Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestamos nuestra cercanía humana y espiritual con el querido pueblo venezolano y sus pastores, en los momentos de incertidumbre y dolor que enfrentan.
Motivados por el tiempo de Navidad que vivimos, deseamos que, aún en medio de la preocupación, no decaiga entre ustedes la esperanza, por el contrario, oramos para que se afiance la fe en el Señor y los conforte en estos momentos de dificultad.
Unimos nuestra voz a la del Papa León XIV, recordando que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” (Ángelus 04-01-26).
A todos los hermanos venezolanos que conviven entre nosotros, nuestro cariño y solidaridad. Caminamos juntos, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Como Iglesia de puertas abiertas son siempre bienvenidos al encuentro, la escucha y la celebración fraterna.
Invitamos a todas las comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos y demás realidades eclesiales, a unirnos en oración por el noble y hermano pueblo de Venezuela, implorando a Dios, fuente la verdadera paz, les conceda serenidad, sabiduría y fortaleza.
Pedimos la intercesión de la Patrona de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles, cuya canonización acabamos de vivir como Iglesia Universal.
Juntos en la plegaria, hacemos nuestros sus sufrimientos implorando para que, superada toda violencia y división, se abran nuevos caminos de paz, justicia, y dignidad para todos.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica difundió un nuevo documento dirigido al clero en el marco del proceso electoral 2025-2026. Se trata del Vademécum sobre la prudencia pastoral y la participación política del clero en Costa Rica, elaborado por el presbítero Glenm Gómez Álvarez y presentado oficialmente por el obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal, Javier Román Arias. El texto ofrece criterios para fortalecer la labor pastoral sin caer en prácticas que puedan interpretarse como proselitistas, y se convierte en un aporte de la Iglesia Católica para el momento político que vive el país.
La presentación del obispo: acompañar sin confundir lo pastoral con lo político
En la sección inicial, Monseñor Javier Román explica que el documento se entrega al clero como una guía necesaria para ejercer el ministerio en un contexto político “complejo y dinámico”. Señala que no se trata de imponer limitaciones, sino de ofrecer orientaciones que ayuden a formar conciencias, de modo que los fieles actúen desde criterios éticos y orientados al bien común.
El obispo insiste en que la misión del sacerdote es guiar espiritualmente, no apoyar partidos ni candidaturas. El desafío, afirma, consiste en mantener una presencia pública acorde al Evangelio, con voz profética, pero sin militancia partidaria, respetando la legislación vigente y fortaleciendo al mismo tiempo el compromiso ético y ciudadano de la comunidad creyente.
Síntesis del documento de presentación del autor: una reflexión pastoral frente al desafío democrático
En su presentación, el presbítero Glenm Gómez Álvarez explica que el vademécum es una herramienta para comprender las implicaciones pastorales, éticas y legales de la participación clerical en la vida pública, sin confundir los distintos ámbitos.
El autor subraya que la Iglesia tiene un compromiso histórico con la justicia social y recuerda figuras como Monseñor Víctor Manuel Sanabria, cuyo liderazgo influyó en la construcción del Estado Social de Derecho costarricense. Esta tradición —indica— muestra que la Iglesia puede tener presencia pública sin participar en luchas partidarias.
El texto invita al clero a ejercer una presencia “profética, no proselitista; orientadora, no militante; servicial, no impositiva”, y a acompañar a las comunidades con responsabilidad, prudencia y fidelidad evangélica.
Esquema explicativo y resumido del contenido del vademécum
A continuación, se presenta una síntesis de los capítulos y secciones contenidos en la tercera parte del documento:
1. Introducción: contexto constitucional y religioso
Explica el origen del artículo 28 de la Constitución y su intención histórica ligada a un contexto anticlerical del siglo XIX.
Señala que la Costa Rica actual es plural en lo religioso, lo que genera tensiones en la aplicación del artículo, pues el clero católico mantiene restricciones que otros líderes religiosos no tienen.
2. Texto constitucional y su interpretación
El artículo 28 garantiza libertad de expresión, pero prohíbe propaganda política basada en motivos religiosos.
Esta prohibición aplica tanto a clérigos como a seglares.
Se explica cómo actúa el Tribunal Supremo de Elecciones en casos de denuncias.
3. Lectura crítica del artículo 28
Analiza la dificultad de distinguir entre una orientación ética legítima y un acto proselitista.
Aclara que la norma no prohíbe la expresión religiosa, sino su uso político.
4. Favoritismo o asimetría práctica
Reflexiona sobre la desigualdad entre sacerdotes católicos y pastores evangélicos, quienes sí participan abiertamente en política.
Plantea la pregunta sobre si existe verdadera igualdad de condiciones democráticas.
5. Marco canónico y magisterial
Expone los cánones que prohíben al clero ocupar cargos públicos o participar en partidos.
Reafirma que la acción política corresponde principalmente a los laicos.
Enfatiza la misión universal del sacerdote como pastor de todos.
6. Fundamentos bíblicos y teológicos
Presenta la visión profética de la fe y el compromiso social inspirado en Isaías y en el ejemplo de Jesús.
Afirma que la voz de la Iglesia tiene implicaciones sociales, pero no debe confundirse con acción partidista.
7. Doctrina Social de la Iglesia y formación de la conciencia
La política se entiende como forma de caridad social.
La Iglesia defiende una participación laical activa y madura.
El clero debe ayudar a formar conciencias, no a orientar votos.
8. Pautas pastorales en tiempos electorales
Neutralidad respecto a candidatos y partidos.
Promoción del voto informado, oración por la patria y discernimiento ético.
Consultar al obispo antes de pronunciamientos públicos sobre temas sensibles.
9. Orientaciones sobre predicación y formación
La homilía debe basarse en la Palabra de Dios.
Evitar referencias partidarias explícitas o implícitas.
Promover principios éticos generales vinculados al Evangelio.
10. Redes sociales y comunicación
Se pide extremar la prudencia en los “Me gusta”, comentarios o compartidos.
Se recomienda mantener los perfiles institucionales centrados en la misión pastoral.
Cada acción digital se entiende como testimonio público.
11. Casos pastorales frecuentes
Incluye lineamientos ante:
presencia de candidatos en misas,
solicitudes de bendición de sedes políticas,
invitaciones a actos públicos,
intenciones de misa con contenido político,
uso del templo para actividades partidistas.
12. Criterios editoriales en medios eclesiales
Fidelidad a la misión evangelizadora.
No difundir contenido que pueda interpretarse como partidista.
Discernimiento editorial constante.
13. Pauta político-partidaria
Se recomienda no aceptar publicidad política en medios eclesiales.
Cuidar la credibilidad institucional y evitar cualquier forma de instrumentalización.
14. Conclusión
El documento no cierra debates, sino que invita al discernimiento prudente.
La prudencia pastoral se presenta como vía para custodiar la comunión eclesial y servir a la democracia.
La Iglesia espera un marco jurídico más equilibrado en el futuro, que distinga proselitismo de presencia profética.
El documento Hambre y pobreza en Costa Rica 2025, elaborado por el Pbro. Edwin Aguiluz Milla desde la Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas adscrita a la Conferencia Episcopal constituye un compendio selectivo y anotado que reúne información estadística reciente, análisis técnico y consideraciones metodológicas para ofrecer una visión amplia y actualizada sobre las distintas expresiones del hambre, la pobreza y las privaciones estructurales en el país. Publicado en noviembre de 2025, el texto sistematiza datos provenientes de la FAO, el INEC, el Estado de la Nación, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal y otras fuentes nacionales e internacionales.
A partir del índice y de la introducción, el documento se estructura en cuatro grandes capítulos que permiten comprender la magnitud y complejidad del fenómeno, así como las características socioeconómicas y territoriales de la pobreza en Costa Rica.
SURCOS ofrece una síntesis del documento estructurada con base en el índice. Al final de esta nota le compartimos el enlace para que pueda descargar el PDF, conocerlo a fondo y compartirlo mediante esta misma publicación.
¿Es Costa Rica un país sin hambre?
El primer capítulo examina rigurosamente la afirmación —frecuente en discursos oficiales— de que el país “salió del mapa del hambre”. Para ello analiza:
Los conceptos fundamentales del SOFI (informe anual sobre seguridad alimentaria de FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF).
Los datos de subalimentación, que aunque bajos comparativamente, muestran inseguridad alimentaria creciente en los últimos años.
Indicadores nutricionales ligados a anemia, sobrepeso, retraso en el crecimiento y consumo de calorías.
El contraste entre la pobreza extrema medida por ingreso y la subalimentación, dejando claro que no son indicadores equivalentes, aunque sí complementarios.
El capítulo también subraya que las familias en extrema pobreza enfrentan condiciones que las colocan en alto riesgo nutricional, especialmente cuando no cuentan con redes de apoyo o acceso a alimentos por autoconsumo.
Pobreza monetaria y pobreza multidimensional en 2025
Este capítulo presenta y explica en detalle las dos grandes mediciones oficiales del INEC:
2.1. Pobreza por línea de pobreza (LP)
Incluye definiciones, metodología y resultados recientes:
La incidencia de la pobreza disminuyó a 15,2% de hogares en 2025.
La pobreza extrema se ubicó en 3,8%, con una reducción significativa respecto al año anterior.
Se analizan diferencias por región de planificación, la estructura del ingreso de los hogares y la sostenibilidad de las tendencias.
Se incorpora un resumen comparativo de indicadores nacionales y se reseñan debates públicos sobre la consistencia de los datos.
2.2. Índice de pobreza multidimensional (IPM)
El documento ofrece una explicación del método Alkire-Foster empleado en Costa Rica y del conjunto de 19 indicadores organizados en cinco dimensiones: educación, vivienda e internet, salud, trabajo y protección social.
Incluye:
Conceptos fundamentales del IPM.
Incidencia nacional, intensidad de privaciones y diferencias territoriales.
Comparación entre hogares pobres por ingreso y hogares pobres según el IPM.
Un análisis en el que destaca que solo un 3,9% de los hogares son pobres según ambos métodos, lo que evidencia distintas caras de la pobreza.
Hábitats de la pobreza
Este amplio capítulo articula la discusión desde el enfoque de ecología integral, resaltando la relación entre condiciones ambientales, vivienda, asentamientos y dignidad humana.
Incluye:
3.1 Ecología integral y hábitats de exclusión
Se enfatiza el carácter multidimensional del hábitat humano y la necesidad de condiciones territoriales que garanticen bienestar y seguridad.
3.2 Déficit habitacional
Con datos actualizados de la ENAHO 2025, se analiza:
El estado físico de las viviendas.
El déficit cualitativo y cuantitativo.
Riesgos estructurales y disparidades territoriales.
3.3 Asentamientos informales
Contiene definiciones oficiales del MIVAH y cifras recientes que muestran:
Diversidad de realidades: tugurios, precariedad, consolidación irregular, falta de respaldo jurídico.
Distribución espacial.
Riesgos asociados a desastres.
Síntesis de informes de la Contraloría.
3.4 Cuarterías
Se documenta la exclusión, el hacinamiento y la vulneración de derechos en estos espacios.
3.5 Personas sin vivienda
El capítulo final describe la crisis humanitaria de habitantes de calle, apoyándose en estudios recientes y datos de organizaciones como Chepe se Baña.
Pobreza multidimensional cantonal según el Atlas 2025
Este capítulo resume los elementos esenciales del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, destacando:
Sus cinco índices principales (IDH, IDH-D, IDG, IDG-D e IPM).
La utilidad de la información cantonal para detectar rezagos en desarrollo humano.
La clasificación de cantones según su IPM, evidenciando desigualdades territoriales persistentes.
Ideas centrales de la introducción
La introducción explica el propósito metodológico del compendio:
Ofrecer información accesible, actualizada y rigurosa para comprender el hambre y la pobreza desde una perspectiva crítica, multidimensional y territorial.
Sistematizar datos dispersos que suelen aparecer en informes técnicos extensos.
Subrayar la importancia de abordar simultáneamente la seguridad alimentaria, las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos, la calidad de la vivienda y la capacidad de los hogares para ejercer derechos.
Mostrar las interrelaciones entre pobreza monetaria, privaciones estructurales y dinámicas territoriales.
Enfatizar el enfoque ético de la Pastoral Social Cáritas, que entiende la pobreza como una violación a la dignidad humana y como un desafío nacional de justicia social.
Autoría y datos editoriales
Autor: Pbro. Edwin Aguiluz Milla.
Institución: Oficina Nacional de Pastoral Social Cáritas, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Título completo:Hambre y pobreza en Costa Rica 2024–2025. Compendio selectivo y anotado de datos.
Lugar y fecha: San José, Costa Rica. Noviembre de 2025.
Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.
La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.
Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable. La asignación de frecuencias debería considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.
La radio y la televisión católica —como otras comunitarias, culturales o de servicio público— no existe para competir con nadie. Existe para servir. Su aporte no se mide por ingresos, sino por la cantidad de conciencia que despierta, por el acompañamiento espiritual que brinda, por la palabra de consuelo que ofrece, por el alivio que llega a quienes viven solos, enfermos o en zonas rurales. ¿Debe extinguirse ese servicio simplemente porque otro actor puede pagar más por una frecuencia? Sería una victoria económica pero una derrota moral para el país.
Del mismo modo, reconocemos y valoramos el aporte de los medios no confesionales, sean nacionales, comunitarios, culturales, educativos o independientes. Ellos también cumplen una misión social insustituible: dar voz a quienes no la tienen, acompañar procesos locales, fortalecer la identidad cultural y abrir espacios de diálogo ciudadano. La pluralidad comunicativa se sostiene en la diversidad de proyectos que, desde distintas convicciones y perspectivas, enriquecen la vida democrática. Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico.
La libertad de expresión no se protege solo evitando la censura; también se protege garantizando condiciones para que existan voces diversas. Una sociedad donde sobreviven únicamente los medios con más recursos económicos es una sociedad que escucha menos, que aprende menos, que dialoga menos.
Por eso hacemos un llamado respetuoso y firme: no reduzcamos las frecuencias al mejor postor. Pensemos un modelo que reconozca la dimensión humana y social de la comunicación. El país ganará más asegurando pluralidad que maximizando ingresos.
Cuidar las frecuencias no es cuidar a una institución. Es cuidar el derecho de nuestro pueblo a una palabra libre, diversa, responsable y profundamente humana.
† Javier Román Arias Obispo de Limón Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje al iniciar el proceso electoral del país, titulado “Por una política al servicio del bien común y de la esperanza”, en el que llaman a la ciudadanía y a los partidos políticos a vivir esta etapa con responsabilidad ética y vocación de servicio.
El pronunciamiento recuerda que Costa Rica cuenta con la democracia más antigua de América Latina y el Caribe, y resalta que el sufragio debe ejercerse en un marco de valores como la dignidad de la persona humana, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda del bien común.
Los obispos advierten, sin embargo, sobre signos de deterioro institucional: confrontaciones entre poderes de la República, polarización social, violencia criminal, narcotráfico, emergencia educativa, problemas en la seguridad social, informalidad laboral y pérdida de credibilidad en los partidos políticos. También señalan la corrupción y la penetración del narcotráfico como factores que debilitan la democracia y la confianza ciudadana.
En este contexto, hacen un llamado a una conversión ética profunda, a propuestas viables y responsables y a la construcción de acuerdos interpartidarios sobre los grandes temas nacionales: seguridad, educación y salud. Piden a los partidos y candidatos reivindicar la política como vocación de servicio, con transparencia, responsabilidad y apertura al diálogo.
El mensaje también subraya la importancia de una ciudadanía activa, crítica y comprometida, que ejerza el voto de manera informada y responsable, y que no se limite a votar, sino que acompañe y exija cuentas a las autoridades electas. Asimismo, destacan el rol de los medios de comunicación como facilitadores del discernimiento político y garantes de un debate público veraz y ético.
Finalmente, los obispos invitan a cultivar la esperanza como virtud transformadora, que permita superar el desencanto y recuperar la confianza en lo público. El texto concluye con una oración a la Virgen de los Ángeles para que Costa Rica avance en justicia, paz y solidaridad.
Diputada Rocío Alfaro Molina muestra el documento enviado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde se exponen las preocupaciones sobre las jornadas laborales de 12 horas.
En una reciente sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la diputada Rocío Alfaro Molina presentó dos mociones para convocar en audiencia a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense.
Estas mociones buscaban incluir los criterios de estas organizaciones sobre el proyecto de ley que propone jornadas laborales de 12 horas diarias. Sin embargo, ambas mociones fueron rechazadas por la mayoría de los diputados presentes.
Detalles claves
Primera moción (30 de julio de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue rechazada con 5 votos en contra y 3 a favor.
Segunda moción (6 de agosto de 2024): Con 8 diputados presentes, la moción fue nuevamente rechazada con 7 votos en contra y 1 a favor.
La diputada Rocío Alfaro Molina expresó su sorpresa ante la negativa, destacando que estas organizaciones representan a un amplio sector de la población costarricense. Alfaro Molina subrayó la importancia de sus opiniones en temas como la calidad de vida y las condiciones laborales, especialmente en relación con el impacto que las jornadas de 12 horas podrían tener en la familia.
Además, la diputada resaltó que la Conferencia Episcopal ya había enviado un documento que manifestaba su preocupación por las posibles afectaciones a la convivencia familiar y la falta de garantías para proteger a quienes no acepten estas jornadas laborales.
SURCOS comparte el documento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica enviado a este medio por el presbítero Luis Alejandro Rojas. En el escrito los obispos expresan su oposición al Proyecto de Ley 20.970.
Desde nuestro caminar junto con comunidades y organizaciones de la sociedad costarricense, una y otra vez escuchamos el clamor de sectores que apremian a ser escuchados. Desde hace muchos años apoyamos y abogamos por toda iniciativa que se oriente al diálogo sobre las grandes aflicciones que aquejan a dichos sectores.
Somos firmes defensores de la democracia costarricense y de su fortalecimiento. La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que “la participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que esta desarrolla” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.º 190).
Que tantas organizaciones sociales, gremiales, académicas, agropecuarias comunales, profesionales, ambientales y muchas otras, que representan a miles de costarricenses, coincidan en este día en manifestar sus hondas preocupaciones acerca de la democracia y la autonomía de las instituciones; los derechos humanos, que comienzan desde la concepción del ser humano y que se deben defender y promover a lo largo de toda su vida; la soberanía y la seguridad alimentaria; el empleo, la creación de oportunidades y la reactivación económica; la justicia económica; la justicia tributaria; la seguridad ciudadana; el acceso a la vivienda; el ambiente y la energía; el arte y la cultura; la educación pública; la salud pública y la seguridad social, nos parece un acontecimiento de honda significación democrática y de avance en la construcción de consensos de tan diversos sectores acerca del adecuado rumbo del país en orden a crecer en un desarrollo humano integral, del que no quede rezagado ningún habitante del país.
Nos parece altamente positivo que todos estos sectores, más que en contra de algo, pese a que han llamado a esta manifestación “Gran Protesta Nacional”, están a favor de algo, específicamente, de establecer un verdadero diálogo social con su participación y la del Poder Ejecutivo, así como la de los otros dos poderes de la República. Un diálogo de esta naturaleza, profundo, productivo y eficaz ha sido pospuesto por años. La paz social, la democracia y el bienestar de toda la población lo reclaman. El momento presente se ofrece como una gran oportunidad para lograrlo.
Dado en San José, a los 25 días del mes de octubre de 2023.
Conferencia Episcopal de Costa Rica Comisión Nacional de Pastoral Social Caritas
Mons. José Rafael Quirós Quirós Arzobispo de San José Presidente de la Pastoral Social Cáritas
Pbro. Edwin Aguiluz Milla Secretario Ejecutivo Pastoral Social Caritas Costa Rica
SURCOS comparte el siguiente documento a solicitud del presbítero Luis Alejandro Rojas.
P . CECOR 120 -2022.
San José, 23 de diciembre de 2022.
Señoras Diputadas y señores Diputados miembros de la Comisión Especial Permanente de Ambiente. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Señora Cinthya Díaz Briceño. Jefa de Comisiones Legislativas. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Estimados señoras y señores:
Agradecemos el oficio AL-CPEAMB-0354-2022, del 20 de diciembre recién pasado, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, jefa de Área Comisiones Legislativas, mediante el cual nos brindan la oportunidad de expresar nuestro criterio con relación al Expediente legislativo 23.383, que contiene el proyecto de Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo. Para nosotros, representa una oportunidad de contribuir al debate democrático de tan importante tema, el cual nos atañe profundamente.
Entre las dimensiones de la Iglesia Católica en Costa Rica, está la de ser una entidad de la sociedad civil costarricense comprometida fuertemente con el fomento del desarrollo humano integral. Entre sus múltiples acciones, su servicio a los niños y jóvenes constituye un aporte a la sociedad en materia de prevención del delito y de la adicción a las drogas, por cuanto inculca valores y contribuye a un sano proceso de crecimiento y maduración.
También contamos con servicios en la recuperación de personas adictas drogas. Numerosas parroquias y grupos católicos atienden a personas en situación de calle, la inmensa mayoría de las cuales ha llegado a ese doloroso estado como consecuencia del trastorno de consumo de sustancias psicoactivas. Los sacerdotes y personas consejeras en nuestras parroquias brindan apoyo emocional y espiritual a innumerables familiares de personas hundidas en el consumo de drogas. Desde esta múltiple colaboración con el Estado y la sociedad costarricenses en los esfuerzos de prevención, atención y acompañamiento a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares, manifestamos que el inmenso problema de salud pública que representa la adicción a sustancias psicoactivas, así como el de seguridad derivado del narcotráfico en todas sus escalas, no solo no nos es ajeno, sino, por el contrario, nos atañe grandemente.
A continuación, exponemos los aspectos medulares de nuestro punto de vista y recomendaciones relacionadas con el proyecto en discusión. Agradecemos la amable atención de ustedes a la presente. Con toda consideración,
MONS. JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA. Obispo de Ciudad Quesada, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Puede descargar el documento completo en este enlace o bien en el vínculo siguiente:
La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.
La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).
Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.
No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.
El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.
Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.