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Etiqueta: contaminación del agua

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Gran cantidad de peces muertos en ríos de Limón alerta a las comunidades

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.

Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare. 

Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.

Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.

La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.

El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.

Videos e imágenes

https://drive.google.com/drive/folders/1PNVE_aJfpkWLJB_y6LcJinD-a2pXyvVH?usp=drive_link

Fotos y videos de Julio Knight

AyA y Ministerio de Salud vuelven a Sala Cuarta por incumplimiento de protección de nacientes en Cartago

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra, Salud.

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA  y del Ministerio de Salud, condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.

  • Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.

  • Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta

Comunicado

El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.

Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.

“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses

Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.

En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
  • Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
  • Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.

Kioscos Ambientales UCR

Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozep en Barranca, Puntarenas – en Voces y Políticas

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

Este miércoles 18 de septiembre se realizará el programa: “Contaminación de agua por agrotóxicos: caso del Mancozep en Barranca, Puntarenas”.

Contará con la participación de:

  • Elidier Vargas Castro, agrónomo, investigador y exfuncionario del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
  • Henry Picado Cerdas, red de coordinación en biodiversidad (RCB) y FECON, co-editor de la revista La Agroecóloga. 

Se espera la participación por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.

Fecha: 18 de septiembre 

Hora: 5:00 p.m.

Por medio de: Radio Universidad 96.7 FM. 

Puede ver el programa con este enlace

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos, Madre Tierra.

Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR

Recurso Hídrico: entre contaminaciones y racionamientos, ¿un nuevo comienzo? En Voces y Política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Este miércoles 28 de febrero tendremos el programa: Miércoles de Girasol: «Recurso Hídrico: entre contaminaciones y racionamientos, ¿un nuevo comienzo?».

Con la participación de Irene Murillo de Cedarena.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Puede escucharnos a través de Radio Universidad 96.7 FM o vernos mediante el Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.

Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Salud.

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

ARESEP-intervensionDescarga
AU-2024-00159-Frente-Ecologico-CipresesDescarga
pregunta-auditora-AYADescarga

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento del Colegio de Geólogos de Costa Rica y el Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente sobre la contaminación del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La debilidad manifiesta en los procesos del ordenamiento territorial, la aplicación de políticas sostenibles para la gestión del recurso hídrico, la gestión deficiente de las plantas potabilizadoras y la inexistencia de una política para la gestión del riesgo, ponen en peligro uno de nuestros recursos más preciados: el agua potable de buena calidad para el consumo humano.

EL COLEGIO DE GEÓLOGOS DE COSTA RICA Y EL COMITÉ COSTARRICENSE DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y DEL AMBIENTE (COCIGA) MANIFIESTAN: 

El incidente de contaminación en la captación de aguas de la Quebrada Honda 2, detectado durante los días 22 de enero al jueves 1° de febrero de 2024, y que resultó en la degradación temporal de la calidad del agua para consumo humano en los cantones de Goicoechea, Tibás, San José y Moravia, causada por el contacto con Xileno, una sustancia orgánica de la familia de los hidrocarburos sintéticos, es una situación que no debe volver a repetirse. Aparte de la evidente amenaza a la salud pública, la situación reflejó también la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento, lo cual no es ajeno a muchas áreas del país. La debilidad manifiesta en los procesos del ordenamiento territorial, la aplicación de políticas sostenibles para la gestión del recurso hídrico, la gestión deficiente de las plantas potabilizadoras y la inexistencia de una política para la gestión del riesgo, ponen en peligro uno de nuestros recursos más preciados: el agua potable de buena calidad para el consumo humano. 

La planificación territorial, junto con la gestión del riesgo y la gestión del ambiente deben priorizar la protección de los acuíferos, manantiales y cuerpos de agua superficiales (quebradas, ríos, lagos). La contaminación de las fuentes de agua que abastecen a las plantas potabilizadoras para el consumo humano representa una problemática ambiental, social y económica que requiere un enfoque integral. La gestión de las microcuencas, humedales y acuíferos, y de sus áreas de recarga, así como la definición de las zonas de protección respectivas, son herramientas fundamentales para abordar la problemática de manera efectiva. Es responsabilidad de las autoridades sanitarias, municipales y nacionales el fomento de las herramientas técnico-científicas para la gestión del recurso hídrico, y del riesgo al que está expuesto (amenazas, vulnerabilidad).

Además, creemos que Costa Rica, siendo uno de los países con mayor índice de precipitación por unidad de área, no justifica la reducción (mediante racionamientos o cortes) de los caudales disponibles para el consumo humano, especialmente al comenzar la estación seca en nuestro país. Existe pues, una deficiencia en la planificación de mediano y largo plazo que permita correlacionar y equilibrar la evolución de la oferta y la demanda del agua potable de buena calidad, y para el recurso hídrico en general. 

Los hidrogeólogos, miembros del Colegio de Geólogos de Costa Rica y del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, estamos en la mejor disposición para colaborar con la optimización, planificación, protección, caracterización, aprovechamiento y legislación de este recurso invaluable, el cual sostiene la vida e impulsa el desarrollo humano en el país.

Imagen ilustrativa, UCR.