Skip to main content

Etiqueta: conflicto social

Protestas en Limón contra las rotondas: un llamado al respeto y a soluciones efectivas

Publicado el . Publicado en Comunidad.

La polémica por las rotondas en la ruta hacia la provincia de Limón sigue escalando. Grupos sociales y comunales se manifestaron para expresar su rechazo al proyecto de construcción de rotondas en la Ruta 32.

Rocío Ramírez Varela, representante del colectivo Mujeres en Lucha Social, manifestó en la protesta:
«Hoy tuvimos una protesta pacífica en Liverpool para decir no a las rotondas. Esto no es un tema político ni partidario, es un tema del pueblo. Limón no quiere rotondas, no quiere retroceso. Con el financiamiento que dicen tener, hagan pasos a desnivel, porque no vamos a aceptar estas rotondas.»

Ramírez dejó claro que su oposición no responde a ideologías ni partidos políticos, sino a un interés colectivo de la comunidad limonense por evitar lo que consideran un retroceso en su desarrollo. La vocera instó a las autoridades a priorizar la construcción de pasos a desnivel, solución que, según los manifestantes, responde mejor a las necesidades viales de la región.

Por su parte, Mauricio Wilson, coordinador de la Unión Provincial de la Provincia de Limón (Uniproli), tomó una postura directa hacia las autoridades gubernamentales. En conferencia de prensa, expresó su descontento:
«Señor Presidente, el nombre de Uniproli viene de líderes comunales que conocen la realidad de Limón. Aunque el 70% de los limonenses votó por usted, en tres años no hemos visto ni un empleo nuevo en la provincia.»

Wilson denunció, además, que las recientes declaraciones del Presidente de la República sobre el nombre de Uniproli, calificándolo de «sofisticado» en tono de burla, son una muestra de la falta de respeto hacia los movimientos sociales. Según el coordinador, esta actitud refleja una desconexión entre el gobierno central y las necesidades reales de los habitantes de Limón.

En relación con las amenazas de sanciones legales por futuras manifestaciones en la Ruta 32, Wilson enfatizó que la comunidad no cederá en su lucha:
«Si ocurre una tragedia en una de esas rotondas, asesoraremos a las familias para que demanden al Presidente, al Ministro de Transportes y a los seis alcaldes de Limón.»

El líder comunal también cuestionó la transparencia de las autoridades respecto al financiamiento del proyecto vial, señalando inconsistencias entre las promesas iniciales y las recientes declaraciones del Ministro de Obras Públicas y Transportes. Wilson acusó al gobierno de incumplir con el presupuesto previamente anunciado para las obras complementarias.

En medio de esta creciente tensión, los manifestantes han reiterado que su lucha no es partidista, sino un llamado a soluciones efectivas que consideren las realidades de la provincia. Para ellos, las rotondas representan un gasto innecesario y un riesgo para la seguridad vial, mientras que los pasos a desnivel, según su perspectiva, serían una inversión más adecuada y eficiente.

Persistir en el cese al fuego bilateral

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El ataque del ELN a una guarnición militar del ejercito nacional en Saravena, Arauca, califica como atentado o saboteo de una fuerza beligerante por parte de insurgentes armados. Se expresa la calidad de ese ataque dentro de las acciones insurgentes al aparato estatal, que una fuerza beligerante, desconoce y busca destruir. Esto conforme a la estructura denominativa del Derecho internacional (DI); en tratándose de conflictos armados internos. Eso de “terrorismo” se atribuye a una ficción mediática a raíz de los sucesos de las Torres Gemelas y en modo alguno encausa dentro del cuerpo normativo internacional. La alusión, a que a 900 metros de la instalación militar atacada funciona una Escuela, pues habilita la denuncia a la no observación por el Estado- parte, a la diligencia y cuidado que no deben funcionar establecimientos educativos cerca a guarniciones militares, y, por consiguiente, no atribuible a carga para el sector insurgente.

Se requiere de diferenciaciones y precisiones para abordar el tema álgido del fin del conflicto armado interno colombiano, con todas y cada una de las insurgencias actuantes en el territorio de Colombia y en el momento coyuntural, en el que un gobierno de inspiración popular rige los destinos del país.

Colombia es un país de múltiples conflictos que demarcan el derrotero de su vida política e institucional. Se mencionan los siguientes conflictos: 1. El conflicto armado interno. 2. El conflicto social. 3. El conflicto económico. 4. El conflicto político. 5. El conflicto ecológico.

Me detendré sobre los dos primeros citados:1. El Conflicto Armado Interno. Caracterizado por una guerra civil no declarada. Se extiende desde el cenit de la hegemonía conservadora, resultado del triunfo de las huestes conservadoras y la derrota del ejercito liberal en la Batalla de Palonegro, en mayo de 1900 y resultado de la Guerra de Los Mil días (1899 a noviembre de 1902). Se toma como punto de referencia histórico el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 09 de abril de 1948. Inicio con el pasaje de la violencia liberal conservadora que conllevó a las primeras guerrillas liberales campesinas para enfrentar el poder hegemónico conservador. Esta fase fue transformada en el luctuoso periodo del llamado Frente Nacional, consistente en que las oligarquías liberal-conservadoras, llegan a un acuerdo político para repartirse, milimétricamente, el funcionamiento burocrático del Estado colombiano, excluyendo las expresiones políticas del movimiento popular, del sindicalismo urbano y agrario en ascenso; de las fuerzas políticas socialista y comunistas, expresadas en movimientos y partido político. Esto generó una casta burocrática privilegiada, que engendró situaciones, motivo de mayor detenimiento. El enfrentamiento bipartidista cesó y se incrementó la agudización de la lucha de clases en Colombia. Ello trajo consigo el surgimiento del movimiento guerrillero de inspiración comunista, en Colombia, alentado por la escisión del movimiento socialista internacional de 1963; apareciendo primero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc (“línea Moscú”) en 1964. Luego El Ejército de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N(“línea cubana”) en 1965. Y en el año de 1967, hace presencia el Ejército Popular de Liberación-EPL (“línea china”). Todos los citados, inspirados bajo un programa político de concepción socialista; de no participación electoral y abstención beligerante y activa. Para el año de 1970, como resultado de un fraude electoral, surge la guerrilla, predominantemente urbana y de extracción de clase pequeño burguesa, conocida como el M-19; sin un ideario socialista. De manera, que la fase de conflicto armado interno en Colombia se extiende desde el año 1948 al presente, en una sumatoria de 76 años.

2.El Conflicto Social. Es un término de contenido sociológico. Como conflicto refleja un proceso de oposición o contradicción de intereses tangibles, no satisfechos, en un núcleo humano. Cuando se agudiza esa contradicción entre grupos relevantes, resaltan estatus; recursos de poder entre oponentes, que buscan dañar o eliminar, al contrario; lo cual trasciende de lo individual y/o grupal y afecta el funcionamiento y estructura propia de la sociedad. Como prolegómenos del actual conflicto social en Colombia, corresponde ubicar la contradicción surgida entre el campo y la ciudad, resultado del prolongado periodo de violencia bipartidista, que trajo consigo el éxodo desmesurado de población campesina, que fue asentándose en cinturones de miseria en las grandes y medianas ciudades, crecidas al azar, sin planificación alguna. Luego el imperio del narcotráfico, de las economías ilícitas y el funcionamiento paralelo de una economía subterránea en Colombia. Se fue consolidando un efecto de falta de oportunidades; de arraigos inequitativos; de situaciones de injusticia y condiciones precarias; de desarrollo desigual, en todos los aspectos. Siendo estos efectos citados verdaderos caldos de cultivo de enfrentamiento en lo social; contribuyó, a ese escenario de conflicto, el surgimiento del narcotráfico, que permeo todos los estratos de la sociedad colombiana, con sus secuelas de miseria, desastre humanitario y mínima convivencia de permisividad social.

Lo relevante en ambos conflictos mencionados

He de destacar lo caracterizado de cada conflicto, sobresaliendo, en torno a la efectividad o mejor complejidad jurídica que de ellos emanan, la importancia de diferenciar el uno del otro. Así, el conflicto armado interno obedece a una caracterización de tipificación particular, en torno al contenido del Derecho Internacional (DI). Por ende, al abordarse este conflicto resalta lo extra legal y extra constitucional vernáculo, explicable en el denominado bloque de constitucionalidad para la asimilación y aplicación en cada país. Con respecto al conflicto social, este ajusta al marco jurídico nacional; superpone a la conducta de individuos y no de grupos o colectividades; en cuanto concierne abordarlo para su manejo, trato y solución. Del conflicto armado interno se deriva una conflictividad de tipo político, toda vez que su surgimiento obedece a causas originadas en el ejercicio de lo gubernamental y trasciende a escalas de enfrentamiento militar, resultado de agudas contradicciones. Y de una motivación de carácter esencialmente político. No sucede lo mismo con el conflicto social, parejo a ruptura de la armonía en el conglomerado colectivo, por conductas de comportamiento individual; en “el que”, a sabiendas, transgrede la ley; el orden legal y de convivencia social; independiente de motivaciones políticas, puesto que su valoración encausa en una conducta delictiva común. Es la propia profilaxis de la sociedad, expresada en el órgano estatal, la que aplica las medidas de protección y prevención, bajo la egida imprescindible de la aplicación de la ley, el sometimiento de los delincuentes comunes y su consecuente castigo.

Lo concreto en el caso colombiano

Lo elemental diferenciatorio conviene explicarlo, en Colombia, por la particular situación de los variados conflictos, que como a nación la aquejan y que fueron mencionados en cinco aspectos o temas. No es dable calificarlos, mediante clasificaciones de prioridad. No se puede caer en ese mecanicismo. Todos los citados son de álgida importancia e igual atención. Para todos y cada uno de ellos, debe existir métodos y políticas de acción para su solución total.

No se puede decir que Colombia transita por un proceso de paz. En realidad, vale mencionar, que Colombia transita por el fin del conflicto armado interno y de sus variados conflictos en forma definitiva. Destaca la denominada política gubernamental de “paz total” como ambiciosa aspiración del actual gobierno progresista-liberal de cambio.

Desafortunadamente, ante la disyuntiva de solución del conflicto armado interno y paralelamente, de superación a la agudización del conflicto social, la mala praxis conllevó a que se haya vertido, en un mismo recipiente, la solución de ambos conflictos, es decir, el conflicto armado interno y el conflicto social. Lo anterior ha traído notorias dificultades en el manejo de la situación. Personalmente llegué a pensar que convenía designar a un alto consejero gubernamental, experto en soluciones alternativas de conflicto, de bagaje en conocimientos socio-jurídicos; así como en el conocimiento, aplicación y manejo de figuras del derecho penal moderno, para la obtención del sometimiento a la justicia de la delincuencia común.

Se parte del presupuesto que los actores del agudo conflicto social en Colombia, lo constituyen actores individualmente considerados. Independiente que asuman nombres y/o estructuras organizativas, no se produce ficción alguna, que los excluya de responsabilidad penal individual; que determina al sujeto individualizado en un accionar, cuyas voluntades convergen para realizar colectivamente un programa criminal. Esa asociación es un delito autónomo que existe por sí mismo cuando se presentan sus elementos constitutivos esenciales, con independencia de los delitos que se cometan por su causa. Esa relación o elemento: independencia-causa, es determinante en la caracterización de la constante jurídica de calificación de los delitos así cometidos, como delitos comunes. Por consiguiente, el sindicado, actor, o reo, es un delincuente común; a quien se le atribuye la carga de responsabilidad penal; sin ambages, rodeos, calificativos, consideraciones o enredos, que conlleven a intrincados laberintos, que buscan el desvió hacia la impunidad.

Pero fue a partir de la expedición de la Ley 1908 de 2.018, que predomina una tendencia contrainsurgente en el Establecimiento, tendiente a asimilar a las organizaciones criminales comunes en el raudal autónomo que les concede caracterización propia a los grupos armados insurgentes y rebeldes, que fundamentan su razón de ser en el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esas bandas no son parte del conflicto armado interno. Comenzaron por darles el nombre de bandas emergentes; bandas criminales (las bacrim); bajo un sobrenombre general de grupos armados organizados (GAO) o grupos delincuenciales organizados (GAO); también como el de grupos armados organizados residuales (GAOR), que son lo mismo. Se dice que obedece a una concepción de doctrina militar, de habilitar el accionar congénere estatal de los grupos paramilitares, en el escenario de actores con connotación política. Es decir, el espíritu de la Ley 1908 de 2.018, institucionaliza o legaliza al paramilitarismo, que encauza es en el conflicto social y no en el conflicto armado interno; incluso, llegándoles a llamar o asimilándolos a grupos equiparados como aliados estratégicos de los grupos rebeldes. Esto no corresponde a un desface o ignorancia crasa sobre la materia; como si a una pretendida acción contrainsurgente de deslegitimar el carácter internacional de la organización político-militar rebelde. Los alzados en armas e insurgentes, están inspirados en la destrucción del Estado Constitucional vigente. Grosso modo, el accionar de un grupo rebelde, insurgente, alzado en armas no va contra un gobierno de turno en particular, sino contra la existencia misma de ese Estado contra el que acciona.

El mismo espíritu de la citada ley aplica es para la sujeción a la justicia ordinaria de las organizaciones criminales y sabido es que las organizaciones armadas rebeldes e insurgentes, si son sometidas, derrotadas militarmente, dejan de existir y esto está bien lejos de suceder en el escenario colombiano. Por ello se impone- pese a la obtusa posición de la derecha militarista- la salida política para el logro definitivo del fin del conflicto armado interno con el total de las diversas insurgencias actuantes.

El no a las imposiciones unilaterales

Intentando expresar un criterio objetivo riguroso corresponde extraer, que la separación que he intentado hacer para el entendimiento de dos situaciones totalmente identificadas, como lo son el conflicto armado interno y el conflicto social en Colombia; se determina en forma expresa y clara, que tanto el desarrollo de las conversaciones con el Estado Mayor central de las Farc- EMC; junto con la Segunda Marquetalia y las adelantadas con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia-E.L.N, yerran, en la aplicación y atención clara al carácter insurgente y con estatus de rebeldes, de esas organizaciones. El que se dediquen a acciones criminales es propio de la esencia de ellos…

Demasiado costo político ha significado para el gobierno, el rompimiento del cese al fuego con el EMC-Farc. Todo, en resumen, por la exigibilidad de otra conducta al ente insurgente, resultado del lamentable ataque de unidades del EMC-Farc, a la población civil indígena con el resultado trágico de la muerte de una autoridad indígena. Su accionar fue, desde todo punto de vista, violatorio al DIH y han de responder ante la jurisdicción internacional por cargos contra lo reglado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

Ahora bien, los sucesos del pasado 8 de septiembre contra una comunidad indígena en el municipio de Tumaco, por parte de la fuerza de tarea conjunta Hércules del ejército, que, al mando de un general, abrió fuego, sin atender al principio de distinción, contra la población indígena Awua desarmada, de Inda Sabaneta; luego que la tropa intentó entrar a la fuerza al territorio indígena; resulta similar al accionar del grupo insurgente EMC-Farc. En el agresivo comportamiento del ejército colombiano, murieron dos indígenas y siete más resultaron heridos. Al igual que la respuesta de la insurgencia armada EMC-Farc contra la comunidad indígena; la del ejército colombiano obedeció a oposición de los indígenas Awa a que vehículos blincados del ejército ingresaran a su sagrado territorio comunal.

Pero la decisión abrupta de la contraparte gubernamental resultó ser impracticable, en tratándose del campo de búsqueda de solución alternativa del conflicto. Es en momentos tan álgidos como se demuestra la capacidad de los negociadores de la contraparte estatal y a fuer de argumentación, resultó contrario al mandato constitucional de la búsqueda de la paz…

Ya es el momento de entrar en razón acercando nuevamente a la mesa de conversaciones a los voceros designados del E.M.C-Farc, para transitar, otra vez, por la consecución del cese al fuego bilateral con ellos.

Similar yerro ocurre con el tratamiento dado por la contraparte gubernamental en el escenario de las conversaciones con el ELN. De inexplicable dilación la no exclusión de una fuerza rebelde – como lo es el ELN – en la forzada clasificación legal de delincuencia común organizada (GAO). Los voceros gubernamentales, en la mesa de conversaciones, han hecho caso omiso a tal solicitud. Sobrevino el plazo del cese al fuego bilateral, y la responsabilidad estatal en cabeza de un ineficiente y conflictivo alto consejero para la paz, del gobierno del presidente G, Petro, ha entrabado la rueda al funcionamiento de una reanudación de conversaciones con esa importante fuerza insurgente. Se dio el lamentable ataque de unidades del Ejecito de Liberación Nacional de Colombia – ELN, a la base militar en Saravena, Arauca. El señor presidente lo equiparó al ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía, durante el auge del Terrorismo de Estado, anunciando que el fin del ciclo de conversaciones con esa fuerza insurgente se cierra con un pasaje de sangre. La suerte del fin del conflicto armado interno en Colombia no puede ser echado por la borda. Seria incurrir en violación constitucional a la búsqueda de la paz. Los tales “gestos de paz” no pueden continuar siendo una imposición unilateral, por fuera de la meza, al igual que en gobiernos anteriores y en eco de resonancia a la imposición de la mass media alienante.

Es dable argumentar, que la finalidad del presente análisis es el llamado conmensurado y respetuoso al gobierno nacional para que destrabe la mesa de negociaciones con el E.L. N, decretando la salida de esa organización político-militar de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Que se aplique, a contrario sensu, el Parágrafo de la Ley 1908 de 2.018 que dice así: “En todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la clasificación previa del Consejo de Seguridad Nacional” y concluyo afirmando: es falso que se trate de una oportunidad para el E.L.N, se trata es de una oportunidad para la Nación colombiana.

Y por qué la actitud de “oídos sordos” a la petición de La Segunda Marquetalia, en el sentido que su máximo dirigente conocido como “Iván Márquez” disponga de una conmutación o cambio a la orden de extradición que pesa sobre él. Resulta viable, en ejercicio soberano nacional, que esa petición proceda. Huelga asomar el calificativo de los delitos conexos. Y también, como simple ciudadano alertar, que si está conmocionada la opinión de la Provincia de Ocaña y del Catatumbo, con la aparición o resurgimiento de una facción, o nuevo frente guerrillero, del Ejército Popular de Liberación -EPL, asuma la Dirección de Inteligencia Nacional la verificación de tal infundio; o si de patraña o realidad se tratare, se aplique la agilidad gubernamental en que sean llamados a sumarse- desde ya- al torrente de la solución definitiva del conflicto armado interno en Colombia.

En eso del gobierno del cambio, todo apunta a un comportamiento, calificativo y acción, que lo diferencie de los gobiernos anteriores.

Colombia, un país pluricultural

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Meneses Reyes

LA NOTA HISTÓRICA. La masacre en el municipio de El Carmen de Ocaña el 16 de noviembre de 1949 obedeció a una directriz de Terrorismo de Estado durante la hegemonía oligárquica conservadora.

Las secuelas aún permanecen, con la agudización del conflicto armado interno en Colombia. Los responsables y ejecutores están en el directorio nacional conservador y en el directorio del Departamento de Norte de Santander. La ejecutaron con la fuerza parapolicial estatal de los «pájaros» o «chulavitas».

Desde el asesinato de JE Gaitán (1948) el problema de la tenencia de la tierra se agudizó. Las guerrillas liberales de autodefensa se transformaron en las guerrillas comunistas con Marquetalia como ejemplo.

A hoy, un conflicto por la tierra como el palestino – israelí, corresponde equipararlo con el persistente conflicto agrario en Colombia, padecido durante 75 años por ambos pueblos.

En Colombia ha derivado en los múltiples conflictos que nos asolan:

  1. El conflicto armado interno.
  2. El conflicto por el modelo económico impuesto.
  3. El conflicto ecológico.
  4. El conflicto político (no solo por lo electorero, como por el estado de cosas inconstitucional – ECI – que persiste y no permite aplicar la CP de 1991.
  5. El conflicto social, agudizado por la institucionalización de un narco estado en el poder, que impide el ejercicio de un gobierno progresista de inspiración popular. Correcto.

Conozcamos la historia en forma comparada buscando la solución y salida política civilizada.

Negociación salarial o conflicto social

Publicado el . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:
“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!

Movimiento Sindical Unido rechaza imposiciones del gobierno para el “dialogo” social

Publicado el . Publicado en Trabajo.

Movimiento Sindical Unido

Comunicado

El día de hoy las Centrales Sindicales, Rerum Novarum, CGT, CMTC, CCTD, el BUSSCO y Sindicatos representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros, atendimos la convocatoria del Gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.

En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:

1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del diálogo.

2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo Público.

3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.

Deploramos que en la apertura del proceso el Gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y la modificación del decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.

La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.

El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, educación, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.

Alertamos a las fracciones legislativas que ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.

Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.

San José, 20 marzo 2023

 

Enviado a SURCOS por CGT Costa Rica.

Movimiento sindical rechaza imposiciones del gobierno para el “dialogo” social

Publicado el . Publicado en Trabajo.

Comunicado

El día de hoy las centrales sindicales, BUSSCO y sindicales representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo, etc., atendimos la convocatoria del gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.

En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:

1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del dialogo.

2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero, además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo público.

3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.

Deploramos que en la apertura del proceso el gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios y la modificación del decreto. Es decir, el poder ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.

La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo,

El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.

Alertamos a las fracciones legislativas de que de ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.

Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.

San José, 20 marzo 2023.

 

Información enviada a SURCOS por Martín Rodríguez Espinoza.

Continúa la barbarie

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La constante de un conflicto armado interno prolongado en el tiempo disipa los sueños de triunfo al lograr un gobierno de inspiración popular. Han continuado las masacres y asesinatos selectivos a líderes sociales. Prueba que el nexo de causalidad entre el hecho punitivo y los intereses locales permanece en funcionamiento sin oficiosidad investigadora, ni medidas de prevención eficaces. Continúa la impunidad reinante y la ineficacia del accionar estatal.

Un nuevo aspecto de conflicto social ha surgido: la contradicción existente entre el sector afro campesino y los pueblos indígenas en torno a la tenencia de la tierra en áreas del Cauca y del Valle de reconocido emporio industrial. Tema de acervo histórico en el que los colonos afrodescendientes acapararon tierras de reserva indígenas milenarias y cuáles terratenientes de hecho dispusieron de ellas bajo arrendamientos con los blancos empresarios de explotación en los grandes ingenios azucareros. Muchos son afros poderosos económicamente y actuantes en el ámbito de la competencia capitalista individual, carentes de visión, proyección de tenencia y vivencia colectivas. Los pueblos indígenas reivindican la propiedad ancestral y la defensa de la Pacha Mama, no para detentar extensiones de tierras, como argumenta la derecha en su contra, como si para cumplir el ciclo de su vínculo cultural y de defensa de lo ecológico ambiental. Este pasaje de lucha de clases no es inédito ha permanecido latente y oculto a favor de los empresarios blancos quienes han usufructuado esa situación económico racial. Al aflorar el conflicto indicado se impone la solución en favor a los pueblos indígenas y la búsqueda de soluciones en aspectos de distribución y afianzamiento de la función social de la tierra en el marco de la soberanía productiva y alimentaria. Este pasaje es totalmente diferente al de detentación de tierras incultas o la de destinación de tierras para la depredadora ganadería extensiva.

Similar enfoque corresponde asumir al afrontar el conflicto campesino e indígenas Motilon-Bari en El Catatumbo. Durante el siglo XX paralelo a la expoliación de las compañías petroleras la población originaria fue desplazada de múltiples entornos. Los colonos de los asentamientos campesinos, prima facie (“A primera vista”) de los municipios de la Provincia de Ocaña, desplazaron de sus tierras a los indígenas motilones. Esta contradicción se agudizó con la intervención de las insurgencias, como el ELN que protegía la tenencia de los colonos y el EPL que revindicaba el derecho ancestral de los originarios. Las pugnas y enfrentamientos entre ambas guerrillas se suscitaron por esa causa de motivo histórico. No por el consabido negocio de las drogas y sus rutas como la dictadura mediática lo difunde arrodillados a los mandatos del Pentágono, alimentando la falsaria e ineficaz guerra contra las drogas. Posteriormente la contrainsurgencia militar infiltró las filas del EPL y los utilizaron, como hacen con el paramilitarismo, para enfrentar al ELN. Esta organización político-militar insurgente en clara supremacía controló el territorio y solo hasta la ejecución por orden del mismo EPL del mando conocido como “el grillo”, cesaron los enfrentamientos entre ambas fuerzas guerrilleras tradicionalmente asentadas en el Catatumbo

Valga los pasajes mencionados para recordar que lo aquí enunciado es tema sine qua non del contenido de una reforma agraria integral pactada en los Acuerdos de La Habana. Utilizo la locución latina por la obligatoriedad para el funcionamiento coordinado y acorde en la búsqueda de la Paz Total, al asumir las soluciones el conflicto social en Colombia. Las contradicciones en el seno del pueblo se resuelven en el escenario del conflicto social y no como ingrediente del conflicto armado interno.

EL SUCESO EN EL HUILA

Ante el ataque de las FARC en el Huila que dejó como resultado 7 hombres de la policía nacional muertos y uno herido que logro mimetizarse durante la emboscada, el presidente G. Petro anuncio que fue obra de un ataque de las disidencias de las FARC mencionando a la columna respectiva. Positivo por cuanto descarta se trate de un cruce de “fuego amigo” u operación ejercito – narco paramilitarismo conforme a la naturaleza que aún persiste de la concepción del enemigo interno y acciones de contra insurgencia, de las fuerzas armadas. Pero a la vez, resulta inquietante puesto que si bien es cierto no se puede condicionar a las insurgencias, ni imponerle coerción conforme a la usanza de modelos de gobiernos anteriores; en el ambiente político flota el procedimiento torticero y cobarde de la derecha militarista con odio acrecentado por la pérdida de gobierno, correspondiendo investigar más a fondo y/o esperar un pronunciamiento del sector insurgente actuante.

Como jefe de Estado el presidente G. Petro conoce como el que más sobre el manejo de las conversaciones con las insurgencias. Cómo se requiere de tino en la dirección y modo de procedimiento alternativo sobre el presupuesto de una consideración del Estado-parte en reconocer que se encuentra frente a una contraparte insurgente, rebelde y por ende con estatus de beligerante. Treinta años dedicados al análisis del conflicto armado interno, asimilando las diferentes negociaciones y conversaciones, nos permite un grado de convicción y juicio que la sinceridad gubernamental y el presupuesto de buena fe planteado esta erigido sobre bases realistas y objetivas, aunadas sobre la actitud de pensamiento, comportamiento y la buena fe, de la contraparte insurgente. De haber sido lo del Huila un ataque insurgente, no media el factor de proporcionalidad, dado el entorno político que el gobierno alternativo viene manejando.

Lo anterior es demasiado inquietante para el pueblo colombiano, que primordialmente comulga y confía en la oportunidad histórica de ser este el momento de llevar a éxito el fin total de ese conflicto como salida de solución política y no militar. Se impone el contenido político de las acciones militares. Pero esto es en consecuencia bilateral y por ende se requiere de una conducta similar de la contraparte insurgente al respecto, en esta etapa preliminar de llamar a conversaciones con las expectativas de las reglas de juego por definirse.

Los medios de intoxicación masiva en Colombia dieron en llamar disidencias a los sectores armados de las antiguas FARC-EP que no se acogieron jamás a una conversación con el Estado colombiano o a aquellos que se retiraron de la corriente de conversaciones una vez comenzadas o en ultimas, quienes pese a haber firmado y acogido a los Acuerdos del fin del conflicto armado de las FARC-EP con el Estado, retomaron las armas por circunstancias y argumentos conocidos. Las denominaron “disidencias” que ha sido el estereotipo de la mediática dictatorial, cual calificación impuesta en el ámbito de la opinión pública sin entrar a considerar cuál es el contenido y a qué se refiere una disidencia como tal.

El presidente G. Petro ha dado una enseñanza de sensibilidad humana, así como de sinceridad de gobernante, al disponer que a las zonas de conflicto armado no sean enviados jóvenes auxiliares preservando esa condición de primera juventud (18 a 21 años) en que se encuentran los auxiliares de policía asimilado a los reclutas que prestan el servicio militar obligatorio. Una decisión política que redunda en la imperiosa necesidad de la reforma estructural, de fondo y cambio de naturaleza, a una no militar, ni contrainsurgente de la Policía Nacional de Colombia.

Corresponde continuar con la profundización de las reformas institucionales y contar con la aplicación del verdadero espíritu del constituyente primario de 1.991 en ejercicio de soberanía popular.

Corresponde distinguir

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

La propuesta presidencial de un cese al fuego multilateral corresponde asumirlo dentro del contexto de la realidad del conflicto armado y social en Colombia. Se debe partir del presupuesto de que existen fuerzas insurgentes rebeldes motivados por aspiraciones políticas que los llevan a pretender destruir las estructuras e infraestructuras del modelo capitalista y por ende se enfrentan al orden constitucional y legal imperante. Pretender descalificarlos aduciendo que son narcotraficantes, terroristas, etcétera, hace parte del capítulo de desinformación orquestado por la dictadura mediática. Es preciso dimensionar el conflicto social al que corresponde calificar como insuperable en cualquier sociedad pero en el que es factible la superación de las expresiones de crueldad contra la población, conforme a los niveles de barbarie inhumana a que se ha llegado en el país nacional.

Objetivamente partamos de que estamos ante una insurgencia que aduce principios para explicar que no está incursa directamente en el narcotráfico. No son estructuras narcotraficantes. No poseen infraestructuras, laboratorios, ni realizan tareas dedicadas al narcotráfico. No comercian con insumos dedicados a esa actividad. No poseen rutas exclusivas para ese negocio. Coinciden (el EPL, las FARC-ep y ELN) en calificar al narcotráfico como fenómeno del capitalismo, ratificando que incide en el escenario político, social y militar en el que actúan y que, en principio, no pueden calificarlos como tales. Como fuerzas irregulares, buscan fuentes de financiación para sostener sus unidades armadas, pero no para el enriquecimiento personal. En busca de ese funcionamiento violan toda la normativa penal de la institucionalidad colombiana, a la cual atacan y desconocen. Al contar con un programa e ideario políticos acuden a las acciones de hecho. Como factores objetivos para su existencia argumentan -entre otras razones- la inexistencia de una democracia directa participativa, signando a la existente (representativa) como una falsa democracia, que bajo una “enredadera jurídica” imposibilita el ejercicio democrático de las comunidades y la sociedad civil organizada.

Ya por la experiencia reciente el pueblo colombiano ha asimilado qué es una fuerza insurgente y rebelde alzada en armas y por qué existen como tales. No obstante, la intoxicación mediática, distorsionadora de la realidad, no cesa en su campaña de confundir a la opinión pública, retomando bajo calificativo inocuos que se trata simplemente de delincuentes, bandoleros, etc. Ello anida por ser fuerzas irregulares carentes de medios de información masiva y por lo cual acuden a instrumentos publicitarios limitados a su alcance para transmitir sus mensajes revolucionarios.

Las insurgencias en Colombia no son progresistas, ni reformistas, son revolucionarias con un objetivo socialista. Han demostrado que contienen un elemento de praxis funcional como organizaciones armadas -seguramente conscientes del momento histórico en el cual no lograrán el poder por ese medio- enrutando la búsqueda de salidas o soluciones políticas, como objetivo al cual tampoco han renunciado. Esto posibilita colocar en el orden del día la finalización del conflicto armado interno en Colombia. Conlleva un singular y particular proceso que la fatal experiencia de otros intentos han hecho difusa la tan anhelada paz, que en forma demagógica ha sido utilizada por los intereses en el poder, desnaturalizando las aspiraciones del pueblo colombiano.

Al parecer, las fuerzas insurgentes en Colombia expresan una disposición de sentarse a conversar con el gobierno alternativo del presidente Petro para lograr transformaciones, modificaciones y reformas de fondo al y dentro del establecimiento (tanto el gubernamental como el del poder oligárquico y pro imperio) al cual no están matriculados y que ellos, de por sí, desconocen.

Por el lado de la contraparte gubernamental no existen duda al respecto con la novedosa propuesta de la Paz Total. El reto está en la consecuencia de los llamados grupos de presión que detentan el poder económico (industriales, empresarios, banca, economía subterránea del narcotráfico). Indiscutiblemente, el fin del conflicto armado interno requiere de ingentes recursos y la reacción contra ello comienza a manifestarse en torno a la propuesta de reforma tributaria. En esto, la opinión nacional no está dispuesta a admitir equívocos.

Setenta años de agudo conflicto armado han transitado por las exigencias, cual camisas de fuerza inamovibles y líneas rojas inmodificables, impuestas a las insurgencias desde antes de sentarse a conversar. Se hizo costumbre aplicar una metodología que desconoce el espíritu y actitud universal de escuchar a los contrarios y buscar fórmulas altruistas y conciliadoras que llevan, en el caso colombiano, al fracaso del fin del conflicto armado interno con las organizaciones rebeldes e insurgentes alzadas en armas.

Cual lastre, en esta nueva etapa de conversaciones pesa el incumplimiento del Estado colombiano como parte plenipotenciaria en la falta de implementación de lo acordado y en el incumplimiento de actos de convenio regidos por el derecho internacional.

Esto lo escribo con el ánimo de ilustrar para que situaciones pasadas no se repitan durante el nuevo proceso que está por comenzar.

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

En un vídeo difundido, un frente insurgente de las FARC-ep denuncia anomalías sobre la efectividad práctica del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, denunciando que se han convertido “en una táctica más de guerra”. Estas alertas se adelantan como un ejercicio técnico e independiente que valora los riesgos a los que están expuestas las comunidades y, de manera particular, sus líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Exponen que, por omisión, la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas relativas a movimientos de fuerzas insurgentes, pero calla ante la actividad de las fuerzas narco-paramilitares bajo influencia contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales. Qué no decir de la carencia de eficacia ante la impunidad por los crímenes contra líderes, lideresas sociales y exguerrilleros desarmados de las FARC.

El hecho político de ser el actual defensor del pueblo, Carlos Camargo, un funcionario del anterior gobierno narco-paramilitar acusado de múltiples crímenes de lesa humanidad y acciones terroristas de Estado lo descalifica, pues más parece un defensor del puesto que un ecuánime funcionario que, por dignidad, ha debido renunciar en el momento de la posesión del nuevo gobierno. Ya el nuevo gobierno ha dictado medidas de emergencia para la protección de los líderes en las comunidades y para prevención de masacres.

Se debe aplicar un trípode de inteligencia que comprenda al Ministro de la Defensa, al Alto Comisionado para la Paz y al Director de Inteligencia Nacional para auscultar este fenómeno de crímenes de Estado; en labor conjunta a la cual debe estar integrado el Defensor del Pueblo. La cualificación política del movimiento popular y sus organizaciones de masas contribuirán, muy segura y certeramente, en aportes de inteligencia popular para poner fin a tal flagelo, que por ningún motivo se puede asomar como heredado, sino que, por el contrario, corresponde extirparlo de inmediato.

Para no incurrir en los yerros del pasado, tal aspecto debe tomarse como una denuncia seria y no terciar en anticiparse, aduciendo que colocan a los servidores de la Defensoría del Pueblo como un objetivo militar. Eso significa terciar en la discusión anticipada antes de definirse un entorno de diálogo y conversaciones que solo ha de darse con las mesas instaladas y no en expresiones motivadas de manera extemporánea.

ASÍ, OTRAS SITUACIONES…

De otro lado, el ELN, por ejemplo, en vocería oficial sostiene que no admite la acusación de que reclutan en sus filas a menores de edad, reafirmando que a su organización llegan y se vinculan jóvenes por decisión voluntaria. Admiten que la edad de incorporación no es la legal colombiana de 18 años, sino una inferior que va en los 16 años y que para ellos se acogen en consideraciones del derecho internacional que admite la edad de 16 años como capacidad de ejercicio. Se puede explicar que la mediática dictatorial asuma la objeción y despotrique contra esa decisión; pero en modo alguno resultaría aceptable que el ministro del interior, por ejemplo, optara por iniciar el debate anticipado al respecto.

En torno a estas situaciones planteadas es como se distinguirá el desarrollo de las conversaciones de cómo fueron durante la función “santista” y otro el motivo determinante del actual gobierno en búsqueda de la solución definitiva del conflicto armado interno.

MANEJO DEL MULTICRIMEN

De igual manera, el análisis sociopolítico del momento ubica la existencia del multicrimen organizado que azota a la sociedad colombiana, no dentro del espectro de comportamiento político, sino como elemento integrante del conflicto social colombiano. Permite resaltar el acertado llamado presidencial a un “cese al fuego multilateral”. Lo cual obedece a una búsqueda definitiva del fin del uso de las armas en esas dos precisas manifestaciones, de por si diferentes, del conflicto armado interno y del conflicto social, dentro de la categoría de conflictos que aquejan a la nación colombiana. Todo en el entendido de que no caben en un mismo recipiente el conflicto armado interno y el conflicto social.

Es con esa perspectiva con la que corresponde analizar la iniciativa altruista y de estadista del presidente Gustavo Petro al anunciar la “Paz Total”.

Nuevamente el análisis político (no solo académico) resalta la solución definitiva de las otras expresiones del conflicto colombiano: el conflicto político, el conflicto económico y el conflicto ambiental-ecológico. Superadas esas categorías de conflictos se construye la Paz Total.

Es por esto que corresponde asumir la distinción entre el proceso del fin del conflicto armado interno en forma definitiva con todas las insurgencias, sin circunscribirlo a un demagogo utilitarismo de “proceso de paz”.

Este proceso del fin del conflicto armado que ya comienza con las acertadas medidas gubernamentales desde el día siguiente de su posesión, llama a la participación y a la organización de toda la sociedad civil. En ese torrente, la izquierda legal, así expresada, en la participación popular de ejercicio de la democracia directa (la democracia de las calles), en la minga, como gobierno y no como oposición, en la movilización popular, campesina, de afrodescendientes, de género y LGBT, acorde con el impulso presidencial a la organización popular, asimila el llamado al pedido de cese al fuego multilateral.

Así distinguidos los escenarios, corresponde el sometimiento a la justicia y al orden constitucional a esas organizaciones multi crimen, en buena medida aliadas de un narco estado que aún permanece e insistimos en sepultar.

En el escenario de la lucha armada, el fin del conflicto armado interno, bajo la metodología de la salida política acordada y no militar, se obtendrá el ejercicio político civilizado y el imperio de un Estado con monopolio de las armas en la República de Colombia.

A manera de epilogo, un fin del conflicto armado implica elevadas inversiones. La clase empresarial, industrial y parasitaria financiera, no quieren meterse la mano al bolsillo. Un impedimento difícil de sortear. Su holgura económica no les permite desmejorar su ritmo de explotación y de consumo, acumulando riqueza e iniquidad. Debido a ello, asistiremos a históricas movilizaciones populares conforme al signo de los tiempos.

La Constitución Política de MIDEPLAN

Publicado el . Publicado en Análisis, Trabajo.

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.