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Etiqueta: CIDH

“Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente publicación:

Amnistía Internacional presenta una nueva publicación a cerca de la situación de represión que se está viviendo en Nicaragua.

Adjuntamos la introducción del texto y extendemos la invitación a leer el artículo completo que se encontrará disponible para descarga al final de la nota.

  1. Introducción:

Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido.

Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.

La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.

Las violaciones de derechos humanos, incluida a la libertad de expresión, no son nuevas en Nicaragua. Sin embargo, el uso de nuevas herramientas, como algunas de las que serán presentadas y descritas en este documento, indican el comienzo de un capítulo más sombrío en la historia reciente del país.

Durante abril y mayo de 2018, las autoridades hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza e implementaron una estrategia en ocasiones deliberadamente letal contra las personas que se manifestaban.1

La negativa del gobierno a cesar la represión, en los meses posteriores, continuó sumando víctimas fatales y heridos a manos de agentes del Estado y grupos parapoliciales armados afines al gobierno, lo que aumentó la indignación social. Numerosas localidades respondieron a la estrategia represiva levantando barricadas y, en ocasiones, utilizando morteros artesanales para defenderse.

En respuesta, en julio de 2018, Ortega anunció la “Operación para la Paz”, que se conoció popularmente como “Operación Limpieza”. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enviar a grupos combinados de fuerzas parapoliciales armadas y agentes de la Policía Nacional a enfrentar a quienes se manifestaban. 2

En su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la puesta en marcha de la Operación Limpieza estaba marcando un punto de inflexión en la crisis de derechos humanos en Nicaragua. 3

Pocos meses después, en diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua, instalado bajo el auspicio de la CIDH con el fin de coadyuvar en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el contexto de las protestas, concluyó que la respuesta represiva del Estado se dio en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. El GIEI afirmó que las autoridades nicaragüenses realizaron “conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. 4

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifestaban y promovían el respeto a los derechos humanos continuó durante 2019.

De acuerdo con datos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), en el 2019 se continuaron reportando casos de homicidios selectivos de personas identificadas como participantes en las protestas o como opositoras al gobierno, incluyendo al menos 40 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, muchas contra personas campesinas.5

Durante ese año el gobierno se cerró al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos, situación que continuaba hasta finales del 2020.

Organizaciones locales actualmente denuncian que las autoridades siguen utilizando al Poder Judicial como uno de los brazos represivos para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios.6 A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización de este informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas de manera arbitraria.7

Dentro de las cárceles, las personas detenidas bajo cargos que podrían esconder una motivación política siguen reportando malos tratos y hostigamiento, como elementos adicionales de castigo por sus actividades. Además, fuera de las cárceles, quienes trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos son víctimas de una campaña de hostigamiento sistemática, diseñada para detener su labor.

Fuera de las prisiones, activistas excarceladas y sus familias denuncian que el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer cualquier tipo de trabajo relacionado con los derechos humanos, u otras actividades. En algunos casos, el hostigamiento se materializa en actos de intimidación y acoso por parte de la policía, fuerzas parapoliciales o redes de control local vinculadas con las autoridades.

En otros casos, la represión es más directa. Desde 2018, el gobierno ha cancelado el registro legal y confiscado los bienes de al menos 10 organizaciones de derechos humanos. Las autoridades también han criminalizado a periodistas y cerrado medios de comunicación considerados críticos.

Durante la segunda mitad del año 2020, la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del presidente Daniel Ortega, aprobó una serie de leyes que restringen considerablemente el ejercicio de los derechos humanos. La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros,8 por ejemplo, cuyo aparente objetivo es fiscalizar el dinero que organizaciones reciben para evitar la “injerencia extranjera”, en la práctica podría forzar a las organizaciones a cerrar sus puertas ante los obstáculos para financiar sus actividades legítimas.

La Ley Especial de Ciberdelitos, por su parte, bajo el pretexto de evitar la propagación de “noticias falsas”, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones que, a los ojos de las autoridades, “produzcan alarma, temor o zozobra”.9 En la misma línea, se aprobó, en primera lectura, una reforma constitucional que permitiría la pena a perpetuidad. Debido a la vaguedad del texto que se propone reformar, existe el temor fundado de que sea otra herramienta que pueda ser utilizada para criminalizar a personas percibidas como opositoras.

Personas defensoras de derechos humanos temen que lo peor todavía no ha llegado. Afirman que, en el contexto preelectoral de cara a los comicios presidenciales de noviembre 2021, las violaciones a los derechos humanos, que no se han detenido, se recrudecerán mientras el gobierno busca silenciar cualquier forma de oposición, a cualquier costo.

Mientras tanto, la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares, quienes han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y de otras violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, continúan siendo una ilusión.

Tras la finalización de este documento, en noviembre de 2020, los reportes sobre el incremento de los actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensores de los derechos humanos, periodistas, así como víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias, continuaron sin pausa. Adicionalmente, en diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, cuya aprobación fue rechazada por la CIDH, quien además señaló que su contendido limita el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. 10

NicaraguaSilencioacualquierprecioDescarga

 

Enviado por Juan Carlos Cruz Barrientos.

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

18-INFORME-ODHAIN-2021-sin-anexosDescarga

#EsTiempoDeUnaMujer en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Diversas organizaciones y colectivos enviarán una carta abierta dirigida al presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar la solicitud de que la CIDH seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva.

En 60 años de labor, la CIDH solo ha contado con una mujer en la Secretaría Ejecutiva, en contraste con 9 hombres en dicho puesto.

Puede apoyar la petición en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Xb9_AwO2DiRz-8UFh9-ONB0I94xYAw2BjfvRMuhO9MjUew/viewform

“Enero 22, 2021

Joel Hernández García, Presidente
Antonia Urrejola Noguera, Primera VicePresidenta
Flávia Piovesan, Segunda VicePresidenta

Estimada Comisión:

Las firmantes de esta carta queremos reiterar nuestra solicitud de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva. Reconocemos el valor de la inclusión de seis candidatas en la lista corta y esperamos también que se incluya una mayoría de mujeres en la lista final, como un cambio positivo de experiencias pasadas y como una acción afirmativa para incrementar las posibilidades de seleccionar a una mujer.

Seleccionar a una mujer avanzará el cumplimiento de la Resolución 1149 (2020) de la OEA reconociendo que “la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y en las más altas escalas laborales, sigue siendo un reto para la Organización”, así como el compromiso que “aumente progresivamente la participación y representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión al interior de la Organización […] con el objetivo de alcanzar la paridad, entendida como la participación igualitaria y activa de las mujeres en su dirección y composición”.

Debido a que la CIDH entra en una nueva fase en el proceso de selección, evaluando a las candidaturas incluidas en la lista corta, tenemos el honor de compartir con ustedes los requisitos que consideramos son esenciales para la posición de Secretaria Ejecutiva. Estos requisitos son más explícitos que los requisitos generales de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos para servir en tan importante puesto, de acuerdo a los artículos 22 del Estatuto y 11 del Reglamento de la CIDH.

  1. Compromiso real en la defensa de derechos humanos y fuerte dedicación a la igualdad. En particular, la nueva secretaria ejecutiva debería tener un récord comprobado de compromiso con y experiencia práctica en derecho de las mujeres a la igualdad, incluido trabajo directo a nivel nacional e internacional. La próxima Secretaria Ejecutiva necesita tener experiencia demostrada trabajando directamente y extensivamente con mujeres, niñas y adolescentes diversas en situación de mayor vulnerabilidad. Una fuerte conexión con los movimientos de derechos de las mujeres y feminismo debería ser altamente valorado.
  2. Competencia para ejercer un liderazgo feminista interseccional: en estos tiempos desafiantes para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la causa de los derechos de las mujeres en la región, creemos que el funcionamiento efectivo de la CIDH requiere un liderazgo que enfatice la cooperación, comparta el poder entre equipos, y practique una genuina participación en la toma de decisiones. Buscamos un liderazgo transformador, que estimule dentro de la CIDH los cambios que buscamos en las estructuras culturales y políticas.
  3. Un récord probado en la construcción de liderazgos femeninos y abordando los prejuicios raciales, de género y otros así como los obstáculos que impiden el avance profesional de las mujeres dentro de las instituciones debería ser altamente valorado. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta que el personal de la CIDH está compuesto predominantemente por mujeres. La próxima líder debe tener habilidades para crear un ambiente de trabajo seguro para que las mujeres puedan participar y desarrollarse profesionalmente, así como poner en práctica y promover el autocuidado y cuidado colectivo.
  4. Habilidad comprobada para generar diálogo con todos los actores de la comunidad internacional es fundamental para desempeñar un cargo tan importante. Buscamos un liderazgo pueda generar un diálogo centrado en las normas y principios de derechos humanos y que desafíe las instituciones y sistemas patriarcales y racistas, en línea con una Política Exterior Feminista. El dominio de los idiomas oficiales de la OEA ayudarían a hacer más efectivo este diálogo.
  5. Un record personal libre de acusaciones de acoso laboral y violencia contra las mujeres, y un récord probado de instituir mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad para atender estos asuntos dentro de las instituciones que ha liderado, de acuerdo a los más altos estándares y normas interamericanos de derechos humanos.

Solicitamos a la CIDH que valore los criterios antes señalados al momento de adoptar su decisión final, e incluso solicite a las personas preseleccionadas que se refieran a su experiencia en estos importantes asuntos.

Confiamos que la CIDH sabrá honrar la deuda histórica que tiene en relación con la representación de mujeres en este importante cargo”.

 

Compartido con SURCOS por Marcia Aguiluz.

“Una vaca importa más que un indio”

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán Castro, Sociólogo/Profesor ITCR-FECON

“Yo no quiero que mi hijo escriba el mismo libro que yo escribo, yo quiero que mi hijo escriba otro cuento diferente, bonito y feliz”, dijo Roxana Figueroa Calderón del territorio Bribri Salitre, del clan Toriguak, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ella junto a Pablo Sivas Sivas, Vanesa Figueroa Calderón, Carlos Steven Vargas Figueroa y Lesner Figueroa Lázaro, volvieron a denunciar en sus exposiciones la negligencia, la inacción, el racismo y la complicidad del Estado y de toda la institucionalidad, con los autores y ejecutores de las más variadas agresiones contra los pueblos indígenas, incluidas las invasiones de sus territorios y los asesinatos siniestros de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera; acribillados a quema ropa cuando estaban indefensos. Esa audiencia se realizó el martes 3 de noviembre de 2020, tras haber sido pospuesta por más de un año, y su objetivo fue dar seguimiento al Expediente 21.360 sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. A petición de los indígenas participamos en la audiencia quien escribe y la abogada Nathalia Ulloa Castillo de Forest People.

En la audiencia expusimos algunos elementos del contexto social histórico y actual de la violencia contra los pueblos indígenas y tareas o propuestas que la Asamblea Legislativa, y en particular la Comisión Permanente de Derechos Humanos, deberían realizar con otras instancias políticas, deliberativas y ejecutoras, que en nuestro criterio contribuirían a resolver efectivamente y con justicia, los problemas que le fueron impuestos a las poblaciones indígenas. Acá resumimos algunos de esos asuntos:

  1. Crear un registro de invasiones a territorios indígenas. Promover y realizar de inmediato en conjunto con otras entidades un estudio que permita actualizar los casos de invasiones por parte de no indígenas en cada uno de los territorios que pertenecen por ley a los pueblos originarios. Se trataría de establecer implicados no indígenas, extensiones y cambios realizados, fechas de inicio de esas invasiones, acciones realizadas y tareas pendientes que son responsabilidad de cualquier instancia e institución. Esa actualización debe hacerse respetando el hecho de que los conflictos deben resolverse de acuerdo con la Ley indígena, los Convenios internacionales firmados por Costa Rica y las resoluciones de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acatamiento de la legislación que asegura los territorios y protege a las poblaciones indígenas es prioritario ya que hasta ahora se ha pretendido, sin ningún resultado positivo y de manera ilegal, atender los problemas en esos territorios aplicando la legislación agraria ordinaria o cualquiera otra, como si se tratara de casos comunes. Ésa es una carencia fundamental: juzgar las agresiones a los pueblos indígenas sin aplicar las leyes especiales que existen para ellos. Por eso es que concluimos con Pablo Sivas, y lo dijimos en la Comisión, que para el Estado costarricense “una vaca importa más que un indio”, dado que el Estado no cumple las leyes indígenas, no acata las medidas cautelares que se le dictan y cuando debe resolver sobre la violencia, los asesinatos y las invasiones de tierras, da prioridad a los rumiantes de lo.as usurpadore.as para que permanezcan en las tierras que son por ley, e irrestrictamente, de los pueblos originarios. Esta es una combinación de racismo, injusticia y negligencia por parte de toda la institucionalidad, empezando por el sistema judicial y la policía, que operan en colusión contra la gente indígena.
  2. Juzgar con justicia el crimen de Sergio Rojas Ortiz. Presionar en todas las instancias políticas y judiciales para la reapertura inmediata y resolución definitiva del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, perpetrado el 18 de marzo de 2019, pues la decisión del Ministerio Público de archivar el caso, confirma el trato racista y negligente contra la gente indígena desconociendo la Ley indígena y los Convenios internacionales, y de manera específica las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vigentes desde 2015. Para los pueblos indígenas la muerte de Sergio y las agresiones permanentes, son una misma cadena de actos racistas en su contra. Roxana Figueroa Calderón lo resumió diciendo que “cuando queman nuestros ranchos humildes no es una quema simplemente de ranchos, es una quema de cultura, de vivencia, de historia, de compartimiento. Yo no veo por qué, sí los diputados dijeron en su momento que el territorio de Salitre era para los de Salitre y así sucesivamente cada uno de nuestros territorios iban a ser de sus habitantes, yo no lo creo porque yo tengo exponer mi vida para vivir en la tierra que es de nosotros”.
  3. Juzgar con justicia el crimen de Jerhy Rivera Rivera. Incidir en lo que corresponde en el sistema judicial para acelerar la resolución del asesinato de Jerhy Rivera Rivera ocurrido el 24 de febrero de 2020, pues tanto en este caso como en el de Sergio Rojas Ortiz se debe impedir la impunidad. Sobre la responsabilidad del Estado en ambos asesinatos, Lesner Figueroa Lázaro fue directo al señalar que “No hay duda que el asesinato del hermano Sergio es culpa del Estado, porque si hubiera llevado a cabo el saneamiento territorial con la ley que se promulgó en 1977, hace más de cuarenta años, el asesinato se hubiera evitado sí el Estado hubiera devuelto nuestras tierras. Igual el asesinato del hermano Jerhy Rivera se hubiera evitado sí el Estado lo hubiera hecho. Entre más antes lo hubiera hecho menos problemas hubiéramos tenido. Como dicen ellos ahora, ponen excusas de que hay un problema estructural, claro, pero un problema estructural también culpa de ellos mismos, no es culpa de nosotros”.
  4. Detener desalojos de indígenas de sus tierras. Interponer todos los recursos y esfuerzos posibles para detener de inmediato todos los procesos y acciones de desalojos de las personas indígenas de su propio territorio, como los de Kono Jú y Yuwi Senaglö, ambos en China Kichá, dado que se juzgan, como dijimos, con base en la legislación agraria ordinaria y no con base en la Ley indígena y los Convenios internacionales. Igualmente se debería exigir que cese cualquier proceso judicial, como las inspecciones dentro de otras recuperaciones como Crun Shurín, que responden a los intereses directos de las y los usurpadores, quienes cuentan con el acompañamiento de funcionarios judiciales y policiales, lo cual ha sido reiteradamente denunciado por la gente indígena.
  5. Exigir cuentas y sacar al juez Jean Carlo Céspedes. Pedir rendición de cuentas por las actuaciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Judicial dado que, como ha quedado demostrado, no tienen capacidades técnicas, voluntad, ni actitud humanística, para atender las usurpaciones en los territorios indígenas. En paralelo y como parte de esta urgencia, es indispensable exigir la sustitución inmediata del juez Jean Carlo Céspedes porque todas sus actuaciones atentan contra los pueblos originarios e irrespetan la Ley indígena y los Convenios internacionales. Además, este empleado judicial ya fue recusado en instancias judiciales y tiene ligámenes familiares con usurpadores de tierras indígenas. os indígenas lo han expuesto en muchísimas ocasiones, y repitieron en la Asamblea Legislativa por medio de Lesner Figueroa Lázaro y Pablo Sibas, que “hay muchos finqueros con muchos recursos en los territorios y hay que decirlo así: estas personas son amigos de diputados, son amigos de ministros, son amigos de jueces, o sea, dicen que el juez tiene una independencia absoluta, pero diay, el juez que dicta resoluciones en el agrario es el yerno de uno de los terratenientes (usurpadores) de los territorios”.
  6. Cumplir medidas cautelares internacionales. Exigir la protección efectiva de las personas indígenas de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Medida cautelar 321-12-2015, del 30 abril 2015, cuyo objetivo es “garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre”. En esa misma Medida cautelar, como se reiteró en el comunicado “Estado costarricense asesinó a Sergio Rojas Ortiz. Bicentenario está manchado de sangre”, firmado por 183 organizaciones de América y Europa el día del asesinato de Sergio, la Comisión insistió en “la gravedad de la situación, la urgencia de la situación y el daño irreparable” que ya era previsible. Otro aviso no atendido por el Estado fue el informe de la Décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, ODHAIN, del 28 de diciembre del 2016, en el que se acusó que “el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas”, refiriendo a la implementación de medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas. Las mismas medidas de protección dispuestas para Sergio Rojas Ortiz, aplicaban para Jerhy Rivera Rivera y siguen vigentes para los pueblos indígenas en general.
  7. Exigir al Gobierno mediación internacional especializada. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, daría una importante ayuda si insistiera vehementemente ante el Gobierno de la República para que éste solicite, de inmediato, mediación internacional especializada, dado que hasta ahora los resultados de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, no han culminado en respuestas efectivas y no han impedido irreparables y trágicos desenlaces como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Esta acción, en conjunto con las otras planteadas, resultan indispensables para asegurar la integridad y la vida de todas las personas indígenas amenazadas de muchas maneras, incluidas las reiteradas intimidaciones y desafíos de muerte.

En la audiencia se le explicó a los y las diputadas que los problemas generados por las invasiones a territorios de los pueblos indígenas no son responsabilidad exclusiva de la actual ni de la anterior Administración gubernamental, si no que responden a un ejercicio del poder racista y colonial desde hace siglos, en el que se inscriben los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y también de Antonio Saldaña y Pablu Presberu. Esa violencia es responsabilidad de toda la institucionalidad costarricense, incluida la Asamblea Legislativa, donde también se registran actos vergonzosos e indignantes como el del fatídico del 10 de agosto de 2010 cuando en la madrugada, 50 antimotines de la Fuerza Pública sacaron del Salón de Beneméritos de la Patria, a empujones, a rastras y con golpes, a los y las 21 indígenas que pedían votar el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica. Si la Asamblea Legislativa no hubiese fallado, hoy tendríamos esa ley vigente y es por eso que como muestra de dignificación de los pueblos indígenas ese proyecto debería retomarse y aprobarse para darle seguridad a la población indígena.

Acciones claras, directas y contundentes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Asamblea Legislativa en general, podrían impedir nuevos asesinatos, ya que la violencia contra los pueblos y personas indígenas ha bajado de intensidad desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, porque las recuperaciones están detenidas. No obstante las amenazas son permanentes e incluyen agresiones verbales, quema de fincas, cultivos y casas, amenazas con machetes y otras herramientas/armas, armas de fuego, despliegues de grupos de matones, inacción de las autoridades policiales y actuaciones abiertamente en favor y protección de los finqueros usurpadores, sus empleados y personas violentas que ejercen presión de todo tipo contra la gente indígenas.

Según estaba previsto, planteamos a la Comisión Permanente la necesidad de que se desplace, y de ser posible que sesione en los territorios indígenas. En esa misma sesión del martes 3 de noviembre de 2020, se aprobó una moción de la diputada Nydia Céspedes y el diputado José María Villalta-Flores Estrada “Para que esta Comisión acuerde sesionar en los territorios indígenas en fecha a definir en la próxima sesión” (10 de noviembre). De realizarse esa actividad, sería una oportunidad muy valiosa para que los y las integrantes del foro legislativo dialoguen con personas de las comunidades indígenas in situ y tengan una idea cercana de la zozobra y amenazas bajo las cuales viven. En palabras de Vanessa Figueroa Calderón las amenazas mantienen en permanente sigilo y miedo a la gente de todas las edades: “mis hijos me dicen mami ya no siga en esto, porque le va a pasar las de Sergio, pero ellos no saben que si uno no lucha -como estamos luchando- el día de mañana esas tierras van a ser puestas en bandeja de plata a los no indígenas, porque hasta este momento hemos visto eso”. Pero también, si la Comisión realizara inspecciones en los territorios recuperados, podría confirmar los avances para vivir bien que los indígenas han logrado en muy poco tiempo. Como dijo Pablo Sivas Sivas, “a mí me gustaría que ustedes visiten las recuperaciones para que vean la vida que hay. En esas nuevas recuperaciones que hemos hecho hay vida, hay esperanza y hay seguridad alimentaria. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que este proceso siga”.

Las recuperaciones que son medios de hecho, pero con bases legales clarísimas que la institucionalidad no respeta ni aplica, van a seguir tarde o temprano, y si la violencia provoca más muertes, esa responsabilidad se cargará directamente al Estado costarricense. Hay mucha gente indígena con mente muy calibrada y pacífica, pero hay también muchísima gente que esta agobiada de soportar todo tipo de vejaciones, insultos, ultrajes contra sus hijos e hijas, madres y familiares, y contra sus propiedades. “¿Qué pasaría si un sikua/blanco muriera? ¿Harían lo mismo el Gobierno y los tribunales y archivarían el caso, como con Sergio?”, se pregunta la gente indígena. Ya hay decisiones tomadas e irrenunciables y así lo dijo Lesner Figueroa Lázaro en la Asamblea Legislativa: “me parece que se puede evitar nuevas muertes, porque así como la está viendo, ella (Vanessa Figueroa) está amenazada de muerte, yo también, el compañero también (Pablo Sivas y Carlos Steven Vargas) y si me tienen que matar me matan, a mí eso no me importa, pero callarme no me voy a callar, yo voy a seguir recuperando mis tierras, voy a seguir luchando y vamos a seguir adelante”.

Los conflictos que enfrentan los pueblos indígenas requieren soluciones urgentes, definitivas, efectivas y sobre todo justas y en medio de tanta incertidumbre las oportunidades para que el niño del clan Toriguak, hijo de Roxana Figueroa Calderón, pueda escribir “otro cuento diferente, bonito y feliz”, dependen de si el Estado costarricense y la sociedad en general, asumimos las condiciones de convivencia que nunca hemos asumido.

Enviado a SURCOS por el autor, publicado además en el Semanario Universidad.

Presentada ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, Presidente de la República y ministro de Seguridad Pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carlos Vega envió a SURCOS un documento que contiene una ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, el Presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública. La gestión se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por «las graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos».

Este es el documento remitido por el dirigente sindical y social Carlos Vega:

U-061-2020-AMPLIACION-DE-DENUNCIA-EN-CONTRA-DEL-ESTADO-DE-COSTA-RICA-CIDH-POR-REPRESIÓN-A-AGOTAMIENTO-RECURSOS-INTERNOS-1-1Descarga

CIDH condena a Brasil por la muerte de 60 trabajadoras

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La CIDH en una sentencia notificada este lunes, 26 de octubre, declaró al Estado de Brasil responsable de la muerte de 60 trabajadoras y 6 que resultaron heridas, a consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en el Estado de Bahía (1998).

De las personas fallecidas, 59 eran mujeres, de las cuales 19 eran niñas, y además, un niño. Cuatro de las fallecidas estaban embarazadas.

Asimismo, declaró a Brasil responsable del sufrimiento y daño moral causado a los familiares de las personas trabajadoras fallecidas y heridas.

La sentencia declaró la violación del derecho a la vida (artículo 4 CADH), integridad personal (artículo 5), los derechos económicos, sociales y ambientales, en relación con la seguridad y condiciones de trabajo (26), derechos de la niña y niño (artículo 19), igualdad y no discriminación (24 y 1.1), protección judicial (artículo 25) y garantías judiciales (5).

Se trata, sin lugar a duda, de una sentencia histórica, que declara la responsabilidad internacional de ese Estado por las deplorables condiciones laborales en las que las trabajadoras laboraron.

 

Imagen ilustrativa tomada de: https://mageob.wixsite.com/

Recurso de Amparo en contra de presidente Alvarado y otros entró a estudio

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Recurso de Amparo en contra del presidente Alvarado y otros funcionarios, expediente 20-019530-0007-CO entró a estudio el viernes 23 de octubre 2020.

Compartimos una parte introductoria del texto del Recurso de Amparo presentado y el archivo para su lectura completa.

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Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular (UNPROBANPO), me apersono ante sus estimables personas con el objetivo de interponer formal recurso de amparo en contra del señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, por la violación a derechos fundamentales como lo son entre otros, el Derecho Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante respuestas positivas pero por lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de ellas, dado que el irrespeto que una parte de la sociedad reclama al Recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se debe entre otras cosas a que, un grupo de ciudadanos que bajo el nombre del Movimiento RESCATE NACIONAL y representan a sectores sociales que durante décadas han sido excluidos de los llamados “diálogos”, el día 05/08/2020 entregaron en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave crisis fiscal que afecta al país, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, hecho que a la vez ha provocado una convulsión social de incalculables consecuencias, lo que afecta a todos nosotros, ciudadanos en general y cuyo responsable es el Recurrido.

El recurrente estuvo presente en Casa Presidencial el pasado lunes 12 de octubre, día en que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL convocaron a una marcha hacia este lugar para ser atendidos por el señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-presentes al igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el Recurrido, o por el Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el ser IGNORADOS Y BURLADOS COMO CIUDADANOS». 

U-057-2020-RECURSO-DE-AMPARO-CONTRA-PRESIDENTE-DE-LA-REPUBLICA-23-10-2020-N°20-019530-0007-CODescarga

La persona que quiera unirse a este Recurso de Amparo con el objetivo de poder entre todos/as detener la forma en que están actuando las fuerzas policiales, el documento está disponible en un Word modificable.

Puede solicitar el documento al correo ingcvega@yahoo.com

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.

Denuncia contra el Estado – sin luchas no hay victorias

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 13 de octubre SURCOS publicó la nota “Denuncia en contra del Estado de Costa Rica”, en la cual el ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado”. (Puede leer la nota completa ingresando en el enlace del titular de dicha nota).

A días de interpuesta la denuncia el Ing. Carlos Vega, luchador social hace la siguiente reflexión:

“Gracias a patriotas que hicieron invaluables aportes para enriquecer este recurso de amparo en contra del presidente de la República y la cúpula de la Fuerza Pública y estar en trámite a partir de las 16:00 horas.

Este recurso de amparo tiene dos salidas: 1-si es rechazado la Sala deberá de fundamentar las razones de su decisión. Esto permitirá agotar la vía interna y continuar en la vía internacional hasta escalar las Instancias de DDHH y llegar hasta el Tribunal Penal Internacional. 2-En caso de que sea acogido, podría convertirse en un Recurso de Amparo para la historia de Costa Rica.

Valió la pena las madrugadas destinadas a la Defensa de los Sin Voz de los EXCLUIDOS de los llamados «diálogos». Gracias Patriotas por sus aportes profesionales. ¡Nos han cerrado las puertas con grandes candados, pero les abriremos las ventanas para que salga la Justicia aprisionada! ¡Sin luchas no hay

victorias!”.

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió con SURCOS la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado.

¨Petitoria de medidas cautelares urgentísimas: -con envío de misión de la CIDH para recabar in situ las pruebas de las violaciones, -ordenar de inmediato el cese de la brutal represión contra la población y del periodismo en las localidades reprimidas, -detener la criminalización de los luchadores sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz. -Así como exigirle a los aquí denunciados, la protección inmediata de la población infanto juvenil, víctima de las represiones dentro de los hogares en sus comunidades, tomando en cuenta que el Estado denunciado es suscritor de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por éste y los aquí denunciados la han violentado gravemente.

09 de octubre de 2020

U-050-2020

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

S.O.

Estimados Señores:

Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, ciudadano de la República de Costa Rica, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular, en adelante UNPROBANPO, Dirigente Comunal en el Cantón de Grecia, preocupado por la salvaje represión de las fuerzas policiales de la República de Costa Rica, situación que afecta muchas comunidades a nivel nacional, y en razón de que el material probatorio recabado en los últimos días y durante estas estas horas de la noche de hoy jueves 08 de octubre de 2020, es prueba suficiente y abundante para fundamentar esta Denuncia en contra del PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICAPOR GRAVES VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ratificada por el Estado de Costa Rica y de acatamiento obligatorio, Artículos 1, 5, 13. De la misma manera, la grosera violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Costa Rica

En mi condición de ciudadano del Estado de Costa Rica, promotor de la Cultura de Paz aprendida como Egresado de la Universidad Para la Paz, estoy alarmado por las PERTURBADORAS IMÁGENES que demuestran una BRUTALIDAD POLICIAL en contra de poblaciones enteras y periodistas locales, algo nunca vista en el Estado Denunciado, ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, conductas que violentan el Artículos 1, 5, 13 de esta Convención Americana y la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DENUNCIADO.

Ante estos graves hechos, y el reclamo de diversos sectores de la sociedad costarricense que rechazan un dialogo excluyente convocado para imponer políticas públicas que a la vez han sido RECHAZADAS por amplios sectores de la sociedad civil costarricense, quienes han hecho llegar propuestas para solucionar la grave crisis económica que padece Costa Rica sin haber sido escuchadas, situación que es el detonante de esta convulsión social por los aquí denunciados, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

1-) Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas

2-) Enviar Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA Y MENOS QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISQUEN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.

4-) Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.

5-) Investigar de la misma manera, las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas con ataques desmedidos y el empleo indiscriminado del lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas entre ellas Cañas Guanacaste, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores.

6-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz, contra quienes pesa una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, situación que la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica, consideró públicamente como una CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y SUS LUCHADORES SOCIALES.

7-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de la población infanto juvenil que está siendo reprimida en las poblaciones REPRIMIDAS dentro de sus hogares, con lo cual los aquí DENUNCIADOS VIOLENTARON GRAVEMENTE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DE COSTA RICA ÉSTE.

ASI COMO EXIGIRLE A LOS AQUÍ DENUNCIADOS, LA PROTECCION INMEDIATA DE LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL, VICTIMA DE LAS REPRESIONES EN SUS COMUNIDADES TOMANDO EN CUENTA QUE EL ESTADO DENUNCIADO ES SUSCRITOR DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR ÉSTE.

PRIMERO:

HECHOS RELEVANTES Y PRUEBAS RELEVANTES:

1-El día 05/08/2020 se adjunta, un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil costarricense le entregaron a Presidente de la República de Costa Rica un pliego de peticiones y propuestas con el objetivo de resolver la grave crisis fiscal que vive el país.

2-El día 30 de setiembre de 2020, ante el SILENCIO TOTAL del señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

3-A partir del 01 de octubre de 2020 y hasta fecha, Costa Rica vive una convulsión social nunca vista en décadas lo que ha provocado que muchos sectores se pronuncien condenando la falta de dialogo INCLUYENTE y la represión por parte del gobierno encabezado por el señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de Seguridad Publica Michael Soto, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

4-Los aquí denunciados ordenaron una BRUTAL REPRESIÓN en contra de las comunidades, además los agentes de la seguridad del Estado denunciado, han reprimido al periodismo local para evitar que la población de Costa Rica conozca de primera mano las provocaciones del aparato policial para justificar estas CONDUCTAS REPRESIVAS.

5-Las evidencias es la BRUTAL REPRESION por parte del Estado denunciado por órdenes de los aquí denunciados son irrefutables:

ü  Represión y brutalidad policial en contra del periodismo en las comunidades reprimidas de poblaciones indefensas con un ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores. Alcalde de la ciudad de Cañas denuncia brutalidad policial en contra de pobladores https://youtu.be/0lqKdpK-rT8 https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/1463355563868541

SEGUNDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, instrumentos de Derechos Humanos Internacionales ratificados por Costa Rica, VIOLADOS por el Estado de Costa Rica suscritor de la misma, así como por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

TERCERO:

PETITORIA:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  • 1-)Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas
  • 2-)Enviar a Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
  • 3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA DADO QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISCAN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA POR EL COMUNICADOR LOCAL PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.
  • 4-)Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado como en la Paquita de Quepos, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.
  • 5-)Investigar in situ las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas por ejemplo Cañas Guanacaste, incurriendo en un GRAVE ABUSO DE AUTORIDAD dado el ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores, para lo cual se aporta el material grabado.
  • 6-) Garantizar que cualquier detenido en esta convulsión social que vive Costa Rica a partir de 30 de setiembre de 2020, las garantías estipuladas en los artículos 8 y 25 de esta Convención Americana.
  • 7-) Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz contra quienes se estableció una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, con lo cual se CRIMINALIZÓ LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica en opinión de la Fundación de Derechos Humanos de Costa Rica FUNDEPRODE.
  • 😎 Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los periodistas locales a quienes se les decomisan sus equipos de transmision sean teléfonos celulares ect, como lo es el hecho documentado en la población de Cañas Guanacaste dado que esta conducta REPRESORA constituye un probado AMEDRANTAMIENTO a la prensa alternativa independiente, cuyo objetivo es que el resto de la sociedad costarricense no tenga conocimiento de las provocaciones que llevan a cabo los cuerpos policiales para justificar esta BRUTALIDAD POLICIAL y con ello CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica. MEDIDA CAUTELAR extensiva para todos aquellos que ejercen los Derechos Humanos protegidos por el artículo 13 de esta Convención Americana.
  • 9-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISINAS a favor de población infanto juvenil en las zonas en las cuales se lleva a cabo una BRUTAL REPRESIÓN y a quienes los aquí denunciados, han VIOLADO GRAVEMENTE los DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR COSTA RICA EL 26 DE ENERO DE 1990.
  • 10-) Condenar al Estado de Costa Rica y los aquí denunciados al pago de costas, daños y perjuicios producto de las conductas violatorias de Derechos Humanos.

Para notificaciones:

1-A los denunciantes: Ing Carlos Manuel Vega Bolaños Costa Rica, Ciudad de Grecia, Barrio Latino costado noroeste Plaza de Futbol, Barrio Latino. Correo electrónico: ingcvega@yahoo.com

2-A los denunciados: Costa Rica, Casa Presidencia de Costa Rica, Zapote.

Agradeciendo de antemano la atención que le brindarán a la presente denuncia con Medidas Cautelares Urgentisimas, en espera de su amable respuesta, se despide de ustedes cordialmente;

Ing Carlos Manuel. Vega Bolaños         
SECRETARIO GENERAL
UNPROBANPO
Dirigente Comunal Cantón de Grecia
Egresado Universidad Para la Paz

El ingeniero Vega Bolaños solicitó a SURCOS dejar disponible el archivo para quien lo quiera descargar para apoyar su gestión:

U-050-2020-DENUNCIA-EN-CONTRA-DEL-ESTADO-DE-COSTA-RICA-CIDH-POR-REPRESIÓNDescarga