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Etiqueta: concentración de la riqueza

El saqueo continúa: Oxfam revela cómo el neocolonialismo alimenta la desigualdad global

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.

Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.

Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”

Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.

Algunos datos clave del informe:
  • En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.

  • Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.

  • Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.

  • El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.

La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.

Conceptos clave del informe

ConceptoExplicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonarioAcumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
ClientelismoEnriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolísticoCapacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economíaTransformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?

Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.

📥 Descargá el informe completo aquí
🔗 Más información en https://www.oxfam.org

Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?

El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?

En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.

¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?

Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.

La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.

Pensar el mundo como bien común

Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.

El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.

Pueden descargar la infografía

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Sin pan y sin alma: la guerra del neoliberalismo progre contra los de abajo

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Mauricio Ramírez

La clase trabajadora y media en Occidente sufre hoy un doble castigo que no solo deteriora sus condiciones materiales, sino que desintegra su equilibrio espiritual y mental. No es casual que sociólogos como Oliver Nachtwey hablen de sociedades del descenso para describir una época en la que el futuro ya no promete ascenso ni mejora, sino degradación constante. Esta crisis no surge del vacío: es producto de una convergencia perversa entre el neoliberalismo económico y el progresismo cultural hegemónico. Aunque se presentan como fuerzas antagónicas, en la práctica actúan en equipo, imponiendo sobre las mayorías populares una doble condena: explotación económica por un lado, y desarraigo cultural e identitario por el otro.

Para nadie es un secreto que el neoliberalismo ha generado décadas de precarización, destrucción ambiental, desempleo disfrazado de emprendimiento, debilitamiento de sindicatos, recortes al Estado social y concentración obscena de la riqueza. Para millones de trabajadores, la vida se ha reducido a sobrevivir. Ya no se lucha por vivir mejor, sino por no hundirse más. Las condiciones materiales se erosionan y el ascenso social es cada vez más un espejismo.

Pero a este castigo económico se le suma uno cultural (espiritual): el progresismo dominante, desde sus posiciones de poder simbólico e institucional, impone un modelo identitario y moral que desarraiga a la clase trabajadora de sus raíces culturales, espirituales y comunitarias. En nombre de una supuesta liberación individual, se promueve un discurso que margina las formas tradicionales de vida, ridiculiza los valores religiosos y comunitarios, y despoja a las clases populares de su sentido de pertenencia. Se les exige adaptarse a códigos culturales ajenos (que vienen curiosamente de aquellos centros de poder neoliberales), hablar un lenguaje que no es el suyo y aceptar una moral que no nace de su experiencia de vida. Nada más ajeno al espíritu original del marxismo, que nunca separó la lucha material de las realidades culturales del pueblo.

El resultado es devastador: crisis de identidad, depresión colectiva, fragmentación de comunidades, colapso espiritual. Estas clases ya no solo sienten que han perdido el control sobre su presente económico, sino también sobre el relato de quiénes son. Se enfrentan al vacío existencial de quien no puede reconocerse en el espejo de la cultura dominante. ¿Entonces? Esta ruptura entre la vida material y la vida simbólica, entre el cuerpo explotado y el alma desarraigada, explica en parte el desapego de estas clases hacia la política institucional (tradicional) y, al mismo tiempo, su creciente atracción por discursos populistas o extremistas que al menos les hablan en un idioma comprensible y les devuelven una (falsa) ilusión de identidad.

Este fenómeno no es accidental. Tanto el neoliberalismo como el progresismo cultural, que de izquierdas realmente tiene poco, comparten un desprecio estructural por lo comunitario, por lo espiritual, por las tradiciones populares. Ambos promueven una radical individualización: el primero convierte al ciudadano en consumidor precarizado; el segundo en sujeto identitario aislado, obligado a reinventarse constantemente según los dictados de una cultura de élite cosmopolita “moderna”. En ambos casos, lo que se rompe es la posibilidad de una vida común, de una historia compartida, de una lucha colectiva.

La identidad espiritual, tan presente en las comunidades trabajadoras y populares, ha sido una fuente histórica de resistencia, de dignidad, de sentido. No es un simple conjunto de creencias privadas: es el lazo que une, el refugio que sostiene, la memoria que guía. Destruir esa identidad es debilitar su capacidad de lucha, reducirlas a individuos desconectados, agotados y fácilmente manipulables. ¡Creo que dimos en el blanco!

Denunciar este doble castigo no es un gesto retórico, es una necesidad política. La clase trabajadora y media no solo necesita pan y techo: necesita también ser reconocida, valorada en su cultura, y fortalecida en su identidad espiritual. Sin raíces, ningún árbol resiste la tormenta; y hoy, millones son arrancados de su suelo simbólico por vientos ideológicos que los debilitan más que la propia miseria material. Ante un sistema que los exprime económicamente y los vacía espiritualmente, urge construir una alternativa que articule justicia social con respeto profundo por la cultura popular y su dimensión espiritual. No hablamos de nostalgia, sino de resistencia. No de pasado, sino de presente y futuro.

Solo recuperando su centro (material, simbólico y espiritual) las clases trabajadoras de occidente podrán romper el cerco que las asfixia. Sin esa reconexión espiritual profunda, no habrá cambio posible. Y sin ellas, no habrá transformación real ni futuro digno para nuestros pueblos.

Más sombras que luces para nuestro Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.

Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.

Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.

Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.

El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.

La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.

Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.

Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.

Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.

Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.

Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.

(24 de abril, 2022)

Legitimidad de anular

José Manuel Arroyo Gutiérrez

            No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.

            Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano,  ingresar  a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas,  en los países en vías de desarrollo.

            Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías,  se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez  más inequitativas de la región.

            Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.

            ¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos.  Figueres recibe en donación,  de un magnate amigo,  el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.

            En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.

            Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en  primera instancia.      Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.

            De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los  dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.

            Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política  en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.

            Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.

Costa Rica: una democracia bipolar

Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez

(Anotaciones al margen leyendo a Boaventura de Sousa Santos)

            Costa Rica es una democracia que padece una especie de bipolaridad. Una patología consistente en ser, por un lado, una democracia formal (electoral) bastante desarrollada y hasta ejemplar en el mundo, pero a la vez, una democracia real (participativa) bastante débil, diríamos que raquítica. Los mecanismos puramente normativos existen: un tribunal electoral independiente, eficiente y con credibilidad; un régimen de partidos políticos amplio y relativamente accesible; contiendas electorales regladas y pacíficas; y un comprobado respeto por los resultados del sufragio. Sin embargo, todo eso está muy lejos de una efectiva intervención e influencia ciudadana en las decisiones que finalmente se imponen. El poder real de la ciudadanía sobre la escogencia de candidatos a la Presidencia o a la Asamblea Legislativa no existe, queda en manos de reducidos grupos, asambleas o convenciones partidarias, cuando no, en simples encuentros de amigos; en la mayoría de los casos, es mediante vínculos familiares (nepotismo puro y duro) o religiosos (fundamentalismos morales) como se manejan las posibilidades fuertes de elección; los procesos de financiación adolecen de opacidad y subterfugios sin control, uno de cuyos peores síntomas es la compra-venta de bonos conforme los requisitos de la deuda pública adelantada; y, además, un círculo vicioso que liga los pronósticos de encuestas con el poder financiero de los bancos –ahora sobre todo privados- sellan el destino de más de una candidatura.

            En la práctica no se ha querido modificar esta realidad. No ha sido posible asegurar a toda propuesta electoral un mínimo razonable de difusión y conocimiento entre la población. Sigue habiendo una dependencia total de la propaganda a los medios financieros y de comunicación de masas y, en fin, el poder económico bien puede manipular quién si, y quién no, tiene chances reales de obtener un buen resultado en las urnas. Parece imposible, hasta ahora, que quienes resultan electos en medio de esta atmósfera viciada vayan a querer cambiar las reglas del juego.

            Para mal de todos, el funcionamiento estable de la democracia formal-electoral no ha impedido el deterioro creciente de la democracia real en tanto forma de organización política concebida para asegurar a toda la ciudadanía, no sólo el respeto a sus derechos fundamentales, sino también el acceso a los servicios públicos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda, energía, nuevas tecnologías). Los defectos señalados en los procesos electorales y la lejanía práctica entre electores y elegidos, ha puesto en crisis el principio de representatividad. Cada vez la calificación de la gente al Parlamento o al Ejecutivo es más severa y hasta brutal. No hay manera de que un ex-presidente de la República, haga lo que haga, conserve un poco de prestigio y estima popular. La representación popular en Costa Rica se ha convertido en un auténtico ejercicio vital, sólo para masoquistas.

            Pero además, en lo importante, como si se tratara de ese bulto, grano o lunar sospechoso que crece sin cesar y que indica que algo grave, profundamente malo, nos está carcomiendo por dentro, la inequidad social, medida por un índice “gini” cada vez más cercano al valor “1”, es decir, cada vez más revelador de una concentración peligrosa de la riqueza social en pocas manos, nos advierte que, en efecto, somos un organismo democrático seriamente polarizado.

            Otra cuestión clave en esta deriva bipolar de la democracia costarricense tiene que ver con una curiosa ambigüedad en cuanto a la tutela de los derechos humanos. Aunque gracias a presiones externas, la Sala Constitucional ha terminado por confirmar derechos esenciales para algunas minorías (fecundación in vitro, matrimonio igualitario y un buen número de otros derechos particulares), con efecto directo en la esfera individual de las personas; pero ha fallado estruendosamente en cuanto a la custodia de los derechos humanos de carácter colectivo, al bendecir una reforma fiscal nada progresiva; una reaccionaria prohibición de la huelga en el sector público; y una ley de empleo público que contiene, entre otras perlas, un “derecho” a la objeción de conciencia en el ejercicio de la función pública. Es decir, serios retrocesos en todo aquello que tiene que ver con el tema laboral y una apuesta por el sacrificio de los sectores trabajadores del país, cuestión que parece vital para la afirmación de una economía fanáticamente adherida al modelo neoliberal, y que ha contado con la complicidad de una justicia que ha hecho auténticos malabares con la Constitución Política.

            Me temo que la debacle del PAC en la última contienda electoral tiene mucho que ver con lo que venimos diciendo. Es cierto lo que se ha señalado como causas de este fenómeno: la inviabilidad de un tercer período de gobierno; el hecho de dar la espalda a los sectores medios, urbanos y educados que fueron su apoyo tradicional; la debilidad de las candidaturas; la asfixia financiera a que fue sometido el partido; el gobierno Alvarado Quesada que, en temas económico-sociales de gran trascendencia, terminó asumiendo la agenda neoliberal y pagando el coste político que implicaba, y que se suponía prioridad de otros; y, en fin, el “deporte” nacional promovido por importantes medios de comunicación y redes sociales en orden a desprestigiar la institucionalidad pública y la gestión de cualquier gobierno, cualesquiera sean sus logros o fracasos.

            No obstante, en este diagnóstico convencional se ha dejado por fuera una causa esencial. La promesa cardinal del PAC no fue ni siquiera la eticidad en la gestión pública. Antes de eso, se propuso la “acción ciudadana”, es decir, el reencuentro de la gente con la democracia participativa, la posibilidad de rescatar el legítimo principio de representatividad; el trabajo con organizaciones de base según temas e intereses sectoriales y, en fin, la recuperación de la confianza en que se iba a escuchar y atender las demandas de la gente. Sin embargo, en medio del fragor político y electoral de estos últimos veinte años, esta fue una cuestión esencial que se dejó de lado, una alternativa que no se cuidó ni se fortaleció y que no quiso, o no pudo, capitalizar los movimientos sociales en contra del Combo ICE o el rechazo al TLC. No sé qué van a hacer los responsables de esta agrupación política a futuro, pero si algo me parece elemental, es que tienen que definir con absoluta claridad -como lo tendría que hacer cualquier otra agrupación partidaria que pretenda salvar nuestra democracia-, tópicos esenciales como: si siguen creyendo en la acción y participación de la ciudadanía; si, en la dicotomía entre libertinaje (bandera neoliberal) y democracia (participativa), tienen claros cuáles son sus límites y qué están dispuestos a rescatar en razón de una convivencia democrática efectiva; también tienen que definirse sobre si los derechos humanos son sólo cuestión de reivindicaciones individuales o, necesariamente, cuestión de conquistas colectivas esenciales. Tendría que comenzarse por hacer un inventario de los temas/problemas que están incidiendo en esa yaga abierta llamada “inequidad” y decirle a la población costarricense si se va a seguir estrujando a la clase trabajadora (pública y privada) en cuanto a regímenes salariales y de pensiones; si el modelo de desarrollo nacional pasa por tomarse en serio el cambio climático y las estrategias de energías limpias; si se va a pagar la enorme deuda pendiente en materia de violencia y desigualdad contra las mujeres; si se van a tutelar los derechos de las poblaciones originarias, su cultura y su derecho a la tierra; si el tema de la igualdad entre hombres y mujeres se va a llevar hasta sus últimas consecuencias; y si, para terminar con estos ejemplos, algún día se le va a entrar en serio a la defraudación y elusión fiscal para que cada quien contribuya en la medida de sus posibilidades y el Estado tenga recursos para la prestación de servicios estratégicos.

            En conclusión, en el marco de un capitalismo que parece tener largo aliento, a la par de respetar la propiedad privada y la iniciativa empresarial, de lo que se trataría es de contener la voracidad extractiva sobre la naturaleza y la desalmada especulación financiera del capitalismo salvaje, con el propósito de afirmar los valores de una democracia participativa que traiga equilibrios, que cierre brechas, y donde las personas estén siempre por delante del lucro y la acumulación insaciables de unos pocos.

Distribuir el Poder: Antídoto de la Guerra

Álvaro Vega Sánchez.

La misericordia y la verdad se encontraron; la paz y la justicia se besaron” (Salmo 85:10)

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La concentración de la riqueza y del poder conducen inevitablemente a la injusticia y a los conflictos sociales y armados. El sociólogo Ralf Dharendorf hablaba no solo de la propiedad privada de los medios de producción sino también de los medios de poder. De ahí la doble dictadura: la del mercado por la apropiación privada de los medios de producción y la del Estado autoritario por la concentración de los medios de poder. Ambas corresponden a las formas oligárquicas de dominación que hoy se visten de democráticas, mientras irrespetan la independencia de los poderes republicanos.

La creciente desigualdad económica y la intensificación de los conflictos bélicos entre las naciones obedecen, precisamente, a los altos niveles de concentración de los medios científico-tecnológicos y de los recursos naturales más valiosos, así como los medios de ejercer poder, tanto el coercitivo físico como el ideológico psíquico-emocional. Van quedando atrás las aspiraciones esperanzadoras de un mundo globalizado, donde prevalezcan las relaciones interdependientes entre países y regiones, liberalizando el comercio justo, favoreciendo el multilateralismo y la interculturalidad, para contribuir a crear sociedades más pacíficas, equitativas e inclusivas.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, teniendo como actores de fondo principalmente a Estados Unidos y la Unión Europea, con su brazo armado la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), nos devuelve hoy a los aciagos y tenebrosos años de la “guerra fría”. Es parte de la disputa de las potencias por concentrar poder geopolítico y económico. Algunos comentaristas del reciente discurso del presidente Biden sobre el Estado de la Nación, destacaban que, a diferencia de Trump quien había debilitado a la OTAN, uno de los méritos de Biden fue haber logrado fortalecer los vínculos con Europa y revitalizar la OTAN, en el contexto del actual enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU, Antony Blinken, ha insistido en que “la invasión de Rusia a Ucrania es injustificada y no provocada”. Ninguna invasión puede considerarse justificada, incluyendo las muchas que ha realizado EE. UU de manera unilateral, y que ahora pareciera haberlas olvidado. Sin embargo, resulta de sentido común comprender que una potencia como Rusia se sintiera provocada por un país limítrofe como Ucrania, con reiteradas acciones políticas y bélicas de corte nazi-fascistas contra las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, cobrando miles de víctimas civiles, y ahora dispuesta a integrarse a la OTAN.

Aquí, lo que está en juego es la seguridad misma de Rusia, al igual que lo estuvo la de Estados Unidos con la instalación de los misiles balísticos rusos enviados a Cuba, en la década de 1960. Cabe preguntarse, ¿por qué Estados Unidos, en esta ocasión, como sí lo hiciera Rusia con Cuba al retirar los misiles que representaban una amenaza para Estados Unidos, no hizo ningún esfuerzo para que Ucrania desistiera de su intención de incorporarse a la OTAN, que representa también ahora una amenaza para Rusia? De esta manera, se hubiese dado una oportunidad a la diplomacia, es decir, al diálogo, la vía más razonable y humana de dirimir los conflictos, y evitado la pérdida de vidas tanto de rusos como de ucranianos.

Mientras el presidente Putin demandaba de los países europeos y de Estados Unidos mediar para que Ucrania desistiera de su incorporación a la OTAN, única condición para evitar la guerra, y sostenía a sus tropas en la frontera, insistiendo en que no iba a invadir, por su parte, el presidente Biden repetía con insistencia, que Rusia sí iba a invadir Ucrania. Bueno, él no estaba dispuesto a persuadir a Ucrania de no incorporarse a la OTAN, y por ello sabía que Putin, inevitablemente, invadiría Ucrania. ¿Acaso, una profecía autocumplida o todo “fríamente calculado”?

Cuando se habla de la seguridad de países y potencias lo que está en juego son los intereses geopolíticos, con sus implicaciones económicas, particularmente comerciales. Y hoy es claro que ninguna potencia puede pretender ser hegemónica. Si se quiere garantizar la paz y el progreso de los pueblos hay que erradicar los imperialismos de cualquier signo, y afirmar el derecho de soberanía de las naciones. Asimismo, buscar consensos para evitar la proliferación de armas nucleares y contener la carrera armamentista. Para ello, es fundamental crear un ambiente de distensión, diálogo y negociación, que propicie las mejores relaciones entre los países.

Lamentablemente, la “misericordia y la verdad” no se dan la mano. La compasión por las victimas más vulnerables de las guerras injustificadas, como lo son los niños, los ancianos y las personas con limitaciones funcionales, ha sido desplazada por la frivolidad de los poderes fácticos ávidos de poder y de venganza. Y la verdad se ve arrinconada por una propaganda descaradamente manipuladora. Se utilizan los más sofisticados subterfugios para vestir las mentiras y falsedades de verdades o medias verdades, a conveniencia. Hay un vaciamiento de significado y sentido de las palabras, una violación del derecho que le asiste al lenguaje de ser adecuadamente utilizado para facilitar la comunicación y la comprensión entre los seres humanos. Es la denuncia de Jeremías de la palabra vacía de los falsos profetas: “Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo; paz, paz; y no hay paz” (Jer.6:14).

La nueva geopolítica global, apunta a la necesaria distribución del poder, condición fundamental para garantizar la paz. Para ello, se requiere mucho diálogo y conversación reposada; que se dignifique la palabra. No habrá paz ni justicia si, al igual que la riqueza, el poder no se distribuye. ¿Por qué no soñar todavía con un siglo XXI donde las naciones apuesten decididamente a una mejor distribución de la riqueza y el poder: el beso de la paz y la justicia?

La soga en la casa del ahorcado

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/

Encuentro multisectorial contra el Proyecto de Empleo Público. Declaración final

Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:

Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.

Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.

Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.

Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.

Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.

Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.

Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

Acordamos:

  • Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
  • Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
  • Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
  • Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores ANDE
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE
Sindicato de Educadores Costarricenses SEC
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO
Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA
Central General de Trabajadores CGT
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN
Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto
Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO
Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET
Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC
Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE
Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE
Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN
Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU
Asociación de funcionarios del TEC AFITEC
Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN
Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO
Alianza Sindical del Poder Judicial
Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD
Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS
Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA
Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO
Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA
Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP
Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC

Organizaciones Sociales

Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS
Comisión Nacional de Enlace CNE
Coordinadora Popular de Occidente
Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José
Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR

Comunidad Universitaria

Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR
Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional