UCR: Desempleo y reducción de ingresos agobian a costarricenses durante la crisis del COVID-19
Pese al contexto, la ciudadanía expresa su respaldo a las acciones gubernamentales y confía en la gestión de las autoridades
Un 46 % de los costarricenses ha perdido su trabajo y el 52 % afirma que algún familiar ha tenido una disminución de su jornada laboral. El desempleo y la reducción de ingresos dificultan los esfuerzos de los costarricenses para enfrentar el COVID-19.
Así lo revela el más reciente estudio de opinión pública del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizado del 13 al 22 de abril mediante 1 042 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad localizadas en todo el país.
La medición reveló que 66.5 % de las personas consultadas perciben con pesimismo la situación económica, cifra que, si bien es menor al panorama registrado en noviembre anterior, cuando este rubro alcanzó el 80 %, no deja de representar a dos tercios de la población.
El 57 % de las personas encuestadas reporta dificultades debido a que el ingreso que recibe su familia mensualmente no les alcanza para vivir, el 32 % afirma que apenas logra cubrir sus gastos y solo un 11 % cuenta con suficientes recursos económicos para vivir e incluso ahorrar.
El coronavirus se coloca como la principal preocupación ciudadana, pero viene acompañado por el desempleo y el costo de la vida, áreas que han sido destacadas entre los principales problemas del país durante los últimos dos años y ahora son agudizadas por la crisis.
Según el politólogo e investigador del CIEP Ronald Alfaro, la situación de emergencia producida por el COVID-19 ha tenido implicaciones en todos los ámbitos de la vida social e incluso en la opinión pública, donde se evidencia un fuerte golpe en el ámbito económico.
Ciudadanía confía en el Gobierno y apoya medidas
Pese al difícil panorama que plantea el COVID-19, el 74.5 % de la ciudadanía confía en las decisiones gubernamentales para hacer frente a la situación, un 18.1 % se mantiene neutral y apenas un 7.04 % muestra una actitud negativa frente a las acciones tomadas.
Si bien se evidencia un apoyo general a las acciones gubernamentales, destaca que el 93.89 % de las personas cataloga de manera positiva las medidas sanitarias, al igual que lo hace el 70.68 % con las acciones tomadas en materia económica.
La evaluación ciudadana sobre la gestión del Gobierno muestra una variación positiva de 57 puntos porcentuales respecto a la medición realizada por el CIEP en noviembre anterior, pues ahora el 76 % de las personas consultadas la cataloga como buena o muy buena.
La valoración del trabajo del presidente Carlos Alvarado también experimenta un cambio favorable si se compara con la consulta anterior, donde solo el 22 % de los encuestados tenía una opinión positiva sobre el trabajo del jerarca y el 59 % lo evaluaba de manera negativa.
Ahora el mandatorio casi logra invertir los resultados, al obtener un 65 % de opiniones favorables y solo un 20 % de posturas contrarias. Este incremento de 43 puntos porcentuales es el más alto de esta Gobierno y es uno de los mayores respaldos a la gestión de un presidente registrados en el país desde 1995.
El analista del CIEP asegura que, aunque no es posible establecer una causalidad directa, se observa una correlación entre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, el apoyo que recibe de la gente y las opiniones favorables hacia quienes gobiernan.
Alfaro afirmó que el incremento en el gasto social puede tener efectos favorables en la aprobación presidencial. Por tanto, el Plan Proteger, junto con las otras acciones de respuesta frente al COVID-19, podría explicar este significativo aumento en la calificación positiva de la labor presidencial en la actual coyuntura.
Este nuevo estudio del CIEP determinó, además, una mejora en la valoración general de las instituciones públicas, las cuales, lejos de verse como algo que surgió de manera espontánea, se vinculan de manera directa con las respuestas ofrecidas por el Estado durante la atención de la crisis.
El 95 % de las personas consultadas reconoció la labor realizada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CSSS) y el Ministerio de Salud, mientras que el 89.2 % destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad.
Al tiempo, aumentó la valoración ciudadana a otras instancias como la policía, que pasó de 6.3 % a un 8.25 %, mientras las universidades públicas pasaron de 7.8 % a 8.4 % y la nota de la Asamblea Legislativa incrementó de 4.8 % a 6 %.
Crisis legitima y fortalece sistema democrático costarricense
Según el experto del CIEP, en medio de la crisis, los costarricense perciben de forma positiva a las instituciones públicas como representación política de los intereses colectivos y evidencian un fuerte apego a los principios democráticos.
En esta medición, el respaldo ciudadano a la democracia como forma de gobierno fue de 76 puntos, el valor más alto registrado desde 1987 cuando el país superó la crisis económica del inicio de la década y destacó en el ámbito internacional tras la entrega del Premio Nobel de la Paz al expresidente Óscar Arias.
Según el CIEP, diversas investigaciones en este campo han determinado que la democracia es vulnerable a rupturas y quiebres con profundas implicaciones en las sociedades en tiempos de crisis, pero las democracias maduras son resilientes y resistentes en estos contextos.
La experiencia de Costa Rica en la atención del COVID-19 contrasta con el panorama de otros países de América Latina como Brasil o México, donde la batalla contra la pandemia ha generado acciones colectivas y fuertes cuestionamientos a la legitimidad y a las decisiones de las autoridades.
Alfaro explicó que todas las democracias están expuestas a «shocks» de diversa índole. Unos podrían ser originados por problemas económicos, escándalos de corrupción o por situaciones externas como el COVID-19. Es, entonces, cuando el respaldo gubernamental construido como sociedad a través del tiempo es clave para superar la crisis.
“El coronavirus se convirtió en un disparador y movilizó al país hacia la dirección de fortalecer la creencia ciudadana en la democracia. En otras palabras, los ciudadanos cerraron filas con la democracia para batallar contra la pandemia”, concluyó el investigador.
Como es usual, esta medición del CIEP se basó en un muestreo aleatorio a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y es representativo de toda la población del país con teléfono celular. Los resultados cuentan con un nivel de confianza del 95 %.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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