Ir al contenido principal

Etiqueta: ciudadanía

FRENASS logra que tema de IVM de la CCSS sea discutido de forma participativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) promoverá un proceso participativo para discutir y proponer, desde los movimientos sociales y movimiento sindical, propuestas para atender la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Esto, gracias a la petición de FRENASS y al impulso y trabajo del representante de las trabajadoras y los trabajadores, Mario Devandas Brenes, en la junta directiva de la institución.

SURCOS recibió este comunicado:

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

El 10 de agosto del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dispuso mediante acuerdo unánime promover un proceso de diálogo con los diversos sectores sociales, en torno a de las reformas propuestas al régimen de invalidez vejez y muerte, según manifestó el director, Dr. Mario Devandas.

Saludamos con entusiasmo la disposición de las autoridades de la Caja, cuya génesis se encuentra en las acciones promovidas por FRENASS y apoyadas por las diversas organizaciones que se encuentran integradas a nuestro frente, así como por la ciudadanía en general, que ha exigido un diálogo nacional, dado que las reformas propuestas nos afectan a todos y todas.

Entendemos la delicada situación financiera que está enfrentando la Caja. No obstante, las reformas al Régimen del IVM, no pueden recaer exclusivamente en la población costarricense, empobreciéndola aún más, dado que las propuestas disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores y deja a los sectores más vulnerables de la población en un abandono aún mayor que el que ya tienen.

Exigimos de este proceso, de conformidad con el Artículo 9 de nuestra Constitución Política, una verdadera vocación democrática, que garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones, dado nuestro aporte en la sostenibilidad del régimen, el que recae en nuestras espaldas.

Se ha abierto un espacio democrático, las fuerzas populares, sindicatos, cooperativas, asociaciones, ciudadanía en general, estamos en la obligación de forjar un frente común en defensa de nuestros derechos y en defensa de la seguridad social.

Desde Frenass, hacemos un llamado a la Unidad en defensa de la Seguridad Social y de la Caja Costarricense del Seguro Social en particular.

San José, 12 de agosto del 2020.

FRENASS comparte la carta en la cual se comunica que su petición sería conocida en la junta directiva de la CCSS:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SJD-1349-2020
07 de agosto de 2020

Señores (a)
Licda. Antonieta Fernández Quirós
MSc. Rafael López Alfaro
Sr. Deivis Ovares Morales
FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS
Notificaciones: Correo electrónico: frenass14@gmail.com

Estimados señores:
Estimada señora:

Asunto: Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto del año 2020.

Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto de 2020, que literalmente dice: “ARTICULO 12º: Por tanto, Se conoce oficio 366507-2020, con fecha 29 de Julio de 2020, suscrito por la Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y el Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.

El citado oficio se resume así: Los suscritos se refieren a la decisión de los miembros de Junta Directiva de la CCSS de discutir e incluso modificar unilateralmente el Régimen del IVM, sin tomar en cuenta la participación activa y efectiva de los sectores sociales, ni de la ciudadanía, que conforma múltiples y diferentes frentes para la Defensa, el Fortalecimiento y el Mejoramiento constantes de la Caja y fundamentados en el artículo No. 9 de la Constitución Política, que establece y garantiza la participación activa, amplia y democrática en la toma de decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudadanía.

Por lo anterior, solicitan lo siguiente:

  1. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social detenga de forma inmediata, cualquier tipo de discusión respecto al futuro del régimen del IVM, así como del modelo de atención en Salud que brinda la CCSS, hasta tanto y con sentido democrático, se garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones.
  2. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en pleno uso de sus facultades y autonomía, se convierta en la impulsora y organizadora de estos espacios de participación democrática, y se convoque a todos los sectores que interesados en la defensa y el fortalecimiento de la Caja, para garantizar que todas las voces y las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, consecuente con lo establecido en el artículo nueve de la Constitución Política.
  3. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantice el respeto al precepto constitucional y democrático establecido en el artículo constitucional mencionado, dado que la Caja no está exenta de las obligaciones estipuladas en la Constitución Política, específicamente respecto de la rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los integrantes de su Junta Directiva.

Finalmente, solicitan respuesta pronta y oportuna, amparados en el derecho de petición y respuesta consagrado en el numeral 27 de la Carta Magna., la Junta Directiva

ACUERDA: ACUERDO PRIMERO: Comunicar a los señores Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, que su solicitud será considerada en la sesión del 10 de agosto del 2020 y se les informará oportunamente.

La indicación se hará extensiva a las notas que ingresen en la correspondencia para ser conocida el lunes 10 de agosto 2020.

ACUERDO FIRME”

Suscribe atentamente,
SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA
Ing. Carolina Arguedas Vargas, jefa

Imagen: Semanario Universidad.

Organizaciones ciudadanas piden transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Organizaciones ciudadanas piden garantizar transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior. El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta llaman a jerarcas a tomar acciones que garanticen la transparencia, reconocida como un derecho de la ciudadanía.

COMUNICADO: San José, 11 de agosto 2020- Transmisiones que se cortan alegando “información confidencial”, presentaciones en pantalla que no se comparten al público y documentos de referencia que no están en línea, son algunas de las carencias que el Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta señalan a la jerarquía del Poder Judicial, en una misiva enviada en días pasados.

El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta, organizaciones de sociedad civil preocupadas por la independencia judicial y el acceso a la justicia, celebraron en su momento la decisión de transmitir por streaming las sesiones de la Corte Plena y del Consejo Superior, en tanto esto marcó un salto cualitativo en términos de transparencia.

Sin embargo, en la carta enviada señalan que “tras años de observar dichas sesiones, hemos identificado una serie de aspectos que se deben mejorar para que la ciudadanía pueda seguir, conocer, entender y en última instancia participar y supervisar, las decisiones del máximo órgano de toma de decisiones del conglomerado judicial”. Frente a estas prácticas que obstaculizan la transparencia, las organizaciones ofrecen su disposición para colaborar y plantean una serie de propuestas.

Buenas prácticas para fortalecer la transparencia

Uno de los aspectos que destaca es que la Dirección Jurídica y la Comisión de Transparencia del Poder Judicial deben definir los criterios para clasificar temas como “información privada o confidencial”, pues este argumento es la justificación para detener el streaming, sin que se hagan públicos los motivos o se den justificaciones. “La definición previa debe dejar muy clara la posibilidad de solicitar que se apague el streaming, pero esta no debe ser una potestad arbitraria o discrecional de confidencialidad de temas que, aunque sensibles, por su naturaleza son información pública”, señala la carta.

Otro aspecto por mejorar es el compartir junto con el enlace al streaming, la agenda de cada sesión, de manera que el público interesado conozca el momento en que van a tratarse los asuntos de su interés. Esta agenda debe ser a su vez explícita o auto explicable. “Actualmente es común que durante una sesión se señale, a modo de ejemplo, que: las propuestas van del punto 2 al 6 y se aprueban sin debate. Esto implica que quienes observan la sesión, no tienen posibilidad alguna de conocer cuáles eran dichas propuestas y qué se aprobó en cada punto”

También es necesario que toda la documentación vinculada al desarrollo de la sesión (informes, documentos de cada punto y correspondencia) sea pública y accesible. “En este momento las actas -que se publican un mes después- solamente mencionan los números de los documentos de referencia, pero no los incluye. Se sugiere su colocación como anexos, o bien, establecer un link para su acceso en Nexus”.

De igual manera, las pantallas utilizadas dentro de las sesiones también deben ser proyectadas en el streaming, de modo que la información que contienen sea accesible al público al mismo tiempo que la conocen las magistradas y magistrados.

Las organizaciones señalan que, dado que se cuenta con un sistema de votación electrónico, es posible avanzar hacia la sistematización de las votaciones individualizadas, que den cuenta en tiempo real para cada acuerdo, cómo votó cada uno de los integrantes de la Corte Plena. “Esta sería una herramienta automatizada, que se genere al mismo tiempo que se vota y no requiere una labor adicional”.

Finalmente, la carta recuerda a los magistrados y magistradas que en octubre de 2019 se aprobó una ley para hacer públicas y transmitir las sesiones del Consejo Superior, así como realizar el levantamiento de actas literales; sin que a la fecha se tenga conocimiento de alguna acción para cumplir con la citada ley.

En esta misiva, tanto el Foro de Justicia como la Mesa de Justicia Abierta le recuerdan a los magistrados y magistradas que la Constitución Política de Costa Rica establece el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos; y que al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

El Foro de Justicia y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta son organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas, cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos y todas.

Información de CEJIL.

Encuentros de Confluencia Popular: la participación como clave

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Patricia Salgado Muñoz

Hay importantes AVANCES logrados por los procesos de participación comunitaria, ciudadana, que están dirigidos a mejorar la situación del país, en diversas instancias: nacional, regional, local, institucional, etc.

Las exposiciones de cada una de las personas participantes demuestran que existen valiosos procesos en los que se rompe con las añejas apatías y los escepticismos por los beneficios que genera la participación de los y las habitantes del país. No sólo una hay “intención” por participar: se muestran importantes logros concretos en términos de la lucha por el agua; la defensa y el fortalecimiento de la CCSS; el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona Atlántica; la defensa de los territorios indígenas, y su ancestral conocimiento de cómo utilizarlos; y la lucha por una gobernanza más transparente, con mejores rendiciones de cuentas por parte de las personas que ocupan –temporalmente, los puestos públicos.

Vencer apatías… promover la participación

Patricia Salgado Muñoz expone el vínculo entre vencer apatías y promover la participación.

Es como si estuviéramos cocinando un plato delicioso pero complejo, que requiere varios componentes, y cada quien, en su lucha, en su región, ha venido preparando algunos ingredientes… Siguiendo con la comparación: ¿Tenemos clara la receta? ¿Sabemos qué estamos preparando? Una de las participantes en uno de los encuentros de confluencia popular lo expresó así: “No estamos en la misma sintonía”. ¿Cómo visualizamos la Costa Rica por la que estamos luchando? (Desarrollaré un poco más esta idea más adelante).

Este tipo de ejercicios, ya sean presenciales o virtuales, generan beneficios múltiples:

  1. El reconocimiento de que “hay un otro”, u “otra”, persona, organización, iniciativa, con la que compartimos aspiraciones, luchas y logros; ya sea que nos hayamos acompañado o que nos acompañaremos en los momentos difíciles, y que juntos y juntas lograremos mucho más. Esto tiene un valor simbólico y práctico importante. Varias personas lo dijeron: “el no sentirse solas”. Siguiendo con la comparación, cuando tengamos “la receta”, ese acompañamiento mutuo se desarrollará mucho más y dará beneficios mucho más significativos.
  2. El intercambio de “los cómo lo hiciste/lo hicimos” permite reconocer lo bueno de los procedimientos en otros lugares o luchas, así, podemos evitar cometer los mismos errores, o bien, replicar sin que llegue a ser un “calco”.
  3. Los problemas enfrentados han sido sino comunes al menos semejantes: la lucha por elementos como el agua, o la tierra; la aspiración por mejores condiciones laborales; por servicios de salud para todos y todas, incluyendo población indígena y migrante, históricamente excluidas; la defensa de instituciones clave, como la CCSS. Esta comprensión de tener “problemas semejantes” debería permitir seguir indagando y analizando más en las causas u orígenes de tipo estructural, “ir más a la raíz”, del sistema (capitalista) en que vivimos y que genera esas condiciones de desigualdad, exclusión, extracción y destrucción del medio ambiente, etc.
  4. Se reconoce la importancia del aprovechamiento del marco constitucional, legal o institucional, para “sacarle sus mejores frutos”: la Constitución, especialmente los artículos 9 y 11; el marco legal de la CCSS; la utilización de la Defensoría de los Habitantes, etc.
  5. La comprensión de que la adversidad puede ser vencida, y que al hacerlo “sacamos músculo”: promovemos o fortalecimos el sentido organizativo; buscamos y analizamos información y con ello generamos saberes y conocimientos; líderes y lideresas surgen o se fortalecen.
  6. Todas las personas, a su vez representantes de organizaciones (sindicales, comunitarias, ciudadanas) manifiestan con entusiasmo su disposición al trabajo conjunto: si cada una de las iniciativas puede verse como un tronco, podemos “construir una balsa”, y tener así más fortaleza que la que tiene cada uno, individualmente.

REFLEXIONES FINALES:

Sabemos que existen procesos particulares, cada quien, en su organización, comunidad, institución, etc, como los presentados en los encuentros de confluencia popular; incluso sabemos que existen aún más iniciativas.

Los logros y avances de cada uno a su vez deberían de contribuir a un proceso general o global, nacional, y al cual “convergen” como los afluentes de un río.

Las comparaciones con el mundo material ayudan, pero… la realidad social es mucho, muchísimo más compleja.

Esa convergencia no necesariamente “se daría” automáticamente, sin la participación humana. Debemos de hacer un esfuerzo consciente, sistemático, para encauzar esos afluentes.

Al igual que la idea que presentamos antes, de una “receta” esta otra de los afluentes de un río, dan una imagen mental; sin embargo, un país, con toda su institucionalidad, marco legal, procesos productivos, grupos de interés, etc.; no puede “reducirse” a una “cena” o un “almuerzo”, o a unos ríos que se juntan.

Otra comparación –también del mundo material, sería si estuviéramos haciendo, colectivamente, un mural, una pintura gigantesca, de una gran pared o un muro enorme. ¿Cómo ponernos de acuerdo en las imágenes, los colores, los detalles?

Si aún algo así –como pintar un mural, requeriría muchas horas de conversaciones, análisis, debates, elaboraciones de propuestas y revisiones…. ¿ahora cómo construir una “imagen-país” ?, que además requeriría actualizarse cada cierto tiempo.

Ha habido algunos intentos por producir documentos que describen el país que queremos (ahora no tengo referencias bibliográfica a mano, pero sé que se han dado).

Por ejemplo si se hubiera tenido alguna “imagen-país” de lo que queremos y por lo que luchamos, ahora habría que “actualizarla” con las condiciones que ha develado el Covid 19.

Si bien han quedado visibilizadas y agravadas muchas inequidades y desigualdades, también “han aparecido” fortalezas y oportunidades. Respecto a estas últimas: la rapidez con que las universidades públicas han desarrollado respuestas técnicas y las han puesto al servicio de las autoridades del sector Salud. Con ello, el país ha recibido beneficios de la inversión social que se ha venido haciendo en décadas anteriores.

Al igual que los procesos de participación ciudadana, visualizo la construcción de la “agenda” (la receta, el mural que queremos) como un proceso. Es conveniente si se cuenta con un documento, pero éste requeriría revisiones y actualizaciones.

Existen metodologías y técnicas para apoyar procesos de planificación y elaboración de agendas, pero igualmente su aplicación, a escala nacional, tiene mucha complejidad y se requerirían recursos que los movimientos comunales y populares no tienen.

Tal vez podría dedicarse algún encuentro de confluencia popular sólo al tema específico de “la Imagen-País que los movimientos comunitarios queremos”.

Crear la agenda popular de la Costa Rica de los próximos años…

Patricia Salgado Muñoz: Crear la agenda popular que muestre la Costa Rica de los próximos años

* Jubilada del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Carta abierta a las señoras diputadas y a los señores diputados – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Al final de la carta y las firmas iniciales encontrará este mismo enlace para sumar su apoyo.

Lunes 27 de julio, 2020.

Estamos a tiempo de evitar una dolorosa crisis humanitaria

Estimadas señoras y señores:

El mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

La incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para nuestro país. Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década.

Todo esto ustedes lo conocen muy bien, y no ignoramos la complejidad del trabajo legislativo, ni las discusiones en curso sobre tantos temas cruciales que exigen respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, creemos que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales.

Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica.

El reto es cómo financiar estas medidas imperiosas. En el plazo inmediato, creemos, estos recursos deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes.

El ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Paralelo a este gran esfuerzo nacional que demanda la inmediatez de la crisis, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Un dialogo nacional franco y directo sobre estos y otros temas es urgente y estamos en la mejor disposición de participar activamente en el mismo.

Como representantes electos, en ustedes recae la potestad de legislar y confiamos que lo harán con celeridad y sabiduría.

Atentamente,

Monseñor José Rafael Quirós Quirós, cédula 3 0207 0504, Arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal.
Daniel Aisemberg Oberstein, cédula 8 0117 0803
Ana Luz Alfaro Mancía, cédula 8 0071 0645
Patricia Allen Flores, cédula 9 0039 0374
Felipe Alpízar Rodríguez, cédula 1 1049 0305
Ronald Álvarez Tamaris, cédula 6 0067 0944
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 1 0486 0636
Paola Arguedas Marenco, cédula. 115200051
Jorge Arguedas Mora, cédula 1 0411 0109
María Laura Arias Echandi, cédula 1 0618 0948
Rodolfo Arias Formoso, cédula 1 0463 0271
María Luisa Ávila Agüero cédula 105480463
Rolando Barboza Mesén, cédula 104690193
Andrés Barrantes Acosta cédula 112490449
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 5 0141 1193
Rita Benavides Sánchez, cédula 1 0814 0112
William Bolaños Gamboa, cédula 1 0625 0856
María Eugenia Bozzoli Vargas, cédula 1 0240 0633
Dionisio Cabal Antillón, cédula 1 0425 0831
Carlos Brenes Castillo, cédula 3 0194 1174
Alejandro Calderón Arias, cédula 1 1221 0644
Manuel Carballo Quintana cédula 103000515
Carlos Enrique Carranza Villalobos, cédula 302030456
Hugo Cascante Micó, cédula 6 0107 1220
Dennis Castro Rodríguez, cédula 1 1245 0190
Kristel Chacón González, cédula 1 1447 0004
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3 0299 0664
Jorge Andrés Camacho Ramírez, cédula 4 0076 0890
Javier Cambronero Arguedas, cédula 2 0406 0127
Eva Carazo Vargas, cedula 1 0893 0621
Warner Carvajal Lizano, cédula 1 0519 0489
Nury Cartín Herrera, cédula 2 0290 0333
Sandra Cartín Herrera, cédula 2 0343 0634
María José Cascante Matamoros, cédula 1 1166 0261
Marco Antonio Castillo Rojas, cédula 301620262
Gilbert Castro Días, cédula  1 0885 0676
Victoria Chan Chan, cédula 6 0134 0801
María Marta López, cédula 1 0668 0782
María Chaves Marrocchi, cédula 1 0572 0575
Osvaldo Conejo Valverde, cédula 1 0832 0444
Jeannette Cordero Gamboa, cédula 4 0119 0233
Marinela Córdoba Zamora, cédula 3 0297 0351
Alberto Cortés Ramos, cédula 9 0675 0815
Sergio Dávila Chaves, cédula 1 0562 0642
Juan Carlos Durán Castro, cédula 1 0669 0465
Santiago Durán Mora, cédula 1 1458 0791
Julieta Dobles Yzaguirre, cedula 1 0312 0144
Grettel Elizondo Campos, cédula 1 1064 0048
Juan Rafael Espinoza Esquivel, cédula 4 0093 0258
Francisco Esquivel Villegas, cédula 6 0109 0101
Gerardo Alberto Fait Acosta, cédula 9 0085 0296
Helio Fallas Venegas, cédula 1 0346 0413
Héctor Ferlini Salazar, cédula 1 0454 0856
Patricia Fernández Bustamante, cédula 1 0468 0076
Adrián Figueroa Rosales, cédula 6 0300 0536
Elizabeth Fonseca Corrales, cédula 4 0097 0783
Miguel Gamboa Badilla, cédula 6 0179 0359
Jaime Gamboa Goldengerg, cédula 1 0622 0442
Lidieth Garro Rojas, cédula 6 0227 0142
Yamileth González García, cédula 2 0246 0555
Frank González Brenes, cédula 1 0962 0522
Rolando González Ulloa, cédula 2 0274 0540
Ernesto Guadamúz López, cédula 9 0040 0932
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0561 0866
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0453 0822
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0660 0352
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1 0461 0499
Juany Guzmán León, cédula 1 0831 0633
Carlos Hernández Álvarez, cédula 5 0256 0320
Virginia Hernández Esquivel, cédula 4 0097 0377
Rodolfo Hernández Gómez, cédula 3 0186 0057
María Elena Hernández Hernández, cédula 6 0135 0038
Lenín Hernández Navas, cédula 10967 0277
Xinia Herrera Quirós, cédula 1 0422 0059
Danilo Herrera Soto, cédula 4 0103 0076
José Francisco Hidalgo Solís, cédula 1 1503 0822
Juan Alberto Huaylupo Alcázar, cédula 8 0076 0805
Natalia Jiménez Carvajal, cédula 1 0620 0962
Francisco Jiménez Marten, cédula 3 0204 0600
María José Jiménez Pérez, cédula 1 1544 0169
Erika Henchoz Castro, cédula 1 0570 0927
Rafael López Alfaro, cédula 4 0149 0119
Stephenie Madrigal Blanco, cédula 1 1693 0753
Jeannette Madriz Mena, cédula 1 8880 0213
Elizabeth Martínez Hernández, cédula 1 0799 0790
Fabiana Martínez Mena, cédula 1 1672 0794
Álvaro Marenco Marrocchi, cédula 1 0307 0262
Julia Marrocchi Morales, cédula 7 0019 0955
Yendry Martínez Rivera, cédula 1 1080 0645
Madelaine Martínez Rojas, cédula 1 0602 0547
María Eugenia Martínez Rojas, cédula 1 0406 0132
Ana Gabriela Massey Machado, cédula 1 0817 0176
Pedro Méndez Hernández, cédula 1 0827 0664
Juan Carlos Mendoza García, cédula 1 0911 2096
Diana Meza Ramírez, cédula 1 1460 0500
Allan Monge Cordero, cédula 1 0776 0834
Esteban Monge Flores, cédula 1 0937 0882
Melania Monge Rodríguez, cédula 1 0537 0482
Lissette Monge Ureña, cédula 1 0404 0719
Henry Mora Jiménez, cédula 1 0512 0548
José Miguel Mora Rechnitz, cédula 1 0496 0584
Fredy Morera Mena, cédula 1 0954 0494
Glen Moya Núñez, cédula 1 0914 0760
Gladys Muñoz Núñez, cédula 2 0304 0058
Martin Murillo Córdoba, cédula 1 0498 0565
José Antonio Murillo Gamboa, cédula 4 0114 0773
Olga Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Margarita Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Marco Navarro Pérez, cédula 1 1370 0521
Ignacio Navarrete Gutiérrez, cédula 8 0055 0910
José Antonio Navarro Pérez, cédula 1 1215 0918
Steven Núñez Rímola, cédula 1 1237 0693
Dania Obando Castillo, cédula 6 0297 0125
Tatiana Otto Golovina, cédula 8 0077 0391
Nilson Oviedo Valerio, cédula 3 0397 0793
Henry Palomo Palavicini, cédula 1 0425 0415
Carlos Pentzke Pierson, cédula 8 0075 0461
Nancy Piedra Guillén, cédula 1 0586 0455
Alejandro Piedra Hernández, cédula 1 1418 0377
Carmen Piedra Salazar, cédula 1 0666 0155
Adriana Prado Castro, cédula 1 0301 0537
Rosa Julia Quesada Herra, cédula 2 0445 0291
José Rafael Quesada Jiménez, cédula 1 0510 0834
Kennedy Quirós Chinchilla, cédula 6 0414 0944
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 4 0147 0385
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1 0543 0030
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1 483 426
Liuber Ramírez Santamaría, cédula 6 0270 0733
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9 0912 0762
Nancy Rojas Saborío, cédula 1 1147 0469
Roberto Rojas Sojo, cédula 1 0433 0834
Francisco Robles Rivera, cédula 3 0405 0666
José Amando Robles Robles, cédula 8 0052 0054
Jorge Rodríguez Araya, cédula 3 0194 0611
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Fernando Rodríguez Garro, cédula 4 0165 0895
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 2 0385 0652
Eduardo Rodríguez Soto, cédula 1 0434 0742
Maritza Rodríguez Soto, cédula 1 0508 0437
Manuel Rojas Bolaños, cédula 1 0263 0894
Hernán Rojas Angulo, cédula 1 0526 0546
Carlos Rojas Pizarro, cédula 1 1354 0801
Carlos Alberto Rubio Torres, cédula 1 0728 0909
Patricia Salgado Muñoz, cédula 1 0418 0050
Anabelle Sánchez Castillo, cédula 6 0228 0103
María Laura Sánchez Rojas, cédula 1 0764 0264
Patricia Sánchez Gómez, cédula 3 0223 0216
Julián Solano Bentes, cédula 1 0494 0317
Ivania Solano Rodríguez, cédula 1 1092 0040
Antonio Solano Chinchilla, cédula 1 0610 0787
Liseth Sánchez Soto, cédula 1 1469 0123
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6 0161 0193
Deyanira Sequeira Ortiz, cédula 1 0248 0675
Rosa Vargas Calderón, cédula 5 0139 1046
Mario Rojas Vílchez, cédula 4 0110 0683
José Rosales Obando, cédula 5 0133 0132
Ana Cristina Rossi, cédula 1 0407 0914
María Fernanda Saénz Chaves, cédula 1 1330 0583
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9 0029 0602
Olman Segura Bonilla, cédula 4 0113 0272
Oscar Segura Castro, cédula 1 1060 0557
Miguel Sobrado Chaves, cédula 1 0294 0994
Edgar Torres Montero, cédula 1 0752 0899
Deyanira Torres Varela, cédula 1 1231 1930
Liseth Torres Zamora, cédula 1 1367 0821
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9 0041 0880
Ana Tristan Sánchez, cédula 1 0513 0593
Leiner Vargas Alfaro, cédula 2 0444 0266
Calet Vargas Rojas, cédula 1 1547 0319
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2 0327 0373
Gerardo Vargas Varela, cédula 3 0342 0343
Heidy Venegas Walkott, cédula 1 0783 0760
Carlos Vega Rivera, cédula 1 1642 0684
Carlos Manuel Vicente Salazar, cédula 1 0390 0950
Mariela Víquez Ramírez, cédula 4 0111 0780
Edwin Zamora Bolaños, cédula 1 1020 0297
Fernando Zumbado Jiménez, cédula 1 0336 0885
Guillermo Zúñiga Chaves, cédula 4 0100 0263
Mayra Abarca Miranda, cédula 4 0135 0061
Ana Ma Acuña Chacón, cédula 1 0614 0456
José David Aguilar Agüero, cédula 4 0174 0888
Ericka Alfaro Chinchilla, cédula 1-0917-0349
Francisco Alvarado Acuña, cédula 1 0574 0689
Elsa Alvarado Artavia, cédula 1 0791 0085
Heriberto Álvarez Chaves, Cedula 5 0153 0751
Ana Isabel Arias Soto 1 0441 0802
Adriana Arrieta Torres, cédula 1-1129-0335
Jorge Artavia Rodríguez, cédula 1-0668-0483
Pedro Bastos Castro, cédula 2 0372 0155
Luis Alberto Bejarano Morales, cédula 1-0534-0649
Esteban Beltrán Ulate, cédula 1 1286 0718
Roberto Blanco Rojas, cédula 2-553-961
Guido Alberto Bolaños Soto, cédula 1 0662 0166
Hazel Bustos Guzmán, cédula 6-0296-0892
Ana Lucía Camacho Rojas, cédula 1 0435 0961
Marcela Cambronero Avendaño, cédula 4 0122 0196
Gilberth Castro Chavarría, cédula 2-0362-0252
Miriam Cordero Araya, cédula 2-0167-0338
María de los Ángeles Cordero Jiménez, cédula 1 518 231
Olga Patricia Chaves Chavarría, cédula 4 0121 0124
Robert Chaves Chaves, cédula 2 0511 0801
Élida Chaves Díaz, cédula 7-0096-0680
Nidia María Corrales Hidalgo, cédula 1-0673-0269
Juan Pablo Cruz Solano, cédula 1 1019 0569
Maribel Cubero López, cédula 1 0603 0734
Marielos de la 0 Guzmán, cédula 4.110.888
Katina R. de León Rodríguez, cédula 8-0049-0129
Esneider Esquivel Rojas, cédula 1 0890 0543
Elizabeth Fernández Gutiérrez, cédula 1 0331 0895
Ana Cristina Fernández Vásquez, cédula 1-0396-1142.
Alda Mercedes Garro Leitón, cédula 401080481
Gladys María González Cascante, cédula 1-0410-1414
Marlene González Vargas, cédula 4-0116-0855
Hermann Walter Güendel Angulo, cédula 6 0198 0584
Elena González Rodríguez, cédula 1 0333 0763
Fabricio Granados Rojas, cédula 1 0860 0085
Ana Virginia Hernández Aguilar, cédula 4 0138 0115
Guadalupe Hernández Díaz, cédula 7-0072-0050
Carlos Humberto Hernández Venegas, cédula 4 0137 0457.
Yorleni Herrera, cédula 4 0197 0461
Sara Hidalgo Navarro, cédula 2 0315 0279
Divinia Jiménez Jiménez, cédula 1 0368 0703
Roseanne Jiménez Sáenz, cédula 1 0558 0560
Alda Leitón Centeno, cédula 4 0056 0139.
Adela Marchena Cordero, cédula 6-0102-0815
Rodrigo Walter Marchena Cordero, cédula 7 0047 0919
María Gabriela Marchena Rojas, cédula 1-1054-0485
Carmen Masís López, cédula 1-0576-0894
Ana Medrano Sandi, cédula 4 0182 0326
Práxedes Mejías Carranza, cédula 5-0193-0761
Heliberto Mena Cambronero, cédula 2 0539 0925
Pbro. Gustavo Meneses Castro, cédula 2 0425 0197
Rocío Meneses Castro, cédula 2 0412 0040
Juan Manuel Miranda Chavarría, cédula: 4-0117-0987
Lot Eduardo Miranda, cédula 1-1769-0442
Katya Montenegro Elizondo, cédula 1-0764-0063
Mario Moya Berrocal, cédula 3 0391 0965
Marco Monge Rodríguez, cédula 1 0504 0152
Franklin Jesús Moya Artavia, cédula 1 1480 0433
Mayra Elena Navarro Barahona, cédula 3 0238 0273
Melissa Núñez Castillo, cédula 1-1176-0381
Vilma Ocampo Hernández, cédula 4 0132 0501
Elsie María Orozco Fonseca, cédula 4 0106 1134
Roy Pérez Salazar, cédula 1-1158-0897
Wilson Ortiz Téllez, cédula 2 0352 0176
José Manuel Pérez Villalobos, cédula 2 577 0034
Miguel Picado Gatjens, cédula 1 0354 0831
Alexis Francisco Quesada Solano, cédula 3 0225 0623
Lisbeth Quesada Tristán, cédula 1-0407-1429
Jeanneth Ramírez Montoya, cédula 9-0109-0344
Susana Ramírez Rodríguez, cédula 1 0907 0219
Julieta Ramírez Zúñiga, cédula 1-0311-0063
Ana Cecilia Rodríguez Miranda, cédula 4 0106 1386
Haydée Rojas Camacho, cédula 2 0147 0691
Giovanni Rojas Mesén, cédula 1 1192 0730
Fernando Rudín Vega, cédula 1 0484 0457
Marco Antonio Ruiz Mora, cédula 4 0104 0752
Douglas Sáenz Montero, cédula 1 0653 0272
Ana Lorena Salas Calderón, cédula 4-0133-0688
José Antonio Salas Hernández, cédula 4 0150 0643
Francisco Javier Salas Villegas, cédula 4 0236 0755
Gloriana Salas Villegas, cédula 4 0253 0090
Olga Mary Salazar Calvo, cédula 9 0063 0937
Merilyn Sanabria Hernández, cédula 3-0379-0395
María Lizette Sánchez Brenes, cédula 4 0150 0988
Marta Eugenia Sánchez González, cédula 1 0380 0770
Laura Sánchez Valerio, cédula 4 0172 0825
Désirée Segovia Fonseca, cédula
Nidia Segura Eduarte, cédula 4 0125 0176
José Manuel Ugalde Ramírez, cédula 4 0133 0643
Grace María Ulate Camacho, cédula 1 0712 0956
Ileana Ureña Salazar, cédula 1 0671 0386
Yina Virginia Valverde Chaverri, cédula 1-0728-0072
Albertina Valverde Quesada, cédula 1-0439-0273
Leda María Vásquez Aguilar, cédula 1-0720-0500
Luisa María Vázquez Camacho, cédula 1 0269 0222
Rosa Isela Vega Vargas, cédula 4-0147-0135
Xiomara Villegas Ugalde, cédula 4 0149 0211
José Luis Víquez Víquez, cédula 4-0105-0446
Magda Zumbado Segnini, cédula 4 0124 0407
Lot Rafael Miranda, cédula 159100200513

Si está de acuerdo sume su apoyo en este enlace y por favor comparta.

Son zorros del mismo piñal

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

Los diputados que integran la actual Asamblea Legislativa ya no sorprenden a nadie. El nivel de irresponsabilidad con que actúan, llevan la institución a estados de desprestigio sin precedentes. Sin decoro, sin vergüenza, sin dignidad, sin capacidad de argumentar, presumiéndose semidioses alejados de la ciudadanía que con esperanza los eligió, legislando para quienes los adulan y les hacen creer que estarán eternamente en el puesto, inmunes e impunes.

La pequeña fracción de legisladores decentes, no tiene ni voz ni poder, pero al igual que todos los demás, hacen grandes esfuerzos por mantenerse aislados de la ciudadanía que los eligió.

Pero no están solos, a lo largo de la institucionalidad, se manifiestan los actos más inmorales e indecorosos a los que una sociedad se condena cuando el pueblo abandona su responsabilidad constitucional, escudándose en argumentos cobardes y de confort, para justificar el miedo que lo domina.

La mafia política está a sus anchas, se expresa con desparpajo; presume de no tener contendientes. Desde sus madrigueras, sus cipayos salen a hacerse de la institucionalidad y a destruir nuestras raíces, imponiendo cual facción totalitaria lo que para ellos y ellas debe ser nuestro país, confiados en que el autoritarismo, la corrupción y la impunidad en que se han movido, ya ancló definitivamente sus purulentas raíces en esta Costa Rica.

La crisis nacional trata de esconderse tras la emergencia nacional. Varias cosas desaparecieron de la mirada pública, entre ellas el narcotráfico. De seguro con la denominada pandemia, están en teletrabajo o en alguna burbuja social. Siempre he dicho que para que exista un narcotraficante se requiere el concurso de tres actores: un político que les abra las puertas del país de par en par, un juez que no los meta a la cárcel y un banquero que les guarde el dinero, sin uno de esos actores no hay narcotraficante que sobreviva.

Los autodenominados y beligerantes discursos “progres”, ahora guardan silencio cómplice ante las decisiones políticas que arrastran el país a una regresión social y política de inicios del siglo pasado. La voz oficial de la ética encontró un buen salario para callarse de una vez por todas. Todos ellos, dibujados por la denuncia social que escribía Santos Discépolo y que cantaba Gardel en 1928, “…la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas”.

Lo que no logra esconderse, es la irresponsabilidad del comportamiento legislativo que, a lo largo de los últimos cuarenta años, atendiendo los intereses de la mafia política, han usado la autoridad delegada del pueblo, apropiándose de un poder que nadie les dio, para –entre muchas cosas- nombrar una y otra vez un magistrado sumamente cuestionado, garante de los atropellos más inmorales, poniendo en entredicho la aplicación de la justicia.

Se les ocurrió, en un acto espurio, intentar impedir que se publique el nombre de los grandes contribuyentes que son evasores y elusores. Tratando de esconder que en el 2018 el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera innovadora e imprevista, puso al descubierto los grandes empresarios que desde hacía diez años no pagaban un cinco al país. Ahí se demostró, que existe una fuerza que no se había considerado como tal, la ciudadanía, El Soberano, el que nace con la modificación constitucional del Art. 9 y que un magistrado –de esos que les interesa elegir a los diputados- aseveró en una charla universitaria, que “había que cortarle las alas”.

Una Defensora de los Habitantes que hasta sus colaboradores más cercanos le exigen que renuncie, por el irresponsable manejo del caso de la UPAD, que pretendía la apropiación indebida de nuestros datos sensibles.

Más aún, ser complacientes de que una minoría de hijos de papi, enquistados en palacio, amamantados en el capricho y la malacrianza, escudados en sus preferencias sexuales, desprestigien la decencia y la respetabilidad que existe en la población sexualmente diversa.

La policía, educada militarmente por colombianos y chilenos, saca su casta y su valentía cuando tiene que enfrentar a las personas ciudadanas que defienden lo que justamente les pertenece. Pero son inútiles al defender nuestras fronteras, nuestro oro, nuestra paz.

Fueron muy valientes para encerrar en flagrancia a Andrea Díaz, campeona nacional de surf, empresaria de Playa Tamarindo, pero un estropajo al impedir cualquier fiesta en lujosos condominios.

Andrea es criminalizada, por una caprichosa orden superior. Se atrevió a hacer uso del derecho humano esencial, el ejercicio de sus derechos políticos. Hacía valer el derecho a trabajar y producir en su propio negocio, impedido por los desaciertos y la negación absoluta de quienes asumieron el gobierno, que reciben el salario diariamente –pagados con nuestro esfuerzo y nuestra pobreza- y que se resisten a buscar soluciones sustentadas en el diálogo y la construcción de consensos, en esta emergencia nacional, que tiene hincada, con la rodilla en el cuello, la economía.

El feminismo tico ya institucionalizado, guarda silencio en estas circunstancias, pareciera que el patriarcado le fuera inherente, así lo denuncian ya muchas mujeres.

El país va arrastrado por los que ya casi dejan sus puestos y manifestaron que Costa Rica es una finca, a llegar humillados y de la mano del miedo, ante el FMI. A regalar las joyas de la abuela. Poco les importa entregarnos al mejor postor. Ellos se irán del país, a reunirse con los que ya se fueron.

Según ellos nos tienen rodeados, que ya lograron su victoria absoluta. Se asumen de la misma jauría, como zorros del mismo piñal. Se equivocan de medio a medio.

No conocen este pueblo, que de donde nadie sabe, saca en su momento lo mejor de sí para ser ejemplo mundial, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia y lo haremos de nuevo.

Ser persona ciudadana no es igual que ser pueblo, lo primero exige responsabilidad y el deber; lo segundo es ser masa.

Este país tiene la reserva moral para levantarse y tomar el camino correcto. No será la primera vez que lo hagamos. Lo haremos bien. Tampoco necesitamos de muchos, sino de las personas ciudadanas suficientes, llenas de dignidad, de vergüenza, de coraje, sabiduría y conocimiento. Las mujeres jugarán el papel más importante al frente de esta tarea, exigiendo a todos a ponerse en pie.

Nos protege el mandato constitucional de asumirnos El Soberano y ejercer el Poder que nos corresponde y nos pertenece, para establecer sin miedo, desde los disensos, los consensos del nuevo pacto social.

27 de junio de 2020

La verdad en la ciencia y la política

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La verdad en la ciencia es relativa, como lo es también en la política, aun cuando son totalmente distintas, porque los conocimientos científicos cambian como también lo hace la realidad en su peculiar dinamismo. En la política, o como vulgarmente se concibe a la actuación de los individuos vinculados con el poder estatal, también son verdades relativas, porque dependen de los criterios, intereses o posiciones adoptadas en determinadas coyunturas, pero esas pretendidas verdades no están sustentadas ni son comprobadas, como tampoco son fehacientes ni aceptadas por todos.

Esto es, en la construcción individualista de la verdad en la política, o de las opiniones, decisiones y acciones de los actores de la acción estatal en la sociedad, son arbitrarias y de ningún modo serán verdades para la ciencia, aun cuando afecten las realidades donde actúan. Estas características se corresponden con formas predominantes del poder estatal contemporáneo, son modos autocráticos del poder o, dicho de otro modo, no responden a intereses, necesidades o anhelos ciudadanos, por tanto, no son espacios sociales democráticos, son dictatoriales y están asociados a formas de poder del pasado, a un mundo donde no existían derechos igualitarios, ni existía ciudadanía.

La historia tiene continuidad en el tiempo, pero las significaciones de los acontecimientos se modifican, como cambian los sistemas sociales. Creer que las interpretaciones de las realidades son estáticas, a pesar de sus evidentes transformaciones y rupturas con el pasado, es un error.  La visión vulgar y mediática ha entendido la política, como el quehacer del tirano, al cual incluso se le califica absurdamente como líder, no como una ciencia que interrelaciona el quehacer estatal con el devenir de su sociedad civil.

Los autócratas del presente y del pasado han despreciado a los pobres, a los trabajadores, a los pueblos, a los hacedores de historia y constructores de culturas. Los que dan sustento al poder estatal y a la riqueza privada son, sin embargo, sacrificados por el sistema imperante y por los propietarios del capital, los cuales se han arrogado del bienestar, los recursos y la vida de personas y pueblos. Ellos agudizan su agresión, violencia y explotación en tiempos de crisis, no obstante, aceleran su desaparición, se suicidan asesinando, porque no son autosuficientes y porque no pueden vivir sin aquellos que desprecian. La ignorancia y estupidez del poder estatal y económico se exacerban con sus miedos. El presente no es una excepción, por el contrario, es una regularidad sistémica.

La verdad de los explotadores y autócratas, es la falsa conciencia del poder que les impide reconocer las evidencias de su responsabilidad en las peores iniquidades sociales, la degradación de la naturaleza y la liquidación del desarrollo, la democracia y la libertad.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://blog.oxfamintermon.org/que-es-la-ciudadania-en-un-mundo-global/

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.