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Etiqueta: Constitución Política

La Constitución Política cumplió 75 años en medio de serias amenazas

Carolina Zúñiga Castro

El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.

Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.

Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.

Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.

Intentona dictatorial

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».

Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.

De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!

El fundamento ideológico de la jornada laboral esclavista 4-3

Vladimir de la Cruz

El 31 de mayo de 1978, el Editorial del Suplemento El Industrial, publicado en el periódico La Nación afirmó entre muchas otras cosas lo siguiente: «El trabajo no es, como creen algunos, una maldición, sino la única ideología que, en cualquier sistema político, salva a un país, forja su desarrollo y le permite alcanzar elevadas metas… no admite sucedáneo… es la única arma de progreso… es un acto de liberación… es una forma de plegaria a Dios. Es una condición del hombre y nadie puede escapar de ella… Ninguna ideología puede sustituir al trabajo, duro y tesonero… Hay que encender la mística del trabajo…que no es sino sentido del tiempo… aprovechado al máximo, a plenitud… Es necesario reducir los días feriados…al mínimo, a los necesarios, para que el resto sea un poema continuo al trabajo, que es la única forma de salir del subdesarrollo”.

Desde entonces, los días feriados los han dio reduciendo, eliminando. Igualmente los han ido moviendo de sus fechas originales a celebrarse o tenerse para disfrute los viernes y los lunes.

Para el próximo año ya están moviéndolos para los lunes. Así se correrán, ya aprobados en Comisión Legislativa, debilitándoles la fecha original de su celebración, desnaturalizándoles, desnudándoles de sus ropajes festivos el viernes 11 de abril la Gran Batalla de Rivas, que la pasan al lunes 14, la del jueves 1 de mayo, día Internacional de los Trabajadores y Rendición de William Walker, que es lo que lo hace feriado desde 1858, al lunes 5 de mayo. Las fechas del viernes 25 de julio, de la Agregación o Anexión de Nicoya a Costa Rica; la del sábado 2 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, de la Patrona Nacional; la del viernes 15 de agosto, día de la Madre; la del domingo 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente y de Fundación de la República, la diputada del gobierno, Pilar Cisneros, quiso pasarlas al lunes siguiente de esas fecha, pero no se lo aprobaron en la Asamblea Legislativa. Queda todavía la discusión en el Plenario Legislativo, donde se mueven otros intereses, así como los otros diputados, de los otros partidos, que le sirven de alfombra y felpudo al Gobierno del Jaguar.

Se puede apreciar la importancia histórica de las fechas, que se van dejando vacías en su celebración escolar y colegial, como en el plano nacional, todo bajo la mentalidad mercantilista, poco patriótica, y comercial de justificar esos trasados de fecha con la intención de favorecer el turismo nacional, según dicen, para que los costarricenses tengan la posibilidad de disfrutar de tres días seguidos de “vacación”. Los turistas extranjeros nada tienen que ver con esas fechas. Les da igual cualquier fecha que ya tienen para disfrutar sus vacaciones en Costa Rica. Ninguno de ellos está pensando ni sabiendo que les están moviendo fechas patrias y efemérides nacionales para venderles el paquete de los tres días para vacacionar. Ese es el fraude más grande con el que tratan de engañar para cambiar la celebración de las fechas en el día que les corresponden.

Efectivamente el trabajo, como ideología, en nuestro medio es una forma de dominación social, justificada cotidianamente en la prensa, la radio, la televisión; en la escuela y en el proceso educativo en general.

En el proceso religioso también se acentúa esta forma de dominación, social, cual es: trabajar, duro y tesoneramente, pero no para provecho propio, sino para beneficio del dueño de las empresas, fábricas, fincas o, plantaciones; es decir, trabajar duro para beneficio del dueño de los medios de producción que son absolutamente privados en Costa Rica.

Todo ese trabajo duro, tesonero, místico a cambio de un salario, que no corresponde, como lo sienten todos los días los costarricenses, al costo real de la vida, puesto que los salarios se mueven por escalera mientras los precios de los bienes y productos de la canasta básica viajan en ascensor, al tiempo que los salarios e ingresos básicos de las personas y trabajadores están congelados desde hace cinco años, elevándose los mismos para el próximo año al valor de una coca cola o una caja de cigarros, por mes.

Efectivamente, el trabajo es una forma de dominación social en tanto es el instrumento mediante el cual el dueño de la fuerza de trabajo (el empresario, el industrial, el terrateniente, el patrono de cualquier actividad económica) usa para enriquecerse, para producir riqueza, productos que llevan en ellos el salario del trabajador y un valor agregado que hace que los trabajadores, que producen esos productos, la mayor parte de las veces ni siquiera puedan comprar, adquirir o consumir lo que ellos mismos producen. Extraña contradicción.

Los productores directos no son dueños de lo que producen; ni siquiera lo pueden adquirir. Pero los no productores directos, los patronos, no solo son dueños del producto del trabajo de los hombres que lo producen, sino que también se enriquecen, cada vez más con ese trabajo y con ese producto.

El trabajo es la forma directa de explotación de unos, los patronos, sobre otros, los trabajadores. En este sentido el trabajo es la quinta esencia de la ideología en una sociedad como la nuestra, basada en la explotación de amplias masas de trabajadores a cambio de un mísero salario, que en el mejor de los casos apenas satisface las necesidades mínimas de subsistencia del trabajador.

Por ello también avanza en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, conservando de esa manera las 48 horas semanales que establece la Constitución Política y el Código de Trabajo, como jornadas legales y constitucionales en el país, diciendo, a la vez que los tres días que no se trabajará serán para el mayor disfrute, descanso y bienestar de la familia y de los trabajadores.

Desde el primero de noviembre hasta el 31 de enero del próximo año, inician las Sesiones Extraordinarias del Poder Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, cuando el Poder Legislativo solo conoce para sus respectivos trámites, los proyectos de ley que el presidente y sus ministros envían a la discusión y eventual aprobación parlamentaria. En la Agenda presentada está este proyecto de ley de las jornadas de trabajo esclavista, que no han podido justificar, con pelos y señales, de cuáles empresas en particular las necesitan, cuando la tendencia internacional y europea es bajar las jornadas semanales de 48 y 40 horas a semanas de 36 y 35 horas sin disminuir los salarios.

El interés de aprobar estas jornadas en este período es para que no se queden para los meses siguientes a febrero del 2025 porque es el año preparatorio de las elecciones de febrero del 2026. En ese año, en la Asamblea Legislativa no deben discutirse temas como éste porque pueden influir en el proceso electoral, en los partidos políticos, especialmente en los que están en la Asamblea Legislativa, que por esta discusión podrían aumentar sus diputados en el 2026.

Esta forma de relación social, a través del trabajo, todos los días se justifica, se legitima, se moraliza. La explotación del trabajo asalariado se eleva a rango de distinción honorífica. Honor para el patrón que logra mayores riquezas a cuenta del trabajo asalariado.

Honor para el trabajador, que sin protestar, produce mayor riqueza a su patrón.

Honor a aquel que trabajando aún a sacrificio de días feriados ayuda a producir más riqueza, pero no para él; para su patrón.

Honor para aquellos patronos que aparentan distribuir o compartir parte de sus ganancias con sus asalariados.

El párrafo e ideas del Editorial arriba transcritas, de 1978, que sigue teniendo vigencia, son parte de ese bagaje ideológico mediante el cual cotidianamente se le hace ver al trabajador la necesidad de que debe trabajar más. Por eso están tratando de meter la jornada esclavista de las 12 horas diarias. Los diputados representantes y quienes justifican este proyecto de ley, no se esconden en su defensa para afirmar que el objetivo de esa ley de la jornada 4-3 es para bajar los costos de operación de trabajo, de lo que se les paga a los trabajadores por su trabajo, porque se homogeniza la jornada de ocho a doce horas, evitando pagar horas extras, rebajando de hecho el salario y los ingresos de los trabajadores.

Curiosamente los hechos de la vida real no les dicen lo mismo a los trabajadores: trabajan más; posiblemente producen más; dan más ganancia al patrón pero les alcanza menos el salario, el dinero.

El trabajo aquí actúa como ideología en cuanto justifica, legitima, moraliza, la explotación social, el enriquecimiento de la sociedad (de los ricos, no de los pobres); en cuanto se es más hombre en tanto más y mejor se trabaja; se está más cerca de Dios en tanto más obediente, más resignada y se trabaja de forma más sacrificada (condición supuesta para ganar el cielo). La Iglesia, especialmente la católica débilmente se ha pronunciado en este aspecto, haciéndole el juego a los esclavistas laborales del siglo XXI. Las otras iglesias, que incluso tienen representantes legislativos, están interesadas en ese proyecto por el significado económico que les puede resultar a ellas, por la cuotas obligatorias que les imponen de afiliación a los trabajadores.

Y, todavía, se pretende hacer creer que a más trabajo más rápido salimos del subdesarrollo. Si esto fuera así hace algunos años hubieran abolido los días feriados, hubieran establecido la jornada de 18 horas diarias, sin días de descanso y, por supuesto, tampoco hubieran aumentado los salarios.

Frente a esta explotación directa los trabajadores han reaccionado históricamente de distintas formas. Cuando no tenían conciencia de quién era realmente quien los explotaba, no viendo al patrón en ello, reaccionaron contra las máquinas, las destruyeron; incendiaron sus medios de producción en el campo y desarrollaron otras formas de lucha semejante. Cuando descubrieron que quien los explotaba no era la máquina ni los medios de producción en sí mismos, se organizaron para luchar contra esa explotación que organizadamente se ejercía contra ellos por parte de toda la clase capitalista; de los patrones. Así surgieron los Sindicatos y, Ligas de Obreros, como organismos de autodefensa, en el campo de las relaciones laborales, de los trabajadores, tanto a nivel nacional como internacional, porque el sistema laboral opera a nivel internacional, más en tiempos como los que vivimos de la globalización y la mayor internacionalización por los bloques económicos, los tratados de libre comercio la inserción de nuevas empresas de nuevas tecnologías en los diferentes países, especialmente donde la mano de obra sea más barata.

El país lo que trata de promoverse, con esta ley, es como un país atrayente de empresas porque se les ofrece una mano de obra barata. De allí que no sea tan casual la destrucción del aparato educativo que se mantiene por este gobierno, la expulsión de miles de estudiantes del proceso educativo, la eliminación de las becas estudiantiles, la eliminación de los comedores escolares y de los subsidios al transporte estudiantil. De la misma manera la reducción del presupuesto nacional para la educación pública y para las universidades estatales.

Esta lucha de los trabajadores se orientó desde el siglo XIX a mejorar, el salario, las condiciones de trabajo y las jornadas. En ella la huelga, los paros, los conflictos, convenciones etc., fueron parte de los instrumentos de lucha, destacándose en esto la pelea por la legislación social y laboral, lo que en Costa Ria se materializó con la gran Reforma Social en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1943, de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, fortalecidas bajo el gobierno de José Figueres, cuando presidió la Junta de Gobierno en 1948-1949, y en los gobiernos que siguieron que ampliaron y consolidaron aquellas reformas de 1943. Hoy los partidos herederos de esas Reformas, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, han traicionado su memoria y su herencia política e histórica. Se han puesto en contra de los trabajadores modificando negativamente toda esa legislación laboral, especialmente y la legislación social por añadidura. Especialmente se ha puesto violento contra la Reforma Social el partido Unidad Social Cristiana y sus diputados, que parecen más de la guarida del Jaguar, que representantes populares, que defiendan sus derechos, los del pueblo trabajador.

Los trabajadores en su historia de lucha descubrieron que aun haciendo huelgas toda la vida, su situación de clase no iba a cambiar, aunque mejoraran sus condiciones de vida y de trabajo: seguirían siendo al fin y al cabo una clase explotada, sometida a la dictadura de clase ejercida por los patronos a través del Estado, por más libre y democrático que se llamara y por más libertades que proclamara en el papel. El presidente de la República, el Jaguar mayor de Zapote, ha acusado a esos dos partidos que han ejercido gobiernos desde 1953, que han sido antros de dictadores y tiranos al servicio de camarillas de gobierno que han ejercido sus poderes en contra el pueblo costarricense. Por ello, el Jaguar se presenta como el presidente que quiere gobernar en favor del pueblo, pero que no puede hacerlo porque esos partidos lo tienen atrapado e inmovilizado institucionalmente.

Los trabajadores en sus luchas, desde el siglo XIX hicieron surgir también las organizaciones políticas, los partidos de la clase obrera, que abrieron la perspectiva de cambiar la situación de clase explotada, llevando a la clase obrera y trabajadora al poder y aboliendo toda forma de explotación social, de tal manera «que los expropiadores (de trabajo, los patronos) fueran expropiados”. Solo así, señalaban los dirigentes políticos de la clase trabajadora, realmente se podría alcanzar una situación de justicia social, de felicidad social. Solo en esta perspectiva el trabajo sería un acto de liberación, cuando lo producido estuviera al alcance de quienes lo producen y cuando el valor de lo producido regresara a quienes lo producen en obras de beneficio social; se reinvirtiera en más y mejor educación, vivienda, salud, recreación y descanso real. La jornada esclavista que se presentó a trámite legislativo no producirá ese beneficio social, ni un mayor bienestar de vida para los trabajadores y sus familias. Esa jornada conducirá inevitablemente a debilitar la integración familiar y a la familia como fundamento de la sociedad.

La justicia social no «es fruto del trabajo» sino de la organización social del trabajo, de tal manera que en ella no haya explotación del hombre por el hombre.

La justicia social como Derecho es el resultado de la lucha de la clase obrera y trabajadora, del campo y de la ciudad, y no «una invención legal» ni una dádiva de las clases gobernantes.

La vagancia no es una forma de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. La lucha social, obrera y laboral conduce a eliminar a los parásitos, a los que viven de la explotación de los trabajadores a los expropiadores de trabajo, a los patronos como clase, que se aprovechan de la organización del trabajo asalariado explotado. Así fue planteado por los grandes lideres históricos de la clase trabajadora y sus luchas. Esta sí es una bandera de reivindicación social. Es una bandera para el período electoral que se avecina, desde hoy, en la Asamblea Legislativa.

De la misma manera que los empresarios, los patronos, los industriales llaman a elevar la mística del trabajo, con más trabajo concentrado diario, la clase obrera, trabajadora, del campo y de las ciudades, debe llamar a elevar la mística de la organización obrera y laboral, la organización sindical y partidaria; a elevar su nivel de lucha, de movilización, de agitación.

Si los representantes parlamentarios de los ricos dicen a trabajar los días feriados, porque les cuesta millones a su economía; que los trabajen ellos, ¿por qué los trabajadores deben aumentar más, con más trabajo, las arcas millonarias de los ricos o del Estado, que no los representa?

A la consigna de la clase gobernante de más trabajo la clase obrera y trabajadora costarricense debe oponer la de más organización, más lucha contra la explotación y contra el subdesarrollo social en que la quieren poner a vivir.

Compartido con SURCOS por el autor.

Relación conflictiva entre el gobierno y la CCSS

De Martín Rodríguez Espinoza

En el video adjunto al final de este texto, se señala al presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, con un enfoque principal en la relación conflictiva entre el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la entidad responsable de los servicios de salud pública en Costa Rica. Donde se analiza que el gobierno está saboteando las operaciones de la CCSS al evitar que el Ministerio de Hacienda le transfiera los fondos necesarios para su funcionamiento, una acción que se considera violatoria de la constitución y las leyes nacionales.

Se menciona también el impacto negativo de estas acciones en la población costarricense, al señalar que muchas personas enfrentan largas esperas para recibir atención médica básica debido a la falta de recursos. Se aborda que los ciudadanos deben hacer fila desde horas tempranas en la madrugada frente a las clínicas y hospitales para intentar conseguir un turno, lo cual refleja un sistema de salud saturado y falto de recursos. Este problema se agrava con la escasez de especialistas, equipo médico, medicamentos e infraestructura adecuada. También se aborda el caso específico de la construcción del nuevo hospital en Cartago, la cual, ha sido sistemáticamente bloqueada por el gobierno, a pesar de que dicha infraestructura es urgente para mejorar la atención médica en la región.

Por estas razones, se acusa directamente al presidente y al ministro de Hacienda de negligencia y falta de responsabilidad en su gestión, responsabilizándolos de las muertes y la pérdida de vidas de costarricenses que no reciben atención médica oportuna. Se cuestiona si el gobierno está buscando protegerse de posibles responsabilidades al no cumplir con sus obligaciones hacia la CCSS y al no permitir que su Junta Directiva funcione adecuadamente para aprobar decisiones críticas para la salud pública.

Finalmente, se denuncia lo que considera una falta de ética y patriotismo por parte de quienes ocupan altos cargos en el gobierno, acusándolos de seguir órdenes del presidente sin considerar el bienestar del país y sus ciudadanos, enfatizando una percepción de que el gobierno está actuando en contra de los intereses del pueblo costarricense, protegiendo sus propios intereses y debilitando el sistema de salud pública en el proceso.

Se puede visualizar este video en el siguiente enlace:

https://vm.tiktok.com/ZMhCPkUxE

¿Cómo entender la Póliza que el Gobierno quiere recetarse?

Vladimir de la Cruz

Las pólizas son documentos en los que se establecen condiciones generales y específicas de contratos de seguro, de obligaciones y derechos de las personas aseguradas y de la compañía que les brinda el seguro, o el servicio de protegerlos de esa forma.

Son seguros de protección que adquieren las personas, los profesionales de distintas disciplinas o actividades laborales para cubrir aspectos relacionados con su práctica laboral o profesional, en casos de que en ellas se cometan faltas, malas praxis, y por resultado de ellas responsabilidades que se deben cubrir pecuniariamente con los afectados de esos trabajos o labores.

Los médicos, por ejemplo, especialmente los especialistas, adquieren esas pólizas para cubrir resultados negativos de sus trabajos, o demandas que puedan sufrir por la insatisfacción del trabajo médico quirúrgico hecho.

Así, la póliza protege al asegurado sobre los riesgos previstos en el contrato de seguro, en la póliza, en la posibilidad de que se produzcan resultados dañinos resultado de su trabajo, por el que deban afrontar una demanda de gastos por el daño o incidentes causados.

Es usual en Costa Rica tomar obligadamente pólizas sobre créditos bancarios o financieros, con las cuales los bancos obligan a los que reciben esos préstamos a tomar una póliza a favor del banco, y del crédito mismo, en caso de que no se pueda cubrir por alguna situación, durante el tiempo fijado o determinado de vigencia de esa póliza.

Las pólizas tienden a producir seguridad y tranquilidad para cubrir posibles riesgos. Así la persona asegurada puede presentar la reclamación para recibir la inmunización acordada en la póliza.

Hay pólizas de muchos tipos, de gastos médicos, de autos, de vida, de estudiantes, para flotillas de autos, las colectivas de vida.

Póliza y seguro son conceptos que se relacionan. El contrato de seguro es el acuerdo que se establece entre el asegurador y el cliente asegurado. La póliza refiere al documento donde se establecen los datos, coberturas y condiciones que se pactan.

Todas las pólizas tienen lo que se llama un saldo, que es un porcentaje de lo pactado que siempre se lo deja el asegurador, una vez descontado de lo que se cubrirá al asegurado. De manera que si se toma una póliza, por ejemplo, de 300 millones de colones y el saldo que se deja la empresa aseguradora es de un 10%, la empresa se deja 30 millones, sea la empresa o quien dentro de la empresa realiza el contrato de seguro o la póliza pactada como pago de comisión por el contrato hecho. Así, cuando desde el gobierno se impulsa un proyecto de tomar una póliza para cubrir actos de ciertos funcionarios, del más alto nivel, bien podrían estarse negociando aspectos relacionados con esos porcentajes, de a quien le quedan. Todas las pólizas tienen gastos por tipos de interés y de comisión.

En teoría, las pólizas ayudan a aclarar y reforzar los niveles que se esperan de los empleados en todas sus relaciones profesionales o laborales. Igualmente, se deduce de esto que los empleadores que gestionan, al personal asegurado por la póliza, pueden ejercer un control más directo y eficaz sobre lo que se acepta o no de su trabajo.

Los gobernantes, por el principio de representatividad política, son mandatarios del poder soberano del pueblo, son depositarios de un mandato, que resulta del voto de los ciudadanos, en cuyo nombre ejercen el gobierno de la República.

El pueblo en general y los votantes en particular son los mandantes de los mandatarios. El pueblo en general y los votantes en particular pueden exigir cuentas, ejercer control político directo. Pueden pedir incluso, en la teoría política, la destitución, la renuncia o pueden proceder a remover al mandatario que se aparte del poder de sus mandantes, exigiendo que gobiernen bien, a favor del pueblo.

Los mandatarios, llámense presidente, vicepresidentes, o funcionarios que resulten electos por votación popular, o aquellos que sean nombrados por estas autoridades, como los ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, NO pueden actuar en contra del pueblo o los mandantes. NO pueden abusar del pueblo. NO pueden excederse de su ejercicio de gobierno. NO pueden producir actos de corrupción, de deshonestidad, de extralimitarse sobre todo de manera dolosa, alevosa o criminosa. NO pueden justificar o tratar de cubrirse, por medio de una póliza, de actos que presumiblemente valoran en posibilidad de que les califiquen de corruptos que puedan realizar, o de actos dañinos que puedan ejecutar contra el interés público, el medio ambiente, los derechos y libertades, o incluso contra la misma alteración del Estado de Derecho.

Es justamente este Estado de Derecho el que obliga al mandatario, al presidente y sus colaboradores, a actuar en el marco de las leyes y de la Constitución Política, sabiendo que solo pueden realizar, hacer o ejecutar lo que las leyes y la Constitución Política les permite. NO pueden salirse de ese marco normativo alegando que no les dejan gobernar.

Los gobernantes, sea como se llamen, están limitados por las leyes. Los ciudadanos a diferencia de ellos están gobernados por las libertades y derechos que disfrutan constitucional y legalmente establecidas. Para los ciudadanos las libertades y derechos no están limitados porque no serían libertades y derechos. Se ejercen en el ámbito del disfrute colectivo de las mismas libertades y derechos respetuosos para los ciudadanos.

Los dictadores, los tiranos, los déspotas, los gobernantes autoritarios, los gobernantes militaristas justamente se distinguen por no someterse a las limitaciones de las leyes y de la Constitución en su actuar gubernativo. Se distinguen también cuando dolosa y alevosamente las violan, las incumplen, las desconocen y rechazan con sus actos, o cuando en procura de sus malas actuaciones, conscientes y previsibles, tratan de cubrirse de demandas civiles y penales que puedan causar sus políticas, y personales actuaciones, en ejercicio del cargo que desempeñan, incluso prolongando esa protección más allá de su mandato funcional.

En materia de seguros se dice que las pólizas sirven para brindar cobertura total o parcial al asegurado ante un siniestro, de un acto que obligadamente se tenga que indemnizar, por el conjunto de daños que puedan producirse de esas actuaciones.

Siniestro implica mala intención. Si el gobierno está tratando de cubrirse con una póliza hay que entender que tienen, en el gobierno, malas intenciones en el ejercicio de los cargos que desempeñan quienes así quieren cubrirse y protegerse, del mal ejercicio de su obligación laboral y directora institucional. El malintencionado es un malvado. Malvados son los miembros del gobierno que están impulsando la cobertura de la póliza para sus malvadas intenciones de actuación pública, sin importarles si violan o no las leyes y la Constitución, si con la póliza pueden protegerse de actos que están realizándose, o que se tiene planeado realizar o impulsar.

El siniestro es también una destrucción total o parcial de los bienes sobre los que recae el interés asegurado. Esto significa que estamos ante la destrucción total o parcial del país y del Estado costarricense por quienes están gobernando Costa Rica, y quieren protegerse a cuenta de una póliza de una entidad estatal de lo mal que pretenden administrar el país en los pocos meses que le quedan. En el reino animal, que puede ser el del jaguar, es depredar el ecosistema, degradarlo. En lo política equivaldría a depredar y degradar la democracia como sistema, como el inquilino de Zapote lo está haciendo cotidianamente.

Siniestro significa también maldad, daño y peligro. La póliza que se está tratando de justificar desde la guarida del Jaguar de Zapote nos está advirtiendo de la maldad, del daño y del peligro que significa para el país la continuidad del mandato que está depositado en ese jaguar, sus jaguaras y sus cachorros.

Sicológicamente, siguiendo a Freud, lo siniestro se evidencia en la persona que se encuentra desconcertada y perdida. Entendido así, hay que comprender que el presidente está perdido y desconcertado; es decir, y es evidente con lo que llevamos de gobierno, que no sabe para donde ir, que no tiene ruta, ni velas, ni brújula, ni sextante, ni astrolabio. Como diríamos en lenguaje popular costarricense: el presidente se encuentra más perdido que el niño de la Llorona…

En general, las pólizas obligan a ambas partes, al que la da y al que la recibe. En los anuncios de la póliza, que es como un manto protector de tortas, de mala praxis, de mala praxis gubernativa, no se ha dicho a qué se compromete la cuadrilla de trabajadores que se quieren cubrir con esa póliza estatal, que la pagan todos los costarricenses.

Por las leyes laborales del país, las de la seguridad social y las de seguridad e higiene ocupacional, la Casa Presidencial está cubierta para todos sus funcionarios sin necesidad de brindarles una cobertura especial adicional. Si tiene una caída, una enfermedad o un accidente están cubiertos como cualquier otro trabajador, siempre y cuando sean ocurrido como resultado de su actividad laboral, no de sus intenciones de realizar trabajos riesgosos, peligrosos, dañinos, que pueden tener efectos sobre los ciudadanos, sobre la sociedad, sobre bienes públicos, sobre el medio ambiente.

La póliza que el gobierno gestiona no es como las de la ley de Tránsito que protegen, en caso de lesión y muerte, a las víctimas exista o no culpa del conductor. Tampoco son pólizas por incapacidad laboral, que le dan un subsidio al trabajador.

Las pólizas que se quieren recetar en el Gobierno es una manera disfrazada, lo que se llama un fraude de ley, de aumentarse el salario mensual de los funcionarios, de aumentarse el aguinaldo y lo que les pueda aumentar en sus futuras pensiones. Es contrario este aumento a la legislación que se ha venido aprobando en contra de todos los trabajadores. Es también fraudulento el proceso de enriquecerse con los fondos públicos, de esa manera, para tener un ingreso adicional disfrazado mediante la póliza.

Por otra parte, si las autoridades de gobierno quieren recetarse esta protección y este aumento de salario solapado, ¿por qué no extender la protección de la póliza, del presidente y sus amigos, a todas las autoridades municipales, al alcalde, a los vicealcaldes, a miembros de los concejos municipales y aquellos funcionarios que tengan responsabilidades en la toma de decisiones, en la misma proporción que las autoridades que rodean al presidente? ¿Acaso no son lo mismo a nivel de los gobiernos locales? Ahí tenemos 84 pequeños gobiernos. ¿qué espera la Unión de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento de Ayuda Municipal para sumarse a la gestión de Zapote. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el refrán popular. Igual para todos los funcionarios: que los jerarcas se cubran por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para PROTEGER SU REPUTACION y COSTEAR ASESORAMIENTOS DE RELACIONES PUBLICAS. Este último aspecto muy importante ante las próximas elecciones, en catorce meses, para mejorar imagen de posibles candidatos. La protección de la póliza cubre sobre actuaciones ejercidas durante el período en que ocupó el puesto mientras la póliza se encuentra en vigencia.

¡Qué rico gobernar así!, casi sin responsabilidades. Con posibilidades abiertas de cometer cualquier acto ilegal, inconstitucional, dolosa y alevosamente si fuera del caso…

La realidad que ha puesto a la vista el presidente con esta gestión en estudio, de la póliza que disfraza el aumento de salario y protege de cualquier torta, es que estamos a las puertas de la asunción celestial, en cuerpo y alma, de un equipo de Gobierno Absoluto de la Corrupción Nacional, sin descuidar la mala fama internacional que el gobierno ha adquirido y goza de tener un narco Estado en el país, bajo su administración.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reflexiones acerca del ensayo Grupos de Presión en Costa Rica, tesis de grado (1967) del Dr. Oscar Arias Sánchez y la Costa Rica del Siglo XXI (2025)

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Otto Arroyo Quesada

Otto Arroyo Quesada
Posgraduado en Marketing Harvard Busines School. Maestria en Alta Gerencia
Licenciado en Gestión de Empresas, Docencia y Pedagogía
Cerficado de Formación de Emprendedores e Innovación
Académico, Gestor de Tecnología y Emprendimientos,
Empresario Agroindustrial Ganadero
Amplia experiencia en gerencia con empresas transnacionales
dentro y fuera de Costa Rica
Contácteme: otto.arroyo66@gmail.com
Cel. 506 88239924

Fue la Tesis de grado de don Oscar Arias para optar por titulo de licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica. Estamos en la Costa Rica de setiembre de 1967 (hace 57 años). Un ensayo que se recomienda para publicar como libro en la Editorial Costa Rica en 1971. Con un preámbulo de Don Alberto Cañas que consideró un aporte valioso al estudio de la vida costarricense y de sus características.

Este valioso ensayo expone la inevitabilidad de los grupos de presión en el juego democrático, la aceptación y la generalización en Costa Rica en 1967. Se fundamenta la distinción entre grupo de presión y grupo de interés asi también los partidos políticos. “El partido pretende la conquista del gobierno y el grupo de presión los intereses específicos.” Con anterioridad a 1844 no existieron grupos de presión en Costa Rica. La producción y exportación de café generó el primer grupo de presión. Plantea el autor la primera premisa: “es indispensable,(…) reforzar la autoridad gubernamental, un Poder Ejecutivo vigoroso, una Asamblea Legislativa independiente y un un sistema de partidos fuertes y eficientes, constituyen la mejor garantía contra el peligro desintegrador que encierra el grupo de presión” Solo ello permitió a los legisladores, sustraerse a las presiones de las minorías organizadas. De alli, “ la necesidad de un adecuado liderazgo nacional de partidos que nos permita abandonar el personalismo característico de nuestra historia.”

La diferencia entre grupos de presión y los partidos políticos – sugiere el autor- que en nuestra realidad deben ser algo más “que simples clientelas agrupadas alrededor de un personaje influyente”. De allí que “no concebimos nuestra democracia sino en función de una fuerte competencia de partidos”.

En ese sentido, se pregunta (1967) el autor: “¿Qué es un partido político? El partido es, ante todo, un intento organizado de alcanzar el poder, su finalidad es gobernar. Y un grupo de presión se transforma en partido político cuando decide presentar candidatos a las elecciones con miras a la obtención de la función de tomar decisiones. Es posible pertenecer a más de un grupo, pero no a más de un partido político. La diferencia entre grupos de presión y partidos políticos, es muy clara en los regímenes bipartidistas pero pierde su sentido donde existe múltiples partidos.”

Para el autor, hay una proliferación de grupos de presión e interés. De allí la pregunta: ¿desde cuándo existen los grupos de interés en nuestro medio? Y entra de lleno a realizar un breve análisis de la historia costarricense abordando la raíz histórica de grupo de presión en Costa Rica que no se desarrolló sino hasta 1808 cuando el gobernador don Tomás de Acosta introdujo el café en Costa Rica. Surgiendo el grupo cafetalero y sus familias exportadores y comerciantes importadores y con ello el advenimiento del grupo cafetalero al poder convirtiéndose en el primer grupo de presión de Costa Rica. Antes de 1844 ningún sector de la población pudo acumular riqueza suficiente para la capitalización que los llevo a consolidar su posición económica a través de prerrogativas, monopolios, leyes proteccionistas, precios altos, salarios bajos. Incluyendo el derrocamiento de Juan Rafael Mora Porras y Alfredo González Flores.

Ha habido – nos dice el autor- una expansión de la administración pública costarricense y la creación de un Estado empleador que generó una enorme burocracia, nuevo fértil campo donde se ejerce influencia y donde hay una gran trabazón cada vez más compleja de intereses por parte de los grupos de presión e interés.

En ese escenario (1967) se preguntaba el autor: ¿Qué prefiere Costa Rica? Nosotros – él como representante en esa época del poder cafetalero y azucarero- “nos inclinamos por un sistema de partidos fuertes y disciplinados. Consideramos más democrático un país regido por partidos que uno regido por grupos.” “¿Y acaso no es el partido político un grupo? – se pregunta el autor- y responde: Advirtámoslo una vez más: preferimos una democracia de partidos políticos a una democracia de grupos de presión. Estos tienen derecho a ser oídos, pero no a gobernar.”

En cuanto a los grupos de presión y la opinión pública. Nos aclara: “la opinión pública no es más que la opinión privada de aquellos que tienen poder para difundirlo” por ello sugiere el autro “un régimen político de partidos fuertes en el cual los grupos cumplen únicamente una función complementaria.”

Finaliza el ensayo exponiendo la inevitabilidad de nuestros grupos de presión como un movimiento de reacción natural pero que esta en deuda con el campesino que desconoce la organización. Y nos da un dato fundamental: nuestros grupos de presión (1967) no reúnen sino a un porcentaje muy reducido de la masa total de interesados. Por ello, reitera es necesario un Poder Ejecutivo vigoroso, una Asamblea Legislativa independiente y un sistema de partidos políticos fuertes y eficientes para enfrentar a los grupos de presión o de interés. los partidos políticos son un poder de equilibrio y contrapeso que evita la anarquía caso contrario iríamos hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos. “El personalismo político que por tanto años nos ha caracterizado, es producto directo del marcado individualismo que define el costarricense. Al pueblo le seducen los caudillos y tras de ellos ha ido desde la Independencia. En ese sentido preferimos- nos dice- una lucha de ideas a una pugna de personalidades.

Existe desde 1967 una inevitabilidad de los grupos de presión en el juego democrático y su aceptación en Costa Rica al amparo de nuestra idea de libertad. La democracia de hoy (1967) es una democracia de grupos. Es el grupo y no el individuo, el que posee ahora virtualidad suficiente para ser sujeto político. En nuestros días (1967) la política es una gran feria en que el grupo más fuerte y hábil compra mayor cantidad de mercancías: leyes, decretos, reglamentos etc. Hemos llegado a un grado de complejidad en que los grupos se hacen invisibles e imposibles de determinar. El poder en Costa Rica si puede ser localizado y medido. La democracia de hoy (1967) la llenan los PARTIDOS y los GRUPOS DE PRESIÓN. Y el dialogo ya no es de individuos si no de grupos y partidos. Y ello profundizó la democracia en Costa Rica.

Continuando con éste análisis permítasenos hacer una extrapolación. De 1967 a 2024 han pasado 57 años. Costa Rica construyo el Estado Benefactor (1948 – 1980) y del Modelo de Sustitución de Importaciones viramos hacia el Modelo Orientado a la Exportación con Régimen de Zonas Francas, TLC, Apertura Comercial y Desregulación Arancelaria (1980 a la fecha) Se da un marcado agotamiento del sistema político tradicional – bipartidismo tradicional-, el impulso al modelo neo liberal y el ascenso del multipartidismo con la llegada del PAC.

Releyendo el texto del Dr. Oscar Arias Sánchez en nuestros días podemos argumentar algunas ideas. La Generación del 48 se extingue con la muerte de don Pepe, don Daniel Oduber, don Luis Alberto Monge, entre otros que fueron socios fundadores del Partido Liberación Nacional con fecha 12 de octubre de 1951 en la finca “ La Paz” , de San Ramón. Fue en el mes de octubre 1975, cuando don Daniel Oduber nombra al joven Ministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica al Dr. Oscar Arias Sánchez, doctarado en la Escuela de Economía de Londres – que no era parte de la Generación del 48–

Recordemos que don Daniel Oduber pierde las elecciones 1966 – 1970. Precisamente por los grupos de interés y de presión en una campaña guiada por la táctica de la Gran Mentira, la irresponsabilidad de las afirmaciones y la lentitud de mecanismos para restablecer la verdad conducida por el partido político Unificación Nacional y el periódico – grupo de presión e interés- La Nación liderada por los gemelos hermanos Vargas Gené y el radioperiódico La Palabra de Costa Rica. Como también los principales señores del capital costarricense que se decantaron por don Mario Echandi afín a sus intereses. La propaganda antiliberacionistas fue brutal contra Liberación Nacional y don Daniel Oduber. Fue una técnica de intoxicación.Con información falsa. Algo similar ocurre en nuestros días de la internet y redes sociales.

Costa Rica desde 1951 es en parte guiada por la hegemonía del Partido Liberación Nacional – partido fuerte, disciplinado y vigoroso- hasta 1990 – Primer Gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez-. Y a partir de este último gobierno empieza el debilitamiento orgánico del Partido Liberación Nacional que llega con el Segundo Gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, luego Laura Chinchilla y cierra con el hijo del caudillo: José María Figueres Olsen. La oposición sigue un mismo camino, primero Unificación Nacional, luego Coalición Unidad, posteriormente Partido Unidad Social Cristiana que se hunde con el hijo del otro caudilllo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier -– que no era parte de la Generación del 48-.

¿Qué tenemos hoy 2024 – 2026?

PRIMERO Un debilitamiento de los partidos políticos ideológicos, fuertes y eficientes dentro del anterior marco del Bipartidismo: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Nuestros partidos tradicionales van rumbo a la disolución, desintegración o destrucción. Un nuevo multipartidismo en crisis generado por la emergencia del Partido Acción Ciudadana, PAC, que esta en profunda crisis, estado de coma y posible disolución orgánica. Tenemos partidos testimoniales con candidaturas testimoniales que solo llegan como diputados a la Asamblea Legislativa y su aporte es nada significativo.

SEGUNDO Aquí esta el problema sustancial de nuestra democracia costarricense del año 2024 rumbo a elecciones 2026. Nos referimos al auge y ascenso ante el vacío de poder que están tomando los grupos de presión e interés en nuestros días, altamente peligroso para el juego democrático representativo de partidos políticos que tienen el monopolio de la representación electoral.

Bien lo expuso en 1967 el Dr. Oscar Arias Sánchez: “es indispensable,(…) reforzar la autoridad gubernamental, un poder ejecutivo vigoroso, una asamblea legislativa independiente y un un sistema de partidos fuertes y eficientes, constituyen la mejor garantía contra el peligro desintegrador que encierra el grupo de presión” De allí, “ la necesidad de un adecuado liderazgo nacional de partidos que nos permita abandonar el personalismo característico de nuestra historia.” “Los grupos de presión deben tener límites.” De allí que “no concebimos nuestra democracia sino en función de una fuerte competencia de partidos”. Y, “eso frena que un grupo de presión se transforme en partido político cuando decide presentar candidatos a las elecciones con miras a la obtención de la función de tomar decisiones”. En nuestros días asistimos al nacimiento de grupos de presión o interés que se están transformado en PARTIDO POLÍTICO UBER – Con un Socio Conductor – llamémosle Financista- que se encuentra cerca de ti, acepta tu solicitud de viaje y te lleva a donde quieras ir, de forma fácil, cómoda y segura.- En sustancia no son verdaderos partidos políticos con trayectoria sino un vehículo para asaltar el poder político y solo irían por un fin único el del grupo de presión o interés.

Se estiman 47 partidos inscritos o en proceso de inscripción en el TSE CR para las elecciones del 2026. Nos preguntamos: ¿Son grupos de presión o de interés buscando camuflarse como partidos políticos para tomar el poder? O ¿Son nuevos partidos políticos del tipo UBER descrito supra?. El Tribunal Supremo de Elecciones debería intervenir para estabilizar el sistema político electoral de cara 2026. Hay que cambiar el Código Electoral de Costa Rica.

TERCERO En el actual escenario (2024) nos preguntamos: ¿Qué prefiere Costa Rica? Nosotros nos inclinamos – igual que lo expuesto (1967) por el Dr. Oscar Arias Sánchez- por un sistema de partidos políticos por que consideramos más democrático un país regido por partidos políticos que uno regido por grupos. En ese sentido, Costa Rica requiere con urgencia dos grandes bloques de partidos políticos que estabilicen el sistema político electoral costarricense. Preferimos una democracia de partidos políticos a una democracia de grupos de presión para evitar la ANARQUÍA hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos que destruirán nuestra democracia social que ha costado siglos de construcción. No debemos dejar de lado que los sistemas políticos pasan por tres fases: estables, inestables y caóticos.

El debilitamiento de los partidos tradicionales y emergentes: PLN, PUSC, PAC a generado un vacío de poder que nos esta llevando hacia CAOS, CONVULSIÓN, CRISIS Y NUEVA GUERRA CIVIL EN COSTA RICA. Estamos a un paso de guerra civil en un nuevo escenario de economía digital virtual guiada por el poder de las redes sociales y el individuo no partidario dado el deterioro de la base institucional costarricense o en las amenazas al sustrato democrático del sistema político: los partidos políticos. Es por ello que se hace necesario un conglomerado – clúster político partidario– donde estén el PLN, PAC, FA, los centros izquierdas o izquierda modera o extrema y otro conglomerado – clúster político partidario – donde se integren los centros derechas, derecha, derecha extrema o bien ultraderecha. Dos grandes clúster políticos partidarios para sostener la estabilidad del sistema político, cultural, económico y social de Costa Rica en el Siglo XXI. Tienen la palabra los distintos líderes de esas agrupaciones políticas citadas.

CUARTO Con la llegada al planeta en los 90s de World Wide Web (WWW), y en nuestros días las redes sociales asistimos a la muerte de las democracias y las dictaduras. Estamos en la era del final de la democracia. Son tiempos apocalípticos para las democracias. Para todos los partidos politicos tradicionales son una amenaza y un debilitamiento de sus estructuras. La inestabilidad y caos es el nombre del juego junto a liderazgos caudillistas, personalistas, populistas que llevaran a desaparecer a nuestra democracia. Agreguemos que el objetivo a cuestionar por los grupos de presión e interés es la separación de poderes, entonces estamos a un paso del abismo dado que nuestra democracia apostado históricamente por la separación de poderes. Lo anterior, esta en la agenda de los GRUPOS DE PRESIÓN E INTERÉS en Costa Rica.Hay premeditación de parte de estos grupos. Esto esta siendo conducido. Recordemos la campaña la GRAN MENTIRA que le aplicaron a don Daniel Oduber en su primera candidatura. Algo similar pero más profundo dado el uso de las redes sociales esta sucediendo en el lado oscuro de Costa Rica.

La manera de hacer política ha cambiado. Las redes sociales reúnen a la gente y la concentran en grupos de presión e interés: Facebook, Tik Tok, WhastApp, Twiteer. Y allí todo es verdad y nadie puede estar en oposición o desacuerdo. El ‘Me gusta’ o los “Likes” es más importante que el análisis científico, los datos y los hechos concretos. Informar ya no interesa. Hoy se “trata de enganchar a la gente”. Todo es manipulable. Y quienes buscan destruir nuestra democracia usan sin asco las redes sociales generando polarización política, cultural , económica y social. Las generaciones Z – nacidos en los 90s- que no vienen de la Generación del 48, ni que vivieron el Bipartidismo, quizás una cola del multipardismo en Costa Rica son mas propensas a la manipulación dado su aislamiento tecnológico del mundo exterior. Ningún Directorio Político o Comité Ejecutivo del PLN, PUSC, PAC, FA otros la vio venir. Encerrados en su torre de marfil, su arca de la alianza, su santo grial, su atalaya, y dada su actitud de dioses y diosas del Olimpo no percibieron que la realidad concreta dio un giro de 360 grados de 1990 a la fecha.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La Costa Rica del Siglo XXI, específicamente la sociedad actual va rumbo al caos, convulsión, crisis y una nueva guerra civil (2025-2026) muy diferente a la Guerra Civil de 1948 – que en sustancia se dio por el respeto al sufragio electoral-. Y, esto no lo para ninguna Asamblea Nacional Constituyente – organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución.- Sería altísimamente peligroso convocarla dado que la infiltración de grupos de presión e interés – partidos políticos UBER- serían las personas o representantes del pueblo que tendrían a su cargo dictar la ley fundamental de organización de un Estado o modificar la existente». Sin partidos políticos no se puede convocar a ninguna Asamblea Nacional Constituyente.

Como bien lo dejó por escrito el Dr. Oscar Arias Sánchez, en su tesis de grado 1967 y vigente para la Costa Rica del 2025: “Necesitamos un sistema de partidos políticos fuertes y eficientes para enfrentar a los grupos de presión o de interés. los partidos políticos son un poder de equilibrio y contrapeso que evita la anarquía caso contrario iríamos hacia un neofeudalismo de grupos de interés todopoderosos.”

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

La lucha por el presupuesto universitario es por la Patria

Vladimir de la Cruz

La lucha por el presupuesto universitario la iniciamos los estudiantes que formábamos parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, durante los años 1967 -1973. Por aquellos años la Universidad de Costa Rica, la única en ese momento en el país, recibía el 10% del presupuesto nacional de Educación.

La lucha que dimos fue por igualar el presupuesto de la Universidad al de la Corte Suprema de Justicia, el 6% del Presupuesto Nacional.

Fue una lucha prolongada, intensa, dura y tensa. Las organizaciones estudiantiles existentes en la Universidad se fueron integrando a esta lucha. La Federación de Estudiantes y los otros grupos políticos levantaron esta bandera.

En el gobierno de José Figueres organizamos la Gran Marcha del 6%. En la noche anterior a la marcha el presidente Figueres envió al Dr. Luis Burstin a la Federación de Estudiantes, donde estábamos en el Comité Organizador de la Marcha, a convocarnos a su casa para hablar sobre la petición de los estudiantes. Fuimos allí, entre otros, Oscar Madrigal, Constantino Urcuyo, Francisco Barahona, entonces presidente de la Federación de Estudiantes y yo. Figueres nos planteó suspender la marcha. Nosotros mantuvimos la tesis de la asignación presupuestaria.

La marcha se realizó majestuosamente. Gigantesca fue la marcha. Desde el Balcón de Radio Monumental hablamos tres personas, por su orden, Vladimir de la Cruz, por el Comité de Huelga y Organizador de la Marcha, Francisco Barahona, presidente de la Federación de Estudiantes y el Rector de la Universidad, Eugenio Rodríguez Vega.

El terreno de la lucha universitaria por un presupuesto justo para la Universidad estaba abonado. La lucha se mantuvo con presión hacia los diputados, que finalmente aprobaban el Presupuesto Nacional de la República.

Las luchas del movimiento estudiantil en aquellos años, y los cambios que se operaban en la Universidad de Costa Rica, especialmente bajo las directrices del III Congreso Universitario, a principios de la década de 1970, llevaron al Presidente Figueres, y luego al Presidente Daniel Oduber, en esos gobiernos desde 1970 hasta 1978, a impulsar la apertura de las otras instituciones de educación superior en el país, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Probablemente impulsaron esas universidades con la finalidad de neutralizar a la Universidad de Costa Rica, en la politización que se había alcanzado, especialmente en su movimiento estudiantil. Las otras instituciones de educación superior, a como iban surgiendo, se iban sumando a esta lucha y otras nacionales y patrióticas.

Con ello el presupuesto de la Universidad de Costa Rica empezó a verse en la dimensión de garantizar el presupuesto para todas las instituciones de educación superior, lo que llevó a las reformas constitucionales respectivas y a la constitución del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES. Constitucionalmente se llegó a garantizar un 8% del PIB, al igual que para la educación nacional pública.

El porcentual constitucional ha sido objeto de debate, de luchas y de movilizaciones, año tras año. En algunos gobiernos con más intensidad que en otros. No ha importado si han sido gobiernos dirigidos por el partido Liberación Nacional, creador de estas últimas universidades, a las que hoy se suma la Universidad Técnica Nacional, de Alajuela, que también forma parte del FEES, o la Universidad de Costa Rica creación del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que el partido Unidad Social Cristiana, ni bajo la influencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, ha hecho nada por defenderla. La Universidad de Costa Rica, creada el 26 de agosto de 1940, también fue fortalecida por Liberación Nacional, con el desarrollo de la Ciudad Universitaria, especialmente en la década de 1950.

Ambos partidos, hoy con una bancada importante de diputados que ellos tienen, solo ellos dos, de casi 30 diputados, tienen una obligación con la Patria, de darle el presupuesto que los Rectores y el Consejo Nacional de Rectores, han solicitado superior al 4% del PIB, para garantizar el funcionamiento de las Universidades en sus nobles propósitos científicos, académicos, literarios, culturales, artísticos, de continuar garantizando lo mejor de la producción de profesionales, que alrededor del 80% de la totalidad de profesionales de la educación superior se insertan en el sector privado y público nacional, contribuyendo de esa manera al mejor desarrollo del país.

Al momento de escribir este artículo, el pasado lunes por la noche, estos dos partidos, que han gobernado el país desde 1953 hasta el 2014, que han creado estas universidades, no han abierto la boca para defenderlas. Ni un solo pronunciamiento público, ni un solo llamamiento para sumarse a las marchas de hoy miércoles ante la Asamblea Legislativa y de mañana jueves en todo el territorio nacional, especialmente donde existen las distintas sedes universitarias, han realizado. Pareciera que estos partidos han muerto. O lo peor, cooperan con la muerte anunciada que ha hecho el inquilino de Zapote.

Los Secretarios Generales, los Presidentes y los Secretarios o líderes juveniles de estos partidos son letra muerta en el escenario político nacional. No se sienten, no aparecen ni existen, y en pocos meses estarán solicitando votos para la campaña nacional electoral del próximo año.

¡Qué decadencia de partidos políticos y de sus dirigentes políticos y juveniles!, con este silencio ante la ejecución tipo sicariata que está haciendo el Jaguar de Zapote a las universidades, cuando ya instruyó sus felinos ministros de acabar presupuestariamente con las universidades.

La actitud del gobierno frente a las universidades es típicamente una acción sicariata. Disparar a la cabeza y corazón de las universidades, a su presupuesto, para matarlas. Es una ráfaga de fuego contra los casi 125.000 jóvenes universitarios, de ellos un 60% son mujeres, dejarlos sin posibilidad de estudiar, para enviarlos a las calles e insertarlos, de esa manera, en las organizaciones criminales existentes y crecientes en el país en los trabajos que se les puedan ofrecer, en el cuido y manejo callejero, de la bodega más grande de drogas de la región.

Las marchas de hoy miércoles y de mañana en todo el territorio nacional son absolutamente válidas, justas. Son marchas por la Educación Nacional y por la Educación Superior Pública. Son marchas por los jóvenes que hoy estudian en las universidades. También son marchas por los jóvenes que hoy se encuentran en las escuelas y los colegios, para garantizarles su futura posibilidad y oportunidad de una educación superior universitaria. Son marchas por las familias de todos los jóvenes, por sus padres y madres, por sus hermanos y hermanas, por sus calidades de vida. Son marchas para garantizar las posibilidades familiares de que sus hijos y nietos puedan tener asegurado un futuro de estudio y de formación profesional, que les permita servir mejor al país, a la Patria y que también les genere un futuro más seguro económicamente, alejado de la pobreza, de la extrema pobreza, del desempleo, del subempleo y del trabajo informal, que les permita constituir futuras familias, sólidas y felices familias.

El inquilino de Zapote quiso doblegar a las autoridades universitarias bajo la amenaza de que aceptaban el 1% del PIB como incremento presupuestario para el 2025, o nada, respecto al 4.03% que pedían las universidades. Después de convocarlos a una humillante reunión en su guarida de Zapote, les dijo que no proyectaba ni el 1% del PIB. Que su presupuesto se iba con un 0% para las universidades y que fueran a luchar a la Asamblea Legislativa el presupuesto universitario.

El animal de Zapote, el Jaguar, además amenazó que darle el presupuesto constitucional, que tiene obligación de cumplirlo, significaba reducir otras asignaciones presupuestarias que tenían que ver, entre otras, con salud y seguridad. De la manera más vulgar se atrevió a asustar a la población nacional con esto.

Las partidas presupuestarias de salud, educación, de las universidades están señaladas en la Constitución Política y en la práctica de elaboración de los presupuestos nacionales, que contemplan sus crecimientos anuales correspondientes. El inquilino de Zapote tiene obligación constitucional de garantizarlas y cumplirlas.

Lo que sucede es que el actual gobierno lo que tiene al frente es un grupo de oscuros personajes interesados en destruir el Estado Social de Derecho, en destruir y debilitar sus instituciones sociales, en tercerizar y privatizar sus servicios, junto con el aniquilamiento del Estado de Derecho; en limitar las acciones de los Poderes Legislativo y Judicial y en acabar con las instancias de control político establecidas en la Constitución, en la legislación nacional y en las instancias de la vida democrática, cívica y ciudadana.

La norma constitucional del Artículo 85, ordena al Poder Ejecutivo dotar a las universidades del patrimonio propio que les garantice su funcionamiento. El artículo 85 constitucional señala que el presupuesto de las universidades no puede ser reducido, ni abolido, ni disminuido, y que tiene que crear rentas para asegurarlo.

El artículo 85 constitucional remite a la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación del presupuesto para las universidades, si en la Comisión de Enlace, como se llama la comisión creada con el Gobierno y las Universidades, no se llega a ningún acuerdo. Por eso es la marcha de hoy miércoles y las de mañana jueves en todo el territorio nacional, solicitando los fondos adecuados y necesarios para el funcionamiento de las Universidades estatales.

Desde el mes de setiembre hasta el mes de noviembre se discutirá en la Asamblea Legislativa el Presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

El presupuesto para el 2025 enviado a la Asamblea Legislativa va con 0% de incremento para las universidades. Eso significa que se asigna a las universidades el mismo presupuesto de este año 2024. Ni siquiera se proyecta el 3% de inflación que se calcula para el 2025.

El presupuesto formal la Asamblea Legislativa debe enviarlo el 30 de setiembre a la Contraloría General de la República, de manera que, aunque los diputados aprobaren una cifra mayor, siempre se iniciaría el 2025 con el monto presupuestario igual al 2024. Solo hasta el 30 de setiembre se puede saber con certeza cuanto podría incrementarse el presupuesto de las universidades.

Esto significa que la lucha de las universidades apenas está hoy comenzando ante la Asamblea Legislativa, y ante los diputados de los distintos partidos políticos. Significa que hasta el 30 de setiembre hay que mantener la presión en las calles y en la propia Asamblea Legislativa.

Todo el mes de setiembre deben organizarse marchas de estudiantes y de universitarios a la Asamblea Legislativa. Debe establecerse un piquete permanente frente a la Asamblea Legislativa como se hizo con ALCOA, con el Combo del ICE o con el TLC, con tiendas de campaña si fuera necesario.

También deben realizarse piquetes de presión en las casas de los diputados en sus respectivas comunidades. Si son representantes populares el pueblo, los estudiantes, los universitarios y sus familias pueden irles a pedir, a sus casas, el apoyo para las universidades. Los diputados tienen que entender y comprender que ese derecho de petición de los ciudadanos directamente en sus casas es válido.

También deben realizarse marchas a las sedes de los partidos y dirigentes políticos pidiéndoles su pronunciamiento, especialmente con los partidos y diputados que están comprometidos con la creación de las universidades.

La lucha de las universidades, de sus estudiantes, que hoy marchan, es por Costa Rica, la de hoy y la del futuro.

La lucha por el presupuesto universitario justo hay que apoyarla, es una lucha nacional, de todos los estudiantes y sus familias. Es una lucha por la Patria.

Compartido con SURCOS por el autor.

La educación pública, pilar fundamental para el desarrollo humano

La Constitución Política de Costa Rica establece la trasferencia del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, hoy es de conocimiento público el incumpliendo de este mandato constitucional, mismo que ocasiona graves impactos a la sociedad, tal es el severo deterioro de las oportunidades educativas para la niñez y juventud, el rezago contundente en sus conocimientos y competencias creando un retroceso en el desarrollo y avance del país.

 La esencia de la educación es un pilar fundamental en nuestro país, hoy la disminución y la violencia a su presupuesto solo evidencia el aumento de la crisis social y económica que ya enfrentamos como sociedad.

Desde el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, conforme lo resuelto por la Asamblea en su sesión plenaria LXXVI del 20 de julio de 2024, manifiesta su apoyo y respaldo a las acciones democráticas y pacificas que promuevan la defensa del 8% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de la educación pública costarricense, promovidas por los diversos sectores, organizaciones sociales y productivas que la integran.

Respaldamos la lucha justa de la ciudadanía, los sectores sociales y los sectores laborales, para enfrentar de manera propositiva la peor crisis educativa de los últimos 40 años.

Creemos en que los mecanismos de diálogo son necesarios y legítimos para enfrentar la crisis del país, por lo que desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, seguimos insistiendo propositivamente que la democracia de nuestro país se fortalece con la educación pública.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de gobierno hacia el respeto del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación y la apertura de canales de diálogo que hagan posible el fortalecimiento de la educación Pública.

¡LA HISTORIA NOS RECUERDA QUE EN COSTA RICA DECIDIMOS INVERTIR EN EDUCACIÓN Y NO EN ARMAS, ASÍ SE DEBE CONTINUAR!