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Etiqueta: ciudadanía

La profecía que se cumple a sí misma

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Para ejemplificar la profecía que se cumple a sí misma, Robert Merton apeló al ejemplo de la falsa noticia que se difundió de la quiebra de un banco y, efectivamente, sus clientes, inducidos por el miedo a perder su dinero, lo quebraron al retirar sus ahorros. Retomaba el teorema de Thomas que dice: “cuando una situación se define como real, es real en sus consecuencias”. De esta manera, al definirse hoy que la Caja del Seguro Social está en quiebra, aunque sea mentira, bajo ciertas circunstancias, diría Merton, puede llegar a convertirse en verdad. Precisamente, esas condiciones se están dando desde el momento en que el Estado se ha venido resistiendo a saldar la deuda billonaria con la Caja y el ejecutivo dispara un discurso incendiario contra esta institución.

El discurso populista hoy, en el país más desigual y violento de los países miembros de la OCDE, anuncia quiebras y desplomes de la institucionalidad social con la clara intención de que se cumplan sus profecías y quiebre la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades públicas, el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, y así como en cascada se derrumbe el Estado Social.

 El estado tiene que rendirse de rodillas ante el mercado, la única institución sacrosanta que puede salvar a Costa Rica. Traslademos las funciones públicas a instituciones privadas y florecerá la Costa Rica del Siglo XXI pujante, moderna y productiva. Este es el contenido del discurso político-religioso de la nueva derecha neoliberal que se viste de pueblo, habla en lenguaje pachuco y asume porte del “Estado soy yo”.

Este tipo de profecías son parte de la ideología del miedo, que tan buenos dividendos le ha deparado a una clase política cuyo norte ha sido destruir los logros alcanzados por la clase trabajadora en sus luchas sociales históricas, que desembocaron en la gran reforma de los años 1940 por el derecho al trabajo digno, la salud y la seguridad social.

Efectivamente, el arma del miedo se ha mostrado muy eficaz para minar las bases mismas del Estado Social de Derecho, cerrarle las puertas al diálogo ciudadano y conducir al país hacia una profundización de la polarización y el conflicto social. Más allá de la violencia criminal y delincuencial en alzada, se ha venido abonando el terreno para propiciar los antagonismos entre los diversos actores sociales y políticos. La convivencia democrática está siendo socavada por parte de un liderazgo político que ha perdido la mesura y la sabiduría para conjuntar a la ciudadanía, precisamente, cuando se agudizan los problemas de mayor calado, como los son la pobreza, la desigualdad y la inseguridad.

Si los problemas han alcanzado niveles críticos y desmesurados, más allá de este tipo de profecías populistas que solo distraen y postergan la búsqueda de verdaderas soluciones a esos álgidos problemas, deberíamos abocarnos a conjuntar a todos los sectores sociales, empresariales y políticos para crear una plataforma ciudadana que impulse acciones y medidas urgentes para sacar a flote la barca de la patria.

Actuario insta a pedir a la CCSS el reajuste de las pensiones para recuperar pérdida por inflación y violación del reglamento, las leyes y la Constitución

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente documento dirigido a la ciudadanía por el actuario Rodrigo Arias López. El experto en el tema de finanzas de la CCSS y pensiones llama a “sacar un ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS”. El propósito de esta acción ciudadana sugerida por el profesional e investigador es solicitar el “reajuste de los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima”.

Compartimos el documento y las cartas que se pueden utilizar como machote:

“Nuevamente me dirijo a los 340 mil pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a sus familiares y a los cotizantes de IVM; la última vez fue para mostrarles como les roban a los pensionados de IVM mediante el mecanismo de no recuperarle la pérdida de valor a las pensiones ocasionada por la inflación de los precios:

(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04TsEgygnjTLkXsATWXTAuLGFGJTMEkBsEVYRWWXFkrzZuNZNKKHmCZrEksrQ5W2Ml&id=1136685301&mibextid=Nif5oz).

Esta vez es para sugerirles a cada uno de ustedes -pensionados, familiares y cotizantes activos de IVM- la entrega de un documento a la Junta Directiva de la CCSS solicitándole que reajuste los montos de las pensiones para recuperarles la pérdida que han sufrido debido a la inflación de los precios y a la violación del Reglamento del Seguro IVM, las leyes y la Constitución, incluyendo el monto de la pensión mínima. Lo importante es que cientos de ustedes saquen el ratito para que completen alguno de los dos documentos que les adjunto y lo hagan llegar a la Junta Directiva de la CCSS, para lo cual les dejo las siguientes tres alternativas u opciones:

Opción 1: Si usted tiene firma digital complete y firme el documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y envíelo al correo oficial de la CCSS coinccss@ccss.sa.cr sin olvidar solicitar acuse de recibo.

Opción 2: Si usted no tiene firma digital complete, imprima y firme dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para las opciones 1 y 2” y entréguelo en las oficinas de la CCSS en San José cuya dirección es “Torre A – Centro Corporativo Internacional, en Barrio don Bosco, avenida 8, calles 26 y 28”. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Opción 3. Si le resulta difícil movilizarse hasta San José, puede completar, imprimir y firmar dos ejemplares del documento adjunto que dice “Texto para la opción 3” y entregarlo en la sucursal de la CCSS más cercana de su casa. Si conoce el nombre del Jefe(a) de la Sucursal puede agregarlo al documento; pero no es necesario. No olvide solicitar que le pongan sello y firma de recibido a uno de los documentos que lleva y lo guarda.

Recuerden que lo importante no es que lo entregue una persona, ni mil o 10 mil; lo importante es que sean cientos de ustedes. Si tiene alguna dificultad para manipular el texto o para ir a imprimirlo a una fotocopiado, pídale ayuda a un familiar o a una amistad. Si no tiene correo electrónico puede crear uno o bien incluya el de un familiar o el de una amistad; lo importante es que incluya un correo para notificaciones. Invito a los familiares de los pensionados y a los cotizantes activos de IVM a que también le entreguen el documento a la Junta Directiva de la CCSS, como dice el dicho “hoy por tí, mañana por mi”; la solidaridad siempre es muy importante.

Siéntanse con entera libertad de modificar y/o adicionar el texto del borrador que les comparto y que también puede descargar de este enlace:

https://docs.google.com/document/d/12uygnx4hg-TjX-rZCKgI0TsrmqqlpbVs/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

Saludos y manos a la obra. Att. Rodrigo Arias López

Texto para las opciones 1 y 2:

Fecha _________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.”

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”

Petitoria

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

Texto para la opción 3:

Fecha _________________

Sr(a) Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS de _______________________

PARA JUNTA DIRECTIVA

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

ASUNTO: Petición de reajuste del monto de mi pensión y solicitud de información

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución, la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 y el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, solicito a esa Junta Directiva lo siguiente.

Considerando

Primero. Que el inciso g) del artículo 3 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935 indica: “Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen de pensiones”.

Segundo. Que el artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) establece lo siguiente: “Artículo 29.-El monto de la pensión calculado conforme con los artículos 24 y 25 deberá sujetarse a una cuantía mínima y a un tope máximo, cuya cuantía fijará periódicamente la Junta Directiva. La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal.”

Tercero. Que el artículo 28 del mismo reglamento establece lo siguiente: “Artículo 28º. La Junta Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de salarios y de costo de vida observados.”

Cuarto. Que el monto actual de la pensión mínima de IVM de ₡142.517 no satisface las necesidades básicas de la familia del pensionado e incumple la regla estipulada del artículo 29 del Reglamento de IVM, pues desde enero de 20223 el 50% de la Base Mínima Contributiva es de ₡153.192, por lo que se están dejando de pagar ₡10.675 por mes de pensión.

Quinto. Que durante 35 años esa Junta Directiva realizó reajustes semestrales para compensar pérdida de valor de las pensiones debido a la inflación de los precios; sin embargo, sin explicación alguna dejó de hacerlo desde el año 2019. En el año 2022 la tasa de inflación anual de los precios fue de 7,88% y, sin embargo, esa Junta Directiva no ha reajustado los montos de las pensiones.

Sexto. Que los trabajadores, los patronos y el Estado pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social un 26,16% sobre los salarios y pensiones, lo cual equivale a más de 3,5 billones anuales.

Sétimo. Que el artículo 177 de la Constitución ordena lo siguiente: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”

Octavo. Que el artículo 10 inciso b) de la Ley 9097 dice: “b) Cuando un órgano o autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo, debiendo comunicarlo al peticionario, sin que este trámite afecte el plazo de diez días hábiles para su debida respuesta.”

Petitoria al Jefe(a) de la Sucursal de la CCSS

Le solicito hacer llegar este documento a la Junta Directiva de la CCSS tal y como lo ordena el inciso b) del artículo 10 de la Ley No. 9097 y el artículo 27 de la Constitución.

Petitoria a la Junta Directiva de la CCSS

Primero. Se reajuste el monto de la pensión mínima como en derecho corresponde.

Segundo. Se reajusten los montos de las pensiones para compensar la pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios del año 2022 y años anteriores.

Tercero. Se continúen realizando revaluaciones semestrales de los montos de las pensiones y en forma oportuna, como ordena la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Cuarto. Que me informen a partir de qué fecha realizarán el pago de los ajustes de las pensiones mínimas y por inflación de precios; la fecha retroactiva que se aplicará y si incluirán o no los intereses legales y la indexación sobre las diferencias de pensión que van a pagar tardíamente.

Notificaciones: Al correo _______________

Atentamente,

Firma: _____________

Nombre: ____________

Número de cédula: ___________

La ciudadanía tiene el poder de sancionar actos indebidos y la corrupción

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

A veces se utilizan formas legales para llevar a cabo actos de corrupción y la excusa es, precisamente, que está permitido por la ley o bien porque los procedimientos se siguieron según lo establecido, sin embargo, en el fondo son actos de corrupción.

Cuando de lo que se trata es de obtener beneficios indebidos las formas son lo de menos, pues el sistema puede que esté hecho precisamente para lograr esos propósitos.

Lo que la prensa ha divulgado en cuanto a lo sucedido en la Municipalidad de Alajuela con la contratación de un conjunto musical es ni más ni menos que esa utilización de los medios formales para realizar acciones de favorecimiento y la excusa es que se hizo dentro de lo legal.

Los portillos legales al final no pueden justificar acciones ilegales y en virtud de que el sistema lo es en un todo, hay otras normas que pueden aplicarse para sancionar esas acciones e incluso para hacer que el dinero que se ha pagado sea reintegrado.

Cuando no se resguardan los dineros que se pagan en impuestos y cuando no se invierten en lo que debe ser, eso es una irresponsabilidad que debe ser sancionada ya sea por la misma ley o por la ciudadanía mediante el único camino que tiene y es negándoles el voto para impedir que siga la fiesta, el despilfarro y la charanga.

Muchas noticias se han dado en los últimos tiempos sobre acciones corruptas y los procesos están abiertos, pero se tarda demasiado en esa tramitología y además hay manejos inadecuados de prueba que al final benefician a los mismos acusados.

Dios quiera que estas acciones sean investigadas y sancionadas como debe ser y se aplique todo el peso de la ley, pero también que la ciudadanía asuma su responsabilidad y no les dé más oportunidades a estos que desde hace muchos años vienen haciendo un año sí y otro también de las suyas con el dinero de todos.

Los movimientos sociales rurales en el Perú: constructores de la política, la ciudadanía y la democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]

La política en el lenguaje cotidiano, tanto mediático como social, está asociado generalmente con las determinaciones gubernamentales, de las declaraciones de parlamentarios y de magistrados judiciales o de quienes se les otorga tener influencia caciquil en el Estado. Nunca la política, desde el poder oligárquico, ha tenido una significación vinculada con una facultad ciudadana en la valoración, fiscalización, actuación y devenir estatal.

Esto es, se asume que la política es una facultad del poder estatal prevaleciente, como en tiempos previos a la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, o de la constitución moderna del Estado, la ciudadanía, el derecho y la política, para tener la significación de los autócratas en Estados atrasados o absolutos, caracterizados por la frase “el Estado soy yo” atribuida a Luis XIV en la Francia de 1655. 

En la historia del Estado peruano o las dictaduras del pasado y presente, no hemos conocido la conquista social de un Estado distinto al oligárquico, de terratenientes y empresarios, razón por la cual la significación del discurso del poder no ha cambiado, como no se ha modificado el ejercicio autocrático del poder estatal peruano.

El Estado Moderno, Nacional, Benefactor o del Estado Social de Derecho, como quiera ser denominado, solo ha sido una ilusión fantasmagórica, que se creía podía ser sustituido por el plagio de alguna normatividad jurídica, que sin conocimiento, participación, legitimidad social ni haber modificado las condiciones que viabilizaban el poder oligárquico, como el actual, solo han sido palabras vacías que sirven como adorno a discursos del poder y las demandas jurídicas.  Luego, los derechos formalmente concebidos como igualitarios, fueron de facto sustituidos por derechos desiguales y privativos, para la continuidad de la discriminación, la imposición racial y de clase, en correspondencia con el despótico poder oligárquico. El poder del ayer y hoy posee una Constitución y leyes y que los amparan, contra una inmensa mayoría a quienes se le niega incluso del derecho a la vida, como se privatiza el desarrollo y en bienestar, en favor de los pocos que parasitan de nuestro trabajo y los recursos y riquezas nacionales.

La política no es la administración del poder, tampoco es la voluntad decisoria gubernamental de lo que se hace en la sociedad, porque el Estado no es autónomo ni absoluto, pues la problemática nacional, las necesidades, perspectivas y anhelos ciudadanos son obligaciones que deben ser atendidas por las políticas y la institucionalidad gubernamental. La política es una hechura ciudadana de la ejecución gubernamental. Creer que la política es la acción autónoma del Estado sobre la sociedad, es una falsedad, como tampoco es la actuación gubernamental en razón de los intereses privados de gobernantes y de los grupos empresariales, que son evidencias tangibles de la negación de la política, por ser acciones ajenas, extrañas y antagónicas con los requerimientos ciudadanas y nacionales.

La política no es el ejercicio autocrático del poder, es la expresión y decisión ciudadana en el ejercicio del poder estatal. Los gobernados son parte constitutiva de los gobiernos, son carne y sangre de la legitimidad social y de la gobernabilidad estatal. Las dictaduras carecen de políticas, se sustentan en la violencia ante la crítica, oposición o con protestas y movilizaciones populares. Toda política gubernamental es publica, de lo que es común a todos, nunca privada de gobernantes ni de empresarios globales.

La emergencia identitaria de las poblaciones rurales, históricamente excluidas, muestran una extraordinaria madurez, que trasciende las demandas reivindicativas, para exigir y conquistar los derechos conculcados, así como poseen la capacidad y legitimidad social para construir un Estado dependiente de la participación decisoria para el bien común ciudadano y el progreso nacional.

Los gobernantes del pasado y del presente, aun creen ser los únicos determinadores del quehacer sobre la sociedad, independientemente de las necesidades y anhelos colectivos y comunes de la heterogeneidad social. Los derechos ciudadanos plasmados en la normatividad nacional y las suscritas internacionalmente por el Perú, han sido violentados unas y otras veces, sin un poder ni ente jurídico que los haga cumplir nacional ni internacionalmente. Un derecho sin poder es vacío.

Los derechos sociales en la historia peruana han sido negados o suspendidos con una regularidad extraordinaria, como lo muestra transparentemente la actual tirana, como por los gobiernos que hemos conocido indistintamente de sus posiciones partidarias, ideológicas, demagógicas o delincuenciales.

Hoy, la usurpadora de la presidencia gubernamental, asume con una natural ignorancia, que nuestras poblaciones rurales y sus movimientos sociales, carecen de todo derecho político al criticar, actuar y valorar la actuación estatal, cuando precisamente en nuestro país, son quienes han efectuado variados intentos por revolucionar las estructuras de explotación y dominación colonial-oligárquico, para construir una sociedad democrática y libre para el presente y futuro de todos los peruanos. Asimismo, la fantoche, en su estupidez supina, habla de paz haciendo la guerra y pregona democracia asesinando, cuando en paz y en democracia, la violencia y el terror son imposibles. Sin democracia, no existe ciudadanía.

La policía ni los militares tienen derecho alguno para reprimir y asesinar a la población y menos aún, cuando son justas y necesarias las demandas ciudadanas. La represión de policías y militares contra el pueblo, que nutren sus propias fuerzas, son convertidos en máquinas, que sin pensamiento ni decisión, asesinan vidas e ilusiones colectivas y nacionales. La posesión y uso de las armas de los órganos especializados ni la usurpación estatal, son patrimonios privados que permitan y determinen genocidios. La decisión y el ejercicio de la violencia no les pertenecen, es una facultad requerida por la ciudadanía, ante el riesgo dictatorial, el debilitamiento o liquidación de derechos, o la desaparición y muerte, física o jurídica, de la ciudadanía. El ejercicio de la violencia sin derecho, es ciego y sanguinario, como ha conocido y vivido en nuestra América Latina en diversos momentos, hoy reconocidos como experiencias insensatas y condenados sus autores por crímenes de lesa humanidad. El Perú no puede ni debe repetir la regresividad de la violencia dictatorial de autócratas y militares contra el pueblo.

Es inmoral e inhumano propiciar e incentivar el asesinato de nuestros hermanos que luchan contra los tiranos y codiciosos negociantes globales que pretenden condenarnos a la esclavitud, miseria y muerte. Las movilizaciones y luchas populares crean vidas en libertad y democracia para todos.

[1] Profesor e investigador Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Llaman a defender la autonomía de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública

Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.

¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.

Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.

Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:

  1. Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
  2. La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.

Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.

  • La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
  • Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
  • Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.

Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.

Vocerías

Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA).
Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC.
Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES).
Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA.
Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt.
Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)

Enlace para firmar la carta.

Documento con las firmas actuales para descargar y compartir:

Carta-publica-¿La-Caja-en-quiebra…-o-buscan-quebrar-la-confianza-ciudadana-en-la-CajaDescarga

Magistrada Julia Varela Araya solicita votación pública para elegir presidencia de la Corte

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Julia Varela Araya solicita, mediante una carta que llegó a la redacción de SURCOS, votación pública para elegir a la presidencia de la Corte.

Compartimos el documento:

Señores y señoras Magistrados Corte Suprema de Justicia

Estimados compañeros y compañeras Magistrados.

Me dirijo a usted de forma respetuosa para exponerles algunas reflexiones y solicitud, sobre el tema de la votación para elegir a la persona que asumirá, durante los próximos cuatro años, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos viviendo momentos de cambio importantes no solo en el país sino también al interno del Poder Judicial.

Este Poder de la República, en los dos últimos años ha logrado reconocimiento en el tema de la transparencia. Obtuvo el primer lugar en transparencia con relación a otras instituciones y órganos del sector público.

Desde el año 2017, un grupo de Magistrados y Magistradas de esta Corte enviamos a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se procediera a eliminar las normas que establecían las votaciones secretas para el nombramiento en puesto de la Magistratura, entre otros supuestos.

Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una modificación al Reglamento Interno que rige su accionar, para lograr que las y los futuros Magistrados de esta Corte sean electos bajo la votación pública. Esa decisión responde a los principios de transparencia, publicidad, dando al ciudadano la garantía de que los actos de ese órgano respondan, con mayor precisión y transparencia a los intereses del país, el que merece tener en la más alta jerarquía de lo jurisdiccional a personas que garanticen la independencia, la objetividad en todas las decisiones que deben tornar, el compromiso real en la mejora de la administración de justicia para cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y así lograr el aumento de la credibilidad en el Poder Judicial.

Convencida de que el Poder Judicial, en aplicación directa del derecho de la constitución que registra, entre otros, los principios constitucionales de transparencia y publicidad, reiterados por la Sala Constitucional en el voto 4182-2014, puede separarse de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “… Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte, …”. Esto es así, porque, corno bien se colige del citado voto, “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho”.

Y si alguna duda quedara en que fa votación programada para el próximo 5 de setiembre pueda hacerse de forma pública y debidamente razonado el voto, esa duda desaparece en mi caso, porque en aplicación directa de la Constitución Política y sus principios de publicidad y transparencia, no puede caber el alegado delito de prevaricato, porque la designación, que es el acto administrativo en si (art. 59. inciso 6. De la LOPJ), no depende para su validez de hacerlo de forma secreta: pues no está sancionado con nulidad si no se hace de esa forma (quedando esa formalidad en una ritualidad desfazada a la fecha). En consecuencia, si la designación no está sancionada con nulidad si no se cumple con la formalidad de hacerla de forma secreta, no parece lógico que pueda encuadrar en un delito de prevaricato si se cambia una simple formalidad que no afecta el resultado del acto administrativo de nombramiento.

Como puede notarse, esa norma no dice que lo resuelto de forma contraria sea causal de nulidad. No podría serlo porque solo se trata de una formalidad que no vicia el acto y por contrario, lesiona el principio de responsabilidad in eligiendo, porque si se llegara a nombrar a una persona que no garantice el interés público y los altos intereses de la institución (Poder Judicial), esa formalidad del secreto impide a quien esté legitimado para exigir responsabilidad por una mala elección, para pedirle cuentas por daños al interés público por eventuales hechos de la persona a la que se le dio el voto, pues imposibilita la identificación de la decisión del votante.

No se ve la razón por la cual ese tipo de formalidad deba cumplirse, cuando se trata de una decisión tan importante, donde los pares de la persona que deba asumir la Presidencia de la Corte, tienen responsabilidad en la decisión. Esto es, que si la persona designada afecta a la institución, en sus diversos ámbitos y más aún en la imagen y credibilidad, los ciudadanos no solo le pueden pedir cuentas y exigir responsabilidad para mantener el reconocimiento público del Poder Judicial, de estar ante una institución con alto porcentaje de transparencia, sino que, para mantener esa credibilidad se necesita que esta Corte tome la decisión de realizar el nuevo proceso de votación de forma pública, pues el anterior se agotó sin lograr el objetivo (elección de la persona que asumirá la Presidencia de la Corto Suprema de Justicia).

En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia),que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial, sino que a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República; quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional. Esto tiene un sentido de lógica y sentido jurídico, pues si se motiva el voto para elegir en esos puestos, nadie puede evadir la responsabilidad in eligendo si toma una decisión que luego le depare perjuicios a la Institución y desmejore la credibilidad en el Poder Judicial. Debernos merecer credibilidad y para ello se hace necesario transparentar la motivación y asumir la responsabilidad por la emisión de un voto de tanto interés para el Poder Judicial y para el País.

A mayor abundamiento de razones para no temer la aplicación de los principios supra citados en contra de la forma establecida en el numeral 59 de la LOPJ, conviene traer a colación lo que la penalista Rosaura Chinchilla en su artículo publicado en el periódico La Nación el 29 de agosto del año en curso, titulado «Votación Pública también en la Corte Suprema de Justicia», indicó: «Si bien comete este delito (se refiere al de prevaricato) quien dicta resoluciones contrarias a la ley (artículo 357 del Código Penal), en el derecho penal existen causas de justificación, y una de ellas es el cumplimiento de un deber jurídico y la colisión de deberes. (artículo 25 del Código Penal). Si una norma impone algo (cumplir la ley, votación privada, etc.) y otra de mayor jerarquía impone lo contrario (acatar el derecho de la Constitución, publicidad), al votar de forma pública no se incurre en delito cuando se elige una de las imposiciones normativas, y menos la de mayor valor, puesto que a ello compromete el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). Además, las magistraturas, como simples depositarias de un poder de la nación (artículo 11 de la Constitución Política), son responsables, en forma personal, incluso con su patrimonio, si la designación efectuada no es idónea y si el nombrado o la nombrada incurre en actos indebidos o ilícitos que al momento de la elección podían preverse razonablemente. Se trata de una responsabilidad in eligendo, surgida ante un hecho ajeno…Por lo anterior, resulta esencial que cada magistratura vote, en todos los casos sometidos a su conocimiento en su labor de gobierno o administrativa, en forma pública y fundamentada. No solo porque es lo que jurídicamente procede…, sino también porque es la única forma de liberarse de una posible responsabilidad personal por un hecho ajeno, derivada de su actuación in eligendo … “.

De ese criterio experto se extrae, sin ninguna dubitación, que no se configura el delito de prevaricato cuando en la emisión de una resolución (en este caso de un acto administrativo de nombramiento); se atienden principios de rango superior a una formalidad contenida en la norma legal, como es el caso de cambiar la formalidad del voto secreto por el voto público.

Esta solicitud también la formulo tomando en cuenta que todos los postulantes dijeron, el lunes 29 de agosto, que están de acuerdo en promover cambios para que los nombramientos de interés dentro del Poder Judicial, entre los que está el que nos convoca, sean hechos bajo los principios de transparencia y publicidad, esta es la oportunidad para hacerlo, demostrando al país el verdadero compromiso con los principios constitucionales antes citados, pues como lo indiqué antes, hay normas de rango superior al artículo 59 de la LOPJ que lo exigen, de manera que. en mi criterio no hay excusa válida para no proceder a la elección mediante el voto público. Y, si alguna duda les asalta (la que yo no tengo), les invito a que emitamos un voto suspendiendo la votación prevista para el lunes 5 de setiembre y hacer la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema.

Esperando respuesta afirmativa a esta solicitud, suscribe de ustedes con toda consideración y estima,

Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia

Puede descargar el documento original:

Solicitud-para-votacion-publica-para-elegir-presidencia-de-la-CorteDescarga

Magistrado Román Solís Zelaya ¡¡¡PRESENTE !!!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

La noticia la recibimos de golpe, el Magistrado Román Solís Zelaya, falleció. Es de las noticias que no esperamos recibir, pues es de las personas que viven todos los días con nosotros.

Nos conocimos en nuestra juventud, en Guadalupe, allá por el Cine Reina, de voz sonora y categórica, de ideas de vanguardia, estudioso, serio pero jovial, participábamos en un grupo de análisis de los problemas nacionales.

Nos reencontramos en Guápiles, en el 2011, ya Magistrado de la República, había llevado adelante una experiencia de participación ciudadana en San Carlos, donde se buscaba que el Poder Judicial estuviera más cerca de la ciudadanía y (nunca se lo pregunté, pero lo deduzco) enterado a través del Magistrado Rivas de la experiencia que desarrollábamos en Pococí desde el 2010, articulando el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, nos visitó para conocer de nuestra experiencia, para iniciar un proceso disruptivo en nuestro país, con el cual se comprometió desde el primer día.

La Comisión Nacional Administración para el Mejoramiento de la Justicia (CONAMAJ), era de su cosecha, un esfuerzo para que la ciudadanía comprendiera que la justicia era deber de todos y que la institucionalidad que la tenía bajo su égida, no era un pedestal inalcanzable, que debía estar a la altura del pueblo.

Con él y sus directrices en el seno del Poder Judicial, construimos los procesos metodológicos de rendición de cuentas, que se hicieron ejemplares a nivel nacional, donde la ciudadanía, amparada en el Artículo 11 Constitucional, aprendía a llamar a cuentas a sus funcionarios, sin distingo de jerarquía. Avanzamos en la elaboración de la Política de Transparencia de la Justicia, con él instalamos por primera vez en el Consejo de Administración del II Circuito de Pococí, una persona ciudadana para que representara a El Soberano; impulsamos su añoranza de promover los Facilitadores Judiciales y nuestro Movimiento se volcó a constituirlos en el cantón de Pococí y Sarapiquí y podemos seguir.

Su respaldo público a nuestro esfuerzo, nos ha obligado a superarnos todos los días.

Le apasionaba nuestra elaboración de El Soberano, sustentada en el Artículo 9 de la Carta Magna y se ocupó de abrir espacios y vencer el miedo de los jerarcas de incorporarse a las Actividades de Gala de Rendición de Cuentas realizadas en Pococí y Sarapiquí y después a nivel nacional, donde su presencia era siempre esperada y admirada.

Consejero afable y a la mano, vigilante de nuestras actuaciones para que creciéramos sin desenfocarnos. Crítico de la gestión judicial y de la actuación institucional, directo y contundente en sus apreciaciones.

Compañero Magistrado Román Solís Zelaya, el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, le rinde tributo, conscientes de que el mayor respeto a su amistad y compromiso con nosotros, es cumplir con sus vehementes palabras expresadas en nuestros eventos, demostrar ser cada día mejores, más eficientes en la profundización de lo que establece nuestra Constitución Política en su Art. 9, para que la persona ciudadana se asuma y se construya como El Soberano, cumpliendo cabalmente la tarea de cogobernar esta república, desde el poder que nos asiste constitucionalmente, República que debe ser responsable y Participativa, alfabetizándonos constantemente, rescatando la institucionalidad y transparentando su gestión.

Ése es y será nuestro compromiso.

Carlos Campos Rojas

Guadalupe, 21 de agosto de 2022

Falleció el magistrado de la participación ciudadana

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Román Solís Zelaya, magistrado de la Sala Primera, pero especialmente, el impulsor de la participación ciudadana falleció dejando una herencia conceptual en el Poder Judicial: Conamaj.

En una ocasión durante una actividad relacionada con esa propuesta política orientada a incentivar la participación ciudadana consciente Tito, -como le decíamos los amigos desde la UCR de los años 70 y la FEUCR de 74/75-, me dijo: “Hay personas dentro del Poder Judicial que piensan que la reforma al Artículo 9 de la Constitución Política que introdujo el concepto de gobierno participativo no es realizable”.

Pero a pesar de ese dato, Tito, Román Solís Zelaya dedicó su vida de magistrado a impulsar la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Con el desarrollo de los Círculos de Paz, del concepto de Justicia Abierta, de la formación de Personas Facilitadoras Judiciales, y el trabajo con Población Migrante y Refugiada como nombres de los cuatro programas básicos de CONAMAJ (https://www.conamaj.go.cr/), Román dedicó su tiempo, esfuerzo, inteligencia y compromiso social a imaginar y construir una sociedad mejor.

Nos quedó una conversación pendiente, pero tu ejemplo y convicción serán suficientes. Un abrazo por siempre Tito (Román).

Héctor Ferlini-Salazar

Educación: camino andado y desafíos del presente

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Mujeres por Costa Rica

Costa Rica ha forjado su historia y desarrollo a lo largo de sus 200 años de vida independiente, con la educación como uno de sus pilares fundamentales. Desde el siglo antepasado hubo extraordinarios logros, con la declaración de la educación gratuita y obligatoria para niños y niñas (1869) y la reforma promovida por don Mauro Fernández que puso a la escuela como el bien supremo de Costa Rica, por ser el lugar donde se fraguan la democracia y la cultura y se forma al ciudadano. En ese sentido, se promulgaron leyes como la Ley Fundamental de Instrucción Pública (1885) y la Ley General de Educación Común (1886). En el siglo XX, con la creación de la Escuela Normal en 1915 se planteó la formación de maestros para una educación para la vida. En 1940 se creó la Universidad de Costa Rica, definiéndose así la orientación de la educación superior pública, con su diversidad de saberes, su énfasis en investigación y su proyección social. En 1957 se promulgó la Ley Fundamental de Educación que orienta la educación hasta la fecha, bajo el concepto de la educación como un bien público indispensable para el desarrollo nacional. A lo largo de nuestra historia la educación se ha concebido como inversión, como instrumento de progreso humano y como la base del desarrollo y de la democracia.

¿Cómo enfrentar con perspectiva de urgencia y de largo plazo los desafíos de la educación costarricense ante un mundo de incertidumbres, agravadas por la pandemia de COVID 19, la rápida digitalización de los procesos, el cambio climático, las confrontaciones bélicas, las migraciones forzadas y el aumento de la pobreza, el narcotráfico y la violencia? Nuestra experiencia educativa cuenta con aportes importantes a considerar en atención a la compleja y difícil problemática que hoy enfrenta el país y para ello, lo primero es reconocer el camino andado y valorar lo que tenemos para así utilizar lo bueno que se ha construido a fin de resolver aquellos aspectos que requieren atención urgente.

El rezago educativo es grande y urgentes de atender son los problemas que se han detectado en la educación costarricense, pero el tiempo apremia y no se pueden desconocer ni desechar políticas, programas e iniciativas ya diseñadas e implementadas exitosamente. Es hora de actuar consensuadamente para atender los desafíos de la educación a corto plazo, contando para ello con la participación de comunidades, gremios, municipalidades, instituciones de diversa índole, juntas de educación, personal docente y poblaciones estudiantiles, pero también es tiempo de reconocer el marco trazado en el país por políticas educativas de vanguardia, históricas y actuales, que se plasman en programas y proyectos que hoy se realizan y que son pioneros en la región latinoamericana.

Esta reflexión parte entonces de lo que tenemos, para seguir enfrentando los retos.

A. Lo que tenemos:

El país hoy en día desarrolla una transformación educativa que ha sido reconocida por diferentes organismos internacionales como UNESCO, OCDE, UNICEF, CSUCA ya que se busca desarrollar habilidades y competencias en el estudiantado para enfrentar los retos del mundo complejo e incierto existente, conforme se indica a continuación:

  1. Se cuenta con una visión clara que orienta la ruta del desarrollo educativo. Se llama Educar para una nueva ciudadanía y fue construida desde el 2014 en consulta con diferentes grupos en todas las Direcciones Regionales Educativas del territorio nacional. Esta visión se sustenta en seis ejes:
  • La educación centrada en la persona estudiante,
  • La educación basada en los Derechos Humanos y en los deberes ciudadanos,
  • la educación para el desarrollo sostenible,
  • la ciudadanía planetaria con identidad nacional,
  • la ciudadanía digital con equidad social y
  • la evaluación transformadora para la toma de decisiones.

Educar para una nueva ciudadanía se expresa claramente en políticas debidamente aprobadas por el Consejo Superior de Educación. La política Curricular (2016) y la Política Educativa del 2017 (La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad) marcan claramente el camino hacia la construcción de una nueva ciudadanía y orienta los programas de estudio, los proyectos educativos institucionales, regionales y nacionales, y las diversas acciones educativas.

Además de las dos políticas mencionadas se han establecido otras como la política y plan de acción de Educación para el Desarrollo Sostenible (2020) y la Política Educativa para la Promoción de Idiomas. (2021)

  1. Renovación total del currículum. La política curricular está inmersa en más de 40 nuevos programas de reciente aprobación que hoy se ejecutan en una diversidad de asignaturas, además de alrededor de 80 nuevos programas de Educación Técnica bajo el Marco Nacional de Cualificaciones, todos debidamente aprobados por el Consejo Superior de Educación. Su elaboración ha estado a cargo de personal del MEP de todos los territorios del país, y se han integrado además apoyos de universidades nacionales e internacionales, ONG´S, embajadas (en especial para el diseño de programas de idiomas por competencias lingüísticas), academias y colegios profesionales entre otros.
  2. Hoy en Costa Rica la educación se orienta hacia el desarrollo de habilidades o competencias en el estudiantado. Se ha migrado de centrar el aprendizaje en contenidos de programas a buscar el logro de habilidades y competencias para un aprendizaje a lo largo de la vida, a través de saberes: saber vivir, saber conocer, saber convivir y saber integrarse al mundo. El conocimiento cambia continuamente y las experiencias son cada vez más novedosas y complejas por lo que la transformación educativa busca preparar a cada persona para su aprendizaje continuo.

Los nuevos programas integran trece habilidades en cuatro áreas del saber:

  • Las nuevas maneras de pensar: pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas y creatividad e innovación,
  • las nuevas formas de vivir en el mundo: ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable y vida y carrera,
  • las formas de relacionarse con otros: colaboración y comunicación y
  • las herramientas para integrarse al mundo: apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información.

Cada habilidad tiene indicadores que permiten su trazabilidad en los nuevos programas y la evaluación integrada al aprendizaje.

Ejecutar el nuevo currículum ha sido un reto difícil, y más aún en periodo de huelgas y pandemia, porque se requieren metodologías innovadoras y mediación pedagógica que promueva el aprendizaje en el estudiantado. Sin embargo, hay camino andado, años de trabajo, participación de muchos profesionales, y nuestra transformación curricular ha sido reconocida internacional y nacionalmente, como una reforma ambiciosa y novedosa que se debe fortalecer.

  1. La formación docente. El país cuenta con un Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación, presentado en diciembre 2021 y actualmente hay muchas carreras de educación que ya cuentan con sus marcos específicos. Los marcos establecen los criterios generales y específicos para orientar la formación inicial y continua de docentes y gestores educativos en el desarrollo de habilidades para la vida, nuevas metodologías y enfoques educativos. Este esfuerzo es el resultado del trabajo colaborativo en donde se integraron el Colypro, el CONARE, el Estado de la Nación, SINAES, UNIRE, Servicio Civil, Consejo Superior de Educación y se invirtieron muchas horas y recursos en su desarrollo.

(https://cualificaciones.cr/mncce/images/documentos/carreras/MNCCE_DOCENCIA.pdf).

  1. La política el Centro Educativo de calidad como eje de la educación costarricense se ejecuta desde hace más de una década y orienta el quehacer educativo institucional hacia la calidad, en relación directa con su comunidad. Ciertamente se requiere mayor seguimiento y sobre todo urge el desarrollo de una plataforma educativa para integrar datos y hacer posible la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas de lo actuado en los diferentes centros educativos.
  2. En cuanto a la capacitación y apoyo didáctico, además del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) que brinda formación permanente al personal docente y gestores, a raíz de la pandemia se desarrolló la Caja de Herramientas, una plataforma en línea y de acceso libre que ha tenido más de un millón de visitas. Ahí se encuentra a disposición de toda persona una serie de ejercicios y materiales didácticos, documentos y diversa información y de apoyo para el personal docente, gestores educativos, estudiantes, padres y madres de familia, y público en general. https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/
  3. Con respecto a las tecnologías educativas y la integración de ambientes virtuales o híbridos a la educación, también existe camino andado. En la Política Curricular, uno de los ejes es el de la ciudadanía virtual con equidad social y los programas de estudio incluyen habilidades para la apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información. El aprendizaje se orienta hoy hacia la construcción de conocimiento, en donde la mediación docente propicia en el estudiantado la autonomía, la cooperación, el intercambio de conocimiento, la criticidad en la escogencia de la información para generar aprendizajes. Además, para la implementación de este eje se estableció el Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@aprender, desarrollado en los últimos años en numerosos centros educativos en todos los territorios del país, de manera estratégica. Con la pandemia, se presentó la urgente necesidad de brindar la capacitación posible para el personal docente y gestor, y también se crearon una serie de apoyos virtuales que están en la Caja de Herramientas.
  4. Programas para la convivencia y permanencia estudiantil en centros educativos. Desde hace varios años existen protocolos y programas debidamente aprobados que se centran en los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y que promueven la cultura de paz. Entre ellos están diversos protocolos para atender asuntos de bullying, tenencia de armas, violencia y acoso en los centros educativos, el programa Con Vos de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandonar el sistema educativo, el programa Convivir para atender la violencia en centros educativos, la promoción del Arte a través de festivales como el Festival Estudiantil de las Artes, los programas deportivos, las elecciones estudiantiles, entre otros.

En conclusión, es mucho el camino construido y muchos los retos existentes que ya están debidamente identificados.

B. Lo que necesitamos a corto plazo.

En este momento el MEP cuenta con diagnósticos suficientes y análisis disponibles para valorar la situación estudiantil y docente en todo el país. También existe una organización adecuada, tanto en las oficinas centrales como en las Direcciones Regionales, con funciones claras para llevar a cabo su labor. Se requiere, sin embargo, ante todo desarrollar mejores estilos de gestión en los diversos niveles, para avanzar en los logros de los objetivos nacionales con el apoyo de comunidades, organismos e instituciones diversas, y enfrentar integralmente los retos actuales de la Educación costarricense.

A corto plazo se destacan los siguientes retos:

  1. Desarrollar el Plan Integral de Nivelación Académica (PINA), 2022-2025 en donde se plasman una serie de acciones y mecanismos para atender la condición de rezago en los aprendizajes esperados de la población estudiantil y apoyo al personal docente. (https://recursos.mep.go.cr/2021/nivelacion_academica/)
  2. Conforme lo indica el Octavo Estado de la Educación, es urgente tomar acciones correctivas para contrarrestar la limitada aplicación de las reformas curriculares aprobadas por el Consejo Superior de Educación, pues el país merece dar el salto cualitativo que propone la transformación educativa planteada.
  3. La condición de pandemia ha dejado huellas emocionales en la población en general y existe un alto grado de frustración, violencia y conflicto en los centros educativos. Por ello es necesario fortalecer y desarrollar programas de apoyo para atender la salud mental de las comunidades educativas (estudiantes, gestores, docentes, familias), y enfatizar en uso de los medios pacíficos para la atención a las situaciones de conflicto.
  4. Consolidar un sistema de evaluación que incluya tanto la evaluación formativa, integrada al aprendizaje como la evaluación estandarizada que brinde información válida y confiable para la adecuada toma de decisiones para el desarrollo de la población estudiantil y la preparación docente.
  5. Establecer mecanismos de apoyo docente y fortalecimiento del liderazgo de los gestores educativos. Es urgente desarrollar mejores estilos de gestión a nivel central, regional e institucional para avanzar en el logro de los objetivos de cobertura y calidad educativa.
  6. Atender a los aspectos de infraestructura, mediante el mapeo de la situación de los inmuebles en el país y un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.
  7. Fortalecer la profesión docente mediante diferentes acciones como la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en los planes de estudio de formación inicial de docentes, en la educación continua, en la evaluación formativa docente y en el ingreso a laborar en el Ministerio de Educación Pública, entre otras.

Disponemos de esa arquitectura institucional requerida para atender esos desafíos y la difícil situación que enfrenta el país, pero también, hoy más que nunca es urgente reconocer lo andado para evitar la improvisación y el peligro de detener los valiosos logros alcanzados. Es necesario avanzar hacia un acuerdo nacional para reposicionar la educación costarricense como ejemplo de desarrollo sostenible, democracia, paz, inclusión, solidaridad y bienestar. Nuestros niños, niñas y jóvenes merecen que integremos iniciativas poniendo el interés de ellos y ellas por encima de cualquier otro.

POR EL COLECTIVO MUJERES POR COSTA RICA

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Yamileth González García
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Dra. Lupita Chaves Salas
Licda. Vera Sancho Mora
Dra. Nora Garita Bonilla
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Bach. Erika Henchoz Castro
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Dra. Margarita Bolaños Arquín
San José 15 de agosto, 2022

La democracia no tiene la culpa

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.

La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo. 

Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.

Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.

Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.

No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.

Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.

Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.

Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.

Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.

En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.

La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.