El surgimiento del populismo autoritario en Costa Rica

Roberto Salom E.
Setiembre de 2026

En la vida política costarricense parece estar emergiendo un fenómeno nuevo que, quizá de manera provisional, puede denominarse populismo autoritario, a falta de una definición más precisa que dependerá del rumbo que tomen los acontecimientos en los próximos años.

Este fenómeno comienza a configurarse cuando apenas se cerraba el largo ciclo histórico del sistema bipartidista que predominó en Costa Rica durante varias décadas. Aquel período estuvo marcado por una notable estabilidad política y por una dinámica de alternancia entre dos grandes agrupaciones, una más progresista que la otra. Aunque ese contrapunto no estuvo exento de conflictos, permitió la consolidación de buena parte de la institucionalidad democrática y de políticas públicas que contribuyeron a un cierto igualitarismo social.

Sin embargo, contra muchos pronósticos, ese sistema colapsó con relativa rapidez. Factores sociopolíticos propios de la sociedad costarricense, combinados con transformaciones económicas y culturales de alcance global, precipitaron el derrumbe de uno de los dos grandes partidos tradicionales y el deterioro progresivo del otro. Se abrió entonces un período de mayor volatilidad política, caracterizado por la desaparición de antiguas lealtades partidarias y la proliferación de múltiples agrupaciones.

En ese escenario surgió una alternativa que se presentó como democrática, reformista y progresista: el Partido Acción Ciudadana (PAC), fundado en el año 2000. El PAC reivindicó la ética pública y logró modificar la dinámica electoral tradicional, provocando en tres ocasiones una segunda ronda electoral y alcanzando el triunfo en dos de ellas. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por contradicciones, dificultades para traducir sus principios en una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales y un progresivo distanciamiento respecto de sectores que inicialmente habían depositado expectativas en él. Su derrota electoral en 2022 no puede explicarse únicamente por factores coyunturales: también expresa el desgaste de una alternativa que, para una parte de la ciudadanía, no logró responder a las expectativas que había suscitado.

La experiencia costarricense no es necesariamente excepcional. En otras sociedades democráticas se han producido desplazamientos políticos en los que el agotamiento o la pérdida de credibilidad de una alternativa progresista han abierto espacio a opciones de signo muy diferente. El caso chileno, con el tránsito de Gabriel Boric a José Antonio Kast, constituye una expresión particularmente dramática de esa dinámica. No se trata de establecer una relación mecánica entre ambos fenómenos ni de equiparar sus circunstancias, sino de advertir que cuando una alternativa política pierde capacidad de representar las expectativas de sectores importantes de la sociedad, el espacio que deja vacío puede ser ocupado por fuerzas que ofrecen respuestas de naturaleza muy distinta.

Desde la crisis del bipartidismo, Costa Rica ha vivido una creciente volatilidad política. La previsibilidad que durante décadas caracterizó la vida pública se debilitó, mientras aumentaban el pragmatismo, el oportunismo y la fragilidad de los liderazgos partidarios.

Fue en ese contexto donde emergió la figura de Rodrigo Chaves, prácticamente desconocido para amplios sectores de la ciudadanía tras una larga trayectoria fuera del país. Su experiencia en organismos internacionales, sus habilidades comunicativas y su capacidad para conectar con distintas expresiones del malestar social le permitieron construir una base de apoyo significativa. A ello se sumó un estilo político confrontativo y una estrategia discursiva orientada a presentar a las instituciones y a las élites tradicionales como obstáculos para el cambio.

Pero aquí aparece una cuestión central: ¿qué entendemos por populismo autoritario y por qué podría aplicarse esta categoría al caso costarricense?

El populismo, en términos generales, tiende a construir una oposición entre un “pueblo” presentado como depositario de la voluntad auténtica de la sociedad y unas élites identificadas como responsables de sus problemas. Esa lógica puede adoptar distintas orientaciones ideológicas y no es necesariamente incompatible con la democracia. El problema aparece cuando esa apelación al pueblo se combina con una concepción según la cual quien habla en su nombre puede presentarse como su único o legítimo representante y, desde ahí, cuestionar los límites que la democracia constitucional impone al ejercicio del poder.

Es en esa combinación donde podemos encontrar los rasgos propiamente autoritarios del fenómeno. Entre ellos estarían la deslegitimación sistemática de los contrapesos institucionales; la descalificación de quienes discrepan como enemigos del pueblo o del cambio; la personalización creciente del poder político; la pretensión de subordinar instituciones autónomas o independientes a la voluntad del Ejecutivo; la utilización de una comunicación política polarizante que reduce la complejidad de los conflictos a una confrontación entre “el pueblo” y sus supuestos adversarios; y una concepción de la democracia que tiende a identificar la voluntad expresada en las urnas con una autorización para limitar otros mecanismos de control y deliberación.

No todos estos rasgos tienen necesariamente la misma intensidad ni se presentan de manera simultánea. Precisamente por eso resulta más apropiado hablar de un fenómeno en proceso de configuración que de un régimen ya plenamente constituido. La categoría de populismo autoritario no debería utilizarse como una etiqueta cerrada, sino como una herramienta para observar una determinada evolución de la política.

En Costa Rica, esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que algunas de esas tendencias parecen haber adquirido una presencia creciente en el discurso y en las prácticas políticas: la confrontación con instituciones que ejercen funciones de control, la descalificación de adversarios y críticos, la apelación directa a una ciudadanía supuestamente enfrentada a las élites y la tendencia a presentar los límites institucionales como obstáculos a la voluntad popular.

Esto no significa, sin embargo, que Costa Rica haya dejado de ser una democracia ni que su evolución hacia el autoritarismo esté predeterminada. Las instituciones, los partidos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía siguen constituyendo espacios de disputa y de resistencia democrática. Precisamente por ello es importante observar el fenómeno antes de que sus rasgos se consoliden.

Tampoco parece suficiente explicar este proceso apelando simplemente al “descontento ciudadano”. La sociedad costarricense no expresa hoy un único estado de ánimo frente a la política. Existen malestares diversos y, en ocasiones, contradictorios: frustración ante la desigualdad, inseguridad o pérdida de oportunidades; rechazo hacia determinadas élites políticas; desconfianza en instituciones y partidos; demandas de mayor eficacia estatal; pero también identificación con liderazgos que prometen orden, ruptura o cambio. Y esos sentimientos pueden coexistir con satisfacción, esperanza o incluso apoyo político al gobierno de turno.

Por eso, más que hablar de “el descontento”, habría que hablar de una sociedad atravesada por malestares y expectativas diversas, que no necesariamente conducen en una misma dirección política. El desafío consiste en comprender cómo esas experiencias diferentes pueden ser articuladas por determinados liderazgos y transformadas en una narrativa política capaz de construir una nueva mayoría.

Aquí reside uno de los principales problemas para las fuerzas democráticas y progresistas. No basta con defender las instituciones ni con añorar el período anterior al populismo. Tampoco basta con reivindicar las experiencias políticas que precedieron al actual momento. Si las instituciones y las fuerzas políticas tradicionales fueron percibidas por una parte importante de la sociedad como incapaces de responder a sus necesidades, defender la democracia exige también reconocer esas insuficiencias.

La democracia costarricense no puede sobrevivir simplemente conservándose a sí misma. Necesita renovarse. Pero esa renovación tampoco puede descansar en la concentración del poder ni en la eliminación de los contrapesos institucionales. El reto consiste en encontrar nuevas formas de representación, participación y deliberación capaces de responder a una sociedad mucho más heterogénea que aquella sobre la cual se construyó el viejo sistema bipartidista.

Esa ciudadanía tampoco constituye un bloque homogéneo. Es social, territorial, generacional, económica y políticamente diversa. No todos viven los problemas del país de la misma manera ni tienen las mismas expectativas respecto del Estado, la economía, las instituciones o el cambio social. Interpelarla democráticamente supone, por tanto, abandonar la pretensión de hablar en nombre de una ciudadanía abstracta y aprender a escuchar esa diversidad.

El desafío de nuestro tiempo no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas, sino en hacer que vuelvan a tener capacidad de representar, integrar y procesar democráticamente las diferencias existentes en la sociedad. Una democracia viva no elimina el conflicto: crea las condiciones para que el conflicto pueda expresarse, negociarse y transformarse sin que ninguna fuerza política pretenda monopolizar la representación del pueblo.

Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una disyuntiva que todavía está abierta. Puede avanzar hacia una democracia más plural, participativa y capaz de corregir sus propias deficiencias, o puede permitir que los legítimos malestares y frustraciones de la sociedad sean canalizados hacia formas crecientes de concentración del poder.

El desenlace no está escrito. Dependerá de la capacidad de las distintas fuerzas sociales y políticas para comprender una sociedad que ha cambiado, reconocer sus contradicciones y construir respuestas que no pretendan homogeneizarla. La supervivencia de la democracia dependerá tanto de la defensa de sus límites como de su capacidad para transformarse.

RSE