Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Primera parte
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
Hemos llegado a una encrucijada histórica en extremo compleja, en la que incluso el lenguaje que hemos venido usando para denominar a la política, a las ideologías, y a los actores políticos en un país y una sociedad como la nuestra han perdido su validez. Esos vocablos como “socialismo”, “democracia”, “comunismo” o “liberalismo” tan caros a los intelectuales urbanos de los valles centrales de Costa Rica y a ciertas élites políticas no tan ilustradas como pretenden serlo a veces, carecen de hoy de una significación o sentido unívoco, al menos para muchos de los habitantes que conforman un gran segmento de los sectores populares, incluidos algunos pequeños y medianos empresarios y toda una constelación de actores sociales, cada vez más marginados del poder y de la riqueza, especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, donde se ha producido un levantamiento popular con una fuerte base entre los agricultores, como algo inédito en la historia reciente del país, contra las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, inspiradas por los grupos de pensamiento de la derecha más radical, entre ellos la Academia de Centro América y el Instituto Cato de Washington, en su sucursal costarricense, las que son percibidas y calificadas como “comunistas” o “chavistas” por las víctimas de esas políticas. A la dictadura en democracia del pensamiento único neoliberal se la percibe como una “dictadura comunista”, o una antesala que nos llevaría por los caminos de Venezuela, Nicaragua o Cuba que son unos países que resultan ser la encarnación del mal.
La presencia en el gobierno de una serie de intelectuales y cuadros “progres”, por lo general encaminados hacia una agenda más propia del llamado “marxismo cultural”, que a la del llamado “comunismo” a secas de que hablan algunos de los sectores más empobrecidos del país, ha terminado por provocar una confusión entre estos últimos, quienes perciben las violentas políticas económicas de las élites del poder en su contra y el abandono en se encuentran sus comunidades, como la materialización de algo que sienten y perciben como todo aquello que no debe ser. Ergo, entonces el gobierno y las élites del poder son “comunistas”, las que ponen en peligro la democracia y las formas de vida propias de los costarricenses, nos dice un empresario agrícola mediano del norte del país que, en medio de su descontento y su frustración por las políticas inhumanas del régimen, dentro de lo que constituye un descontento a veces orientado o alimentado desde las visiones del neopentecostalismo o evangelismo integrista, o aún desde una perspectiva secular sin mayores connotaciones religiosas. Ese empobrecido y abandonado país: esa patria chica de los sancarleños, guanacastecos, limonenses, puntarenenses, generaleños y habitantes del sur costarricense fronterizo con Panamá se siente abandonado y golpeado, en lo más profundo, por las rígidas políticas de ajuste económico y social que ha venido ejecutando, de una manera rígida e implacable, la coalición gobernante del PAC, PLN, PUSC e incluso de partidos “religiosos” neopentecostales (toda una paradoja), los que para efectos prácticos actuaron como si fueran uno solo, dándole la espalda a los sectores sociales más golpeados por la crisis.
El gobernante PAC y la coalición de partidos que incluyen a todo el espectro político que ahora choca de frente con ese otro país del que hemos hablando, había aplastado una gran huelga de los trabajadores del sector público, hace apenas un par de años, motivada por la oposición de ese sector laboral a la aplicación de un paquete o ajuste tributario de naturaleza muy regresiva, el que ha tenido efectos brutales hacia el conjunto de la economía y la sociedad, sobre todo por su naturaleza recesiva, por lo que innumerables negocios además de pequeñas y medianas empresas quebraron, a lo largo del año 2019, mucho antes de que apareciera la pandemia del Covid 19, la que vino a ser el golpe de gracia para muchos sectores de la población que ya se encontraban al borde la ruina.
Las nuevas medidas fiscales, planteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, con vistas a un acuerdo para la obtención de un préstamo de 1750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que castigan todavía más duro al grueso de la población, nos está llevando a la forja en los hechos de una gran coalición del movimiento social adverso al régimen de la dictadura neoliberal en democracia, a pesar de las diferencias ideológicas explicitas entre los actores sociales que se han venido involucrando en la protesta. Esta ha sido la emergencia del Movimiento Rescate Nacional con José Miguel Corrales, Célimo Guido y un importante grupo de dirigentes regionales, un movimiento que ha continuado fortaleciéndose a pesar de la retirada del primero de ellos, en medio de unas circunstancias muy confusas aún.
Los llamados progres del PAC se han lanzado contra el movimiento social descalificándolo en los peores términos, al llamar “vándalos” a los que desde el otro país protestan contra el dictador “comunista” y émulo de Nicolás Maduro, quien no es otro que Carlos Alvarado, no conformes con esto los progres piden una represión sanguinaria contra la población alzada contra el régimen, como si ya nos estuviéramos enrumbando hacia el totalitarismo fascista en la Costa Rica del “pura vida”, la que ha demostrado no serlo tanto y tampoco para todos, como dijo una comentarista de la televisión internacional. No se llamen a engaño tránsfugas del PAC, aunque un sector del movimiento califique en esos términos al actual gobierno, lo que en realidad sucede es que en el fondo repudian las políticas neoliberales que los están asfixiando, la brutal represión de los cuerpos policiales y el violento ajuste estructural que los sectores más poderosos pretenden imponernos, por la vía de un convenio con el FMI, a todos los costarricenses sin importarles, en modo alguno, la destrucción del tejido social y hasta de nuestra precaria institucionalidad democrática.
