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Etiqueta: Consenso de Washington

¿Qué Hacer?… En una Costa Rica, convulsionada

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
P/ Movimiento Patriótico por Costa Rica
Alajuela, Atenas, octubre de 2024

¿Qué Hacer?… En una Costa Rica, convulsionada, por los que siempre han ostentado el poder político y económico; controlan todo.

El siglo XXI nos sorprende con un movimiento social que resiste con fuerza el denominado combo del ICE; así también el referéndum para la aprobación del TLC-Tratado de Libre Comercio con EEUU y República Dominicana- el que crearía las condiciones para la aceleración y la puesta en marcha del decálogo o Consenso de Washington, arma de acción de los grupos dominantes en la esfera mundial, encabezados por los Estados Unidos.

la irrupción de dos fuerzas políticas, (Partido Acción Ciudadana, presumiblemente socialdemócrata y social cristiano, liderado por Otón Solís, ex-liberacionista); el Frente Amplio, liderado por José Merino del Río, ex – vanguardista y ligado a Manuel Mora); ambas agrupaciones inciden en el quehacer legislativo, y 14 años después el PAC asumiría la presidencia del Gobierno, acto que repetirá en 2018. El FA, en el mismo 2014, tiene un repunte significativo-9 diputados- y se sitúa como la tercera fuerza electoral nacional-en las zonas costeras obtuvo el segundo lugar en las legislativas).

Las diversas fuerzas que emergen en la Asamblea Legislativa presumen una diversidad ideológica y política, que podría generar consensos en la búsqueda de una acción política, que recuperase la acción social y el estado de bienestar que, hasta los decenios, 70 e inicios de los 80, mantenía los equilibrios económicos y de la justicia social. La realidad impuso otra imagen, lejana y acorde con el citado consenso o decálogo de Washington, (Williamson. J.1989) la caída del estado de bienestar se empezaba a configurar.

A finales del año 2018, la ley 9635, denominada ley fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se vota y aprueba en la Asamblea Legislativa y entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2019. Representaba la regresividad en materia fiscal, porque el ataque al sector público y la institucionalidad autónoma, solidaria, inclusiva, distribuidora de la riqueza producida, empieza a ser atacada por la vía de la “reducción del gasto público”, sin apenas señalar esfuerzos por recuperar el ingreso nacional, (en ese año, previo a la aprobación de la ley citada, Hacienda con aprobación legislativa condonó, vía amnistía tributaria, la mitad de las deudas de los morosos fiscales, muchas cuentas ya en cobro judicial, la mayoría – 80% – 25 empresas denominadas “grandes” contribuyentes), serían beneficiarias de dicha amnistía, contradiciendo las más elementales normas de la justicia tributaria. La suma condonada era catastróficamente grande.

El señor presidente, en su tiempo como ministro de Hacienda, dijo en la Asamblea que se oponía a reformar la regla fiscal y otras. (https://youtu.be/CFd5y794Wug?si=ElMfhCNjNHeAluq6). De manera que, el discurso actual, además de populista, está en línea con el proyecto neoliberal, de desmantelar el Estado, desproteger a las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad-zonas costeras, el norte- norte del país, los denominados “anillos de miseria”-precarios- que circunvalan las ciudades de mayor desarrollo poblacional del país.

El ¿qué hacer?, nos indica que en este momento nos encontramos ante una “pelea” entre dos facciones de los mismos grupos de poder que han estado presentes en Costa Rica desde la Segunda República, que mantenía el poder de forma bipartidista, modalidad que les permitió controlar el Estado, manteniendo sus privilegios, y “usufructuando políticamente” de las leyes de las Garantías Sociales, de la institucionalidad pública-con leyes como la 4-3 sobre el control de las juntas directivas, en el decenio de los 70, en beneficio del empresariado y los grupos de poder, adscritos al bipartidismo.

En la actualidad estamos ante una “guerra” intra- burguesa”, si se permite el término, solo que la contradicción principal está dada desde el capital. La concentración del capital ha dado espacio al capital financiero- (capital dinero, no utilizado productivamente, se acumula en la banca).

El capital productivo, es el que se define por la producción de bienes y servicios; misma que definirá la oferta y demanda nacional; empero, desde la propuesta de la escuela de Chicago, con Milton Friedman, (1970), a la cabeza, se plantea que la oferta y demanda nacional será establecida mediante el dinero, es decir, será el dinero el que nos dicte la oferta y demanda nacional de los países. La relación de participación en el mercado mundial presenta una relación 10 a 1, en cuanto a la participación del capital financiero respecto al capital productivo, (Boff. L comentario del libro de Muraro. RM. El destino del capital dinero. Koinonia. 2012).

De ahí en adelante, las leyes antipopulares, contra el movimiento sindical, las organizaciones sociales, comunales, el sector laboral y en términos concretos el vaciamiento del estado social de derecho y de los servicios públicos, de forma particular el desmantelamiento de todas las garantías sociales, con las instituciones icónicas de la seguridad Social como la CCSS, La Banca Nacionalizada, (aporta en cargas parafiscales el 33% de sus utilidades netas, 15% va al IVM).

La educación, con el MEP y las Universidades Públicas, la energía y las telecomunicaciones, con el emblemático ICE, el CNP, Fanal, vitales para la producción y desarrollo del sector primario de la economía. Recope que aporta el 11% al presupuesto nacional. En síntesis, el desarme del Estado y sus instituciones públicas es una de las peores iniciativas que conlleva el gobierno actual, concluyendo lo ya iniciado desde 1995.

Lo anterior se complementa con el ataque constante y directo a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría y a la Constitución Política, en una clara provocación a la estabilidad social, la paz y a la estructura democrática del país.

Ante la situación actual, los llamados a una convergencia nacional, para enfrentar estos desplantes y amenazas a la estabilidad social de Costa Rica, han sido una constante en el pensamiento del Movimiento Patriótico por Costa Rica, razón por la que abrazamos la iniciativa, a la vez que aportaremos nuestras propuestas para una acción organizada y disponemos nuestras manos para tender puentes de unidad y alianzas, en pro de las poblaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión de nuestra patria.

Nueva era económica (II). El nuevo consenso de Washington

Óscar Madrigal

El 27 de abril pasado, el Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, quien es el asesor más influyente de Biden, realizó un discurso en el Instituto Brooking sobre las nuevas orientaciones económicas de la Administración Biden y anunció al mundo una nueva estrategia geoeconómica.

Lo primero que llama la atención es que haya sido un asesor en esta materia el que se refiera a las perspectivas económicas que se plantea USA para las próximas dos décadas. Sin embargo, vale la pena reseñarlo, algo que ya hizo el economista José Luis Arce en La Nación el pasado 5 de mayo.

Lo primero que se deduce es que el Consenso de WASHINGTON no dio los resultados esperados en cuanto al fortalecimiento de algunos países como el propio EEUU y mucho menos en los llamados países en desarrollo. Esas políticas ya son anacrónicas y se quedaron para los años 80s y son insuficientes para el momento actual, una guía para los años 20 y 30 del presente siglo. La globalización y los TLC, se dice, se quedaron solo en asunto de aranceles sin comprender otros aspectos importantes.

La globalización o el neoliberalismo del Consenso de Whashington lo que produjo fue una enorme concentración de la riqueza, un sistema tributario regresivo, disminución radical de los derechos de los trabajadores con el consecuente aumento de la desigualdad y la pobreza. Este Consenso no se preocupó por problemas como el cambio climático, las inversiones sociales o la renovación energética. Debe quedar claro que esto no lo dice ningún izquierdista sino el gobierno de Estados Undios.

Así lo menciona el asesor estadounidense:

“Ahora, los impulsores de la desigualdad económica, como muchos de ustedes saben incluso mejor que yo, son complejos, e incluyen desafíos estructurales como la revolución digital. Pero la clave entre estos impulsores son décadas de políticas económicas de goteo: políticas como recortes de impuestos regresivos, recortes profundos a la inversión pública, concentración corporativa sin control y medidas activas para socavar el movimiento obrero que inicialmente construyó la clase media estadounidense”.

El nuevo Consenso parece replantear la globalización y hasta el mismo neoliberalismo. Piensa en una globalización o libertad de comercio y de mercado limitada, que no vaya más allá de lo que se considera la seguridad nacional estadounidense y un neoliberalismo que regule a las corporaciones y la participación privada, especialmente mediante una gran participación de la inversión pública. También propone controles más allá del uso del mercado como el eje regulador de la economía, para pasar a un sistema tributario sobre las grandes empresas, el combate a la pobreza y la desigualdad o el fortalecimiento de los derechos de organización de los trabajadores y trabajadoras.

El objetivo central del nuevo Consenso es controlar y limitar a China en cuanto al uso de la tecnología de punta, la de seguridad nacional y el dominio que China tiene sobre materias primas como el litio, el cobre o el cobalto y grafito; China procesa el 80% de las materias primas fundamentales y los semiconductores esenciales para la tecnología más desarrollada y la IA.

En estas circunstancias, el gobierno de Biden se propone:

1-. Fortalecer la industria estadounidense con grandes inversiones públicas. Es volver a lo nacional, sin descuidar -dicen- la colaboración internacional.

2-. A nivel internacional se proponen que llamados sus socios, desarrollen su capacidad, resiliencia e inclusión. En otras palabras, dejen de depender de China y se acerquen a USA en un trabajo conjunto.

3-. El tercer paso de la estrategia gringa es pasar de acuerdos solo comerciales a una nueva colaboración, una asociación económica centrada en los desafíos de los EEUU.

4-. El último punto enunciado por el funcionario estadunidense es que EEUU se propone movilizar billones de dólares en inversión en las economías emergentes, lo cual implica un cambio en los modelo de funcionamiento de bancos como el Banco Mundial o el FMI. Ahora se quiere superar en gran medida las políticas de austeridad, la férrea disciplina fiscal, las privatizaciones, las desregulaciones y la liberalización de los mercados financieros o la reducción del gasto social que pregonaba el Consenso de los 80s.

El señor Sullivan manifestó claramente los intereses del nuevo Consenso de Washington:

“El mundo necesita un sistema económico internacional que trabaje para nuestros asalariados, que trabaje para nuestras industrias, que trabaje para nuestro clima, que trabaje para nuestra seguridad nacional y que trabaje para los países más pobres y vulnerables del mundo”.

Países como Costa Rica se aprestan a formar parte de esta política global de los EEUU cuya carácterística principal es trabajar para los intereses nacionales de los Estados Unidos conforme a los dictados que éste le marque. En esta nueva concepción del comercio, de la economía y de la política, el país tendría que adaptarse a ellas, tal vez aprovechando para su provecho algunas de esas políticas, pero a cambio de ser más sometido, sumiso o vasallo de una concepción geoestratégica que tiene como centro trabajar todos por el fortalecimiento de la seguridad de los EEUU.

Como han dicho algunos comentaristas es el viejo imaginario estadounidense conquistador en la que la prosperidad del mundo está ligada a EEUU en una relación de codependencia.

Evidentemente, este tema apenas queda esbozado pero necesitará mayor estudio y un análisis más detallado para extraer las consecuencias que en toda su magnitud se producirán para nuestro país.

Aquí el enlace del discurso: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/?fbclid=IwAR3oxofQe4G9eUraVbBwjo9g_kYNk-ji3rRaK4PUL6viBJLNiajVlbjgVp4

Más sombras que luces para nuestro Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando todavía el presidente electo, Rodrigo Chaves Robles no ha revelado los nombres de todas las personas integrantes de su gabinete, queda claro con las ya anunciadas que la orientación neoliberal, es la que marcará el norte del nuevo gobierno.

Los antecedentes de Chaves Robles en el Banco Mundial y, particularmente, por las políticas fijadas a Indonesia desde la oficina que él dirigía, no dejan mucho margen como para pensar que las políticas que impulsará él y su equipo de gobierno, no se saldrán mucho de ese guión. Asimismo su fugaz paso como ministro de Hacienda de la administración saliente también permite pensar que las políticas neoliberales que han erosionado nuestro Estado de Bienestar, seguirán presentes y activas en los próximos cuatro años.

Es como la crónica de una situación tan predecible como anunciada. La deriva neoliberal del gobierno de Carlos Alvarado es fruto del contubernio entre un gobierno que nunca cumplió con lo prometido en la campaña electoral de 2018 y unas fracciones como las del PLN, PUSC y los evangélicos (de Restauración y Nueva República) que le aseguraron una mayoría calificada al saliente gobierno del PAC. Las leyes aprobadas en este cuatrienio han sido como cuchillos afilados que han sido clavados en nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Le han provocado múltiples hemorragias y la sangre sigue fluyendo.

Lo que le costó a la sociedad costarricense y al país construir en varios decenios del siglo anterior, inició su declive –con zigzagueos– a partir de la década de los años ochenta, con dos administraciones liberacionistas: La de Luis Alberto Monge y, especialmente, la de Oscar Arias. El neoliberalismo que campeaba por sus respetos en Estados Unidos (Ronald Reagan) e Inglaterra (Margaret Tatcher) en esa época, influyó de manera, cada vez más corrosiva, en las políticas del país desde entonces.

El llamado “Consenso de Washington”, que impuso fórmulas económicas neoliberales que impulsaron varios organismos financieros internacionales en los años ochenta y noventa de la centuria anterior, se convirtió en el catecismo orientador bajo la consigna: ¡Más mercado, menos Estado! De esta manera, empezó una cuenta regresiva para el genuino ESD de Costa Rica, que singularizó nuestro desarrollo relativo y proyectó avances sociales significativos del país, en el contexto latinoamericano e internacional.

La administración que termina el próximo 8 de mayo y «su» fracción ampliamente mayoritaria en el Congreso, aceleraron y profundizaron el daño de nuestro ESD; tal y como lo expresan el incremento de la pobreza, la desigualdad social y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. La pandemia, que provocó que algunos fenómenos se profundizaron, no es la causa de este significativo deterioro del ESD. Es una situación que, desafortunadamente, nos viene de lejos.

Teníamos la leve esperanza de que el presidente electo, a partir de los aprendizajes del mismo Banco Mundial y el FMI sobre los desastres sociales y económicos generados por las políticas neoliberales que han impulsado en diversos países en las últimas décadas, en un afán rectificador, fijara un rumbo distinto a sus políticas acorde a la grave situación social que enfrentan las mayorías del país. Pero no. Todo hace prever que mantendrá el rumbo trazado por el gobierno anterior.

Los nombres ya adelantados del nuevo gabinete tienen una marca política e ideológica que no vaticina un cambio de rumbo nacional. Quien ha sido anunciada como Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, libertaria de origen y tránsfuga de varios partidos, en la campaña anterior hizo todo lo posible por mostrar su credo neoliberal. Ella será el enlace con una Asamblea Legislativa, ampliamente dominada por fracciones y diputados sin vocación progresista. Es muy posible que ella se entienda muy bien con muchas y muchos de los diputados; incluyendo –desde luego– al que podría convertirse en el presidente del Parlamento este 1º de mayo, Rodrigo Arias Sánchez.

Es predecible que el arismo tendrá un peso muy significativo en la Asamblea Legislativa, tanto por el carácter mayoritario que tiene la fracción del PLN como por el liderazgo que podría protagonizar Arias Sánchez. Esta no es una buena noticia para los sectores populares y mayoritarios del país que aspiran y esperan políticas realmente inclusivas, que empiecen a revitalizar el Estado de Bienestar. Ya son muchos años llevando palo como para seguir recibiendo golpes desesperanzadores.

Aún queda un breve espacio para la esperanza, sea que venga con los nombramientos pendientes en ministerios y otras instituciones como por las políticas que habrá de anunciar Chaves Robles y, algo más importante aún, por las que empezará a aplicar a partir del 8 de mayo próximo. Empero –en mi caso—no me hago muchas ilusiones.

Mi esperanza cierta ha estado y estará siempre centrada, en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, en su vocación progresista y democrática. Vaticino –sin ser necesariamente pitoniso– que la lucha social, en las calles y otros escenarios, estará muy presente en los próximos meses y años, en caso que este nuevo gobierno persista en destruir lo que queda del ESD y no se enrumbe a mejorar las esperanzas y las condiciones de vida de las mayorías excluidas y cada vez más empobrecidas. Porque, al fin y al cabo: No hay mal que dure tantos años, ni cuerpo social que lo resista.

(24 de abril, 2022)

Desafíos de las Bases del Movimiento Social para la Construcción de la Unidad Popular en la Región de Occidente

San Ramón, 27 de julio de 2021

En el contexto que da inicio al siglo XXI, las nuevas generaciones encuentran 4 eventos de trascendente repercusión nacional, como ecos de un proyecto político-económico elaborado por los grupos del poder mundial, que agrupa a los países más ricos del orbe (G-7). Dicho proyecto puesto en marcha amparado al Consenso de Washington, pretende la destrucción del Estado Social de Derecho y Servicios Públicos.

Las jornadas patrióticas contra el Combo del ICE (2000-2002), contra TLC (2006-2007), contra el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo fiscal, 2018) y contra la ley de (des)Empleo Público (2020-2021), sitúan el panorama opaco que recibe a las nuevas generaciones llamadas a dar un rumbo digno, soberano, patriótico, justo, en igualdad y equidad.

En este contexto, nuestra generación y la de relevo tienen la palabra y la facultad de decidir y adquirir un compromiso en pro de nuestra patria y nuestra región.

Dado que no existe un proyecto político de Unidad Popular para articular a los sectores sociales en la Región de Occidente y ante la imperiosa necesidad de crear el sujeto político capaz de unificar esfuerzos para enfrentar la maquinaria derechista neoliberal que liberará todo su arsenal ante la campaña electoral que ya nos invadió, nos interesa conocer la posición de plataformas cívicas y políticas presentes en la Región Occidente, sobre cuáles son los principales desafíos que enfrentamos para alcanzar la unidad, y qué propuestas se plantea para resolver tales desafíos.

Un grupo de Occidente, conformado por personas procedente de diferentes organizaciones y cantones de la Región (Alajuela, Grecia, Naranjo, Atenas, San Ramón y Zarcero), nos hemos unido en una Comisión Organizadora para realizar este FORO.

Los objetivos que se propone son los siguientes:

Objetivo General

Elaborar una estrategia de Unidad Popular con actores de los movimientos sociales y políticos de la zona de Occidente, en el contexto del proceso electoral 2021-2022 y de la lucha y resistencia contra el modelo capitalista neoliberal.

Objetivos Específicos

  1. Analizar la coyuntura país como preámbulo de las demás acciones.
  2. Avanzar en la conformación de una instancia regional de lucha y resistencia contra el modelo capitalista neoliberal.
  3. Discutir las opciones político-electorales en el ámbito nacional y regional y los desafíos que tienen los movimientos sociales en la zona de Occidente, para valorar su pertinencia, efectividad y posibilidades reales en el proceso electoral 2021-2022.
  4. Definir una serie de propuestas y compromisos de parte de los actores sociales participantes para enfrentarse al proceso electoral 2021-2022 de forma crítica, reflexiva y consciente.

Este FORO contará con exposiciones de ponentes invitados e invitadas que representan plataformas de organizaciones sociales, políticas y de carácter popular, presentes en la Región Occidente; así como invitados especiales que nos aportarán sus comentarios finales.

Reciban un fraternal saludo,

Por Comisión Organizadora FORO-TALLER:
Juan José Soto Morales,
Raúl Venegas Castro,
Dayana Ureña Solís,
Enid Cruz Ramírez,
Mainier Barboza Soto,
Mario Cabrera Burgos.

El lobo y la oveja

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

¿Del Consenso de Washington al del Coronavirus?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una invención de artistas, una superstición de empresarios, (…). Sí, ha existido en carne y hueso, aun cuando se le dio todas las apariencias de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra.
El fantasma de la Opera – Gastón Leroux

Hemos visto en los últimos meses entre una conferencia de prensa y la siguiente, una exposición destellante de simpatías o descontentos de diversos actores políticos, sociales o económicos a la anuencia por los préstamos internacionales. Ante esto sólo podríamos encontrarles algún sentido si los abordamos desde la pregunta ¿Hacia a donde apunta la política post-covid19?

Tal vez pocos recuerden la década de 1980, cuando a través del accionar de dos potencias mundiales Estados Unidos e Inglaterra, lograron posicionar un pensamiento y práctica de la gestión política, que al paso del tiempo se le llamó Neoliberalismo, su acta fundante (no oficial) fueron unas recomendaciones de John Williamson, que se conocieron como el Consenso de Washington.

Este consenso, a su modo y estilo sintetizó el pensamiento económico y político de una generación de profesionales de la política; los tecnócratas. Estos delinearon algunas de las posturas que hoy en nuestros países son casi “dogmas”: Disciplina fiscal, disminución del gasto público, reforma tributaria, liberalización, desregulación, privatización y derechos de propiedad, en cualquier espacio de política pública, estas palabras prácticamente son incuestionables.

¿Por qué recordar esto? Hoy, estas “recomendaciones” son denunciadas por su ineficacia o daño social, por ejemplo la privatización de los servicios de salud que han generado una agudización de la crisis sanitaria, la privatización de la educación ha marcado una brecha socioeconómica que aún no logramos vislumbrar su profundidad o paradojas tales como defender la disciplina fiscal que invoca los recortes, ante una crisis sanitaria donde se requiere un enfoque comprometido con garantizar la atención de las personas desde la salud pública.

Asistimos a un momento crucial en la construcción del sentido del pensar-hacer política para nuestras sociedades, aun cuando observamos resquebrajarse las apuestas neoliberales ante su inoperancia y por la denuncia que desde sus luchas diversos sujetos individuales y colectivos han dejado la evidencia de este fracaso. Hoy se reconfigura un sentido común desde los sectores dominantes, que procuran disputar la legitimidad de esta política.

Si hace 31 años el Consenso de Washington consolidó un tipo de política neoliberal, hoy el Consenso del Coronavirus viene a relanzar esa apuesta por una política aséptica de personas, el traslape intencionado de las medidas sanitarias a su aplicación como gestión del conflicto político es una de sus primeras manifestaciones.

Asistimos a gobiernos que virtualizan y banalizan la participación política reduciéndola a páginas web y formularios, es decir una enajenación de la voz de los sujetos, y el triunfo de esta tecnificación son elementos de cuño de este nuevo consenso.

Este enfoque apuesta por el alejamiento y atomización de las personas en los procesos de toma de decisión. El control de los aportes y la validación de los mismos se despersonaliza, se vuelven matrices de información, que pierden sus elementos de problematización, y quedan como eso que son; meros registros.

Es bajo este escenario, donde surge el interés “filantrópico” de las instituciones financieras por apoyar a nuestro país ante la pandemia, un disfraz más para aprovechar los vacíos de poder que ha generado la actual pandemia ante la incapacidad de movilización y protesta. Un escenario ideal para profundizar la política neoliberal, que tiene en nuestro país como hoja de ruta a la reforma fiscal del 2018 (impuestos, empleo público y regla fiscal).

Con el pretexto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, asistiremos a una nueva ingeniera sobre el Estado Costarricense, el replanteamiento de la política social, incluida la educación (educación técnica como único horizonte), la salud (privatización) o la precarización del empleo público con el fin de “optimizar” el gasto, por otro lado la desregulación ambiental para la explotación de los bienes naturales o la venta de activos del Estado son parte de la agenda para promover ingresos “frescos”, estas ideas son parte de lo que se estará disputando en los próximos años.

Bajo el discurso de la inminencia de la crisis y la “inevitabilidad” del sacrificio “necesario” que todos y todas debemos asumir, procuran comprometer la institucionalidad democrática, pero en el fondo lo que más llama la atención es el aplazamiento de la responsabilidad de los sectores ricos por pagar sobre sus ganancias, es decir la legitimación de la evasión y elusión serán la columna vertebral del Consenso del Coronavirus.