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Por Carlos Meneses Reyes

La que se llamó hegemonía conservadora provino del férreo control estatal luego de los triunfos de la caverna durante las guerras civiles del siglo XIX y luego de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual imperó hasta que se produjo el triunfo a la presidencia del liberal Enrique Olaya Herrera en el año de 1930. Transcurrieron escasos 18 años en que hubo violencia partidaria (entre liberales y conservadores) hasta que Jorge Eliécer Gaitán perdió la aspiración presidencial, y retornó la hegemonía conservadora con Mariano Ospina Pérez. Continuó con el gobierno de Laureano Gómez y luego con la instalación en el poder del teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, que personificó una táctica oligárquica de alternancia en el poder al destituir a Laureano Gómez (“el monstruo”) quien seguía siendo el verdadero poder en el poder. Gómez, fogoso orador, expresó en el senado: “llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal(…) y haremos invivible la república”. Hoy se aplica en voceros del Centro Democrático. Laureano Gómez editorializaba en el periódico “El Siglo”, los púlpitos confesionarios reproducían la consigna y acto seguido sobrevenía el crimen aleve contra liberales, sindicalistas, socialistas, comunistas, protestantes, masones, etc. El ejercicio del poder político hegemónico conservador ha sido lo impositivo y violatorio de los derechos humanos y las libertades individuales. Con los resultados del contubernio del llamado Frente Nacional, que se extendió más de los 16 años inicialmente pactados y aún existen vestigios en el manejo del poder estatal. Desde los inicios de esa etapa bipartidista se agudizaron las contradicciones de la lucha de clases en Colombia y como resultado de la violencia política las guerrillas de autodefensas liberales se transformaron en las guerrillas comunistas, de las cuales surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, ejercito del pueblo. Las traicionadas “guerrillas liberales” se transformaron en “guerrillas comunistas” y como un tejido de los intereses imperiales, junto con la CIA y luego la DEA, se conformó la actual hegemonía oligárquica contrainsurgente, expresada en los partidos liberal y conservador, nuevo liberalismo, de la U, Cambio Radical, de Salvación Nacional, Dignidad, y variados grupos y sectas como el Centro Democrático, los Verdes, etc., hoy entronizados con la alcaldesa de Bogotá DC, que no oculta su posición militarista contrainsurgente, se viste de camuflado e invita a una salida no política sino militar del conflicto armado interno colombiano.

El emulo de Laureano Gómez en el siglo XXI es el expresidente Innombrable. Con el legado de sus dos gobiernos narco-paramilitares refundo “la horrible noche”, creando una secta -que no partido- denominada el Centro Democrático. Comparativamente, el innombrable resulta más sanguinario y eficaz que Pablo Escobar, Laureano Gómez y el peruano Fujimori juntos. No es ocasional la cita del Innombrable con Fujimori en la avanzada fascista latinoamericana.

Una concepción jurídica de alcance

Desarrollando la tesitura jurídica de la teoría de la con causalidad con el hecho punitivo, aplicada al asesinato de líderes y lideresas sociales, populares, comunales, sindicales, de negritudes, indios, excombatientes guerrilleros desarmados, titulares de restitución de tierras, defensores del medio ambiente, de la sustitución de cultivos ilícitos y hoy en día ensañados contra miembros del partido Colombia Humana (CH), así como de activistas del Pacto Histórico (PH), destaca como común denominador que todos, cual víctimas, sin excepción, son contrarios a los postulados de la derecha militarista del CD. Representan un peso político en cada región donde actúan y afectan y ponen en peligro la aceitada maquinaria clientelista de votos cautivos de la derecha militarista que actúan, en consonancia y alistamiento, para arrasar, bajo la violencia y el terror, en las próximas y fundamentales elecciones del 29 de octubre en Colombia.

Todos los asesinados estuvieron en contra de sus postulados políticos. Resulta procedente sustentar que la carencia de una Fiscalía General, al no revisar hechos como los acá enunciados, que pudieren revestir características de un delito, en sustentación doctrinaria y teleológica, que marchare acorde con la denuncia política y paralela a la investigación penal respectiva, genera un vacío en la función pública de la Administración de Justicia. Una Fiscalía General que marchase acorde con las corrientes criminalísticas y las motivaciones de los intereses políticos, se detendría en la concordancia y relación para investigar al ente jurídico Centro Democrático junto con sus directorios, como potencial sujeto de investigación penal. Esto, repito, bajo el presupuesto de la responsabilidad con causal penal con el hecho delictivo.

¿A quiénes asesinan?

Asesinan a quienes van en contra de la explotación ilegal minera y por el equilibrio ecológico en todas sus dimensiones; a quienes luchan contra el uso de combustibles fósiles y bio combustibles orgánicos, propugnando por energías alternas saludables; a los y las que defienden una Reforma a la Salud que encauce los dineros públicos y los arrebate a las detentadores EPS, intermediarias benefactoras de la mafia blanca corrupta; a todo quien luche contra la privatización de los Servicios Públicos esenciales. También asesinan a quienes propugnan por la implementación de los Acuerdos de La Habana y enarbolan, levantando en alto el estandarte de la Reforma Agraria Integral (RAI) para acabar con la ganadería extensiva y el hato ganadero terrateniente y latifundista. A los lideres en los barrios de las grandes, medias y medianas ciudades que luchan por una reforma urbana contra los casatenientes y por una vivienda digna para la totalidad de la población colombiana. A quienes se erigen en luchadores por la Educación Pública y que también denuncian las ganancias irracionales e inconmensurables del capital financiero parasitario bancario, lavador de activos en función de las importaciones desenfrenadas y al servicio de los grupos económicos, monopólicos y de presión, cual manifestaciones de poder dominante. A todo quien impulse la sustitución de cultivos y denuncie el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”. Asesinan a quienes proponen salidas políticas y no militaristas a los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana: 1. El conflicto político; 2. el conflicto económico; 3. el conflicto social; 4. el conflicto armado interno, y 5. el conflicto ecológico.

Laureano vive

El analista político Cesar Torres difundió a principios del corriente mes de marzo su artículo “Laureano Vive: estrategias para hacer invivible la República”. Extractamos de allí: que se dirige una sedición (mejor llamarla conspiración, digo) desde la derecha militarista como estrategia lauranista, usando la violencia física y verbal, basada en la mentira y los montajes para desprestigiar al gobierno reformista, ganar las elecciones creando una escena para influir en la intención de voto y apoyándose en los militares en uso de retiro impune, con llamados de las fuerzas armadas a los civiles para que tomen las armas y defiendan la propiedad privada de una amenaza inexistente. Impulsan desde los medios de comunicación, con pseudo periodistas prepago, la difusión de mentiras, especulando y creando una especie de “opinión y realidad paralela”. Gestan preparados para hacer invivible la república tal como lo pregonaba el fascista Laureano Gómez. Ese personaje está no solo interpretado y personalizado, sino reencarnado en el expresidente Innombrable.

Pero la secta -que no partido- denominada Centro Democrático no representa una real oposición. Creo y sustento firmemente que a ese compartimento orquestado por la dictadura mediática no se le pueda llamar oposición. Aplican un relato periodístico falsario. Lo que se da es conspiración y matoneo. Es más, la oposición como tal no existe, por eso acuden a figuras como la del Fiscal General, que hace política en forma descarada, hablando sobre lo divino y lo humano (ahora se opone hasta al Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno), actuando como un órgano de control. Será que él va contando los días que le faltan para terminar su período…

Una oposición en el marco de un Estado de Derecho propone, agita con programas y salidas políticas. Se ubica en una oposición de democracia representativa o en una participativa directa. Eso no existe ni se está dando en Colombia. Podrá considerarse como un factor de atraso político. En Colombia la izquierda legal no ha sido gobierno (hoy apoya a un gobierno progresista socialdemócrata liberal) y la derecha no ha sido oposición. Una oposición que sea conspirativa no solo va contra el gobierno sino también contra el Estado. En los años de 1970 a 1990 existió en Colombia una oposición de izquierda conspirativa. Hoy la izquierda legal no conspira contra la Constitución Política de 1991 en tanto que si lo hace la derecha militarista. Pero los últimos acontecimientos (“orden público”) por ella inspirados demuestran que se están desgastando en el poder y como poder narco paramilitar. Y esto se explica en una lógica sencilla: aplicando la ley de la contradicción o de los contrarios, el gobierno petrista y de Francia Márquez se va fortaleciendo. La opinión pública no traga embutidos y no acepta la andanada mediática, la cuestiona, la rechaza, la hace inocua.

El Bajo Cauca el escenario que buscan

Los paros que actualmente se viven son impulsados por mafias lugartenientes en el narco paramilitarismo. La realidad por los ataques, asaltos y alteraciones obedece al impulso por mantener la economía ilegal. La derecha narco paramilitar no está ni pasiva ni en inercia. Las ultimas agudizaciones obedecen al conflicto social y político. Corresponde distinguirlos, no refundirlos con el conflicto armado interno, ni permitir que sean echados en un mismo recipiente. Si a eso se suma el mensaje del llamado a la “libertad y orden” con el desusado escudo nacional y la renuncia de mandos militares medios, todo en sí concatenado, refleja un inquietante trasfondo. En particular: el ejército entra en escena. Se dice que la salida de 69 generales del ejército y la policía llevó a pique e hizo que cayera la cadena de custodia de la cocaína en regiones como el occidente del país. El cordón umbilical que une el generalato con el narcotráfico es indiscutible, por no afirmar una verdad sabida y buena fe guardada. En el Catatumbo, al campesino cocalero no hay quien le compre la hoja de la coca y la pasta base, y en el Bajo Cauca antioqueño se presenta la situación de no comercialización de grandes cantidades de pasta de coca, ahora arrumadas y que se están dañando. Igual situación se da en Vista Hermosa, Meta.

No es aceptable que la renuncia en el ejército sea asumida como simple rutina y no obedezca a algo de relevancia… Lo especial podría ser que esa oficialidad teme el rompimiento de las cadenas de custodia en relación con el narcotráfico y ello trae efectos negativos en sus ingentes ganancias al ser desenmascarados. O dentro del mismo concepto de temor, prever o presentir desenlaces golpistas al interior del ejército y para “curarse en salud” prefieren renunciar.

En modo alguno se dan las condiciones de renovación de una sub oficialidad o una oficialidad con tendencia al menos socialdemócrata dentro del universo filo castrense colombiano. Una tendencia de jóvenes oficiales renovadores al estilo del ejército venezolano cuando se dio el fenómeno de Hugo Chávez no cabe dentro de las fuerzas armadas colombianas, sino todo lo contrario. Podría parecer que fuertes tensiones de contradicciones internas dentro de la sub oficialidad y oficialidad en el ejército confluyan en la búsqueda de una oficialidad no pusilánime que, respetando la disciplina de cuerpo, aplique la selección natural, cual lucha de especies, en la escogencia de individuos que sean proclives a un golpe de Estado. Quedan muchos Zapateiros dentro del ejército. Indiscutiblemente, en el trasfondo que se pretende negar existe mucha tela de donde cortar.