Administración y SINDEU no lograron punto de conciliación sobre el tema
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En otros casos el CU ha recibido a las partes para escucharlas y tener un mejor criterio para tomar decisiones. En esta oportunidad esa podría ser una alternativa, pero será decisión exclusiva de ese órgano, señaló Carlos Araya. (Foto Andrea Jiménez Murillo).
La discusión sobre el porcentaje de anualidad de las y los funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) tendrá que ser retomada por el Consejo Universitario (CU), luego de que la administración y el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) no lograron un punto de conciliación al respecto.
Aunque en los últimos días de agosto el tema se encontraba en análisis en el CU a raíz de una propuesta presentada por seis de sus miembros para volver al 3% de anualidad que estipula la Convención Colectiva de Trabajo, en lugar del 5,5% aprobado por el CU en el 2009, en la sesión ordinaria N° 5924 del 1° de setiembre de 2015 este órgano había trasladado a la administración y al SINDEU la negociación sobre el porcentaje de anualidad para los funcionarios y las funcionarias de la Institución a partir de enero del 2016, dándole un plazo hasta el 30 de setiembre para llegar a un acuerdo. Éste posteriormente se amplió hasta el 10 de octubre, a solicitud de las partes.
Durante ese período la Comisión Bipartita sobre Anualidades integrada por el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración; la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU); el Dr. Luis Baudrit Carrillo, jefe de la Oficina Jurídica; y el Dr. Adolfo Rodríguez Herrera, director de la Escuela de Economía, por la administración; y el Dr. Mario Villalobos Arias, el Lic. Alfredo Mesén Quirós, el M.Sc. Armando Navarro Martínez, el Bach. Rodrigo Aymerich Blen y la M.Sc. Rosemary Gómez Ulate, Secretaria General del SINDEU, por parte del sindicato, sesionó en cuatro oportunidades.
Según lo explicó el Dr. Carlos Araya, en la primera sesión la administración presentó la propuesta original planteada en el Consejo Universitario para llevar el porcentaje de anualidad de un 5,5% a un 3% para todo el personal de la Universidad.
En la segunda sesión, el SINDEU solicitó una gran cantidad de información con miras a plantear una propuesta y se acordó que la administración solicitaría al CU 10 días más de tiempo para el análisis.
En la tercera sesión, cuando se esperaba que el SINDEU presentara alguna propuesta, sus representantes alegaron que les faltaba más información para presentarla y solicitaron más datos con miras a que financistas y actuarios que les asesoran realizaran un estudio actuarial. Entre otros, pidieron las cargas académicas de los últimos 10 años y las planillas de los últimos 15 años, lo que no se les pudo dar de inmediato ya que requiere la introducción de información en los sistemas de cómputo y mucho tiempo para elaborarla.
En la cuarta sesión, efectuada el jueves 8 de octubre, la administración presentó formalmente una segunda propuesta que dejó sin vigencia la primera, para establecer un porcentaje de anualidad escalonado: 5.5% desde el momento de la contratación hasta el quinto año de trabajo, y un 3% a partir del sexto año de labor, sin tope de años de servicio.
Al respecto Araya comentó que, dado que una negociación implica reflexionar para llegar a un punto de encuentro entre las posiciones, en ese proceso la administración hizo un análisis sobre el impacto financiero que podría tener para la Institución establecer una anualidad escalonada y a la vez cómo podría favorecer a un grupo muy importante de trabajadores que tienen menos de cinco años de laborar.
La administración dio por finalizada la negociación sobre anualidades en el momento en que los representantes del SINDEU informaron, como parte de su propuesta, que se retiraban de la comisión, explicó el Dr. Carlos Araya. (Foto archivo ODI).
Para ello se tomó como base un estudio realizado por la investigadora Violeta Palavicini Campos, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), en el que compara los salarios de contratación de 14 entidades públicas y se llegó a la conclusión de que para mejorar el salario de contratación y hacerlo más competitivo con respecto al de otras instituciones, lo más oportuno sería un porcentaje de anualidad escalonado.
En esa misma sesión, el SINDEU presentó un documento denominado Propuesta sobre Anualidad, en el que básicamente indican que luego de analizar los diversos componentes actuariales, económicos y legales sobre el tema, solicita mantener el 5,5% de anualidad, rechaza tanto la primera como la segunda propuesta de la administración y se retira de la mesa de negociación.
Para el sindicato, dijo Araya, el análisis que realizó en conjunto con sus asesores financiero-contables no evidencia crisis financiera alguna. “Lo que pasa, y lo he dicho en innumerables ocasiones, es que si se busca crisis del 2015 para atrás no se va a encontrar, porque efectivamente en este momento las finanzas de la Universidad están equilibradas. El problema se experimentará en el momento en que se llegue al 1,5% del PIB para el FEES, que de acuerdo con los datos de crecimiento económico y la nueva inflación que tenemos este 2015, probablemente será hacia enero del 2016”, explicó Araya.
Lo que la administración está previendo con base en diversos análisis, entre ellos un estudio actuarial realizado por el IICE y el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la UCR, es que a partir de ese momento los ingresos van a crecer al ritmo del PIB nominal, cuyo promedio en los últimos años ha sido de alrededor del 9%, en tanto que el costo de la masa salarial va a crecer a un ritmo cercano al 11%, lo que podría impactar negativamente las finanzas institucionales.
El Dr. Carlos Araya lamentó que no se haya podido dar una verdadera negociación entre las partes y reiteró que a diferencia de lo que apunta el SINDEU, desde hace tres años y medio esta administración ha mantenido negociaciones respetuosas, responsables y transparentes con el sindicato. “La administración y el SINDEU siempre vamos a diferir. Yo nunca aspiraría a tener un sindicato plegado a la administración. Pero esa relación ha sido de sumo respeto, en la cual cada quien plantea sus posiciones en la mesa de negociación”.
Consultado al respecto, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, manifestó que el CU llamó a un diálogo entre el sindicato y la Rectoría dentro de un clima de respeto mutuo, como es propio de una institución académica, que debe aprovechar su alta capacidad analítica para anticipar situaciones problemáticas futuras, y proponer soluciones.
“Lamentablemente, el SINDEU, en otras épocas una organización muy propositiva, no ha actuado de esa manera. Debemos avanzar hacia argumentos razonados que dignifiquen a la academia y realizar análisis sobrios de la situación institucional, con propuestas a favor de la estabilidad y la sostenibilidad de la UCR, una de las más preciadas instituciones de nuestro país”, concluyó.
Dado que las partes no llegaron a un acuerdo satisfactorio, le corresponderá al CU poner este tema en la agenda del plenario, reanudar su discusión y decidir sobre el fondo del asunto. En los próximos días la Comisión Bipartita de Anualidades enviará su informe a este órgano, el cual incluye las actas de cada una de las reuniones, que están en proceso de revisión y firma, y las propuestas de las partes.
La Dra Yamileth Angulo Ugalde expresó que su labor en la dirección del Consejo Universitario será coordinar el trabajo de este Órgano Colegiado para que avance en el análisis de los temas que tiene en estudio (foto Andrea Jiménez Murillo).
Lograr que el Consejo Universitario avance con el análisis y discusión de temas fundamentales para la Universidad de Costa Rica (UCR), es una de las metas que se ha propuesto la Dra. Yamileth Angulo Ugalde como directora de este Órgano Colegiado, cargo que asumió este viernes 16 de octubre, en sustitución del Dr. Jorge Murillo Medrano.
Consciente de que el periodo de un año es muy corto, dará seguimiento a la gestión desarrollada por los dos directores que la antecedieron, en lo que respecta a mejoras en los procesos administrativos y en la valoración de temas que aún no se han resuelto y que tienen mucho tiempo de estar en el Consejo, tales como vínculo externo, Sistema de Estudios de Posgrado y Régimen Académico. “Estos son temas fuertes y la comunidad universitaria está esperando un acuerdo al respecto”, expresó.
Para alcanzar ese cometido, considera que las comisiones deben hacer un trabajo más eficiente, en conjunto con los asesores de la Unidad de Estudios, con el fin de agilizar el análisis de los casos. Además, continuará con las reuniones frecuentes de coordinadores de comisión, como un espacio de coordinación y de avance en algunos casos de manera expedita.
Manifestó que al mismo tiempo debe analizarse si este Órgano Colegiado tiene que pronunciarse sobre todos los proyectos de ley que la Asamblea Legislativa envía a la Universidad, pues muchas veces se dedican sesiones completas al análisis de estos proyectos, mientras que hay asuntos universitarios que se dejan de lado. “Es muy importante pronunciarse sobre proyectos de ley, pero hay que ordenar un poco y determinar a cuáles se les da prioridad”, enfatizó.
Destacó que la idea es que el Consejo Universitario tenga un mayor espacio para la discusión de temas importantes sobre el rumbo de la Universidad.
Otro de los aspectos a los que le dará énfasis la nueva directora, toma en cuenta el seguimiento de acuerdos que realiza el Consejo Universitario, de manera que este sea más eficiente.
Catedrática e investigadora
La Dra. Angulo tiene una amplia experiencia y trayectoria en la UCR, tanto como catedrática en el Área de la Salud, como investigadora en temas relacionados con el estudio de venenos de serpientes y de los antivenenos.
Cuenta con un doctorado en Ciencias, una maestría en Química Clínica y una licenciatura en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica, institución en la cual ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan: directora del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, subdirectora de la Escuela de Medicina, y directora del Instituto Clodomiro Picado, entre otros.
La Dra. Angulo ha participado en una importante cantidad de proyectos de investigación y de acción social, especialmente en la prevención y el tratamiento del accidente ofídico y ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas especializadas.
Sindeu ha sido informado ampliamente sobre propuesta en torno a anualidades
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
La discusión sobre la propuesta presentada con miras a derogar el acuerdo de la sesiónN°5390, artículo 1, punto 2, del 29 de setiembre de 2009, continuará la próxima semana en el Consejo Universitario (foto Andrea Murillo).
Los asuntos salariales no le competen al Consejo Universitario (CU) sino a la administración y a la representación de los trabajadores, por lo que la propuesta con miras a derogar un acuerdo del 29 de setiembre de 2009, mediante el cual se aumentó el porcentaje de anualidad del 3 por ciento que estipula la Convención Colectiva, a un 5,5 por ciento, contribuiría a retornar la competencia sobre los asuntos salariales tanto a la administración como al Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU).
Así lo manifestó el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), a propósito de la discusión que inició esta semana en el seno del CU en torno al tema. “Al tomarse en el Consejo en el 2009 ese acuerdo para aumentar la anualidad, ese asunto que es un tema estrictamente laboral y del ámbito de competencia del sindicato y de la administración, pasó a una instancia que no puede resolver sobre asuntos salariales y que no es tampoco una instancia de negociación. «Por esa razón el acuerdo debe ser derogado, para regresar la discusión a su ámbito de competencia».
Jensen agregó que el sindicato de forma correcta ha dicho que es el titular de la Convención Colectiva, “pero en este momento en virtud de ese acuerdo del 2009, no tiene ni voz ni voto sobre el asunto”.
El Rector agregó que no obstante difiere de lo manifestado por el SINDEU en el sentido de que no tiene información sobre la propuesta. “Tanto el sindicato, como todos los miembros del Consejo Universitario, y otras instancias de mando de la Universidad, conocen ampliamente la propuesta y los estudios que la sustentan, los cuales se vienen realizando desde el 2012”.
La discusión de esta propuesta presentada por el propio Jensen y Jorge Murillo Medrano, Eliécer Ureña Prado, Yamileth Angulo Ugalde, Marlen Vargas Gutiérrez y José Francisco Aguilar Pereira, miembros también del Consejo Universitario, continuará en la próxima sesión de este órgano, el martes 1° de setiembre.
Este año la celebración será en el Teatro Nacional con la presencia del Presidente Solís
Arturo Padilla Chinchilla,
Periodista Consejo Universitario
El reconocimiento a los mejores promedios de la UCR se realiza todos los años en el marco de la celebración del aniversario de esta casa de estudios (foto Arturo Padilla).
La Universidad de Costa Rica (UCR) fomenta la calidad y el esfuerzo académico de sus estudiantes para lograr la excelencia. Por ese motivo premiará a los mejores promedios del Ciclo Lectivo 2014, durante la celebración de su Septuagésimo Quinto Aniversario.
En total 162 universitarios (98 de grado y 64 de posgrado) recibirán este reconocimiento en el Teatro Nacional, el 26 de agosto, a las 10:00 a.m., durante la sesión solemne del Consejo Universitario, conmemorativa de esta efeméride, que contará con la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera.
En este selecto grupo destacan Marisol Juliette Cerdas Barboza y Tannia Yisseth Mora Centeno, estudiantes de la carrera de Educación Especial, de la Sede Regional del Atlántico, que comparten el mejor promedio general de grado, con nota de 9,92.
Además, el segundo mejor promedio general de grado con 9,91 lo obtuvo la joven Paola Esquivel González, de la carrera de Educación Preescolar, y el tercero lo comparten los estudiantes de Medicina y Cirugía, José Leonardo Barboza Montes y Andrés Francisco Garzona Navas, ambos con 9,90.
Por otro lado, el mejor promedio general de posgrado con la máxima calificación, lo comparten 11 estudiantes: Róger Emanuel Ramírez Segura, de la Maestría Profesional en Computación e Informática; María Fernanda Dien Esquivel, Laura Vannesa Jiménez Arredondo, Kalolaín Andrea Fajardo Aguilar y Daniel Josué Benavides Sánchez, de la Especialidad en Radiología e Imágenes Médicas; Andrés Ulate Retana, Jorge Andrés Chavarría Víquez y Germán Moisés Vásquez Machado, de la Especialidad en Cardiología; Priscila María Vargas Araya, de la Maestría Profesional en Psicología Clínica y de la Salud; y Lisa Natalia Miranda Solís, de la Especialidad en Patología Pediátrica.
Con nota de 9,88, cuatro estudiantes alcanzaron el segundo mejor promedio general de posgrado: Andrea Lasso de la Vega Moreno, de la Maestría Profesional en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera; María Gabriela Lizano Fallas, de la Maestría Profesional en Química; Joanna Nelson Ulloa, de la Maestría Profesional en Derecho Notarial y Registral; y Mario Andrés Matarrita Arroyo, de la Maestría Profesional en Justicia Constitucional.
Y el tercer mejor promedio general de posgrado, con nota de 9,83, lo obtuvo Diego Armando Soto Morera, del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
El homenaje a los mejores promedios procura incentivar la excelencia académica estudiantil en la UCR.
El Consejo Universitario señaló que el propósito de estas publicaciones es desprestigiar y desmantelar el Estado social costarricense (foto Andrea Murillo).
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó los ataques perpetrados contra esta institución, a raíz de informaciones divulgadas por diferentes medios de comunicación, y las posiciones de algunos diputados, en relación con el pago de salarios en esta casa de estudios superiores.
En un pronunciamiento aprobado en sesión extraordinaria este viernes, el Órgano Colegiado instó a la comunidad nacional a defender un sistema salarial justo y digno para toda la clase trabajadora, y a luchar por preservar el Estado social de derecho.
El Consejo Universitario calificó esas publicaciones como ataques malintencionados en contra de varias instituciones públicas emblemáticas del país, los cuales responden a intereses disfrazados de algunos sectores políticos, económicos y mediáticos, con el fin de “desacreditar el sistema salarial público, calificándolo de desproporcionado y privilegiado, al compararlo con los injustos salarios del sector privado –los cuales, en muchos casos, apenas permiten a una familia superar la línea de pobreza– como si fueran los parámetros ideales a los cuales habría que aspirar como sociedad”.
“Se recurre a argumentos engañosos para desacreditar la labor de la Institución, afirmando que irresponsablemente invertimos recursos públicos en el pago de salarios desproporcionados e inmerecidos, invisibilizando el aporte vital que hace la Universidad de Costa Rica al desarrollo del país en todos sus ámbitos”, destacó el Órgano Colegiado.
Agregó que el sistema salarial de la UCR se rige por el principio fundamental de otorgar un reconocimiento justo y digno a su talento humano en apego al marco jurídico laboral de la Institución y del país.
El pronunciamiento recalca que los reportajes publicados contienen datos sesgados que buscan lesionar la imagen y el buen prestigio de la Universidad de Costa Rica, la cual durante sus 75 años ha realizado una inversión consciente y equilibrada en la formación de profesionales de alto nivel, que han incidido significativamente en el desarrollo del país; así como en el desarrollo de la investigación requerida en todos los campos del saber y una comprometida labor de acción social, principalmente con los sectores más vulnerables de la sociedad.
Para la UCR la protesta pública es una forma de ejercicio del derecho de reunión y de libertad de expresión (foto Andrea Jiménez).
Arturo Padilla Chinchilla,
Periodista Consejo Universitario
La Universidad de Costa Rica (UCR) condenó todo tipo de criminalización de la protesta social pacífica, e instó a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en el país.
Así lo planteó el Consejo Universitario mediante un pronunciamiento aprobado en la sesión N. 5909, de este 23 de junio, a raíz de que dos docentes y dos estudiantes de la UCR afrontan un proceso penal que se encuentra en la etapa de audiencia preliminar, por la supuesta alteración del orden público, durante una protesta pacífica el 8 de noviembre de 2012, en las afueras de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Esta no es la primera vez que este Órgano Colegiado rechaza este tipo de censura al derecho de expresión. Lo hizo, también, en las sesiones N.° 5446, de 2010, y N.° 5685, de 2012, en las cuales ratificó el compromiso de la UCR con la defensa de la institucionalidad pública y los derechos democráticos.
“La Universidad de Costa Rica y el movimiento estudiantil, como actores políticos nacionales, han reivindicado, históricamente, el derecho a la protesta social pacífica”, indicó el Consejo Universitario.
Aumento en la criminalización de la protesta
El Consejo Universitario señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su segundo informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en América, del año 2011, destacó que, en años recientes, se ha presentado un creciente inicio de acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales por la reivindicación de sus derechos.
Según el informe, el argumento utilizado para justificar este tipo de censura es que las manifestaciones podrían perturbar el orden público o transgredir la seguridad del Estado.
Al respecto, en Costa Rica existe una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000), en la cual se sustenta, también, el Consejo Universitario, y que establece que, ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas.
Las y los estudiantes son el centro de la vida institucional. Óscar Jiménez, es uno de los 368, que durante el 2014 recibieron atención acorde a sus necesidades especiales para asegurar su accesibilidad, permanencia y culminación exitosa de sus estudios en la UCR. (foto Rafael León).
Período fue próspero en acciones solidarias dirigidas a la población estudiantil
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
“Si bien no podemos ignorar las fuerzas ideológicas que evaden reconocer el peso de los aportes permanentes de la Universidad al país y buscan someter la distribución de fondos públicos al principio de la competencia, en el 2014 afloraron en la Institución logros esperanzadores relacionados con la equidad en el acceso a la educación superior, el crecimiento histórico en infraestructura y el avance decidido hacia una internacionalización basada en el reconocimiento recíproco, el respeto y el trabajo solidario”. Así lo manifestó el Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la presentación del Informe Anual 2014-2015.
En el marco de la Sesión Solemne 5910 del Consejo Universitario, efectuada este jueves en el auditorio de la Facultad de Derecho, el Dr. Jensen inició su rendición de cuentas destacando justamente una serie de acciones dirigidas a beneficiar no solo al estudiantado de la Institución, sino a elevar las posibilidades de ciertas poblaciones de acceder a la educación superior pública.
Fue así como en el 2014 se gestó uno de los cambios más grandes e importantes que se han dado en el sistema de admisión de la UCR en los últimos 25 años, como lo es el programa Admisión Diferida para la promoción de la Equidad, dirigido a favorecer el ingreso de estudiantes procedentes de colegios con 12% o menos de admitidos en carrera en la fase de admisión ordinaria, sin dejar de lado la excelencia académica.
Este proceso vio sus primeros frutos a inicios de 2015 cuando después de un concurso en el que participaron 1 345 estudiantes, provenientes de 301 colegios del país, 224 jóvenes de 137 secundarias, ingresaron a carrera gracias a esta modalidad. Entre las instituciones representadas destacan: el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar y sus sedes el Colegio Técnico Uladislado Gámez, Colegio Técnico Profesional La Fortuna y Liceo Manuel Benavides; el Liceo Rural de Santo Domingo y el CINDEA de Esparza, entre otros.
Las y los estudiantes son el centro de la vida institucional. Óscar Jiménez, es uno de los 368, que durante el 2014 recibieron atención acorde a sus necesidades especiales para asegurar su accesibilidad, permanencia y culminación exitosa de sus estudios en la UCR. (foto Rafael León).
En el 2014 se desarrolló con éxito la segunda etapa del plan piloto +Equidad y Habilidades para la Vida, que realizan la Escuela de Formación Docente y la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, con alumnos de décimo y undécimo año, de diez colegios de la Zona Norte y Guanacaste, en las sedes del Liceo de San José del Río en La Colonia de Puerto Viejo de Sarapiquí y del Colegio Técnico Profesional de Nicoya. “Estas acciones innovadoras buscan el fortalecimiento de las habilidades para la vida, comunicativas, de razonamiento cuantitativo y de toma de decisiones, dirigidas al reconocimiento de capacidades personales y académicas contextualizadas en el entorno geográfico, educativo y cultural de los estudiantes de los centros educativos participantes, como medio favorecedor de movilidad social”.
También en concordancia con el sello de solidaridad y compromiso social con el que surgió la UCR, el año anterior 368 estudiantes recibieron, a través de la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD-UCR), atención acorde a sus necesidades especiales, para asegurar su accesibilidad, permanencia y la culminación exitosa de sus estudios.
Paralelos a estos esfuerzos democratizadores de la educación superior pública, Jensen indicó que del 2013 al 2014, el presupuesto para becas socioeconómicas dirigidas a la población estudiantil de la UCR creció un 19,2%, equivalente a ¢2.200 millones, gozando de algún tipo de beneficio un 51% de los cerca de 40 mil estudiantes matriculados en el 2014, como parte de una tendencia creciente desde el 2008.
La rendición de cuentas se dio en el marco de una Sesión Solemne del Consejo Universitario. (foto Laura Rodríguez).
La población más favorecida con el Sistema de Becas y Atención Socioeconómica fue la de la Sede del Atlántico, en Turrialba, donde un 82,6% de sus alumnos reciben beca. Le siguieron la Sede del Caribe, en Limón, con un 81,5%; la Sede del Pacífico, en Puntarenas, con un 80,1%; la Sede de Occidente, en San Ramón, con un 79,6%; la Sede de Guanacaste, con un 73,8%; y la Sede Rodrigo Facio, con un 43,3% de cobertura de sus estudiantes por algún tipo de beca.
“Nuestra población estudiantil –acotó Jensen- requiere de ese apoyo socioeconómico. Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y contrario a lo que se dice con mucha frecuencia, en la UCR no estudian exclusivamente hijos e hijas de hogares económicamente privilegiados”.
Innovación en la docencia
En el periodo en mención una de las innovaciones en esta materia fue la reorientación de la gestión de la Vicerrectoría de Docencia con la creación de la Unidad de Gestión de la Información, para labores de búsqueda, procesamiento, almacenamiento y diseminación de variables y datos de las unidades académicas. “Los datos estadísticos-históricos nos permiten tomar acciones más pertinentes”, subrayó Jensen.
Desde el 2008 la UCR ha elevado año a año su presupuesto de becas. (fuente Rectoría).
Asimismo, y siguiendo el camino de la evaluación y el aseguramiento de la calidad, el año pasado se logró que 31 carreras de sedes regionales iniciaran sus procesos de autoevaluación. Al respecto uno de los frutos más destacados fue la acreditación del Bachillerato en Enseñanza del Inglés de la Sede de Occidente, que se convirtió en la primera carrera de una sede regional en cumplir con este cometido.
En total en el 2014 la agencia nacional SINAES acreditó o reacreditó 27 carreras de la UCR y la Agencia Canadiense de Acreditación en Ingeniería, cinco carreras de esta rama.
También con miras a la innovación en la docencia, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) lanzó el programa Docencia de Puertas Abiertas, novedoso en cuanto busca que las y los docentes realicen pasantías institucionales como observadores de otros cursos con el fin de que aprendan de las experiencias de sus colegas. “Tenemos que ser capaces de realizar una generación y estructuración colectiva del conocimiento”.
En cuanto al vínculo Universidad-Sociedad, el rector destacó el aporte dado por el estudiantado de la UCR a través del Trabajo Comunal Universitario, donando cerca de un millón de horas a comunidades de todo el país. (foto Rafael León).
Siempre por esa senda, el Rector se refirió a la docencia mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación. “Muchos creen –recalcó- que la UCR es una Universidad únicamente de aula, tiza y pizarra, cuando tenemos una gran cantidad de experiencias académicas en línea”.
En ese sentido solo en el 2014 se abrieron 1 219 aulas virtuales, para un total de aulas activas de 2 540, en las que están matriculados 14 155 estudiantes, una tercera parte de la población estudiantil de la Institución. Asimismo 1 780 docentes trabajan en mediación virtual.
Un problema estructural en los que la administración ha venido trabajando es en el interinazgo en la docencia, estimulando a las unidades académicas para que saquen más plazas a concurso. “Utilizando esta vía, en el 2014 se dio una tendencia decreciente en la cantidad de nombramientos interinos y un crecimiento de nombramientos en propiedad”.
Investigación de alto nivel
La UCR invierte en tecnología de punta. Con estos robots, el Laboratorio Pris-Lab busca que los estudiantes aprendan a hacer cosas distintas y a resolver problemas complejos que afectan a la sociedad costarricense. (foto Laura Rodríguez).
El año anterior también continuó siendo muy productivo desde el punto de vista de la investigación, desarrollándose 1 352 iniciativas, entre proyectos de investigación básica, aplicada y tecnológica.
También se realizaron 149 actividades de vínculo externo, dirigidas a solucionar problemas de la sociedad costarricense como: nuevos productos cosméticos a base de leche de cabra, del INIFAR; un módulo lechero, de la Sede del Atlántico; la aplicación de una prueba diagnóstica de quimiosensibilidad tumoral in vitro para el apoyo a la terapia personalizada del cáncer en Costa Rica, de la Facultad de Microbiología; un parque tecnológico para el manejo, aprovechamiento y disposición final de los residuos en la región occidental de la provincia de Alajuela, de PRODUS; prácticas para la conservación de la calidad del agua de ríos de la zona norte de la provincia de Cartago, del CICA; el fortalecimiento de la capacidad de desarrollo, adopción y mantenimiento del software del Instituto Costarricense de Electricidad, del CITIC; y el proyecto de Dosimetría Personal Externa, del CICANUM.
Este último está dirigido a evitar riesgos a la salud de las personas que manipulan equipos que emiten radiaciones ionizantes. Para ello el Laboratorio de Dosimetría Personal de este centro, monitorea mes a mes a las y los trabajadores de las áreas de la salud, la industria y la investigación, controlando por medio de dosímetros físicos las radiaciones, para que no sobrepasen los niveles anuales permitidos.
El rector informó al público participante, que la UCR ocupa primer lugar del ranking de universidades hispanoamericanas más comprometidas en la migración al software libre del Observatorio Tecnológico Portal Programas, acción con la que se continuó en el 2014. (foto Laura Rodríguez).
A juicio del rector esta labor es posible gracias a la elevada inversión que se hace anualmente en equipamiento científico-tecnológico de punta, con el fin de que la UCR realice investigación del más alto nivel posible, al igual que lo hacen las mejores universidades del mundo.
Infraestructura
Otro de los aspectos destacados por el Rector fue el crecimiento de la infraestructura. Sólo el año pasado se concluyeron 22 proyectos de construcción, con un área total de 41.555,50 m2 y una inversión estimada de ¢23.535 millones.
Entre ellos destacan la nueva Facultad de Ciencias Sociales, Residencias Estudiantiles, la Unidad de Conocimiento Agropecuario (UCAGRO), el edificio de Educación Continua, de Matemática, aulas y laboratorios para nuevas carreras en las sedes del Pacífico, Occidente y el Caribe y la pista sintética de la Sede del Atlántico, entre otros.
La UCR no es únicamente una Universidad de aula, tiza y pizarra. (fuente Rectoría).
Cada uno de los proyectos de construcción y remodelación se hizo garantizando la accesibilidad, equidad, seguridad y aptitud de la infraestructura frente a las necesidades docentes y de investigación. También al cierre del 2014, la mayoría de los proyectos diseñados pendientes se encontraban finalizando el trámite de contratación administrativa, y otros, en su proceso de construcción.
“Casi todos los días la prensa nacional se refiere a la ineficiencia en la realización de obra pública. Lo anterior muestra que la UCR es posiblemente la institución pública que mayor cantidad de obras realizó en el país en el 2014, siendo un ejemplo de eficiencia en la gestión administrativa”, subrayó el rector.
Internacionalización
El director del Consejo Universitario, Dr. Jorge Murillo Medrano, invitó a la comunidad universitaria a analizar el informe del rector, en beneficio de acciones que fortalezcan aún más a la Institución. (foto Rafael León).
La internacionalización es uno de los aspectos sustanciales de la vida académica en la actualidad, dijo el Dr. Henning Jensen. “Hasta hace poco tiempo la producción del conocimiento se concentraba en unos cuantos países. Sin embargo, actualmente hay polos de desarrollo científico y tecnológico en muchos países y por lo tanto la comunidad académica de la UCR no puede estar aislada de las corrientes de pensamiento y de las contribuciones al conocimiento que se hacen en diferentes latitudes”.
Con esto en mira, en el 2014, la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), adscrita a la Rectoría, continuó enfocada en posicionar a la UCR como un sitio de privilegio en el escenario académico internacional, mediante la capacitación del sector académico y las relaciones estratégicas con universidades extranjeras y organismos internacionales, con el fin de generar un escalamiento a niveles superiores en el ámbito académico.
Mientras en el período se reincorporaron a la vida académica 42 profesores ex becarios, 36 con doctorado y 6 con maestría, al mismo tiempo 260 funcionarios más continuaron realizando algún posgrado en el exterior, principalmente en universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, España, Chile y México, siendo las unidades académicas con mayor número de becados, producto de sus planes de renovación académica y de relevo generacional, las escuelas de Matemática, Ingeniería Eléctrica y Agronomía, la Facultad de Derecho y la Sede de Occidente.
También, con fondos del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se hizo un gran esfuerzo para potenciar la movilidad de estudiantes de la UCR mediante pasantías en el exterior. En total en la formación de académicos se invirtió $4.122.000,00 y en becas estudiantiles $140.808,97.
Con apoyo de las unidades académicas, en 2014 se logró un avance en la disminución de nombramientos interinos. (fuente Rectoría).
En esta misma línea el rector informó que durante el 2014 se mantuvieron 306 convenios de cooperación académica vigentes con 212 universidades de todo el mundo y 13 instituciones extranjeras. “De estos, se formalizaron 30 nuevos convenios y se renovaron 21. Además, se favoreció la movilidad estudiantil mediante la firma de 20 acuerdos de estancias de investigación estudiantil para pasantes extranjeros recibidos en 14 instancias”.
Jensen destacó también el crecimiento de las cátedras de estudios de Corea y el Este Asiático, de África y el Caribe, y la Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, que en general expandieron sus actividades académicas y culturales y desarrollaron un debate de alto perfil académico en todas las sedes de la UCR mediante la realización de simposios internacionales. “La Cátedra Humboldt además logró la creación de un programa de investigación y una red internacional de estudios transculturales y transareales de Centroamérica y el Caribe”.
Finalmente, en este periodo se promovió y fortaleció la relación entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Autónoma de México con la apertura del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-UCR y mediante conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, visitas e intercambios de profesores y estudiantes, promoción de proyectos conjuntos de investigación y la creación de un posgrado con valor curricular.
Para el Dr. Henning Jensen, estos y otros grandes logros esbozados en su Informe Anual 2014-2015, muestran un encomiable esfuerzo colectivo y un proceso que se ha concretado exitosamente gracias al esfuerzo articulado de toda la comunidad universitaria, comprendida como una red histórica, creativa y solidaria. “Nuestro fin es asegurar la calidad y la sostenibilidad de la UCR en el presente y en el futuro, y aprovechar cada una de las oportunidades internas y externas identificadas para incidir en el perfeccionamiento de la Universidad a largo plazo, honrando siempre el compromiso con una gestión transparente en el uso de los recursos, en la toma de decisiones y en las formas de actuar”, concluyó.
El Dr. Henning Jensen presentará el informe correspondiente al periodo 2014-2015 (foto Andrea Jiménez).
Zaida Siles Rojas,
Periodista Consejo Universitario
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dr. Henning Jensen, rendirá cuentas a la comunidad universitaria y al país sobre el trabajo desarrollado por esta casa de estudios, durante el último año, en una sesión solemne del Consejo Universitario, por realizarse el próximo 25 de junio, las 10 de la mañana, en el auditorio de la Facultad de Derecho.
Se trata del tercer informe anual que presenta el rector Jensen desde que asumió este cargo en mayo del 2012.
Esta actividad responde a un acuerdo del Consejo Universitario del año 2003, en el cual se estableció la presentación de dicho informe de manera pública, con el propósito de cumplir con el principio de rendición de cuentas dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política, así como con las políticas de la Universidad, que procuran la transparencia en el quehacer institucional y en el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros.
Al tratarse de una sesión abierta al público, el Consejo Universitario espera que haya una numerosa asistencia de miembros de la comunidad universitaria y nacional, así como de representantes de los poderes del Estado y autoridades de otras universidades públicas.
Quienes no puedan asistir, podrán sintonizar el Canal UCR, el cual estará transmitiendo en directo esta actividad.
El pasado 20 de marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para escuchar los alegatos de comunidades de Costa Rica víctimas de los efectos de la producción de la piña en Costa Rica (ver nota de prensa del 3 de marzo así como nota en el Tico Times del mismo día 20). Un reciente reportaje audio de la emisora Voces Nuestras (marzo 2015) permite dar una idea de la magnitud del problema; un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a los que son sometidos líderes comunales que osan alzar la voz (reportaje del canal universitario Canal15, disponible aquí). Se trata de las comunidades del Cairo, Francia, Luisiana y Milano (de la región de Siquirres) cuyos acuíferos fueron contaminados por empresas dedicadas a la producción de la piña. Desde el mes de julio del 2007, más de 6000 personas en estas comunidades rurales toman agua proveniente de camiones cisternas proveídos por una entidad pública costarricense, Acueducto y Alcantarillado (AyA). A la fecha, el Estado costarricense no ha ordenado sanciones contra las empresas; tampoco se registra acción penal alguna del Estado contra los responsables de las empresas causantes de dicha contaminación. En todo estos años, el Estado no ha proveído a las comunidades afectadas con un nuevo acueducto en agua potable ni saneado las aguas, pese a dos sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia exigiéndole hacerlo “de inmediato” del 2009. El ente encargado del agua en Costa Rica mantuvo incluso durante más de un año en sus manos un estudio técnico sobre los alcances de dicha contaminación (ver nota de prensa de Elpais.cr titulada “AyA oculta información revelada sobre contaminación de agua con agroquímicos”). Por su parte, la reacción de la entonces titular del Ministerio de Salud, al evidenciarse por parte de un laboratorio universitario (independiente) niveles mucho mayores a los indicados por monitoreos realizados por las autoridades en el 2007-2009 fue la siguiente : “Les damos agua en cisterna porque la gente tiene miedo de tomar la del lugar, y la psicosis ha sido tal, que hasta asocian manchas en la piel que son producidas por un hongo, diciendo que se bañaron en agua con bromacil” (ver nota de prensa titulada “Laboratorios de la UNA comprobaron contaminación de piñera”, Semanario Universidad 26/05/2009). Cabe recordar que el 5 de junio del 2008, Día Internacional del Ambiente, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) había suscrito en Casa Presidencial una larga lista de “Compromisos Socio Ambientales”: se leyó en aquel momento en la prensa que “Según Abel Chávez, presidente de Canapep, respetarán las normativas nacionales e internacionales y garantizarán la pureza del aire, del agua y la sostenibilidad del suelo. Además minimizarán los impactos ambientales de la agroindustria en las comunidades vecinas a las fincas productoras” (Diario La Extra, 6/06/2008, “Piñeros se comprometen a no contaminar”).
Una actividad objeto de especiales favores:
Las festividades del Día del Ambiente en Casa Presidencial con el gremio de la piña del 2008, la actitud del AyA y las declaraciones de la Ministra de Salud años después no deben sorprender mayormente. La persistente polémica entre laboratorios universitarios y laboratorios privados sobre los resultados de niveles de contaminación que recoge el último Informe del Estado de la Nación publicado en el 2014 tampoco (Nota 1). Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial desde el 2007. En el 2008 exportó 1.458.980 toneladas métricas (mientras que en el 2004 exportaba 693.107 toneladas): su competidor más cercano (Filipinas) exportó en el 2008 a penas 261.338 toneladas métricas contra 204.887 (2004) según se aprecia en este recuadro del “Top5”. La tabla 3 de este estudio de la UNCTAD revela, con base en datos de la FAO, el aumento vertiginoso de toneladas exportadas por Costa Rica en el período 2008-2009-2010. En el 2011 alcanzaron 1.722.200 toneladas, 1.875.813 (2012) y 1.939.680 (2013) (según datos oficiales de las estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior – PROCOMER). En el 2011, según estas mismas estadísticas de PROCOMER (ver informe, p. 50), el 45% de la piña fue exportada a Estados Unidos, el 13% al Reino Unido, el 12% a Holanda, el 9% a Bélgica, el 8% a Italia, el 4% a Alemania y el 3% a España: en ese mismo año 2011, un país como España importó 67.866 toneladas de piña costarricense (ver nota).
En el 2010, Costa Rica representaba el 60% de la piña exportada a nivel mundial, seguida por Filipinas (con 12%), Ecuador (4%), Costa de Marfil (4%), Estados Unidos (4%) y otros países con un porcentaje menor al 3%, tal como se aprecia en el cuadro 2 en el siguiente estudio titulado “Análisis del Mercado de la Piña” elaborado por el Consejo Nacional de Producción (CNP). Datos sobre los cuales el CNP es mucho más discreto, recogidos por organizaciones sociales en un informe denominado “El sabor amargo de la piña” (en alusión al primer documental crítico – disponible aquí -sobre la piña producido en Costa Rica en el 2005), indican que el sector de la piña en Costa Rica se reparte la producción de la siguiente manera: “De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores de Piña CANAPEP, el área sembrada de piña en Costa Rica aumentó un 675% entre 1990 y 2009, pasando de menos de 10.000 a más de 50.000 has. Las empresas Del Monte y PINDECO concentran el 50% de la producción piñera en Costa Rica, y 31 empresas concentran el 96% de la producción total de esta fruta. El 4% restante está en manos de aproximadamente 1200 pequeños agricultores que venden su producción a las grandes empresas, especialmente Dole, Del Monte, Fyffes y Chiquita”.
Desde el 2008, el Programa del Estado de la Nación (el cual, como bien se sabe, constituye un esfuerzo de las universidades públicas de Costa Rica), advertía los efectos de un modelo depredador del ambiente y señalaba la ausencia de mecanismos distributivos de la riqueza generada: “la producción piñera intensiva extensiva, altamente desarrollada en Costa Rica /…/ tiene una serie de implicaciones directas sobre el activo ecológico, que se convierten en un tipo de subsidio eco-social del Gobierno a las empresas piñeras. Los ingresos económicos concentrados en los empresarios y dueños de la compañías no han garantizado un beneficio social. El deterioro ambiental generado provoca serios daños en la estabilidad social de las comunidades, ya que reduce las condiciones que permiten el uso de los servicios ambientales como el agua, el suelo, la biodiversidad, etc. ” (Estado de la Nación, Informe XV (2008), p. 220). Siete años después, el mismo Informe indica de manera enfática que: “El cultivo de la piña ha destacado por su alto grado de conflictividad, tal como se ha señalado en las últimos ediciones del Informe del Estado de La Nación. Las principales preocupaciones versan sobre la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, cambio de uso de suelo, generación de la plaga de la mosca Stomoxys calcitrans, desvío y sedimentación de los ríos, erosión del suelo, concentración de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, pérdida de la soberanía alimentaria, irrespeto de los derechos laborales y posibles consecuencias en la salud debido a la exposición a los agroquímicos” (Estado de la Nación, Informe XX (2014), p. 192).
Lo que podríamos denominar una “sordera institucionalizada” pareciera entonces haberse adueñado de varias entidades estatales de Costa Rica desde el 2008, cuando de cuestionamientos relacionados con la piña se trata, so pretexto del desarrollo que aporta. No obstante, las regiones de Costa Rica en las que se produce la piña siguen con los peores índices en cuanto a Desarrollo Humano (IDH) se refiere, poniendo así en entredicho el tan pregonado “desarrollo” que genera dicha actividad. Hace unos meses, un proyecto de ley (19.371) tendiente a gravar cada caja de piña exportada, presentado en noviembre del 2014, se interesó por este indicador en los cantones productores de piña y añadió que: “… en el marco de la expansión piñera, el modelo de Certificados de Abono Tributario (CAT), la liberación de impuesto bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, se ha liberado a la producción de piña de toda responsabilidad tributaria. Por ejemplo, bajo el régimen de zonas francas, la mayor parte de insumos requeridos para el cultivo de piña reciben exenciones completas” (Gaceta Oficial, expediente 19.371, 25/11/2014, p. 2, texto del proyecto y recuadro con el IDH cantonal disponible aquí). Ante mecanismos fiscales tan favorables para el sector piñero y actitudes tan complacientes por parte de las autoridades políticas (en particular la de los entes responsables de la salud y de la potabilidad del agua, pero también del ambiente como veremos a continuación), era muy difícil que se pudiera contener la voracidad de este sector. Tempranamente, la expansión piñera en Costa Rica fue tal que obligó a algunos responsables a externar criterios en los siguiente términos: en el mes de junio del 2009, el Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) escribía en un artículo de opinión “Tribunal Ambiental y producción piñera” que: “ No es el Tribunal Ambiental quien contamina, destruye bosques, humedales y nacientes; lamentablemente estas prácticas irresponsables son las que nos llevan a aplicar la legislación. Pero hay algo más grave que los propios daños ambientales –a veces irreparables– y es la conciencia con la que se perpetran estos actos. Aquí no estamos ante una simple infracción ambiental, sino que estamos jugando con el futuro de los/las costarricenses”. Días después, la expansión piñera fue calificada en un muy completo artículo del 2009 del El Financiero como «insensata” (ver artículo de El Financiero, del 1/07/2009, Edición 724). Nos permitimos en unas ediciones posteriores de El Financiero hacer ver la contradicción de los datos oficiales sobre la realidad laboral y la extensión real de la piña en Costa Rica (ver nuestra breve nota: “Moratoria piñera“, El Financiero, Edición 743).
Pese a los famosos “Compromisos Socio-Ambientales” suscritos por CANAPEP para celebrar en gran pompa el Día del Ambiente, extrañas maniobras de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con relación a piñeras en la región de Siquirres fueron denunciadas por congresistas como el diputado Rafael E. Madrigal del Partido Acción Ciudadana (PAC): en su artículo publicado en La Nación “Las piñas y Setenas del señor Sancho” se dejan ver aspectos de gran interés que todo lector un tanto familiarizado con las sutilezas de la SETENA sabrá interpretar. En uno de los pocos foros académicos a los que participó CANAPEP con comunidades afectadas, su representante se defendió indicando que “No sé de cual país nos está hablando” (ver nota sobre foro realizado por la UCR en julio del 2009). No fue sino con la visita de una Misión de la Unión Europea a finales del 2009 que (de pronto …) las buenas prácticas agrícolas y ambientales parecieron interesar al sector productivo y a las autoridades: al respecto, la abogada Gabriela Cuadrado no dudo en titular un valiente artículo publicado en La Nación de la siguiente forma “Una visita que mueve más de mil denuncias” cuya lectura también recomendamos. Quiérase o no, estas iniciativas gremiales y estatales se enmarcaron dentro del Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez que inició en el 2006 proclamando una “Paz con la Naturaleza”, calificada al final de su administración como como una verdadera guerra contra el ambiente (ver artículo del Semanario Universidad de junio del 2010: “Administración Arias le declaró la “guerra a la naturaleza”). En junio del 2008, nos habíamos permitido sugerir que algunas de las notas de aquella “paz” recordaban extrañamente las de un verdadero Réquiem (véase nuestro artículo: ”¿Paz o Réquiem para la Madre Tierra?”, publicado en La Nación).
Una larga lista de daños
Estudios, diagnósticos, planes de acción, compromisos de unos, manuales de buena prácticas de otros conforman una larga lista de publicaciones en Costa Rica desde el año 2008, unos como parte de un doble discurso, otros como parte de un esfuerzo sincero de algunos productores. En el 2013 el diputado Manrique Oviedo, de la zona Norte, región que concentra más del 50% de la producción de la piña en Costa Rica, expresó que: “Desde el año 2005 vengo insistiendo en este tema, el MAG siempre dice que está desarrollando un plan de manejo integral. Tenemos siete planes diferentes que han presentado y dicen que están desarrollando otro” (ver nota del 10/6/2013 de CRHoy). Un humedal internacionalmente reconocido por su importancia como el de Caño Negro ( declarado por Costa Rica sitio RAMSAR en 1991) en la zona Norte de Costa Rica sufre los embates de las piñeras en la mayor impunidad: pese a informes, como el del TAA titulado “Humedal de Caño Negro bajo seria amenaza Ambiental” (2010), reportajes como por ejemplo “Refugio Caño Negro debate su vida entre la ilegalidad y la indiferencia”, los vecinos organizados en defenderlo (ver su página en FaceBook) documentan una tras otra las denuncias y su archivo posterior por parte de las autoridades, pese a tomas aéreas contundentes. La comunidad y la escuela de El Jobo en Caño Negro (ver foto) con sus 150 niños “sitiados” por las piñeras (en alusión a título usado en este reportaje audio) de igual manera no han logrado que las autoridades de educación y de salud frenen el avance de los productores y suspendan las fumigaciones. Por su parte, las misiones técnicas de la Unión Europea que cada cierto tiempo visitan a Costa Rica (y las cadenas comerciales en el viejo continente) centran su atención en la calidad de la fruta ofrecida, y no en la salud de los trabajadores o la de las comunidades, ni los efectos de la producción de la piña en los suelos y en la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica. Durante la visita de la Misión europea DG SANCO en octubre del 2009 a Costa Rica, las organizaciones sociales debieron “perseguir” a los visitantes europeos, ante el intento por parte de las autoridades de Costa Rica a cargo de la visita de impedir contacto alguno: se lee en el reportaje “Representantes de comunidades lograron entregar información a los europeos en el último momento” que “ Cuadrado reclamó el hecho de que el MAG solo permitiera que los productores entregaran su versión a los inspectores, mientras comunidades que no pueden tomar agua potable desde hace dos años y medio, debieron “perseguirlos” para exponer sus problemas” (ver nota del Semanario Universidad, octubre del 2009).Como se precisa de manera bastante acertada en un informe publicado en Suecia en el 2013 sobre la piña de Costa Rica, “The study shows that the requirements set by the Swedish companies are predominantly aimed at protecting the health and safety of the Swedish consumers, not the plantation workers. The workers and farmers interviewed by Swedwatch in Costa Rica attest to how they and their direct environment is affected by health issues caused by the continuous usage of pesticides on the plantations. The employees on the pineapples plantations in Costa Rica, and the local communities, suffer from dizziness, headaches, nausea and rashes. The chemicals have also adversely affected the environment and caused a decrease of fish and animal life in the area” (ver nota).
La reciente “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica” (ver sitio oficial) promovida en el 2011 por el entonces Vicepresidente de Costa Rica Luis Lieberman, auspiciada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es otro esfuerzo para intentar mitigar internacionalmente la mala imagen de la piña costarricense. Tratándose de un país como Costa Rica, en el que abundan reconocidos profesionales en gestión ambiental, la escogencia para coordinar esta Plataforma de un ex directivo del sector exportador de piña fue denunciado por activistas y académicos, calificando esta Plataforma como un burdo intento de “maquillaje verde” internacional (ver por ejemplo pronunciamiento de la Coecoceiba.org). Independientemente de las motivaciones reales detrás de este y de anteriores esfuerzos, ninguno ha logrado regular esta actividad en aras de limitar sustancialmente los daños ocasionados por la piña: informe tras informe, el Estado de La Nación desde el 2008 así lo evidencia. El peso cada vez mayor de los expedientes en el TAA y en la Sala Constitucional reflejan la total inoperancia estatal en la materia y la poca receptividad a prácticas menos dañinas que algunos productores de piña han intentado implementar a pequeña escala.
Se trata en efecto de una actividad productiva que, por lo general, y con muy pocas excepciones, genera una serie de efectos negativos. En materia ambiental, los daños son muy graves, algunos de carácter irreversible, en la medida en que, a diferencia de la piña criolla costarricense, o de las variedades “Hawaiana” primero, “Cayenne” luego, producidas a finales de los años noventa para el mercado internacional, la variedad «MD2» (también conocida como ”Dorada” o “Golden” o «Sweet Gold») implantada en Costa Rica en los primeros años de los 2000, requiere de una gran cantidad de pesticidas y plaguicidas para ser producida, incluyendo sustancias químicas, algunas de ellas prohibidas en la Unión Europea (Nota 2). Varias de estas sustancias químicas se caracterizan por su carácter altamente persistente, como por ejemplo el bromacil o el diurón, usados para deshierbar las vías férreas en Europa por ejemplo. El uso del Bromacil es prohibido en Alemania, Eslovenia y Suecia. El carbofurán es prohibido en Estados Unidos, Canadá, y en la misma Europa, debido a su alto grado de toxicidad, pero su uso en piñeras de Costa Rica fue denunciado en su momento (ver nota de prensa). Recientemente (mayo del 2014), Costa Rica prohibió mediante Decreto Ejecutivo el uso del carbofurán, con excepción de los cultivos de piña y de banano, sin mayor justificación (ver texto del Decreto 38713) cuyo considerando 7 se lee así: “7º—Que en Costa Rica el uso de carbofurán está autorizado en varios cultivos, de ciclo corto, anual y perenne, dentro de los cuales están los de consumo fresco, así como los de consumo con cocción. Para estos el carbofurán actualmente puede ser sustituido por otros plaguicidas, a excepción de su uso en los cultivos de piña y banano”. En el 2006, la discusión en la Unión Europea para reducir los niveles del Ethephon (un químico usado para madurar y colorear artificialmente la MD-2) de 2 miligramos/kg a 0,05 mg/kg causó una alerta máxima del sector piñero en Costa Rica (ver nota). De manera a tener una idea del conjunto de sustancias químicas requeridas para producir la MD-2, remitimos al lector a la tabla del Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí. Un número especial de la Revista Ambientico (Universidad Nacional – UNA) describía en detalle los daños ambientales que ocasionaba la piña MD-2 en Costa Rica (Número 177 de junio del 2008 disponible aquí). Los productores de ganado vecinos de una plantación de piña también pueden sufrir daños severos, debido a la proliferación de la mosca de establo que acarrea el mal manejo de los rastrojos de la piña (ver artículo de La Nación del 12/07/2010): sobre este punto, un documento que lleva el sello del MAG y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alerta sobre el riesgo de proliferación de este insecto, y lo más notorio es que su fecha de edición es del … 2003. Seis años después, un grupo de ganaderos cansados ante tanta inoperancia estatal interpuso una demanda contra el Estado (ver nota del Semanario Universidad, julio 2009). Diez años después de la edición de aquel boletín, la mosca sigue azotando a muchos ganaderos (ver nota de CRHoy del 27/6/2013). Desde el punto de vista de la cobertura mediática a las denuncias hechas por activistas y organizaciones sociales, son varios los reportajes hechos fuera de Costa Rica destinados a la opinión pública internacional en torno a la situación que impera en muchas piñeras de Costa Rica (en particular en el ámbito laboral) y en torno a los efectos sociales del modelo productivo adoptado: véase por ejemplo los reportajes de Suisse Romande, 2007, «Les ananas de la colère«, del Miami Herald, 2008, «Costa Rica’s pineapple boom raises environmental questions«, de Radio Canada, 2009, «Les ananas du Costa Rica«, de The Guardian, 2010, «Pineapples: Luxury fruit at what price?«, de The Guardian, 2010, «Bitter fruit: The truth about supermarket pineapple» o el más reciente publicado en Der Spiegel en julio del 2014. Algunos de ellos buscan alertar a los consumidores en consonancia con algunas campañas internacionales realizadas a partir del 2007 (Nota 3). A estos reportajes, hay que añadir artículos de opinión en la misma dirección como (para dar algunos ejemplos), los leídos en El Pais (España) en el 2008, “La piña se amarga en Costa Rica” (disponible aquí) o en La Stampa (Italia) en el 2011, “Costa Rica: il sapore amaro degli ananas sulla nostra tavola” (ver artículo). Para completar el panorama, en cada país existen sitios especializados sobre consumo libre de pesticidas que, cuando se busca la piña de Costa Rica, advierten sobre la presencia de sustancias químicas en la piña, como por ejemplo: “Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon !” o “Les ananas sont-ils gangrenés à l’acétylène ?” o “L’ANANAS : je vous en remets une tranche?” (Francia).
Un reciente estudio publicado por la UNA sobre la situación sociolaboral de los migrantes en las piñeras de la zona Norte concluye que: “En este sentido, la actividad piñera en la zona ha basado su dinamismo y evolución reciente a partir del concurso de factores como el uso (y abuso) intensivo de la tierra (con sus consecuencias ambientales y geográficas) y la inserción supernumeraria de personas trabajadoras que, debido a su condición de irregularidad migratoria, presentan cierta vulnerabilidad y son proclives a experimentar experiencias deficitarias en sus condiciones sociolaborales” (pp. 91- 92).Hace ya unos años, en una nota de prensa sobre un foro realizado en la UCR al que no llegaron quiénes debían hacerlo, titulada “MINAET rehuye debate sobre Caño Negro en Universidad de Costa Rica”, una de las juezas del TAA indicaba que al llegar sorpresivamente a investigar piñeras por presuntos delitos ambientales, “cuando nos ven llegando de sorpresa en una barrida, muchos operarios salen corriendo, pensado que somos de Migración”: señal inequívoca de un sistema de explotación laboral a los que están sometidas personas en situación migratoria irregular en muchas de las piñeras, y que no parece en lo más mínimo interesar a las autoridades del Ministerio de Trabajo.
La actitud del Estado costarricense
La falta de controles adecuados en materia laboral, en materia de salud ocupacional y las campañas internacionales contra la comercialización de la piña no parecieran haber dado lugar a algún tipo de reacción por parte del Estado costarricense, como tampoco en otros ámbitos, como el ambiental. Todo lo contrario. En un artículo titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña» publicado en septiembre del 2011 en La Nación, el Dr. Allan Astorga, experto en gestión ambiental, y Ex Secretario General de la SETENA, precisa el alcance de una grave modificación hecha a la normativa ambiental por las mismas autoridades estatales (en particular la Comisión Plenaria de la SETENA) para favorecer la expansión de la piña en el período 2006-2010: “Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña. La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa”. Un ejemplo más de directrices normativas que violan el principio de no regresión en materia ambiental, a las que nos hemos venido acostumbrando en los últimos años por parte de las autoridades a cargo del ambiente en Costa Rica. El autor de este artículo, que no dio lugar a ninguna refutación luego de ser publicado, es contundente en sus conclusiones: » Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional». En el precitado número 177 de Ambientico, Gabriela Cuadrado analiza en detalle otra “innovación” por parte de las autoridades: la inaudita propuesta de Decreto Ejecutivo elaborada por el Ministerio de Salud de Costa Rica tendiente a legalizar la contaminación de agua potable por parte de las empresas. Su artículo: «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)» no deja duda alguna sobre la intención de las autoridades de salud de aquella época. Más recientemente (noviembre del 2014), un estudio publicado en Francia describe otro efecto de la expansión de la piña ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y mediano agricultor costarricense (artículo de Edgar Fernández «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas» (disponible aquí).
Con relación al dato exacto de hectáreas de piña sembradas en Costa Rica dado por las autoridades del MAG, el último informe del Estado de la Nación precisa que “En 2013 y por quinto año consecutivo, la superficie sembrada de piña se estimó en 45.000 hectáreas, cifra que una vez más generó dudas, en vista de los aumentos registrados en la producción bruta y el monto exportado” (Estado de la Nación, XX Informe (2014) p.190). Además de innovar en muchos ámbitos, la piña de Costa Rica pareciera querer revolucionar la regla de tres: oficialmente, en el 2007, para generar 487 millones de dólares por concepto de piña exportada, se contaba con una extensión de 38.000 hectáreas. Para generar 834 millones de dólares (2013), oficialmente el MAG registra únicamente 45.000 hectáreas de piña en Costa Rica.
La advertencia de la UCR desoída
El liderazgo mundial obtenido por Costa Rica en el 2010 al que refiere el CNP coïncide con la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010) y su marcada política de apertura irrestricta de Costa Rica a la economía mundial, política que se mantuvo durante la administración de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014): durante este último período, el auge prosiguió con relación a la piña, tal y cómo lo indican las cifras de PROCOMER antes mencionadas. Se pudo observar cuán influyente puede ser este sector económico con ocasión de una inédita acción de Casa Presidencial que pidió suspender una “barrida” (control sorpresivo) del TAA en plantaciones de piña en la zona Norte (Nota 4). Se mantuvo de igual manera la negativa de las autoridades ministeriales a participar en foros públicos auspiciados por las universidades con organizaciones sociales y comunidades afectadas (Nota 5). Cuando lo hicieron, fue para rehuir los cuestionamientos y dejar la silla vacía, tal como ocurrió con el representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante un foro auspiciado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) a finales del 2013 en Costa Rica (Nota 6). Las autoridades de Salud por su parte se mantuvieron mudas ante periodistas interesados en conocer su punto de vista (Nota 7).Es de recordar que debido a la cantidad de denuncias y de recursos de amparo recibidos por parte de la Sala Constitucional en los años 2006 y 2007 y a numerosos cuestionamientos realizados por activistas, ONGs y académicos ante el crecimiento vertiginoso del sector de la piña, la máxima instancia de la Universidad de Costa Rica (UCR), su Consejo Universitario, solicitó a las autoridades de Costa Rica frenar su expansión. Con fecha de diciembre del 2008, el Consejo Universitario instaba a las autoridades a establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña, en los siguientes términos:
“3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
a. Se cuente con la debida planificación del territorio en el que se determinen las áreas críticas en relación con la vulnerabilidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la biodiversidad existente en la zona.
b. Se ejerzan los controles necesarios y se cuente con los estudios que demuestren, fehacientemente, que la actividad piñera está causando el menor impacto posible al medio ambiente y a la salud ambiental, incluida la de las personas que habitan en el entorno de los cultivos.
c. Se cuente con una propuesta de gestión interorganizacional e intersectorial, que garantice el estricto acatamiento de las empresas a la legislación ambiental, sanitaria y laboral del país”.
El texto completo del Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR está disponible aquí, y también se recomienda su lectura dado que poco se ha logrado desde el 2008 para limitar los daños que causa la piña, tal y como lo evidencia la lectura del informe del Estado de la Nación desde el 2008. La molestia que causó este documento a CANAPEP era de esperar (ver nota): siete años después, las buenas prácticas que alegó el gremio piñero acatar en el 2008 también quedan en espera. Con relación a la discusión en la arena política, un periodista costarricense había publicado en España uno de los pocos artículos críticos publicado en ese país a mediados del 2008 sobre la amargura de la piña (ver artículo de Alvaro Murillo, “La piña se amarga en Costa Rica” El Pais (España),17/06/2008 disponible aquí) precisando, entre otros que: “El principal partido de la oposición, Acción Ciudadana (PAC), ha convertido en un debate político los efectos ambientales de las 40.000 hectáreas cultivadas donde trabajan unos 20.000 peones en condiciones cuestionadas por organizaciones laborales. El auge de la piña en Costa Rica es tal que el último intento de las autoridades por reactivar el cultivo de granos básicos topó con que la mayoría de las tierras están dedicadas ahora a la fruta que servirá de postre para estadounidenses y europeos”. En un artículo reciente (septiembre del 2014), la docente Geanina Amaya recordaba los compromisos de campaña de la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis Rivera que inició en mayo del 2014: «En campaña política el PAC aseguró que “Debe establecerse una moratoria a la expansión de la producción piñera de acuerdo al principio precautorio, hasta que se establezcan los mecanismos y controles adecuados por parte de las instituciones estatales con competencia en la materia». En octubre del 2014, fue el legislador de otra bancada, el diputado Edgardo Araya (Frente Amplio) quién propuso establecer una moratoria nacional por 5 años y gravar con un impuesto especial la piña (ver nota de prensa): la segunda iniciativa dio lugar al proyecto de ley 19.371 antes mencionado. Habiéndose convertido el PAC en caja de resonancia a los fundados reclamos de las comunidades afectadas desde el 2008, habiendo además participado de forma activa (con la entonces unipersonal bancada del FA) para que la piña sea parte de la discusión política desde el 2008 en Costa Rica, y habiendo los académicos de la UCR nutrido parte de esta discusión, resulta lógico que la paciencia de comunidades, organizaciones, activistas y académicos empiece poco a poco a mermarse en estos meses del 2015.
Instancias internacionales y piña de Costa Rica
Más allá de advertencias desoídas, de los vaivenes de la política nacional, y de las promesas de campaña (que parecieran ya muy lejanas para algunos…), desde la perspectiva del derecho internacional, es la conducta del Estado la que se evalúa de cara a sus obligaciones internacionales. El tema de la piña en Costa Rica no es del todo nuevo para las instancias interamericanas: en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue solicitada para ordenarle a Costa Rica medidas para proteger la vida y la integridad física de un activista y reconocido opositor a la expansión de la piña en la Zona Sur, Aquiles Rivera (ver nota): ello debido a amenazas de muerte recibidas por este líder comunal en mayo del 2009 (ver nota de la Asociación Nacional de Empleados Público, ANEP). Dichas medidas de protección fueron ordenadas por la Comisión al Estado costarricense. En este mismo año 2009, la relatora especial de Naciones Unidas sobre Derecho Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica (ver texto). En su informe incluyó lo siguiente: «71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado » (p. 22, punto 71). La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente: «85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86). Notemos que no se encontró similar recomendación en los informes de misión posteriores de la experta de Naciones Unidas con relación a otros monocultivos (ver informes de misión disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En respuesta a este informe de Catarina Albuquerque, la Misión de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Ginebra hizo circular una nota oficial (ver texto del documento HRC/12/G/3, con fecha del 7/9/2009) que detalla las presuntas carencias del Informe. Con relación al tema de la piña, el punto 4 precisa que “sería importante conocer cuáles son las opciones que se les podrían brindar a los productores de piña en lugar de bromacil y diurón”: una crítica frontal a la experta de Naciones Unidas entendible si proviniese del sector productivo, pero que sorprendió a muchos observadores al provenir del mismo Estado. Más allá de esta airada reacción, se esperaría del Estado acatar lo recomendado sobre este punto preciso en el 2009. En un reciente reportaje del mes de marzo del 2015 sobre la contaminación en Siquirres que incluye una entrevista a un funcionario del Ministerio de Salud, se lee que “El funcionario también rescató que el país no cuenta con reglamentos específicos, que dicten cuáles son los parámetros permitidos de agroquímicos en el agua para consumo humano”.
Conclusión:
Como se puede apreciar, a lo largo de estos últimos 8 años, la actitud del Estado costarricense con relación a la producción de la piña ha sido sumamente cuestionable. La CIDH oyó este 20 de marzo (en las vísperas de la celebraciones del Día Mundial del Agua) los descargos de las valientes comunidades de Siquirres, quiénes han agotado pacientemente, una tras otra, todas las vías legales existentes para hacer valer su derecho al agua desde el 2007 (derecho consagrado como tal por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica). Dos sentencias de la Sala Constitucional del 2009 (ver nota) que exigían a las entidades recurridas del Estado “que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua” demuestran de manera fehaciente el desinterés del Estado en resolver el problema. Ni que decir de este sector productivo, reacio a reconocer su responsabilidad (y a proceder por ejemplo a la creación de algún mecanismo – fideicomiso, fondo de compensación u otro – para compensar e indemnizar a comunidades afectadas y a particulares), proclive a presentar acciones penales por presunta difamación contra líderes comunales (Nota 8) y poco expresivo en algunas ocasiones en que el periodismo de investigación ha intentado obtener información de su parte (Nota 9). El marco de la demanda se circunscribe únicamente a los efectos en el agua de la contaminación de las empresas piñeras en Siquirres y a la conducta de las autoridades estatales desde el 2007 en esta zona, y no entra a analizar otros aspectos como los brevemente descritos. Pese a ello, es muy probable que otras comunidades afectadas por la expansión piñera desde muchos años, en particular las de la zona Norte de Costa Rica y de otras partes del país (como Buenos Aires de Puntarenas o Chomes), observaron con mucha atención esta audiencia: la sustancias químicas usadas en Siquirres son muy similares a las que se usa en el resto del país para producir la MD-2; además, la capacidad de absorción de los suelos así como la vulnerabilidad de los acuíferos no son peculiaridades propias a la región de Siquirres. Por parte del Estado, no hay mucho que se pueda hacer ante los comisionados en Washington: el mismo Presidente del TAA fue recientemente bastante enfático con relación a la conducta estatal en el caso que se ventilará ante la CIDH: “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (ver artículo de La Nación de septiembre del 2014).
La profunda sensación de impunidad que evidencia el reciente reportaje del Semanario Universidad (Nota 10) y la inoperancia demostrada por el Estado costarricense por hacer valer en la hermosa tierra de Siquirres principios (bastante básicos) como el principio precautorio o el principio “el que contamina paga” constituyen, entre otros, argumentos de peso de difícil refutación que ahora colocan a Costa Rica en una situación extremadamente delicada desde el punto de vista internacional.
Notas ————–
Nota 1: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192).
Nota 2: Es, por ejemplo, el caso de un pesticida altamente tóxico para los suelos y la salud humana como el Paraquat (ver ficha del 2011 sobre efectos en suelos y en la salud humana disponible aquí). Informes de ONG internacionales habían denunciado los daños a la salud humana de quiénes se ven expuestos a este químico en todo el mundo, incluyendo los operarios de fincas en Costa Rica (ver informe). Luego de una intensa batalla judicial liderada por los países escandinavos, se logró en julio del 2007 que la Directiva de la Comisión de la Unión Europea que permitía su uso fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (ver comunicado de prensa del TPI de la Unión Europea). No obstante, a los meses, una trasnacional operando en Costa Rica adujo que aplicaría la moratoria mundial exigida por la UE en cuanto a su uso en todas sus operaciones en el mundo, con excepción de sus fincas de piña en Costa Rica hasta mediados del 2008, indicando que “… it is discontinuing the use of paraquat in its agricultural operations worldwide by implementing an immediate phase-out program, except in Costa Rica for Dole’s pineapple operations where the targeted phase-out program extends to June 30, 2008” (ver nota de noviembre del 2007). En un comunicado de prensa de octubre del 2007 al que se le añadió una actualización del 2012, se indica que el uso de Paraquat se mantendrá, con la autorización de las autoridades de Costa Rica, para luchar contra la proliferación de la mosca hematófaga que provoca el mal manejo de los rastrojos de la piña: “Update to October 8, 2007 press release (effective November 20, 2012). The Costa Rican government requires growers to take measures to control stable fly infestations. Stable flies are drawn to the moist leaves and other residue left after pineapple harvest, and use of paraquat to dry this residue helps to control these infestations”.
Nota 3: Algunas organizaciones han intentado hacer ver al consumidor lo que no se dice de la piña costarricense: el informe «‘The story behind the pineapples sold on our supermarket shelves: A case study of Costa Rica’ preparado por Consumers International y Bananalink constituye uno de estos intentos. En el 2008, la ONG británica OXFAM de igual manera lideró una campaña contra la comercialización de la piña de Costa Rica en los supermercados de Alemania (ver nota de prensa de La Nación, 2008 y una nota de DW titulada «Explotación laboral en Latinoamérica: Alemania no es inocente» de abril del 2008).
Nota 4: En esta nota de prensa publicada por ElPais.cr se indica que: ”La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso. De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet)”.
Nota 5: Véase por ejemplo la nota de prensa titulada por Elpais.cr: “Salud rehuye debate sobre agua potable y contaminación de piñeras en Siquirres” (disponible aquí).
Nota 6: En el informe de prensa (disponible aquí) de la actividad realizada por el TRAGUA en San José a finales del 2013, se incluye el siguiente artículo de ElPais.cr titulado: “Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña”.
Nota 7: Se lee en este reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2011 y titulado “Otra comunidad se resiste a las consecuencias de la expansión piñera” que, en la subnota titulada “Plantación opera junto a Escuela en Caño Negro” la posición de la Ministra de Salud resulta inalcanzable: “Este Semanario intentó conocer la opinión de la Ministra de Salud, Daysi Corrales; sin embargo, no fue posible obtener su posición sobre la denuncia de los habitantes de El Jobo de Caño Negro”.
Nota 8: Fue el caso de Carlos Arguedas, en Siquirres. Leemos en un largo recuento publicado por la FECON (ver nota) que: “El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por haber asegurado que la compañía “contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la naciente”. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado antes de la muerte de Carlos el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Consejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy. Para Carlos Arguedas, esta acción legal “no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.” De igual manera Erlinda Quesada, regidora de Guácimo, fue llevada por los empresarios de Siquirres a los tribunales por denunciar el irrespeto a la legislación ambiental (ver su presentación durante el foro del TRAGUA en noviembre del 2013). Añadamos también (ver nota de Kioscos Ambientales) el caso de cinco regidores de Guácimo: “Tico Verde acusa a los cinco regidores de prevaricato, luego de que la Municipalidad le retirara la patente a su planta empacadora en el 2008. La piñera se encuentra sobre áreas de recarga acuífera en La Perla, parte alta del cantón de Guácimo, donde se ubica la fuente de agua más importante para el abastecimiento público de los cantones de Guácimo y Pococí. Por la importancia del área la Municipalidad decretó una moratoria a la siembra de piña”. En otros casos, son trabajadores de piñeras los que han sido (y posiblemente sigan siendo …) despedidos por participar en protestas comunales, como el caso de Jeffrey López hecho público en el 2009 (ver Subnota” “Perdí mi trabajo por protestar” del artículo” Comunidad exige derecho a tomar agua potable” (Semanario Universidad, Junio 2009). Todas estas demandas por presunta difamación o prevaricato presentadas en Costa Rica por empresas piñeras contra líderes comunales fueron desestimadas después de largos años ante los tribunales penales de Costa Rica, y forman parte de acciones legales a las que recurren con frecuencia empresas, que la doctrina anglosajona denomina SLAPPs (Strategic Legal Action Aainst Public Participation). Sobre este particular, ver este estudio publicado en Canadá al respecto, que las califica de la siguiente manera: “SLAPPs are often threatened or filed with the intent of silencing participation and stifling public debate. SLAPPs function by harassing and intimidating individuals, in essence creating a “chill” in public participation. Defending a SLAPP involves a substantial drain of resources (namely money, energy and time) even if victory on the legal front is assured. The end result is that the suit may not be successful in court, but it has served to delay, silence and harass protestors. Whole communities can often become silenced out of fear of being dragged into a lawsuit”(p. 3). En el caso del proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó acciones penales por presunta difamación contra cinco profesionales en Costa Rica, incluyendo al suscrito. Sus repetidas ausencias a las audiencias nos llevaron a publicar en el año 2012, el siguiente artículo: “Audiencias con el Infinito: ausencias…” De estas cinco demandas de la empresa canadiense, solo dos concluyeron en el 2013, a favor de los demandados. La muerte de Jairo Mora en el 2013 en un playa del Caribe de Costa Rica en la que monitoreaba la llegada de tortugas ha llenado de luto a Costa Rica, y llevó a un especialista costarricense como Alvaro Sagot a preguntarse en un artículo: “¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?”. La polémica decisión de los tribunales de Costa Rica del 2015 sobre este el caso de Jairo Mora ha sido denunciada por el sector ambientalista de Costa Rica. Recientemente The Guardian usó, con relación a esta decisión, el siguiente titular: “Conservationist murders threaten Costa Rica’s eco-friendly reputation” (ver artículo del 19/03/2015).
Nota 9: Por ejemplo, se lee en el artículo titulado “Comunidad exige cierre de piñera en Guácimo” (Semanario Universidad, octubre del 2007) que “Se intentó conocer el criterio de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A., pero durante la visita a la finca se informó que su administrador y representante, Federico Aguilar, no se encontraba. Posteriormente se le trató de entrevistar por teléfono, pero indicó que respondería las consultas por correo electrónico; sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 22) no había contestado”. De similar manera, se lee que “UNIVERSIDAD se contactó con a la empresa Upala Agrícola, donde se indicó que dirigiendo un correo electrónico a Estíbaliz Rodríguez se evacuarían las dudas relacionadas con el tema, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta” en el reportaje “Diez piñeras acumulan ¢276 millones de deuda con la Caja” (Semanario Universidad, agosto del 2012). Esta misma actitud ante la prensa se desprende a la lectura del artículo “Vecinos de la Perla de Guácimo están molestos por sentencia leve contra piñera que contaminó” (Semanario Universidad, febrero 2013) en el cual se recoge que : “Se intentó recoger el criterio tanto de Alfonso Sancho, presiente de la Sociedad Agroindustrial Tico Verde S.A., así como de Abel Chaves, presidente de la Canapep; sin embargo, al cierre de la edición no se recibió respuesta”. Se lee en el artículo titulado “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (Semanario Universidad, marzo del 2015) que: “UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio de dicha empresa sobre la situación actual de las comunidades afectadas por la contaminación del agua con Bromacil, para lo cual se enviaron por correo electrónico una serie de preguntas al director de relaciones corporativas, Luis Enrique Gómez, luego de intentar localizarlo por teléfono. Las preguntas enviadas, y no contestadas al cierre de esta edición son las siguientes: 1. Los últimos análisis de aguas realizados a la naciente y acueducto de Milano de Siquirres, realizadas por el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica el año anterior, revelan una «presencia constante» del químico bromacil en el agua, aún 8 años después de los incidentes que obligaron a limitar el consumo de agua en la Asada de esta comunidad. ¿Aún aplica su empresa el químico bromacil en la finca La Babilonia?, ¿cómo se puede explicar la presencia aún del químico en el agua? 2. ¿Ha colaborado la empresa en las labores de saneamiento de las fuentes de agua contaminadas? ¿Pagó la empresa por los daños ambientales causados? ¿Piensa la empresa compensar a las comunidades afectadas de alguna forma? ¿Qué responsabilidades asume la empresa por este caso, que ahora será expuesto por las comunidades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?”
Nota 10: Nos referimos a la edición del 11 de marzo del 2015 que incluye los siguientes reportajes, muy completos sobre el caso en discusión: “Milano de Siquirres sigue esperando un acueducto ocho años después” (disponible aquí) y “Xinia Briceño, presidenta de Asada de Milano: “¡Ya nos hubieran construido tres acueductos con lo que han gastado en cisternas!” (disponible aquí).
(*) Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La Dra. Butler impartirá una conferencia durante la ceremonia en la cual la Universidad le entregará el título de doctora honoris causa (foto tomada de www.wpolityce.pl).
Este jueves 26 de marzo, la Universidad de Costa Rica (UCR) le conferirá el título de doctora honoris causa a la reconocida filósofa, feminista y activista política estadounidense Judith Butler, durante una ceremonia que se llevará a cabo a las 3:00 p. m., en el auditorio Alberto Brenes Córdoba de la Facultad de Derecho.
La Dra. Butler impartirá una conferencia tras recibir la máxima distinción que otorga esta casa de estudios superiores, actividad que será transmitida en vivo a través del Canal UCR y por Internet desde la plataforma de este mismo medio de comunicación (www.canalucr.ucr.ac.cr).
Con este premio, la Universidad destaca las contribuciones de esta catedrática en campos como el feminismo, el psicoanálisis, la teoría del lenguaje y la retórica, en los cuales sobresale por su prosa densa, compleja y desafiante, que arroja luz sobre problemáticas inadvertidas por muchos pensadores.
Esta renombrada estudiosa es una de las mayores exponentes del feminismo contemporáneo, campo desde donde dialoga sobre el poder, la violencia, la guerra, el dolor y la muerte. En términos políticos, es activista y miembro del Consejo Directivo de la agrupación Voces Judías por la Paz e integrante de la agrupación Profesores por la Paz Palestino-Israelí de Estados Unidos.
La UCR reconoce que la Dra. Butler ha puesto en el debate significativos cuestionamientos que no solo han marcado el quehacer del feminismo, la teoría política y el activismo político, sino que, además, ha impregnado de esa polémica los espacios de la creación literaria y su crítica.
Su trayectoria académica
La Dra. Judith Butler ha sido docente en las universidades de California, Wesleyan y Johns Hopkins. Actualmente se desempeña como profesora de Filosofía en la Cátedra Hannah Arendt, de la European Graduate School y ocupa la cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura Comparada y en Estudios de la Mujer de la Universidad de California, Berkeley.
Hacia finales de los años 80 propuso una de las lecturas filosóficas más incisivas sobre la identidad de género y sexual; ha profundizado sus reflexiones acerca del estatuto legal de la identidad sexual, la gestión política de la intersexualidad y la transexualidad, la normalización del cuerpo, la transformación actual de las instituciones de filiación, pareja y familia, los derechos de las minorías sexuales, así como la identidad frente a los imperativos culturales, legales o religiosos.
Su amplia producción académica es objeto de estudio en diversos ámbitos de la investigación en humanidades y en las ciencias sociales, debido al nivel crítico e innovador y a la ruptura que ha generado en el campo de la Filosofía, la teoría queer, los estudios de género, los estudios poscoloniales y la teoría feminista.
