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Etiqueta: Contraloría General de la República

Comunidades de Osa logran que la Contraloría ordene protección ambiental en permisos de construcción

Comisión Alianza Comunal*

  • Estudio sobre permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta

  • La Contraloría confirma graves debilidades institucionales en la protección ambiental y el ordenamiento territorial

La Contraloría General de la República (CGR) emitió la orden n.° DFOE-SOS-ORD-00002-2026, tras una investigación preliminar sobre permisos de construcción otorgados en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La investigación surge a partir del proceso de incidencia ciudadana conducido por nuestra Comisión, el cual fue apoyado y gestionado a través de la denuncia presentada, el 30 de setiembre de 2025 por el exdiputado Ariel Robles, ante presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de construcción en terrenos con mucha fragilidad ambiental dentro del cantón de Osa.

El estudio fue desarrollado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, cuyos resultados fueron notificados el 21 de mayo de 2026. Como resultado, el órgano contralor emitió órdenes vinculantes dirigidas a seis municipalidades: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú, así como al SINAC y la Dirección de Aguas del MINAE.

La Contraloría concluye que estas municipalidades han venido otorgando permisos de construcción basándose únicamente en la revisión documental de requisitos, sin incorporar formalmente la variable ambiental ni mecanismos preventivos de consulta técnica con instituciones como SETENA, SINAC o Dirección de Aguas. Esto ocurre incluso dentro de territorios estratégicos para la conectividad ecológica y la conservación de ecosistemas.

Según el informe: “Los gobiernos locales de Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Dota, Buenos Aires y Tarrazú han visto debilitada su correcta administración y planificación territorial, por cuanto otorgan permisos de construcción sin incorporar formalmente la variable ambiental (…) comprometiéndose así el desarrollo sostenible del cantón y el equilibrio entre expansión urbana, protección ambiental y bienestar de la población”.

La CGR también señala la ausencia de planes reguladores integrales, la falta de controles mediante coordenadas geográficas, la inexistencia de zonificaciones ambientales y la débil coordinación interinstitucional para la tutela del ambiente.

Un precedente histórico para el Corredor Biológico Paso de la Danta

La importancia de este proceso trasciende el cantón de Osa. El Corredor Biológico Paso de la Danta atraviesa parcial o totalmente seis cantones: Osa, Quepos, Pérez Zeledón, Dota, Tarrazú y Buenos Aires.

La Contraloría reconoce oficialmente que el Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta constituye un instrumento relevante de gestión territorial y protección ambiental, el cual había sido ignorado o minimizado en los procesos municipales de permisos de construcción.

El informe además señala los Elementos Focales de Manejo (EFM) identificados, que pueden integrar Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF), fundamentales para la conectividad ecológica entre la Cordillera de Talamanca, el Humedal Térraba-Sierpe y el Parque Nacional Marino Ballena, incluyendo: grandes parches de bosque tropical; rutas de conectividad para grandes mamíferos; cuencas hidrográficas que impactan arrecifes y ecosistemas marino-costeros y corredores costeros vinculados con sitios de anidación de tortugas marinas.

La conclusión es contundente: las áreas ambientalmente frágiles y sitios de importancia ambiental del CBPD sí deben ser consideradas de manera vinculante en los permisos de construcción.

Este proceso también representa una experiencia pionera de articulación entre organización comunitaria, investigación ciudadana y fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, que permitió escalar una denuncia territorial hacia la Contraloría General de la República. Se trata de una vía poco utilizada históricamente por las comunidades en conflictos socioambientales relacionados con omisiones municipales y ordenamiento territorial. La experiencia abre un camino importante para otros territorios del país, demostrando que las comunidades organizadas pueden activar mecanismos institucionales de fiscalización del Estado cuando existen vacíos regulatorios, falta de controles ambientales o decisiones municipales que comprometen ecosistemas y bienes comunes. En ese sentido, este caso podría sentar un precedente importante para futuras luchas ambientales y territoriales en Costa Rica.

Órdenes obligatorias y cambios institucionales

La Contraloría ordenó medidas correctivas obligatorias para municipalidades, SINAC y Dirección de Aguas.

Entre las medidas ordenadas por la Contraloría destacan la incorporación formal de la variable ambiental en los procesos de otorgamiento de permisos de construcción, la creación de mecanismos obligatorios de coordinación entre las municipalidades, el SINAC, SETENA y la Dirección de Aguas, así como la actualización del Plan de Gestión del Corredor Biológico Paso de la Danta. Además, se establece la necesidad de delimitar sitios de importancia ambiental y áreas ambientalmente frágiles, fortalecer los sistemas de información y control territorial e implementar procesos de capacitación ambiental para el personal técnico y administrativo de los gobiernos locales.

El incumplimiento de estas órdenes puede constituir falta grave y derivar en sanciones administrativas.

Una lucha comunitaria sostenida durante años

Como Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, queremos compartir con las comunidades que este proceso no surgió de la nada.

Durante años hemos impulsado procesos de educación popular, investigación-acción y participación ciudadana para documentar y visibilizar los impactos del modelo constructivo intensivo y del turismo inmobiliario desregulado sobre la Fila Costeña.

Hemos investigado afectaciones sobre fuentes de agua, bosques, biodiversidad y ecosistemas vinculados al Parque Nacional Marino Ballena. También tuvimos que recurrir a recursos legales para acceder a información pública sobre permisos de construcción y evidenciar las debilidades institucionales en el ordenamiento territorial.

Todo este trabajo colectivo permitió construir acuerdos comunales y elevar las denuncias hasta instancias nacionales.

Hoy, el informe de la Contraloría confirma oficialmente muchas de las preocupaciones y denuncias que las comunidades venimos señalando desde hace años.

Volvamos a encontrarnos

Queremos contarles a nuestras vecinas y vecinos que, durante este tiempo en que no nos hemos encontrado en el espacio del Festival del Día Mundial del Océano, la defensa de la Fila Costeña no se ha detenido.

Al contrario: se ha abierto un precedente histórico que podría transformar la manera en que se gestionan los permisos de construcción y la protección ambiental no solo en Osa, sino en todos los territorios del Corredor Biológico Paso de la Danta.

Por eso queremos volver a encontrarnos este próximo domingo 7 de junio en el Festival del Día Mundial del Océano, en El Mercado de Bahía Ballena.

Queremos compartir los avances, los desafíos, las tensiones y las esperanzas de este proceso colectivo que lleva muchos años caminándose y que también se ha sostenido gracias a ustedes: con su presencia, sus firmas, sus conversaciones, su apoyo y su compromiso con la defensa del territorio.

La Fila Costeña sigue siendo una primera línea de protección del Parque Nacional Marino Ballena. Un territorio clave para el agua, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades de toda la región.

Pero también se ha convertido en un laboratorio vivo de organización comunitaria y defensa territorial cuyos aprendizajes podrían servir de ejemplo para muchas otras comunidades, corredores biológicos y territorios del país.

Informe: https://drive.google.com/file/d/1XTcwTK7KmRndxe2w8SanqGwaC6ocayqW/view?usp=sharing

*Adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta

CGR reporta avance básico en presentación de Declaración Jurada de Bienes 2026

La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.

La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.

Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:

  • 3717 declaraciones presentadas

  • 16,90% del total esperado

La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.

Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.

La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

UNDECA: Negar la crisis en la CCSS por puesta en marcha de ERP-SAP es negar la realidad

Comunicado

UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.

UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.

Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.

“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.

Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.

Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.

Organización ambiental cuestiona a la Contraloría por omitir pasos de fauna en ampliación de la Ruta 1

La Asociación Conservacionista Yiski, por medio de su presidenta María Elena Fournier, cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) ante la ausencia de información sobre pasos de fauna subterráneos y aéreos en el proyecto de rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional n.° 1, sección Barranca–Limonal, recientemente refrendado por la institución fiscalizadora.

El mensaje fue enviado directamente al equipo de prensa de la CGR, con copia a diversas personas y organizaciones, expresando preocupación por el incumplimiento de obligaciones ambientales esenciales que Costa Rica ha asumido internacionalmente.

Una omisión incompatible con los compromisos de conservación

Fournier recuerda que Costa Rica ha firmado y ratificado múltiples convenios internacionales vinculados con la protección de la biodiversidad y la vida silvestre. Sin embargo, en la práctica, miles de animales mueren cada año en las carreteras del país por atropellos evitables.

En su comunicación, plantea una pregunta central:

¿Están contemplados también, en esta rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional No. 1 y otras mencionadas, los pasos de fauna subterráneos y aéreos?”

Subraya que la ampliación vial sin medidas de conectividad ecológica representa una grave falta de alineación con compromisos ambientales vigentes y con el deber estatal de protección de la fauna silvestre.

El refrendo de la CGR y la ausencia del componente ambiental

El comunicado enviado por Xinia Valverde Corrales, de la CGR, informaba que la entidad refrendó dos contratos para ampliar la Ruta 1 a cuatro carriles, adjudicados a:

  • Consorcio Barranca Ruta 1, por más de 121 millones de dólares, más servicios especializados.

  • Constructora Meco S. A., por más de 141 millones de dólares, más servicios especializados.

La CGR indicó haber verificado requisitos legales, técnicos, estudios de preinversión y disponibilidad de terrenos, pero no menciona en ningún punto el componente ambiental relacionado con la conectividad de fauna, un aspecto indispensable para obras dentro de un país megadiverso y con compromisos internacionales de conservación.

Un llamado urgente a la fiscalización ambiental

La Asociación Yiski insiste en que la rehabilitación y ampliación de la Ruta 1 debe incorporar de manera obligatoria:

  • Pasos de fauna aéreos y subterráneos en los tramos necesarios.

  • Respeto a la legislación y normativa ambiental vigente.

  • Coherencia con los compromisos internacionales de conservación firmados por Costa Rica.

Fournier concluye su mensaje recordando la urgencia de detener la mortalidad de fauna silvestre en las carreteras y la responsabilidad institucional de evitar proyectos viales que profundicen esta crisis ecológica.

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

FESITRAES reafirma que oficio de la CGR carece de efecto vinculante sobre los regímenes salariales universitarios

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un pronunciamiento público en el cual fija su posición frente al oficio DFOE-CAP-2066-(21839)-2025, emitido el 5 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) en respuesta a una consulta de la Rectoría de la Universidad Nacional (UNA) sobre el alcance del voto 008201-2025 de la Sala Constitucional.

Según la Federación, el tema consultado corresponde exclusivamente al ámbito de interpretación y aplicación interna de las universidades públicas, amparadas por su autonomía constitucional. Por tanto, FESITRAES señala que la CGR no tiene competencia para pronunciarse sobre los efectos de resoluciones constitucionales ni sobre derechos laborales derivados de la negociación colectiva o de normativas internas.

Asimismo, subrayan que el propio órgano contralor reconoce en su respuesta la ausencia de carácter vinculante del oficio emitido. En consecuencia, dicho documento administrativo no puede modificar los alcances del voto 008201-2025, que permanece vigente y obligatorio.

Derechos adquiridos y progresividad salarial

El pronunciamiento enfatiza que la resolución de la Sala Constitucional resguarda:

  • Los derechos adquiridos del personal universitario.

  • El principio de irretroactividad de la ley.

  • La progresividad de incentivos salariales reconocidos en convenciones colectivas, reglamentos o estatutos internos.

Todo lo anterior fue afectado por la aplicación de normativa que FESITRAES ha denunciado como inconstitucional.

Ley 9908 y su inaplicabilidad a las universidades públicas

FESITRAES recuerda que la Ley 9908 (Ley COVID-19) estableció únicamente una suspensión temporal del pago de anualidades durante el periodo de emergencia sanitaria, pero no afecta derechos adquiridos ni disposiciones posteriores.

Además, la Federación subraya que esta ley no se aplica a las universidades públicas, tal como lo confirman criterios legales emitidos por asesorías jurídicas de las instituciones de educación superior, entre ellos:

  • OJ-58-2019 y OJ-250-2025 (UCR)

  • UNA-AJ-DICT-609-2020 (UNA)

  • OF-AL-105-2025 (OF-CDJ-02-2025) de la Comisión de Directores Jurídicos del CONARE

Estos dictámenes señalan expresamente que las universidades están excluidas del artículo 26 de la Ley de Salarios, por lo que el transitorio que limita el pago de anualidades no aplica para estas instituciones.

Llamado a la defensa de la autonomía universitaria

FESITRAES sostiene que las decisiones sobre aplicación del voto constitucional deben tomarse dentro de la institucionalidad universitaria, bajo los principios de:

  • Autonomía

  • Legalidad

  • Progresividad

  • Respeto a los derechos laborales adquiridos

La Federación hace un llamado a sus bases y a la clase trabajadora universitaria a mantenerse vigilantes y preparadas ante posibles acciones interuniversitarias para defender los derechos laborales y humanos fundamentales, así como las conquistas históricas del sector.

El pronunciamiento está firmado por representantes de los sindicatos que conforman FESITRAES: SINDEU, AFITEC, SITUN, SIUNED y UTRAUTN.

CGR aprueba recursos para el pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.

El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025.
La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.

Fondos aprobados

De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:

  • ₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.

  • ₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.

  • ₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.

  • ₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.

  • ₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.

Aprobación y fundamentos legales

La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.

Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.

La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.

Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.


📘 El informe completo puede descargarse en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/SIGYD_D_2025026401.pdf

Contraloría advierte debilidades en la gestión de riesgo de corrupción en la evaluación ambiental de la SETENA

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.

Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.

La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.

Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.

Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.

La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Acceda al informe completo haciendo click en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025025505.pdf

Contraloría desmiente obstrucción en instalación de escáneres

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:

  • El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.

  • Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.

  • Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.

  • Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.

La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.

Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.

Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.