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Etiqueta: Contraloría General de la República

CGR revela deficiencias en la gestión de recursos de JAPDEVA para desarrollo regional

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La Contraloría General de la República (CGR) presentó recientemente un informe de auditoría, que evidencia serias falencias en la ejecución de los recursos provenientes del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).

El estudio tuvo como objetivo principal determinar si la gestión de estos fondos, destinados específicamente a proyectos de desarrollo regional, cumple con el marco regulatorio establecido y las buenas prácticas aplicables en la materia.

La auditoría cobra especial relevancia considerando que JAPDEVA tiene asignada la administración y ejecución de estos recursos durante un periodo de 30 años, con el mandato específico de utilizarlos en proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de la región caribeña y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Hallazgos preocupantes

Entre las principales deficiencias identificadas por la CGR destacan:

  • Ausencia de visión estratégica para el desarrollo integral de la Vertiente Atlántica, lo que compromete la eficacia de las inversiones realizadas.

  • Carencia de proyectos con objetivos y metas claras, así como de indicadores que permitan medir el impacto real de las inversiones en la región.

  • Más de 15 mil millones de colones se encuentran actualmente en proceso de formalización, sin un destino claro y definido.

  • Una alarmante baja ejecución presupuestaria, alcanzando apenas el 2,67% del total de recursos disponibles durante el periodo evaluado.

  • Aproximadamente $101,9 millones fueron destinados a proyectos no prioritarios, según los propios criterios de impacto establecidos por JAPDEVA.

  • Ausencia de criterios de equidad en la distribución territorial de los recursos, lo que podría estar generando desigualdades en el desarrollo de distintas zonas de la región caribeña.

Sin proyectos de alto impacto

Un dato particularmente preocupante es que ninguno de los proyectos aprobados por JAPDEVA ha sido categorizado como de «alto impacto» para el desarrollo regional, lo que cuestiona la efectividad de las inversiones realizadas hasta el momento.

Adicionalmente, de los 16 proyectos que cuentan con convenio firmado entre los años 2022 y 2024, 12 aún no han iniciado su etapa constructiva, sin que exista claridad sobre sus fechas de inicio. Solo uno ha sido concluido, y este carece de un programa de mantenimiento adecuado.

Para conocer en detalle los hallazgos y recomendaciones de la Contraloría General de la República, se invita a los interesados a consultar el informe completo disponible en este enlace.

Defensoría: Controles deben ser claros en concesión de Puerto Caldera

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La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación, la cual tuvo como objetivo atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.

En el marco de dicha investigación, se logró determinar que la Contraloría General de la República habría emitido el Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, en el que se abordó el tema de la ausencia de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento en la infraestructura y equipos que administra la concesionaria, lo que ha generado un impacto directo sobre el servicio que se brinda por dicha empresa; situación que sin lugar a dudas, tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en el año 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del Concesionario.

En el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el INCOP y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el MOPT nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas.

En este sentido, a lo largo de la investigación y para el actual contrato de concesión, la Defensoría ha advertido la importancia de ahondar en la diferenciación que existe entre las funciones del INCOP y de la Administración Concedente que, para efectos jurídicos, esta Defensoría considera distan de lo que se ha señalado por las autoridades del INCOP y el MOPT como una “mera coordinación”.

Esta advertencia toma mayor relevancia en el marco de proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, a efectos de evitar inconvenientes futuros como los que evidenció la CGR en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, a escasos meses de su finalización y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda y aunque el documento señale estarán representados por el INCOP, se debe recordar que la delegación no transfiere responsabilidad.

En este sentido, en el marco de su magistratura de influencia, en diciembre anterior la Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”; posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”.

Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

CGR: Débil gestión de la deuda en el Ministerio de Hacienda

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SURCOS comparte el siguiente informe de la Contraloría General de la República:

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Hacienda, en relación con el proceso de gestión de la deuda y determinar si lo relativo a las políticas, estrategias, planes y formulación del presupuesto cumple razonablemente con el marco normativo y buenas prácticas aplicables. Se determinó que dicho proceso cumple parcialmente con estos aspectos. El período analizado está comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 01 de septiembre de 2024.

¿Por qué es importante gestionar la deuda?

El proceso de gestión de deuda ejecutado de manera responsable es un componente clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica y social, así mismo, para brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía y contribuir al desarrollo del país. Esto permitirá a Costa Rica procurar alcanzar un nivel de endeudamiento óptimo y sostenible en el mediano plazo y financiar bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población.

Hallazgos relevantes

Falta de coordinación con el Banco Central de Costa Rica, para la aprobación de la Política de Endeudamiento y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.

Inconsistencias entre la Política de Endeudamiento y el Marco Fiscal de Mediano Plazo en cuanto a la brecha de liquidez.

No se revisa la vigencia o necesidad de actualización de la Política de Endeudamiento.

No se estableció periodicidad de evaluación de vigencia de la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.

Falta de trazabilidad y comparabilidad en los datos de los documentos de deuda del Ministerio de Hacienda.

Se identificaron sobreestimaciones en el presupuesto 2025 de al menos ¢21 mil millones debido a utilización de supuestos incorrectos, como la contabilización de dos cupones de intereses por una eventual colocación de eurobonos en 2025 y utilización de tasa de interés desactualizada en la estimación de tres préstamos de deuda externa.

No se documentó el criterio técnico utilizado para establecer los topes máximos de tasas de interés de los títulos de deuda interna.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace: DFOE FIP IAD 00001-2025

Video de Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas aquí

Video resumen del informe en el siguiente enlace

IMAS incumple metas en entrega de subsidio por inflación

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La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS- sobre la eficacia en la entrega del beneficio temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, implementado en 2022 y 2023, cuyo fin fue contribuir a la satisfacción de necesidades básicas alimentarias de hogares en condición de pobreza. La entrega del beneficio no alcanzó la meta de cobertura de hogares programada y se presentó una subejecución significativa del presupuesto asignado de ₡20.000 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Principales hallazgos de la auditoría

– Cobertura insuficiente: Se benefició un equivalente al 75% de los más de 111 mil hogares planificados. Poco menos de 27 mil hogares no recibieron el beneficio pese a tenerlo aprobado y presentando condiciones de pobreza extrema, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, o condiciones simultáneas de estas.

– Mala asignación: Un 3% de los hogares beneficiados, correspondiente a  ₡529 millones, recibieron el beneficio pese a no cumplir los criterios de otorgamiento o aspectos como: beneficiario fallecido, privado de libertad, o personas que recibieron previamente otra ayuda estatal.

– Subejecución presupuestaria: Ejecución únicamente del 77,2% del total de ₡20.000 millones presupuestados, asignados por FODESAF, dejando un saldo final no ejecutado de  ₡4.024 millones.

Puede bajar el informe completo desde el siguiente enlace: DFOE BIS IAD 0008-2024

CGR: “CCSS no le cobra al Estado montos millonarios”

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De acuerdo con un comunicado de la Contraloría General de la República, una auditoría realizada tuvo como objetivo determinar si el proceso de cobro de las obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cumple razonablemente con el marco normativo y técnico aplicable.

El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB, aproximadamente, y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad.

Conclusiones de la auditoría

Se determinó que la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, en los términos establecidos en los criterios de la presente auditoría:

La CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado en el período 2020-2023 lo que significa que dejó de cobrar ¢1,62 billones del total del monto facturado (¢2,89 billones) en ese período, lo cual ha generado que el remanente se acumule en el tiempo y genere intereses moratorios (¢323.557,66 millones en ese periodo).

Existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023; entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado”, sobre el cual la CCSS no ha recuperado los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones.

La CCSS no implementa el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable; no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia.

No implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2.03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto.

Ver página 18 del informe:

«Al Lic. Gustavo Picado Chacón en su calidad de gerente financiero o a quien en su lugar ocupe el cargo.

4.4. Actualizar e implementar el Procedimiento para la Gestión de las deudas del Estado con la CCSS para que se incluya lo siguiente: definición de roles y responsabilidades de las unidades que intervienen en determinar montos a facturar, el plazo del trámite de cobro, el momento de registro de la cuenta por cobrar, el momento de rige en la suma de intereses y las actividades de control que aseguren el cobro de las obligaciones del Estado por la vía administrativa, y de no recuperar los recursos proceder al cobro judicial, aplicable a todos los conceptos que la CCSS cobra al Estado. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir al Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General:

  1. A más tardar al 30 de junio de 2025, una certificación que haga constar la actualización del procedimiento señalado.
  2. A más tardar el 31 de octubre de 2025, una certificación que acredite su implementación».

El informe completo está disponible en el siguiente enlace: DFOE BIS IAD 00009-2024

Mala gestión de CEN CINAI afecta poblaciones vulnerables

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Recientemente, la Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Dirección Nacional del CEN-CINAI, con el objetivo de determinar si su proceso de planificación cumple con los marcos jurídicos y técnicos aplicables, así como la adaptación del modelo de compras institucional de la entidad. Actualmente, el CEN-CINAI, tiene como funciones:

  • Mejorar el estado nutricional de la población materno-infantil
  • Promover el desarrollo de la niñez en condiciones de riesgo social o pobreza
  • Brindar atención diaria de calidad a la población menor de 13 en estas condiciones
  • Proporcionar servicios de atención a mujeres embarazadas y a sus familias

Además de esto, se busca que se brinde servicio a las familias de estas personas, para facilitar la participación de las personas responsables del cuido, en el sistema educativo y en el mercado laboral.

En esta auditoría se presentaron los siguientes hallazgos:

  • La población atendida en los servicios de atención, protección infantil y nutrición preventiva, mediante comidas servidas en el sitio, disminuyó un 37,3% en el período 2021-2023, lo que representa 19.986 personas menos en 78 cantones del país. 
  • Las estadísticas reflejan que la Dirección atiende a menos población que previo a la pandemia por Covid-19.
  • Pese a un aumento en la capacidad instalada de atención se estima una subutilización del servicio cercana al 26% durante el 2021-2023.
  • No es posible determinar a nivel local, si la cobertura se gestiona de acuerdo con la demanda real del servicio y según tendencias demográficas de cada comunidad.
  • La dirección no cuenta con un instrumento de planificación operativa y tampoco existen criterios para planificar la cobertura de los servicios en el corto y mediano plazo.
  • Se pretende ampliar la vigencia del Plan Estratégico Institucional (PEI) al año 2030 sin análisis técnico, ni evaluación de los resultados al cierre del periodo original, realidad del entorno, ni un detalle de la programación correspondiente a 2024 en adelante.

En general, se encontraron debilidades de planificación que afectan la prestación del servicio, además de que la cobertura de los servicios no se sustenta en una planificación estratégica y operativa que responda a las necesidades de la población, ni se efectúan acciones de mejora continua al servicio basado en seguimiento de cumplimiento de metas. Las estadísticas de los últimos años muestran disminuciones significativas en la población atendida dentro de los establecimientos, y una subutilización del servicio cercana al 26%, mientras que fuera de los establecimientos, la población atendida disminuyó un 34%. Estas cifras alarmantes muestran que la población meta de estas políticas no está siendo atendida de manera apropiada.

Le invitamos a informarse acerca de este tema, crítico para las poblaciones más vulnerables del país, por medio del informe completo en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2024/SIGYD_D/SIGYD_D_2024022768.pdf 

O una versión en video resumida:

Sala Constitucional encuentra vicios de constitucionalidad en Ley Jaguar 2.0

Publicado el . Publicado en Derechos.

El primero de octubre del 2024 se llevó a cabo una evacuación de consultas de constitucionalidad presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República al Proyecto de Ley N. 24.467 “Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica”. Ambas consultas versaban sobre los artículos 2, 4 y 5 del proyecto.

Se encontraron varios vicios de inconstitucionalidad, especialmente con el punto 4 y 5 del proyecto, listados abajo.

En el punto tercero se declaró por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 4 del proyecto de ley, que reforma el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ya que la reforma propuesta permite la contratación de diseño y construcción de obra pública sin los controles de fiscalización propios de la contratación pública, como dispone el artículo 182 de la Constitución Política.

En el punto cuarto se declara por unanimidad que hay un vicio de inconstitucionalidad en el artículo 5 del proyecto de ley, que modifica el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de JAPDEVA, debido a que la reforma que se propone permite la realización de alianzas estratégicas aun tratándose de infraestructura, lo cual resulta contrario al artículo 182 de la Constitución Política.

La resolución completa está en redacción en la Sala, por ahora invitamos a leer el documento divulgado el 1 de octubre.

ST-01-10-2024_(Ley_Jaguar_2.0)[1]Descarga

El funeral del jaguar

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Cuando un jurista estudioso, competente, sin prejuicios, se refirió a las presumibles inconstitucionalidades del proyecto de referendo, desde el primer momento en que se le dieron a conocer los textos de la ley Jaguar original, dejó muy claro, ante el grupo de abogados reunidos en Zapote, que las ocho reformas inconstitucionales, que estaban impulsando, ¡para complacer a Chaves, Pilar, y otros, en sus deseos de derribar los cimientos institucionales, de la Contraloría General de la República, podría derivar en un fallo de tal contundencia, como el que se ha dado, pues eran inviables, como lo confirman los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Al leer el resumen de las 193 páginas de la resolución, que nos aporta Delfino, no nos hemos sorprendido, pues, de cierta manera, el doctor Manrique Jiménez Meza, nos había adelantado lo que vendría, aunque en su momento, sus palabras molestaran a los abogados Volio, Castro, Villalobos, Guevara, y al presidente y su mentora diputada, asesorados, a su vez, por el periodista Espinoza. Es obvio, que este fallo, emitido en respuesta a sendas consultas del TSE y la CGR, se lleva consigo, también, a la llamada ley Jaguar II, sacada de la manga, de un día para otro, cuando, en medio de declaraciones contradictorias, públicas, entre la Pilar y el Chaves, al conocer el fallo sin la redacción que ahora estamos viendo, se quedaron «desnudos en medio de La Sabana».

Ellos, entre la ilusión de sus incompetentes asesores, a partir de una deficiente lectura del pequeño texto, emitido por el departamento de prensa de la Sala IV, y ante el inminente cierre de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, pusieron a correr a la regularcita ministra Laura Fernández, para que el directorio legislativo, recibiera, y según ella, tramitara en unas pocas horas, el proyecto de ley de convocatoria de la ley Jaguar, que, aunque borrada en lo más trascendente, se aferraba a lo ya declarado inconstitucional. La segunda caída, fue inmediata, pues, otra vez se equivocaban los abogados que «no habían dormido», quizá, pensando intensamente, en cómo burlar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y, de paso, a los diputados de la Asamblea Legislativa. Al no lograrlo, se evidenció, que las cuatro convocatorias a referendo (dos por iniciativa ciudadana -de Espinoza y Cabezas- y dos por la vía conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo), no son más, que parte de una estrategia aparentemente legal, de profundizar la «campaña electoral», que ha venido ejecutando el Chaves, desde hace más de dos años, CON FONDOS DEL ESTADO. Demostrando con ello, que ni la virtual «ciudad gobierno», ni la pequeña «marina turística» en Limón, realmente les interesaban.

Al cerrarse este capítulo (solo faltaría la reiteración de algunos argumentos), y en medio de los serios actos de presunta corrupción, que investiga en la CCSS la Fiscalía General de la República, habrá que esperar, hacia dónde se dirigen las esperables acciones del Poder Ejecutivo, en contra de la institucionalidad de nuestra Patria.

Denuncias sindicales contra la jerarquía de la CCSS por adjudicaciones irregulares rinden frutos

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En el transcurso de los últimos meses, distintos sindicatos y organizaciones, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), y el Sindicato Nacional de Enfermería Afines han presentado denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República (CGR) contra la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presuntas adjudicaciones irregulares. Las acusaciones señalan que la junta favoreció contratos a cooperativas de salud mediante procesos que carecen de transparencia y con sobreprecios significativos.

Denuncias principales:

  1. ANEP: En mayo de 2024, ANEP presentó una denuncia ante la CGR, alertando sobre un sobreprecio en la adjudicación de la Licitación Mayor, que pretendía contratar los servicios de salud para 10 áreas de salud por un monto que excede los 210 mil millones de colones​. Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, destacó que los precios adjudicados sobrepasan en un 60% las ofertas razonables, lo que podría haber sido suficiente para financiar 3 o 4 áreas de salud nuevas​.
  2. UNDECA: Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, en septiembre de 2024 presentó otra denuncia relacionada con un contrato de 4.000 millones de colones mensuales, destinado a beneficiar a cuatro cooperativas y a la empresa ASEMECO por un periodo de 10 años​. UNDECA sostiene que varios miembros de la junta directiva, incluida la presidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y María Isabel Camareno Camareno, tienen conflictos de interés, lo que cuestiona la legalidad del proceso​. Esa acción de UNDECA se suma a denuncias presentadas en abril del 2024.
  3. SINAE AFINES:  Lenin Hernández Navas, secretario general de SINAE AFINES, destacó los allanamientos realizados por la Fiscalía, señalando que las pruebas técnicas y legales presentadas respaldan la denuncia interpuesta en agosto de 2024. Según Hernández, este avance representa un paso importante en el proceso de investigación sobre las adjudicaciones irregulares en la CCSS.

Las denuncias se centran en la supuesta manipulación de informes técnicos y el establecimiento de un equipo técnico ad hoc para justificar los sobrecostos, lo cual ahora se investiga. Según ANEP, la junta directiva, liderada por Marta Esquivel, aprobó adjudicaciones a cooperativas con precios inflados sin considerar los criterios del Área de Costos de la CCSS​. También se señala que la representante del sector estatal, María Isabel Camareno, participó en la decisión a pesar de su vínculo con el sector cooperativo, lo cual viola las leyes de contratación pública​.

UNDECA, por su parte, destaca que la junta ignoró las advertencias de expertos que recomendaban declarar infructuosa la licitación debido a los costos elevados, y procedió con la adjudicación​.

Actualmente, la Fiscalía y la CGR han iniciado investigaciones para esclarecer las denuncias. Tanto ANEP, como UNDECA y SINAE Afines exigen que se protejan los fondos públicos y que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. Mientras tanto, las organizaciones sindicales se mantendrán vigilantes sobre el desarrollo de las investigaciones y continuarán denunciando actos que consideren perjudiciales para la seguridad social del país​.

No se puede vender a la Caja por 30 monedas

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Allanamientos de este lunes reafirman nuestra denuncia ante la fiscalía de probidad, transparencia y anticorrupción

Comunicado de UNDECA

UNDECA desde el pasado 4 de abril de 2024, solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la CCSS y a la Asamblea Legislativa investigar la adjudicación a cooperativas, debido a dudas sobre la transparencia y legalidad en la contratación de servicios privados.

De nuevo, el pasado 4 de setiembre del 2024, denunciamos con nuevos elementos a la presidenta ejecutiva de la CCSS Marta Esquivel y otros directores de la junta directiva de la CCSS, ante la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción por presuntas dudas en la adjudicación de licitación mayor.

El proceso de licitación, que desde un inicio levantó dudas sobre su transparencia y equidad, compromete una cantidad significativa de recursos públicos a favor de Cooperativas.

Una adjudicación millonaria que además de irregular significaba la astronómica suma de 4.000 mil millones de colones mensuales en contratación de servicios de salud a entes privados.

Hoy nos satisface conocer la noticia de la investigación, allanamientos y detenciones que la Fiscalía de probidad realiza, que evidencia que sí hay algo irregular que investigar. Exhortamos a las autoridades a profundizar en las indagaciones y a llegar hasta las últimas consecuencias. Es fundamental que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los principios de transparencia y justicia, pilares sobre los cuales debe operar la CCSS.

Luis Chavarría Vega, 23 de setiembre, 2024