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Etiqueta: Colombia

Los bonos agua o bonos carrasquilla

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses

El modelo económico de Casino, al que 50 años de lucha insurgente no le hicieron ni cosquillas y capitularon a su modificación, permite que las regalías, que constitucionalmente son “una contraprestación económica del Estado que se causa por la explotación de un recurso natural no renovable” puedan ser objeto de negocio por una sociedad captadora de recurso creada por el Ministro de Hacienda Uribeño, Alberto Carrasquilla, denominada KONFIGURA (Emisor y Prestamista), que tiene como socios al tal Carrasquilla, a Andrés Flórez (Grupo Estructurador) y a la sociedad panameña Navembi Investiment Inc, de acciones al portador, es decir, socios secretos, investigada por el escándalo “papeles de panamá” como evasores de impuestos. Sobre las regalías a municipios destinadas a agua y saneamiento; así se facilita dineros de ingresos fijos de los municipios y sobre esos montos emiten bonos a cargo del municipio que recibe el dinero del emisor prestamista (Konfigura) que consigue o capta dineros de prestamistas (de los Fondos de Pensiones Privados, de la sociedad panameña) al UVR+8% y al municipio le cobran al UVR+11%, ganándose un 3% sobre miles de millones de pesos colocados. En principio si emitieron 400 mil millones de pesos para prestar, el Grupo estructurador ganó 14 mil millones de pesos en 5 años. Pero los bonos no gozaron de buena reputación en el mercado de valores e inversionistas como Interbolsa, perdieron (particulares). 117 municipios destinaron anticipadamente el monto de ingresos de sus regalías. Recibieron los dineros de Konfigura y no los invirtieron (solo se registran 30 municipios con inversiones). En el caso del municipio de Abrego, en Norte de Santander, esos dineros se destinaron a una Urbanización nueva que requería acueducto y alcantarillado. La Urbanización no se construyó, quedando el acueducto y alcantarillado en proyecto. En averiguación, más de unos mil ochocientos millones de pesos del Municipio de Ocaña se habrían afectado; aunque en verdad para el año 2015 las regalías de ese municipio se perdieron por omisión de la “Administración” municipal que fue castigada (…) La denuncia al público concreta las ganancias de Konfigura en 70 mil millones de pesos, recibidas por el Grupo Estructurador en dinero contante y sonante; es decir por la derecha directamente. A su posesión, el ministro Carrasquilla figura- junto con su esposa- como miembro de la Junta Directiva de Konfigura, según lo Certifica la Cámara de Comercio de Bogotá. Continúa siendo socia la cuestionada empresa de lavado de activos panameña. De manera que en el tinglado de corrupción del gobierno de derecha uribeño, ese ministro es un discapacitado ético. Su esposa Clara Parra Beltrán funge como Alta Consejera Inversionista Privada del ilegitimo presidente Duque y en tanto que la mediática difunde que todo fue hecho con permisibilidad legal; la juventud opositora en RESISTENCIA en las calles comprende que es la protesta directa la que modifica el actual estado de cosas inconstitucional (eci) en Colombia. Carlos Meneses Reyes. Bogotá. DC. 10.09-2018.

 

 

Enviado por el autor.

Ensayo sobre lo inminente fascista del centro democrático

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

 

En Colombia las expresiones “ismo” en el léxico político han fenecido. Pero también los referentes de “centro” dejan de ser alocución valida. Lo de “polarización” pasa a ser una imagen en el colectivo, convirtiéndose en un estereotipo o camisa de fuerza que afecta el ideario de explicación de hechos y sucesos y la participación de fuerzas (sinergias), pasa a caracterizaciones definidas en torno a las denominaciones de derecha y/o de izquierda para analizar las situaciones concretas del devenir social e histórico del campo político colombiano.

En lo ideológico y filosófico-político, corresponde partir de lo concreto y definido bajo las caracterizaciones de derecha o de izquierda al aceptar como alocución no valida lo etéreo de centroderecha o de centroizquierda, llegándose al sin sentido de ubicaciones “un poco más hacia el centro” o “un poco más hacia allá”. Pero esto no obedece a simple inflexión de cambio de tono o de voz. Ocurre en el caso concreto político a la admisión de presupuestos de análisis en que, existiendo una hegemonía de derecha en el derrotero político del país, se tome como mediato al análisis los periplos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y de Juan ML Santos. Pesando el panorama del conflicto armado interno en ascendente, el Bloque de Poder Oligárquico optó por una salida militarista a la solución de este, lo cual explica la procedencia de un cuadro de extracción de campesino-rico para las riendas del Estado. Uribe Vélez fue ungido para incrementar la guerra, en aplicación a la salida militar y el andamiaje electorero político lo llevó a repetir el mandato, en dos ciclos de intensificación del conflicto armado en Colombia que concluyó en la no derrota militar de las insurgencias cincuentenarias. Ese mismo bloque hegemónico de poder oligárquico oteo el panorama de los resultados y con sobrada capacidad dio viraje hacia una tendencia de centro, predominando la designación para las riendas del Estado en un cuadro de la rancia aristocracia política, en el que predominó la salida política y civilizada a la consecución del conflicto armado, centrándose todo el esfuerzo en el fin del conflicto armado con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – ejercito del pueblo Farc-ep. Logrado el objetivo con las firmas de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, junto con el desarme de esa guerrilla, para la implementación de lo acordado, el Bloque de Poder oligárquico, viró en el cambio de idea y de actuación de manejo gubernamental, burlando y dilatando la implementación de lo acordado (pacta sund servanda), volviendo a un ciclo de retoma de la derecha, dejando sin validez la alocución de centro. Sin mayor excitación asimilamos el último resultado electoral presidencial en que el bloque de poder oligárquico en “contienda”: Duque, De La Calle, Vargas Lleras, Fajardo, se enfrentan a la tendencia Progresista encarnada en Petro, secundada por la izquierda no armada, que, conforme al derrotero histórico continua en la fila, en la búsqueda de turno, antes a la saga del liberalismo y hoy a la cola del progresismo.

EL URIBISMO NO ES UN MOVIMIENTO POLITICO

Se llama Uribismo a los seguidores de Uribe. La única bibliografía encontrada es el esfuerzo del fundador del Centro de Pensamiento Primero Colombia, con la publicación de un libro “Las ideas de Uribe” escrito por su asesor de campaña José Obdulio Gaviria. Uribe Vélez surgió como precandidato del partido liberal en las elecciones presidenciales del 2002 y al no lograr la candidatura obtuvo el apoyo del oligárquico partido conservador y por medio de firmas obtuvo esa candidatura. Cumplido su primer periodo presidencial, para las elecciones presidenciales de 2006, reunió a todos los grupos de seguidores, creándose un partido electoral conocido como el Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U. Materializo la ralea, la unión de todos los pelambres y calañas de lo más descompuesto de los partidos tradicionales, aunado al arribismo de los nuevos ricos y traquetos, como base social, para enfrentar el peligro de una insurgencia ascendente y escalada del conflicto armado interno a estadios de una guerra civil. Constituyó el acenso de la lumpen burguesía y la entronización de la corrupción bajo el soporte condicionado de un sistema electoral corrupto, ilegitimo e ineficaz, de reflejo de mínima expresión de voluntad popular. En ese estadio de ignominia e iniquidad permanecemos.

Lo más rancio de la oligarquía colombiana: Vargas Lleras, no se unió a ese partido acogiéndose a la tendencia coyuntural trazada por el Bloque Oligárquico de Poder, con su movimiento Cambio Radical (CR), que junto con Convergencia Ciudadana y Alas Equipo Colombia, apoyaron esa candidatura con réditos a su favor.

El Uribismo- bajo la semblanza de Uribe- se proyectó bajo un modelo de corrientes ideológicas de chovinismo nacionalista paisa. De anticomunismo a cualquier tendencia renovadora o alternativa de poder. Anti farc (anti fariano), a toda manifestación de beligerancia política de las insurgencias y por ende a su desconocimiento. A arraigo de fundamentalismo religioso o de clericalismo religioso, triunfante en las contiendas civiles del Siglo XIX. Impulsor de las tendencias teóricas del neoliberalismo, de un Estado Comunitario, Corporativista, Libertario y/o de tercera vía, frente al “gigantismo” estatal y en búsqueda a la nimiedad o mínima expresión del Estado Benefactor. Los dos periodos presidenciales de Uribe constituyeron el desarrollo de su manifiesto programático enunciado. En consonancia con el orden económico mundial predominante junto al juego del Mercado y la función del Estado, desplaza lo justo sobre lo bueno y en orden al desconocimiento del individuo liberal, como objeto de servicios, predica fortalecer a la comunidad frente a los abusos del Mercado y al llamar excesos la consecución de fines del Estado aplica la privatización a ultranza en desmejora de las conquistas sociales y el panorama de seguridad social. Bajo la egida del antiterrorismo y la lucha contra el narcotráfico, sintoniza con los intereses del Imperio. Ya cumplido su ciclo presidencial, frente a su sucesor, en la mecánica de turno de la táctica del Bloque de Poder Oligárquico, no asume una oposición política, sino una clara disidencia en contra del mandato constitucional de búsqueda de la Paz.

LOS ORIGENES DEL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO

El 06 de abril de 2013 nacen las Juventudes del Centro Democrático en Valledupar. Asistieron delegados del Departamento del Cesar y comitivas de Medellín, Barranquilla, Manizales, Guajira, Bogotá. Centraron su aceptación en los cinco pilares que a continuación analizaremos. Se presentaron como jóvenes del presente, no del futuro (…). Los asistentes impulsaron un proceso de alternativa de centro democrático que les permitiera participar con éxito en las elecciones de presidencia de la República y de cuerpos colegiados a todos los niveles. Asimilaban la aprehensión del deterioro de la seguridad. Desconociendo las exploraciones y tendencias para un ciclo de conversaciones, acercamientos y negociaciones con las guerrillas de las Farc-ep, fundamentaban que “las Farc no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha y siguen victimizando al pueblo que dicen defender”. Tal enunciado aún lo mantienen inmodificable, pese al giro y resultado de los acontecimientos; la no existencia de las farc-ep como guerrilla; la demostración en el tortuoso procedimiento de implementación de lo Acordado que en forma real jamás se les entregó el país; como no primo el lavado de activos de las guerrillas. De maneras que con presupuestos falsos se erige todo un proyecto de vocación de poder, para dirigir un país.

CARACTERISTICAS DEL CENTRO DEMOCRATICO

Analizar al partido Centro Democrático (CD) como organización política incluye auscultarla sobre los parámetros de estructura interna de poder. Las políticas o lluvia de propuestas públicas que propicia. El contenido de sus estatutos de partido.

Una detenida lectura de los antecedentes para la creación del partido Centro Democrático (CD) de sus estatutos y declaraciones, conlleva a una correspondencia a idearios totalitarios y fascistoides. Pretende ser de centro y democrático, para mimetizarse. No encontramos una manifestación pública y en alta voz que exponga esos- sus – propósitos. Corresponde al analista auscultar, el origen, la evolución en consonancia con los hechos y situaciones políticas dadas en el panorama político nacional. Resalta la entronización de un partido caudillista. Incorpora el culto a la personalidad en relación con el papel atribuido al expresidente Uribe. La presentación del logotipo es una composición de artes gráficas en que una figura deja de ser imaginaria e incorpórea y toma el aspecto inequívoco de un rostro, de una persona enfocada al papel personalista del personaje, fundador y orientador del partido. La posición de la mano en el pecho, cual argumento engañoso o manera de expresarse propio de una persona, repetido en actos oficiales o públicos. Lo finalista del mensaje publicitario es demagógico y conclusivo en que todo lo que diga y haga el expresidente es el Centro Democrático. Rezan sus estatutos: “La naturaleza del proceso de nominación es el dueño del partido”. En el orden jerárquico: 1. El Presidente Fundador es vitalicio. Los demás no más de tres periodos. Acorde con lo de “presidente eterno” o “presidente vitalicio”.

Como organización política, el Centro Democrático será examinado a continuación sólo desde tres perspectivas, a saber, según su ubicación ideológica; según la estructura interna de poder; según la oferta de políticas públicas que propicia.

Ahora bien, en términos ideológicos, ¿qué dicen los estatutos del partido? Normalmente, los estatutos de los partidos proponen algún enunciado de corte ideológico. Pues bien, en el caso de CD no existe ese enunciado explícito de orientación ideológica. Lo que más se acerca, es el artículo segundo de los estatutos el cual afirma: «ARTÍCULO 2. NATURALEZA. El Partido Centro Democrático es una organización política de ciudadanos de carácter democrático, popular, diverso, incluyente y moderno”. El propósito del presente ensayo apunta a desmentir esos enunciados.

El CD se inspira en cinco pilares como centro del quehacer político y de las propuestas de política pública: 1. Seguridad Democrática. 2. Confianza Inversionista. 3. Cohesión Social. 4. Estado Austero y Descentralizado. 5. Dialogo Popular.

  1. La Seguridad Democrática. Concebida como la lucha frontal contra los alzados en armas. Aunque expresa- para mimetizarse- que no obedece a concepciones como las de la doctrina de la Seguridad Nacional, que ha hecho carrera en América Latina, que parte de la consideración ideológica de la existencia de un “enemigo interno” y el derecho penal del enemigo; constituyó la aplicación de una visión militarista del conflicto interno colombiano, forzando a la ciudadanía a la solidaridad publica para estatal bajo innumerables incentivos y colocando a la población civil como activa en ese conflicto sin miras a las consecuencias de objetivo militar por parte de las insurgencias existentes. Acorde con el mandato imperial enfoca, mecánicamente, la lucha contra el terrorismo bajo el precio que para atacar al terrorismo y la lucha contra el narcotráfico no existe la soberanía de la nación, sino un embeleco o engaño de soberanía democrática.

En forma despampanante asegura que «No hay mayor inequidad en Colombia que en el acceso a la seguridad: son los más pobres quienes están menos protegidos, quienes son desplazados de sus tierras y sufren en carne propia el terror de las organizaciones armadas ilegales”. Cuando es sabido que la tal Seguridad Democrática, militarizando al país, se basó en la permisibilidad para que los hacendados y latifundistas llegaren a sus predios y hatos ganaderos, debido a la intensidad del conflicto; puesto que esa concepción de seguridad fue eminentemente clasista y resulto siendo el vehículo expedito para la violación de los derechos humanos. La Junta de Inteligencia Conjunta llegó a ser el órgano donde se coordinó la inteligencia estatal, integrado por los directores de los organismos de inteligencia del Estado, entre ellos el fatídico DAS, como policía política; el grado de coordinación de los organismos de inteligencia dependiendo también de la confianza que generaba la contrainteligencia, volcada en la seguridad urbana, con la ciudadanía y sector privado. Aplicaron enunciados como: “Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”. Así fue como crearon las Redes de cooperantes (sapos); aplicaron programas de recompensas en la danza de los millones de las finanzas públicas feriados por “autoridades” militares y de policía, sin control auditado. Todo un desangre de financiación bajo una escasa evaluación o negación de resultados. La Seguridad democrática fue la aplicación de una óptica militarista y policial. Desmejoró mandatos constitucionales tales como el desconocimiento de las funciones propias en el manejo del orden público en las jurisdicciones propias de acaldes y gobernadores (artículos 296 y 315-2 de la CP); siendo desplazados los alcaldes en la conservación del orden público en el municipio, al aplicarse los Consejos de Seguridad sin su presencia y dirigencia. Cual verdadero reinado de un Mini Furher. Durante la aplicación de esas metodologías se archivo la discusión de contar con una policía cívica, no militarista; que dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Acorde con la concepción de las Convivir, se aplicó una policía comunitaria y no una policía cívica, ciudadana, de credibilidad y confianza y no una “policía” para la guerra. De función proactiva, preventiva y no reactiva, represiva. El país no contó con una política de seguridad ciudadana; confundiendo las funciones del ministerio de defensa y del ministerio de justicia. Queda mucho por contar de esa “Seguridad Democrática”.

  1. La Confianza Inversionista. Esta propuesta se impulsa paralela con la seguridad interna. Abrir compuertas a la llegada del capital multinacional, que obligatoriamente desplaza al capital nacional sobre figuras de absorción. El capital inversor extranjero, actúa como verdadero invasor, desbastador de recursos naturales. Saca de competencia a las pequeñas y medianas empresas impulsando un discurso de farsa. Adecuan todo un cuerpo normativo y de convenios o tratados para beneficiar con estabilidad financiera ampliamente a los grandes inversionistas con salvedad tributaria y a espaldas de la persona natural o física. El escándalo de Carimagua que confluyó en benéficos a latifundistas y empresarios del “agro ingreso seguro”, vulnerando los derechos a víctimas y desplazados por la cruenta reforma agraria dc concentración de tierras paramilitar. Este modelo de confianza inversionista resultó siendo perverso, en contra de la prevalencia del interés general con menoscabo al grueso de la población y beneficios y concentración de poder a los grandes trust o carteles económicos y financieros.
  2. Cohesión social. Es una propiedad del estadio de la sociología y no propiamente de la política. Abarca el funcionamiento y estructura de la sociedad humana. Aplica al plano emocional, las relaciones de interacción, de relaciones a nivel laboral, fenómenos económicos, religiosos, artísticos. Toda una gama de expresiones. Alienta a un sistema de pertenencia o proyecto de situación común; pero lo supedita a lo coercitivo de lo normativo. Por ende, no es de ejercicio de práctica política o de debate de ideas. La función es la de adherir, no la de debatir. Una impositiva fuerza de atracción. En un esfuerzo por entenderlo en la realidad política, dista de un ejercicio sano democrático.
  3.  Estado Austero y Descentralizado. Complementa lo de coacción social. Colombia es una Republica unitaria, descentralizada. Esto de descentralizada rige u obedece a una función administrativa. Lo preocupante radica en que el “chovinismo nacionalista paisa” impulsado, es de carácter regionalista. También lo pudiere haber costeño o de otra región de las cinco que comprenden el mapa físico de Colombia. Esa descentralización regional, en la filosofía del partido en análisis, atentaría contra la Unidad Nacional, opuesto al mentís que es pluralista e incluyente. La concepción de un estado austero se supedita a un estricto y férreo cumplimento de las normas y/o mandatos morales. Impera lo severo y rígido. Es control ciudadano. Juega la dictadura mediática. El prejuicio. La imposición. Con relación al tema de Antioquia y la ultraderecha el columnista Gustavo Lopera, asienta: “Me niego a creer que los paisas somos uribistas por genética, al contrario, quiero creer que nuestra vocación es más sublime”.
  1. Dialogo popular. El sentido de un dialogo es la confrontación y discusión. Es conversación entre dos o más individuos (partes) que exponen sus ideas o afectos. Se intercambian posturas y opiniones a la consecución de logros alternativos. Los estatutos del partido Centro democrático aluden al funcionamiento del artículo 55 de la CP en la búsqueda de concertación para solucionar los conflictos colectivos de trabajo. Incurre en yerros de metodología de la presentación. No alude a la ineficacia o letra muerta de las formas de participación democrática (Artículo 103 de la CP). Desconoce y boicotea una Consulta Popular. No alude al ejercicio soberano de los Cabildos Abiertos Populares. Por celo santanderista callan y otorgan los estados de cosas inconstitucionales (eci) en el país. No admiten el dialogo, conversaciones y búsquedas de Acuerdos y cumplimientos civilizados a salidas políticas con las Insurgencias. Al callar otorgan réditos a la salida militarista. Es decir, al incremento de la guerra.

UNA CALIFICACION APROPIADA

Los factores analizados nos llevan a identificar al partido Centro Democrático como un partido fascista. Lo resumimos en la inclusión de las 14 características que la politología universal enseña:

  1. Nacionalismo poderoso y permanente. Agobian al colectivo insistiéndole en forma agobiante, sobre uso de frases, reiterativas mentiras o argumentaciones falaces, símbolos, canciones, parafernalias patrioteras. Himnos a la guerra. Impulso del militarismo.
  2. La alusión al castigo severo. Les disgusta reconocer la defensa de los derechos humanos y a sus luchadores.
  3. La lucha social y quienes la lideran como una causa unificada para eliminar un perjuicio preconcebido, en la identificación de enemigos o chivos expiatorios.
  4. Supremacía a lo militar, como atractivo o encanto especial o llamativo, en contraposición a lo civil.
  5. Dominio total de lo machista y sexismo rampante. Alergia a la distinción y aceptación de género.
  6. Idolatría y sumisión a la dictadura de los medios de comunicación. A la aplicación y mensaje subliminal de Goebbels: una mentira y calumnia repetida se convierte en lo cierto.
  7. Obsesión con la Seguridad Nacional. Un instrumento o arma motivacional para el control de las masas.
  8. El fundamentalismo religioso. Su uso en una entremezcla con las funciones gubernamentales para el control social.
  9. El corporativismo, como poder, esencialmente protegido, en el beneficio de elites, empresas y usufructuarios del poder.
  10. Supresión de los sindicatos y organizaciones laborales y de trabajadores. Todo poder laboral es suprimido como peligroso.
  11. Aunque posan de cultos, encierran desprecio por las artes y por los intelectuales.
  12. Son obsesivos por el castigo y la violencia policial en la erradicación del crimen. No admiten concausas ni efectos.
  13. Usan el poder para proteger a comilones en la práctica de la corrupción y rampante amiguismo.
  14. Acuden a las elecciones fraudulentas en la perpetuación del poder. La permanencia de sistemas electorales corruptos e ilegítimos. Practicas inveteradas de control político electorero. Adecuación de autoridades administrativas para desplazar a la justicia electoral.

 

  1. PD. Al concluir el presente ensayo se difunde la noticia de división dentro del partido Centro Democrático. José Obdulio Gaviria habla de las tensiones por las que atraviesa el partido y menciona la existencia de un relevo generacional. Afirma: “Uribe y yo somos el pasado”. A juzgar por la víspera, el Consejo Nacional Electoral ha de tomar cartas sobre la existencia de ese partido.

 

**Esta es una ponencia que se presentará en el Seminario Internacional de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) a realizarse en San Pablo. Brasil, el 30 y 31 de agosto de 2018 en la Universidad de San Pablo, con el lema: Democracia: Fortalecimiento o Extinción en América.

 

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El voto en blanco de Yesid Reyes a la JEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El exministro de Santos, Yesid Reyes Triana, declinó posesionarse como Magistrado del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Su decisión es política no jurídica.

Son momentos en que a la JEP se le ha de rodear de máximo apoyo nacional y popular para que cumpla los fines altruistas que le han sido encomendados como es el juzgar los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad en que hayan incurrido miembros de las fuerzas armadas del Estado, de todas las ramas de poder público incursos en el conflicto armado interno contra las farc-ep, sus comandantes, guerrilleros y personas privadas que hayan cometido acciones, así calificadas, en el mismo.

En este acometido de objetivos y de concepción de la justicia transicional bajo una inspiración universal y no el atosigado reducto de estereotipo de una justicia especial, a acomodarla a las camisas de fuerza de un sistema de justicia ordinario en Colombia, como si nada en absoluto hubiere pasado puesto las insurgencias no derrotadas militarmente ya están desarmadas y sometidas al establecimiento. Ante ese, que es el panorama que la dictadura mediática impone, yergue enhiesta la concepción del Sistema Integral de Justicia Reparación y No Repetición (SIJRNR) pactado en los Acuerdos de la Habana y del teatro Colón en el año 2016.

Llega el momento de dilucidar ante la opinión pública nacional e internacional, que los innumerables sofismas de desvirtuar los principios de la justicia transicional universal con que la mediática alienadora ha presentado como logros para el estado de derecho en Colombia , el que la rama legislativa y posteriormente la judicial del poder público, hayan desempeñado una labor de injerencia y verdaderos instrumentos para hacer trizas los Acuerdos erigiéndose en suplantadores de la voluntad de las partes contratantes, debidamente representadas en el escenario internacional como plenipotenciarios del Estado colombiano y los rebeldes insurgentes.

Como resultado del triunfo del NO se impusieron más de 85 reformas al Acuerdo inicial de La Habana, en particular al logro de una verdadera reforma rural integral, al espejismo de la definición de una economía sustitutiva de cultivos ilícitos, el culto a las víctimas para revictimizarlas y dejar en el limbo sus reparaciones y al difuso entretejido de no imponer una implementación, acorde con la alteración de orden público que la reforma de raíz de un sistema electoral corrupto demandaba. Garantizaban así los del mandato del NO la no implementación de los tales Acuerdos.

Respecto al universo de la justicia transicional, expresado en la JEP, no lograron vulnerar su esencia de inspiración universal acorde con la fuente consuetudinaria y la normativa del derecho Internacional y El Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Lograron modificar el que los Magistrados(as) del Tribunal Especial de Paz no fueren extranjeros; pero a contrarréplica se acordó la inclusión de togados amicus curiae (amigos de la corte). Estos tienen una función de auxiliares del sistema de justicia creado y contribuyen con su voz y voto a dirimir conflictos en que en las salas de juicio o definición de situaciones en que no haya mayoría. Son verdaderos conjueces y en esta clase de definiciones de tales delitos de jurisdicción a los magistrados integrantes no se puede quedar en solo “salvar el voto”. Resulta que la enredadera jurídica para desnaturalizar e impedir la implantación de este instrumento de justicia especial, dispuso el “soberano” legislativo que esos amicus curiae serán unos invitados de piedra y no tendrían voz ni voto sino aporte de opiniones escritas. Esto traído a colación, como el que los terceros incursos en delitos de lesa humanidad opten voluntariamente a acogerse a esta jurisdicción especial, irrita al foro jurídico mundial y plasma la inquietud por la impunidad, sin ahondar en la asimetría aplicada para excluir de la comparecencia a la JEP y al deber de concurrir a la Comisión de la Verdad, a los altos mandatos de las fuerzas armadas y a la casta del generalato colombiano, activo en la implementación de la guerra contrainsurgente, cual arrodillados al mandato del Departamento de Estado USA, en el control y manejo de la guerra contrainsurgente en Colombia.

ILUSTRACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LA JEP

De manera que el thema de contenido jurídico y político a abordar en su majestuosa independencia y soberanía judicial el Tribunal de Paz del SIVJRNR, podríamos resumirlo en:

-Definir sus verdaderas competencias internas, incluido su ordenamiento interno de funcionamiento, para lo cual no requiere de ley auxiliar procedimental del Congreso colombiano.

-Definir las normativas de procedimiento, que son de orden público y estricto cumplimiento y por no ser de contenido sustantivo, han de ajustarse al capítulo de las garantías y derechos constitucionales del ordenamiento vernáculo. Ello es posible hacerlo internamente, sin acudir a acto legislativo.

-Garantizar el dictado de las sentencias acorde con los principios de autonomía y de inescindibilidad del sistema universal de justicia transicional. Esta que es la función altruista y máxima responsabilidad de los togados de la JEP, tiene que asimilarlo pedagógicamente la ciudadanía que para su ejercicio – esos Magistrados (as)han de estar libres de agobio alguno. El criterio de no exigibilidad; la autonomía no vinculante de normativas existentes y nuevas creadas; lo no vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Comprender, como cualquier colombiano raso, que mientras exista el artículo 93 de la constitución política, se explica la existencia invulnerable de la JEP y su fuente de respaldo constitucional lo fue el artículo 22 ibidem.

ERRADICAR LA IMPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LO FEMENTIDO

No tiene fe ni palabra el que la JEP ha de estar sometida a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos a los dictados del Congreso. Es falso y engañoso que a la competencia de la justicia transicional los incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra puedan decidir si optan o no someterse a esa jurisdicción especial. Sobre ellos caerá la implacable egida de esta justicia. En grado de discusión está el que los expresidentes de la república no queden vinculados a esta situación de aforo especial, por así haberlo pactado, expresamente, las Altas partes contratantes y plenipotenciarias de los Acuerdos logrados para el fin del conflicto ya conocido e identificado; pero ello no obsta para que sobre los mismos este latente – cual espada de Damocles- el veredicto de la Justicia Internacional.

LO ESQUIVADO POR EL MAGISTRADO DIMITENTE

Pues sin lugar a duda fue al desarrollo de estas definiciones en las que no deseo quedar inmerso el pusilánime Yesid Reyes Triana. Demuestra que era un alfil del grupo de poder oligárquico dominante en el seno de la JEP. Que como resultado del efecto electoral presidencial se impone la hegemonía de derecha en el país y en compromiso con sus intereses personales y de clase dominante otea que un escenario de opinión judicial magisterial no le conviene. Opta por el ejercicio de “contribuir” en la docencia, a sabiendas que su mensaje al Foro y a la Academia será engañoso y falso a ritmo con la hegemonía imperante de derecha.

A su vez, la onda sonora de repercusión de esa tal renuncia , pone en entredicho la improcedencia del Comité de Escogencia de optar por cuadros del sistema de justicia corrupto cuestionado en todo el mundo; aplicar en contravía la exigencia de la carrera judicial y el acumulado de pergaminos de especialización de sus designados; optar por la NO escogencia del juez sabio por su experiencia en el terreno de los padecimientos regionales y la edad; descartando a los innumerables juristas de localidades y provincias, a los abogados (as) “de pueblo”, a los activistas sociales del derecho, a los desplazados del sistema de justicia imperante en Colombia, abogadas y abogados con suficientes calidades humanas y de formación que fueron explicablemente descalificados.

Es en el acumulado de la reserva popular donde se encuentra su reemplazo.

 

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La victoria pirrica de la oligarquía

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

En Colombia ganó la presidencia de la República un representante del bloque de poder oligárquico. Triunfó el continuismo de un modelo económico neoliberal a tono con la estructura de inversión de un Narco Para Estado. Se impuso la continuidad y lo aplauden los corruptos, detentadores de la Administración Pública. Impera un modelo extractivista de las riquezas naturales, y las fauces de la ferocidad inversionista de las depredadoras multinacionales que se mueven – como “Pedro por su casa”-en los territorios de las desmovilizadas farc, aplauden la acción de la traición del establecimiento a las insurgencias que, de buena fe y acorde con la observancia internacional, confiaron en un sistema político matrero e indecente. Ganaron los de siempre contra los que pierden siempre. Perdieron los que mueren sin asistencia en las puertas de lo que fueron los hospitales públicos, hoy privatizados, de inconmensurable valor, entregados a las mafias blancas del capital privado, los jóvenes y los padres de quienes soportan préstamos y no podrán entrar a la universidad pública y popular, puesto que los recursos oficiales son entregados para el buen funcionamiento “científico” de las universidades privadas. Perdieron los jóvenes rurales que engrosaran las fuentes de empleo de las fuerzas armadas, cuales maquinaria voraz de guerra en Latinoamérica, ante la permanencia de un servicio militar obligatorio y extorsivo y la potencialidad de niveles de elevación del conflicto armado interno. De jolgorio quienes ayudan a la permanencia de los fatídicos Tratados de Libre Comercio desiguales con Colombia, la permanencia de las bases y los efectivos militares estadounidenses, quienes abogaron por la suspensión de Colombia de la UNASUR, para conspirar abiertamente contra el gobierno venezolano. Quienes precipitaron a Colombia a la OCDE y en brazos de la OTAN, acorde con la teoría del enemigo interno, el gigantismo del ejército nacional y la expansión territorial del imperio para dominar la Amazonía. En el país festejan los de siempre, quienes no ajenos a despropósitos de creerse con un “mandato claro” en beneficios de sus intereses revivirán el conflicto armado interno, político, militar, económico, ecológico. Los del capital financiero parasitario y explotador que usufructúan el fruto del trabajo honrado, privando la posibilidad de ahorro y bienestar. Acaparan los fondos públicos de pensiones impidiendo un disfrute de cesantía digna. Los latifundistas, terratenientes y casa tenientes, que engordan el patrimonio improductivo y desconocen la función social de la propiedad, que implica obligaciones, conforme al espíritu constitucional vigente de 1991. Brindan los fundamentalistas religiosos de la tradición en una sociedad excluyente a las determinaciones de la libre personalidad, la escogencia de sexo y respeto por la comunidad LGTB. Están de jolgorios los sub judice de cuello blanco y crímenes de lesa humanidad, que esperan la reunificación de las altas cortes para continuar disfrutando de impunidad; puesto que los ex insurgentes están sometidos, el generalato colombiano y los terceros coparticipes en el conflicto armado interno, sindicados de crímenes de lesa humanidad, esperan la definición autónoma, e inescindible de una JEP que les atormenta. Festejan los que derrotaron a las negritudes, a los mestizos, a los pobres, a los indígenas, a los obreros, a los campesinos, a los líderes sociales, populares, sindicales, comunales, ambientalistas. Quienes desconocieron el llamado de solidaridad internacional de personalidades, filósofos, economistas, científicos, cientistas sociales, de una intelectualidad cosmogónica que subsumen el padecimiento de un pueblo para conjurar el caos y la incertidumbre en un mundo de inequidades, en búsqueda civilizada a extirpar, tantos padecimientos del pueblo colombiano.

¿QUÉ VENDRA?

De todas formas, el panorama político de Colombia ha cambiado. La social democracia liberal desvaneció y se integró a la derecha. El Liberalismo dejó de existir en Colombia. El MOIR con Robledo y el tal Fajardo se pusieron al lado de los que vencieron al pueblo. Si el Polo Democrático Alternativo no se autocritica y purga internamente, desaparece. Los Verdes no se ubicaron hacia la izquierda. Los Progresistas se corrieron hacia el centro. La tendencia de los candidatos del bloque de poder oligárquico: Duque, Vargas Lleras, De La Calle, Fajardo, confluyeron tácticamente. El discurso del centro y derecha tomó auge, con la distinción que el bloque de poder oligárquico no matiza en tendencias y consolida la vigencia de una hegemonía de partido único de derecha. Hasta ahora habrá una verdadera oposición al sistema; pero carente de un partido político de masas, oteando el reto de las próximas elecciones de Alcaldías y consejos en que las oligarquías locales y militaristas- no así triunfantes absolutas en las grandes ciudades- cuentan con inconmensurables recursos de corrupción y del narcotráfico y con la existencia de un sistema electoral que le garantizará el dominio y ejercicio de los poderes locales. De otro lado, los incontables, quienes expresan el pensamiento de la izquierda revolucionaria NO armada y aquellos que permanecerán en la opción de la lucha armada por la consecución del poder por ese medio incivilizado y que les inspira el derecho universal de rebelión de los pueblos, contra las injusticas empotradas de un régimen neoliberal, sumiso al imperio, militarista, expansionista y salvaje. En ese sentido aceptemos la distinción entre la izquierda legal y la izquierda ilegal dentro de los elementos de distinción analítica de la compleja situación colombiana plasmada, un día después de una decisión electoral en que en cualquier país del mundo los corruptos (genocidas) son destituidos y en Colombia en cambio son entronizados.

Se demostró la eficacia del andamiaje electorero corrupto, anacrónico y condicionante del sistema electoral para perpetuarse en el poder. En forma insolente e insultante para la opinión nacional e internacional comenzó la emisión de boletines electorales cuando, aún en vivo, las cadenas televisivas registraban entrevistas a los jurados in situ, preguntando sobre la labor del conteo, manifestando que duraría en esa labor, cada mesa unos 20 minutos o más. Resulta ofensiva la arrogante presentación por parte de la Registraduría de conteo de millones de votos en menos de un cuarto de hora. Es despectivo que ab initio, en la mediática dictatorial, al lado de los guarismos anunciados, la fotografía del candidato Petro aparezca con una fisonomía o rostro de derrotado o afligido y la del Duque retocada, maquillada y su nariz (“el hocico del oso” de la derecha como lo indicó el hiriente expresidente Ernesto Samper) reluciente, aguileña y respingada. Resultó una prueba de fuego para el movimiento popular y revolucionario aceptar esa segunda vuelta electoral pese a todos los entuertos y falencias observadas durante la primera vuelta. Ante la no implementación de la Reforma Electoral, Rebelion.org publicó, en el mes de julio de 2017, mi artículo sobe la Imperiosa Necesidad de Aplazar las elecciones de 2018, demandándose, para entonces, la aplicación de conmoción interna por parte presidencial, ante la inminencia del saboteo a los Acuerdos de La Habana. Pero todo resultó ser hábil maniobra del jugador de póker Santos. (Una de las mil observaciones que se le hacen a la incapacidad política del Secretariado de las antiguas farc-ep, para sortear, a futuro, el manejo del brioso corcel de la implementación). La sola firma no valía.

Loable el discurso de reconocimiento institucional del candidato Petro. Ya no es el caudillo presidenciable, ahora se erige en el Dirigente de su pueblo. Sobre el elegido Duque, quien tendrá que alejarse de sus conmilones de camarilla corrupta tradicional, para alcanzar un mínimo respeto de los gobernados. Electo o escogido por siniestro personaje, resultó elegido en toda la acepción irregular del verbo. 8 millones de votos de imperiosa potencialidad de actividad política en las calles serán su prueba de fuego en los llamados primeros cien días de su gobierno. Anunció la Seguridad para los colombianos, pero en el imaginario popular significa la seguridad a los latifundistas terratenientes y explotadores de todos los pelambres, para continuar disfrutando de los privilegios de casta en el segundo país más inequitativo del planeta. El panorama de las disidencias armadas, que en modo alguno nos vengan con el cuento, son carteles de la droga, repuntan la gravedad y ahondamiento del conflicto armado que persiste en el país.

¡Entonces concluimos que fue lo que se ganó la oligarquía colombiana y que tanto lo que perdió el movimiento popular!

 

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Colombia: impresiones acerca del resultado electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La politología aplica la polarización como la situación o proceso en que la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. Ese no es el caso en Colombia. Lo de la “polarización” resulta un sofisma de distracción. El resultado electoral expresa una significación de la lucha de clases en el país. Por Petro votaron los del sin carro. Los del almuerzo “corrientazo”. Los que esperan Salud popular y educación no privatizada. Los segregados por etnicidad, negros, indígenas, minorías. Los liberados por su decisión de sexo y libre juego de la personalidad. Los que sienten vergüenza por la pisoteada soberanía nacional y el saqueo extractivo de los recursos contra los animales y contra la naturaleza. A los que les pensionan y olvidan y dan un miserable salario mínimo y los explotan doce horas. A los marginados y aislados de la comunidad que ubican como en guetos y bajo la chocante discriminación de estratos en las ciudades. Por Duque votaron, los de las castas privilegiadas. Quienes cual sanguijuelas se aprovechan del Establecimiento público: como las familias de los politiqueros y militares de carrera, que mejoran fortuna, prosperan, de las mieles del erario público y de la rapacidad del conflicto armado interno, el cual desean perpetuar. Los Uribeños reales, puesto que “otros” son los desposeídos y engañados, que votan por ellos. Los que pusieron el dinero para su campaña. Las señoras emperifolladas, adornadas, con el dedo “popo” parado, que todo les hiede y discriminan a doquier, si no es blanco, bonito o espigado. Por Duque votaron quienes cuando escuchan estas verdades califican a los demás como resentidos sociales.

La suma de los resultados electorales de Petro, Fajardo y De La Calle demuestran otra realidad: la de una Colombia que desea lo alternativo, el cambio. La que detesta a los partidos tradicionales y las practicas politiqueras de caciques y maquinarias que fueron enterradas. Demuestran que suman la mayoría por la conquista de lo Alternativo en lo político, militar, económico, social.

La segunda vuelta dibuja un panorama diverso a los de “pactos de gobierno”; etapa esta infructuosamente desaprovechada para la primera vuelta. Ya la brújula de la unidad nacional, del compromiso social y la opción democrática va viento en popa con el empoderamiento de la ciudadanía. Asistimos al triunfo de la ciudadanía, que se despoja de las directrices partidistas; hará caso omiso a coaliciones “por las alturas”. Estamos ante un país que definitivamente demuestra un tránsito de la guerra a la paz; que supera el bipartidismo y apunta a un sistema de pluralidad política, de partidos y movimientos múltiples, buscando los acuerdos en lo fundamental. El triunfo sumatorio de la opción política alternativa de las elecciones de ayer 27 de mayo de 2018 enseña, que esa ciudadanía individualmente considerada, ha alcanzado la mayoría de edad en la toma de decisión de su futuro y derrotero definitivo del país y por una Nueva Colombia.

El estadio de las adhesiones expresará su peso político específico en la medida en que las fuerzas políticas de la Coalición Colombia y el Partido Liberal u otros movimientos y partido afines, comprendan que el Programa de la Colombia Humana, materializará un proyecto de Gobiernos Alternativos que no será de cuatro años. Que de ese empoderamiento y triunfo de la ciudanía depende el acuerdo tácito de las fuerzas en adhesión sobre el presupuesto que no habrá reelección presidencial. No tiene cabida, en una concepción de la decencia política, que se acudiere al factor territorial local de los cuestionados varones congresistas electos.

La derecha enfilará y apelará a que el movimiento alternativo popular se enlode hacia las contradicciones por el poder de las fuerzas alternativas, en sumatoria, triunfantes. Aquí, con el mayor respeto, qué valor tiene el que individualmente ora el senador Robledo, opte por el voto en blanco, en consecuencia, a su “ni ni”, ni con Santos, ni con Uribe, sin ocultar sus compromisos con el sindicato patronal antioqueño; ora que el indeciso medias aguas de Fajardo opte por la inconsecuente e irresponsable actitud de la neutralidad; ora que el aparato político del Dr. De La Calle, lo deje al garete. Bajo una razonada reflexión, el ciudadano, el elector, superará lo del voto cautivo. ¿Es lo ideal no? En todo el derecho están los que diserten sobre las mil y una formas del aprovechamiento de la “ignorancia” popular, allá ellos y para ambos bandos. Sin olvidar que quedó constancia en los escenarios públicos que las tres damas de las fórmulas vicepresidenciales alternativas manifestaron: “Alternativo que pase a segunda vuelta lo apoyamos”. “Sin Discusión”. Por tanto, se hace indispensable y necesario que se cumpla, a esta hora. En consecuencia, modestamente considero que aplicara lo de las adhesiones particulares o individuales de esos actores, en búsqueda al triunfo de un Gobierno Alternativo y Popular de la Colombia Humana que triunfe el próximo 17 de junio de 2018.

Por último, es recomendable no atosigar, es decir, inquietar y causar agobios al electorado con exigentes y prolongados debates e interminables entrevistas, durante estas tres próximas semanas. ¡Que las fuerzas alternativas y populares, junto con el grueso de la sociedad civil y organizaciones sociales que las componen, desde el seno de las organizaciones y en del hogar de cada núcleo familiar, discutan civilizadamente la suerte de esta Colombia Grande!

 

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De la incidencia de las disidencias guerrilleras en el movimiento popular

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El concepto de DISIDENCIA alude a rompimiento, ruptura, generado por un desacuerdo o disconformidad, que se opone o protesta ante algo decidido o por decidirse. La disidencia es respuesta contestaria. Por lo general constituye una respuesta radical que al incluir a un conjunto de personas es colectiva. Traspasa el concepto sociológico de una autoexclusión de conciencia de la pertenencia a un grupo, propio del disidente a nivel individual, para tomar posición respecto a una posición política. Al hablar de disidencia se refiere a un colectivo ideológico.

DE SI LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC-EP Y DEL EPL CONSTITUYEN UN MOVIMIENTO HEGEMONICO

Analizando la experiencia colombiana, las disidencias de las guerrillas que han entrado en conversaciones y hasta acuerdos con el establecimiento estatal, estas han surgido en ámbitos regionales particularizados. Determinan un espacio territorial22 y en los dos casos históricos citados, sobresale el que las disidencias constituyen minorías ante el conjunto del cuerpo del cual se desprenden. En esto no cabe lo de mayorías o minorías calificadas. El esfuerzo de planteamiento analítico apunta a que predomine en el imaginario no el concepto de disidente aislado, animado por la mediática dictatorial; sino la existencia de un colectivo ideológico llamado disidencia, producto de una posición política. De tal manera que al darse – en términos políticos-una disidencia, se activa un restablecimiento o mejora de algo que degeneró.

Así como en la Biología se da el mecanismo de regeneración como recuperación de organismos vivos por reconstrucción de las partes perdidas o dañadas; permítaseme la licencia de tal símil al campo político y comprenderemos que tanto las disidencias del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.) en el año de 1991; como las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejercito del pueblo (FARC-ep) en el 2018; comportan el universo ideo-político del organismo del cual se desprenden y por consiguiente continúan haciendo suyo el acervo teórico e ideológico revolucionario. Continúan enarbolando la historia política de su cuerpo organizacional político-militar, desde su génesis o formación. Continúan nutriéndose de sus planteamientos, congresos, conferencias, estatutos, reglamentos normativos propios de la juridicidad interna insurgente. Reivindican con legitimidad política el nombre y continúan haciéndolo suyo sin mayores formalismos. En una palabra, es falso, que las disidencias guerrilleras citadas en Colombia carezcan de un ideario programático político. Retoman el acumulado de fuerza beligerantes que les reconoció el Estado colombiano y la comunidad internacional; de ser precisos, hasta con mayor legitimidad.

Cosa muy diferente es el papel de la mediática canalla y la genuflexión de las dirigencias – que con todo derecho ejercido- aceptaron en conversaciones como el caso del EPL en 1991 y las Farc-ep, recientemente con Acuerdos vapuleados, la desmovilización y entrega de armas y sus reinserciones a la vida civil. Esas dirigencias, como si entonaran coros de las tragedias griegas y romanas, asumen la representación de otros, en el sentido que no les cobije a las disidencias la conexidad política de los delitos que continúan cometiendo por su accionar rebelde. Que sean ellos, a coro con el establecimiento que combatieron y que en el caso colombiano permitieron que permaneciera intacto, que nieguen que esas continúan siendo fuerzas beligerantes e insurgentes. Mencionen al menos un caso de sustentación política universal que les niegue ese carácter. Como si el juego político fuere un simplismo en decir nosotros enterramos el nombre del EPL y el de las Farc-ep y por ende no existen. Como si el conflicto social terminara, cuando es sabido que el conflicto social es inagotable, no se acaba, porque hace parte de la dinámica de las sociedades. Lo fatal es que las desmovilizaciones del EPL (1991) y Farc-ep no dieron fin al conflicto armado interno. Pues muy a nuestro pesar, pues encarnamos la posición de la izquierda revolucionaria desarmada en la búsqueda por la finalización del conflicto armado interno en Colombia; muy a nuestro pesar-repito- las insurgencias del Ejército Popular de Liberación- EPL y de las Farc-ep continúan vivitas y coleando.

En modo alguno nos prestaríamos a corear que las disidencias de las guerrillas son carteles del narcotráfico. Habrá oportunidad de ahondar al respecto.

EL PANORAMA ACTUAL

Aunque referencias de la prensa nacional aluden a presencia del Ejército Popular de Liberación- EPL, en varias regiones del país; la mayor incidencia opera en El Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar. Su presencia remonta a 48 años. Ellos reivindican ser rebeldes y no narcotraficantes ni terroristas. Hacen llamados a las autoridades gubernamentales a querer conversar. Diferentes voceros de la sociedad civil e inclusive funcionarios estatales nacionales expresan que se escuchen sus llamados y se les dé un trato político especial.

En cuanto a las disidencias de las Farc-ep, ante el desconocimiento y no implementación a los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón (2016), van en crecimiento. Dicen: “Las Farc-ep seguimos siendo un partido de clase obrera y popular en armas, de carácter Marxista Lenisista, inspirado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar y de Manuel Marulanda Vélez”.

El incómodo J. Santrich, víctima de orquestado montaje nacional y del Imperio, criticó de manera abierta la entrega apresurada de armas. Lo traigo a colación resaltando la posición del internacionalista dominicano Narciso Isa Conde quien en esa oportunidad aludió que todo iba bien en las Conversaciones con lo de dejación de las armas; hasta que se incurrió en la entrega de estas. ¡Algo así como la torcedura del pescuezo al gallo! J. Santrich, en sus propias palabras: “En la base del pensamiento genuinamente fariano nunca estuvo presupuestado entregarle a nadie, menos a un tercero las armas, y en esto quiero recordar las palabras del camarada Manuel cuando dijo a un periodista argentino: ‘De acuerdo con la experiencia que hemos acumulado a lo largo de 40 años de lucha, para resolver los problemas sociales de este país se requiere de la presencia de las FARC. Nosotros haremos un acuerdo en algún momento, pero nuestras armas tienen que ser la garantía de que aquí se va a cumplir lo acordado. En el momento en que desaparezcan las armas, el acuerdo se puede derrumbar. Ese es un tema estratégico que no vamos a discutir’. (…) Creo que estas palabras tienen absoluta vigencia. Llevan a pensar que, como FARC, conociendo la catadura históricamente traicionera de este régimen, cometimos un error estratégico y estructural al haber convertido la dejación en entrega de armas sin que los aspectos centrales del Acuerdo se hubiesen concretado, al menos en sus bases y en el diseño fáctico de sus garantías de cumplimento”.

A manera de corolario, es decir, que no necesita comprobarse, la existencia de las disidencias guerrilleras, constituyen un punto inflexible de referencia para el análisis de la continuidad del conflicto armado interno en Colombia. Están inmersos en el desorden y desconcierto que produce un fallido e inexistente proceso de terminación del conflicto y búsqueda de la paz. Por ello es dado afirmar que el E.L.N. ha tomado nota pública de la advertencia de J. Santrich y sabe que es lo que no debe hacer en la ya instalada Meza de la Habana 2, para no aceptar una paz claudicante y ahorrar frustraciones a las esperanzas del fin definitivo del conflicto, imperando la salida política y descartando al militarismo expansionista de la oligarquía colombiana en el poder.

 

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Un primero de mayo unitario con el caudillo popular Gustavo Petro U

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

La marcha de los trabadores (as) colombianos en la capital de la República de Colombia, este 1º de mayo de 2018, contó con la característica jamás vista en las ediciones de esta celebración: en la que en el torrente de cientos de delegaciones sindicales de carácter local y nacional el nombre y apoyo a la aspiración presidencial de Gustavo Petro U, hiciera presencia predominante. Por primera vez en las marchas en conmemoración universal al día de los Trabajadores, las organizaciones sindicales- correas de transmisión de poder popular- asumieron apoyo directo a un candidato presidencial que encarna sus reivindicaciones laborales y sociales. Destaca en el panorama el apoyo del sindicato de industria petrolera la USO a esa candidatura y de Confederaciones obreras organizadores del acto en sintonía con la a opción electoral de las bases sindicalizadas. Prueba que en Colombia se transita por un cambio radical en lo político, electoral, y los modelos económico-sociales.

LA REIVINDICACIÓN DE UN CAUDILLO POPULAR

Antes de analizar la estrategia que explica la aceptación de un diseño de la campaña electoral de Gustavo Petro U, exploro sobre la aplicación de contar el movimiento popular colombiano con un líder nacional que resume todas las características de un verdadero CAUDILLO POPULAR de la que estaba en orfandad.

El pueblo colombiano carecía, estaba desprovisto, de la cualidad necesaria de un líder que materializara la característica de solución a concretas reivindicaciones por las que lucha alcanzar y gozar.

Un repaso somero de las luchas políticas desde el comienzo del Siglo XX registra que nuestros líderes nacionales fueron asesinados: Rafael Uribe Uribe. Jorge E. Gaitán. Luis C. Galán. Jaime Pardo Leal, etc. Los sucesos de cambios democráticos alternativos en América Latina, en respuesta al neoliberalismo salvaje, materializaron con la presencia de líderes naturales populares: Evo Morales, Lula da Silva, Hugo Chávez, Correa, etc. Hoy, estando en mora el movimiento popular y revolucionario colombiano en la búsqueda de gobiernos alternativos de corte socialdemócrata y progresista, impone la aplicación de un cambio de modelo económico la presencia activa de un conductor de masas, expresado en la persona de un Caudillo. Pues en esta rauda carrera electoral hacia la presidencia de la Republica de Colombia ese vacío ha sido llenado con la expresión de un fervor popular que rebosa plazas públicas; que se vuelca a las vías y carreteras por las que pasa el candidato; que presiona para que el candidato Gustavo Petro U, se detenga en poblaciones no programadas en sus recorridos. Se siente el calor de un pueblo que por primera vez en la historia colombiana acoge a un candidato con fervor popular, desea hacerlo suyo, lo ama; lo comprende en la dimensión humana. Un candidato al que le brinda no solo admiración, sino respeto y coloca en el centro de sus energías por querer llevarlo al solio de Bolívar. Por primera vez en la historia política de Colombia se cambia el engranaje politiquero de los presidentes de turno por el engranaje de lo Humano. Eso expresa el mensaje de la candidatura del caudillo popular, Gustavo Petro U, por una Colombia Humana.

Este factor fundamental de análisis desplaza el conduccionismo de la dictadura mediática imperante, en el sentido que la figura de un caudillo es sinónimo de autoritarismo y de dictadura. Nada más falaz. La historia mundial y del movimiento de masas enseña al caudillo como el director y gestor de una empresa que le es encomendada por mandato popular. El caudillo construye, hombro a hombro con el movimiento popular y al así actuar emula con la virtud y el ejemplo. Esta es la prenda de garantía contra el autoritarismo y obviamente contra el culto a la personalidad; puesto que su ejercicio es el mandato popular y no la ceguera mesiánica del paternalismo redentor. Un pueblo guiado por un caudillo permite además el ejercicio de la democracia directa y popular, la llamada “democracia de las calles”, en contraposición a la democracia indirecta o representativa, causante de tantos males y nido de corrupción en nuestro país. Se cuenta con un líder que se sintoniza, con aceptación de masas.

El asunto de fondo así planteado en esta estrategia electoral tiene que ver con que no es un asunto solo del candidato Petro. Corresponde a una decisión de ruptura nacional. Evoca una capacidad ilustrativa de la realidad nacional.

DE LA ESTRATEGIA PETRISTA

¿Cómo Gustavo Petro U, llegó al nivel de aceptabilidad alcanzado hoy? Puesto que sus estrategas políticos pensaron en sacarlo a las calles. En política quien pega primero y acierta, avanza doble. El lleno de plazas públicas superó el imperio de las redes sociales y desplazó las expectativas de las encuestas, que con su finalismo de conducción y manipulador no cuentan con el “poder” de la última palabra, ni la “verdad” revelada.

La primera fase la constituyó la toma de las plazas públicas en diecisiete ciudades. A la fecha el periplo alcanza treinta ciudades con la coreada consigna “yo vine por que quise. A mí no me pagaron”. Zipaquirá se constituyó en revelación y acogida a la propuesta estratégica. Programadores digitales explican que tomado el plano de la plaza pública y sobre los videos plasmados en ellos, se obtiene una lectura de asistentes por metro cuadrado lo cual registra cifras de millones de asistentes a las convocatorias del caudillo popular Gustavo Petro U.

Las dificultades han aflorado. En Cúcuta la burocracia municipal de derecha impidió el evento y se atentó contra el caudillo; más sin embargo lograron tres concentraciones que superaron las cifras de participantes. En Turbo, Chigorodó y Buenaventura no se logró concentraciones por razones de seguridad al candidato. La concentración petrista en Montería, encono del sentimiento terrateniente contra el trabajador agropecuario, callo lo altisonante del experimento paramilitar, a solo dos kilómetros de los feudos del Ubérrimo. El cierre de esta estrategia victoriosa de campaña culminará con la toma de las plazas públicas de cuatro ciudades: Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, DC.

Cabe razonar sobre la estrategia para el aumento de votos sobre la premisa que, de los votos obtenidos por la consulta del 11 de marzo próximo pasado, la fórmula de obtención de 3X3, o sea, tres votos por cada voto obtenido, implique el triunfo del caudillo popular en la primera vuelta. El aspecto fundamental de esta base o supuesto apunta a que el fenómeno Petro encause la abstención consiente imperante en el electorado colombiano. Con el ítem que más que trabajo organizativo obedece a un factor de convicción subjetiva de esa franja del electorado.

LA MAYOR PREOCUPACIÓN: QUE NOS MATEN LA ESPERANZA

En cuanto a los riesgos, ellos no son subestimados. La opción de un atentado al caudillo popular se ha ventilado nacional e internacionalmente. Priman sobre la denuncia al régimen electoral imperante que no da garantía de imparcialidad. De allí que la estrategia Petro Presidente, apunte al triunfo en la primera vuelta, con el entendido que ello minimiza la posibilidad del atentado. Una segunda vuelta para la opción del triunfo del caudillo no cabe dentro del universo de la estrategia analizada; genera las condiciones para el atentado contra su vida a fuer de considerar la materialización del fraude electoral en su contra, de cuyas prácticas está plagada la historia electoral de Colombia.

CONCLUSIÓN. La opción del triunfo del caudillo popular está jugada en la primera vuelta. No se concibe segunda vuelta; como tampoco existe un Plan B, para el movimiento socialdemócrata-liberal, progresista y revolucionario colombiano. Si triunfare la fórmula del bloque de poder oligárquico en cabeza de Duque y Vargas Lleras el efecto sería un golpe de mani militare, que sepultaría el fin del conflicto armado interno en Colombia y continuaría el reino de la horrible noche sin construcción de paz y contra la dirigencia popular, sindical y política en Colombia.

 

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En el Catatumbo E.L.N contra E.P.L: ¿zidres o zonas de reserva campesina?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El 15 de marzo del corriente año de 2018 se desplegó en la prensa regional y nacional el insuceso, cual desafortunado evento, de enfrentamientos entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N) y reductos del antaño desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL) cuyo Frente Libardo Mora Toro (LIMOTO), continuó en armas, como disidencia, luego que la mayoría de esa guerrilla optó por la desmovilización en el año de 1991. Los registros señalaron enfrentamientos en el Alto Catatumbo de la Provincia de Ocaña y el Medio Catatumbo (El Tarra), con un saldo de más de quince jóvenes guerrilleros muertos y desplazamientos de campesinos que han afectado a veinte mil habitantes del agro, conforme alarma de las Naciones Unidas.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN PLANTEADA

Partiendo del presupuesto de la existencia de una fuerza insurgente nacional con status de beligerancia a la luz del Derecho Internacional(DI), el E.L.N y la situación particular de una organización armada local, en ejercicio de la guerra de guerrillas, que se reivindica como vanguardia popular con idearios políticos y no admitida como tal por la contraparte gubernamental y satanizada por los medios de comunicación y la difusión de la inteligencia militar; encontramos, en principio, que ambas expresiones armadas enfilan contra el Establecimiento, cuentan con base social conforme al escenario en que se mueven, articulan presuntamente con mandos unificados y una más que otra con notoriedades y caracterizaciones que hacen llegar a las masas, en un desenvolvimiento de continuidad y permanencia en un territorio determinado.

Sin extendernos en el antecedente histórico, los muchachos del ejército popular de liberación continuaron actuando en el departamento de Norte de Santander y Sur del Cesar. Las antiguas Farc-ep, quisieron copar los territorios del desmovilizado antiguo E.P.L, persiguiéndoles; por lo cual se enmontaron en nichos de las profundas selvas del Alto Catatumbo subsistiendo de una base política campesina trabajada desde el año de 1970, cuando el EPL hizo presencia en esas zonas, incluso con anterioridad a las Farc-ep. Para el año de 1972 el Partido Comunista Marxista- Leninista (M-L), irrumpió, clandestinamente, con el trabajo campesino en la Provincia de Ocaña y El Catatumbo y en las zonas de explotación petrolera y con ello se conformó el Frente Libardo Mora Toro (LIMOTO). Son 48 años de existencia en bases de familias rojas tradicionales y clandestinas en esa región. Por su presencia y peso histórico, esos reductos del antiguo E.P.L, recibieron la ayuda y colaboración del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N). Entre la “gente” se conocían como “los primos”, caracterizado por un trato mancomunado durante décadas en una profilaxis de evitar su lumpenización.

Pese a la horrible noche del paramilitarismo en el Norte de Santander, los reductos del E.P.L, no fueron extinguidos. Es más, se fortalecieron económicamente resultado de las fallidas guerras contra el narcotráfico del Imperio y las castas militares colombianas. Hizo carrera la denominación del embajador de U.S.A Tamps, de las “narco-guerrillas”, igualándolas a los carteles de la droga. Las güerillas sostienen y sustentan que el recurso del narcotráfico es un accionar más delincuencial contra las estructuras del Estado que combaten. Así como violan todas las normas el código penal colombiano y la constitución política lo hacen con el delito de obtención de recursos económicos, para subsistencia, con el tráfico de la coca y sus derivados. Esa relación de causalidad es la que ha predominado para que la figura de conexidad con el delito político de la Insurgencia o rebelión tenga cabida tanto en el trato gubernamental como en la aceptación de la comunidad internacional.

Ahora bien, en el caso de la disidencia del EPL en el Catatumbo el recurso del narcotráfico tomó proporciones inéditas, anecdóticas y especiales. Cabe mencionar el caso del campesino Víctor Ramón Navarro Serrano, oriundo de San Calixto, que conocía esas selvas como la palma de su mano, caracterizado por vigorosa conformación atlética juvenil y despejado de mente, que llegó a construir un verdadero emporio financiero y que al estilo de Robin Hood asistía a la empobrecida población catatumbera y de la Provincia de Ocaña, con prestamos desde 50 millones a 150 millones de pesos, sin asomo de “cuenta gotas” prestamistas. A su muerte- que en realidad de verdad merece un recuento novelesco aparte- la Fiscalía General de la Nación se vio en incapacidad material e imposibilitada de judicializar al menos 1.500 comerciantes beneficiados con “prestamos” millonarios de ese fenómeno propio de la degradación del conflicto armado, llamado Megateo, cuyo alias él no lo creo, sino que fue invento de la contrainteligencia militar, pues no sabían ni cómo se llamaba.

La verdad sea dicha, durante décadas las fuerzas insurgentes (guerrillas) como las organizaciones armadas criminales dedicadas al narcotráfico han convivido. A ello agregaron la multiplicación de redes de contrabando, en afectación a la vecina República Bolivariana de Venezuela, en la estrategia de la guerra económica declarada en su contra por el Imperio. Aunado a ello la modalidad del tráfico del “pategrillo” producido por crudo robado del tubo u oleoducto y en forma rudimentaria – de total afectación al medio ambiente- utilizado como combustible para el procesamiento de la pasta de cocaína. Sin ningún animus jocandis, todas sin excepción, las acciones que registran los medios de información, conforme a los comunicados oficiales, de caracterizados talantes unilaterales de las oficinas del ejército nacional, que son las únicas fuentes con las que los “diligentes” periodistas se nutren, corresponden a “bienes” de las guerrillas y ninguna, casi sin excepción, a sus aliados paramilitares. Tamaño desafío que corresponde a la búsqueda de la Verdad Histórica.

Sin lugar a equívocos, tanto la disidencia del EPL en el Catatumbo como las fuerzas combatientes del E.L.N, han acordado convivencia territorial por décadas. De igual manera lo han logrado, por solidos acuerdos “de palabra de galleros” en relación con el manejo de ingresos económicos provenientes del negocio del narcotráfico. La Insurgencia colombiana ha demostrado que la utilización de este recurso es transitoria y obedece a circunstancias particulares y especiales. ¡Es un negocio creación propio del sistema capitalista, que, por principio, combaten!

Así planteado, nuestra tesitura parte que los enfrentamientos entre las facciones o disidencias con el nombre de EPL y las fuerzas elenas, no es en modo alguno por el negocio del narcotráfico. Las causas son de fondo entrañablemente políticas, como intentaré demostrarlo a continuación.

Visoro, con la óptica del errado análisis, las declaraciones de un Académico de Historia de la ciudad de Ocaña, quien, mojando tinta ante los medios nacionales, repite cual lora envinada, que los enfrentamientos entre el eln y el epl son causados por ese negociado. Aludo a ello pues es hora de que las Academias de Historia de Colombia asuman el reto de su papel objetivo ante La Comisión de la Verdad. Que dejen la actitud del avestruz, ante tamaño desafío y papel que les corresponde.

EL CONFLICTIVO ESCENARIO DE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA (ZRC), LAS COMUNIDADES MOTILÓN-BARI Y LAS ZONAS DE DESARROLLO RURAL ECONOMICO Y SOCIAL (ZIDRES)

Las llamadas Zonas de Reserva Campesina(ZRC) tiene origen legal, surgiendo a partir de la Ley 160 de 1994 y Decreto 1797 de 1996. En el año de 2009 surge una propuesta concreta de creación de una ZRC en el campamento de refugio humanitario de campesinos desplazados en el corregimiento Fronteras del municipio de Teorama, contemplando territorios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. El interlocutor ante el gobierno nacional lo fue la Asociación Campesina del Catatumbo- ASCAMCAT, bajo las condiciones dadas de constituirse en terrenos baldíos, con población campesina que labore en la agricultura y las zonas tengan condiciones agrologicas destacables. La propuesta abarcaba una extensión de 354 mil hectáreas, en unas 326 veredas y en un principio incluyendo territorios ancestrales de las comunidades del resguardo indígena Motilón-Barí. Una primera audiencia pública de constitución de la ZRC se dio en el año 2012, bajo compromisos incumplidos del gobierno nacional de implementación de políticas públicas. La comunidad indígena Motilón- Barí se opuso a que dentro de sus territorios se implementare las ZRC e interpuso en el año de 2014 una acción de tutela, argumentando que sobre las márgenes derecha del río Catatumbo se encuentran lugares sagrados de su cultura ancestral. Los Barí tienen dos resguardos, que lo habitan 25 comunidades del pueblo Bari, que los traslapan: Caricachaboquira, con 13.300 hectáreas y el Motilón Barí con 108 mil hectáreas. En la ampliación de esos territorios, en la actualidad viven unos 30 mil campesinos de origen colonos. En desarrollo de la situación acontece que, a través de una constituyente regional, en ejercicio de democracia directa, realizada en el municipio de Tibú durante los días 5 y 6 de diciembre de 2014, se declaró por mandato popular de hecho, liderada por la ASCAMCAT, la Zona de Reserva campesina del Catatumbo para hacerse reconocer así no existiere una base jurídica. Ello trajo consigo el rompimiento de relaciones del gobierno nacional con ASCAMCAT, debido también al fracaso en la Mesa de Interlocución del Catatumbo-MIA. No obstante conocedores de la tutela interpuesta por la comunidad Motiló-Barí los dirigentes campesinos aseguraron estar dispuestos a respetar esos territorios en conflicto mediante el ejercicio de un dialogo permanente conforme al margen de territorio solicitado por los aborígenes y que interfiere con la ZRC y a manera de declaración política consagraron que al declarar la Zona de reserva campesina en ese territorio “no es para convertirlo en una cantera de energía para las multinacionales sino que se propone la viabilidad para sustituir los cultivos de uso ilícito y que se retome la región nuevamente como una despensa agrícola para el nororiente colombiano”. No obstante representar para los campesinos un aseguramiento de la propiedad de la tierra, usufructo y promoción de la economía campesina, hay quienes se oponen a ella. Ante ese panorama corre paralelo el infatigable trabajo del senador campesino Alberto Castilla por dotar al campesinado de personería como sujeto de derechos.

El 9 de agosto de 2017, la Corte Constitucional en sentencia declaró prospera la tutela interpuesta por la comunidad Motilón-Bari e indispensable el consenso de los Motilón-Barí, sobre ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos.

No obstante, las tensiones continuaron. La comunidad Barí ha tomado acciones de restricción de ingreso a sus territorios, en un empoderamiento de autonomía so pretexto de las acciones de conservación que en esas zonas adelantan. Determinan una extensión de resguardos de unas 200 mil hectáreas. El cronograma de demarcación como hoja de ruta trazada por la sentencia de la Corte ha sido objeto de interpretaciones contrarias en la práctica, generándose lo que se ha dado en llamar zonas grises por la situación de limbo en que han quedado los campesinos que colonizaron desde hace décadas los territorios indígenas y que pasarían a ellos una vez redelimiten los resguardos. Se estima directamente afectados a unos 10 mil campesinos. A ello se suma intereses de grupos económicos de procedencia non sancta que acechan cual aves de rapiña, so pretexto de aplicar el sistema de las zonas de las Zidres, es decir, las Zonas de Desarrollo Rural Económico y Social, a las que el exministro Cristo denominó “las zonas francas para el agro”. Enfocan a la utilización de los baldíos a intereses mega particulares de inversión y desmontan la prohibición de acumulación de baldíos, en momentos en que, como respuesta a lo alternativo, se plantea la intervención a los grandes latifundios improductivos en el ejercicio del principio de tierra para el campesino que la trabaje, así como la función social de la propiedad privada, que es letra muerta en la Constitución de 1991 y anulación del latifundio improductivo y/o de ganadería extensiva y depredadora en el agro colombiano. La respuesta ha sido la organización de LA GUARDIA CAMPESINA DEL CATATUMBO como mecanismo de auto protección colectiva que busca la defensa de los derechos de los campesinos…

LOS MOTILON-BARI OPTAN POR EXPULSAR DE SUS TERRITORIOS AL E.L.N.

El diario La Opinión registra, a 8 de febrero de 2018 que los Motilón – Bari, en la región de Río de Oro expulsaron de su territorio a cuatro colonos particulares junto con sus familias. Siendo una región de dominio territorial del E.L.N dado en proteger a sus habitantes, les confiscaron sus propiedades. La lucha de los Motilón-Bari por recuperar sus tierras no son de ahora. Las calles de Cúcuta han sido escenarios de desfiles de indígenas con atuendos y flechas difundiendo tal situación. Argumentan que todo aquel que no tenga escrituras registradas deben salir por ser tierras sagradas para ellos. Estos propietarios no representan ni el 5% de los colonos en posesión de esas tierras. Les han dado un plazo hasta el 12 de mayo de 2018 para que desalojen tan extensos territorios, donde están incluidas las comunidades Brunbucanina, Ochabuda, Suerera, y Asacharinocavra, jurisdicción de Teorama…También en la vereda Batroctora, Carbaringcavra y Saphadana, en el municipio de Convención. Igualmente, en El Carmen, Iguiacarora y Ayautina.

La reacción indígena obedece a que en hechos registrados el pasado 20 de enero a las 2.30 pm, cuando navegaba sobre el Río de Oro un cacique de la comunidad Bokshi resultó gravemente herido al recibir disparos de fusil junto con otros seis acompañantes, que fueron asesinados. Centenares de familias se encuentran en ese nudo de tensión entre la población Barí y los colonos que habitan en Saphadana, Convención y hoy se encuentran en un refugio humanitario en Caño Tomas (Teorama). Como resultado de esas tensiones han comenzado a actuar los grupos armados ilegales. Sobre el presupuesto que el EPL argumenta que los indígenas fueron atacados por fuerzas del ELN, comenzaron los enfrentamientos entre ambos bandos el 15 de febrero, siendo escenario de enfrentamientos en Convención, San Calixto y Hacarí, con bajas entre ambos bandos y heridos en la población civil.

SOBRE LA LLAMADA JUSTICIA PARALELA INDIGENA

En las últimas décadas, y como resultado del conflicto armado interno en el país, las comunidades indígenas han asumido una estrategia de defensa para protegerse de quienes tenían las armas. El mandato a ellos conferidos por la Constitución política de Colombia 1991, bajo el acápite Del régimen especial, artículos 329 a 330 y su parágrafo, les ha dado una caracterización de empoderamiento. Las guardias indígenas se han fortalecido y con ello sus autoridades expuestas a mayor riesgo. Actúan como destinatarios de una justicia paralela, capturando a militares y guerrilleros y juzgándolos. Buscando consolidar el control territorial y la gobernabilidad ancestral, purgan cualquier forma de organización o asociación delictiva en sus jurisdicciones. La forma piloto de actuación lo han consolidado los indígenas nasa en el sur del país. De allí lo han hecho extensivo a regiones como el Catatumbo. El vehículo instrumental y organizativo lo constituye la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), de peso político. En el caso de las aspiraciones de las autoridades de las comunidades Motilón- Bari, expresan seguimiento, apoyo al proceso de sus luchas a quienes identifican como “pueblo” indígena. Resaltan acciones como las del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que impartiendo justicia condenaron a más de 20 años de prisión a un grupo de hombres por ellos juzgados. Las penas las purgan en cárceles estatales. El vocero del CRIC manifestó que los condenaban por pertenecer a grupos ilegales; es decir, contra el Establecimiento estatal. Constituyó un hito de carácter nacional el célebre juicio entre los indígenas durante la guerra contra las far-ep. Capturaron, desramaron y juzgaron a sus miembros. Dispusieron la quema de las armas. Materialización efectiva de la fusión de dos justicias. Ante un estado de derecho fallido en Colombia, se ha constituido la justicia indígena como un factor paraestatal. La permanencia de un conflicto armado interno en el país por la existencia al menos de dos fuerzas insurgentes activas ha significado la asimilación de la tal llamada justicia indígena como un factor de contrainsurgencia estatal.

Son varios los casos en que la Guardia Indígena actúa contra miembros del ejército, desalojándolos. El último caso se dio en La Vega, Cauca, en que 30 soldados tuvieron que dormir en una cancha de básquet, pues la Guardia Indígena los sacó de los sembrados de coca que pensaban erradicar sin haberlo pactado previamente. Hechos que se suceden sin ninguna connotación aparente. La pasividad manifiesta no obedece a una voluntad de respeto a los “pueblos” indígenas por parte del ejército nacional. Se otorgan pasividad pues la recompensa redunde en réditos al no enfrentarse, fortaleciéndose las Guardias Indígenas, paralelo al riesgo que corren sus autoridades. Ese es el escenario creado como política o contrainsurgente militar en el Catatumbo, al enfrentar a las comunidades indígenas con las guerrillas insurgentes. Durante los enfrentamientos entre las facciones del ELN y el EPL no han hecho presencia. Una conducta de omisión al igual que sucedió con los crímenes de lesa humanidad ante los ataques de los paramilitares contra la población civil.

Sobre el entendido que los alzados en armas luchan contra todas las formas de manifestación estatal al que buscan derrocar, explicable que el conflicto armado interno en Colombia tome el derrotero del enfrentamiento de las insurgencias contra la llamada justicia paralela y paraestatal indígena.

De manera que al abordar la problemática álgida en el Catatumbo corresponde concluir que el análisis amerita catalogar la situación del enfrentamiento entre las facciones del ELN y el EPL como resultado de contradicciones en el seno del pueblo y por ende la búsqueda de su solución en ello debe inspirarse y no resultado del manido manejo de lucha por el poder económico del narcotráfico.

Entendible que habrá mucha más tela que cortar en la medida que para los analistas se presenten mayores elementos para abarcar la problemática de la guerra en el Catatumbo.

 

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La cantante y sonante afirmación del fraude electoral presidencial en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El domingo 11 de marzo de 2018, se dispuso en Colombia para elegir la conformación del Congreso Nacional (Cámara de Representantes y Senado) y definida legalmente un ejercicio de democracia de una consulta para escoger candidato presidencial por dos partidos de inscripción electoral: una representada para escoger candidato presidencial de la derecha en la que competían tres aspirantes y otra para escoger el candidato presidencial de un sector progresista y de izquierda con dos aspirantes. Dos eventos de hondo calado para la suerte y vida política del país. Me dedicaré a conceptuar sobre la llamada consulta pública para que el elector colombiano escogiera sobre cuál sería el candidato a la presidencia de la República, bien fuere por la izquierda o por la derecha.

En horas de la mañana, en plena competición y desarrollo de las elecciones, se alteró la tranquilidad, se produjo ruido y desorden, generándose confusión por grupos cada vez más grandes de personas que hacían fila para votar, gritando a su vez que querían votar, que les dieran los tarjetones para decidir por quién votar, con relación a la escogencia del candidato presidencial de preferencia. Hablaban, gritaban y se movían exigiendo a los jurados de las mesas de votación que les dieran los tarjetones para escoger pues querían votar, en particular, por el candidato de la derecha, recibiendo como respuesta que se habían agotado los tarjetones, precisamente de la lista de la derecha. Esta situación se dio en varios puntos de concentración o centros de votaciones en la zona Norte del Distrito Capital Bogotá. En la odiosa distribución territorial por la inequidad reinante, el sector Norte de Bogotá, es clasificado como de estrato 4, 5 y 6, de las clases adineradas y sectores de la clase media arribista. El sector sur, occidental y cerros sur orientales corresponde a los estratos de miseria 0, 1, 2, 3, aglutinando a la Bogotá del “tercer mundo”. Pronto fue noticia nacional que, en otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, en varios centros de votación, se presentaba la misma u otra situación. El Registrador Nacional del Estado Civil, encargado de la logística, producción, distribución de tarjetones y material electoral ordenó que se supliera esa falta de tarjetones reproduciéndolos-sobre la marcha- mediante fotocopias. Se le entregara la fotocopia al elector que lo solicitara y que en el anverso de la fotocopia llevara la firma del jurado de dicha mesa. Así con esa medida perrata (expresión del Caribe colombiano de cualidad negativa que tiene o se le ocurre a cualquier persona) del funcionario público, toda la comunidad fue agraviada, ofendida. Con las declaraciones de ese funcionario se entronizó la infamia y resumió el oprobio que pesa sobre la dignidad del electorado colombiano. Ni la Tecnología de Punta CI3E, a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, bajo la protección del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, trabajando en forma coordinada con 15 agencias del Estado colombiano para la protección de datos, archivos y material electoral, evitó la catástrofe de orden público nacional registrada. ¿Será posible superar ese oprobio de tantos más que se dan contra el pueblo colombiano?

Personalmente me correspondió sufragar en una de esas mesas donde faltaba el Tarjetón del candidato de la derecha. Al ver el montón de “tarjetones” burdos, toscos, mal impresos, casi ilegibles y con imágenes y nombres borrosos, exigí explicación y la del Jurado dijo: – “están firmados por mí”, con tan buena suerte que ese precisamente no tenía firma y en el acto plasmó su garabato o rayón. Le repliqué: – “! Se da cuenta. ¿Quién la ungió de autoridad para crear ese documento público de tanta importancia?”. Ya en el cubículo tardé en votar. Estaba indignado, por asistir a un Estado fallido, hasta en lo electoral.

LAS IMPLICACIONES DE LA FALTA DE TARJETONES

Se puede ventilar serie de argumentaciones de tipo legal y de tipo político. Valga desde ya he de aclarar, que, dada la naturaleza de esa consulta por escogencia de candidato presidencial, por más ilegitima que resulte, de por sí constituye un hecho político de relevancia para la derecha. Se dan tipificaciones de carácter penal, obvio; pero también derrotero y análisis de tipo político.

SITUACIONES PENALES

La Ley 599 de 2000 y Ley 184 de 2017, reseña los mecanismos de participación democrática electoral. El tipo penal se da al violarse el artículo 385, sobre perturbación del certamen electoral (democrático). Artículo 387, sobre constreñimiento al ciudadano al impedirle el libre ejercicio al derecho al sufragio. Artículo 387, el fraude al sufragante al darse la maniobra engañosa con votación parcializada, al momento de la elección, al candidato de derecha, en relación con de la contraparte de izquierda. Está dirigida la votación en “determinado sentido”. Artículo 393. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. Artículo 394. Alteración de resultados. “El que…o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión…”.

De otro lado se puede accionar en lo contencioso administrativo y tardarán cuatro años en resolverlo.

Los sujetos activos de este delito electoral, va desde la responsabilidad directa del Registrador Nacional del Estado Civil- Juan Carlos Galindo Vácha- hasta los Jurados de las mesas implicadas. Entre las mínimo treinta y dos formas de delinquir electoralmente en el espurio sistema electoral colombiano, está la designación, por tráfico de influencias, de Jurados y si no logran instalar sus fichas, acuden al mercadeo cual géneros vendibles en dinero. Y quienes firmaron “El Acta” entre el Registrador del Estado Civil y los delegados de los partidos, previendo que en caso de faltar material electoral se podría fotocopiar, pues decir que es a todas luces un documento espurio, sin garantía de fecha cierta anterior a las elecciones, sobre todo, monumental asociación para delinquir.

LOS EFECTOS POLITICOS

Sintomático que se diera esa situación de falta de tarjetones del aspirante presidencial de la derecha, en el Sector Norte de Bogotá. Se constituyó en verdadero proselitismo en pleno escenario de votación. El mensaje subliminal se cumplió, causó efecto y rompió las reglas del ejercicio democrático. Dejó al descubierto ante el mundo lo falsario del sistema electoral colombiano. Coloca en desventaja al candidato de la izquierda en relación con la primera vuelta. Consolida al Bloque de Poder Oligárquico en el que se incluyen los candidatos Iván Duque, Sergio Fajardo, De la Calle, Vargas Lleras. Todos aliados del Imperio y enfocados contra la República Bolivariana de Venezuela.

CASOS PUNTUALES DE SITUACIONES IRREGULARES EN LAS ELECCIONES DEL 11 DE MARZO 2018

1.- Denuncia Nacional e Internacional.

KEVIN CASAS ZAMORA- costarricense- Vocero Delegado de la OEA como Observador Internacional a las elecciones al Congreso (Senado y Cámara de Representantes) del 11 de marzo de 2018 en Colombia, y consulta electoral para candidatos presidenciales de izquierda y de derecha, es un compañero de curso en Oxford, del innombrable ex presidente colombiano con interés en imponer al candidato de la derecha a presidencia de la República. Generó escándalo mayúsculo en Costa Rica cuando el Referéndum en torno a firmar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y USA. Siendo vicepresidente durante el mandato de Oscar Arias, junto con el Diputado Fernando Sánchez, suscribió un Memorándum dirigido al presidente Oscas Arias Sánchez, de la rancia oligarquía cipaya costarricense. Se conoce cómo el Memorándum del Miedo; impulsando una estrategia del miedo en el electorado costarricense mediante una circular que logró filtrarse y hacerse pública, en la cual disponía que la única manera de lograr el triunfo del SÍ al TLC era infundiendo miedo al electorado; propagando mentiras sobre la tragedia y desgracias cernida sobre los y las costarricenses, que significaría un triunfo del NO contra el TLC y con el “coco” del rompimiento de relaciones con EEUU y la pérdida de empleos, etc. También con el ofrecimiento de dadivas salariales al mínimo y escogiendo las compañías norteamericanas, mayoritariamente asentadas en Costa Rica, sobre el prurito de perder el empleo si votaban por el No al Referéndum por el TLC. En efecto triunfó el SÍ con un 1% de diferencia con los del NO.

Sin autoridad moral es un exponente de la pos verdad. Esas denuncias contra Kevin Casas fueron de conocimiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), organismo de la OEA y le costaron el cargo a Kevin Casas Zamora.

Sorprende que hoy sea el delegado emblemático de Almagro en Colombia, para “supervisar” el desarrollo de unas elecciones regidas por un sistema electoral corrupto y que no permitió la implementación de una Reforma Electoral de Fondo, para las actuales elecciones de 2018. Kevin Casas representa los intereses de la CIA, los de los gobiernos neoliberales asentados en la OEA. Su iniciativa macabra constituyó inspiración intelectual para la campaña mentirosa, falsaria y espuria del NO en el plebiscitó contra el fin del conflicto armado interno con las Farc-ep.

La presencia de Kevin Casas Zamora, en Bogotá, obedeció a todo un despliegue publicitario y paralelo presentando las elecciones de 2018 coma las más pacificas en un país tan polarizado; apropiándose de un ambiente auspiciado por la OEA, a la cabeza de Almagro, y la difusión por la dictadura mediática imperante en Colombia, de estar dadas las condiciones para que en el mes de abril, es decir, antes de las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 2018, reñidas y competidas, el presidente Trump visite a Colombia y a verificar el funcionamiento de sus bases militares instaladas en la segunda patria de Bolívar. Esa visita anunciada no es más que la desestabilización para Venezuela y Colombia. Significa la consolidación del fraude electoral en términos prácticos, ante unas elecciones presidenciales reñidas y competidas. Nada mas inconveniente para la convivencia colombiana que la anunciada visita de Trump; que pudiere generar un rechazo de masas populares a semejanza del rechazo que inspiró la visita de David Rockefeller en 1968.

2.- EL VIDEO VIRAL de la entrega de dinero, en un Coliseo, luego de una reunión política de aspirantes al Senado y Cámara en la que se ve y escucha la promesa venal y que hay más dinero para la próxima reunión. El hecho ocurrió al cierre de la campaña electoral, es decir, una semana antes de los comicios, en un Barrio del Municipio de Tumaco, Nariño. Tan notoria situación no fue ventilada por el flamante delegado de la OEA, de Almagro. Ni mu.

3.- VALIENTE DENUNCIA EN CARTAGENA. En vídeo que circula prolíficamente, una activista popular anónima, se dio a la tarea de escarbar durante las horas de la noche del domingo 11 de marzo de 2018, la basura que acumulaban del Centro de Votaciones en Cartagena de Indias. Abriendo las bolsas de basura encontró que cientos de tarjetones marcados durante la Consulta Electoral a favor del candidato Gustavo Petro Urrego estaban rotos y arrojados. Cuidadosamente recogió todo ese material electoral que había sido marcado por los electores y lo llevó a su residencia. Todos tarjetones rasgados con la marca de selección de Petro. Además, tarjetones para mercar al Senado. La diligente activista encontró en medio de los tarjetones marcados a favor del candidato Petro, al menos la identificación de dos Mesas y actas de los jurados de esas mesas. Esto causa asombro, extrañeza, sorpresa. Es Inadmisible e inaceptable. Que tome nota el mundo de la verdadera situación de terror y de corrupción que asola al país. La comunidad internacional debe rodear de seguridad la integridad física personal, de esa activista, de su familiares y vecinos del y barrio popular donde vive. Que no la toque el Terrorismo de Estado, contrainsurgente y paramilitar imperante en Colombia. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, asuma gestiones oficiosas por decretarle medidas preventivas a su favor. Ya Basta. ¡Ni un líder social ni activista más asesinado en Colombia!

 

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Carlos Meneses: Un Estado fallido también en lo electoral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

 

El Concejo Político Nacional del partido Farc- Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-decidió suspender temporalmente su participación electoral. El motivo: las manifestaciones de hostigamiento orquestadas por la derecha militarista, en varias ciudades del país, contra la presencia de su candidato a la presidencia de la república Rodrigo Londoño: Timochenko.

No han sido manifestaciones espontaneas sino de acciones coordinadas por aspirantes a una que otra corporación pública del partido Centro Democrático (CD), acolitados por radio comunicadores, empresarios, militares en retiro, con el uso de las redes sociales, alimentando emociones, incitando al odio, buscando como resultado que la participación en política no se dé y el poder competir en el proselitismo político legal, de cara al debate electoral por el que se transita , se convierta en un imposible para los del partido FARC; además de buscar entronizar una ola de reacciones atentatorias contra la integridad física del candidato y aislarlo del medio del ejercicio político que es su vínculo con las masas. Excitan vivamente una ola de odio contra cualquier manifestación proveniente de la antigua guerrilla de las Farc-ep; también pretenden con esas conductas o manifestaciones anular el predominio ascendente de los líderes del partido Farc y de contera afectar su torrente proselitista; afectar e intimidar a sus seguidores, bajo el signo de la amenaza y la aversión a ellos (“al otro”). Buscan lacrar, ultrajar, ofender, bajo preconcepciones y prejuicios sociales, artera y malintencionadamente conocidos por la difusión de un estereotipo alimentado por la dictadura mediática, consistente en definir en el colectivo una imagen estructurada y concebida en forma alienante, de deshumanizar la figura e imagen del contradictor político; no tanto para desconocerla, como para destruirla y buscar su eliminación física. Ello además de traer como resultado la aversión, como sentimiento de odio y de rechazo hacia los lideres, partidarios y seguidores del partido Farc, materializan la violación de sus derechos humanos.

SE TRATA DEL DESCONOCIMIENTO Y RECHAZO AL FIN DEL CONFLICTO ARMADO CON LAS FARC-ep

La existencia de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reviste el carácter de institucionalidad. No se puede mencionar o hablar de impunidad al existir una forma de justicia transicional para juzgar los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de los miembros de la insurgencia fariana, los agentes de las fuerzas armadas del Estado y los particulares incursos, con motivo del conflicto, en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Voces de dirigentes, partidos, movimientos, se constituyen en disidentes del sistema imperante en Colombia al desconocer la existencia de la JEP y el funcionamiento del Tribunal para la Paz, que es el instrumento idóneo para juzgar a todos los actores del conflicto armado citados. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución Política de Colombia y las leyes. Como desconocen la existencia de la JEP como juez natural; la derecha militarista se erige en juez y parte al pretender llevar a la calle, violando elementales derechos de participación electoral, el juicio contra los ex militantes de la insurgencia fariana y callando el juicio contra los instigadores del Terrorismo de Estado, la responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas del Estado colombiano y demás incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan causado y que corresponde definir, conocer y juzgar a los Magistrados del Tribunal para la paz, dentro del sistema de justicia transicional ya existente.

Esa justicia, en la forma parcial como ha venido funcionando, ha permitido la salida temporal de la cárcel a miembros de las fuerzas armadas estatales acusados de esos delitos. No así, miles de miembros de la antigua insurgencia continúan en las mazmorras de las cárceles colombianas. La dirigencia de las antiguas Farc-ep, han aceptado su sometimiento a esa justicia, pese a no estar en los Acuerdos de La Habana y a sus reformas por el resultado del Plebiscito, como requisito sine qua non para participar en política. Pero unilateralmente lo aceptaron en una más de las innumerables concesiones por las que han optado, que redunda en réditos de favorabilidad ante la opinión pública nacional y mundial. Así la mediática dictatorial enajene la mente de amplios sectores de la población nacional, pontificando dizque la sociedad nunca los va a aceptar, desconociendo que en cincuenta años de conflicto armado han estado en la forma más ínsita y natural arraigados en el seno de las masas populares que les apoyaron y apoyan hasta el final. Tal como lo afirmó el sabio campesino Manuel Marulanda Vélez: “los medios tienen una deudita con Colombia”.

Los justicieros de la derecha militarista deciden juzgar y castigar a los miembros del Partido Farc, en las calles, alterando el orden constitucional del respeto al contendor político electoral. No esperan a que el Juez natural les atribuya las culpas o delitos. Quienes tipifican e inculpan esos delitos son los Magistrados de la JEP, no los medios ni los falsos mesías y redentores, para que con esas confrontaciones piensen hacer justicia con su propia mano. Pero la indiferencia gubernamental y la del Estado colombiano raya en complicidad con el ejercicio de esa para institucionalidad. Se da un materializado Hostigamiento por razón de la ideología política. Hostigamiento definido por la Corte Constitucional y tipificado por la Ley 1482 de 2011 que castiga penalmente el hostigamiento por motivo de ideología política; así como también por motivo de raza, religión, opción sexual etc. Se materializa lo del Estado fallido en lo electoral en Colombia y como sucedería en cualquier sociedad civilizada en el mundo, el no permitir el ejercicio electoral a un contendor debidamente inscrito, sentaría el precedente de la suspensión de las elecciones de 2018.

¿GUARDA EL ORDEN Y EL ORDEN TE GUARDARÁ?

Pues esa máxima no aplica en condescendencia con el comportamiento y ajuste del Partido Farc a la institucionalidad. El Acuerdo de La Habana contemplaba, que una vez sucedida la desmovilización y la entrega de las armas, la insurgencia fariana se convertiría en un Movimiento o Partido político, para participar en la actividad política legal en Colombia, bajo el prolegómeno de la implementación de una Reforma Electoral de fondo en el sistema político colombiano. Esa indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Pese a no pasar esa implementación, los ex insurgentes férianos decidieron constituirse en partido político e inscribirlo como tal, en contravía a una posición cincuentenaria de lucha contra ese mismo sistema electoral corrupto imperante contra el que se opusieron. Hubieran podido optar por constituirse en movimiento político de oposición sin violar lo Acordado. El golpe político al sistema electoral colombiano hubiere sido significativo. No necesitaban tener, conforme a lo Acordado, personería política de partido para ocupar las diez curules ya definidas. Como movimiento político las hubieran podido usufructuar. Optaron por beneficiarse de las gabelas de un partido político inscrito. Respetable decisión que trae como consecuencia la defensa improrrogable de su participación en la contienda política electoral del 2018. Y como en política la determinante son los hechos, ante el desespero e irracionalidad de la derecha militarista, avale el Hostigamiento al partido Farc, como desprestigio ante el mundo el corrupto sistema electoral colombiano, con el estribillo que en unas justas electorales de legitimación valida aplique el “o todos o en el suelo o todos en la cama” y en tal sentido se revindique la ilegitimidad del festín electorero colombiano del 2018.

CUAL DEMOCRACIA DEL DERECHO AL VOTO

Al no darse la implementación de la Reforma Electoral, concebida no solo para la participación de la insurgencia en la política legal, como la participación del movimiento popular y el entorno participativo de la izquierda, incluida la izquierda revolucionaria no armada, en sus manifestaciones de masas; es dable considerar que el fenómeno de la abstención mantiene sus constantes.

La abstención en Colombia supedita a un amplio sector de la población en capacidad de votar que no reconoce el sistema electoral imperante y se aleja de sus realizaciones. Constituye una población molesta por la imposibilidad de verificar el contenido de una desinformación proporcionada por el poder de los medios de comunicación. Ponen a escoger entre los mismos “al menos malo”. A eso se denomina democratura neoliberal o democracia de baja intensidad. Impera la dedocracia mientras que los intereses del capital financiero parasitario, del sistema de corruptela generalizada y la desmedida invasión de inversionistas privados continúan haciendo su agosto.

Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. El sorprendente resultado del NO en el plebiscito sobre la paz en Colombia, a poner fin al conflicto armado interno, deja una secuela de enseñanzas.

Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospectos de efectividad o viabilidad. Aquí el CNE no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales.

El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Ofensivo, por ejemplo, que el Partido Centro Democrático, cohoneste vallas o pancartas en el que imponen a sus militantes que el candidato de esa colectividad a la presidencia será “El que diga Uribe”. ¡Físico caudillismo fascista y ninguna “autoridad” electoral, hasta el momento, ha tomado oficiosamente cartas en el asunto! Aberrante, que, por no contarse con un tribunal especializado en materia electoral, luego de cuatro años de investigación y dizque revisión de medio millón de documentos, el Consejo de Estado decide anular la elección de tres senadores que calentaron silla y siesta devengando del erario público millonadas, relevándolos para dar entrada a los fundamentalistas del partido Mira, de los megas iglesias cristianas de la multimillonaria María Luisa Piraquive. Odiosa oportunidad de revivir a un partido de derecha en desgracia y precisamente en época electoral, con sus cantaletas de sermones discriminatorios contra la igualdad de género, la escogencia de sexo y el comportamiento de libre ejercicio de la personalidad; opuesto a la laicidad, es decir al sistema que excluye a las mega iglesias internacionales del ejercicio del poder político o administrativo y de la organización de la enseñanza pública y privada. Los difusores de la noticia lo califican de una investigación de gran envergadura que encontró serias irregularidades en el sistema electoral colombiano, comenzando por los softwares usados para realizar los escrutinios. La pérdida y destrucción de formularios y material electoral. Inconsistencias en formularios en los que los datos deberían coincidir. La utilización de plumones que no eran de secado rápido, lo cual generó doble marcación al doblar el tarjetón. Total, incoherencia en la información de totalización de los votos de los jurados en las mesas, de datos consignados en los formularios E 14 y el formulario E 24, que contiene el conteo en las comisiones escrutadoras y el formulario E 26 que finalmente declaran o no la elección. Y pese a todas esas falencias las dieron por declaradas. Toda una repetitiva situación consuetudinaria durante cincuenta años de insurgencia armada, durante los cuales jamás se dio un boicot a esa forma de burla electorera a la voluntad popular. Durante ese lapso se han contabilizado 32 y más formas de fraude electoral aplicados. No es de hoy esa alta vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, ni que el menguado sistema informático con que cuenta el Estado colombiano sea la causa de esos males; cuando precisamente es el sistema del sufragio digital el medio idóneo para curar entuertos electorales. Resaltan las dificultades por la carencia de un juez especializado y eficiente electoral y en modo alguno la solución a tal desastre pueda ser la recomendación de tomar medidas de controles y precauciones, como lo dispone la vacua, por vacío y falta de contenido de fondo, de la tal sentencia del Consejo de Estado. Como oportunista y ofensiva la invitación de politiqueros en el sentido que el Partido Farc se retire de la contienda electoral. Se constituyen en verdaderos agresores cohonestando los delitos electorales.

DE OTRAS AGRESIONES

Corresponde registrar que además del hostigamiento contra el partido Farc las manifestaciones de la derecha militarista alistan contra el Partido Progresista. En momentos en que se organizaba un Foro minero con la participación del candidato presidencial Gustavo Petro, en la Jagua de Ibérico, en la sede de Sintramieneregética, elementos aún no identificados asaltaron las instalaciones y sustrajeron bienes y dineros de la organización sindical. Destacando a las organizaciones sindicales como poleas de transmisión del movimiento popular, al atentar contra la presencia del candidato Timochenko en la ciudad de Yumbo, también causaron destrozos a la sede del Sindicato Sutimac, donde iba a reunirse con grupo de sus seguidores. Esta violencia electoral antisindical es propiciada por la derecha militarista. Desde la firma de los Acuerdos de La Habana, de septiembre de 2016 hasta junio de 2017 fueron asesinados 82 defensores de derechos humanos y contra más de cincuenta habían atentado contra sus vidas. Hasta la fecha los delitos contra los defensores de los derechos humanos van en crecimiento, siendo los líderes sindicales, comunales, comunitarios, campesinos; así como recuperadores de tierras, defensores del medio ambiente y afrodescendientes los más afectados.

Sepa el mundo que es mejor decir que con estas elecciones no se está construyendo una Nueva Colombia.

 

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