Etiqueta: Colombia

Saludo al Foro Reforma a la Salud distrito capital FECODE

Escrito en 11/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Alirio Uribe Muñoz representante a la Cámara. Delegados de las organizaciones sociales de la Salud presentes.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) es una organización social de Abogados y Abogadas de países comprendidos desde Alaska hasta la Patagonia. Conforme a sus Estatutos es defensora del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos, con enfoque de Derecho Alternativo y antiimperialista. Funge como cuerpo consultivo ante las Naciones Unidas.

Como miembro de la AAJ Rama Colombia destaco el contenido jurídico y de técnica legislativa en el Proyecto de Ley de Reforma a la Salud. Propugno porque los trabajadores (as) de la Salud se definan como empleados públicos y trabajadores oficiales.

Que los recursos públicos de la Salud sean manejados directamente por la entidad oficial, proyectando que las actuales EPS sean reducidas a la mínima expresión.

Propongo que las organizaciones sociales del entorno Salud coparticipen en concepción mixta y de solidarismo económico, en ser parte de la prestación de servicios de Salud (IPS).

Proyecto que el Nuevo Sistema de Salud en Colombia contribuya, en conjunto con la Reforma Laboral, en el impulso del sindicalismo de la Salud hacia un sindicalismo de industria.

Resalto que las EPS manejan $20 billones de pesos de recursos públicos y el peligro del gusano de la corrupción acecha a inocularse en la conciencia de senadores y representantes si optaran por disponer esas EPS tan sólo de $1billon de esos pesos en reparto, para continuar con los beneficios antipopulares que hoy ostentan.

Es de resaltar que la corrupción oficial es contenible, controlable; mas la privada es incontenible e inconmensurable.

Como Juristas nacionales e internacionales apoyamos la reforma a la Salud que confronta a las mafias blancas y en el entendido que la Salud es un derecho fundamental que no tiene fronteras.

Presentación de Carlos Meneses Reyes a nombre de la AAJ.

Imagen: https://www.radionacional.co

Colombia hoy: vigencia del pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán

Escrito en 19/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“En Colombia hay dos países: el país político que se preocupa por las elecciones, las sinecuras burocráticas, los intereses económicos, los privilegios y las influencias… El país político y la oligarquía son la misma cosa…Y el país nacional, el pueblo que piensa en su trabajo, su salud, su cultura… Nosotros pertenecemos al país nacional, al pueblo de todos los partidos que luchan contra el país político, contra las oligarquías de todos los partidos.

JORGE ELIÉCER GAITÁN.

Hace tres cuartos de siglo, un viernes 9 de abril de 1948, a la una y cinco de la tarde, la oligarquía colombiana conservadora y liberal materializó la vía que había escogido de antemano para imponer su proyecto fascista al conjunto de la sociedad, por medio de la violencia y el exterminio colectivo de los sectores populares de filiación liberal gaitanista, asesinando al gran líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948), quien venía clamando por la paz, el establecimiento de una democracia directa y por el fin de la violencia conservadora, cuando salía de su oficina en la Carrera Séptima con la Avenida Jiménez de Quesada, en la ciudad de Bogotá, en plena IX Conferencia Panamericana, con la presencia del General George Marshall, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, que daría lugar a la fundación de la OEA, como un instrumento de la hegemonía estadounidense en la región, dando al traste con las esperanzas populares de justicia social, paz y democracia directa, originando una gran insurrección popular que hizo arder muchos edificios del centro histórico de la capital colombiana (donde fue aplastada rápidamente, de manera cruenta, con miles de muertos y heridos, por parte del ejército y de los sectores del lumpen afines al Partido Conservador y la reacción clerical) y en todo Colombia donde la prolongada resistencia dio lugar a un largo y sangriento conflicto armado, cuyas consecuencias se sienten todavía, sobre todo en la Colombia Rural del nuevo siglo, después de la firma de sucesivos acuerdos de paz, cuyo cumplimiento ha sido burlado reiteradamente por el establecimiento político, dando lugar a masacres contra los combatientes de la insurgencia desmovilizados, entre ellos más de tres mil dirigentes y militantes de la Unión Patriótica hacia fines de los ochenta y principios de los noventa.

En lo inmediato, y como consecuencia del propio Bogotazo, sucedió que: “El pueblo respondió al asesinato de Gaitán con un levantamiento espontáneo, conocido como el Bogotazo. La multitud se tomó la ciudad en una oleada de furia colectiva, y saqueó y destruyó todo lo que simbolizaba las estructuras de poder que la excluían y empobrecían. No fue tan solo el lumpen el que se insubordinó, sino también los obreros, los pequeños comerciantes y la clase media baja, a quienes el liberalismo había dado identidad política…En provincia, la reacción al magnicidio fue más organizada y duradera. En Barrancabermeja, Rafael Rangel encabezó una Junta Revolucionaria durante 14 días. Eliseo Velázquez en los Llanos y Hermógenes Vargas en el sur del Tolima organizaron grupos de resistencia armada, que endurecieron la represión conservadora. A lo largo de 1948, hubo más de 43 mil víctimas de violencia, y el teatro de la lucha política se trasladó a las áreas rurales. El populacho urbano fue políticamente neutralizado y el gaitanismo no sobrevivió a la muerte de su líder.”(Jenny Pearce Colombia dentro del laberinto Altamira Ediciones Bogotá 1992 página 64).

Los conservadores, una vez asesinado Gaitán pactaron con la oligarquía liberal e intensificaron la persecución al movimiento sindical, crearon sindicatos afines al catolicismo conservador como la UTC, especialmente en Antioquia, y a la patronal, junto con el capital financiero y los intereses estadounidenses restringieron las conquistas sociales alcanzadas por los sectores populares, durante las décadas de 1930 y l940, dando lugar a numerosos despidos y a una aparatosa caída de los salarios reales, mientras que “La represión golpeó duramente al movimiento sindical: bajo el estado de sitio en vigor, se prohibieron las huelgas y las reuniones políticas, Fueron arrestados muchos líderes sindicales y reemplazados por delegados gubernamentales. Las sedes de los sindicatos fueron ocupadas y se despidió a miles de trabajadores en los sectores público y privado. En un solo ingenio azucarero del Valle del Cauca, fueron despedidos 900 obreros” (ibidem).

En medio de la violencia, del terror y de la ruina que cundía entre los campesinos, obreros y medianos empresarios, los patronos más poderosos obtuvieron ganancias insospechadas, de manera que: “A lo largo del período de la violencia, el proceso de acumulación de capital fue tan grande que Alberto Lleras Camargo escribió que sangre y acumulación iban juntas. “La situación colombiana es la mejor que hemos conocido jamás”, declaró el presidente de la ANDI (Asociación de Industriales de Colombia), en 1949, año en el que murieron 18.500 personas. “Reina la paz social”, se leía en un informe del ministro de Trabajo en 1951, año en el que fueron asesinadas 10.300 personas…Para la burguesía urbana y particularmente par los industriales, la situación no podría haber sido mejor…En 1954, los salarios descendieron en un 14% con relación a sus niveles de 1947, a pesar de que el año de 1949 anunciaba un período de gran prosperidad, entre 1948 y 1953, la producción industrial aumentó en un 56%” (Pearce, ibid, p 69).

El asesinato del caudillo liberal fue una respuesta homicida al aglutinamiento de fuerzas sociales y políticas alrededor de la figura de Jorge Eliécer Gaitán, que se vino consolidando al promediar la década de 1940, en medio de una crisis interna del Partido Liberal que se movía entre el gaitanismo, de gran base popular y el aparato de los viejos líderes de la oligarquía liberal que se oponían a las necesarias transformaciones sociales destinadas a llevar a Colombia a la modernidad, todo esto terminó dividiendo a los liberales y abriendo las puertas a la inmensa tragedia que vino después.

Los conservadores, o godos reaccionarios que habían ganado las elecciones generales de 1946, llevando a su candidato Mariano Ospina a la presidencia de la república, como resultado de la mencionada división del Partido Liberal que fue a esas elecciones con dos candidatos (Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán), una vez instalados en la Casa de Nariño, emprendieron primero numerosas masacres de campesinos liberales gaitanistas en los departamentos del Eje Cafetero, en el Valle del Cauca, el Tolima, el macizo cundinoboyacense que comprende la mayor parte de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, los santanderes y en la región de los Llanos orientales asesinando, torturando, hiriendo, robando y obligando a la huida o al desplazamiento de miles de pobladores rurales, de cuyas tierras se apropiaban los grandes latifundistas, las que han venido cambiado de manos en sucesivos ciclos de violencia y nuevos desplazamientos de la población campesina, a lo largo de las ocho décadas transcurridas,

La muerte violenta y el terror acechaban a quienes se enfrentaban a las bandas paramilitares, de asesinos a sueldo, de la policía conservadora como fue el caso de los “chulavitas” o chulavos de Boyacá, los pájaros en el Valle del Cauca, los “aplanchadores” y otros grupos armados que sembraban el terror en aquellas comarcas o veredas donde se enraizaban el liberalismo y los afanes de justicia social entre los campesinos. El paramilitarismo de los latifundistas ganaderos del Magdalena Medio, el Urabá Antioqueño y otras regiones tanto del Pacífico como del Caribe ha hecho lo suyo, sembrando la muerte y el terror a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en las dos primeras décadas del presente.

El pensamiento de Gaitán está hoy más vigente que nunca, forma parte del ideario del Pacto Histórico y de las fuerzas que apoyan al actual presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, en su búsqueda de la paz total, la democracia directa, el cese de la corrupción y la violencia oligárquicas, la justicia social y la distribución de la riqueza, en especial las tierras cultivables. Por la regeneración moral, a la Carga con Gaitán… era la consigna de los valientes liberales gaitanistas de aquellos tiempos de lucha y coraje, incluso contra toda esperanza.

De la hegemonía a la contrainsurgencia

Escrito en 04/04/2023. Publicado en Análisis.

Por Carlos Meneses Reyes

La que se llamó hegemonía conservadora provino del férreo control estatal luego de los triunfos de la caverna durante las guerras civiles del siglo XIX y luego de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual imperó hasta que se produjo el triunfo a la presidencia del liberal Enrique Olaya Herrera en el año de 1930. Transcurrieron escasos 18 años en que hubo violencia partidaria (entre liberales y conservadores) hasta que Jorge Eliécer Gaitán perdió la aspiración presidencial, y retornó la hegemonía conservadora con Mariano Ospina Pérez. Continuó con el gobierno de Laureano Gómez y luego con la instalación en el poder del teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, que personificó una táctica oligárquica de alternancia en el poder al destituir a Laureano Gómez (“el monstruo”) quien seguía siendo el verdadero poder en el poder. Gómez, fogoso orador, expresó en el senado: “llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal(…) y haremos invivible la república”. Hoy se aplica en voceros del Centro Democrático. Laureano Gómez editorializaba en el periódico “El Siglo”, los púlpitos confesionarios reproducían la consigna y acto seguido sobrevenía el crimen aleve contra liberales, sindicalistas, socialistas, comunistas, protestantes, masones, etc. El ejercicio del poder político hegemónico conservador ha sido lo impositivo y violatorio de los derechos humanos y las libertades individuales. Con los resultados del contubernio del llamado Frente Nacional, que se extendió más de los 16 años inicialmente pactados y aún existen vestigios en el manejo del poder estatal. Desde los inicios de esa etapa bipartidista se agudizaron las contradicciones de la lucha de clases en Colombia y como resultado de la violencia política las guerrillas de autodefensas liberales se transformaron en las guerrillas comunistas, de las cuales surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, ejercito del pueblo. Las traicionadas “guerrillas liberales” se transformaron en “guerrillas comunistas” y como un tejido de los intereses imperiales, junto con la CIA y luego la DEA, se conformó la actual hegemonía oligárquica contrainsurgente, expresada en los partidos liberal y conservador, nuevo liberalismo, de la U, Cambio Radical, de Salvación Nacional, Dignidad, y variados grupos y sectas como el Centro Democrático, los Verdes, etc., hoy entronizados con la alcaldesa de Bogotá DC, que no oculta su posición militarista contrainsurgente, se viste de camuflado e invita a una salida no política sino militar del conflicto armado interno colombiano.

El emulo de Laureano Gómez en el siglo XXI es el expresidente Innombrable. Con el legado de sus dos gobiernos narco-paramilitares refundo “la horrible noche”, creando una secta -que no partido- denominada el Centro Democrático. Comparativamente, el innombrable resulta más sanguinario y eficaz que Pablo Escobar, Laureano Gómez y el peruano Fujimori juntos. No es ocasional la cita del Innombrable con Fujimori en la avanzada fascista latinoamericana.

Una concepción jurídica de alcance

Desarrollando la tesitura jurídica de la teoría de la con causalidad con el hecho punitivo, aplicada al asesinato de líderes y lideresas sociales, populares, comunales, sindicales, de negritudes, indios, excombatientes guerrilleros desarmados, titulares de restitución de tierras, defensores del medio ambiente, de la sustitución de cultivos ilícitos y hoy en día ensañados contra miembros del partido Colombia Humana (CH), así como de activistas del Pacto Histórico (PH), destaca como común denominador que todos, cual víctimas, sin excepción, son contrarios a los postulados de la derecha militarista del CD. Representan un peso político en cada región donde actúan y afectan y ponen en peligro la aceitada maquinaria clientelista de votos cautivos de la derecha militarista que actúan, en consonancia y alistamiento, para arrasar, bajo la violencia y el terror, en las próximas y fundamentales elecciones del 29 de octubre en Colombia.

Todos los asesinados estuvieron en contra de sus postulados políticos. Resulta procedente sustentar que la carencia de una Fiscalía General, al no revisar hechos como los acá enunciados, que pudieren revestir características de un delito, en sustentación doctrinaria y teleológica, que marchare acorde con la denuncia política y paralela a la investigación penal respectiva, genera un vacío en la función pública de la Administración de Justicia. Una Fiscalía General que marchase acorde con las corrientes criminalísticas y las motivaciones de los intereses políticos, se detendría en la concordancia y relación para investigar al ente jurídico Centro Democrático junto con sus directorios, como potencial sujeto de investigación penal. Esto, repito, bajo el presupuesto de la responsabilidad con causal penal con el hecho delictivo.

¿A quiénes asesinan?

Asesinan a quienes van en contra de la explotación ilegal minera y por el equilibrio ecológico en todas sus dimensiones; a quienes luchan contra el uso de combustibles fósiles y bio combustibles orgánicos, propugnando por energías alternas saludables; a los y las que defienden una Reforma a la Salud que encauce los dineros públicos y los arrebate a las detentadores EPS, intermediarias benefactoras de la mafia blanca corrupta; a todo quien luche contra la privatización de los Servicios Públicos esenciales. También asesinan a quienes propugnan por la implementación de los Acuerdos de La Habana y enarbolan, levantando en alto el estandarte de la Reforma Agraria Integral (RAI) para acabar con la ganadería extensiva y el hato ganadero terrateniente y latifundista. A los lideres en los barrios de las grandes, medias y medianas ciudades que luchan por una reforma urbana contra los casatenientes y por una vivienda digna para la totalidad de la población colombiana. A quienes se erigen en luchadores por la Educación Pública y que también denuncian las ganancias irracionales e inconmensurables del capital financiero parasitario bancario, lavador de activos en función de las importaciones desenfrenadas y al servicio de los grupos económicos, monopólicos y de presión, cual manifestaciones de poder dominante. A todo quien impulse la sustitución de cultivos y denuncie el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”. Asesinan a quienes proponen salidas políticas y no militaristas a los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana: 1. El conflicto político; 2. el conflicto económico; 3. el conflicto social; 4. el conflicto armado interno, y 5. el conflicto ecológico.

Laureano vive

El analista político Cesar Torres difundió a principios del corriente mes de marzo su artículo “Laureano Vive: estrategias para hacer invivible la República”. Extractamos de allí: que se dirige una sedición (mejor llamarla conspiración, digo) desde la derecha militarista como estrategia lauranista, usando la violencia física y verbal, basada en la mentira y los montajes para desprestigiar al gobierno reformista, ganar las elecciones creando una escena para influir en la intención de voto y apoyándose en los militares en uso de retiro impune, con llamados de las fuerzas armadas a los civiles para que tomen las armas y defiendan la propiedad privada de una amenaza inexistente. Impulsan desde los medios de comunicación, con pseudo periodistas prepago, la difusión de mentiras, especulando y creando una especie de “opinión y realidad paralela”. Gestan preparados para hacer invivible la república tal como lo pregonaba el fascista Laureano Gómez. Ese personaje está no solo interpretado y personalizado, sino reencarnado en el expresidente Innombrable.

Pero la secta -que no partido- denominada Centro Democrático no representa una real oposición. Creo y sustento firmemente que a ese compartimento orquestado por la dictadura mediática no se le pueda llamar oposición. Aplican un relato periodístico falsario. Lo que se da es conspiración y matoneo. Es más, la oposición como tal no existe, por eso acuden a figuras como la del Fiscal General, que hace política en forma descarada, hablando sobre lo divino y lo humano (ahora se opone hasta al Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno), actuando como un órgano de control. Será que él va contando los días que le faltan para terminar su período…

Una oposición en el marco de un Estado de Derecho propone, agita con programas y salidas políticas. Se ubica en una oposición de democracia representativa o en una participativa directa. Eso no existe ni se está dando en Colombia. Podrá considerarse como un factor de atraso político. En Colombia la izquierda legal no ha sido gobierno (hoy apoya a un gobierno progresista socialdemócrata liberal) y la derecha no ha sido oposición. Una oposición que sea conspirativa no solo va contra el gobierno sino también contra el Estado. En los años de 1970 a 1990 existió en Colombia una oposición de izquierda conspirativa. Hoy la izquierda legal no conspira contra la Constitución Política de 1991 en tanto que si lo hace la derecha militarista. Pero los últimos acontecimientos (“orden público”) por ella inspirados demuestran que se están desgastando en el poder y como poder narco paramilitar. Y esto se explica en una lógica sencilla: aplicando la ley de la contradicción o de los contrarios, el gobierno petrista y de Francia Márquez se va fortaleciendo. La opinión pública no traga embutidos y no acepta la andanada mediática, la cuestiona, la rechaza, la hace inocua.

El Bajo Cauca el escenario que buscan

Los paros que actualmente se viven son impulsados por mafias lugartenientes en el narco paramilitarismo. La realidad por los ataques, asaltos y alteraciones obedece al impulso por mantener la economía ilegal. La derecha narco paramilitar no está ni pasiva ni en inercia. Las ultimas agudizaciones obedecen al conflicto social y político. Corresponde distinguirlos, no refundirlos con el conflicto armado interno, ni permitir que sean echados en un mismo recipiente. Si a eso se suma el mensaje del llamado a la “libertad y orden” con el desusado escudo nacional y la renuncia de mandos militares medios, todo en sí concatenado, refleja un inquietante trasfondo. En particular: el ejército entra en escena. Se dice que la salida de 69 generales del ejército y la policía llevó a pique e hizo que cayera la cadena de custodia de la cocaína en regiones como el occidente del país. El cordón umbilical que une el generalato con el narcotráfico es indiscutible, por no afirmar una verdad sabida y buena fe guardada. En el Catatumbo, al campesino cocalero no hay quien le compre la hoja de la coca y la pasta base, y en el Bajo Cauca antioqueño se presenta la situación de no comercialización de grandes cantidades de pasta de coca, ahora arrumadas y que se están dañando. Igual situación se da en Vista Hermosa, Meta.

No es aceptable que la renuncia en el ejército sea asumida como simple rutina y no obedezca a algo de relevancia… Lo especial podría ser que esa oficialidad teme el rompimiento de las cadenas de custodia en relación con el narcotráfico y ello trae efectos negativos en sus ingentes ganancias al ser desenmascarados. O dentro del mismo concepto de temor, prever o presentir desenlaces golpistas al interior del ejército y para “curarse en salud” prefieren renunciar.

En modo alguno se dan las condiciones de renovación de una sub oficialidad o una oficialidad con tendencia al menos socialdemócrata dentro del universo filo castrense colombiano. Una tendencia de jóvenes oficiales renovadores al estilo del ejército venezolano cuando se dio el fenómeno de Hugo Chávez no cabe dentro de las fuerzas armadas colombianas, sino todo lo contrario. Podría parecer que fuertes tensiones de contradicciones internas dentro de la sub oficialidad y oficialidad en el ejército confluyan en la búsqueda de una oficialidad no pusilánime que, respetando la disciplina de cuerpo, aplique la selección natural, cual lucha de especies, en la escogencia de individuos que sean proclives a un golpe de Estado. Quedan muchos Zapateiros dentro del ejército. Indiscutiblemente, en el trasfondo que se pretende negar existe mucha tela de donde cortar.

Colombia ofrece nacionalidad a quienes se les despojó de la nicaragüense

Escrito en 25/02/2023. Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente comunicado de prensa:

Bogotá, 23 de febrero de 2023. La República de Colombia, liderada por su Jefe de Estado Presidente Gustavo Petro Urrego, ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales.

Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar.

Tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía, queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca. Así las cosas, el señor Obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, rehusó salir del país. Lección para el mundo y para el actual jefe de gobierno de Nicaragua. De contera, la patriótica decisión del señor Obispo, fue respondida con una condena de veintiséis años de prisión.

Colombia llama al mundo entero a que reaccione. Por lo pronto pedimos a la Presidenta de Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que solicite autorización para visitar a los que siguen detenidos. Víctimas son. El Derecho Internacional Humanitario los cobija. Acreedores se han hecho del derecho internacional general.

El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional. Al señor Fiscal de la Corte se le pide tomar cartas en tan alarmante asunto.

De otra parte, la Cancillería de Colombia busca entrar en contacto con quienes, habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana. Mucho nos honrarían.

La concepción del presidente Petro sobre el movimiento de masas

Escrito en 17/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

Asistí a la concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá DC, a la 1 pm el martes 14 de febrero de 2023. Miles de asistentes copaban una tercera parte del ágora, como se mencionaba en la antigua Grecia a la plaza pública. Una larga y siempre alimentada fila indicaba la entrada a la Plaza de Armas frente a la Casa de Nariño, donde desde una de sus ventanas se dirigió al país y al mundo el Presidente G. Petro. No se instaló una pantalla gigante para que ese conglomerado humano que allí permaneció toda la tarde pudiera verlo y escucharlo. Desplegó una pieza oratoria de una hora 40 minutos, propio de un estadista en que trató esencialmente lo relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la reforma a la salud.

La oposición militarista la llamó “un discurso de campaña” y no la materialización de lo prometido en campaña. Queda registrado en los anales históricos del país que es la primera vez que se convoca a una manifestación de apoyo a la gestión de un presidente.

Asistimos a una aplicación de ejercicio político y participación directa de masas. La democracia directa no deja de ser un enunciado en la actual Constitución Política de 1991 (CP91) y esta democracia de la calle es una de las tantas formas de expresión del pueblo en forma directa.

Al día siguiente se observó el fenómeno de contra-manifestación, esta vez contra el gobierno del Presidente G. Petro, despotricando contra las reformas de fondo, que requiere tanto el país como el Estado colombiano en todos los niveles y aspectos institucionales. No existe en Colombia oposición estructurada. Constituye una oposición inmóvil cual una roca, resentida, guiada por el odio, la desinformación, la falsedad y la triquiñuela que resume lo reaccionario, retardatorio y repelente a cualquier cambio del actual estado de cosas en el país.

Se trata de la presentación de un conjunto de soluciones a mejorar las condiciones y calidad de vida a la mayoría del pueblo colombiano, y existe gente -de ese mismo pueblo- que se opone a esas reformas y al indispensable y necesario cambio de todo.

La explicación no es otra que ese grueso de población está sometida al modelo económico vigente y alienada producto de la impositiva dictadura mediática. Es decir, los medios de comunicación pre-pago que impone toda una infraestructura y superestructura ideológica del Estado, agobia a la persona y así, individualizada, la aliena, desinforma y engaña, conllevándola, accidentalmente, a ser una garantía infundada en el mantenimiento del estatus quo o actual estado de cosas.

El panorama político colombiano

Con el triunfo de un gobierno que encabeza del Presidente G. Petro y la valiosa Vicepresidenta Francia Márquez, de corte alternativo, progresista, liberal, socialdemócrata en Colombia no se está ni ad portas de una revolución. Se aplica un programa de desarrollo de conjunto de fuerzas productivas capitalistas.

Una oposición que enfrente un planteamiento contrario está condenada a desaparecer. Por ende, el Presidente G. Petro ni es izquierdista, ni socialista. Otra cosa es que la izquierda legal lo apoye en sus programas de renovación y la adecuación de un modelo económico nuevo, dado el fracaso y fin del ciclo del neoliberalismo salvaje, como fase accidental. Amplio es el aporte de teóricos y analistas de la izquierda, en particular la latinoamericana, respecto a programas de cambios profundos que trascienden el nivel académico y aplican en una realidad política transformadora.

Del paso de la rebelión de las masas a la multitud

Cuando el Presidente G. Petro llama y convoca a que el pueblo se exprese en las calles, en modo alguno está polarizando a la sociedad ni agudizando la lucha de clases. Está demostrando una posición ideológica renovadora que predomina en el mundo ante lo alternativo poscapitalista, resultado del fracaso neoliberal y la vulnerabilidad de la globalización hasta entonces no cuestionada.

Es sabido que el marxismo es una guía para la acción; pero el marxismo en su concepción dialéctica de la Historia y en el periodo de transición del estadio capitalista al socialista no cuenta con parámetros dogmáticos ni de imposición que distorsione el transcurrir. Así, V. Lenin concibió el Imperialismo como Fase Superior del Capitalismo. Pero el marxismo-leninismo no previó la fase del nazismo y el fascismo, cual orden sobreviniente al capitalismo. Esta accidental fase -que generó la II Guerra Mundial- buscó, incluso, sepultar el avance, permanencia y existencia del capitalismo y de contera abortar el estadio de desarrollo de la Humanidad hacia el socialismo.

Pues bien, una vez en posguerra anidan las formas del modelo neoliberal con una aplicación devastadora para la humanidad y para la clase obrera mundial, que es el sustento primordial hacia un orden socialista. Pero para el marxismo no hay nada desviado, la Historia continúa su curso materialista dialéctico.

Ubiquémonos entonces en el actual orden económico mundial y sin redundar en gráfico, de postpandemia y de crisis por el cambio climático, y observamos un dominio predominante de lo descualificado. Consultando Wikipedia entiendo, en complemento, por descualificación el proceso por el cual se elimina de la industria o de la economía el trabajo cualificado (que califica a alguien por sus aptitudes) mediante la introducción de tecnologías que pueden ser controladas por trabajadores a quienes se pretende o desconoce las precisas determinaciones que lo revindican como un alguien. Lo reducen a un semicualificado o sin cualificación. Esto ahorra costes al requerir una menor inversión en capital humano y reduce las barreras de entrada, debilitando así el poder de negociación del capital humano. Llueven las criticas puesto que ello se traduce en la pérdida de calidad y en la devaluación del trabajo (haciéndolo mecánico antes que fruto del pensamiento y convirtiendo a los trabajadores en autómatas antes que en artesanos, creadores), erosionando así a la comunidad.

Por lo anterior o por ello han surgido nuevos análisis marxistas del capitalismo. Lo encabezan pensadores posmarxistas. Para ellos los cambios sociales pueden conseguirse o lograrse a partir de las formas actuales de opresión en la necesidad de repensar lo común, es decir, acudiendo por ejemplo a la idea y aplicación del comunismo primitivo. Lo expresan en el decir “un nuevo mundo es posible” y convencidos que el cambio realmente tendrá lugar. Esta metodología social de comprensión a partir de los años sesenta hizo énfasis en el cambio de la fábrica a la “fabrica social”. También está relacionada con la vida política y la realización de la vida política aunado con lo autóctono de los fines políticos. De tal manera que conciben y explican que la política, como proyecto de trasformación social, no será incubada en las universidades, algo así como la “universidad de la vida”; tampoco lo será en la fábrica como centro de producción sino como “fabrica social” ya citada.

Así resumo la aplicación y explicación de una apropiación contemporánea del marxismo, con el atrevimiento y excusa de antemano a que en modo alguno es mi intención atribuirlo, bajo ningún motivo, como hacer suyo el llamado del Presidente G. Petro a la movilización de masas.

El Presidente G. Petro no acude al instrumento acumulado de proyección de la “rebelión de las Masas” en la recreación del escenario de la lucha de clases y de metodología de aplicación del movimiento social (revolucionario) marxista. A él no lo motiva “La psicología de las masas” del sociólogo francés Gustave Le Bon.

Más bien considero que su accionar político está bajo la guía orientadora de los trabajos del politólogo italiano Antonío Negrí (1933), en colaboración con el teórico filósofo y político estadounidense Michael Harat (1960). Esta dupla de genios ha aportado al conocimiento moderno de la política con la publicación de su famoso libro “Imperio” editado en el año 2000 y posteriormente con el libro “Multitud” que los catapultó como los teóricos visionarios del nuevo orden mundial.

Abordan el término Imperio como un poder difuso y centralizado que desplaza el Estado-Nación y retoma el escenario de actuaciones de cómo fue el imperio romano. Lo sitúa en creación y poder aunados en la red. Así llegan y se entrelazan actores monárquicos, norteamericanos, aristócratas, grandes compañías multinacionales, Ong´s, foros como los de Davos, etc. dando forma a una construcción imperial única basada en el poder en red. Generaron múltiples controversias al indicarles que con ello desconocen el imperialismo; pero al parecer los pueblos subyugados hoy se encuentran bajo la férula del Imperio y bajo la del imperialismo.

“Multitud expone la cuestión en tres partes: la primera parte, «Guerra», explora los aspectos más oscuros del imperio. Nos encontramos sumidos en un punto crítico en relación con los asuntos de la humanidad en el que los circuitos de poder han sobrepasado la capacidad que los actuales circuitos de soberanía política y justicia social tienen para contenerlos. En la Parte II, titulada «Multitud», explican cómo el imperio, mediante una constante y más profunda colonización e interconexión de más áreas de la vida humana, ha creado la posibilidad de un tipo de democracia nunca vista con anterioridad. Finalmente, en «Democracia», los autores plantean su estrategia de cómo la multitud global puede formar un robusto terreno comunitario biopolítico en el que la democracia puede progresar a una escala global.” (Tomado de La Casa del Libro).

Dejo así como abre-bocas para los activistas políticos y sociales el consultar a estos novedosos políticos actuales y en el empeño orientador en no distraer la construcción del partido político popular, en garantía a la consolidación y cualificación política del movimiento popular hacia grandes y radicales transformaciones sociales en Colombia.

Los efectos de la sentencia de condena

Escrito en 09/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El 30 de enero de 2.023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, notificó la sentencia condenatoria contra el Estado colombiano en el denominado “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”. Declaró la responsabilidad del Estado colombiano en más de 6.000 asesinatos de integrantes, militantes y simpatizantes del partido político Unión Patriótica- UP, desde 1984 y por un lapso de 20 años. Todo resultado de un plan de exterminio.

La Unión Patriótica fue una organización política que surgió en el año de 1.984 durante el marco del acuerdo de las extintas FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur (período 1982-1986) cuyo objetivo era buscar un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano. Esta es la primera vez que un Tribunal Internacional pronuncia condenatoria no solo por la violación individual al derecho de conocer la verdad, sino por violaciones a los derechos humanos en más de 6.000 personas dirigidos contra un partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes sino también “en perjuicio de la sociedad en general” (subrayo).

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Así mismo, se le ordenó al Estado iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar, en un plazo no mayor de dos años, y concluir, en un plazo razonable, «las investigaciones amplias y sistemáticas, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones de los derechos humanos del presente caso y determinará las responsabilidades penales que pudieran existir, y removerá todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso»26. Párrafo 554 de la sentencia, y se agrega que se debe determinar “las responsabilidades penales que pudieran existir”, y remover todos los obstáculos.

En relación con los alegatos sobre la excepción preliminar ratione persona, significa que es por razón de la persona(Diccionario de G. Cabanellas) y la Corte (CIDH) logró comprobar la veracidad y certeza de un hecho de efectos significativos y es que ni los intervinientes comunes, ni la Comisión Interamericana, solicitaron que la Corte declarara que se habían vulnerado los derechos humanos del partido político Unión Patriótica. Tal partido no fue víctima y el efecto consiste en que las víctimas lo fueron los militantes, simpatizantes, familiares y relacionados con la actividad política en la UP. Sobre este punto, la Comisión, en su Informe de Fondo, estimó que “el móvil de las graves violaciones de derechos humanos y persecución sistemática en contra de las presuntas víctimas identificadas en el presente informe, fue su pertenencia a un partido político y la expresión de las ideas que este proponía”. A este enunciado corresponde desarrollar el siguiente presupuesto:

Alcances de la responsabilidad del estado

En cuanto a la Valoración del reconocimiento de responsabilidad corresponde destacar que el Estado colombiano reconoció su participación parcial de los hechos investigados al aceptar conducta punible en unos 219 casos. La Corte Internacional así lo expresa, pero no resolvió en acápite resolutivo aparte la condena al Estado, por separado, de esos casos individualizados, sino que resolvió incluirlos dentro del conjunto de más de seis mil asesinatos ocurridos y así las cosas la sentencia no alude así esos 219 casos confesados correspondía a accionantes iniciales o a víctimas que no aparecen relacionadas en el escrito inicial de acusaciones ante la Comisión. Esto es de relevante importancia puesto que en la sentencia no aparecen los nombres de todas las víctimas y no soy el único en destacarlo. Por ejemplo, no aparece ni reclamando ni con sentencia de reparación para sus hijos y familiares el abogado laboralista cucuteño Dr. Aníbal Diaz Carvajal y su esposa Cecilia, quien fungía como personera de Convención y fue asesinada junto con su esposo a la entrada del Concejo Municipal de Convención, (Norte de Santander) a ojos vista de la población y de la policía y cuyo crimen continúa reclamando justicia estando su esposa Cecilia embarazada. La situación jurídica de todo el universo de víctimas de la UP, sus familiares, simpatizantes y partidarios corresponde una disección para en calificado método jurídico profesional reconstruir cada caso individual de víctimas, que no ha sido mencionado en la Sentencia y que tal como nos proponemos sustentar tiene un efecto a presente y futuro.

En el caso colombiano tanto la Corte como la Comisión coinciden totalmente en la responsabilidad internacional total del Estado colombiano y ello produce los efectos jurídicos ajustado a los artículos del Reglamento. No obstante, registra: “El Tribunal considera, sin embargo, que el reconocimiento tiene un carácter limitado y coincide con los intervinientes comunes al considerar que el carácter fraccionado y casuístico del mismo no permite tomar en cuenta el contexto general del caso…” Aquí es donde corresponde auscultar de fondo. Sabido es que las sentencias no se interpretan se ajustan y aplican a lo dicho literalmente.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido”, dijo el juez Ricardo Pérez Manrique.

De acuerdo con el perito Reed Hurtado, la situación política en Colombia durante esta época estaba marcada por la confrontación bipartidista y por un ejercicio de poder altamente irregular, en donde el gobierno nacional acudía a la figura de estado de excepción de manera amplia y extendida. Asimismo, durante esa época se expandió la doctrina de seguridad nacional, que implicaba la designación de “enemigos internos” que debían ser erradicados de y en las regiones. De esta forma, afirmó que “el esfuerzo contrainsurgente colombiano de los ochenta y los noventa está marcado por la guerra contra un enemigo interno difuso, regularmente asociado al comunismo internacional. Los militantes de la UP quedaron cobijados por este estigma”. Este aporte de auxiliar de la justicia internacional nos permite concluir que el genocidio por asesinatos selectivos y sistemático a miembros de la Unión Patriótica UP, como militantes, simpatizantes y activistas de base en zonas de influencia de su trabajo político obedeció por y con ocasión del conflicto armado interno colombiano. Lo subrayo y destaco por los efectos jurídicos que tal contenido trae consigo.

Aplicación de la llamada teoría del daño

Quedó demostrado que la sociedad colombiana recibió un daño. La instauración de un sistema de violencia política generalizada que identifica el establecimiento estatal como enemigos internos y le agregan el mal uso de Dios, la patria, etc. En el acápite IV de Conclusión “La Sentencia representa un punto de maduración en la línea jurisprudencial sobre el derecho a la verdad, en tanto reafirma, los desarrollos jurisprudenciales de la Corte IDH sobre la autonomía de este derecho.38 y a su vez profundiza la dimensión colectiva del mismo”. Esta es la primera ocasión que un Estado es condenado en la unanimidad de procedimiento ante la Comisión y la Corte y en que declara no solo la violación individual del derecho a conocer la verdad en perjuicio de más de seis mil víctimas, sino también en perjuicio “de la sociedad en general”.

De los efectos de un salvamento de voto

Traigo a colación lo siguiente: El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni dio a conocer su voto individual parcialmente disidente, al que se adhirió el Juez L. Patricio Pazmiño Freire. Los Jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo C. Pérez Manrique dieron a conocer su voto individual concurrente al que se adhirió el Juez L. Patricio Pazmiño.

Como aspecto de fondo, más adelante me dedicaré a lo referente a la omisión de procesar y en tal caso penar a las personas que hubiesen contribuido a la consumación de los delitos y en especial el genocidio. Me detengo en este momento en el análisis del voto parcialmente disidente del Juez Eugenio Raúl Zaffaroni por la omisión de procesar y en su caso penar a tales funcionarios. Alude a que no es del caso de la materia de esa sentencia la omisión de procesar y en su caso penar a los funcionarios o personas que lo hubiesen cometido. Pero argumenta: “No obstante, la unidad de designio (de voluntad infractora o de dolo) es únicamente el presupuesto óntico de cualquier pretensión de consideración unitaria de un hecho ilícito necesario, pero no suficiente para imponer su desvaloración como infracción única”. “No se está condenando al Estado porque sus agentes cometieron miles de homicidios y otros delitos, sino porque mataron, torturaron, hicieron desaparecer y privaron de libertad a miles de personas en la ejecución de un crimen contra la humanidad consistente en aniquilar a un partido político, puesto que no puede desconocer la unidad de desvalor que impide la escisión de su primera parte, por imposición el derecho de fondo, que le impide alterar o desconocer el concepto mismo de crimen contra la humanidad como crimen unitario”. Así lo votó.

El presupuesto óntico de cualquier pretensión hace referencia en distinguir lo óntico de lo ontológico.

Zafaroni cita “el presupuesto óntico”. Óntico en el pensamiento de Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, es referente a los entes, a diferencia de ontológico, que se refiere al ser de los entes. Heidegger, refiere lo óntico a «ente» y lo ontológico a «ser». Del ser o del ente entendido como real en sí mismo. Ente: alude a lo que es, existe o puede existir. Sobre todo tanto persona. El ente en filosofía es un concepto que está relacionado con la existencia, con el ser. En resumen, podría definirse óntico como aquello que es y que participa del ser. Al ser de carne y hueso en que cabe el factor de protección de dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica, en los términos del párrafo 602 de la Sentencia. Como la Sentencia no se refiere a las “calidades” de los militantes , así como no se refirió al partido UP como tal, sino a ellos a sus militantes, simpatizantes, familiares como seres humanos, el desvalor, que tiene que ver con desmerecimiento o desatención de una conducta o comportamiento exigidos por una norma, que son jurídicamente reprobables con falta de mérito o de estimación, no demerita, no le quita merito a la acción por la infracción única de afectación universal como ocurre con la naturaleza del delito de lesa humanidad. Y sin pretender redundar tomemos a contrario sensu lo expuesto por Engish: “si no hay dolo ni imprudencia, esto es, infracción de las normas de cuidado, sino observancia de la diligencia objetivamente debida, no se vulnera prohibición ni norma jurídica alguna, sino que se cumplen las normas jurídicas, ni la conducta se desvalora en absoluto”. Pero como en el caso UP contra el Estado colombiano sucedió fue todo lo contrario y hubo dolo y acción del Estado y condena directa al respecto, es dable concluir que la acción de reclamo de efectos de la sentencia de todos y cada uno de los militantes de la Unión Patriótica -UP, sus familiares, simpatizantes y población de base política afectada están legitimados para iniciar o incoar el procedimental de ejecución de esa sentencia de condena contra el Estado colombiano, independiente que no hayan actuado en el proceso de acción internacional que produjo esa fuente de derechos.

Una sentencia que aplica a todos

Y ¿hasta dónde llegan los alces del contenido de esta sentencia de condena al Estado colombiano.? Pues a un efecto erga omnnes. Erga omnnes es una locución latina, que significa «respecto de todos» o «frente a todos», utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad también de una sentencia. En este sentido la sentencia contra el Estado colombiano aplica a todos los miembros, activistas, simpatizantes y familiares del partido Unión Patriótica-UP. Cumpliéndose con el requisito probatorio de aportar prueba de esa calidad, aunque no haya intervenido ante el reclamo en la Comisión Internacional y la Corte Internacional.

Ahora bien, resulta que la Sentencia Internacional condena al Estado colombiano por acción en relación con el caso Unión Patriótica. Ello qué significa y a quienes toca esa Sentencia.

Los Estados son personas jurídicas de derecho internacional, los gobiernos son organizaciones de personas. La relación entre un gobierno y su Estado es de representación y agencia autorizada. Para T. Hobbes: El Estado es una institución, cuyos actos, por pactos realizados, son asumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad, como se juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. Dice San Agustín que el Estado es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. Concibe Karl Marx: El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Esto por cuanto para el marxismo el Estado es una dictadura de una clase, burguesía, contra otra clase, proletariado.

Al Estado lo manejan funcionarios. Funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funcionarios participan en la administración pública o de gobierno; y acceden a su condición a través de elección, nombramiento, selección o empleo. Los son de elección o de nombramiento. Los cargos públicos son los que se desempeñan en las administraciones públicas o en los órganos constitucionales El gobierno es el elemento principal del Estado; se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. De tal manera que la sentencia de condena de la CIDH contra el Estado colombiano abarca e incumbe a todos y cada uno de los funcionarios que desempeñaban un empleo cargo o función en las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo, judicial, con el ítem que la condena deriva por una conducta de acción. Esa organización del Estado y su Función Pública (Artículos 113,132 ss de la CP91) son los condenados por acción incluidos los organismos de control: Procuraduría General, Contraloría General, Ministerio Público y de las autoridades electorales.

Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las fuerzas armadas (la policía nacional y el ejército son sus principales instrumentos) burocracias administrativas a nivel de nación departamentos y municipios, los juzgados, tribunales y hasta las altas cortes. Al Estado colombiano confluye una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros Estados.

La lavada de cara

Surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública en alianza con agentes de seguridad del Estado y de grupos empresariales con vínculos también con el narcotráfico, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP, recuerda el fallo, en contra del partido que era calificado como un “enemigo interno». Todo eso que era verdad sabida quedó plasmado en la sentencia pues se trató de un plan por parte de sectores políticos, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares, grupos de presión económica, gremios empresariales, cámaras de comercio, instituciones privadas y de carácter religiosos para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana y el sabotaje de poderosos sectores políticos, de altos mandos militares y policiales y de sectores judiciales. Para precisar: como los acontecimientos genocidas se dieron durante 20 años desde el año de 1984 al año 2.004; todos quienes eran los funcionarios sin excepción alguna están involucrados en la acción condenada y se constituyen en sujetos pasivos del ejercicio de la acción de ejecución de sentencia. No podrán eludirlo los expresidentes, aún vivos, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, hasta el innombrable en su primer periodo de la oscura noche. Todos y cada uno como cabeza de ex jefes de Estado serán quienes deben cumplir con la condena de admisión de condena ante la comunidad internacional. Digamos que todos esos funcionarios y tanto expresidentes quedan subjudice bajo el principio de in dubio pro reo, hasta que no se les demuestre lo contrario. Denigrante y desoladora situación. Por tal motivo es de destacar que a ella no se sustrae la “Fudra Omega” que es una estructura bélica construida y que existe desde el año 2003, cuando fue creada por el innombrable y hoy está integrada por 21 mil soldados, contando con 13 brigadas móviles del Ejército Nacional adscritas a las unidades operativas mayores, un Estado Mayor, un Componente Aéreo Conjunto y una Brigada Fluvial. Se constituyo en la principal cabeza de playa para el ejercicio de violación soberana por parte de unidades del ejército sur norteamericano. Tienen su razón de ser con grupos paramilitares cual tentáculos de las brigadas móviles relacionadas y que operan como ejércitos privados de poderosos terratenientes y hacendados, que tienen el monopolio de las fértiles y productivas tierras de las regiones donde operan.

La incitación a matar guerrilleros ha sido una constante de odio siguiendo “declaraciones de altas autoridades que asociaban a la UP con los guerrilleros… que pudieron legitimar, contribuir y fomentar la violencia” (Sentencia Corte IDH, numeral 251, p. 73).Las castas políticas locales que aun practican una política militarista contrainsurgente (liberales, de la U, conservadores, evangélicos, los de la secta-que no partido- el CD, los Verdes, los de la Equidad, Cambio Radical y un sin número de partidos y alianzas políticas que perviven) y todos se mueven como plagas despojando los dineros públicos y acumulando fortunas alucinantes, productos de la corrupción y la piñata de la cosa pública.

¡ESTO NO ES DEMOCRACIA CARAJO! Solo en un Estado de sitio permanente, en un Estado de excepción, en un Estado fallido y jamás en un estado de derecho se podía dar tamaña acción delictiva. Fariseos quienes claman que el genocidio contra la UP se hubiera dado en una “democracia”. Falso, se dio en un Narco Estado militarista, contrainsurgente, violador de los más elementales derechos humanos y desconocedor del Derecho Internacional Humanitario (DIH) bajo un ejercicio de dictadura civil y que hoy perdura bajo las denominaciones de los golpes de estado blandos.

Actuación de la jurisdicción especial para la paz

Corresponde ahora explicar ante que jurisdicción, cómo y por qué se puede accionar contra el Estado colombiano bajo la modalidad procesal de ejecución de la sentencia.

El Estado colombiano impulsó la creación de “grupos de autodefensa” entre la población civil a través de un marco normativo, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones contra insurgentes, contra los grupos guerrilleros y otros grupos considerados como “enemigos internos”; para lo cual se les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas y apoyo logístico.

La Comisión Interamericana alegó que los integrantes y militantes de la Unión Patriótica han sido estigmatizados tanto por agentes estatales como por actores no estatales como “brazo político de las FARC”, “colaboradores de las FARC”, “terroristas de las FARC”, “aliados de la guerrilla” y de “ideólogos de las FARC”, durante el lapso de 20 años (1984-2.004). Sin mayor excitación se puede determinar que los fundamentos de hecho del genocidio por asesinatos y demás conductas punibles contra los miembros de la Unión Patriótica-UP, sus familiares, simpatizantes, colaboradores de base del trabajo político desplegado, se dio a causa, con motivo y con ocasión del conflicto armado interno. Siendo que la JEP es un instrumento de creación del derecho internacional y se debe a las Naciones Unidas para tratar lo relacionado con crímenes de guerra y de lesa humanidad, con ocasión del conflicto armado interno colombiano, se resuelve la inquietud que las acciones de ejecución de sentencia para casos de militantes, activistas, colaboradores y familiares de miembros de la UP que por cualquier motivo no hayan intervenido en la acción pública ante la Comisión Interamericana y la Corte Internacional tiene la capacidad expedita para acudir ante esa jurisdicción especial al cobro ejecutorio de la sentencia de condena y no ante la corrupta jurisdicción ordinaria colombiana. En efecto, la obligación de investigar “no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas”364.

Medidas de reparación

Debido a esas violaciones a los derechos humanos, la Corte IDH ordenó al Estado colombiano a iniciar, impulsar, reabrir, dirigir y continuar en no más de dos años “las investigaciones amplias y sistemáticas, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos del presente caso”. El Estado deberá iniciar una búsqueda rigurosa “en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad posible, el paradero de las víctimas desaparecidas cuyo destino aún se desconoce” y brindar “el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten”. Esos grupos también ejecutores, estaban aupados por la derecha, los grandes empresarios, parte de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad privadas, así como el Departamento Administrativo de Seguridad (ya desaparecido) y los narcotraficantes. Tras el exterminio, algunos sobrevivientes abandonaron el país y otros se incorporaron a la guerrilla. Desde ya anotar que a estos también les cobija la extensión de ejecución de la sentencia de condena.

La sentencia señaló los montos de las condenas. Condenó al Estado colombiano a varias obligaciones de hacer incidido la realización de varios actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional. Señaló los montos de las condenas. Pronunció más de 16 declaraciones de condena que en aras de la brevedad no transcribiré, pues suman mas de 40 resoluciones de condena a imponer. Incluye aspectos como que el Estado designará, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, una autoridad estatal que actúe como enlace e interlocutora con las víctimas y sus representantes y proporcionará sus datos de contacto, en los términos del párrafo 653 de la presente Sentencia y otros plazos de meses, año y hasta dos años impuestos como obligaciones de hacer al Estado colombiano.

Sigue una labor de inteligencia popular

Todos sin excepción debemos contribuir a esclarecer la Verdad. Corresponde una labor de desenmascarar a funcionarios públicos adscritos al Estado colombiano durante los años de 1984 a 2.004,desde ex presidentes hasta el último en escala de los empleados que hubieren podio participar en el aquelarre de brujerías, en los conciliábulos de sectarios, instigadores de odio y violencia, con actuaciones secretas y torticeras en el señalamiento y persecución contra lideres populares de la UP, incitando a múltiples formas a los ejecutores de violación a las víctimas de la Unión Patriótica. Es el llamado a construir una empresa empeñada en dar con los culpables de participación en este acto de genocidio, en cumplimiento a la sentencia internacional, por la lucha contra la impunidad y sobre todo por la no repetición jamás de un hecho así en Colombia. Invoco la emulación a la figura y acción del consecuente personaje más conocido como “el cazador de Nazis” Simón Wiesenthal (1908-2005), incansable buscador de nazis fugitivos. Fue un investigador y cazanazis judío, que tras haber estado prisionero en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen durante la Segunda Guerra Mundial dedicó la mayor parte de su vida a localizar e identificar criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos, para llevarlos ante la justicia. “justicia no venganza” fue su lema. Siempre insistió en que la culpa era algo individual; de ahí su afán de llevar a juicio a los criminales nazi para que cada uno de ellos pagara sus cuentas pendientes con la justicia. (consultado en Wikipedia). Los recursos existen o están dados para esa labor de recopilación y el accionar judicial respectivo.

Concluyo con mi saludo de apoyo y solidaridad a quienes hicieron posible este triunfo jurídico y político desde sus inicios: a quienes defendieron a la UP para restablecerle la personería jurídica, mediante sentencia de 04 de julio de 2.013 del Consejo Nacional Electoral, Doctores Juan Araujo Rentería y Jeritza Merchán Diaz. Quienes se enfrentaron a los partidos de derecha y contra los grandes medios dictatoriales de información tergiversadores de la verdad, compañeros: Sebastián González. Articulista. Javier Giraldo Moreno. Jesuita. Profesores de la Universidad Nacional: Jorge Ignacio Salcedo Galán. Iván David Ortiz. Corporación Americana de Victimas de Genocidio Político (CVAVIGEP). La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas como peticionarios de la demanda ante los tribunales internacionales.

Estudiantes de secundaria obtienen premios en la XXIV Olimpiada Juvenil Internacional de Ciencias, en Bogotá, Colombia

Escrito en 15/12/2022. Publicado en Derechos, Educación.

De izquierda a derecha: Mateo Sancho Dive, Miranda Herrera Venegas (medalla de Bronce), María Paula Corrales Villegas.

COMUNICADO DE PRENSA

OLIMPIADA COSTARRICENSE DE CIENCIAS

Universidad Estatal a Distancia

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad Nacional

Universidad de Costa Rica

Laboratorio Nacional de Nanotecnología (CeNAT-CONARE)

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

Ministerio de Educación Pública

Olimpiada Costarricense de Ciencias

Luego de dos años en la virtualidad, la Olimpiada Juvenil Internacional de Ciencias retorna a su forma presencial. Del 2 al 12 de diciembre se celebró en Bogotá Colombia en la XIX Olimpiada Juvenil Internacional de Ciencias, IJSO 2022 (con sus siglas en Ingles) con una participación de 44 países. La delegación de Costa Rica participó con tres estudiantes: Mateo Sancho Dive (14 años), Miranda Herrera Venegas (15 años) y María Paula Corrales Villegas (15 años), todos ellos del Colegio Yurusti. Muchas gracias por el trabajo y felicitaciones a todos por el éxito obtenido. Luego de una extenuante competencia la estudiante Miranda Herrera Venegas obtuvo una Medalla de Bronce dentro de la competencia.

Para la participación de estos estudiantes se tuvo el acompañamiento durante el proceso de tres tutores: Kenneth Castillo Rodríguez (tutor de biología), Ricardo Ulate Molina (tutor de química) y Andrea Rivera Álvarez (tutora de física).

Fotografía: De izquierda a derecha: Kenneth Castillo Rodríguez, Dario Rivera, Miranda Herrera Venegas, Mateo Sancho Dive, María Paula Corrales Villegas, Andrea Rivera y Ricardo Ulate.

Estos tres estudiantes fueron ganadores de la Olimpiada Costarricense de Ciencias en el 2021 y se capacitaron en Química, Física y Biología durante el 2022. Durante la participación en la IJSO realizaron tres exámenes: opción múltiple, desarrollo /teoría y un examen experimental. Todos estos cuentan con materia de las tres ciencias básicas: biología, física y química.

La participación de la delegación fue posible gracias al trabajo conjunto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC-CeNAT-CONARE) y el apoyo logístico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Paz con justicia

Escrito en 06/12/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Arnoldo Mora

Entre la multitud de malas noticias que atiborran los espacios mediáticos, dichosamente hay dos que, a todos los hijos de la Patria Grande, nos deben llenar esperanza y alegría: las conversaciones para lograr una paz estable en Colombia, que se llevan a cabo en Caracas, entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla de FLN, por un lado, y el reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, esta vez en México; ambas actividades se llevan a cabo ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Todo lo cual debe ser visto como un mensaje de paz por parte de los pueblos de Nuestra América al mundo entero, a fin de que se intente por la vía política y no militar buscar la solución a conflictos entre naciones, que ponen el peligro la paz planetaria. Me refiero, en concreto, a la necesidad apremiante de iniciar conversaciones al más alto nivel entre las partes beligerantes, tendientes a poner fin al conflicto en Ucrania.

Pero más allá de este contexto internacional y ante la proximidad de una nueva Navidad, nada más oportuno y urgente que reflexionar sobre el mensaje de los ángeles en la Cueva de Belén, que expresa el clamor de los profetas anunciando el advenimiento de la era mesiánica y que sintetiza en una sola palabra: SHALOM, paz. Este mensaje es hoy más actual que nunca en la historia de ser humano, dado que la ausencia de paz traería aparejada la extinción de la especie humana. Porque la destrucción que provoca la violencia bajo todas sus formas puede significar a corto plazo, históricamente hablando, el fin de nuestra especie. La lucha por la paz, en consecuencia, involucra a todos los humanos cualesquiera sean sus creencias religiosas, ideologías políticas, culturas o nacionalidades. Se trata del acto más “democrático” que pueda concebirse, pues lo único que realmente (“ónticamente” diríamos los filósofos) nos hace “democráticos” es la muerte; nadie se escapa de ella. Pero cuando la muerte es provocada por los propios humanos es también responsabilidad de todos, especialmente de quienes tienen el poder, no solo el político, sino el financiero, el mediático y el científico-tecnológico.

La mayor amenaza que tiene la especie de desaparecer es provocada por el descomunal poder que ha logrado en estos últimos siglos, gracias a los descomunales avances de los logros en el campo científico y tecnológico; porque del desarrollo científico y tecnológico depende en primera instancia todo lo demás: el desarrollo económico, la sofisticación de las armas, la genética aplicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, a la agricultura y a los alimentos y un largo etcétera. Su control puede provocar el bienestar o ser la causa de la muerte de millones. Las transnacionales que acaparan esos conocimientos de punta son responsables directas del hambre y de la falta de control de epidemias y pandemias, siendo la mayor la desnutrición. La FAO y el Papa Francisco no se cansan de repetir que actualmente se producen alimentos suficientes para dar de comer a todos los seres humanos; por ende, si hay mil millones que sufren de hambrunas, es culpa de la ideología neoliberal. Lo mismo pasa con las pandemias y el desempleo.

Todo tiene como causa la desigualdad socio-económica. La violencia tiene su raíz en la injusticia social, en el menosprecio y el maltrato a niños y ancianos, en la violencia doméstica y callejera, en la drogadicción y el lavado, en la injusticia distributiva y la defraudación fiscal. La violencia se ha convertido en una (pseudo)cultura, en una mentalidad colectiva que nos hace insensibles ante el dolor y la miseria, que nos rodea como una peste medieval. Para peores, la violencia contra la naturaleza alcanza ribetes escalofriantes que pone a la humanidad al borde del suicidio. De poco han servido hasta el presente las advertencias de ecologistas y de expertos de las Naciones Unidas en torno al recalentamiento del clima, la destrucción de los bosques, la desertificación, la contaminación de las ciudades o la desaparición de cientos de especies.

Hoy la paz es algo más que una esperanza escatológica fundada en una promesa mesiánica. Constituye una exigencia insoslayable para la sobrevivencia de la especie. Nunca como en estos momentos de la historia, la paz es el mayor imperativo ético que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

94 años de la masacre de las bananeras

Escrito en 05/12/2022. Publicado en Trabajo.

Adela Torres, secretaria general de Sintrainagro | Foto: Alexandra Muñoz.

¡Prohibido olvidar!

Este 5 y 6 de diciembre el movimiento sindical recuerda los 94 años de la masacre de las bananeras, un acontecimiento que la historia colombiana intentó, sin éxito, disimular.

Gerardo Iglesias

En noviembre de 1928, más de 30.000 trabajadores de la compañía estadounidense United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) estaban en huelga en la zona bananera del Magdalena.

La empresa se había negado a estudiar un pliego petitorio que solicitaba celebrar contratos de trabajo, aumento salarial, el pago de los sueldos en dinero y no en vales, y el cierre de los comisariatos de la compañía bananera.

Nada muy extravagante, pero el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez calificó a esos trabajadores como malhechores e insurrectos, declarando el estado de sitio y el toque de queda.

El 6 de diciembre de 1928, en la estación de ferrocarril de Ciénaga, donde había reunidos más de 7.000 trabajadores, el ejército colombiano abrió fuego contra los huelguistas.

En la represión murieron casi 4.000 trabajadores.

Este lunes 5, en esa misma localidad, el Sintrainagro participa del Foro Nacional sobre la desmitificación de los hechos ocurridos en 1928, reivindicando la memoria de quienes los antecedieron en la lucha por mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras bananeros.

¡Prohibido olvidar!