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Etiqueta: CONARE

Presidente del Congreso recibe a integrantes de CONARE

Información del Boletín Legislativo de la Rectoría de la UCR

De no llegarse a un acuerdo en la Comisión de Enlace para el FEES 2024, el presidente legislativo Rodrigo Arias podría convertirse, eventualmente, en un buen interlocutor entre CONARE y el gobierno, dijo el rector Gustavo Gutiérrez.

Este lunes 17 de julio, el presidente del Congreso recibió a los rectores y rectora de universidades públicas en su despacho en Cuesta de Moras.

Tal como lo expresó el rector, tras la sesión de la Comisión de Enlace la semana anterior, los rectores, la rectora y la representante estudiantil de las universidades públicas consideran insuficiente la propuesta de financiamiento presentada por el gobierno, ante la disminución en el presupuesto que ha sufrido la educación superior pública en años pasados.

«Seguiremos insistiendo en utilizar las vías institucionales necesarias para que las universidades tengan un presupuesto justo que permita responder a las grandes necesidades de Costa Rica», informó.

Arias Sánchez dijo por su lado que da seguimiento al tema por el interés que representa para el país y porque la Constitución Política establece que la Asamblea Legislativa podría tener participación en este diferendo, «espero que eso no suceda, espero que prevalezca la cordura y que el dialogo fructifique».

Las sesiones de la Comisión de Enlace se retoman el 1 de agosto, debido a que el gobierno desarrolla una agenda especial para el 25 de julio que celebrará en la provincia de Guanacaste.

Aquí no pierden las Universidades Públicas, pierde una vez más la educación pública y, por lo tanto, pierde Costa Rica

Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).

Consejo Nacional de Rectores

Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.

Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “se evidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense

Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.

Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.

Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.

Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.

“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)

Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.

Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:

https://we.tl/t-2mrV16yQsj

 

María Encarnación Peña Bonilla, UCR

Universidades Públicas rechazan declaraciones del Presidente de la República

Comunicado

Las Universidades Públicas y el Consejo Nacional de Rectores rechazan de forma contundente las declaraciones del presidente de la República, de las ministras y el ministro que integran la Comisión de Enlace realizadas durante la conferencia de prensa posterior al Consejo Gobierno del miércoles 21 de junio de 2023.

Costa Rica confía en la U Pública

Imagen: https://vinv.ucr.ac.cr

CONARE no acepta que el Gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar el 1% adicional del FEES 2023

Consejo Nacional de Rectores

• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.

• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.

13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.

Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.

Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.

Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.

Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.

En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.

Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS?

Rodrigo Arias López

Comparto estos documentos para que los asegurados de la CCSS se refresquen sobre la forma como han gestionado los fondos de los seguros sociales en las últimas décadas las altas autoridades de la CCSS, ahora que los «expertos» de la OIT notificaron un parto supuestamente prematuro, en el que descubrieron el agua tibia o maquillajes que hacen viejos conocidos maquillistas de la Caja.  

Puede verlo aquí: 

https://drive.google.com/file/d/1gvw9eAlpeBgDSFxo-rLc-5V1psumrB4A/view?usp=share_link

Para mostrarles unos ejemplos, noten que los artículos 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 ORDENAN lo siguiente:

“Artículo 42.- Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.

Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior.»

Observen en el primer cuadro u oficio del año 2017 que comparto abajo, donde la Secretaria de la Junta Directiva de la CCSS en ese momento, doña Emma Zúñiga, reitera que había revisado los registros desde el año 2010 en adelante y que fue hasta el 9 de febrero del año 2017 que los nueve gatos de la Junta Directiva de la Caja habían recibido o conocido una «Valuación Actuarial del Seguro de Salud». Vean como violentan esos dos artículos de la Ley 17 que cité arriba y ello a pesar de la crisis que le causaron a ese seguro en el año 2011. ¿La recuerdan? Y si violan esos dos artículos de la ley 17, ¿cómo pueden cumplir con lo ordenado por otros artículos, como el 23 y el 32 de esa misma Ley?

En el segundo oficio que comparto -del 11 de octubre de 2017, firmado por viejos conocidos y que complementa lo informado en oficio de doña Emma-, vean la yunta que nos encontramos, al segundo no hace mucho tiempo lo suspendieron unos meses con goce de sueldo y regresó sonriendo. ¡Qué sabroso!, ¿no les parece? 

Todo pagado con cuotas de aportes de los seguros sociales que la ley dice que son de los asegurados. Y el otro recientemente informaron en los medios que está suspendido, también con goce de sueldo. ¿Pasará lo mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Recuerdan que son parte de los acusados de presuntamente empujar al precipicio al seguro de salud en el año 2011 y los que ocultaron la crisis a la que también llevaron al seguro de pensiones mediante el mecanismo de desvío de fondos?  

Vuelvo a compartir este video en el cual se observa como vendían gato por liebre a los costarricenses.

También les dejo la Caja de Pandora, por si desean verla nuevamente:

¿Conocen ustedes las razones por las cuales ya ni les reponen la pérdida de valor adquisitivo a las pensiones de IVM? ¿Recuerdan que esos mismos señores luego salieron a justificar que había que aumentar las edades de retiro y bajar más los beneficios del seguro de pensiones? Presuntamente hasta estuvieron detrás del trono en la reciente reforma de IVM, hablando al oído de los nueve gatos.

En la tercera figura que dice «(Actualización, Sesión N° 9277)», observen al «experto»  que  «revisó y aprobó» la «Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2021» que a los «expertos» de OIT hoy les quema la memoria. Pero no se alarmen, en esas manos hemos estado los asegurados de la CCSS durante más de 20 años. 

La penúltima y la última filmina se refieren a un papel que produce la Universidad de Alcalá  en línea durante seis meses, que le pusieron una marca muy divertida, se denomina «MASTER UNIVERSITARIO», con la participación de la OISS:

VER ENLACE:

https://oiss.org/category/oferta-formativa/de-la-secretaria-general/masters/master-en-direccion-y-gestion-de-los-sistemas-de-seguridad-social-curso-2018-2019/

 Algunos meten en su currículum ese papel no reconocido por el CONARE -vean el sello y folio, arriba a la derecha-  para que los mantengan nombrados en sus puestos o les den trabajo en el sector público, llegando al extremo hasta de maquillarlo, informando a la Junta Directiva de la CCSS que la Dirección Actuarial era dirigida por un «Licenciado en Economía, MBA y MSc en Sistemas de Seguridad Social y Técnicas Actuariales». La Dirección de  Desarrollo Organizacional de la CCSS así lo incluyó en un «Manual de Organización de la Dirección Actuarial y Económica» que aprobó la Junta Directiva de la CCSS, en el año 2011 cuando, para arreglarle el nombramiento al Sr. López Vargas, derogó el Reglamento que ordenaba que el Director Actuarial tenía que ser un actuario. Si no me creen, vean el segundo párrafo del artículo 3 del Reglamento derogado en 2011 por la Junta Directiva de la CCSS, en el siguiente link: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=73156

Y el papel de tocador maquillado está al final de la página 12 de este documento, ingresar al siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1_AH2E4qZzdbJYX5cgdW6vqe4h3CtLBgq/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

Les comparto también la lista de directivos que derogó el reglamento actuarial y aprobó el traje a la medida y la lista de mandos medios que estuvieron presentes, para ello ingreso al siguiente enlance: https://docs.google.com/document/d/1YgAqg62t91ddfxfHmxIfw8Jhq7qnmEnC/edit?usp=share_link&ouid=113041125111407001384&rtpof=true&sd=true

En la que no podía faltar el mismo que ya ocupaba el puesto, quien con alto tono de mando medio dijo: «El licenciado López Vargas indica que la estructura que se está proponiendo normalizar ha regido desde el año 1994 y no implica costo alguno, pues se hace hincapié en que se trata de poner a derecho una situación que venía funcionando de hecho; siente que es la estructura que en este momento se ajusta a los objetivos de la Dirección. Hasta el Auditor Interno de la CCSS metió el hombro para que todo pareciera muy transparente: “A una interrogante del Director Gutiérrez Jiménez, el Auditor indica que no tiene ninguna objeción; las preguntas realizadas se han venido aclarando en cuanto al tema.” Así que hay muchas autoridades de la CCSS responsables del agua tibia descubierta por los «expertos» de OIT, encabezados por los directores de la benemérita institución, que la «dirigen y la fiscalizan» por orden expresa del artículo 14 de la Ley N° 17. Se aplica el refrán: «Se cosecha todo lo que se siembra».

¿Qué dirán quienes dirigen al Colegio de Ciencias Económicas sobre las actuaciones de algunos de sus colegiados?. ¿Por qué será que don Ennio Rodríguez Céspedes -Presidente de la Junta Directiva de ese colegio- no informa lo que hace ese colegio para defender a los consumidores e incluso a sus propios colegiados?. A menudo sale por TV, pero no he escuchado que se refiera a este importante asunto. ¿Algún miembro de la Junta Directiva de ese colegio podría hacer algo? ¿Y la Fiscalía de ese colegio qué hace?

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Imagen ilustrativa.

Foro Internacional sobre el Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

  • Pueblos Indígenas y Negros de 12 países de Latinoamérica y el Caribe discutirán sobres sus derechos colectivos

Desde mañana 18 y hasta el 19 de mayo organizaciones de pueblos indígenas, negros, expertos en derechos, académicos y aliados se darán cita en la Universidad de Costa Rica para analizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH ante la imperiosa necesidad de generar un análisis y diálogos críticos desde los pueblos indígenas y negros que son beneficiarios de sentencias de la para que, en conjunto, como región, se puedan discutir estrategias y adoptar medidas genuinas para el cumplimiento.

Es decir, que la Corte haga cumplir con el mandato de poner en el centro a los pueblos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y que ven en este sistema la última opción para obtener protección, verdad, justicia y reparación.

El evento es propuesto y organizado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue fundada en 1979 y lucha por el bienestar del pueblo Garífuna hondureño, en específico la protección de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las 46 comunidades Garífunas asentadas en el Litoral Atlántico Hondureño.

La fundación del Sistema Interamericano fue vista por los pueblos indígenas y negros como una oportunidad de alcanzar la justicia más allá de las fronteras de los países partes. Sin embargo, el rezago histórico no ha disminuido en la proporción que se esperaba. Para el caso de los pueblos indígenas y negros, tienen casos presentados desde los años 90s y con sentencias desde los inicios del 2000, para las cuales, después de más de 23 años la justicia no ha sido servida.

Para OFRAHEH: “existen un alto retraso procesal en el sistema en el trámite de las peticiones y casos y en lo referente a las sentencias, el nivel de incumplimiento por los estados parte es aún más alarmante. la Corte IDH, desde ese entonces ha venido emitiendo sentencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros de la región; sin embargo, tenemos entendido que poco o nada se han cumplido dichas sentencias y por el contrario en la mayoría de los casos se han incrementado la conflictividad dentro de las comunidades”.

Por ejemplo, algunos estudiosos han recogido datos de la información contenida en las sentencias emitidas por la Corte IDH entre enero de 2010 y diciembre de 2019, y han concluido que, en promedio, entre la presentación de una petición y la aprobación de un informe de fondo por parte de la CIDH transcurrieron 134,6 meses.

En el Foro participarán unas 30 persona de casos directamente, expertos y personas de cada uno de los pueblos indígenas o negras involucradas o beneficiarias de las sentencias y los que tienen casos en proceso de los países de México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Surinam, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Se desarrollará en la Sala 4 Escuela de Antropología. Tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales. Ciudad de la Investigación. 9am a 12:30 y de 2-4:30pm. En nuestro país colabora en el evento el proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica (UCREA), el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN), la Escuela de Antropología, El proyecto Pueblos Originario y Universidades de CONARE, proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Marcha en defensa del sector agropecuario

El Dr. Gustavo Gutierrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, invita a la marcha en defensa del sector agropecuario. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de marzo, a las 9:00 a.m, saliendo del Parque de la Merced.

El Consejo Nacional de Rectores, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se suman al llamado en defensa del sector agropecuario nacional.

Óscar Aguilar Bulgarelli responde ante las afirmaciones del presidente

Óscar Aguilar Bulgarelli responde ante las afirmaciones sobre las universidades públicas presentadas por el presidente de la República el pasado primero de febrero, donde Rodrigo Chaves lanzó afirmaciones que pronto serían desmentidas por el CONARE.

“Una frase que a mí me dejó pensando y fue la frase que señor presidente textualmente “nosotros estamos desafiando al sistema” a cuál sistema se refería señor presidente, al sistema universitario de financiamiento de las universidades, que hoy está demostrado que usted mintió, o está cambiando el sistema cuando usted se enfrenta al poder judicial, al poder legislativo, a la prensa, a la caja del seguro social, al ICE, cuando destruye nuestro sistema de cuido ambiental, cuando se enfrenta la banca con los proyectos del banco de Costa Rica y al ataque al BCT, al sistema de salud con la renuncia de tantos y tantos científicos, es al sistema demócratico al que usted se está enfrentando, eso debería aclararlo señor presidente porque si es así, créame, los costarricenses así no jugamos”.

Esto debido a que el presidente Chaves realizó afirmaciones erróneas frente a las universidades públicas, en este caso la Universidad de Costa Rica, sobre el uso de los recursos, donde el CONARE realizan un respuesta clara frente a las acusaciones basado en elemento comprobables, donde aclaran que las universidades han reducido significativamente el pago de salarios, el aumento de becas e investigación, recordando que las Universidades Públicas están en la disponibilidad y al servicio del país.

Le invitamos a escuchar a don Óscar:

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

Llamado urgente sobre Acuerdo de Escazú por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI

La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.

Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.

Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.

 

Información compartida con SURCOS por María Elena Fournier S.