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Etiqueta: Comisión Alianza Comunal

Comunidades de Osa logran que la Contraloría ordene protección ambiental en permisos de construcción

Comisión Alianza Comunal*

  • Estudio sobre permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta

  • La Contraloría confirma graves debilidades institucionales en la protección ambiental y el ordenamiento territorial

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la orden n.° DFOE-SOS-ORD-00002-2026, tras una investigación preliminar sobre permisos de construcción otorgados en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La investigación surge a partir del proceso de incidencia ciudadana conducido por nuestra Comisión, el cual fue apoyado y gestionado a través de la denuncia presentada, el 30 de setiembre de 2025 por el exdiputado Ariel Robles, ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en terrenos con mucha fragilidad ambiental dentro del cantón de Osa.

El estudio fue desarrollado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, cuyos resultados fueron notificados el 21 de mayo de 2026. Como resultado, el órgano contralor emitió órdenes vinculantes dirigidas a seis municipalidades: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú, así como al SINAC y la Dirección de Aguas del MINAE.

La Contraloría concluye que estas municipalidades han venido otorgando permisos de construcción basándose únicamente en la revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental ni mecanismos preventivos de consulta técnica con instituciones como SETENA, SINAC o Dirección de Aguas. Esto ocurre incluso dentro de territorios estratégicos para la conectividad ecológica y la conservación de ecosistemas.

Según el informe: “Los gobiernos locales de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú han visto debilitada su correcta administración y planificación territorial, por cuanto otorgan permisos de construcción sin incorporar formalmente la variable ambiental (…) comprometiéndose así el desarrollo sostenible del cantón y el equilibrio entre expansión urbana, protección ambiental y bienestar de la población”.

La CGR también señala la ausencia de planes reguladores integrales, la falta de controles mediante coordenadas geográficas, la inexistencia de zonificaciones ambientales y la débil coordinación interinstitucional para la tutela del ambiente.

Un precedente histórico para el Corredor Biológico Paso de la Danta

La importancia de este proceso trasciende el cantón de Osa. El Corredor Biológico Paso de la Danta atraviesa parcial o totalmente seis cantones: Osa, Quepos, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y Buenos Aires.

La Contraloría reconoce oficialmente que el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta constituye un instrumento relevante de gestión territorial y protección ambiental, el cual había sido ignorado o minimizado en los procesos municipales de permisos de construcción.

El informe además señala los Elementos Focales de Manejo (EFM) identificados, que pueden integrar Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), fundamentales para la conectividad ecológica entre la Cordillera de Talamanca, el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, incluyendo: grandes parches de bosque tropical; rutas de conectividad para grandes mamíferos; cuencas hidrográficas que impactan arrecifes y ecosistemas marino-costeros y corredores costeros vinculados con sitios de anidación de tortugas marinas.

La conclusión es contundente: las áreas ambientalmente frágiles y sitios de importancia ambiental del CBPD sí deben ser consideradas de manera vinculante en los permisos de construcción.

Este proceso también representa una experiencia pionera de articulación entre organización comunitaria, investigación ciudadana y fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, que permitió escalar una denuncia territorial hacia la Contraloría General de la República. Se trata de una vía poco utilizada históricamente por las comunidades en conflictos socioambientales relacionados con omisiones municipales y ordenamiento territorial. La experiencia abre un camino importante para otros territorios del país, demostrando que las comunidades organizadas pueden activar mecanismos institucionales de fiscalización del Estado cuando existen vacíos regulatorios, falta de controles ambientales o decisiones municipales que comprometen ecosistemas y bienes comunes. En ese sentido, este caso podría sentar un precedente importante para futuras luchas ambientales y territoriales en Costa Rica.

Órdenes obligatorias y cambios institucionales

La Contraloría ordenó medidas correctivas obligatorias para municipalidades, SINAC y Dirección de Aguas.

Entre las medidas ordenadas por la Contraloría destacan la incorporación formal de la variable ambiental en los procesos de otorgamiento de permisos de construcción, la creación de mecanismos obligatorios de coordinación entre las municipalidades, el SINAC, SETENA y la Dirección de Aguas, así como la actualización del Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta. Además, se establece la necesidad de delimitar sitios de importancia ambiental y áreas ambientalmente frágiles, fortalecer los sistemas de información y control territorial e implementar procesos de capacitación ambiental para el personal técnico y administrativo de los gobiernos locales.

El incumplimiento de estas órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.

Una lucha comunitaria sostenida durante años

Como Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, queremos compartir con las comunidades que este proceso no surgió de la nada.

Durante años hemos impulsado procesos de educación popular, investigación-acción y participación ciudadana para documentar y visibilizar los impactos del modelo constructivo intensivo y del turismo inmobiliario desregulado sobre la Fila Costeña.

Hemos investigado afectaciones sobre fuentes de agua, bosques, biodiversidad y ecosistemas vinculados al Parque Nacional Marino Ballena. También tuvimos que recurrir a recursos legales para acceder a información pública sobre permisos de construcción y evidenciar las debilidades institucionales en el ordenamiento territorial.

Todo este trabajo colectivo permitió construir acuerdos comunales y elevar las denuncias hasta instancias nacionales.

Hoy, el informe de la Contraloría confirma oficialmente muchas de las preocupaciones y denuncias que las comunidades venimos señalando desde hace años.

Volvamos a encontrarnos

Queremos contarles a nuestras vecinas y vecinos que, durante este tiempo en que no nos hemos encontrado en el espacio del Festival del Día Mundial del Océano, la defensa de la Fila Costeña no se ha detenido.

Al contrario: se ha abierto un precedente histórico que podría transformar la manera en que se gestionan los permisos de construcción y la protección ambiental no solo en Osa, sino en todos los territorios del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Por eso queremos volver a encontrarnos este próximo domingo 7 de junio en el Festival del Día Mundial del Océano, en El Mercado de Bahía Ballena.

Queremos compartir los avances, los desafíos, las tensiones y las esperanzas de este proceso colectivo que lleva muchos años caminándose y que también se ha sostenido gracias a ustedes: con su presencia, sus firmas, sus conversaciones, su apoyo y su compromiso con la defensa del territorio.

La Fila Costeña sigue siendo una primera línea de protección del Parque Nacional Marino Ballena. Un territorio clave para el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de toda la región.

Pero también se ha convertido en un laboratorio vivo de organización comunitaria y defensa territorial cuyos aprendizajes podrían servir de ejemplo para muchas otras comunidades, corredores biológicos y territorios del país.

Informe: https://drive.google.com/file/d/1XTcwTK7KmRndxe2w8SanqGwaC6ocayqW/view?usp=sharing

*Adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Solicitan a Contraloría General investigar a la Municipalidad de Osa por permisos de construcción en la Fila Costeña

  • Solicitud formal por el otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona

Osa, 29 de octubre de 2025. La Contraloría General de la República (CGR) recibió solicitud de una investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) -adscrita al Comité Local del CBPD- mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el pasado 30 de septiembre de 2025 (oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0329-2025).

La solicitud de investigación se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública, y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.

Un territorio clave bajo presión

La Fila Costeña o Brunqueña, está formada por una fila montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.

En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua -58 nacientes, un pozo y una toma superficial- administradas por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón (GG-2025-02239).

Sin embargo, la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio. Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia.

El diagnóstico del SINAC (2018) identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes, indica que el número de parches de bosque ha disminuido en un 30% desde entonces.

La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022. En comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024 se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se tramitaron 482; además investigaciones académicas (Leiva, 2025) muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.

Un estudio de la Universidad Nacional (Morera.2009), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos, generando deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.

Respuesta comunitaria

Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD), ha impulsado un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias como moratoria en los permisos de construcción, actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una Categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila y una Mesa de Diálogo Ciudadana.

Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.

Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y luego desestimó un año después las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades. Además, ha sostenido que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado.

Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.

Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección.

A ello se suman denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo y construcción en zonas de protección. No existen estudios sobre niveles freáticos ni identificación de zonas frágiles, pese a que la combinación de deforestación, terraceo y apertura de caminos incrementa la erosión y la sedimentación de ríos y costas.

La Fila Costeña no aguanta más”

Según la CAC, “lo expuesto es solo una síntesis de la problemática. A la falta de planificación y control se suma la ausencia de un Plan de Manejo Integral de Residuos, en un cantón donde la población y el turismo crecen aceleradamente”.

La organización hace un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presiona los ecosistemas costeros y montañosos.

Finalmente, el grupo comunal expresó su esperanza en que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión:

Confiamos en que esta investigación sea una oportunidad para que el Estado actúe en defensa del interés público, proteja el patrimonio natural y garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Desde la comunidad continuaremos haciendo valer nuestros derechos ciudadanos hasta lograrlo.”

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.