Un grupo de vecinos de Coronado decidieron limpiar un lote baldío, y sembrar árboles autóctonos, pero no se quedaron ahí, también preparan un espacio del terreno para hacer una huerta comunitaria, realmente un gran ejemplo de copiar.
Información y fotografías tomadas del Facebook del Rafa Cartín Leiva.
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Oscar M Solano Aguilar
Parte tres: Ni oficinas bancarias, ni verificación de derechos en el EBAIS
Gran afluencia turística como no solemos ver.
Claro que eso ocurre en parte porque la vía pluvial es una. Además porque los hoteles se encuentran en las riveras del Río Tortuguero y los canales lo que permite ver el llegar y salir constante de embarcaciones transportando visitantes.
En el embarcadero de La Pavona se concentran salida y entrada. “Hervidero” de embarcaciones y turistas principalmente de origen europeo. En su mayoría personas adultas maduras. No obesas por cierto.
La población local cuyo índice ocupacional desconozco pero que según parece es alto, se une a población inmigrante flotante no asegurada.
El almacén aporta bienestar porque los productos que antes eran muy caros “ahora tienen precios similares a los de Cariari”.
Un empresario local donó una propiedad para instalar oficina bancaria. Los hoteleros ofrecieron traer y llevar funcionarios bancarios en vuelo chárter. Instalar cajero automático solo beneficiaría a turistas, no a la población local que debe viajar hasta Cariari a realizar trámites bancarios o ir al almacén donde se cambian cheques y se pasan tarjetas de crédito por efectivo. Con comisión del 10%.
Pero no. Al Banco de Costa Rica no le convino la localización por razones de seguridad. La opción viable para edificar era un lote cercano a la agencia del ICE y las oficinas policiales.
JAPDEVA según parece se opuso. Razones justas y lógicas habrán tenido los directores más no son precisamente las de promover el desarrollo.
Imagina uno que entonces los ciudadanos de un lugar que genera tanto ingreso al país por la actividad turística además encadenada con empleo y comercio, han de ser una especie de ciudadanos de no muy apreciada categoría para quienes dirigen el desarrollo de la vertiente atlántica. Eso mientras han de estar muy cómodos en confortables oficinas con aire acondicionado y vaya usted a saber con qué otros privilegios discrecionales.
Lo de la situación de salud es otra cuestión. Población local y flotante no asegurada.
Junto con gran cantidad de visitantes podrían sufrir contingencias que obligarían al único médico del EBAIS a intervenir o denegar atención si la condición no fuese urgente porque los cupos se completarían con asegurados. Todo en jornada ordinaria ya que no hay disponibilidad médica en horario extraordinario.
La razón por la que no existe una oficina de verificación de derechos no encuentra explicación.
Al menos para la gente del pueblo y empresarios hoteleros resulta extraño que se proceda de esa manera. Consideran que su ausencia significaría que la atención brindada ante contingencias de salud ineludibles a turistas o no asegurados será gratuita por razones obvias.
Según consideran la expectativa de atención pagada tampoco es posible ya que configuraría delito. Así, gastos no reembolsables o pagos no posibles impediría se financie más personal incluido otro médico y/o pago de horas extras que amplíe la jornada de atención. Queda por tanto desprotegida la población durante 16 horas y fines de semana.
Con lo anterior, dicen que todos perdemos. Beneficiarios potenciales de los servicios, personal de salud y la institución por gastos no recuperables.
Enviado a SURCOS Digital por el autor.
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Periodista Oficina de Divulgación e Información
El Centro Cultural del Recinto de Golfito y la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica unieron esfuerzos para ofrecer dos talleres de cerámica y fotografía abiertos a la comunidad golfiteña donde participaron jóvenes, adultos y adultos mayores de esta zona, así como estudiantes del recinto.
El taller de cerámica fue impartido por la profesora Carmen Aguilar y el de fotografía por la profesora Rebeca Alpízar en el Centro de Promoción Cultural del 10 al 13 de febrero, con la cooperación de Ana Patricia Rojas, coordinadora de Acción Social del recinto. Ambos contaron con una amplia asistencia y fueron recibidos con gran entusiasmo por el público.
En la siguiente galería de fotografías Rebeca Alpízar ofrece una muestra del trabajo que realizaron en los talleres.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Por segundo año consecutivo, el Programa de Voluntariado está realizando una campaña de donación de útiles escolares, en ésta ocasión para niñas y niños de las comunidades del distrito Boruca en la zona sur.
Con la motivación del apoyo recibido el año anterior decidimos aumentar la meta de 50 a 180 niños y niñas, ya que la situación económica que presentan estás comunidades indígenas es muy deficiente y la compra de útiles escolares se convierte en un problema para los padres y madres de familia por la falta de recursos económicos, lo cual atenta para que las niñas y niños asistan a la escuela.
Se estará apoyando a las escuelas de Curré, Bella Vista y La Fila, del distrito de Boruca en Buenos Aires de Puntarenas.
El cambio es posible y está en nuestras manos, apoyemos a estas niñas y niños a cumplir su sueño de estudiar. Con la donación de uno de los siguientes artículos, ustedes serán parte del cambio.
Se necesitan 150 paquetes para niñas y niños de primero a sexto grado y materiales para 30 niños de edad preescolar.
Cada paquete escolar incluye:
– 1 bulto
– 7 cuadernos (4 de 100 hojas y 3 de 50 hojas)
– 1 lápiz
– 1 borrador
– 1 tajador
– 2 bolígrafos (azul y rojo)
– 1 juego de geometría
– 1 caja de lápices de color
– 1 capa impermeable.
Para los niños y niñas de preescolar se pueden donar los siguientes artículos:
– Temperas.
– Pinceles.
– Goma.
– Tijeras.
– Papel construcción.
– Juegos de mesa infantiles.
– Lápices de color.
– Plasticina.
– Entre otros para edad preescolar.
Si desea colaborar con la campaña, donando cualquiera de los artículos mencionados en la lista, los pueden hacer llegar a la oficina del Programa de Voluntariado antes del antes del 3 de marzo.
Nuestra oficina se encuentra ubicada 100 sur y 25 oeste de Fundevi, ó 100 norte y 25 oeste de Office Depot, San Pedro, Montes de Oca, San José, Costa Rica.
Y nuestro horario es de lunes a viernes de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm.
Para más información puede comunicarse al 2511-1055, 2511-1054
Correo: voluntariado: vve@ucr.ac.cr
Página Web: http://www.voluntariado.ucr.ac.cr/
Página de Facebook: https://es-es.facebook.com/programadevoluntariadoucr
Enviado a SURCOS Digital por Universidad de Costa Rica.
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Radio Universidad abre micrófonos a la Rectoría
Periodista de Rectoría
Con el fin de posibilitar un intercambio de información y opinión con la comunidad universitaria y la sociedad en general, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen Pennington, tendrá un Diálogo abierto con los oyentes de Radio Universidad todos los jueves a las 5 p.m.
Esta es la primera vez, después de varias décadas, que la Rectoría cuenta con un programa desde los micrófonos de las radios universitarias.
Se trata de un espacio semanal de 30 minutos en los 96.7 FM de Radio Universidad, que inició el jueves 22 de enero, en el cual el rector, los vicerrectores, estudiantes, docentes y funcionarios administrativos profundizarán semanalmente en temas de relevancia para la vida universitaria.
Para las Radioemisoras UCR abrir un espacio a la Rectoría significa dar voz a una instancia universitaria que forma parte de la vida de la UCR. «Ya la Federación de Estudiantes tiene su espacio en Radio U y hemos ofrecido al Sindicato SINDEU otra ventana para difundir sus mensajes», explicó el director de las Radioemisoras M.Sc. Alejandro Vargas Johanson.
Para el rector Henning Jensen este programa radiofónico le dará la oportunidad de comunicarse más directamente con la comunidad universitaria y responder a sus inquietudes.
Añadió que desde la Rectoría se toman decisiones que impactan la dinámica universitaria. “Es por ello que es conveniente que haya no solo un espacio de transmisión de ideas y proyectos, sino sobre todo, el tener la posibilidad de una retroalimentación desde los funcionarios y estudiantes”.
Diálogo abierto recibirá invitados especiales sobre las diferentes temáticas semanales, quienes responderán a las consultas tanto del rector y vicerrectores como de los radioescuchas.
Debido a que el programa se transmite en directo, los oyentes pueden hacer preguntas a los invitados mediante las redes sociales de Radio Universidad y vía telefónica.
El programa será suspendido durante la época electoral universitaria.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Destacan triunfo de Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua
Piden humildad municipal para reconocer “festín inmobiliario” como causa de crisis
Ante la gravedad de la crisis provocada por la falta de agua potable para las casi cinco mil familias de los distritos central, San Pablo y San Roque de Barva de Heredia, la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga Espeleta, acordó, a pedido de la Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva, la intervención de ese instituto en el acueducto municipal.
Rafael López Alfaro, miembro de la Junta Interventora y presidente de la Asociación de Desarrollo de Barva de Heredia, manifestó que celebran el acuerdo logrado bajo el auspicio del AyA, que viene a dar un espaldarazo y legitimación adicional al esfuerzo comunal que se ha impulsado desde el Foro Cantonal Barveño por la Defensa del Agua (ver fotos abajo). “Esperamos que este acuerdo sea respetado por las autoridades del municipio y que la actitud de obstruir y oponerse al trabajo de la Junta Interventora, se torne en una actitud de respeto y reconocimiento de nuestro esfuerzo, que permita generar un clima apropiado para el desarrollo del proceso de intervención.
Agregó que la salud y la vida del pueblo está en riesgo y es hora de que la municipalidad asuma con humildad que el colapso del acueducto municipal es responsabilidad de la Alcaldía y los regidores, que han estado otorgando permisos urbanísticos “sin ton ni son”, en ausencia del plan regulador cantonal y un estudio integral de capacidad y optimización del acueducto.
Denunció que la actitud de deslegitimar a la Junta Interventora y de obstruir su trabajo, se pone de manifiesto, entre otras cosas, en la publicación y distribución, -pagados con fondos públicos-, de volantes que no solo descalifican a los integrantes de la Junta Interventora sino que además los tilda de mentirosos. Recordó que a pesar de que desde el día 5 del mes de mayo diferentes organizaciones comunales han pedido por escrito información sensible y vital para los fines y tareas de la Junta Interventora, al día de hoy ningún órgano de la municipalidad ha respondido al pedido.
López Alfaro concluyó diciendo que la actitud ligera y complaciente del gobierno local ha facilitado un verdadero “festín inmobiliario” en el cantón y la expansión de la llamada “mancha urbana”, llegando al extremo de derogar acuerdos del concejo municipal anterior que prohibían el desarrollo de proyectos urbanísticos hasta tanto se contara con el plan regulador y el estudio iIntegral del acueducto. “Este crecimiento desordenado y caótico nos está pasando la factura al provocar que la demanda del preciado líquido se dispare frente a una oferta cada vez menor del agua”, dijo el presidente comunal.
De acuerdo con la presidenta ejecutiva del AyA, la problemática del agua es grave y profunda. Señaló que la política de la institución es evitar la intervención directa, y por el contrario, promover la participación ciudadana de las poblaciones directamente afectadas en la búsqueda y construcción de soluciones a nivel local.
Manifestó que el criterio del departamento legal del Instituto, expresado en el oficio que da respuesta a las preocupaciones de la Alcaldía sobre la legalidad de la Junta Interventora del Acueducto Municipal, es que ese organismo creado por la comunidad no tiene ningún vicio de legalidad. Indicó que al contrario, esta decisión de la comunidad está a tono con los instrumentos de Derecho Internacional como el Principio 10 de la Declaración de Río adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en el Marco de la Cumbre Mundial sobre ambiente celebrada en Brasil en el año 1992 y es además conforme con el principio constitucional recogido en el Artículo 9 de la Constitución Política que señala que el Estado costarricense es democrático y participativo, lo cual es desarrollado por una serie de leyes ordinarias que promueven la participación de las comunidades en la solución de sus problemas, como la Ley Orgánica del Ambiente.
Fredy Humberto Vargas Chavarría, integrante de la Junta Interventora del Acueducto Municipal de Barva destacó que no se trata de una intervención directa del AyA para tomar el servicio, sino de un acuerdo para apoyar y fortalecer el trabajo de la Junta. Agregó que para facilitar la búsqueda de las soluciones inmediatas, así como asegurar la sostenibilidad del acueducto municipal de Barva, se acordó integrar un equipo de coordinación con representantes de la Juna Interventora, la Municipalidad de Barva y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, bajo la coordinación del ingeniero José Luis Arguedas, funcionario del ente gubernamental y vecino de Barva.
Para mayor información comunicarse con el licenciado Fredy Vargas Chavarría al teléfono 8302 2347, con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Ruiz al teléfono 8813 5559, o con el máster Rafael López Alfaro al teléfono 8368 3214.
Enviado a SURCOS por Fredy Vargas Chavarría.
“La movilización comunitaria en demanda de su derecho a participar e intervenir en la solución de la grave crisis que está provocando los prolongados racionamientos en el servicio de agua potable, permitió que el Concejo Municipal, pese a la resistencia de algunos de su concejales, aprobara a altas horas de la noche del lunes 26 de mayo la propuesta presentada por el Foro Cantonal Barveño por el Agua, así como la suspensión de todo permiso de construcción de condominios, urbanizaciones y lotificaciones”, dijo el dirigente Rafael López Alfaro.
La organización comunitaria sometió a consideración del Concejo y la Alcaldía Municipal una serie de propuestas encaminadas a atender de manera inmediata la urgencia de un abastecimiento constante, regular y estable del agua potable, y a la vez, orientar la gestión mediata y futura del acueducto municipal en resguardo del derecho humano al agua potable.
Según el acuerdo municipal adoptado con base en la propuesta comunitaria, las siguientes son las tareas de la Junta Interventora:
a. De manera inmediata identificar y ejecutar las acciones para normalizar el servicio de agua potable de los vecinos y vecinas del cantón
b. Participar en la operación del acueducto municipal
c. Hacer recomendaciones para el funcionamiento del acueducto en elmediano y largo plazo paraasegurar la operación sostenible
d. En general la intervención de la Junta recogerá las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República en el Informe No. DFOE-DL-1-2014 “Informe de Auditoría de Carácter Especial Sobre la Gestión de los Acueductos Municipales” adoptado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del mes de marzo del año 2014.
e. Asegurar la realización del “Estudio integral sobre la capacidad y optimización del acueducto municipal”
“El período de vigencia de la junta será de seis meses y su trabajo se hará hombro a hombro con los funcionarios municipales asignados al Acueducto Municipal”, señala un comunicado del Foro Cantonal Barveño por el Agua.
La juntaestaráintegrada por Carlos Manuel Álvarez Morales, ClaudioSegura Sánchez, Miguel Ángel RodríguezRuiz (microbiólogo), Luis Gerardo Vargas Chavarría (ingeniero civil),Antonieta Camacho Soto, Fredy Vargas Chavarría (abogado), Rafael Eduardo López Alfaro,Heylem Chichilla Dávila, Carlos Mejía Arias,María de los Ángeles Montero Carballo. Las asociaciones de desarrollo integral representadas son las de Barva centro, Buena Vista, San Roque ySan Pablo.
Las organizaciones participantes del Foro Cantonal Barveño por el Agua acordaron informar constantemente a sus comunidades del avance del proceso.
En la foto se aprecia parte de la movilización por el agua en Barva. En primer plano están Miguel Ángel Rodríguez Ruiz, Rafael López Alfaro y Carlos Manuel Álvarez Morales.
Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.
Nicolás Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Durante esta semana que concluyó, se celebraron las audiencias ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso que opone a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz al Estado de Honduras: se trata de uno de los varios casos que oponen la comunidad garífuna al Estado hondureño desde varios años (Nota 1). Un estudio sobre la cultura garífuna isleña de Honduras ya advertía hace unos años que: “/…/ debo decir que, las organizaciones garífunas hondureñas, no reciben impuestos, no sustituyen al Estado, ni a las municipalidades del país; únicamente luchan por una sociedad incluyente, participativa, justa, libre de racismo y con igualdad de oportunidades para todas y todas. El Estado hondureño, está llamado a corregir las inequidades históricamente producidas, dado que las comunidades deben ser y son sujetas de las decisiones y de los cambios” (Nota 2).
En esta semana se observó la presencia de unos 70 integrantes de la comunidad garífuna que participaron en las audiencias o apoyaron a sus líderes durante estos días en San José.
La lucha de las comunidades garífunas:
Si bien la distribución geográfica de la población garífuna (estimada en unas 600.000 personas) incluye a Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, es la comunidad de Honduras la que ha recurrido con mayor regularidad a instancias internacionales para intentar hacer valer sus derechos. La controversia en relación a la comunidad del Triunfo de la Cruz surgió debido a varios proyectos impulsados desde hace muchos años por Honduras para atraer inversión extranjera en esos territorios ancestrales del pueblo garífuna. Estos proyectos consisten en crear infraestructura turística y promover actividades comerciales, crear las denominadas “ciudades modelo”, decretar una área protegida y proceder al traspaso de tierras a un fideicomiso Estado/inversionistas extranjeros: estos proyectos de diversa naturaleza se hicieron, según los peticionarios garífunas (quienes agotaron pacientemente una tras una las vías jurisdiccionales hondureñas antes de acudir al sistema interamericano) sin respetar algunos de sus derechos históricos sobre estos territorios. En el 2012, la Comisión Interamericana constató que: “ A partir de 1990, la situación se agravó notoriamente frente al otorgamiento por parte de autoridades públicas a grupos empresariales de turismo y a particulares de títulos de propiedad sobre áreas poseídas por la Comunidad, lo que dio lugar a que organizaciones comunales y nacionales garífunas realizaran una serie de acciones orientadas a denunciar las violaciones de las cuales eran víctimas y a reivindicar sus tierras ancestrales ./…/ En particular, los hechos denunciados refieren lo siguiente (i) las consecuencias de la ampliación del radio urbano del Municipio de Tela en relación con el Proyecto Marbella, el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tela y la Cooperativa el Esfuerzo; (ii) la injerencia de la Municipalidad de Tela en la creación y permanencia de una Junta Directiva paralela del Patronato de la Comunidad; (iii) la planificación y ejecución de proyectos turísticos; (iv) la creación del área protegida Punta Izopo; y (v) los hostigamientos, amenazas y asesinato de autoridades, líderes y lideresas de la Comunidad por actividades en defensa de su territorio ancestral “ (Informe 76/12 de la Comisión, caso 12.548, párr. 98-100). En otro ámbito, que evidencia de igual manera la poca atención de las autoridades en relación a los reclamos de las comunidades garífunas (pero a su vez la determinación de las comunidades garífunas hondureñas), un Panel del Banco Mundial debió, en el 2006, ordenar una investigación en relación a un proyecto crediticio por más de 25 millones de US$ impulsado por el Estado de Honduras (quién no procedió a consultar a las poblaciones garífunas y medir el impacto sobre estas). Se lee en el informe sobre admisibilidad (ver texto completo del Informe y Recomendación sobre Solicitud de Inspección, Programa de Administración de Créditos (Crédito AIF Nº 3858-HO ) que : “El Panel determina que los Solicitantes han alegado que las acciones del Banco Mundial constituyen una violación de las políticas y procedimientos del Banco sobre pueblos indígenas, hábitats naturales, evaluación ambiental y supervisión y que estas acciones han tenido o podrían tener un efecto adverso significativo sobre los derechos de los Solicitantes, según lo establecido en el Párrafo 9(b). El Panel observa la necesidad de recabar datos sobre los planteos de los Solicitantes en cuanto a que el Banco violó sus propias políticas y procedimientos operacionales”. En el informe de investigación del Panel de Investigación del Banco Mundial del año siguiente (ver informe titulado: ”Honduras: Programa de Administración de Tierras de Honduras (Crédito de la AIF 3858-HO) – año 2007 ”, se concluye de manera muy clara por parte de los miembros del Panel de Investigación que: “Dada la relativa vulnerabilidad económica y política de los pueblos indígenas, el Panel determina que las salvaguardias dispuestas en el marco del Proyecto no son adecuadas para proteger los derechos garífunas sobre sus Tierras Étnicas en el contexto de la ejecución del Proyecto” (p. 111).
Una serie de violaciones a los derechos humanos:
En el presente caso expuesto por la comunidad de Triunfo de la Cruz ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el respeto al derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) es uno de los principales alegatos presentados, al no haber aún el Estado provisto a esta comunidad de un acceso efectivo a un título de propiedad sobre sus territorios ancestrales; así como por haberse abstenido durante todo este tiempo de demarcarlo de una manera adecuada. Sin titulación ni linderos claramente establecidos, el ejercicio del derecho a la propiedad se ve sustancialmente limitado. Además de otras violaciones al Pacto de San José detectadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz (ver carta oficial del 21 de febrero del 2013 de la Comisión a la Corte disponible aquí buscando el acápite correspondiente a “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, Honduras”), la Comisión refiere a un tema que posiblemente interese a comunidades de otros Estados de la región latinoamericana: la imperiosa necesidad de consultar a las comunidades en el caso de megaproyectos que las puedan afectar o regulaciones sobre el uso de suelo. «Otro de los componentes del presente caso es la falta de una consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus miembros con respecto a la adopción de decisiones que afectan el territorio que han ocupado históricamente. Dentro de tales decisiones se destacan la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos; la creación de un área protegida en parte del territorio ancestral; y las ventas de tierras comunitarias» señalaba la Comisión al remitir el caso a la Corte de San José. Para los representantes de las organizaciones garífunas hondureñas (ver nota de prensa), «lo que se espera es que haya una sentencia no solamente para que se le restituyan las tierras a la comunidad de Triunfo de La Cruz sino que se implemente en el país una ley sobre la consulta y consentimiento previo libre e informado que se requiere para que los proyectos a implementar cuenten con el aval de las comunidades«. Se trata de un vacío legal del que no solo adolece el Estado hondureño en el hemisferio americano, y que ha dado lugar a una larga serie de medidas cautelares ordenadas en años recientes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de comunidades indígenas, tribales y campesinas, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son a muy a menudo víctimas (ver listado oficial).
Años atrás tuvimos la oportunidad de referirnos a la delicada situación en la que se encontraba – y sigue encontrándose – Costa Rica en relación al megaproyecto hidroeléctrico El Diquis (ver breve artículo) de cara a sus obligaciones internacionales con relación a los pueblos indígenas. En un interesante artículo de Karine Rinaldi publicado a finales del 2012 en Costa Rica, la jurista expresó que: “de conformidad con la jurisprudencia interamericana, las consultas deben hacerse desde las primeras fases y constituir una comunicación constante entre las partes (lo que excluye una simple entrega de información por parte del Estado). Además, es importante entender que deben realizarse mediante procesos culturalmente adaptados; en este sentido, la Corte Suprema de Justicia debería haber integrado la dimensión temporal para respetar los tiempos y las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas”. Las regulaciones ambientales también parecieran haber sido vulneradas según expresado por el experto en derecho ambiental, el reconocido abogado Alvaro Sagot (ver artículo). La administración que inició en mayo del 2014 “hereda” de la correspondiente al ejercicio 2010-2014 este delicado problema (como muchos otros), y el proyecto El Diquís pareciera estar “varado” según un titular de La Nación (Costa Rica) reciente. La máxima representante de Naciones Unidas en Costa Rica en septiembre del 2013 (verentrevista) ratificó y deploró, de manera más general, la situación de discriminación y abandono en la que se encuentran las comunidades indígenas de Costa Rica.
Medidas cautelares y otras medidas ordenadas a Honduras:
En el caso de las comunidades garífunas, ya el 28 de abril de 2006 la Comisión había solicitado la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. En aquella ocasión había instado al Estado a que «adopte las medidas que sean necesarias para proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunfo de la Cruz. En especial, /que/ tome las medidas necesarias para evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva en el caso Nº 12.548» (Informe 76/12, Caso 12.548, Comisión IDH, p. 3 punto 12). El 16 de septiembre de 2011, la Comisión ordenó al Estado de Honduras (MC 322/11, Honduras) medidas cautelares a favor de Miriam Miranda, objeto de amenazas y hostigamientos en razón de su labor en defensa de los derechos de las comunidades garífunas. La Comisión «solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Miriam Miranda, concertar las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar«. Estas medidas cautelares y unas más a favor de líderes garífunas forman parte de las 80 medidas cautelares que convirtieron a Honduras en el Estado con mayor número de medidas cautelares según los resultados de un foro realizado en Tegucigalpa en el año 2013: el dato reviste interés en la medida en que evidencia la poca atención de las actuales autoridades de Honduras con relación al respeto de los derechos humanos. Un año atrás, en enero del 2010, la estación de radio garífuna “Faluna Binetu” fue incendiada por desconocidos (ver nota), sumándose a una larga lista de actos de intimidación, vejaciones y amenazas sufridos por la comunidad garífuna y por sus representantes, sin que ello provoque por parte de las autoridades de Honduras reacción alguna. Cabe señalar que en diciembre del 2013, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió a la petición de los representantes de las comunidades garífunas para poder contar con el apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
De posibles perspectivas:
La sentencia a dictarse en este caso (así como los relacionados con otras comunidades garífunas hondureñas) podría precisar el alcance de la jurisprudencia interamericana en el caso Saramaka contra Surinam (Nota 3), en particular en relación a los elementos culturales y espirituales que son parte intrínseca de la identidad de los pueblos indígenas y tribales del continente americano. En el caso de los garífunas hondureños, la UNESCO ha identificado la relación muy fuerte de su cultura con relación al agua (ver ficha técnica del Programa Hidrológico de la UNESCO). En el caso Saramaka contra Surinam, leemos que “la Corte, por lo tanto, concluye que los miembros del pueblo Saramaka conforman una comunidad tribal protegida por el derecho internacional de los derechos humanos que garantiza el derecho al territorio comunal que han usado y ocupado tradicionalmente, derivado del uso y ocupación, de larga data, de la tierra y de los recursos necesarios para su subsistencia física y cultural y, asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar a los integrantes del pueblo Saramaka el derecho de propiedad comunal respecto de dicho territorio” (párr. 96, ver texto integral de la sentencia). Con relación a este último aspecto (el carácter colectivo de la propiedad), la Corte mostró su enojo ante las aseveraciones del Estado, y enfatizó (párr. 103) que: “/…/ es improcedente el argumento del Estado en cuanto a que es discriminatorio aprobar una ley que reconozca las formas comunales de posesión de la tierra. Es un principio establecido en el derecho internacional que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no necesariamente constituye discriminación no permitida”. En lo que respecta al uso de los recursos naturales, sentenció sin mayor contemplación (párr. 121) a las autoridades de Surinam que: “De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”.
Conclusión:
En un reciente foro realizado en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, la experta en temas indígenas Karine Rinaldi recordaba de manera muy clara que: «El estilo de vida no es meramente cuestión de posesión o producción sino un elemento material y espiritual base de su cultura, integridad y supervivencia» (ver nota publicada por Elpais.cr). El caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz contra Honduras podría dar lugar a una sentencia de los jueces de la Corte de San José que permita confortar algunos principios jurídicos esbozados con anterioridad, brindando así una luz de esperanza a muchos de los pueblos indígenas y tribales de América Latina golpeados por megaproyectos o iniciativas inconsultas de otro tipo que amenazan su supervivencia como comunidades. Un estudio sobre las diversas técnicas usadas por el juez interamericano en su jurisprudencia con relación a los elementos culturales concluye precisamente al respecto que: «… los conceptos amplificadores de los derechos convencionales mantienen la Convención en movimiento y son las herramientas por excelencia del juez interamericano para avivar esta primavera jurisprudencial» (Nota 4). Es muy probable que muchas comunidades del hemisferio americano que se han sentido en el pasado discriminadas, despojadas, humilladas (y hasta burladas) por sus propias autoridades estatales estén con algunas expectativas con relación al caso de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Los especialistas, analistas y demás observadores deberán por su parte mostrarse atentos (y alertas) a este caso y al contenido de la decisión de los jueces. Esperemos que los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se muestren a la altura ante los desafíos que plantean las valientes comunidades garífunas hondureñas al sistema interamericano de protección de los derechos humanos como tal.
NOTAS:
Nota 1: Otro caso similar fue remitido por la Comisión a la Corte en octubre del 2013 (comunidad garífuna de Punta Piedra, ver para mayores detalles comunicado oficial de la CIDH) . En el 2007 la Comisión declaró de igual manera admisible una petición de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos (ver informe 39/07).
Nota 2: Véase estudio de CACHO CABALLERO X. M., “Derechos económicos, sociales y culturales de la población garífuna isleña en Honduras”, disponible aquí.
Nota 3: Véase estudio de RINALDI K. y RIVERA JUANISTI J., «Pueblo Saramaka versus Surinam: el derecho a la supervivencia de los pueblos indigenas y tribales como pueblos«. Los derechos de los pueblos indígenas también pueden ser analizados desde la perspectiva del derecho ambiental: remitimos a un estudio reciente de la experta Karine Rinaldi sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en relación al principio de no regresión: RINALDI K., «Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana«, disponible aqui, pp. 356-384.
Nota 4: Véase ESTUPIÑAN SILVA R., «Pueblos indígenas y tribales: la construcción de contenidos culturales inherentes en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos«, (cita extraída de la p. 612).
El 21 de mayo del presente, se realizó en la sede ubicada en Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, un encuentro cultural entre garífunas y guanacastecos. Foto tomada de la página en Facebook Conferencias UCR Guanacaste.
Enviado a SURCOS por el autor.
ASADA negó agua a proyecto inmobiliario dado el bajo caudal
El día vienes 7 de febrero mediante una resolución judicial, se ordenó intervenir y allanar la ASADA de la comunidad de Playa Potrero para entregársela a Acueductos y Alcantarillados, acción que se desarrolló con múltiples manifestaciones de violencia en el lugar. La denuncia la circuló el abogado de la ASADA, James Siu.
“Lo que tiene esta resolución, es la gravedad de convertir el poder punitivo del Estado dado a un juez de la República en un poder CONFISCATORIO. Que realmente eso se encuentra prohibido por norma constitucional. Así que debemos asustarnos. Con la calidad de esta resolución un juez de la República puede ordenar grandes atropellos”.
“El otro contenido grave es como la cadena del procedimiento penal, se activa en este caso en un acuerdo. Parece ser que han llegado a la oficina de la fiscal de Santa Cruz personeros del AYA y realizaron una acusación penal. La fiscal realiza la acusación ante el Juez Penal y este Juez realiza una orden de confiscación y allanamiento sobre propiedad comunal”, dijo el abogado.
La particularidad de esta orden fue de aplicación inmediata y no existieron recursos legales para ejercer el derecho de defensa que se encuentra garantizado en la Constitución.
Ante esto los funcionarios procedieron a violentar las oficinas de la ASADA.
Expone el señor Juez José Quirós Pastrana: “Efectivamente, en la especie parece configurarse el tipo penal previsto en artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, por cuanto se logra colegir del marco fáctico sujeto a estudio, que los funcionarios de la ASADA tenían conocimiento de la orden emitida por la Sala Constitucional,…». Este Juez, no revisó si las propiedades pertenecían a la ASADA, no revisó planos catastrados, no fue comunicado por la Sala oficialmente, no revisó que existe un contencioso administrativo. Solamente mediante «solicitud oral de aplicación de medida cautelar» se lanzó a la aventura del allanamiento y la confiscación, afirma el abogado James Siu.
Los funcionarios destruyeron la oficina. Querían arrancar las bombas de los pozos -el pueblo lo impidió-. Y en forma sorprendente fue uno de los jefes de la fuerza pública que ordenó retirar los efectivos.
Según comunicados enviados por la dirigencia comunal a SURCOS, “se manifiesta la brutalidad policial en contra de los bienes que con tanto esfuerzo los vecinos lograron construir. La razón: LA ASADA DE POTRERO se negó dar agua al PROYECTO LAS CATALINAS pues no cuentan con suficiente caudal y este es el resultado. “Se demuestra cómo el AyA, las autoridades y el Poder Judicial están a la orden de grandes intereses no comunales”, dice la dirigencia.
Aquí les dejamos el documento judicial:
https://db.tt/74EnJExb
Además les adjuntamos dos enlaces donde se muestra en 2 videos la actuación de la Fuerza Pública al intervenir las instalaciones de la ASADA:
https://www.facebook.com/photo.php?v=596007237155011
https://www.facebook.com/photo.php?v=596567597098975&set=vb.403920719696998&type=3&theater
Información recopilada y enviada a SURCOS por Gadi Amit y Francisco Dávila Valle.