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Etiqueta: concentración de la riqueza

Virus de la corona-virus de la avaricia

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

    Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

    Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

    Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

Lo público y lo privado: buscando el bien común

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.    

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas  que  son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.  

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP

El fracaso del agronegocio: el momento de expandir la agroecología

BLOQUE VERDE

Durante los últimos treinta años una cúpula empresarial-política-académica ha orientado a la agricultura bajo la tiranía de la agroexportación, modelo que obliga a importar entre el 70 y el 80% de la comida de un país como Costa Rica. Hoy el agronegocio comienza a estar en crisis, debido al cierre de las fronteras dónde la mayoría de los productos vinculados al comercio exterior no puedan ser llevados a su destino final, al mismo tiempo, que los países del norte están reteniendo sus cosechas de los granos básicos previendo desabastos.

El fracaso del modelo de la agroexportación en un contexto de crisis sanitaria se resume en las declaraciones de la Cámara de Exportadores, la cual asegura que: “No podemos dejar que el pequeño agricultor no produzca, en tres meses la comida escaseará, vamos a tener escasez de alimento en todo el mundo”.

Hoy son estos mismos empresarios quienes dicen que debemos sembrar alimentos para el autoconsumo para disponer en el corto plazo. Son justamente los dueños del agronegocio los que siempre se ha beneficiado del dinero público para impulsar sus negocios privados, por encima del pequeño agricultor. Son los piñeros, bananeros y en general agroexportadores los que han acaparado el agua, arrinconado a las comunidades campesinas, esclavizado a los peones, contaminado el campo con agrotóxicos y sobretodo han mamado del dinero público. Por eso, ahora es ridículo que estén repartiendo por las calles piñas y melones rancios desechados de la agroexportación y haciéndose fotos para que la prensa les haga reportajes.

Recordemos que el sector agroexportador está muy concentrado en pocas manos. De casi cuatro mil empresas autorizadas para exportar, 76 acaparan el 66,5% de las ganancias. Para el sector agrícola es más dramático porque solo 10 empresas concentran más del 51% de los ingresos por la venta de productos frescos fuera de Costa Rica, y la mayoría son corporaciones trasnacionales.

El modelo del agronegocio ha fracasado y ha puesto en peligro la soberanía alimentaria (el derecho a tener alimentos en cantidades y calidades necesarias). Hoy son los mismos exponentes del agronegocio los que admiten su fracaso.

Pese a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado parece seguir ciegamente sus indicaciones y aceptando sus abusos. La propuesta de UCCAEP es ridículamente suicida. Certificar y patentar semillas e importar más agroquímicos es más de lo mismo que nos ha traído hasta acá, a la inseguridad alimentaria. A tal punto de estar a tres meses de no conseguir alimento y no podamos estar fuertes en medio de una emergencia sanitaria, cuando es más urgente gozar de buena alimentación.

Es urgente y determinante que el país genere las condiciones para una revolución agroecológica. La calve para el futuro es justamente no repetir los errores del pasado. La producción agrícola descentralizada, pero articulada y comercialización a nivel local, fuera de los circuitos de distribución de las grandes cadenas de supermercados especuladores.

Es clave potenciar la agricultura urbana, sustituir los agrotóxicos por prácticas agroecológicas. Es necesario dotar de tierras a campesinos, sobre todo a personas jóvenes sin tierra. Es importante que el Estado deje de engordar los privilegios de la agroexportación de mercancías y apoye la producción de alimentos. La agricultura a pequeña escala puede alimentar al mundo, se reporta que campesinos y campesinas de todo el planeta producen el 70% de la comida con tan solo el 25% de la tierra cultivable (ETC, 2017). Por lo tanto, es un hecho comprobado que la justicia en el campo nos llevaría a ser un pueblo más resistente a eventos extremos como pandemias y la crisis climática.

Enviado a SURCOS por BLOQUE VERDE.