplazamientos forzados en Costa Rica: pueblos indígenas, usurpación blanca, Estado omiso

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña. (Sociólogo y escritor costarricense)

Entre el 28 y 29 de junio de 2014, mientras la mitad del país se entregaba a la euforia de la celebración por el triunfo de su selección de futbol en el Mundial de Brasil, otro tipo de euforia revestida de ira y odio racista circundaba los territorios indígenas ubicados en el sur del país.

Decenas de finqueros, hombres, blancos, armados, la mayoría de ellos con considerables rastros de ingesta de alcohol, arremetieron contra caseríos y personas del territorio Bribri de Salitre, quemaron sus ranchos, les golpearon, amedrentaron y persiguieron hasta perderlos en las montañas.

Días después de estos hechos fui invitado a participar en la Sétima Misión de Observación Independiente del Observatorio de Derechos Humanos para la Autonomía indígena (ODHAIN), en mi condición de director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional en aquel periodo. Fuimos a observar y verificar nuevos actos de violencia y desplazamiento ocurridos solo una semana después del acontecimiento de junio. Conversamos, observamos, anotamos. Pudimos constatar en el campo las denuncias de los pobladores indígenas, pero ante todo sus temores, sus miedos fundados.

Se producía así un episodio más de una larga escalada, histórica, en que la legitimidad originaria por el derecho a la tierra y sus recursos ha sido recusada una y otra vez por la apropiación, la ocupación, el despojo y la violencia bajo la cual se escudan sectores de población no indígena para hacerse con sus territorios. La mayoría de estos eventos terminan con una expulsión violenta, inmediata y premeditada de las poblaciones indígenas, obligándolas a vivir fuera de los espacios que por ley ancestral les pertenece y sin que el Estado actúe de forma pertinente.

Es esta una dinámica no verbalizada en Costa Rica, como tantos hechos invisibilizados en su historia reciente, tales como las movilidades de población costarricense hacia el extranjero, las violencias contra poblaciones vulnerables y los desplazamientos forzados internos.

Hablar de desplazamientos forzados en una realidad como la costarricense, implica desmontar el mito sobre el cual se han construido discursos igualitarios y homogenizantes. Significa, reconocer la emergencia de un sujeto social con características particulares: des territorializado, despojado y obligado a dejar su lugar de origen y residencia. Al mismo tiempo, orienta miradas acerca de procesos que han experimentado otros países de la región centroamericana y cuyas manifestaciones vienen aumentando en Costa Rica.

Justamente violencia y despojo son dos rasgos distintivos que experimentan las poblaciones indígenas frecuentemente desalojadas de sus territorios. Por ello, entendemos la noción de desplazamiento forzado interno como una dinámica de movilidad causada por factores de expulsión y que merece ser discutida y reflexionada ampliamente en el contexto costarricense.

Por las constantes denuncias de riesgo y peligro que experimentan las poblaciones indígenas en Costa Rica, en particular las situaciones expuestas por los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, el Estado fue apercibido con una medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 en la que se le exhortaba a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos.

Pese a esta consideración planteada por el organismo internacional, el Estado ha actuado con dilación, lentitud y poca capacidad de respuesta. Entre 2019 y 2020, dos dirigentes indígenas de los territorios fueron asesinados sin que hasta la fecha el sistema judicial haya actuado en consecuencia. En la actualidad, varios dirigentes y líderes indígenas siguen siendo amenazados sin que la institucionalidad judicial costarricense intervenga para su protección.

Desde el año 2020 y en plena coyuntura pandémica, el territorio cabécar de China Kichá ha sido sometido a la continuación de las tensiones producidas por la ocupación-usurpación de personas no indígenas y la recuperación legítima de sus pobladores. Nuevos actos de violencia física y agresiones a personas recuperadoras han sido documentados.

La problemática en este territorio está lejos de resolverse, pese a las acciones de incidencia impulsadas por personas dirigentes, personas recuperadoras y organizaciones sociales y académicas que acompañan a estas poblaciones. Al momento de escribir esta columna se conoció que al menos el Poder Ejecutivo, dadas las presiones de muchos actores involucrados, había emitido la declaratoria de vulnerabilidad social estipulada en la normativa, en el caso de un inminente desalojo en Yuwi Senaglö, perteneciente a este territorio.

Es preciso que la comunidad internacional se pregunte por los mitos que han sostenido la imagen del Estado costarricense como defensor de los derechos humanos. Es necesario cuestionar esta lógica de producción inversa de discurso que alimenta una forma de reconocer un Estado, pero no de profundizar en sus prácticas. De igual manera, es necesario que, en la región centroamericana, en particular en su región norte, se considere el hecho de que los desplazamientos forzados internos son una realidad incuestionable que abarca prácticamente toda la geografía centroamericana, incluyendo Costa Rica. Esta visibilización es urgente para avanzar hacia una restitución real y permanente de las definiciones ancestrales en materia de territorios y derechos, que asisten a nuestras poblaciones indígenas.

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

NicaraguaSilencioacualquierprecioDescarga

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

18-INFORME-ODHAIN-2021-sin-anexosDescarga

#EsTiempoDeUnaMujer en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversas organizaciones y colectivos enviarán una carta abierta dirigida al presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar la solicitud de que la CIDH seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva.

En 60 años de labor, la CIDH solo ha contado con una mujer en la Secretaría Ejecutiva, en contraste con 9 hombres en dicho puesto.

Puede apoyar la petición en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Xb9_AwO2DiRz-8UFh9-ONB0I94xYAw2BjfvRMuhO9MjUew/viewform

“Enero 22, 2021

Joel Hernández García, Presidente
Antonia Urrejola Noguera, Primera VicePresidenta
Flávia Piovesan, Segunda VicePresidenta

Estimada Comisión:

Las firmantes de esta carta queremos reiterar nuestra solicitud de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva. Reconocemos el valor de la inclusión de seis candidatas en la lista corta y esperamos también que se incluya una mayoría de mujeres en la lista final, como un cambio positivo de experiencias pasadas y como una acción afirmativa para incrementar las posibilidades de seleccionar a una mujer.

Seleccionar a una mujer avanzará el cumplimiento de la Resolución 1149 (2020) de la OEA reconociendo que “la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y en las más altas escalas laborales, sigue siendo un reto para la Organización”, así como el compromiso que “aumente progresivamente la participación y representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión al interior de la Organización […] con el objetivo de alcanzar la paridad, entendida como la participación igualitaria y activa de las mujeres en su dirección y composición”.

Debido a que la CIDH entra en una nueva fase en el proceso de selección, evaluando a las candidaturas incluidas en la lista corta, tenemos el honor de compartir con ustedes los requisitos que consideramos son esenciales para la posición de Secretaria Ejecutiva. Estos requisitos son más explícitos que los requisitos generales de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos para servir en tan importante puesto, de acuerdo a los artículos 22 del Estatuto y 11 del Reglamento de la CIDH.

  1. Compromiso real en la defensa de derechos humanos y fuerte dedicación a la igualdad. En particular, la nueva secretaria ejecutiva debería tener un récord comprobado de compromiso con y experiencia práctica en derecho de las mujeres a la igualdad, incluido trabajo directo a nivel nacional e internacional. La próxima Secretaria Ejecutiva necesita tener experiencia demostrada trabajando directamente y extensivamente con mujeres, niñas y adolescentes diversas en situación de mayor vulnerabilidad. Una fuerte conexión con los movimientos de derechos de las mujeres y feminismo debería ser altamente valorado.
  2. Competencia para ejercer un liderazgo feminista interseccional: en estos tiempos desafiantes para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la causa de los derechos de las mujeres en la región, creemos que el funcionamiento efectivo de la CIDH requiere un liderazgo que enfatice la cooperación, comparta el poder entre equipos, y practique una genuina participación en la toma de decisiones. Buscamos un liderazgo transformador, que estimule dentro de la CIDH los cambios que buscamos en las estructuras culturales y políticas.
  3. Un récord probado en la construcción de liderazgos femeninos y abordando los prejuicios raciales, de género y otros así como los obstáculos que impiden el avance profesional de las mujeres dentro de las instituciones debería ser altamente valorado. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta que el personal de la CIDH está compuesto predominantemente por mujeres. La próxima líder debe tener habilidades para crear un ambiente de trabajo seguro para que las mujeres puedan participar y desarrollarse profesionalmente, así como poner en práctica y promover el autocuidado y cuidado colectivo.
  4. Habilidad comprobada para generar diálogo con todos los actores de la comunidad internacional es fundamental para desempeñar un cargo tan importante. Buscamos un liderazgo pueda generar un diálogo centrado en las normas y principios de derechos humanos y que desafíe las instituciones y sistemas patriarcales y racistas, en línea con una Política Exterior Feminista. El dominio de los idiomas oficiales de la OEA ayudarían a hacer más efectivo este diálogo.
  5. Un record personal libre de acusaciones de acoso laboral y violencia contra las mujeres, y un récord probado de instituir mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad para atender estos asuntos dentro de las instituciones que ha liderado, de acuerdo a los más altos estándares y normas interamericanos de derechos humanos.

Solicitamos a la CIDH que valore los criterios antes señalados al momento de adoptar su decisión final, e incluso solicite a las personas preseleccionadas que se refieran a su experiencia en estos importantes asuntos.

Confiamos que la CIDH sabrá honrar la deuda histórica que tiene en relación con la representación de mujeres en este importante cargo”.

 

Compartido con SURCOS por Marcia Aguiluz.