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Etiqueta: CONCEVERDE

Dirección de Aguas debe precisar el área de protección de los pozos tras fallo de la Sala Constitucional

Escrito en . Publicado en Agua.

José Francisco Alfaro Carvajal, integrante del colectivo ciudadano CONCEVERDE, de Concepción de San Rafael de Heredia, presentó el 26 de octubre una solicitud formal de información a José Miguel Zeledón, director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Pide aclarar cuál es el área de protección oficial de los pozos de agua potable en el país. SURCOS recibió copia de la comunicación.

Alfaro Carvajal fundamenta su solicitud en el derecho de petición y de acceso a la información pública, establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. En ella recuerda que la Sala Constitucional, en la resolución 2026-022274 (expediente 2026-010565-0007-CO), indicó: “Por lo que, en atención a lo dispuesto en el principio precautorio y en el inciso h) del artículo 3 de la Ley N.º 6877, en el sub iudice resulta aplicable el criterio del SENARA y, por ende, se considera que el área de protección del pozo en cuestión es de 200 metros…”.

Según el documento, de las manifestaciones del director de Aguas durante su comparecencia en la sesión del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia del 22 de octubre, “podría inferirse que la posición oficial de la institución que usted dirige es que el área de protección de un pozo se limita a 40 metros”. Para el solicitante, ese planteamiento “genera una contradicción evidente con lo dispuesto por la Sala Constitucional y SENARA, lo que puede inducir a confusión tanto a la ciudadanía como a otras instituciones públicas, debilitando la seguridad jurídica y la coherencia normativa en materia de protección hídrica”.

Lo que se solicita

En su petitoria, Alfaro Carvajal pide que la Dirección de Aguas informe, en el plazo de ley:

  1. Cuál es el perímetro de protección que debe considerarse para los pozos de aprovechamiento de agua potable en todo el país, según lo haya determinado oficialmente la Dirección de Aguas a partir de la resolución 2026-022274 de la Sala Constitucional, con su fundamento jurídico.

  2. Cuál es la posición oficial de la Dirección de Aguas sobre si el artículo 31 de la Ley de Aguas, que declara reserva de dominio a favor de la Nación los sitios de captación o tomas de agua potable en un perímetro no menor de 200 metros, se aplica a los pozos de todo el país o solo a las nacientes.

  3. Si, después de esa resolución, la Dirección de Aguas notificó formalmente a las municipalidades, los operadores de acueductos y las demás instituciones del sector hídrico cuál es el área de protección vigente para los pozos profundos de abastecimiento de agua potable. En caso afirmativo, pide que se indique cuál es esa área y se remita copia íntegra de los oficios correspondientes.

La solicitud se envió con copia a la Sala Constitucional, a la ciudadanía y a la prensa.

Esta gestión se suma a la denuncia de CONCEVERDE sobre lo ocurrido en la sesión del Concejo Municipal del 22 de octubre, cuando, según el colectivo, representantes de la Dirección de Aguas y del AyA sostuvieron el criterio de los 40 metros en relación con el pozo La Meseta. Puede leer esa nota mediante este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-Aq5

CONCEVERDE denuncia burla institucional: autoridades contradicen fallo de la Sala sobre la protección del pozo La Meseta

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado de CONCEVERDE

La irresponsabilidad municipal frente a la protección hídrica

La noche del jueves 22 de octubre, representantes del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y de la Dirección de Aguas del MINAE comparecieron en una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.

El propósito de la comparecencia fue presentar las conclusiones y las medidas necesarias para evitar impactos sobre el pozo La Meseta, en cumplimiento del recurso de amparo que fue declarado con lugar y que condenó a las instituciones citadas y a la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

La sentencia se fundamentó en que, antes de otorgar el visado para el fraccionamiento del proyecto habitacional, los permisos de construcción y la concesión de pajas de agua, no se realizaron los estudios hidrogeológicos indispensables. Dichos estudios debían determinar qué actividades podían desarrollarse dentro del área de protección del pozo y en qué condiciones, con el fin de garantizar que el recurso hídrico no fuera afectado.

La resolución de la Sala Constitucional fue categórica: conforme al artículo 31 de la Ley de Aguas y al criterio del SENARA, el radio de protección de los pozos debe ser de 200 metros, y no los 40 metros señalados por la Dirección de Aguas. Pretender lo contrario constituye una violación directa a la normativa aplicable y a la jurisprudencia vinculante.

A pesar de que la Sala Constitucional ya resolvió que el área de protección aplicable alrededor de un pozo es de 200 metros, los funcionarios de la Dirección de Aguas y del AyA sostuvieron en la sesión, a nuestro juicio de forma errónea y en perjuicio de la correcta información de las personas regidoras y de la ciudadanía, que el área de protección vigente era únicamente de 40 metros.

El alcalde, Jorge Arias Santamaría, se valió de dicha afirmación para sostener que la Alcaldía siempre había tenido la razón al considerar un radio de protección de 40 metros, desconociendo de manera expresa lo resuelto por el máximo tribunal constitucional. A criterio de CONCEVERDE, esa afirmación del alcalde induce a error a las personas regidoras y a la ciudadanía, en tanto la Municipalidad otorgó aval para el desarrollo de un proyecto habitacional sin respaldo técnico ni jurídico válido. Al momento de conceder los permisos no existía certeza alguna, pues en ese entonces no se contaba con los estudios pertinentes, para concluir que el proyecto no generaría impactos negativos sobre el recurso hídrico del cual dependen miles de habitantes, lo que comprometió la seguridad ambiental y la salud pública.

El jueves 22 de octubre, las personas regidoras permitieron la comparecencia de una de las partes de un proceso judicial ya resuelto: la condenada por la Sala Constitucional. Los funcionarios de la Dirección de Aguas y del AyA, así como el alcalde, se presentaron con el propósito de contradecir lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional respecto al área de protección que debe regir en torno a un pozo, pretendiendo desconocer una disposición vinculante emanada de la máxima autoridad en materia de tutela de derechos fundamentales. Consideramos que tal situación es una afrenta a la ciudadanía y un menosprecio al orden jurídico vigente, pues la posición de estos funcionarios desconoce, en los hechos, lo resuelto por la Sala Constitucional.

El alcalde Jorge Arias Santamaría, en un despliegue de populismo digno de manual, afirmó que quienes interpusimos el recurso de amparo desinformamos, lo cual, según él, podría configurar el delito de lesa humanidad. Se trata de una declaración tan desmesurada como carente de sustento jurídico, que más bien revela un profundo desconocimiento de la materia.

Paradójicamente, la conducta que sí podría calificarse como atentatoria contra derechos fundamentales es la del propio alcalde, quien, con decisiones desprovistas de respaldo técnico y jurídico, ha venido exponiendo el recurso hídrico del cual dependen miles de personas. En otras palabras, mientras acusa con ligereza a la ciudadanía, es él quien, con su gestión, pone en riesgo la salud pública y el derecho constitucional a un ambiente sano.

Resulta aún más paradójico que el alcalde, cuya administración fue condenada por la Sala Constitucional por defender la tesis de los 40 metros, pretendiera en la sesión del Concejo presentarse como víctima, cuando es plenamente consciente de que el Tribunal condenó a la Municipalidad y ordenó aplicar la protección de 200 metros.

Cabe preguntarse: ¿qué respuesta darán la Municipalidad y el AyA a la ciudadanía cuando las aguas subterráneas se vean contaminadas por la inobservancia de la normativa y de las sentencias constitucionales?

Puede leer la resolución Nº 22274 – 2026 de la Sala Constitucional mediante este enlace.

Conferencia en San Rafael de Heredia sobre la importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente

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CONCEVERDE invita a la conferencia «Importancia de los planes reguladores para un ordenamiento territorial en armonía con el ambiente», que se realizará el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 6:30 p. m., en la Casa del Pensionado de San Rafael de Heredia, frente al Estadio Yuba Paniagua (coordenadas: 10°00’40.3″N 84°06’07.7″W).

La conferencia estará a cargo de Jessica Martínez, experta en desarrollo urbano, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La actividad se da en un momento clave para el cantón, ya que la Municipalidad de San Rafael de Heredia está elaborando el plan de ordenamiento territorial o plan regulador. Según CONCEVERDE, este instrumento definirá si el cantón será ordenado y respetará lo que aún queda de naturaleza, o si se llenará de cemento. Por eso considera importante que la comunidad conozca en qué consiste el instrumento y cómo puede incidir en la regulación que se aprobará.

El plan regulador es la herramienta que define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse y cómo se organiza el crecimiento de un cantón. Afecta directamente la vida cotidiana de sus habitantes: el acceso al agua, el tránsito, la seguridad, los espacios verdes e incluso el valor de las propiedades.

En la conferencia se abordará:

  • qué regula y qué protege este instrumento,
  • cómo influye en los barrios, las viviendas y el entorno,
  • por qué es fundamental que la comunidad participe en su elaboración.

«No se trata de tecnicismos lejanos: se trata de la calidad de vida», señala la organización, que invita a la población a asistir, escuchar y plantear sus preguntas. «Entender el plan regulador es entender cómo se construye el futuro del cantón».

CONCEVERDE denuncia que Municipalidad no compareció a audiencia judicial sobre construcción sin permisos

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció públicamente que la Municipalidad de San Rafael de Heredia no se hizo presente en una audiencia judicial en la que debía defender los derechos colectivos y el interés público, según consta en la resolución N.° 00262-2026, emitida en junio de 2026 por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, II Circuito Judicial de San José.

Según indica CONCEVERDE, esa resolución señala expresamente que la Municipalidad no compareció a la audiencia correspondiente a una apelación que cuestionaba la negativa de acoger una medida cautelar frente a una orden de derribo, dictada por una construcción realizada sin permiso municipal.

La organización cuestiona si esa ausencia responde a un simple descuido o si constituye una señal preocupante sobre el cumplimiento del deber institucional de proteger el bien común, y plantea directamente la pregunta de «¿de qué lado está la Municipalidad?»: si del lado de quienes infringen la ley y buscan lucrar a costa del patrimonio natural y social, o del lado de la ciudadanía que exige respeto a la normativa y defensa de los derechos colectivos.

Para CONCEVERDE, la falta de representación municipal en un espacio de debate formal no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que abre la puerta a la impunidad, calificando cada ausencia como «un mensaje» que «suena a complicidad, a indiferencia, a abandono de responsabilidades».

La organización exige claridad, transparencia y compromiso real de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, y plantea que esta debe responder ante la ciudadanía, explicar su conducta en este caso y asumir su papel como garante del bien común, advirtiendo que no tolerará que quienes tienen la obligación de defender los derechos colectivos se conviertan en «espectadores pasivos» o «aliados tácitos de los infractores».

CONCEVERDE denuncia construcciones en zona ambientalmente protegida de San Rafael de Heredia y exige actuación inmediata de la Municipalidad

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció públicamente la continuidad de obras constructivas en, en Concepción de San Rafael de Heredia, pese a que desde 2022 la Municipalidad de San Rafael tiene conocimiento de la situación y, según documentación oficial, había ordenado la clausura de las obras.

De acuerdo con la denuncia presentada por CONCEVERDE ante la Alcaldía de San Rafael de Heredia, los hechos se desarrollan en un sector ubicado dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 del 30 de julio de 1888, así como en una zona señalada por la propia Municipalidad como área de protección asociada al Decreto Ejecutivo N.° 25902.

Cuatro años de denuncias y obras que continúan. La organización señala que a mediados de 2022 comenzó el movimiento de tierra, la corta de árboles y la construcción de obras en el sitio. Ante esta situación, el colectivo presentó una primera denuncia ante la Municipalidad de San Rafael.

La propia Municipalidad constató los hechos. En el oficio IPUT 430-2022, del 28 de julio de 2022, se indicó que durante una inspección se encontró corta de árboles y el inicio de obras constructivas en la finca identificada con el Folio Real 19006. Como consecuencia, se colocaron sellos o marchamos de clausura en el portón del inmueble.

Sin embargo, según CONCEVERDE, las obras continuaron. Ante la persistencia de los trabajos, el colectivo presentó una nueva denuncia el 26 de julio de 2024 ante la Alcaldía de San Rafael. La respuesta municipal, mediante el oficio IU-187-2024, del 17 de octubre de 2024, señaló que los hechos se desarrollaban en una zona de protección relacionada con el Decreto N.° 25902 y que existían dificultades para notificar a las personas propietarias debido a que la finca se encontraba dividida en derechos.

La Municipalidad también indicó que había realizado diversas prevenciones para evitar la continuación de las obras y que el incumplimiento podría dar lugar a la presentación de una denuncia penal.

La organización cuestiona la falta de acciones efectivas Para el colectivo ciudadano, las actuaciones municipales no han sido suficientes para detener las construcciones.

CONCEVERDE afirma que, pese a las denuncias presentadas y a las clausuras realizadas, actualmente no solo existe una vivienda que habría sido concluida, sino que también se han ejecutado y continúan ejecutándose otras construcciones en el sitio denunciado y, aparentemente, en fincas o lotes contiguos.

La organización considera particularmente grave que hayan transcurrido aproximadamente cuatro años desde la primera denuncia sin que las obras hayan sido efectivamente detenidas, pese a que la propia Municipalidad había constatado irregularidades y había advertido sobre las posibles consecuencias legales de continuar con los trabajos.

“Las dificultades relacionadas con las notificaciones no pueden convertirse en una justificación indefinida para permitir que las obras continúen”, sostiene CONCEVERDE en su denuncia, al considerar que una situación que se prolonga durante años podría evidenciar una actuación negligente de la Administración y un eventual incumplimiento de deberes que debe ser investigado.

Una zona sometida a protección. El colectivo advierte que el caso no constituye únicamente un problema relacionado con permisos de construcción, sino que involucra la protección ambiental y el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

El colectivo sostiene que las obras se localizan dentro de una zona sometida a un régimen especial de protección y recuerda que la construcción y transformación del territorio en estos sectores debe ajustarse estrictamente a las disposiciones ambientales y urbanísticas aplicables.

Por ello, considera que las autoridades municipales tienen la obligación de actuar de manera efectiva cuando se detectan obras que podrían contravenir la normativa y afectar el derecho de las personas a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Ante la continuidad de las obras, CONCEVERDE solicita al alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, que informe detalladamente sobre todas las actuaciones realizadas por la Municipalidad desde la primera denuncia de 2022.

Entre sus principales peticiones se encuentran:

  • Informar qué medidas se han adoptado para detener las construcciones, más allá de las inspecciones y la colocación de sellos o marchamos de clausura.
  • Informar si se han presentado denuncias penales por el eventual incumplimiento de órdenes municipales de suspensión de las obras y, de ser así, proporcionar los números de expediente correspondientes.
  • Informar si sobre alguno de los derechos correspondientes al Folio Real 19006 se han otorgado usos de suelo o permisos de construcción.
  • Explicar por qué, después de más de cuatro años desde la primera denuncia, las obras no han sido detenidas y qué medidas corresponden respecto de las construcciones que, según la documentación municipal citada por CONCEVERDE, carecerían de los permisos correspondientes.
  • Actuar de manera inmediata para detener las nuevas obras que actualmente se estarían ejecutando en el sitio denunciado y en terrenos vinculados.
  • Remitir, cuando corresponda, las denuncias respectivas a las autoridades administrativas y judiciales competentes.
  • Entregar por escrito información sobre todas las actuaciones realizadas en respuesta a estas solicitudes.

Sala Constitucional condena a Municipalidad de San Rafael por incumplir protección de pozo de abastecimiento público

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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la protección del pozo La Meseta, en San Rafael de Heredia, y condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber garantizado adecuadamente la protección del área de resguardo de esta fuente de abastecimiento de agua.

El recurso fue interpuesto por Carlos Campos Zamora, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas, quienes denunciaron la autorización de desarrollos constructivos dentro del área de protección del pozo y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar el recurso hídrico.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el criterio técnico aplicable es el emitido por SENARA, según el cual los pozos de abastecimiento público requieren una zona de protección de 200 metros de radio para prevenir riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. La resolución señala que esta área de protección no está siendo respetada y que las instituciones recurridas no utilizaron todas las herramientas legales disponibles para garantizar su cumplimiento.

El expediente judicial se originó tras una serie de gestiones realizadas desde 2023 por Carlos Campos Zamora y otras personas vecinas preocupadas por la construcción de proyectos inmobiliarios en las inmediaciones del pozo La Meseta. En diferentes ocasiones, se solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia detener el otorgamiento de permisos y visados dentro del área de protección señalada por los criterios técnicos especializados.

Según el colectivo CONCEVERDE, que acompañó las denuncias ciudadanas y promovió acciones de incidencia sobre este caso, la resolución representa una nueva condena contra las actuaciones municipales relacionadas con la protección del agua subterránea.

En un comunicado público, la organización afirmó que la sentencia evidencia una grave amenaza para las aguas que abastecen a miles de habitantes del cantón y cuestionó que se hayan otorgado permisos de construcción sin respetar el área de protección recomendada por SENARA.

La organización destacó que la Sala Constitucional concluyó que el principio precautorio obliga a adoptar las medidas más protectoras cuando existe riesgo para el recurso hídrico y recordó que el propio SENARA advirtió sobre la posibilidad de contaminación del acuífero.

CONCEVERDE señaló además que la defensa del agua constituye una responsabilidad pública fundamental y llamó a las instituciones a asumir un compromiso efectivo con la protección de los recursos hídricos y la salud de la población.

La controversia se desarrolló a partir de posiciones divergentes entre distintas instituciones. Mientras la Dirección de Aguas del MINAE y autoridades municipales sostuvieron que el retiro de protección aplicable era de 40 metros o se limitaba a los linderos de la propiedad, SENARA y AyA señalaron que, tratándose de un pozo de abastecimiento público, debía respetarse una zona de protección de 200 metros.

La resolución de la Sala Constitucional se suma a una serie de cuestionamientos y denuncias presentadas en los últimos años por organizaciones ambientales y vecinales sobre la necesidad de fortalecer la protección de las fuentes de agua subterránea frente a procesos de urbanización y expansión inmobiliaria en la provincia de Heredia.

Tribunal respalda al Concejo de San Rafael de Heredia y ordena al alcalde proteger el Cerro Chompipe

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Una vez más, una autoridad jurisdiccional rechazó las actuaciones del alcalde de San Rafael de Heredia, señor Jorge Eduardo Arias Santamaría, al declarar ilegal el veto que interpuso contra un acuerdo del Concejo Municipal relacionado con el cumplimiento de una orden emitida por la Sala Constitucional.

Mediante la resolución 26-000619-1027-CA-0, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió declarar sin lugar el veto presentado por el alcalde contra el Acuerdo N.° 2 de la Sesión Ordinaria N.° 141-2025, celebrada el 29 de diciembre de 2025 por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia.

El acuerdo vetado instaba al alcalde a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la Sala Constitucional en el voto N.° 2023-017109, del 14 de julio de 2023, dictado dentro del expediente 22-027662-0007-CO. En dicha resolución, la Sala ordenó el traspaso a nombre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de la finca inscrita en el Partido de Heredia, matrícula de folio real 156766-000, ubicada en el sector de Cerro Chompipe, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley N.° 65 y el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Según ha trascendido, en esa propiedad existiría interés por desarrollar un proyecto turístico, situación que ha generado preocupación debido al régimen especial de protección ambiental que actualmente la resguarda.

Esta controversia se produce en un contexto de creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla el desarrollo de infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y se encuentra amparado por un régimen especial de protección que se remonta al siglo XIX. Asimismo, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana, razón por la cual cualquier modificación de su condición actual reviste un evidente interés público.

Diversas organizaciones ambientales, comunidades locales y personas expertas en conservación y recursos hídricos han advertido sobre los posibles impactos que podrían derivarse de la construcción de infraestructura turística o recreativa en este ecosistema, subrayando la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las resoluciones judiciales que protegen el área.

El acuerdo municipal advertía además que, de mantenerse el incumplimiento de la orden constitucional, el alcalde debería asumir las consecuencias legales derivadas de una eventual desobediencia a una resolución judicial firme.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué interés mueve al alcalde a renunciar a la protección absoluta que hoy resguarda la finca del Cerro Chompipe, al punto de vetar los acuerdos del Concejo Municipal que buscan mantener esa protección y exigir el cumplimiento de una orden de la Sala Constitucional?

En su resolución, el Tribunal concluyó que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal se limita a exigir el cumplimiento de una orden jurisdiccional vigente. Señala expresamente que el acuerdo corresponde al ejercicio legítimo de las competencias del Concejo Municipal respecto al cumplimiento de una orden judicial, razón por la cual determinó que no existían fundamentos para sostener el veto interpuesto por la Alcaldía.

La parte dispositiva de la sentencia establece: «De conformidad con el artículo 169 inciso f) del Código Municipal, se declara sin lugar el veto interpuesto. Es todo. Notifíquese.» La resolución fue emitida por los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo.

Este nuevo pronunciamiento judicial constituye un respaldo a la obligación de las autoridades municipales de acatar las resoluciones de los tribunales de justicia y reabre el debate sobre el futuro de la finca ubicada en Cerro Chompipe, un territorio de extraordinario valor ecológico, hídrico y estratégico para el país.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

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Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Debatirán futuro del Cerro Chompipe y la protección del agua en Heredia

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Organizaciones ambientales, especialistas en gestión hídrica y representación legislativa participarán en un foro público sobre las disputas en torno al Cerro Chompipe, un territorio estratégico para la conservación ecológica y la protección de fuentes de agua en la provincia de Heredia. El encuentro surge en medio de la creciente preocupación por la propuesta impulsada por la Municipalidad de San Rafael de Heredia bajo la figura de “Monumento Natural”, iniciativa que contempla infraestructura recreativa dentro de una zona de alta fragilidad ambiental e hidrogeológica.

El Cerro Chompipe forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y cuenta con un régimen especial de protección desde el siglo XIX. Además, constituye una importante zona de recarga acuífera para el abastecimiento de agua de amplios sectores de la Gran Área Metropolitana. Diversas organizaciones y personas expertas han advertido que cualquier intervención en este ecosistema debe analizarse con rigurosidad técnica y jurídica, debido a sus implicaciones para la seguridad hídrica regional y la conservación de bosques de alta importancia ecológica.

La discusión también se intensificó tras la decisión del alcalde de rechazar la recomendación del Concejo Municipal de trasladar aproximadamente 155 hectáreas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), medida orientada a fortalecer la protección formal del área.

El foro abordará temas como la efectividad de las figuras legales de conservación, la protección del recurso hídrico frente a proyectos de desarrollo y la necesidad de garantizar transparencia, estudios técnicos y participación ciudadana en decisiones de alto impacto ambiental.

Entre las personas participantes estarán el Lic. José Francisco Alfaro, del Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE); el Ing. Roberto Ramírez, director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); y María Eugenia Román, diputada herediana.

La Municipalidad de San Rafael de Heredia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también fueron invitados al espacio; sin embargo, ambas instituciones declinaron su participación.

Las organizaciones convocantes señalan que el objetivo principal del foro es promover un diálogo público informado y basado en evidencia técnica, jurídica y científica sobre el futuro de uno de los territorios más importantes para la protección del agua y los ecosistemas en Heredia. El evento busca además fortalecer el debate ciudadano sobre la gestión de bienes ambientales estratégicos y la responsabilidad de las instituciones públicas en la protección de recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras.

El foro es organizado por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía de la UCR y Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social UCR. La actividad será virtual y se transmitirá a través de SURCOS Digital en Facebook.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Foro analizará disputas por la protección hídrica y la conservación del Cerro Chompipe

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La Alianza por una Vida Digna, junto con la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes UCR, Kioscos Socioambientales y SURCOS Digital, realizarán el foro en vivo “Cerro Chompipe: disputas por la protección hídrica y la conservación del ecosistema”.

La actividad se transmitirá el lunes 18 de mayo a las 6:00 p.m. mediante Facebook Live de SURCOS Digital.

El espacio busca abordar las tensiones y desafíos relacionados con la protección del recurso hídrico y la conservación ambiental en el Cerro Chompipe, ubicado en San Rafael de Heredia.

Participarán en el foro:

  • José Francisco Alfaro, integrante del Colectivo CONCEVERDE de San Rafael de Heredia.

  • María Eugenia Román, diputada.

  • Roberto Ramírez, de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA.

Las organizaciones convocantes señalaron que el foro pretende generar reflexión pública sobre las disputas socioambientales vinculadas con la protección del agua y los ecosistemas estratégicos del país.