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Etiqueta: CIEP

La Universidad de Costa Rica respalda trabajo académico que realiza el CIEP-UCR

  • Todos los miembros del equipo de Estudios de Opinión Pública firmaron un compromiso de no beligerancia política durante el periodo de elecciones 2022

CPODI 75-2021

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) es una unidad académica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y resguarda el resultado de sus investigaciones con el debido rigor académico y respeto a la ciudadanía costarricense.

Con conciencia de que los resultados de los estudios de opinión pública que realiza el Centro de investigación son de interés y relevancia nacional, la Universidad de Costa Rica respalda el trabajo y trayectoria de esta unidad académica.

La institución aclara que todos los miembros del equipo de Estudios de Opinión Pública firmaron desde mediados de octubre anterior, un compromiso de no beligerancia política durante el periodo de elecciones 2022, un acto que también se ejecutó para las elecciones del 2018. El equipo investigador del CIEP-UCR tiene un compromiso ético de mantener la imparcialidad y de velar por la veracidad científica de las investigaciones.

Por su parte, las personas que aplican las encuestas son un grupo variable de aproximadamente 35 personas, quienes son supervisadas y siguen detalladas instrucciones del equipo investigador.

Además, en términos de financiamiento y nombramientos, el centro tiene independencia administrativa para definir a quién se nombra y cómo se usan los fondos de que se dispone.

Este centro de investigación, fundado el 20 de agosto del 2008, ha realizado más de 100 proyectos de investigación, publicado más de 30 libros y escrito para la comunidad científica más de 50 artículos publicados en revistas académicas indexadas y con evaluación de pares internacionales.

La relación del CIEP con la Escuela de Ciencias política se mantiene a través de la representación de un miembro del Consejo Asesor quien es nombrado por la Asamblea de la Escuela y no es designado por la figura de la Dirección.

El Dr. Gerardo Hernández Naranjo, actual director de la Escuela de Ciencias Políticas, no ocupa puestos de autoridad en el CIEP-UCR, ni es parte del Consejo Científico ni del Consejo Asesor. Adicionalmente, como investigador no tiene proyectos inscritos en este centro de investigación. Desde el 14 de octubre tiene pendiente la aprobación de un permiso sin goce de salario, que tramita la Oficina de Recursos Humanos.

A la fecha la dirección de la Escuela de Ciencias Políticas la ocupa temporalmente el M.A. Erick Hess Araya.

Adjuntamos documento oficial:

Día de Parques Nacionales: Mujeres defienden Refugio Silvestre Ostional

Desde 1986, cada 24 de agosto se promueve la reflexión sobre la conservación y respeto a los ecosistemas que resguardan

Cada año millones de tortugas marinas desovan en las costas costarricenses. Una de esas especies es la tortuga lora que a lo largo del año ocupan el Refugio Silvestre Ostional, en Nosara, una zona amenaza por el impulso inmobiliario que presiona sobre los ecosistemas costeros. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Cada año las playas costarricenses se llenan de vida con la llegada masiva de cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo, que desovan en nuestros litorales para continuar el ciclo de la vida.

Una de las especies de este reptil marino es la tortuga lora, que se observa en el Pacífico, especialmente en Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en la Península de Nicoya, que aunque arriba durante el todo el año, incrementa su presencia en la temporada de lluvias.

Sin embargo, pese a los discursos oficiales de un país verde, la sobrevivencia de las tortugas lora está amenazada por el embate de intereses hoteleros que tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, el 1 de junio de este año, aceptó la medida cautelar para suspender el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona de amortiguamiento en dicho refugio.

Mientras el Poder Judicial dicta sentencia ante el proceso judicial interpuesto por un grupo de desarrolladores turísticos, un grupo de mujeres lideradas por Mariela Fuster Volio y Katherine Terrel dieron los primeros pasos para conformar la Colectiva Defiendo Ostional, que tras un llamado abierto reunió a personas preocupadas por los ecosistemas de esa zona.

“No somos una agrupación feminista, pero casualmente solo se unieron las mujeres. Por mi parte, me he reunido con otras organizaciones comunitarias de distritos aledaños para llamar la atención sobre la problemática que enfrentamos, como una forma de contribuir”, dijo Fuster.

La activista, quien migró a Nosara años atrás, convirtió en su hogar aquel sitio, y ve con preocupación el auge de construcciones en los linderos y dentro del área protegida. Por ello, asumió esta lucha como parte de su compromiso con esta comunidad, explicó.

Somos un grupo de mujeres migrantes nacionales y extranjeras que nos reunimos luego de una marcha organizada por Katherine Terrel. Era mucha la gente que quería protestar, y así fue como nos conocimos. A partir de eso surgió la posibilidad de agregar más personas, pero vemos que es un tema que interesa más a la gente que llegamos de otros lugares.  Se corrió la voz de una reunión para ir esbozando otras líneas de acción, y solo se presentaron mujeres”, acotó.

En este momento, la comunidad, y el futuro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, está en manos de los jueces de la República, quienes en una primera instancia le dieron la razón a la Municipalidad de Nicoya, al dictar un reglamento para regular las construcciones en el lugar.

Sin embargo, la apelación presentada por los empresarios fue acogida. “Estamos esperando la sentencia, y como todo esto es muy preocupante. También la Asociación Cívica de Nosara y esta Colectiva, así como personas de otras regiones hemos formado una coalición de lucha para proteger este refugio silvestre único en el mundo”, prosiguió Fuster.

Apoyo UCR

Fuster y Terrel son las líderes de este movimiento, tras de ellas hay un grupo de mujeres que tomaron la bandera de la defensa ecológica ante los embates del desarrollismo turístico y la urbanización descontrolada que ha ido arrasando las zonas costeras.

“Aunque tuviéramos un reglamento en vigencia, la realidad es que las construcciones aquí van a mil por hora, sobre todo en la zona conocida popularmente como el Sueño Americano, habitada principalmente por extranjeros que han construido viviendas de lujo y han ido urbanizando”, detallaron.

Sin embargo, en otras partes de Nosara abunda el desempleo, ha incrementado la inseguridad ciudadana, el transporte público es sumamente deficiente y los trabajos informales reciben pagas muy bajas; “sobre todo se refieren a labores de limpieza y mantenimiento de las mansiones construidas por migrantes extranjeros”, aseguró Fuster.

Aunque en este distrito la Asociación Cívica de Nosara emprende acciones de desarrollo comunal,  el propósito de las mujeres de esta colectiva fue emprender una campaña informativa ante la desinformación o datos inexactos relativos al reglamento en cuestión.

Para lograr su cometido, la Colectiva Defiendo Ostional solicitó el acompañamiento del Observatorio de Bienes Comunes, proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR), para definir el modelo de organización comunitaria idóneo para sus objetivos. Como un primer acercamiento se realizó un taller con personas de Nosara, cuyos resultados arrojaron que la preocupación sobre el futuro ambiental es palpable, pero que también existen distintos enfoques sobre cómo abordarlo y que existen muchos vacíos en la comunidad sobre el tema, manifestó el Lic. Luis Sanabria Zaniboni, coordinador del Observatorio.

La conservación de los ecosistemas que sustentan la reproducción de las tortugas Lora en el Refugio de Vida Silvestre Ostional enfrenta intereses de la comunidad de Nosara y de los desarrolladores urbanísticos y turísticos; en los últimos años han proliferado construcciones dentro y alrededor de los línderos de dicho sitio, único en el mundo por el desove masivo de este reptil marino. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

“Ellas nos contactaron este año y en ese primer taller identificamos desafíos muy complejos. En Nosara confluyen personas de Nicoya, migrantes nacionales e internacionales, que conforman una comunidad que entiende de manera diferente en qué consiste el reglamento; e incluso esta es una dinámica que va más allá del mismo y de la organización comunitaria”, continuó Sanabria.

“Nuestra labor como Observatorio es apoyar a las mujeres a concretar un espacio reconocido entre las mujeres y las demás personas de Nosara; así como el nivel organizativo para la toma de decisiones”, prosiguió. De acuerdo con Sanabria, es palpable que existe gran presión acerca  del desarrollo urbano sobre los ecosistemas costeros.

En este sentido, la líder Fuster Volio coincidió con esa apreciación, ya que aseguró que en otras zonas de la costa guanacasteca ya enfrentan desastres ecológicos ante el crecimiento inmobiliario y turístico descontrolado; “Nosara es de los pocos que aún sobreviven y tenemos que defender no solo el Refugio Silvestre, sino otras especies y sus entornos”, criticó.

En tanto, la Colectiva Defiendo Ostional sabe que los problemas de Nosara no solo son la protección de las tortugas Lora; existen múltiples necesidades no resueltas pese a la presencia de áreas sumamente desarrolladas y catalogadas como de lujo. “Aquí necesitamos un buen alcantarillado, porque con cada temporal nos inundamos, resolver el asunto de los caminos, el futuro del agua potable y el resguardo de las aguas subterráneas, y generar empleos. Y sin intención de criticar, pero aquí muchos extranjeros están metidos en este negocio de bienes y raíces, y son quienes tienen sus construcciones dentro de los linderos”, detalló la líder.

“Necesitamos una comunidad motivada, sin importar las nacionalidades o las procedencias; pero la mayoría de las personas están luchando por sobrevivir ante las múltiples necesidades cotidianas por la pobreza que afecta a gran parte de las personas habitantes de Nosara”, indicó Fuster.

El Observatorio de Bienes Comunes es un proyecto de Acción Social del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y el programa Kioscos Socioambientales, creado en enero del 2020. Su trabajo consiste en generar espacios de diálogo sobre los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Mediante monitoreos, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, el Observatorio genera información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, así como la gestión democrática de los mismos.

Los bienes comunes se refieren no solamente a la riqueza natural que pertenece a todas las personas; como el agua, las semillas, los bosques y los ecosistemas. También se incluyen los bienes culturales relacionados con los saberes y prácticas colectivas como las técnicas de cultivo, las lenguas, el software libre, entre otros. Además, están los bienes comunes sociales que trata sobre la democratización de los espacios, como el educativo, la salud y la organización colectiva para la discusión y toma de decisiones.

Es decir, los bienes comunes no solo aportan los medios elementales para la vida, también proporcionan medios para alimentarnos, comunicarnos, educarnos y transportarnos, entre otros aspectos.

 

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR

Conferencia inaugural: «Curso: Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica»

SURCOS comparte la siguiente invitación:

El día martes 24 de agosto a la 1:00 p.m. se llevará a cabo una conferencia virtual inaugural del curso: Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica. Lo anterior, estará a cargo del Dr. Andres León, quien se desempeña como director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica y abordará la temática “Perspectivas históricas de los monocultivos”. 

El evento se transmitirá por Facebook Live de Programa Kioscos Socioambientales. La invitación es para que difunda la información y asista a esta conferencia.

Adjuntamos la invitación formal:

Participación Ambiental en Costa Rica: ¿En qué situación la encontramos?

En esta ocasión nos acompaña el Dr. Fernando Cruz presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con quien conversamos sobre la situación de la Participación Ambiental en Costa Rica.

Desde la Declaración de Río de 1992 la Participación Ambiental ha atravesado períodos de apoyo y otros de retrocesos ¿Cuál es la condición actual en Costa Rica? ¿Cuáles desafíos podemos identificar? y ¿Cómo afecta esto la democratización de nuestras sociedades? Estas son algunas de las cuestiones que abordamos en esta entrevista.

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.

Compartimos el video del programa:

Memorias Colectivas como Bienes Comunes: Entrevista con Alba Pereyra Lanzillotto – Observatorio de Bienes Comunes

SURCOS comparte la siguiente información:

En esta ocasión compartirnos con Alba Pereyra Lanzillotto sobre las Memorias Colectivas, y en especial la lucha por la Memoria en Argentina, abordamos con ella sobre ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Qué territorios se disputan para su reivindicación? ¿Qué prácticas están relacionadas para su cuidado?

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.

Eso que amenaza nuestros ríos: Minería no Metálica – Tercer boletín del Observatorio de Bienes Comunes

SURCOS comparte el tercer boletín del Observatorio de Bienes Comunes: agua y tierra. que en esta ocasión está dedicado a profundizar sobre una actividad extractiva que en Costa Rica tiene una presencia relevante, sin embargo, es poco conocida: la minería no metálica.

Procura visibilizar algunas reflexiones y experiencias que surgen del proceso de acompañamiento a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas (sector norte) y de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador en Buenos Aires (zona sur). Ambas organizaciones han sido activas en la provincia de Puntarenas debido a los conflictos en relación con este tema que tienen presencia en comunidades como Chomes, Manzanillo, Punta Morales, Costa de Pájaros, Guacimal, Abangares, Abangaritos, Judas, Malinche, Orocú, La Montaña y Buenos Aires y los principales ríos de esas zonas, tales como Abangares, Barranca, Lagarto, Guacimal, Lajas y Ceibo (pueden ser regionalizados).

Estos procesos nos han mostrado cómo los ríos, ese bien común que despierta delirios en unos y dolores en otros por la biodiversidad que acogen y las múltiples posibilidades que representan, son para los pueblos fuente de vida, alimento, identidad y memorias, mientras para la industria representan poder, ganancias, control territorial y de mercados.

La principal motivación de este boletín es invitarnos a reflexionar sobre ¿Cuáles son los costos ambientales, culturales, comunitarios e identitarios que significan estos proyectos? ¿Quiénes se benefician de estas actividades? ¿Qué implicaciones tiene para nuestro modelo de país?

¿Qué es el Observatorio de Bienes comunes?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Página web: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/
Contacto: observatoriobienescomunes@gmail.com

Le invitamos a descargar y compartir el boletín.

La UCR promueve la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

La Universidad creó una plataforma web que facilita información para interponer recursos de amparo

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad creó una plataforma web, por medio de la cual orienta a las personas con discapacidad para que puedan defender sus derechos humanos cuando sean violentados por el Estado costarricense.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Construyendo Juntos, liderado por el investigador Erick Hess Araya, quien asegura que “las personas con discapacidad saben que hay un marco jurídico que tutela sus derechos humanos, pero que les resulta difícil instrumentar”.

El desconocimiento de la población sobre el tema motivó la creación del portal “Personas con discapacidad en acción”, el cual facilita información general sobre el proceso para interponer un recurso de amparo y brinda estadísticas sobre los resultados de los casos presentados en el país.

La mayoría de las personas con discapacidad creen que necesitan un abogado o abogada para presentar un recurso de amparo, no tienen el conocimiento de que cualquier persona puede interponerlo y de que no se necesita una terminología determinada o un papel de oficio”, explicó el académico.

Según Hess, los recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional por las personas con discapacidad evidencian que la más frecuente violación a los derechos de esta población ocurre en ámbitos universales como salud, trabajo, accesibilidad y educación.

Entre el año 2017 a la fecha, las personas con discapacidad en el país han interpuesto 38 recursos de amparo en materia de accesibilidad, de los cuales el 45 % ha sido declarado con lugar. Lo mismo ocurrió con el 64 % de los 33 trámites de este tipo interpuestos en materia de salud.

Estos esfuerzos realizados por la población con discapacidad para exigir la defensa de sus derechos han permitido la instalación de rampas o ascensores en lugares de interés, así como el adelanto de citas médicas a las que se establecieron plazos de espera irrazonables para sus necesidades.

“A través de los ejemplos y las cifras, queremos que se motiven a presentar recursos de amparo cuando sientan que sus derechos humanos están siendo violentados de alguna manera. El objetivo del portal es decirles a las personas con discapacidad que hay formas de que sean escuchadas”, enfatizó Hess.

El proyecto también impulsa la capacitación y el emprendimiento

Además de crear el portal informativo, esta iniciativa trabaja junto con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova) en el desarrollo de un programa de capacitación para fomentar el emprendimiento de la población con discapacidad.

La iniciativa busca empoderar a la población y motivarla a generar ideas de valor público, que aporten al desarrollo de sus comunidades y que concreten proyectos inclusivos, es decir, que involucren la participación de personas con y sin discapacidad.

Según la gestora de Proinnova, Cynthia Céspedes Alfaro, la Institución realizó un estudio de inteligencia competitiva que evidenció la ausencia de una iniciativa como esta en el país y ahora trabaja para fortalecer todo el “potencial innovador” con que cuenta.

Céspedes agregó que los espacios de capacitación se desarrollarían a partir estrategias y metodologías innovadoras que den lugar a un ambiente dinámico para el aprendizaje de las personas participantes, en donde, además, se fortalezcan las habilidades blandas y el liderazgo comunal.

La implementación de la iniciativa comenzará con un plan piloto dirigido a la población del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin) y, posteriormente, será facilitada a grupos organizados fuera de la Institución.

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa, cuando los espacios de capacitación estén disponibles al público en general, pueden comunicarse con el investigador a cargo del proyecto, Erick Hess Araya, al correo erickhess@gmail.com.

 

Imagen: La UCR también trabaja en el desarrollo de un programa de capacitación que fomente la consolidación de emprendimientos comunitarios inclusivos, en los cuales participen personas con y sin discapacidad. Foto: Marcelo Guzmán Villalta.

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Costarricenses priorizan los problemas cotidianos frente al COVID-19

Encuesta del CIEP

Las medidas sanitarias continúan con un amplio respaldo ciudadano y la democracia se mantiene firme pese al impacto de la pandemia

Investigadores del CIEP señalan la aceptación de la vida con pandemia por parte de la ciudadanía costarricense. Foto: Karla Richmond, UCR.

Costa Rica registró los primeros casos de COVID-19 el pasado 6 de marzo, y en abril la pandemia ya era considerada por la ciudadanía como el principal problema del país. Tras ocho meses de emergencia sanitaria, la población vuelve a priorizar temas cotidianos mientras lidia con la amenaza del virus.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual se aplicó entre el 2 y 9 de noviembre a 969 personas mayores de edad localizadas en todo el territorio nacional.

Según la medición, el 26,7 % de las personas —al igual que en la consulta de agosto anterior— considera que el desempleo es el principal problema del país; seguido por la situación económica y la mala gestión del Gobierno, destacadas por el 21,4 % y 13,1 % de la muestra, respectivamente.

Por primera vez en las mediciones realizadas desde la presencia del coronavirus en el país, este se colocó fuera de la principal triada de preocupaciones ciudadanas y ahora figura como el cuarto problema más destacado. Según la investigadora, María José Cascante Matamoros, los datos evidencian una “aceptación de la vida con pandemia” por parte de los costarricenses.

“Ya se dejó de priorizar el encierro y la exclusividad que había tenido hasta ahora la pandemia en la vida y, de alguna manera, se está buscando el modo de volver a una forma de vida que también incluya esto”, explicó Cascante.

Según la experta, las preocupaciones cotidianas, que estaban nubladas en abril tras la llegada de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, vuelven a surgir en la población y aparecen radicalizadas como resultado del impacto económico y social de la crisis sanitaria.

“Empezamos a ver huracanes y otras cuestiones regulares de la dinámica social de nuestra vida, tensiones que nos obligan a priorizar. Todo esto genera mucho estrés en la ciudadanía, en los tomadores de decisiones y hasta en las medidas que se toman”, reconoció Cascante.

La ciudadanía señala malestar con el Gobierno y con la situación económica

En medio de la diversidad de temas que vuelven a surgir en la dinámica social costarricense, el apoyo de la ciudadanía a las medidas sanitarias se mantiene en un 69 %. También se registra una mejor valoración de las acciones económicas que, tras un incremento de 16 puntos porcentuales, reciben el respaldo del 43 % de las personas.

En contraposición con las mejoras descritas, la gestión del presidente Carlos Alvarado recibe el apoyo más bajo que ha tenido su gobierno desde noviembre del 2018, al registrar solo un 15 % de opiniones positivas frente a 66 % de valoraciones negativas.

En cuanto a la situación económica, el pesimismo se mantiene como tendencia en esta encuesta. El 87 % de personas considera que el panorama nacional es malo o muy malo, en contraposición con apenas un 4,2 % que lo valora de manera favorable.

Según el investigador Ronald Alfaro Redondo, el resurgimiento de otras preocupaciones en la ciudadanía, relacionadas con el desempleo y su situación económica, genera un “castigo” al trabajo del Gobierno y a su reciente actuación en el manejo de las tensiones con diversos grupos sociales.

Además del desempleo, las personas destacan la situación económica y la mala gestión del Gobierno como los principales problemas del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La democracia se mantiene sólida pese al impacto de la pandemia

Pese a los enfrentamientos y manifestaciones violentas que vivió el país durante octubre, esta nueva encuesta del CIEP señala que la democracia costarricense se mantiene sólida en medio de los múltiples desafíos que ha planteado la pandemia.

Los resultados de la encuesta reconfirman, una vez más, el respaldo social a principios como la libertad, la democracia, la paz y la protección de la naturaleza, los cuales forman parte importante del imaginario del ser costarricense.

Al mismo tiempo, aunque se reconoce la existencia de diversos perfiles identitarios dentro de la población, existe un rechazo generalizado a las acciones antidemocráticas como los bloqueos de carreteras o la paralización del país.

Según Alfaro, los resultados de la encuesta evidencian que la ciudadanía sigue apostando por el diálogo y por la negociación para resolver sus diferencias. Esto es parte de una respuesta positiva a la vigencia de mecanismos democráticos.

“A veces la democracia es lenta, pero tiene mecanismos diseñados para procesar los conflictos y entregar resultados. Aun en sus horas más difíciles, la democracia costarricense está demostrando que tiene una reserva de confianza en la gente para procesar todas estas presiones y tempestades”, concluyó el experto.

El panorama más reciente del desempleo

Según la nueva encuesta del CIEP, el 48 % de las personas encuestadas reconoció una afectación propia o en su núcleo familiar por la pérdida de empleo durante el último mes.
El 19 % de la muestra consultada señaló una afectación directa y el 29 % restante atribuyó esta circunstancia a algún miembro de su hogar. El mayor impacto directo lo experimentaron hombres entre los 35 y 54 años de edad, mientras que las mujeres mayores de 55 años son quienes reportan el mayor impacto en sus familias.
Las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón agrupan la mayor cantidad de personas que perdieron el trabajo durante las últimas semanas.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Análisis de las elecciones presidenciales del 2018 retrata una democracia amenazada

Además de definir al actual presidente de Costa Rica, el último proceso electoral en el país dio a conocer aspectos relevantes sobre la situación democrática nacional

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR..

Diversos aspectos permiten considerar las elecciones presidenciales del 2018 en Costa Rica como un proceso inédito. Fue la primera vez que las agrupaciones políticas que consolidaron el bipartidismo en el país estuvieron fuera de la segunda ronda de votación y, además, el partido con la mayoría de votos en la primera ronda no llegó a la Presidencia.

El Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y el Programa Estado de la Nación prestaron atención a las particularidades menos evidentes de la más reciente fiesta democrática nacional y profundizaron en su comprensión mediante una serie de investigaciones que plantean el retrato de una democracia amenazada.

Los investigadores y editores del libro que compila los análisis realizados por un amplio grupo académico, Felipe Alpízar Rodríguez y Ronald Alfaro Redondo, reflexionan sobre la forma en que los diversos aspectos retratados en las últimas elecciones podrían favorecer la comprensión de realidad política en el país y la toma de decisiones.

-La democracia costarricense es considerada liberal, madura y estable como resultado de la ausencia de perturbaciones que hayan puesto en entredicho su legitimidad por un largo periodo histórico ¿Cuáles son los principales aspectos a los cuales se atribuye lo anterior?

Felipe Alpízar Rodríguez (FAR): En Costa Rica se habla de una democracia madura, porque tenemos una tradición de muchas décadas, en las cuales las elecciones democráticas han sido el mecanismo para elegir a las autoridades. Es estable, porque no hemos sufrido rupturas al orden democrático, durante al menos los últimos 70 años. Y es liberal, porque superadas las limitaciones de la primera mitad del siglo XX, todos los hombres y mujeres tienen la capacidad de elegir y ser electos. Estas características se explican con la trayectoria histórica del país.

La estabilidad se atribuye también a la existencia de una institucionalidad política muy fuerte, la cual empezó a construirse a inicios del siglo XX y que en diferentes momentos creó instituciones como la Sala IV y la Defensoría de los Habitantes. Esto no quiere decir que no hayan existido tensiones, pero se han diseñado una serie de mecanismos democráticos para tratar de proteger a la ciudadanía.

Todo ese entramado institucional le da mucha fortaleza al sistema, pero eso no lo deja exento de amenazas. La estabilidad democrática no está exenta de conflicto, pero alcanzar ese estatus es el resultado de un proceso muy extenso de luchas, reformas y que no necesariamente ha acabado, porque el proceso de democratización es algo permanente en la sociedad.

-Las investigaciones realizadas señalan el advenimiento de una democracia disfuncional, como resultado de la falta de capacidad de las instituciones públicas y de las organizaciones de representación política ciudadana para adaptarse a los contextos que presenta el país. ¿De qué forma se manifiesta esta situación en la vida cotidiana?

FAR: Tener una democracia estable y madura no quiere decir que se ha alcanzado todo lo que se necesita para convertirse en un paraíso democrático. Al mismo tiempo que la democracia ha logrado proteger los derechos de la ciudadanía y los procesos electorales, siguen sin resolverse muchos problemas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo o que son producto de unos equilibrios políticos consustanciales, los cuales pueden llegar a generar una parálisis decisional. Es decir, que el sistema democrático a veces puede resultar más lento para resolver asuntos comunes o que hay momentos donde una instancia bloquee a la otra.

Estas situaciones no solo son parte del diseño de la democracia, sino también del diseño del apartado estatal, porque de alguna forma hemos sido incapaces de realizar reformas estructurales al sistema político y al Estado en los últimos 40 años. Esto hace sentir a la gente que existen dificultades para resolver los problemas y que el sistema político de alguna manera está entrabado.

Las disfuncionalidades surgen porque no se han podido atender todas las inquietudes, demandas y necesidades en diferentes temas que a la gente le pesan y se van arrastrando.

Según los expertos, la combinación de las disfuncionalidades estructurales con las débiles identidades políticas ciudadanas, detectadas en las elecciones del 2018, conforma una amenaza latente para la democracia. Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

-¿Cómo es que a la luz de los fenómenos sociopolíticos experimentados en las elecciones presidenciales de Costa Rica en el año 2018 es posible plantear el retrato de una democracia amenazada?

Ronald Alfaro Redondo (RAR): Muchas veces, las amenazas que experimentan las democracias no están necesariamente materializadas, algunas pueden ser latentes, pero las democracias pueden tener mecanismos para resolver o librarse de esas amenazas. Es posible realizar algunas transformaciones o apegarse a algunos principios y valores, y de esta forma evitar que esas amenazas pasen de ser latentes a volverse reales.

Las elecciones del 2018 evidenciaron que en Costa Rica existen identidades políticas muy debilitadas, es decir, que una parte significativa de la población no tiene una vinculación importante con los partidos. Cuando hay identidades políticas fuertes, la gente tiene claro por quién va a ir a votar, mucho antes de que se celebren las elecciones. Pero cuando ocurre lo contrario, la gente no sabe qué hacer, no sabe a quién apoyar o quién es el oponente.

Cuando una democracia tiene identidades políticas debilitadas se corre el riesgo de que cualquier evento externo pueda alterar por completo el juego, romper con el orden y crear las condiciones para que exista muchísima incertidumbre política y electoral.

La combinación de las disfuncionalidades estructurales —que ya arrastraba el país— con las débiles identidades políticas ciudadanas —que detectamos en las elecciones del 2018— conforma una amenaza latente, porque pueden generar mucha volatilidad e incertidumbre de cara a situaciones futuras que, incluso, pueden atentar contra la misma democracia.

FAR: La democracia amenazada surge cuando los descontentos y temas que no se resuelven terminan convirtiéndose en reivindicaciones que van en contra de la democracia misma, como puede ser —por ejemplo— el hecho de optar por la salida autoritaria.

La erosión de las identidades genera gobiernos con poca legitimidad. Y la legitimidad es el cemento que mantiene unidas a las sociedades. Cuando eso se erosiona, nos enfrenta a gobiernos débiles en los que la gente no cree y donde el apoyo ciudadano se vuelve líquido o volátil. Son como globos que se lleva el viento, porque no están amarrados a ningún lugar.

Más allá de la popularidad de un presidente, la sensación de descrédito de la política, de los políticos y la falta de sentido de pertenencia en el país impiden que haya una base, un proyecto político común para concretar ciertas reformas. En Costa Rica, esta identidad está muy erosionada y eso ocasiona mucha inestabilidad para el funcionamiento del sistema. Entonces la amenaza actual es que se pongan en riesgo los cimientos mismos de la democracia, que la sociedad deje de creer que la democracia es el medio para resolver sus asuntos.

-La investigación que presentan señala la existencia de disfuncionalidades endémicas y convergentes en el país que, lejos de responder a eventos coyunturales, han sido arrastradas por un largo periodo. ¿De qué forma es que la comprensión de esta realidad puede guiar la toma de decisiones en el presente?

RAR: Las democracias pueden tener disfuncionalidades, problemas, defectos y hay formas de corregirlos. Por su parte, la ciudadanía puede tener cierto conjunto de actitudes que, en algunas ocasiones, sean desfavorables. El asunto que detectamos es que tenemos una combinación de disfuncionalidades estructurales y de actitudes sociales que no fortalecen la democracia.

Si tuviéramos partidos políticos más fuertes, es probable que esa molestia y esa protesta de la gente se canalizaría a través de ellos. Pero como no es así, no pueden ser los escuderos de la gente, y ese papel lo asumen otras organizaciones de la sociedad civil fuera de los partidos. Esta situación plantea grandes dificultades, porque si los partidos están pensados para que sean los que procesen esas demandas y necesidades del pueblo, y no lo hacen, se desconfigura un actor central del escenario político.

FAR: Costa Rica tiene un parlamento muy pequeño y eso representa una dificultad importante en este tiempo, porque no todos los grupos y voces encuentran un canal institucional para manifestar su descontento. Se evidencia así la imposibilidad del sistema de tramitar esas demandas por una vía institucional. Todos los llamados al diálogo que estamos viendo en este momento por parte del Gobierno son intentos para tratar de traer al campo de lo institucional ese descontento que hoy está en la calle.

Frente a este contexto, uno de los principales retos para el país es mejorar la representatividad de los diversos sectores de la sociedad costarricense, la cual se ha complejizado y que, de alguna manera, el actual Congreso no refleja.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Desempleo y reducción de ingresos agobian a costarricenses durante la crisis del COVID-19

Pese al contexto, la ciudadanía expresa su respaldo a las acciones gubernamentales y confía en la gestión de las autoridades

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que su familia recibe mensualmente no les alcanza para vivir. Foto: Karla Richmond.

Un 46 % de los costarricenses ha perdido su trabajo y el 52 % afirma que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral. El desempleo y la reducción de ingresos dificultan los esfuerzos de los costarricenses para enfrentar el COVID-19.

Así lo revela el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado del 13 al 22 de abril mediante 1 042 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad localizadas en todo el país.

La medición reveló que 66.5 % de las personas consultadas perciben con pesimismo la situación económica, cifra que, si bien es menor al panorama registrado en noviembre anterior, cuando este rubro alcanzó el 80 %, no deja de representar a dos tercios de la población.

El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que recibe su familia mensualmente no les alcanza para vivir, el 32 % afirma que apenas logra cubrir sus gastos y solo un 11 % cuenta con suficientes recursos económicos para vivir e incluso ahorrar.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis.

Según el politólogo e investigador del CIEP Ronald Alfaro, la situación de emergencia producida por el COVID-19 ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de la vida social e incluso en la opinión pública, donde se evidencia un fuerte golpe en el ámbito económico.

El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis. (Imagen.CIEP)

Ciudadanía confía en el Gobierno y apoya medidas 

Pese al difícil panorama que plantea el COVID-19, el 74.5 % de la ciudadanía confía en las decisiones gubernamentales para hacer frente a la situación, un 18.1 % se mantiene neutral y apenas un 7.04 % muestra una actitud negativa frente a las acciones tomadas.

Si bien se evidencia un apoyo general a las acciones gubernamentales, destaca que el 93.89 % de las personas cataloga de manera positiva las medidas sanitarias, al igual que lo hace el 70.68 % con las acciones tomadas en materia económica.

La evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior, pues ahora el 76 % de las personas consultadas la cataloga como buena o muy buena.

La valoración del trabajo del presidente Carlos Alvarado también experimenta un cambio favorable si se compara con la consulta anterior, donde solo el 22 % de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el trabajo del jerarca y el 59 % lo evaluaba de manera negativa.

Ahora el mandatorio casi logra invertir los resultados, al obtener un 65 % de opiniones favorables y solo un 20 % de posturas contrarias. Este incremento de 43 puntos porcentuales es el más alto de esta Gobierno y es uno de los mayores respaldos a la gestión de un presidente registrados en el país desde 1995.

El analista del CIEP asegura que, aunque no es posible establecer una causalidad directa, se observa una correlación entre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo que recibe de la gente y las opiniones favorables hacia quienes gobiernan.

Alfaro afirmó que el incremento en el gasto social puede tener efectos favorables en la aprobación presidencial. Por tanto, el Plan Proteger, junto con las otras acciones de respuesta frente al COVID-19, podría explicar este significativo aumento en la calificación positiva de la labor presidencial en la actual coyuntura.

Este nuevo estudio del CIEP determinó, además, una mejora en la valoración general de las instituciones públicas, las cuales, lejos de verse como algo que surgió de manera espontánea, se vinculan de manera directa con las respuestas ofrecidas por el Estado durante la atención de la crisis.

El 95 % de las personas consultadas reconoció la labor realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) y el Ministerio de Salud, mientras que el 89.2 % destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad.

Al tiempo, aumentó la valoración ciudadana a otras instancias como la policía, que pasó de 6.3 % a un 8.25 %, mientras las universidades públicas pasaron de 7.8 % a 8.4 % y la nota de la Asamblea Legislativa incrementó de 4.8 % a 6 %.

Crisis legitima y fortalece sistema democrático costarricense

Según el experto del CIEP, en medio de la crisis, los costarricense perciben de forma positiva a las instituciones públicas como representación política de los intereses colectivos y evidencian un fuerte apego a los principios democráticos.

En esta medición, el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno fue de 76 puntos, el valor más alto registrado desde 1987 cuando el país superó la crisis económica del inicio de la década y destacó en el ámbito internacional tras la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente Óscar Arias.

Según el CIEP, diversas investigaciones en este campo han determinado que la democracia es vulnerable a rupturas y quiebres con profundas implicaciones en las sociedades en tiempos de crisis, pero las democracias maduras son resilientes y resistentes en estos contextos.

La experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 contrasta con el panorama de otros países de América Latina como Brasil o México, donde la batalla contra la pandemia ha generado acciones colectivas y fuertes cuestionamientos a la legitimidad y a las decisiones de las autoridades.

Alfaro explicó que todas las democracias están expuestas a «shocks» de diversa índole. Unos podrían ser originados por problemas económicos, escándalos de corrupción o por situaciones externas como el COVID-19. Es, entonces, cuando el respaldo gubernamental construido como sociedad a través del tiempo es clave para superar la crisis.

“El coronavirus se convirtió en un disparador y movilizó al país hacia la dirección de fortalecer la creencia ciudadana en la democracia. En otras palabras, los ciudadanos cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, concluyó el investigador.

Como es usual, esta medición del CIEP se basó en un muestreo aleatorio a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y es representativo de toda la población del país con teléfono celular. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 %.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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