No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.
Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.
FECON
El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.
No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.
Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.
Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.
Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.
Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.
Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?
Este año se estrena la quinta temporada de Entramarnos, una propuesta de serie documental realizada desde Canal Quince en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Ciencias Políticas. Entramarnos, desde la primera temporada se ha enfocado en el abordaje crítico de conflictos socioambientales que tienen presencia en distintos territorios, principalmente en los que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes.
En esta ocasión, las cámaras pusieron el lente en las costas del país, dando origen a “Mujer Azul: historias de agua con sal”, serie documental en la que se recorrerá a lo largo de 10 episodios, distintos territorios que son parte del perímetro del país, para conocer historias de mujeres pescadoras y molusqueras en las aguas saladas de las costas.
La expansión turística, la sobreexplotación de los océanos y en específico del Golfo de Nicoya, la contaminación de las aguas y las sedimentaciones ocasionadas por extractivismos en los ríos, la presencia de actividades monocultivo y otras formas de despojo tienen repercusiones dramáticas en los territorios costeros, los cuales, históricamente han insistido en la deficiente atención estatal y las difíciles condiciones para el bienestar.
Del Pacífico Norte al Golfo de Nicoya, recorriendo las islas, pasando por el Pacífico Central y de ahí al Pacífico Sur con un vuelo directo hacia el Atlántico, Mujer Azul: historias de agua con sal plantea una mirada cuidadosa y contemplativa, para comprender las dinámicas, las memorias, los aprendizajes, las inquietudes y las esperanzas de quienes remojan su cotidianidad en medio de la inmensidad del mar.
En las costas costarricenses la vida de las mujeres siempre ha estado de frente al mar, la búsqueda del sustento familiar, pescar a la cuerda y sumergirse en los manglares del pacífico es una práctica y un vínculo ancestral con el mar, con esas aguas que conocen sus anhelos, sus miedos y sus alegrías. La vida de frente al mar es el sustento, la paz y la tranquilidad, es escuchar el sonido de la naturaleza, el viento y la tormenta.
El equipo del Quince UCR conformado por Max Arce, Fabián Barrantes y Miriet Ábrego quienes realizaron el registro audiovisual (cámaras, sonido e imágenes aérea), Diana Céspedes, Jos Montero, Kevin Campos y Dana Vargas como asistentes de producción quienes se encargaron de la organización y preedición del material, el grupo de estudiantes del TCU-590 “Defensa comunitaria del territorio”, apoyando en la sistematización de entrevistas, el apoyo de la oficina de transportes de la UCR para las giras, el apoyo de Newton en la animación y diseño gráfico, Camila Naranjo como editora, Dylana Rodríguez Muñoz y Ana Xóchitl Alarcón Zamora en la producción y guionización y Ana Xóchitl Alarcón Zamora en la dirección, decidimos recorrer desde el inicio del 2024 los aproximadamente 1500 kilómetros de litoral y territorios costeros del país, en búsqueda de las historias y relatos de mujeres pescadoras artesanales quienes nos abrieron las puertas de sus casas y compartieron un espacio en sus lanchas y vida cotidiana siempre en el mar.
A partir del próximo lunes 1 de julio, se transmitirá todos los lunes a las 8:00 p.m. por Canal Quince con repetición los domingos a las 6:30 p.m.
Puede verla en diferido a través de la plataforma de streaming UCRQ en la que semana a semana se estará colgando cada episodio.
Esta temporada se realiza con el apoyo de los Fondos Concursables de la Vicerrectoría de Acción Social 2023-2025.
Desde el siglo XVI, la Isla del Coco fue visitada por piratas, exploradores, balleneros y comerciantes, por lo que se inició con una serie de expediciones para estudiar sus riquezas y sus fenómenos atmosféricos. A partir de 1980, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica ha desarrollado proyectos de investigación de forma constante, por lo que los conocimientos sobre la isla han aumentado y se ha convertido en uno de los sitios más investigados en el país. Esta es una producción de la Universidad de Costa Rica.
Origen
-Trazando la geografía de la isla:se localiza en el Océano Pacífico, es el volcán más grande de Costa Rica y América Central. Desde un punto de vista geopolítico proporciona un 51% de mares jurisdiccionales.
-La isla que emergió del océano: los científicos que han estudiado la geología de la isla han determinado que se encuentra constituida por la acumulación de diferentes materiales volcánicos como basaltos, diques y rocas volcánicas explosivas.
Tierra
-Un punto verde en un mar azul: existen 296 especies de plantas, de las cuales 37 son endémicas.
-Oasis en medio del océano: los ríos principales recorren el empinado relieve y en las quebradas se hallan cinco especies de peces.
-Fauna terrestre, visitantes y residentes: residen 362 especies de insectos, los científicos creen que la mayoría de estos arribaron a la isla en troncos y hojas a la deriva.
-La isla más lluviosa del del Pacífico Tropical Oriental: la precipitación anual varía entre 5.000 y 7.000 mm, cifra comparable con los 6.500 de precipitación anual que se ha registrado en el Parque Nacional Tapantí, considerado el sitio más lluvioso de la parte continental costarricense.
Mar
-Un vistazo a los mares del pasado:para muchas especies marinas que vienen desde la otra parte del Océano Pacífico, la isla es el primer punto emergido que encuentran en su viaje.
-De las costas al abismo marino: en la Isla del Coco hay distintos ecosistemas marinos que constituyen el hábitat para diferentes especies de flora, fauna y microorganismos.
Amenazas
-Cambio climático: este proceso se da por causas naturales y sobre todo por la actividad humana, como la emisión de dióxido de carbono a la tamósfera, su alteración llevaría a la destrucción de las especies que conforman estos ecosistemas.
-Contaminación: los desechos producto de la actividad humana abundan en todos los océanos, la Isla no es la excepción a este problema. Las corrientes marinas llevan los plásticos desde el continente hasta la isla y así se forman botaderos que son ingeridos por las especies.
-Pesca ilegal: debido a su excepcional riqueza, a la Isla llegan pescadores con mucha frecuencia. Las especies que más sufren por la pesca ilegal son los atunes, tiburones, mantarrayas y tortugas.
-Especies invasoras: un ejemplo es la introducción de helechos exóticos, relacionada con la actividad humana, que amenaza a las especies autóctonas.
En esta edición del Programa Consulta Legal, de 870 UCR, la exposición estuvo a cargo del profesor de Derecho Público Internacional de la Facultad de Derecho UCR, Nicolas Boeglin.
Se inicia la edición con la noción de que a pesar de la “buena imagen ambiental” que ostenta Costa Rica, no escapa de los cuestionamientos sobre los proyectos de inversión extranjera directa por el número creciente de proyectos en zonas específicas, que merece atención especial y que afecta a los sistemas ambientales. Este acuerdo es vinculante respecto a contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos respecto a derechos ambientales y al derecho del acceso a la justicia y la información en materia ambiental. Sin embargo, el Acuerdo sigue sin ratificarse. ¿Por qué?
El Acuerdo de Escazú busca resolver problemas que tienen que ver con la gobernanza ambiental, y tiene varios pilares: el acceso a la información; que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos de saber el nivel de contaminación que pueden generar los proyectos cuando se les otorga permiso del uso del suelo, el derecho ciudadano de participar en espacios de decisión cuando se incumplen los derechos que impactan negativamente en el espacio que viven, de manera que tienen derecho a acceder a la justicia ambiental. Este acuerdo es similar al Convenio de Aarhus en Europa en 1998, respecto al cual nunca se fue abajo la economía, no se perdió competitividad ni se cancelaron proyectos de inversión pública.
En el país hay diferentes sectores que perciben el Acuerdo de Escazú como una amenaza, cuando realmente no es una amenaza para nadie sino que busca una armonización ambiental. Se destaca que cada Estado en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus leyes, es que debe aceptar este tipo de megaproyectos.
Respecto al tema de la participación ciudadana en materia ambiental se expresa que es casi inexistente. Además, se hace hincapié respecto a la diferencia entre la firma y la ratificación del Acuerdo. El Dr. Nicolas explica que después de que el Acuerdo sea firmado, debe pasar por primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa hasta ser aprobado, para que seguidamente el Poder Ejecutivo realice el instrumento de ratificación.
En su momento, el Acuerdo fue votado a favor por 44 diputados. En marzo de 2020 la Sala Constitucional detectó un vicio basado en que el Acuerdo significaba un gasto adicional para el Poder Judicial respecto a su presupuesto. No obstante, en el inciso 5 del artículo 8 no se habla de que el Poder Judicial debe crear o establecer el acceso a la justicia ambiental sino facilitarlo, al igual que los demás tratados internacionales. En los demás estados que firmaron el Acuerdo, su respectivo poder judicial no intervino de esta manera por lo que se indica que en la Sala Constitucional existen “enemigos” del Acuerdo de Escazú. A partir de ese momento, todo se complicó para ratificar el Acuerdo. Dejó de ser una prioridad desde el gobierno 2018-2022, mientras que en el gobierno actual se mencionó textualmente que “el sector privado puede estar tranquilo, el Acuerdo no se ratificará”, de manera que surge la interrogante, ¿cuál impacto puede generar esta falta de interés y como se percibe a Costa Rica en el resto de la región? ¿El Dr. Nicolas Boeglin afirma que los delegados de Costa Rica pierden toda credibilidad cuando se habla de derechos humanos y de ambiente. El argumento de las Cámaras costarricenses es que el nivel de la economía disminuirá, situación que no le ha sucedido al resto de países de la región tales como Chile, Ecuador, Bolivia, México que ya firmaron el Acuerdo.
Por otra parte, se enfatiza que América Latina es la región del mundo en el que más se asesina a defensores del ambiente y que Costa Rica no cuenta con tribunales especializados ni competentes en materia ambiental, lo que evidencia la situación de desventaja y el amplio contexto de desconsideración ambiental que es persistente en nuestra cultura política.
Según algunos sectores, el país cuenta con un marco jurídico considerablemente firme en materia ambiental y derechos humanos, por lo que consideran que no es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú. Estos sectores se olvidan de la expansión piñera, que deja sin agua a la comunidades aledañas, sigue extendiéndose sin que el marco normativo pueda detenerlo, además que el 70% de la piña que se consume en el exterior es costarricense así como las consecuencias negativas del supuesto desarrollo turístico en zonas vulnerabilizadas.
Para finalizar, el Acuerdo también es importante porque le permitiría al inversionista extranjero tener certeza jurídica que la zona en la que va invertir es frágil ambientalmente. Establece criterios para establecer mecanismos de acceso a información pública además de reafirmar el derecho constitucional del acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La emisión radial sobre el Acuerdo de Escazú puede ser vista en el siguiente enlace:
Decenas de científicos costarricenses de las universidades estatales y las delegaciones de más de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y organizaciones no gubernamentales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se reúnen desde hoy y hasta el jueves 6 de junio en el auditorio Cora Ferro Calabrese de la Universidad Nacional.
El océano está amenazado por los impactos del cambio climático, sobreexplotación, pérdida de hábitat, defaunación marina, contaminación y otras presiones. Las investigaciones advierten de los aumentos en la concentración de dióxido de carbono y las consecuencias relacionadas con el cambio climático que tendrán importantes efectos en toda la columna de agua y el fondo marino profundo.
Decenas de científicos costarricenses de las universidades estatales y las delegaciones de más de 20 países de América, Europa y Asia, así como de asociaciones de desarrollo, líderes y lideresas comunitarias, organizaciones no gubernamentales y otros actores locales que desarrollan acciones en pro de la sostenibilidad del océano, se reúnen desde hoy y hasta el jueves 6 de junio en el auditorio Cora Ferro Calabrese de la Universidad Nacional, para participar del Congreso de Integración de Saberes para un Océano Sostenible (CISOS24), organizado por la Comisión de Vicerrectores de Investigación de Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
“La gobernanza global de los océanos se enfrenta a numerosas dificultades en múltiples frentes, incluidos los riesgos para la salud de los ecosistemas, la salud humana y la sostenibilidad. El cambio climático perjudica la equidad social, limita el uso de actividades humanas relacionadas con el mar y reduce la capacidad de los ecosistemas marinos para prestar servicios. Se requiere entonces una gobernanza global de los océanos más adaptable, que tenga en cuenta una amplia gama de actores en diversos niveles que trabajen juntos de manera gradual y pragmática, de acuerdo con el requisito de un cambio continuo hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”, dijo Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional en el acto de inauguración.
Este es un foro académico – científico que pretende: generar recomendaciones desde la integración de saberes académicos y no académicos para garantizar acciones en torno a la sostenibilidad del océano, así como evidenciar aportes científicos, tecnológicos, experienciales, de gestión comunitaria, entre otros, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, de cara a las acciones a desarrollar para la III Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC25), a realizarse en Francia en junio de 2025, donde Costa Rica será coanfitrión. Este evento se proyecta como una ventana para el mundo en materia de lo que la academia costarricense produce y comunica en este campo del conocimiento.
Para Francoise Gaill, representante del Panel Internacional por la Sustentabilidad del Océano, dijo que, hoy más que nunca el océano está en un estado de emergencia, pues el océano se vuelve cada vez más cálido, más contaminado, más insalubre, y estamos ante la pregunta de qué hacer para volver a un océano más sostenible. “Necesitamos el conocimiento científico porque es una manera universal de entender la realidad del mundo, pero también necesitamos el saber hacer y el cómo hacer, y es a través de eventos como este, donde podemos intercambiar conocimientos para lograr objetivos”.
Se realizarán foros, talleres, paneles de discusión, conversatorios, conferencias y mesas de trabajo, el resultado de este trabajo será una declaratoria en el marco del evento de alto nivel: Immersed in Change, a realizarse el 7 y 8 de junio en el Centro de Convenciones, donde la Universidad Nacional participará con un stand donde compartirá información sobre su trabajo académico e investigativo asociado con la sostenibilidad del océano, y dos paneles organizados por los académicos Silvia Chacón del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (Sinamot-UNA) y Sergio Cambronero del Laboratorio (LAOCOS), ambos del Departamento de Física en sus temas de gestión de riesgos por tsunami y océano profundo
Cooperación
“Lo sabemos todos y ya se recordó esta mañana: el océano desempeña un papel fundamental en la regulación del calentamiento global por su función de bomba de carbono. Se calcula que el océano contiene 50 veces más carbono que la atmósfera, que absorbe el 30 % de las emisiones de dióxido de carbono de origen humano y que genera el 50 % del oxígeno que respiramos. Pero sabemos todos también, lamentablemente, el importante deterioro de la salud del océano y de su biodiversidad, lo que provocará pérdidas irreparables. Como lo declaró el Secretario General de las Naciones Unidas en la segunda Conferencia sobre el Océano celebrada en Lisboa en junio de 2022, el océano se encuentra en estado de emergencia, entonces hay que actuar rápidamente. En junio de 2022 se decidió que Costa Rica y Francia iban a presidir conjuntamente la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza, en junio de 2025. Nuestros dos países son en efecto, totalmente conscientes de esta emergencia. Decidieron asumir y liderar un compromiso colectivo para detener el declive de la salud del océano, para proteger el océano, nuestro bien común, y ustedes, los científicos lo saben mejor que nadie, el conocimiento es totalmente clave”, dijo la Embajadora de Francia Alexandra Bellayer-Roille.
Para Francisco González, rector de la UNA, “esta es una evidencia de la forma en la cual hemos venido orientando también nuestras capacidades institucionales al servicio de la diplomacia internacional. De manera particular con Francia hemos venido construyendo una relación de mucho apoyo estratégico, que hoy se consolida con esta iniciativa que es el primer congreso donde desde la academia, reflexionamos y aportamos para la agenda política del próximo congreso mundial”.
Adicionalmente, este evento alberga la Cumbre de Juventudes Latinoamérica Azul, organizada por la Alianza de Sostenibilidad del Océano (SOA) capítulo Costa Rica, que reúne a 100 jóvenes de Latinoamérica y el mundo para discutir temas relevantes sobre la sostenibilidad del océano y el cumplimiento del ODS 14.
“Somos personas de entre 18 y 35 años de Argentina, Cuba, Costa Rica, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Portugal, entre otros. Estos días vamos a tener talleres, charlas, paneles, pero también unos espacios de construcción. El objetivo principal es culminar con una declaratoria de iniciativas de jóvenes involucrados activamente en sus países en temas de conservación, ciencia, gestión de los recursos, política, ideas que esperamos sean atendidas por los tomadores de decisiones”, detalló Marilyn Valverde, representante de la SOA en Costa Rica.
La causa principal de la acidificación del océano es la liberación a la atmósfera del CO2 originado por actividades humanas. La única opción realista de mitigación que se conoce a escala mundial consiste en limitar los niveles futuros del CO2 atmosférico. Así lo detalló Jean -Pierre Gattuso, quien impartió la conferencia inaugural Océano y cambio climático, donde afirmó que acciones como la restauración de las zonas pantanosas, la plantación de nuevos bosques y la reforestación podrían mejorar la absorción por la vegetación y los suelos, pero indicó que la acidificación del océano no está explícitamente regulada por los tratados internacionales, y que si bien se considera una amenaza para los ecosistemas ecológicos y económicamente más importantes, así como para el bienestar humano, no existen todavía mecanismos internacionales ni financiamiento para emprender acciones que mitiguen la acidificación o la adaptación a ella.
Océano bajo la mirada del arte
Además de conocer la investigación generada en torno a los océanos, en el lobby del auditorio, los asistente podrán participar de “Las dimensiones del océano”, una instalación intermedial cuya narrativa integra la creación de objetos de especies marinas en 3D, la impresión de algunos de estos objetos en 3D, el uso de sensores, la respuesta sonora de ciertos animales marinos, y la interactividad y la inmersión a través de la realidad virtual.
“La era digital, aunada a nuestro potencial de desarrollar tecnologías de alta gama y sofisticación, nos permite aproximarnos cada vez más a la inmensidad del océano, conocer sobre las diversas especies marinas, y sus formas de convivencia e interacción. Esta es una oportunidad de acercarnos a una alfabetización oceánica desde una mirada artística”, dijo Paula Rojas, directora de la EAE-UNA.
De acuerdo con Rojas, se trata de un proyecto investigativo que involucra tanto a personas estudiantes y académicos artistas que aportan a la investigación, a la generación de los contenidos, y a la resolución técnica y/o dramatúrgica de la propuesta. Así, esta idea se convierte en un estímulo a las investigaciones desarrolladas en el LED, y una puerta para conocer, admirar y comprender los retos que tenemos como humanidad frente al océano.
La oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, preparó un especial que reúne la trayectoria de la UNA en materia de océanos, e incluye una diversidad de esfuerzos inter, multi y transdiciplinarios que contribuyen con la producción de conocimiento sobre cómo se establece la relación entre el océano y la sociedad de una manera sostenible.
Conozca también algunas de estas iniciativas en las voces de sus especialistas, el cronograma de ambos eventos así con los proyectos de la UNA en el siguiente enlace: https://acortar.link/bOpe1u
Hace unos días se denunció que un empresario de Cartago en convenio o autorización del Seminario Central de Paso Ancho estaba depositando grandes cantidades de basura sobre árboles, patios y granja del Hogar de la Esperanza, así como también sobre un reservorio de agua en construcción y el río Tiribí. Las autoridades del seminario quedaron en hablar con el empresario para limpiar y recuperar el espacio.
Hoy los vecinos fuimos alertados de que las vagonetas estaban entrando a depositar tierra y barro sobre el enorme botadero de basura. Nos apersonamos al lugar junto con Ericka Cascante, coordinadora del Hogar, Nancy Castro, síndica del concejo de distrito y varios dirigentes comunitarios, logramos hablar con el empresario que no entra en razones. Se le dejó salir y de inmediato venía otra vagoneta con tierra y barro para hacer las del gato «tapar con arena la cuita». Nos paramos en el portón e impedimos su ingreso.
¿Qué sigue? Más denuncia por medios de comunicación y seguir hablando con las autoridades del seminario, hasta que asuman su responsabilidad y escuchen a su superior el Papa Francisco, quien habla de cuidar y defender la madre tierra.
Agregamos además que la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud están enterados y actuando oportunamente, la lucha sigue. Los sacerdotes del Seminario Mayor, Carlos Coto, Cristian Rimolo, Roberto Chacon y Enrique Valverde se apersonaron al sitio y escucharon el reclamo de los vecinos, el próximo jueves 23 de mayo habrá nueva reunión con ellos y con dirigentes de la comunidad.
Las playas Tárcoles, Bajamar, Tarcolito y Guacalillo, son receptoras permanentes, más en época lluviosa, de los desechos que recibe el río Grande de Tárcoles, el más contaminado del istmo centroamericano.
Río receptor de las peores inmundicias captadas desde el valle central, a lo largo de los recorridos de los inmundos ríos María Aguilar, Torres, Virilla, y afluentes.
Dolorosamente, los desechos sólidos y líquidos, de los vertederos de basura, se unen a los de la deficiente planta de tratamiento del AyA en tajos de la Uruca, e incontables «aportes» directos de aguas negras, descargas de fluidos de tanques sépticos y basureros clandestinos.
¡Basurero conocido y desdeñado por las autoridades ambientales y sanitarias!, que desemboca en el mar, al lado de esas, comprensiblemente, poco visitadas playas.
El esfuerzo que buenos compatriotas hacen, por recolectar plásticos en ellas, principalmente, es poco «rentable», pues en pocos días la situación «se normaliza», en virtud de que no es un asunto de visitantes cochinillos, sino de los residentes metropolitanos, que estamos a unos 70 u 80 km de la desembocadura del río, cerca de la boca del golfo de Nicoya.
Cabe mencionar, que la barda instalada para recoger desechos plásticos hace un año, con la participación de un organismo de la ONU, y empresarios privados, recogió una tonelada de plásticos en 12 meses, pero que ello no es suficiente, pues no se capturan partículas menores, ni los lixiviados de la basura, así como las aguas negras, desechos de tanques sépticos ni los contaminantes, que salen de la planta Los Tajos del AyA.
El Laboratorio Nacional de Aguas realizó un análisis microbiológico entre los años 2018 y 2023 en el Estero Cieneguita. Este análisis encontró contaminación por coliformes fecales, las cuales tuvieron un punto máximo que entra en la categoría de contaminación severa. Convirtiendo al Estero de Cieneguita como una fuente de contaminación significativa para las aguas de Limón. Esto queda constatado en el memorando No. PRE-LNA-2024-00131 del 4 de marzo del 2024
Ante esta situación Marco Levy Virgo y la Asociación para el Desarrollo de la Ecología hacen un llamado a la Ministra de Salud, Mary Munive Angermüller y al Ministro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Heiner Méndez Barrantes. Marco Levy dice que el derecho a un ambiente sano es un derecho constitucional. Incluso, la propia Sala Constitucional así lo reconoce y exige a la Administración Pública que debe intervenir en la defensa del derecho a la salud.
Por esta razón, Marco Levy Virgo impulsa una acción coordinada interadministrativa en base a los principios precautorios y preventivos de la Constitución Política para asegurar la eficacia en sus tareas y poder solucionar esta problemática.
Se menciona también en el memorando que el estero de Cieneguita no tiene las condiciones físico-sanitarias para la pesca que ahí se realiza, por lo cual se sugiere cumplir con el deber de vigilancia del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública
Se sugiere también, que en base a los artículos 355 y siguientes de la Ley General de Salud en su capítulo de Medidas Especiales se dé el desalojo de los inmuebles cuando no se cumplan las condiciones físico-sanitarias; esto mediante orden sanitaria u otros medios legales.
Marco Levy termina la solicitud con un llamado a que se informe sobre las medidas que se vayan a tomar.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.
La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.
Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.
Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.
El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente (COCIGA), adscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica, ante la contaminación del agua potable en los cantones de San José, Goicoechea, Moravia, Tibás, Coronado, y recientemente también en el cantón de Turrialba, considera que el manejo de los incidentes, por parte de las instituciones gubernamentales, fue deficiente y generó circunstancias de riesgo innecesarias.
A lo anterior deben agregarse los cada vez más frecuentes recortes en el suministro de agua, racionamientos del servicio, problemas de distribución y abastecimiento en época seca, el caso de la ruptura de la tubería en el Bajo de los Ledezma, y la problemática general por las evidentes insuficiencia y deficiencia en la planificación de mediano y largo plazo del recurso hídrico.
Por lo tanto y a continuación, COCIGA expresa su posición al respecto:
1. Costa Rica posee una legislación funcional, pero antigua y dispersa, que hace difícil el manejo institucional y, sobre todo, dificulta la gestión integral del recurso hídrico. La Ley de Aguas, No. 276 de 1942, debe ser actualizada, con urgencia. Tómese en cuanta el expediente 23511, que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominado Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, ha sido objetado por sus errores conceptuales graves, y continúa en trámite.
2. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya Ley Constitutiva data de 1961 (Ley No. 2726), indica que es la institución rectora técnica en servicios de agua potable y saneamiento, y que puede convenir con organismos locales para su administración a través de juntas administradoras. Pero ante las dificultades de operación, ejecución y financiamiento del AyA, y la nueva legislación reciente, como el nuevo Reglamento de ASADAS (DE No. 42.582-S-MINAE), cuya mayoría donde si las ASADAS no incumplen con los requisitos y objetivos, subrayan pasan a ser administradas por el AyA, surge también la necesidad de modernizar y/o reorganizar al AyA, con el fin de optimizar y evitar saturarlo en sus funciones de prestación de servicios, ocupación de personal, asignación de presupuestos y elaboración de proyectos científicos, técnicos, administrativos, sociales y ambientales.
3. La gestión actual del recurso hídrico, que orbita desarticuladamente entre distintas instituciones (AyA, Ministerio de Salud, Dirección de Aguas, SENARA, ASADAS y las Municipalidades) necesita organizarse de manera sistémica, descentralizada y no sectorial, coordinada por una entidad líder que asuma el enlace de labores y establezca las pautas para la planificación de mediano y largo plazo y que establezca, adecuadamente, los objetivos, responsabilidades, indicadores de desempeño y resultados que deben realizar las instituciones e involucrados del Sistema.
4. Sin embargo, es absolutamente factible realizar, desde ya, las labores preventivas mientras se realiza la actualización jurídica, y sobre todo, para evitar que se produzcan otras situaciones peligrosas. No es aceptable aducir argumentos cuestionables para no cumplir con las funciones y responsabilidades del monitoreo periódico y constante de las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, sobre todo cuando están expuestas a contaminación antrópica y biológica.
5. La legislación vigente, en Costa Rica, como por ejemplo el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, No. 32327-S y el Reglamento sobre los valores guía, en suelos, para la descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames, No. 37757-S, pueden y deben aplicarse como herramientas para la prevención, monitoreo y remediación.
6. Las crisis, como las recientes, indican la necesidad urgente de modernizar el Laboratorio Nacional de Aguas, para que tenga la capacidad de realizar ensayos, la detección anticipada y las advertencias en los casos de emergencia, en el menor tiempo posible. Es la única manera de lograr la ubicación rápida de la fuente de contaminación, reducir el impacto sobre el servicio de abastecimiento y lo más importante, contener o evitar los daños a la salud pública.
7. Es necesario retomar la valoración del recurso hídrico, desde los estudios hidrológicos e hidrogeológicos básicos, hasta las evaluaciones cuantitativas precisas mediante los modelos hidrodinámicos predictivos, con el objeto de delimitar las áreas de recarga, proteger las más vulnerables y expuestas a las amenazas antropogénicas.
8. Costa Rica cuenta con profesionales suficientemente capacitados para realizar estas tareas y están facultados por la Ley No. 5230, del Colegio de Geólogos de Costa Rica, su Reglamento, y el Reglamento para la perforación de pozos y aprovechamiento de aguas subterráneas (N° 43053-MINAE).
9. La conjugación de la gestión del Recurso Hídrico, junto con la Gestión Ambiental, la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial, son las bases para la planificación de mediano y largo plazo y la Hidrogeología es la herramienta común para ello.
10. No es necesario, ni conveniente, orientar estas tareas con el objetivo de concebir medidas restrictivas absolutistas, pues el aprovechamiento racional del recurso hídrico no las necesita más allá de la racionalidad de los preceptos de su gestión realista.
