Etiqueta: conflicto social

La Constitución Política de MIDEPLAN

Escrito en 30/01/2021. Publicado en Análisis, Trabajo.

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Segunda parte

Escrito en 16/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.

Urge reforma al capítulo constitucional de las garantías sociales

Escrito en 08/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Araya Montero

Ante la práctica anti democrática de los jerarcas que gobiernan de no dialogar con buena fe y buscando eficacia del proceso que cierre puertas a eventuales burlas, urge una reforma al capítulo constitucional de las Garantías Sociales: un articulado que homologue el procedimiento del conflicto económico social y la negociación colectiva laboral y que en caso de movimientos cívicos locales o nacionales, obligue a los jerarcas a negociar un pliego de peticiones firmado por las organizaciones beligerantes, y a partir de esa NEGOCIACIÓN VERDADERA levantar acuerdos e inscribirlos en los tribunales para su seguimiento, y eventual proceso sancionatorio en caso de incumplimientos.

Si logramos esto UNIDO a una profunda reforma electoral, perfeccionamos la poquita democracia que tenemos, nos coloca en la pro-actividad estratégica, le da sentido transformador a nuestras propuestas, en vez de estar haciendo llamados vacíos a la defensa del «maltrechísimo Estado de Derecho» (que no niego que hay que defenderlo, pero críticamente) pues éste que no le llega ni a los talones al Estado democrático popular que siempre hemos propuesto como alternativa a la democracia burguesa.

La ruta del agua: en el corazón de las nacientes

Escrito en 31/08/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Byron Barillas y Luis Bonilla: Académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED

Costa Rica, agosto de 2018

En el marco del proyecto de investigación sobre el tema del recurso hídrico y conflicto social en Costa Rica, de la Cátedra de Sociología, Escuela de Ciencias Sociales Humanidades, UNED, a mediados de febrero del 2018 se realizó una gira de observación con directivos de la Asada de Dulce Nombre de Naranjo, Alajuela. La gira tenía por objeto conocer las nacientes de donde se extrae el agua que abastece a los habitantes de la comunidad antes citada.

En una larga caminata por laderas, bajando y subiendo cerros pertenecientes a la montaña El Chayote, Naranjo, se visitó dos sitios específicos en las partes altas de la montaña, hasta que hicimos contacto con las nacientes en donde inicia el recorrido y desde donde la Asada, capta el líquido y la conduce a los aforos (especie de cajas de cemento cerca de las nacientes), que sirve para almacenar el agua de varias nacientes, cual pequeñas “venas” naturales que brotan de los paredones húmedos. Luego, a partir de estas cajas se ha instalado la tubería que hace un largo recorrido por laderas y terrenos sinuosos hasta llegar al tanque ubicado en Dulce Nombre, desde el cual se conduce el agua por otras tuberías hacia las viviendas de la localidad.

La distancia que recorre dicha tubería es de unos 8 a 10 kilómetros aproximadamente en el caso del primer sitio visitado; y de unos 11 kilómetros en el segundo sitio de captación.

Nos parece importante compartir las apreciaciones e impresiones que surgen de esta experiencia.

No puede obviarse en primer término, el esfuerzo humano y la inversión económica que requiere tal infraestructura. Pero en términos de ese esfuerzo, cuando nos tocó bajar casi resbalados 300 y 400 mts., es difícil imaginar el traslado estrictamente a lomo y brazo partido del material (cemento, tubería, cedazo, hierro y herramienta) que no tiene otra forma más de traslado que la tracción humana. Tal determinación, solo se explica por la experiencia de los directivos que se ensucian las botas junto al fontanero móvil, por la férrea voluntad y compromiso de cumplir de la mejor manera con el abastecimiento del líquido potable hacia las familias beneficiarias y cierta mística que alimenta la satisfacción del deber cumplido.

Valga decir también, que esta constatación provee al proceso investigativo de una mayor sensibilidad y reconocimiento al trabajo realizado por las Asadas como organizaciones sociales de la comunidad que contribuyen de forma relevante a proteger y cuidar el agua, actitud ésta, que se manifiesta como un elemento distintivo de quienes cohabitan territorios hídricos y hemos convenido en llamar “conciencia hídrica”.

En el plano más subjetivo, como investigadores, además de permitirnos una verificación empírica del escenario natural, el recorrido factual nos puso a pensar en ese instante, cómo esa agua que brota de la tierra de una manera tan simple y a la vez sublime, es el vital recurso que nos ofrenda la naturaleza, pero de cuyo significado biosocial y su fragilidad ecológica no terminamos de tomar clara conciencia, quizás por nuestro extrañamiento colectivo de sentirnos ajenos, erróneamente autónomos o por encima del mundo natural. Podría decirse que, es inevitable estar en un territorio que pareciera bajo “dominio del agua” sin conectarse con la existencia misma. Y, cuando se está en el corazón de una naciente y hay conciencia de ese hecho, se cruzan fugazmente ideas como: “literalmente aquí nace la vida”, y la sensación es que “ese líquido y nosotros nos pertenecemos mutuamente, es nuestra propia esencia, no hay duda en ese momento”. La duda es externa, producto de la enajenación, es decir, de la inconciencia del potencial hídrico, así como la vulnerabilidad de ese mundo material en donde florece la vida. Sin duda, el Estado está obligado a proteger este recurso que es un bien colectivo, pero las comunidades y la sociedad en general también, porque en esos cerros y nacientes se juega nuestro futuro.

También nos ha quedado claro de esta experiencia, que el hecho de disponer domiciliarmente agua de calidad, las veinticuatro horas diarias y a bajo costo, demanda de un arduo y planificado trabajo organizativo de quienes proveen este servicio con sentido social, que en el caso de Dulce Nombre, pasa por mantener activa su Asamblea de miembros a la cual pertenecen, que aprueba o reprueba las propuestas de proyectos de inversión con visión estratégica, aquellas medidas que garanticen la distribución y lo relativo a resguardo de la ética como representantes comunales. No se obvia así mismo, el sostenimiento de una política adecuada de relacionamiento e incidencia hacia las instituciones públicas.

Valga decir entonces, desde un punto de vista operativo y técnico, las ASADAS son garantía de ese futuro con disponibilidad de agua. Asadas como Dulce Nombre de Naranjo y la Federación que aglutina 14 de ellas, fungen como organismos comunitarios que desarrollan un trabajo esmerado en capacitación técnica y administrativa para aumentar las competencias de su reducido personal y mantenerse a derecho con todas las obligaciones legales derivadas del Convenio de Delegación que le otorga el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). A ello se suma, la rendición de cuentas transparente y estricta que es otra herramienta de control que tiene esta Asada. Dicha labor incluye un ejercicio permanente de participación comunitaria que valida el quehacer de este ente que administra el recurso hídrico para la distribución colectiva y una clara orientación de uso domiciliar. En este sentido, la Asada Dulce Nombre culmina la ruta del agua desde sus nacientes y se inscribe en el historial de gestión comunitaria, como una de las experiencias exitosas de democracia participativa.

Enviado por Byron Barillas.

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Cronología del Conflicto Social

Escrito en 16/12/2014. Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación, desde el año 2003, inició con un proceso de discusión para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa.

Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura.

Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales para propiciar el estudio de los conflictos sociales usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, éstas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

Para conocer y analizar más el documento, se le invita a seguir el siguiente vínculo:

IIS-UCR Costa Rica Cronología Noviembre 2014