Carlos Campos Rojas
Andrés Gilberto Ramírez Víquez, joven agricultor de Tierra Blanca, Cartago, con la rodilla en el cuello y suplicando más tiempo al banco para que el gobierno respondiera con eficacia ante la desgracia de las erupciones del volcán Turrialba. No pudo más. Tomó la decisión más difícil, suicidarse.
Su resuello se acabó cuando el sistema financiero se abalanzó sobre su casa y sus posesiones, porque en estos momentos de emergencia, la persona, la familia y su futuro no cuentan, cuando prevalece solamente la voracidad financiera y el interés de enriquecerse de una mafia política, que hasta ahora se considera inmune e impune. Vienen por todo.
La historia de nuestro país está llena de actos heroicos y demostraciones de que hay capacidades sobradas de gobernantes y personas ciudadanas que lograron construir un tejido social ejemplar, demostrando su condición de estadistas.
De eso muchos hoy no saben, porque la mediocridad decidió enterrarla, cuando la eliminó de la formación cívica y ciudadana del sistema educativo, para llenarnos de burbujas de ensueños, de realidades que no nos pertenecen.
Así, llevaron la producción agrícola a una condición de desprecio, arrebatándoles sus recursos asignados por ley, para repartirlos entre los amigos de los amigos.
Facciones en este gobierno han demostrado de qué están hechos y a lo que están dispuestos, su doble moral y sus actos no se olvidan, son propios de una estrategia de Goebbels y de su discurso: todo por el partido y la patria. Aquí solo algunas perlas.
Una antorcha de la independencia secuestrada para transportarla por vía aérea con la mentira de que quienes se manifestaban pacíficamente en las calles, impedirían su paso. Un teléfono oficial para delatar los maestros que estaban en huelga y actuar en contra de ellos. Una campaña de insultos contra quienes se atreven a disentir de sus ocurrencias. Un ministro de agricultura que lleno de miedo, convoca a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) además de la policía y cierra por primera vez los portones institucionales, para impedir el acceso de los agricultores que se movilizaron, exigiendo que les explicaran por qué su condición productiva es un desastre en un gobierno que dijo que serían prioridad. Un grupo de muchachos en Casa Presidencial con su laptop personal apropiándose por decreto, de nuestros datos personales. Ahora, escudados en un respetable funcionario, cual si fuera un cipayo –enredado por ocurrencias de palacio-, proponen transformar las asociaciones de desarrollo en policías o delatores de quien no acate las órdenes del gobierno, las SS no lo hubieran hecho mejor.
Susan Rodríguez de La Fortuna de San Carlos, una voz fresca, nueva y decidida, tuvo la capacidad de desnudar los jerarcas del Ministerio de Agricultura en una reunión pública.
Miles de productores y costarricenses fuimos testigos de su valía. No se quedó ahí, exigió a la Junta Directiva del Banco Nacional que explicara por qué la Ley 1644 que da origen al Sistema Bancario Nacional y que en su Capítulo VII establece claramente que el 10% de la cartera del Banco debe asignarse a la producción agropecuaria, a través de las Juntas Rurales de Crédito, tuvieron la osadía de incumplirla sin estar derogada. Así dejaron desamparados a los agricultores y campesinos nacionales, para concentrarse en mejores clientes. El video que hizo circular de la conversación sostenida con la ex diputada oficial y ahora privilegiada presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, es elocuente.
Desde el Banco Nacional han hecho llegar un documento donde, entre otros argumentos fabricados por reconocidos economistas de la Academia Centroamericana, establecen que un pequeño agricultor es aquel que “al menos el 75% del núcleo familiar se dedica a la agricultura”. Es decir, en una familia agricultora de cuatro personas, solo un hijo debe tener derecho al estudio y tal vez a una profesión, el perdedor va al campo a sembrar la comida de los costarricenses, así, con ese etiquetamiento, se valora a quienes todavía siembran la tierra.
La decisión de Andrés Gilberto Ramírez Víquez, es la alerta a una clase política que impunemente se esconde detrás de un muro lleno de fisuras y se resiste sorda y torpemente a establecer un diálogo respetuoso y sincero. Uno que permita construir las soluciones en nuestro país. Donde ya se empieza a poner al descubierto, que la ciudadanía se cansó del autoritarismo, de la impunidad, la corrupción, y la comunicación mediática. Una ciudadanía que se enfrenta a un miedo que nos distancia y una violencia que nos arrebata la libertad.
El llamado a formular un nuevo pacto social, es la urgencia nacional, pues para que haya paz, debe haber diálogo. Habrá disensos, así construiremos consensos, sin miedos, todos de la mano.
La probidad, la transparencia y una ciudadanía que se respeta a sí misma porque conoce su potestad constitucional, la memoria de Andrés Gilberto y la voz de aliento de muchas Susan de este país, serán los pilares de ese nuevo tejido social que urge y que nos sobra la capacidad y las destrezas para lograrlo.
