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Etiqueta: ciudadano

Los datos y cálculos electorales… y la conciencia

Héctor Ferlini-Salazar

 

Desde cualquier punto de vista que se mire, el proceso electoral 2018 en Costa Rica ha significado un socollón político. El ascenso de una opción de gobierno con marca religiosa no estaba contemplada. En mi artículo “Cuatro claves para una elección”, publicada en SURCOS el 26 de enero, comenté que los temas de la corrupción y de los derechos humanos habían disparado las candidaturas de Juan Diego Castro y Fabricio Alvarado respectivamente; a la postre este último resultó ganador de la primera vuelta.

Los datos obtenidos, las declaraciones que provienen de representantes de las opciones electorales descartadas para la segunda ronda, y especialmente, el renacimiento de un compromiso ciudadano que se expresa en redes digitales con la creación de múltiples grupos con tono pluralista y en el activismo palpable que busca evitar un gobierno dirigido por una religión altamente conservadora, augura un gane amplio de Carlos Alvarado para otorgar cuatro años nuevos de gobierno al PAC.

Será, muy probablemente (si ese compromiso ciudadano se mantiene y aumenta conforme se acerque el 1 de abril), un triunfo contundente de Carlos Alvarado que enviará al país al menos dos mensajes: a) las opciones fundamentalistas no tienen hoy viabilidad política para llegar al Poder Ejecutivo en Costa Rica, b) las bancadas del PLN y del PUSC tendrán que tener mucho cuidado con las alianzas que hagan con Restauración Nacional en la Asamblea Legislativa si desean renacer como opciones electorales, pues habrá una ciudadanía que ya no estará atada a sus partidos. Tendrán que asumir con responsabilidad los grandes temas como el problema fiscal, el sistema de seguridad social (incluye educación, salud, recreación y otros), la protección de los derechos humanos, el agua, para citar los más apremiantes y que concentran la mirada ciudadana.

¿Pero qué ocurrirá si este compromiso ciudadano que hoy observamos en redes digitales se acaba el 1 de abril? Para responder quiero comentar tres experiencias vividas recientemente en mis constantes actividades en comunidades para trabajar el tema de la construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa. En la Zona Sur, durante un taller en setiembre, un participante dirigente sindical del sector de pequeña agricultura, aprovechó su comentario sobre el tema del encuentro para arremeter contra “la ideología de género y las guías de educación sexual”. En la Zona Norte, en octubre, en otra actividad, una compañera de larga lucha y compromiso con los derechos de las mujeres campesinas habló también contra las guías para promover la afectividad y la sexualidad integral. En Limón, en las semanas finales de 2017, otro participante de las actividades que promuevo en torno al tema de  construcción de cultura de ciudadanía y democracia participativa, dirigente comunal de larga trayectoria y participante de muchas organizaciones comunitarias, igualmente se pronunció en contra de los temas relacionados con la sexualidad. En esas fechas no se conocía el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del matrimonio igualitario. Como vemos, todas son personas comprometidas con su gente y sus comunidades, ninguna tenía una argumentación consistente para sus discursos, pero los asumen plenamente y los defienden a viva voz porque los mensajes difundidos desde fuerzas políticas y medios de persuasión no son inocentes y están diseñados para ser incorporados. El compromiso social no siempre implica conciencia política.

¿Es suficiente entonces si se gana esta elección de Carlos Alvarado? ¿Se rendirán las fuerzas que impulsan esos temas y otras ideas como que el problema del déficit fiscal está en los programas sociales que gastan mucho y no en la evasión, la elusión y un sistema tributario injusto? ¿Qué vendrá después? Como lo propuse en el texto “La fuerza nace desde las comunidades” (2011), la construcción de una fuerza social transformadora que oriente al país por una ruta de justicia social, implica dos ingredientes claves: – Elevar la conciencia del pueblo, esto es, desarrollar un proceso educativo para lograr una clara comprensión de los problemas, sus causas profundas, y las soluciones. – Elevar la calidad organizacional, lo cual implica, más gente participando conscientemente en las organizaciones sociales y comunitarias con ánimo plural, y mejor articulación entre los grupos.

Esta tarea, que es la tarea de construir una sociedad nueva basada en la justicia y el respeto a los derechos de cada persona, no se hace desde las redes digitales que si son útiles como medios de difusión, pero la construcción de conciencia política implica un cara a cara, una comunicación directa para palpar la realidad de cada comunidad y de cada persona, desentrañar ideas, percepciones y vibraciones para comprender por qué una persona acepta y divulga determinadas ideas y estar en capacidad de construir una respuesta inteligente a partir de la credibilidad que provee la cercanía humana. Esas ideas, percepciones y vibraciones solo se comprenden en la vivencia concreta, no por la vía digital, y en esa vivencia concreta, se descubre los elementos que pueden generar rupturas culturales y construir, primero, conciencia social, y luego, conciencia política, es decir, reconocimiento del rol o papel que se tiene en la dinámica de poder y definir si se desea seguir con ese papel o se quiere transformar en unión con las personas cercanas. Por eso la fuerza nace desde las comunidades. No hay que ver esta frase con dramatismo y argumentar que “no tengo tiempo”, pues todas las personas tenemos una o varias comunidades: habitacional, laboral, familiar, deportiva, artística, estudiantil… donde podemos sembrar con inteligencia la semilla de la conciencia y cuidar que germine y se multiplique.

Hay que ganar esta elección porque se reconoce la calidad del candidato, porque se siente identificación con el programa, o porque se quiere evitar el triunfo del fundamentalismo religioso, pero luego la tarea sigue… desde las comunidades.

 

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Grupo ciudadano hace advertencia a presidente legislativo en relación con nuevo edificio

SURCOS recibió para su publicación el siguiente comunicado:

Pese a la reticencia de las autoridades legislativas y los diputados en general, a escuchar a la sociedad civil, nos permitimos exponer lo siguiente:

Somos un grupo ciudadano consciente de que es necesario solucionar el problema de la planta física de la Asamblea Legislativa, no sólo por precarias condiciones, sino porque es muy importante que un país cuente con una sede emblemática, al mismo nivel de otras naciones. Desgraciadamente creemos que Costa Rica y sus gobernantes legislativos con esto lo que harán es el ridículo y pondrán al país en ridículo internacional.

Es inexplicable cómo funcionarios públicos, de varios niveles, o los banqueros encargados y otros participantes, hayan aprobado ese proyecto y que se pretenda gastar el dinero no de los bancos, sino de los costarricenses, en algo tan absurdo y descabellado.

Como ciudadanos estamos en la obligación de advertirle de buena fe al Presidente de la Asamblea, como principal responsable en estos momentos, los riesgos implicados en la materialización de ese proyecto, tal como está concebido:

Cualquiera, con un mínimo de entendimiento se puede dar cuenta de lo que significará el levantamiento de esa gigantesca mole, cerrado como una prisión, de espaldas al pueblo, estropeando el entorno urbano patrimonial, que aunque a los diputados no interese, pertenece al pueblo costarricense. Ampliamente criticada ha sido la autorización del Centro de Patrimonio, en la que se amparan los diputados, pero en nada cambia la realidad física.

Los diputados del Directorio anterior aprobaron el proyecto sin absolutamente ningún análisis objetivo sobre el funcionamiento interno, confiados únicamente en lo que les dijeron los subalternos, como si se tratara de algo intrascendente, pero siempre corresponsables. Ahora el Presidente en funciones asume la continuidad de esa responsabilidad.

Señor Presidente, usted como empresario de vasta experiencia, si el dinero que financia esa obra fuera suyo, ¿aprobaría esa construcción sin un análisis a fondo de su funcionalidad? ¿Arriesgaría usted su patrimonio en una obra perenne sin medir los riesgos de fracaso y pérdida de la inversión? ¿Está usted consciente de que estaría malgastando el dinero de los costarricenses, en una obra defectuosa para toda la vida?

En todo caso, esto también repercutirá en su vasta carrera política, razón por la que usted debería reflexionar y asesorarse objetivamente, porque tarde o temprano surgirán los reclamos y con razón. No se trata de que el fisco pierda lo que se ha gastado, pues mucho más se perderá en esa construcción de toneladas y toneladas de concreto armado, sino de que se escuchen alternativas sensatas sin pérdida de tiempo, que superen los errores de este equivocado proceso.

Ahora bien, si se continúa con los oídos sordos y se persiste en materializar esa obra, todo está documentado y en el momento del caso, las responsabilidades surgirán y habrá que rendir cuentas.

 

Firma responsable María Teresa Valenzuela Hernández

Cédula 14191055

 

Enviado a SURCOS Digital por María Teresa Valenzuela Hernández.

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El buen trato

Marlin Oscar Avila

 

El derecho ciudadano

El Estado no puede librarse de la responsabilidad de asegurar el buen trato a la ciudadanía, ya sea por las relaciones cotidianas y constantes de sus empleados con la población, o las relaciones que entablan las empresas privadas con sus trabajadores y con la ciudadanía a la cual presta servicios que de lo contrario tendría el Estado mismo que brindarlos.

Como sabemos, los funcionarios públicos son poseedores de autoridad, mientras las personas a las que debe servir son la parte débil de esta relación de poder. Es decir, los funcionarios del Estado son los depositarios de la autoridad delegada por el soberano (el pueblo mismo). Por esta misma razón y por derechos como personas humanas, los empleados públicos están obligados a tratar respetuosamente a los ciudadanos que sirven por los derechos adquiridos, con dignidad implícita en su condición de personas civiles o ciudadanas.

Cuando el Estado autoriza a las empresas particulares a brindar un servicio, le está delegando no solamente el permiso de explotación al servicio público sino que una parte de su autoridad, la que implica transferencia del respeto mismo a toda persona a la que sirve. No obstante, el Estado no se libera de la responsabilidad de asegurar tal respeto.

Servicio de transporte

Cuando uno viaja por diferente países se evidencia la diferencia de trato que existe entre la mayoría de esos países con el trato que la ciudadanía recibe en Honduras. Por mucho tiempo hemos observado que esta ciudadanía se acostumbró a ser maltratada. Incluso la clase media, quien normalmente exige mejores tratos, aquí soporta ser muy maltratada.

Las evidencias de esta relación del servidor con la ciudadanía se develan mucho si se viaja por tierra, por mar o por avión. Los peores maltratos se reciben como pasajeros del transporte terrestre y luego está el marítimo nacional. Es como que se pierde calidad ciudadana cuando pasa del avión al autobús.

Algunos analistas piensan que son las clases medias las que obligan a las instituciones y empresas de servicios a brindar un buen trato a la ciudadanía, mientras las clases bajas, pese a merecer un mejor trato, no se atreven a reclamar por ser sometidas al maltrato desde siempre que abrieron los ojos. La clase alta normalmente tiene otras opciones de servicios de alta calidad, de manera que si no le gusta el trato que servidores públicos o empresariales le brindan, simplemente buscan mejores opciones o utilizan sus influencias político-económicas para hacer que les satisfagan debidamente sus necesidades, exigiendo el castigo correspondiente al empleado que no le supo tratar bien.

Sabemos que los dueños y conductores de transportes son generalmente de la clase media baja y baja, con muchos casos de pertenecer al último quintil de la sociedad. Algunas excepciones los medios de transporte son propiedad de diputados, altos funcionarios y militares que poseen un lote de autobuses y taxis como su negocio. No obstante, las relaciones de los conductores y cobradores con sus clientes son soberbias. No hacen más que dar órdenes y hasta insultar a quienes usan sus servicios. No discriminan si tratan con una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una estudiante o un obrero, un enfermo o un niño. Estos valen tanto como el costo del pasaje. Llenan los autobuses como si fuesen latas de sardinas, sin importar nada más que la cantidad de dinero que recogen en el camino. Desde luego, las autoridades de tránsito son sus cómplices.

Existen alternativas en la clase media, puesto que utilizan automóviles particulares, aunque por la pauperización de los últimos ocho años, la mayoría busca comprar autos de segunda mano, más obligados por la inseguridad del transporte público que por comodidad. En el caso de transporte interurbano se puede seleccionar, en algunos casos, el de lujo o ejecutivo, que aun cuando se paga casi el doble por pasaje, no sufre del ultraje y los abusos de cobradores y conductores, que van recogiendo pasajeros en todo el trayecto, al grado que se pasan los traseros por las narices de los demás pasajeros si no es que le obligan a cargar con la mitad del cuerpo de quien acaba de subir. Reclamar puede costar un insulto o una expresión grosera del cobrador o del conductor. Esto nos hace ver que la gran mayoría viaja en condiciones adversas, pero no se queja. Soporta cualquier incomodidad y ofensa a su dignidad con tal llegar a su destino.

Transporte a obreros

También existe el transporte para trabajadores manuales, especialmente para llevarles a los centros de trabajo agrícola. Para el ciudadano común es normal observar camiones con estructuras propias para acarrear ganado vacuno, repleto de mujeres y hombres obreros colgados de las tablas y reglas que componen las carrocerías de los camiones, yendo y viniendo de sus largos y groseros jornales. Gente sin derechos más que al medio salario diario. Estos “pasajeros” aguantan sol, lluvia y polvo, sin que nadie se atreva a protestar por el maltrato. Nada que envidiar a las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX cuando los blancos trataban a los negros como esclavos en los Estados Unidos de Norte América, Canadá y Europa.

Servicio de Aduanas y Migración

Una de estas evidencias de la degradación al viajero del transporte terrestre está en las aduanas de las fronteras entre los países vecinos. Realmente son lamentables los tratos y la infraestructura existentes en ellas. Cuando usted pasa entre Honduras y Nicaragua, siente que el tiempo se detuvo hace unos cuarenta años. Hasta para ir a un baño un turista prefiere salir al monte por considerarlo más higiénico. Se atiende al turista casi al aire libre, o en bancas metálicas soldadas muy artesanalmente. La suciedad y polución del ambiente evita que el turista sienta deseos de comerse una de tantas ofertas de fritangas que hay en venta. Lógicamente, el turista, quien no se reduce a centroamericanos, se debe preguntar qué hace la administración con todo el dinero que recogen en impuestos. Esas aduanas pasan repletas de turistas y camiones repletos de mercadería que pasan durante 10 horas diarias, cuando toda persona y vehículo liviano y de carga paga impuestos.

Carreteras

A esto hay que añadirle el pésimo estado de las carreteras. Si se sale de la carretera que va entre Tegucigalpa y San Pedro Sula (CA-5), y entre San Pedro Sula y La Ceiba, hay que prepararse porque si se evade un hueco va a caer en dos o tres más, eso cuando se corre en carretera que tuvo asfalto. Si viaja entre municipios que están afuera de esos circuitos, el viaje puede ser una real aventura. Más aún si viaja a municipios sin carretera con asfalto, llamadas “de tierra”, es probable que el autobús no llegue ese mismo día a destino en período de invierno.

Pero revisen la cartera de créditos internacionales y nacionales para la construcción y reconstrucción de las carreteras de Honduras durante los últimos 15 años, con esos financiamientos que estamos pagamos con nuestros impuestos, pudo construirse un bulevar de seis carriles de concreto, bien señalado y moderno, desde la frontera entre México y Guatemala a la ciudad de Panamá.

Estas gestiones públicas se pueden incluir en el maltrato a la ciudadanía, puesto que le insultan su inteligencia. Si no aprendemos a reclamar un buen trato, menos podremos lograr que nuestra juventud, niñez y adulto mayor sea respetada en su dignidad y derechos humanos.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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