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Etiqueta: Consejo de Transporte Público

Defensoría solicita información sobre eventual revisión del beneficio tarifario en buses para personas adultas mayores

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La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) información precisa sobre los análisis que se estarían realizando en torno a la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores usuarias del transporte público colectivo.

La solicitud se realiza en el marco de las competencias de la Defensoría como órgano contralor de la actuación administrativa y de defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, particularmente ante la relevancia que tiene el transporte público para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de las personas adultas mayores.

La Defensoría tuvo conocimiento de diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en las que se señala que, según un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), la exoneración del pasaje para las personas adultas mayores podría ser objeto de revisión.

De acuerdo con dichas informaciones, el MOPT estaría analizando la sostenibilidad del beneficio y posibles fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, se ha informado que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ante esta información, la Defensoría considera necesario conocer con claridad si se está analizando únicamente la sostenibilidad y las fuentes de financiamiento del beneficio vigente o si también se estudia modificar las condiciones actualmente aplicables a las personas adultas mayores.

Por ello, solicitó al MOPT información sobre si existe o no algún estudio, análisis o valoración sobre la sostenibilidad o eventual modificación del beneficio y cuál es su estado; además, si se están considerando modificaciones a las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias actualmente establecidas.

También se consultó cuáles son los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados y cómo se están incorporando las obligaciones derivadas de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, si se ha valorado o no el posible impacto de una eventual modificación, especialmente en personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica, residentes en zonas rurales o que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales y si se contempla la participación o consulta de las organizaciones de personas adultas mayores y de las instituciones vinculadas con la protección de sus derechos, así como el cronograma previsto para concluir el análisis y eventualmente adoptar medidas.

La Defensoría solicitó, además, información a la ARESEP para conocer cuál ha sido su participación en los análisis que estaría realizando el MOPT y cuál sería su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, ante una eventual modificación de las condiciones del beneficio.

Asimismo, si ha realizado o tiene previsto realizar estudios sobre el impacto económico y tarifario de mantener, modificar o establecer mecanismos alternativos de financiamiento del beneficio, y se solicita remitir los estudios, informes o criterios técnicos correspondientes.

Hasta este miércoles 7 de octubre, solo ARESEP había respondido e indicó por medio de la Intendencia de Transporte que, no tenía conocimiento si el MOPT-CTP había realizado algún análisis en torno al beneficio tarifario de las personas adultas mayores en el servicio de autobús, de manera que no ha tenido participación en ese proceso, en caso de que se esté llevando a cabo.

Además, informó que en este momento la ARESEP es la contraparte técnica en nuestro país de la cooperación internacional que realiza el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que se procura asentar los primeros cimientos conducentes al diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público de Costa Rica que considera la situación de la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores y que, si bien las medidas asociadas a las fuentes necesarias para la sostenibilidad financiera de los servicios de transporte público requieren modificaciones legales y políticas públicas que corresponde gestionar al Poder Ejecutivo (MOPT-CTP), la ARESEP debe procurar la continuidad de los servicios públicos regulados, de manera que los resultados de esta cooperación internacional serán un insumo importante para esa discusión país.

Para la Defensoría, cualquier análisis sobre este beneficio debe contar con información técnica, financiera y jurídica suficiente, así como considerar los derechos de las personas adultas mayores y los posibles efectos que cualquier eventual modificación pudiera generar sobre su movilidad, autonomía y acceso efectivo a otros derechos y servicios.

La Defensoría enfatiza que su intervención tiene como propósito conocer y valorar la actuación de las instituciones competentes y verificar que los procesos de análisis y eventual toma de decisiones se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico y desde un enfoque de derechos humanos.

Lucha comunitaria logra mejora en condiciones de paradas de buses en Ruta 32

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El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, compareció ante la Sala Constitucional tras la apertura de una audiencia en su contra por el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la reubicación de paradas de autobús en la comunidad de La Unión de Guápiles, sobre la Ruta 32. El recurso fue presentado por Víctor Manuel Villalta Martell, quien denunció que las autoridades no han respondido de manera clara ni completa, generando incertidumbre sobre la legalidad de las bahías construidas en puntos no autorizados, lo que pondría en riesgo a las personas usuarias.

En su defensa, Zeledón argumentó que tanto el Ministerio como el CONAVI han actuado conforme a la ley y que se han realizado diligencias para atender la situación, incluyendo reuniones con la comunidad, el Concejo Municipal de Pococí y el Consejo de Transporte Público (CTP). Además, señaló que, tomando en cuenta la solicitud de la comunidad, la parada será definida al costado sur de la rampa del puente peatonal del lado izquierdo de la Ruta 32, sentido 1-2 y que actualmente se está trabajando en su señalización para garantizar la operatividad del servicio de transporte público, por lo que dentro de su petitoria solicita que se exima al Estado del pago de costas, daños y perjuicios. Es importante tener presente que el ministro no ha cumplido con todo lo solicitado por la comunidad, que no es solamente el tema de las paradas de buses. Dada esa situación de desacato a la Sala Constitucional, la comunidad seguirá los pasos legales necesarios para que se le inicie causa en la Corte Plena por desacato.

Fuente: Víctor Manuel Villalta Martell, comunidad de La Unión de Guápiles.

Imagen con fines ilustrativos.

Defensoría pide protocolo para atención de incidentes en el transporte público cuyas víctimas sean personas con discapacidad

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Una persona menor de edad se cayó de una rampa de un bus. La unidad de transporte era del 2016. Este incidente motivó a la Defensoría de los Habitantes abrir una investigación de oficio, con el propósito de analizar las acciones que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) en la atención de este tipo de incidentes donde hay involucrados personas con discapacidad en el transporte público.

Aunque el CTP realizó un proceso de investigación sobre el caso puntual, reconoció a esta Defensoría que no existe un protocolo estructurado o específico para la atención de los incidentes en el trasporte público que involucra a personas usuarias con discapacidad.

“La ausencia de este protocolo que verifique las condiciones, no sólo mecánicas, sino de otra naturaleza como es la seguridad y adecuación, las necesidades de las personas con discapacidad y que reconozca que, dentro de este sector de la población, también existe una diversidad en cuando a sus necesidades y características, es una falencia que hoy en día tiene el CTP”, indica la Defensoría.

También llama la atención de esta Defensoría que el informe presentado por el CTP, refleja que la investigación sobre el caso, no respondió a un procedimiento homogéneo de investigación, establecido por dicho Consejo como instancia responsable de la supervisión de las empresas o personas prestatarias del servicio de transporte público; por el contrario, responde a un protocolo interno de la empresa autobusera. En este, se limita a dar parte a las autoridades públicas y a la verificación del funcionamiento mecánico de la empresa prestataria del servicio.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al MOPT que además de elaborar un protocolo, emita una guía/lineamiento que permita homogenizar las acciones de las empresas concesionarias o permisionarias encargadas del transporte público, frente a sucesos/denuncias que afecten la integridad física o seguridad de las personas

usuarias con discapacidad. Todo ello se requiere, coordinar con el CONAPDIS para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en la elaboración de los instrumentos jurídicos.

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

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La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.

Defensoría: Acceso al transporte público está vinculado con el ejercicio de otros derechos

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La Defensoría de los Habitantes recordó nuevamente al Consejo de Transporte Público (CTP), su obligación de garantizar y respetar el derecho de las personas con discapacidad al acceso del transporte público modalidad autobús, esto a raíz de una denuncia por un acuerdo tomado por la Junta Directiva del CTP.

Los directivos del CTP, según el acta N°47-2022, acordaron pedir un criterio jurídico a la Dirección Jurídica del CTP sobre la posibilidad de que se hagan excepciones al requerimiento de que todas las unidades de buses cuenten con rampa y no continuar aplicando las obligaciones de la Ley 7600.

En el acta N°12-2023 se conoció dicho criterio jurídico el cuál fue negativo, ya que señalaron que no se pueden hacer excepciones a la aplicación de una determinada ley, si no es que la misma norma las contempla y por ello, debe aplicarse en la totalidad de los casos, garantizando un respeto y protección a las personas con discapacidad; señalando puntualmente que la ley 7600, por principio de legalidad, se debe aplicar tal y cual se encuentra vigente y, la única forma de modificar la aplicación de la norma es por medio de una modificación a dicha ley.

Al respecto la Sala Constitucional en varias resoluciones ha indicado que todas las personas deben tener accesibilidad a las unidades de transporte público, y no es viable hacer excepciones a la Ley de 7600, debe existir efectivo y pleno cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad. De ahí la importancia de que, el pronunciamiento de la Dirección Jurídica del CTP sea de conocimiento generalizado para evitar que este tipo de “malentendidos” o “malas interpretaciones” vuelvan a reproducirse.

La Defensoría ha abordado en diversos informes finales este tema en los que ha indicado que el transporte público es un elemento de suma importancia para que todas las personas en general y en particular, las que presentan discapacidad, puedan alcanzar la plena participación dentro de la sociedad. Si los miembros de la población con discapacidad no pueden tener acceso al transporte público, tampoco tendrán acceso a los centros de enseñanza, laborales, sanitarios, recreativos, entre otros.

Es decir, el transporte público no es sólo indispensable para el ejercicio de la libertad de tránsito, sino que se encuentra vinculado con el ejercicio de otros derechos. Aquí se evidencia claramente una de las características más relevantes de los Derechos Humanos: la interdependencia. Los Derechos Humanos se encuentran estrechamente ligados entre sí. Casi siempre que se violenta uno, muchos otros también se lesionan.

La Defensoría recomendó al CTP efectuar las acciones necesarias para garantizar la difusión del criterio legal emitido por parte de la Dirección Jurídica de dicho Consejo, con la finalidad de que el CTP como ente rector en la materia de transporte público garantice y tutele los derechos de la población con discapacidad y se eviten lecturas erróneas a la legislación internacional e interna vigente sobre transporte de personas con discapacidad, como en el presente caso. Además, capacitar al personal del Consejo de Transporte Público en relación con la efectiva y oportuna aplicación de la Ley 7600 en el transporte público.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría realizó inspección sin previo aviso al CTP por caso de incendio en buses

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Como parte de una investigación de oficio, la Defensoría de los Habitantes realizó hace unos días una inspección sin previo aviso a las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP), con el propósito de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios en autobuses de transporte público y conocer el estado del trámite actual.

A partir de la información recabada del departamento de Inspección y Control, preliminarmente se puede indicar que, los datos relativos a incendios ocurridos en unidades de buses del periodo 2024 se ubica en un solo expediente, en el cual se identifica documentación relacionada con tres eventos que son diferenciados cada uno por un número de consecutivo interno. No obstante, se encontraron gestiones realizadas por el propio CTP en otros incendios ocurridos durante este año, los cuales no estaban identificados con un número específico.

Cabe destacar que, dicha información no se encuentra organizada en expedientes administrativos separados, por evento o por empresa prestadora del servicio. Además, parte de la información, como respuestas de las empresas o documentos enviados por el CTP, no estaba presente en forma física en el expediente, el cual tampoco está foliado. El procedimiento administrativo que lleva a cabo el CTP para la recopilación de información de cada uno de estos eventos no se encuentra regulado.

Ahora, la Defensoría procederá a analizar toda la información y documentación recabada, a fin de que preparar un informe dirigido a las autoridades competentes.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes