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Etiqueta: Contraloría General de la República

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hubo transparencia los cuatro años” en el proceso del Tratado Transpacífico

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que cuestiona las explicaciones del Gobierno sobre el archivo del proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y la destitución de la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Para que “no comamos cuentos”, el historiador repasó la cronología del tratado. Recordó que los gobiernos de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís ya se habían manifestado a favor de incorporarse a esa plataforma, y que Costa Rica tenía tratados de libre comercio con varios de sus países miembros, como México, Perú y Singapur. Sin embargo, señaló que los pasos decisivos se dieron durante la administración de Rodrigo Chaves:

  • Agosto de 2022: el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), dirigido entonces por Manuel Tovar, presentó la solicitud oficial de ingreso, apenas unos meses después de iniciado ese gobierno.
  • 28 de noviembre de 2024: los países del bloque invitaron formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de incorporación.
  • Enero de 2025: comenzó la revisión de la legislación costarricense frente a las disposiciones del tratado.
  • Marzo y junio de 2025: se realizaron las dos primeras sesiones del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica.
  • 5 de mayo de 2026: se anunció oficialmente la conclusión sustancial de las negociaciones, mediante una declaración ministerial conjunta liderada por Perú.

Según Aguilar Bulgarelli, al día siguiente, en una de las conferencias de prensa de los miércoles, el entonces presidente Chaves y el ministro Tovar anunciaron “con bombos y platillos” que todo estaba listo y lo compararon con meter un gol en la final de una Copa Mundial.

“Ahora resulta que el presidente Chaves, en aquel momento, hoy ministro de Hacienda, y hombre todopoderoso, sale diciendo que le parece muy bien que la presidenta Fernández haya mandado a archivar este convenio y que no se vaya a firmar, que ha faltado transparencia. Y eso es lo que a mí me mortifica”, afirmó. “No hubo transparencia los últimos tres meses. No, no hubo transparencia los cuatro años que Rodrigo Chaves fue presidente”, agregó.

El historiador señaló que se presenta a Tovar como “chivo expiatorio”, mientras la ministra Trejos, “expulsada del gobierno” y acusada de no mostrar la documentación a los sectores, sostiene que los sectores y el Gobierno fueron informados. “Ese embrollo, esa falta de transparencia, es lo que a mí me mortifica”, dijo.

Aguilar Bulgarelli advirtió además que no existe un documento que respalde el archivo del tratado, sino solo una declaración de la presidenta, y se preguntó si se trata de “una pantomima”. Planteó que podría servir para ocultar situaciones graves en el país, como la de la CCSS, el intento de privatizar el ICE y los ₡1,9 billones que, según la Contraloría General de la República, Hacienda dejó de recaudar por controles deficientes.

Finalmente, llamó a participar masivamente en la manifestación del 3 de noviembre “para que entiendan que a la gente no se le engaña”. “La credibilidad en este gobierno, por las hartas mentiras que han venido metiéndole al país durante más de cuatro años, ya hizo que perdiera toda credibilidad, toda confianza. Esto hay que pararlo o nos van a destruir el país”, concluyó.

Posición de RENASES tras archivo de Pacto Transpacífico

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
San José, 29 de octubre, 2026

El Pacto Transpacífico se archivó, pero el agro sigue solo

El Gobierno archivó «definitivamente» el proceso de adhesión al CPTPP y removió a la ministra de Comercio Exterior. La razón no fue la defensa del interés nacional. Fue cálculo: lo que sus aliados económicos ganaban era poco y el costo político, demasiado alto. COMEX recibió un golpe en la mesa: estate quieto.

Lo que este Gobierno realmente defiende es otra agenda

Mientras el Pacto Transpacífico concentraba la atención, el Gobierno avanzaba en lo que de verdad le importa: privatizar el sistema eléctrico, imponer jornadas de doce horas, eliminar el tope a las tasas de interés, destruir la Caja Costarricense de Seguro Social por asfixia presupuestaria, desmantelar el sistema de pensiones solidarias, pauperizar la educación y recortar los programas sociales. Todo eso ocurre a plena luz del día.

Y debajo de todo eso, el cáncer que pudre las finanzas públicas: la evasión tributaria y las elevadísimas tasas de interés que pagamos por la deuda pública. La Contraloría General de la República lo documenta con evidencia en la mano: por controles deficientes, Hacienda dejó de recaudar más de ₡1,9 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026. Las acciones de control cayeron de 1.767 casos en 2023 a apenas dos en 2025. Eso es negligencia, impericia o complicidad. Tributación y Aduanas, un mamarracho de sistema que lleva años en caos total. Mientras el Estado le recorta al niño del CEN-CINAI y al adulto mayor sin pensión, ciertos grupos económicos evaden sin consecuencias. Eso no es un problema fiscal. Es una decisión política.

El Pacto Transpacífico era la batalla visible. Las otras se libran con menos ruido, y se están perdiendo

El sector agro no ganó. Solo sobrevivió un día más

Celebrar que el posible acuerdo comercial Transpacífico se archivó sin exigir nada a cambio es conformarse con no perder. Y no perder no es ganar.

El frente que destruye al agro avanza todos los días:

  • Sin seguros agrarios en pleno cambio climático,
  • sin mejores condiciones de crédito,
  • sin compras del Estado que privilegien al productor nacional,
  • sin defensa comercial contra importaciones a precios ruinosos,
  • sin solución para la quiebra de 350 productores de arroz,
  • sin agua para Guanacaste,
  • sin respuesta ante los aranceles de Estados Unidos que violan el TLC,
  • sin alivio en insumos ni en registro de moléculas,
  • sin avances en la distribución de la riqueza que genera el campo entre quienes producen y quienes comercializan.

Que el CPTPP se haya archivado no resuelve ni uno solo de esos problemas. Solo significa que este año no se sumó uno más a la lista

Las promesas no alimentan. Los hechos, sí

El Gobierno anunció reforzar las compras públicas a productores locales y combatir el contrabando de alimentos. Bien dicho. Ahora el sector agro debe tomar la iniciativa: redactar un documento público con los compromisos concretos, los plazos y los responsables. Proponer al Gobierno en concreto y, si no cumple, que quede escrito quién falló y cuándo. No más mesas sin resultado. No más anuncios que se evaporan.

El agro costarricense tiene razones, tiene historia y tiene gente con las manos curtidas de trabajar la tierra, que merece algo mejor que sobrevivir de milagro en milagro. Ese mérito obliga. Obliga a organizarse más, a exigir, a no bajar la guardia nunca. Las injusticias no se corrigen solas: se corrigen cuando quienes las sufren deciden que ya fue suficiente.

José Oviedo Chaves
Coordinador, RENASES

Agradecemos la asesoría del economista Welmer Ramos González.

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES-Posicion-tras-archivo-de-Pacto-Transpacifico.pdf

Contraloría ordena al Consejo Superior de Educación definir una conducción estratégica y rendir cuentas sobre su gestión

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-CAP-IAD-00004-2026, del 24 de setiembre de 2026, sobre la gestión del Consejo Superior de Educación (CSE) para ejercer la dirección general de la enseñanza oficial. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026. La CGR aclara que no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas, sino la forma en que el Consejo ejerce su función.

La CGR concluye que la gestión del Consejo, así como sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, presentan un incumplimiento generalizado en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable. Según el informe, las deficiencias limitan su capacidad para orientar de manera proactiva el sistema educativo y para transparentar ante la ciudadanía los resultados de su gestión, con incidencia en un servicio esencial para la niñez y la adolescencia.

Qué es y qué decide el Consejo

El CSE es un órgano de relevancia constitucional encargado de la dirección general de la enseñanza oficial. Lo preside la persona titular del Ministerio de Educación Pública (MEP). Lo integran también dos exministros o exministras de Educación, una persona nombrada por el Consejo Nacional de Rectores, representantes docentes de los distintos ciclos, una persona designada por las organizaciones de educadores, una por la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y una por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

Entre sus competencias están aprobar los planes de desarrollo de la educación pública; las modalidades, escuelas y proyectos innovadores; los planes de estudio, programas y reglamentos; el sistema de promoción y graduación; la equivalencia de títulos y estudios extranjeros, y la política de infraestructura y los planes para el desarrollo docente. Esto incluye, por ejemplo, los programas de Matemáticas, Ciencias o Cívica, el calendario escolar, la creación de colegios científicos, artísticos o técnicos y los requisitos de graduación. Las propuestas pasan primero por sus comisiones de Planes y Programas y de Leyes y Reglamentos.

Principales resultados

Falta de conducción estratégica y de trazabilidad en las decisiones. La CGR señala que el Consejo no ha definido una visión de mediano y largo plazo, ni objetivos y metas propias que orienten su gestión. Su trabajo se concentra principalmente en atender las propuestas remitidas por el MEP, sin una agenda estratégica propia. Según los datos clave del informe, se analizaron 144 sesiones del Consejo sin que existiera una hoja de ruta que orientara la dirección de la enseñanza.

Además, los dictámenes de las comisiones carecen de estándares documentales mínimos. En la revisión de expedientes de propuestas aprobadas en 2024 y 2025, la CGR encontró que cuatro de seis (67%) no contaban con un informe técnico que sustentara la propuesta. La conformación de los expedientes depende de la discrecionalidad del personal técnico asignado o de las personas integrantes de cada comisión.

Falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El Consejo no cuenta con ningún informe anual formal de rendición de cuentas sobre los resultados de su gestión. Aunque publica las actas de sus sesiones, la información permanece dispersa en actas y correspondencia. Tampoco existen mecanismos para divulgar el trabajo de sus comisiones, que es donde se analizan y dictaminan las propuestas.

Según el informe, el Consejo respondió mediante el oficio CARTA-CSE-SG-770-2026, del 18 de setiembre, que recientemente puso en marcha herramientas de control y bases de datos para el seguimiento de sus acuerdos, consultas y proyectos.

Lo que ordena la Contraloría

La CGR dispuso tres acciones de acatamiento obligatorio para el Consejo:

  • Instrumentos de control para la orientación estratégica del Consejo, que incluyan su visión estratégica y vinculen objetivos y metas con los recursos requeridos. Deberá acreditar su oficialización a más tardar el 31 de mayo de 2027 y presentar un informe de avance el 30 de noviembre de 2027.

  • Regulaciones internas que promuevan la independencia de criterio y la objetividad en las decisiones de sus miembros, con prioridad en la gestión de conflictos de interés y la mitigación de presiones externas. Plazo para acreditar su oficialización: 30 de julio de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 31 de marzo de 2028.

  • Regulaciones internas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, que incluyan un informe de rendición de cuentas basado en resultados. Plazo para acreditar su oficialización: 31 de agosto de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 29 de abril de 2028.

La CGR recuerda que el incumplimiento injustificado de estas disposiciones es causal de responsabilidad.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2026/SIGYD_D/SIGYD_D_2026016042.pdf

Prevenir o lamentar: las pretensiones del oficialismo Jaguar para evitar controles previos de la Contraloría

Por JoseSo — Entre Verdades y Opiniones, para SURCOS

¿Qué es mejor, prevenir el delito o recoger el muerto?

En materia de seguridad ciudadana y defensa nacional, la respuesta nos parece obvia. Pensemos por un momento en lo que ocurrió cuando se ejecutó la desastrosa política de retirar a la Policía de Control de Drogas (PCD) de nuestros puertos, aeropuertos y fronteras. Al abandonar la barrera preventiva, el país quedó ciego e inoperante, apostando por un modelo reactivo donde el Estado solo llegaba a lamentar el daño, recoger los escombros y contar las consecuencias del crimen organizado cuando la droga ya había cruzado nuestros umbrales.

Traslademos este mismo absurdo suicida al manejo de nuestros impuestos. Eso es, letra por letra, lo que el autodenominado “oficialismo Jaguar” ha pretendido hacer con la Contraloría General de la República (CGR) y la Hacienda Pública.

La estrategia para desarmar al vigilante

La intención de quitarle los frenos al vehículo del Estado no ha sido disimulada. Bajo la falsa premisa de que la fiscalización “detiene el progreso”, hemos sido testigos de una embestida sistemática para desarticular la defensa preventiva de los fondos públicos. Entre los intentos más peligrosos destacan:

La insistencia con la “Ley Jaguar” (en sus múltiples versiones): Proyectos de ley redactados con el objetivo quirúrgico de mutilar la Ley Orgánica de la Contraloría, arrebatándole la potestad de emitir órdenes vinculantes, advertencias previas y suspender actos irregulares antes de que se ejecuten.

La amenaza de reformas constitucionales: Solicitudes y presiones políticas para modificar la Constitución Política, buscando reducir a la CGR a un simple auditor de autopsias financieras que solo pueda emitir informes cuando la plata ya desapareció.

El uso de referéndums como arma de presión: Intentar someter a votación popular el desmantelamiento técnico de los controles de contratación administrativa, disfrazando la desregulación de “eficiencia”.

Cuando se apaga la luz: Los casos INA y Pista Oscura

Para entender por qué el control previo es vital, solo basta ver lo que sucede cuando se busca evadirlo o forzarlo mediante atajos legales. Tenemos dos ejemplos recientes y lapidarios:

El contrato INA – Open English: Una adjudicación millonaria otorgada bajo un esquema “llave en mano”, impulsada sin los estudios técnicos rigurosos que demostraran la viabilidad y efectividad del modelo para la población objetivo. Una licitación hecha a la medida que compromete decenas de millones de dólares del presupuesto institucional en plataformas de autoestudio.

El caso Pista Oscura (MOPT-MECO): La intervención en la pista del Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, donde se utilizó la figura del decreto de emergencia y supuestas “ingenierías de valor” para saltarse los procedimientos ordinarios de licitación. El resultado es una investigación penal por presiones indebidas para modificar contratos a favor de la empresa MECO, ignorando criterios técnicos.

Si sumamos el potencial perjuicio económico y el riesgo a la Hacienda Pública de estos dos casos, sobrepasamos y duplicamos las cifras de daño que en su momento escandalizaron al país con el sonado caso ICE-ALCATEL. Y esto, apenas en dos expedientes.

Recoger el muerto financiero

Quitarle el control previo a la Contraloría es el equivalente administrativo a sacar a la PCD de las fronteras. Es pedirle al Estado que cierre los ojos ante las licitaciones a la medida, los decretos de conveniencia y los contratos “llave en mano”, para que la CGR solo pueda actuar años después, redactando informes sobre millones de dólares que ya no están y obras que se entregaron defectuosas.

La eficiencia del Estado no se logra abriendo la puerta al despilfarro. Prevenir siempre será más barato que lamentar.

CGR señala que estados financieros del Gobierno no son confiables y advierte caída en los ingresos tributarios

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un conjunto de documentos relacionados con la gestión financiera del Gobierno de la República, conforme a la normativa vigente, que constituyen un insumo para la toma de decisiones y que buscan fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los documentos evidencian situaciones que la CGR califica de urgentes en los registros contables, la gestión financiera y la recaudación tributaria del país.

Dictamen adverso sobre los estados financieros del Gobierno

El primero de los documentos es el Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025 (DFOE-FIP-IAA-00005-2026), dirigido al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y firmado por Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas, junto con Karen Garro Vargas y Daniel Zúñiga Picado. En este dictamen, la CGR emite una opinión adversa, es decir, concluye que los estados financieros consolidados —que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo— no presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Gobierno al 31 de diciembre de 2025, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

Entre los principales hallazgos que sustentan esta opinión adversa, el dictamen señala:

  • De las cuatro entidades principales que integran el consolidado (Poder Ejecutivo, FODESAF, Poder Judicial y CONAVI), únicamente el Poder Judicial y CONAVI incluyeron la declaración expresa de cumplimiento de las normas contables internacionales exigida por la NICSP 1.

  • La Dirección General de la Contabilidad Nacional (DGCN) no realizó ni documentó de forma integral el análisis de control exigido por la NICSP 35 para determinar qué entidades deben incorporarse al consolidado, y cuatro entidades (SINAC, Casa de la Cultura de Puntarenas, Museo de Arte Costarricense y Museo Histórico Cultural Juan Santamaría) fueron excluidas por incumplimientos o inconsistencias en sus estados financieros individuales.

  • No se ha determinado si corresponde consolidar la información de al menos 11 fideicomisos pertenecientes al Poder Ejecutivo, a Órganos Desconcentrados y a otros Poderes.

  • Durante 2025, el proceso de eliminación de transacciones y saldos recíprocos entre entidades presentó eliminaciones incompletas, incorrectas u omisas, generando inconsistencias cuantificadas en ¢6.909.439 millones.

  • Las cuentas por cobrar a corto plazo, con saldo de ¢3.362.408 millones al cierre de 2025, presentan omisiones y diferencias no conciliadas; entre ellas, una diferencia de ¢137.675 millones entre lo registrado por cuentas por cobrar tributarias (¢521.669 millones) y la cartera morosa reportada por la Dirección General de Tributación (¢659.344 millones).

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢1.285.261 millones entre lo que FODESAF registra como cuentas por cobrar al Ministerio de Hacienda (¢2.251.051 millones) y lo que el Poder Ejecutivo registra como cuenta por pagar a FODESAF (¢965.790 millones); además, la DGCN eliminó incorrectamente esa cuenta por pagar en el proceso de consolidación, lo que sobrevaluó activo y pasivo de FODESAF en ¢965.790 millones.

  • El saldo de bienes concesionados y no concesionados, de ¢17.554.232 millones, presenta omisiones y clasificaciones incorrectas. Entre otros casos, al menos 3.518 inmuebles vinculados a centros educativos no están registrados en los sistemas contables ni inscritos a nombre del Ministerio de Educación Pública en el Registro Nacional; 234 terrenos —principalmente del MINAE, CEN-CINAI e Instituto Costarricense sobre Drogas— no están registrados contablemente; y 1.492 terrenos del MOPT carecen de identificación uniforme que permita conciliarlos con el Registro Nacional.

  • Un saldo de ¢5.776.261 millones reconocido como «revaluación de bienes» carece de sustento técnico por una metodología que no reúne las condiciones requeridas para determinar de forma fiable el valor de esos activos.

  • Existe una diferencia no conciliada de ¢3.233.213 millones entre las cuentas por cobrar que reporta la CCSS al Estado (¢4.645.669 millones, con corte a mayo de 2025) y las obligaciones registradas por el Poder Ejecutivo y FODESAF (¢186.147 millones y ¢1.226.309 millones, respectivamente).

  • El Poder Judicial mantiene ¢298.089 millones en la cuenta de Fondos de Terceros y Depósitos en Garantía cuya composición no pudo ser verificada por la CGR, debido a que el Sistema de Depósitos Judiciales no opera como un sistema contable histórico con el nivel de detalle requerido.

  • El Poder Ejecutivo no ha reconocido ni cuantificado el pasivo por beneficios post-empleo (como el auxilio de cesantía por jubilación) mediante un estudio actuarial, como lo exige la normativa contable aplicable.

  • Los ingresos presentan incorrecciones derivadas de que el Poder Ejecutivo los reconoce sobre base de efectivo o cuando inicia el cobro, en lugar de reconocerlos cuando surge el derecho de cobro (base de devengo), lo que subvalúa los ingresos del período; además, existe una duplicidad de ingresos entre FODESAF y el Poder Ejecutivo al reconocerse dos veces las contribuciones patronales.

Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026

El segundo documento es el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria al 30 de junio de 2026 (DFOE-FIP-MTR-00003-2026), publicado el 28 de agosto de 2026 en el sitio de monitoreo de la CGR (#MonitoreoCGR). Según lo señalado en el comunicado de la CGR, este informe analiza la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026, caracterizada por un estancamiento de los ingresos corrientes, una reducción del gasto social y un aumento de la deuda del Gobierno, asociado a las necesidades de financiamiento y a altos saldos de liquidez.

Certificaciones sobre la efectividad fiscal de los ingresos

Los otros dos documentos corresponden a certificaciones de la CGR sobre la razonabilidad de la efectividad fiscal de los ingresos del Presupuesto de la República, remitidas por el Ministerio de Hacienda:

  • La certificación DFOE-FIP-0296-2026, del 13 de agosto de 2026, avala la reestimación a la baja de los ingresos tributarios para el ejercicio 2026. Según el detalle técnico del propio documento, la reestimación total de ingresos para 2026 asciende a ¢5.217.000.000.000 (9,7% del PIB), monto que representa una reducción de ¢373.391 millones (0,7% del PIB) respecto a la estimación original, lo que reduce la carga tributaria proyectada de 13,3% a 12,6% del PIB. La CGR advierte que esta certificación se emite en un contexto de «elevada incertidumbre internacional» y enumera varios factores de riesgo adicionales: la posibilidad de eventos negativos sobre la economía mundial, limitaciones de información derivadas de la implementación del sistema TRIBU-CR, la incertidumbre sobre el efecto de leyes y decretos recientes (como la Ley N.° 10667 y los Decretos 44712 y 44921) y la eventual aprobación de proyectos de reforma tributaria en discusión.

  • La certificación DFOE-FIP-0310-2026, del 24 de agosto de 2026, avala la estimación de ingresos para el ejercicio 2027, por un total de ¢7.738.811.942.326 (13,89% del PIB), de los cuales ¢6.847.888.956.872 corresponden a ingresos tributarios (12,29% del PIB, para una carga tributaria total proyectada de 12,3% del PIB según lo indicado en el comunicado). La CGR enumera factores adicionales de riesgo para esta proyección, entre ellos cambios en las perspectivas macroeconómicas globales, la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, la fluctuación de la elasticidad tributaria y la incertidumbre sobre el efecto de eventuales reformas al sistema tributario.

La CGR compartió además un video con declaraciones de Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas:
https://www.youtube.com/watch?v=oaefMKpaedU

Nuestra democracia bajo amenaza

Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.

Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.

Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:

  • El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
  • Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
  • Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.

Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:

  • El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
  • La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
  • El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.

Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.

Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.

Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.

Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.

Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.

En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.

Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.

Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica.     Agosto 27, 2026.

Firmantes:

Gerardo Fumero Paniagua, 301830948

Jorge Blanco Roldán, 103870769

Edgar Porras Thames, 103971236

Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907

Alejandro Alvarado Induni, 103400452

Felipe Corriols Morales, 103720641

Hernán Sánchez Delgado, 103630887

Luis Bolaños Marín, 103840247

Fernando Fernández González, 104510498

Milton Esquivel Hernández, 103991282

Rodrigo Méndez, 104370959

Germán Murillo Pacheco, 400900601

Manuel Incer Arias, 103990517

Mario Granados Chacón, 103780680

Patricia Barzuna Castro, 105200588

Marina Aguiluz Armas, 102810948

Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334

Habib Succar Guzmán, 203240655

Víctor Mora Black, 601170946

Mercedes Monge Agüero, 104011497

Mario Salas Leal, 103720352

Jorge González Calderón, 107750334

Marco Vázquez Esquivel, 292940397

Luis González Espinoza, 202740104

Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170

Minor Ovares Fallas, 103880138

Xinia Herrera Quirós, 104220059

Mario Vilalta Jiménez, 104390432

José Luis Ocampo Rojas, 103720173

Alba María Muñoz Sibaja, 103960709

José Miguel Quirós Murillo, 202600256

Jaime Rosencwaig Topf, 103860466

Miguel Á. Montero Corredera, 104510398

Rolando González García, 202600476

Alberto Negrini Vargas, 104130248

Sandy Calderón Delgado, 103860628

Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917

Rafael Ángel González Arce, 103990124

Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982

Oscar Cuevas Zamora, 115200024

Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664

Emilia M. Rojas Umaña, 104090831

Azálea Álvarez Torres, 103840399

Víctor Mora Vilalreal, 106280826

Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879

José Pablo Sibaja Brenes, 112000166

Rogelio Zeledón Ureña, 104180816

Marco V. García León, 401300549

Guillermo Alvarado Induni, 105420448

Alexis Solís Marín, 104490703

María Nelly Porras Thames, 105330726

Marcela Guzmán Ovares, 301860044

María Helena Fonseca Mora, 301800640

Carmen Sandoval Jiménez, 103860587

María Elena Fonseca Mora, 301800640

Sergio Valenciano Ulloa, 105040820

Carlos Runebaun Madriz, 301720446

Tannia Oconnor Oconnor, 104060961

Eduardo Peralta, 103890642

Irene Araya Ortiz, 104870980

Alberto Gómez Vargas, 105720404

Luis Bolaños Marín, 104370959

María Teresa Bolaños Mora, 105130804

Arturo Pacheco Molina, 301820534

Ismael Mazón González, 104220207

Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987

100 días de Laura Fernández: ¿Gestión Pública, Espejismo populista o Campaña Permanente?

Por: JoseSo | Entre Verdades y Opiniones | Para: SURCOS

En política, los primeros cien días de una administración funcionan como el escaparate que define la ruta y el tono del cuatrienio. El reciente balance presentado por la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado desde Zapote prometía ser un corte de caja de gestión ejecutiva, pero terminó convirtiéndose en un guion continuista donde la confrontación institucional sigue siendo la verdadera protagonista de la agenda nacional.

El anuncio del nuevo paquete de proyectos de ley es, en el fondo, un déjà vu. Si bien incluye iniciativas de corte económico y social, el plato fuerte de la narrativa vuelve a ser el intento de limitar las competencias de la Contraloría General de la República. Insistir en reciclar el espíritu de la fallida “Ley Jaguar” —cuyas pretensiones de alterar el control preventivo ya fueron frenadas por la Sala Constitucional— plantea una interrogante ineludible: ¿estamos ante un esfuerzo técnico genuino por hacer más ágil el aparato estatal, o ante la construcción de una coartada política para que el Congreso rechace los textos y poder mantener vivo el discurso del bloqueo?

Sin embargo, el punto más crítico de este informe, analizado desde el rigor de la administración pública, es el anuncio de “100 obras concretas en 100 días”. Apropiarse de megaproyectos como el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago, el Hospital Tony Facio de Limón o la Punta Sur de la carretera a San Carlos como logros de la actual administración —o de su predecesora chavista— es un espejismo comunicacional, para su base dura.

Estos son proyectos estructurales de instituciones como la CCSS y el MOPT, que llevan décadas de maduración, diseños y estudios técnicos heredados de gobiernos anteriores. En la gestión pública hay que ser precisos: mezclar intenciones con realidades es un error. Un proyecto en papel, que aún busca financiamiento o está entrampado en apelaciones de adjudicación, no es una obra terminada. Vender el avance de un trámite burocrático de transición como si ya se estuviera cortando la cinta inaugural es un artificio publicitario que subestima al ciudadano.

La cereza del pastel de este evento la puso el hoy ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves. En un intento por marcar una superioridad moral frente a la oposición, Chaves afirmó con vehemencia que en el oficialismo no piensan como “los de la acera del frente” que viven calculando las próximas elecciones, sino que ellos piensan en “las próximas generaciones”. Una frase profunda y de antología, si no fuera porque segundos después, en ese mismo micrófono y casi sin respirar, apeló al más puro cálculo electoral: le pidió al pueblo que notara la diferencia para que en los próximos comicios les den “31, 40 o 45 diputados”.

Esa monumental disonancia en el discurso confirma el diagnóstico que hoy hacen diversos sectores independientes: este Gobierno no ha logrado salir del modo de campaña permanente. Se sigue operando desde la lógica del choque y el titular, midiendo fuerzas para la próxima contienda en lugar de consolidar puentes para gobernar hoy, y anunciar que lograron encontrar tela anaranjada para uniformes penales o quitar tomacorrientes y los hornos de microondas en Cárceles no ayudan para nada.

El capital político de ¿la mandataria? Fernández sigue siendo considerable gracias a su contundente victoria en las urnas, pero la luna de miel de los cien días ya expiró. El reloj no perdona, y la paciencia ciudadana frente a urgencias como el embate del narcotráfico, el costo de vida y las listas de espera de la CCSS, tiene un límite. A partir de ahora, queda en el Ejecutivo demostrar si este mandato se traducirá en la ejecución real de políticas públicas, o si nos mantendremos atrapados en un círculo interminable de verdades a medias y opiniones polarizadas.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

Cahuita y su Parque Nacional defienden el legado histórico del Modelo de Gobernanza Compartida

Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC)

Cahuita, agosto de 2026. La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) como representante jurídico del Parque Nacional Cahuita (PNC) hace del conocimiento público la historia, los logros y los retos del modelo de Gobernanza Compartida con el que ha funcionado desde sus inicios Cahuita y su Parque Nacional. La comunidad de Cahuita ha luchado para mantener su derecho a decidir sobre su territorio ancestral, sobre SU CASA, su fuente de ingresos, su historia. Esa lucha está ligada al momento sociopolítico, económico y ambiental en el que se desarrolla. Hoy, hablamos de Cahuita y su Parque Nacional.

A lo largo de su historia como modelo único y novedoso de participación ciudadana en el manejo de sus recursos naturales, ha sido necesario mejorar varios aspectos de funcionamiento tanto a nivel interno como en relación con las instituciones gubernamentales. El Parque Nacional Cahuita trabaja con personas con sus fortalezas ejemplares que nutren el modelo y otras que se han tenido que apartar del proceso, pero ello no cuestiona de manera general el Modelo de Gobernanza Compartida que tiene antecedentes históricos, territoriales y jurídicos propios, refleja más de 30 años de genuina participación de la comunidad tribal de Cahuita en su conservación y gestión, por todo ello es reconocido y galardonado a nivel internacional.

El año en curso la ADIC, detectó algunas irregularidades; en relación con supuestos faltantes de recibos y depósitos, así como un presunto incumplimiento del procedimiento interno con respecto a las contribuciones voluntarias recolectadas en el sector de playa Blanca por lo cual presentó una denuncia penal para que fueran investigadas por las autoridades competentes.

Como resultado de esa actuación se encuentra actualmente en trámite el expediente N.° 26-000447-0829-PE, originado en la denuncia presentada el 30 de abril de 2026 por el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita.

De manera paralela, la ADIC emitió directrices y adoptó medidas para fortalecer sus procedimientos de control, supervisión, trazabilidad y rendición de cuentas, con el propósito de atender las debilidades identificadas y reforzar los mecanismos internos de prevención.

Al encontrarse los hechos bajo investigación penal, corresponde al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial determinar qué ocurrió y establecer las eventuales responsabilidades. Por respeto a esa investigación, al debido proceso y a las competencias de las autoridades judiciales y como indica la ley, la ADIC se abstiene de hacer más declaraciones.

Además, existe otra investigación por una denuncia interpuesta en el 2023 con la causa N.º 23-000397-1218-PE, tramitada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el eventual delito de peculado, originada en las diferencias entre la Contraloría General de la República y el Modelo de Gobernanza gestionado por la ADIC.

La ADIC considera necesario aclarar que la causa del 2023 tiene antecedentes distintos a la investigación iniciada en 2026. El expediente de 2026 surge de las inconsistencias detectadas y denunciadas por la propia Asociación, mientras que la causa del año 2023 se relaciona, según la posición de ADIC, con una discusión anterior sobre la naturaleza jurídica de las contribuciones voluntarias que dan los turistas en la entrada de Playa Blanca y el régimen bajo el cual se ha desarrollado su administración dentro del Modelo de Gobernanza Compartida.

La existencia de una investigación penal no constituye una determinación de responsabilidad ni permite anticipar una conclusión sobre la naturaleza jurídica de esos recursos. Corresponde a las autoridades judiciales resolver esos aspectos conforme al ordenamiento jurídico y para ello deben analizar la prevalencia de los Tratados internacionales de Derechos Humanos que otorgan Derechos a la comunidad afrodescendiente de Cahuita, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, para administrar los recursos que se generan en el área protegida, versus la normativa financiera del Estado.

El garante de este modelo, quien lucha para que se sostenga es la A.D.I.C., conformada por personas elegidas por la comunidad, que aman, luchan y defienden el derecho a participar en el bien que les pertenece. Además, en un inicio se contó con el apoyo del Comité de Manejo del Parque Nacional Cahuita que en 2016 por decreto ejecutivo 40110 quedó constituido como Consejo local de Manejo.

El modelo de gestión compartida del Parque es exitoso y se ha construido con esfuerzo, transparencia y eficiencia, lo cual no excluye retos y pendientes por resolver que el trabajo en conjunto entre la ADIC, la coordinación del Parque y el Consejo Local de Manejo permiten enfrentar.

Es importante señalar que la ADIC ostenta la responsabilidad jurídica, la Coordinación del Parque se encarga de la operatividad, así como de los programas del plan de manejo y al Consejo Local le corresponde la coadyuvancia y fiscalización en el desarrollo de ambas funciones.

El pueblo de Cahuita históricamente sabe defender su derecho, su territorio ancestral, su cultura, su ecosistema y por ello está trabajando arduamente en la elaboración y posterior aprobación de una ley específica que necesita para mantener y fortalecer el modelo de Gobernanza compartida.