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Vladimir de la Cruz

La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.

Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.

La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.

La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.

A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.

Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.

El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.

No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.

A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.

Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.

También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.

Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.

Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.

Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.

Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.

El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.

A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.