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Etiqueta: contrato social

Apuntes urgentes sobre la privatización de la generación y transmisión de la electricidad en Costa Rica

Golpe de gracia al Estado Social e instauración definitiva del excluyente Estado neoliberal. Modificación unilateral del Contrato Social Costarricense procedente de los años 40 y 50 del Siglo XX.

Alejandro A. Sura

Nota introductoria:

En el Plenario de la Asamblea Legislativa, impulsado por la administración Chaves Robles, (PLP de Feinzag, PUSC y el PNR de Fabricio, más una mayoría del PLN que repudia la Social Democracia, excepto diputado Nicolás) y promovido por el aparato mediático nacional con raras excepciones, se tramita aceleradamente con la oposición del Frente Amplio, a espaldas del pueblo, y en la opacidad conveniente en este tipo de privatizaciones, el Expediente N° 23 414 que contiene el proyecto de ley titulado LEY DE ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Con esta ley, los servicios de electricidad son privatizados y no regulados por ARESEP y declarados como servicios NO PÚBLICOS. (Ver 21 Definiciones al final del texto Proyecto de ley 23 414 y Semanario Universidad No. 2514, pág. 4 y 5)

Esta ley se propone privatizar totalmente el Sector Eléctrico del ICE: un objetivo político y económico largamente ambicionado por los comerciantes de electricidad locales y regionales que ha sido frenado hasta ahora únicamente por la resistencia de un movimiento social y sindical nacional que se ha opuesto consistentemente a esa privatización y la consecuente entrega de recursos naturales energéticos a un grupo de interesados en hacer grandes fortunas con la explotación de cualquier recurso energético que esté al alcance de su mano y de sus chequeras.

Para lograr la aprobación de esta ley de «armonización del mercado eléctrico costarricense» es que se armó el escándalo de los supuestos apagones regionales que nunca se produjeron tal y como lo advertimos antes de que se anunciaran públicamente como un hecho y se generalizara el temor.

Para lograr este propósito fue que se levantó la campaña mediática contra el ICE por la prensa televisiva y escrita. Particularmente La Nación y Telenoticias. Todo con base en un refrito contra un ICE que en telefonía celular e internet actúa en los dominios del mercado y del comercio privado de las telecomunicaciones y que por lo tanto se relaciona directamente con los gigantes industriales en ese mercado mundial.

Breve y necesario encuadre

Con esta ley privatizadora se cierra el círculo iniciado con el PAE I aprobado en la administración Monge Álvarez, 1982-1986 y se termina de imponer el modelo neoliberal de la derecha costarricense. Así se termina de meter en el ataúd el que fuera conocido en vida como ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Queda Costa Rica al amparo nada más de la ilusión de un ESTADO DE DERECHO, cuyas reformas profundas en materia de derechos laborales y aprobación de tratados internacionales empujan a ver en realidad un ESTADO DE DERECHA.

Adentro de ese ataúd ya está la educación pública debilitada (apagón educativo del que tampoco se señalan responsables en ningún lado) donde la misma se ha ido privatizando en todos sus niveles, igual la salud pública, es claro el debilitamiento de esos servicios y el ataque frontal a la CCSS por parte de la administración Chaves Robles. Todo esto para tercerizar servicios (listas de espera y otros que terminan a disrio en un una especie de genocidio encubierto y sin responsables otra vez. Hay gente muriendo por falta de atención médica) y favorecer los intereses privados en ese campo. El acceso a la vivienda es carísimo; el acceso a los salarios crecientes; y derechos laborales que desaparecieron hace 5 años, los derechos sindicales arrasados por el PAC de Solís-Alvarado y el PLN de los Arias-Sánchez y su emisario diputado Benavides, y, desde luego, toda la pequeña y mediana producción agropecuaria en abandono y largamente traicionada con muchas falacias por la casta neoliberal que incluye al actual gobierno de Chaves.

Nada de esto ocurre sin la intermediación de los grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos en un mundo que va saliendo con apuros de la estructura de poder global que emerge de la segunda guerra mundial. Dichos intereses son determinantes en cada rama de la actividad económica local y regional. Justamente esa combinación de castas neoliberales locales y esos grandes intereses regionales es como se explica por el fondo los altos niveles de desigualdad económica y social que sufre el país y que lo colocan lamentablemente entre los 10 países más desiguales del mundo (BBC News mundo. 2 de julio 2018).

Gran desigualdad económica y grande exclusión social de costarricenses, en la región más desigual del planeta. Justamente este es el encuadre socioeconómico que impulsa los altos niveles de criminalidad que nos agobia. Cientos de vidas de jóvenes que este modelo neoliberal impuesto en los últimos 44 años expulsa de las pocas oportunidades que tenían, generalmente con pretextos fiscales que han reducido drásticamente la inversión social. Todos sabemos que es así: la vieja y la nueva casta neoliberal lo saben; pero lo disimulan y lo esconden. El aparato mediático del que también son los dueños, salvo raras excepciones, trabaja para que el modelo excluyente y concentrador de riqueza no se toque. Preguntémonos qué pasaría si esos miles de adolescentes y jóvenes excluidos hubiesen tenido consciencia política contra aquellos que favorecieron desde sus posiciones de privilegio la imposición de las políticas públicas que generaron su pobreza y marginalidad. ¿A lo mejor volvería existir violencia política armada?

La vieja casta neoliberal y la nueva hablan de los efectos de la marginalidad y la desigualdad, pero esconden las causas, aunque sean tan groseramente evidentes y de nuevo, no hay responsables. Todos se quitan. Ese es el sector de la sociedad que ha concentrado la riqueza, la otra cara de la moneda. Esta es la esencia del modelo neoliberal impuesto regionalmente por la hegemonía económica e ideológica de Estados Unidos que actúa con mandato e imposición imperialista en nuestras débiles y dependientes economías. USAID, FMI, BM y otros son las correas de transmisión internacionales. PLN-PUSC-PAC y ahora la administración Chaves Robles han sido las correas nacionales de transmisión, en una especie de contrarreforma de las conquistas sociales de los años 1940 y de importantes aspectos de la Segunda República como el Código de Trabajo, ahora amenazado de muerte con la llamada ley 4-3.

Vamos a la ley de marras

Vaciamiento y trasvase de bienes públicos del ICE al sector de los comerciantes de electricidad. (Ahora retirada tácticamente por Chaves por lo q el articulado actual se modificará y algunos excesos evidentes se replantearán)

Lo explicado en el encuadre anterior es imprescindible para entender el dramático final de nuestro Estado Social. Y de Derecho?

Con este tipo de fin del modelo solidario y de acceso universal a la electricidad que representa el ICE, se desprenden las siguientes y profundas reformas privatizadoras del modelo eléctrico universal que representa el ICE. (Vaciamiento del ICE y regalo de la infraestructura eléctrica a los comerciantes de electricidad nacionales y extranjeros).

  1. Toda la infraestructura construida por los costarricenses por medio del ICE por mandato del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, será traspasado a los comerciantes privados y sus títeres en el Poder Ejecutivo. Ahí se va el Centro de Control de la Generación y Transmisión de Energía (CENCE) ahora
  2. El valor sugerido por técnicos del ICE puede ser de unos cuatrocientos cincuenta mil millones de colones. Ello sin contar con el equipo de profesionales especializados y altamente eficientes que trabajan en el control electrónico de la generación, transmisión y comercialización nacional y centroamericana de electricidad. Todo se lo llevan. Trasvase de riqueza de todos los costarricenses a unos cuantos hombres de negocios.
  3. Todas las líneas de alta tensión en transmisión de alto voltaje con sus torres gigantes, las subestaciones en todo el territorio nacional y todas las líneas y los postes que llegan a nuestras casas, también serán puestas a la disposición gratis de esos comerciantes nacionales e internacionales de electricidad. Todo ese ahorro nacional para que se enriquezcan unos cuantos, aumentando la pobreza y la desigualdad.
  4. El artículo 1 de la ley que crea el ICE dice: «Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.»

Este artículo ponía en el ICE la responsabilidad legal de llevar electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Por ese mandato de derecho público había a quien reclamarle legalmente ese cumplimiento. Incluso por la vía de un amparo constitucional. En la ley privatizadora que aquí denunciamos esa obligación legal queda en el aire. NADIE RESPONDERÁ. Como se acostumbra en el comercio mal regulado que nos han impuesto y que por ello fomenta la corrupción y la falta de responsabilidad ante el indefenso pueblo consumidor.

  1. La ley privatizadora que aquí rechazamos, aparte de la GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, LA TRANSMISIÓN (Alto voltaje) Y LA DISTRIBUCIÓN (Al consumidor) arranca del ICE tres funciones básicas para la seguridad eléctrica del país: las que tenía el CENPE (Planificación eléctrica nacional) y la del CENCE el control de la generación y transmisión de energía y la comercialización de energía para atender la demanda nacional y la comercialización en Centroamérica de excedentes nacionales después de cubrir la demanda nacional o la importación en caso de desabastecimiento nacional o amenazas del mismo.

La PLANIFICACIÓN es la que permite conocer con anticipación los factores que pueden alterar el consumo y la producción de energía: es una tarea multidisciplinaria que, consecuentemente obliga planear las necesidades de más energía a futuro y proponer la construcción de plantas de generación: hídrica, térmica, eólica, geotérmica o solar. incluso el ICE conoce los detalles de la generación con hidrógeno propuesta por un reconocido científico nacional. Todas las energías renovables que le han dado fama mundial a CR, ESTA FUNCIÓN PASA A UN MINISTERIO, el MINAE. Este ministerio dirá que se necesita, para cuando se necesita y quien construirá las plantas. El ICE deberá hacer fila y con la Regla Fiscal entre manos y otras limitaciones fiscales ya veremos languidecer la generación de energía por parte del ICE.

EL CONTROL de la generación de electricidad en todo el país: hay q hacer un esfuerzo para entender la sofisticación y lo caro que son los equipos con los cuales el ICE y por su medio todo el País conoce la cantidad y la potencia real de cada klw hora que se produce a nivel nacional. Cantidad y calidad de la electricidad en un detalle imprescindible para que no se caiga la red nacional que permite la vida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La calidad de los profesionales que trabajan estos equipos y estos cálculos son otro activo importante. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE QUEDARÁ SUJETA A LAS PRESIONES DE LOS COMERCIANTES PARA DECIDIR CUAL PLANTA PRODUCE Y CUAL NO. En los sistemas privatizados de otros países es esta función una fuente de corrupción que termina afectado sensiblemente las tarifas y produce apagones y racionamientos múltiples. SIN RESPONSABILIDAD INMEDIATA PARA NADIE. Difícil conseguir los medios de prueba para sancionar sin violar el debido proceso.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN: también se observan y miden desde estos caros equipos, pero además son redes de cables, torres y postería que son responsabilidad de dos Direcciones especializadas, la Dirección de Transmisión y Dirección de Distribución del ICE que las han desarrollado por décadas y que la ley privatizadora también pone al servicio de los comerciantes en forma gratuita para que transporten la energía que van a vender en Costa Rica o en Centro América. EL ICE TENDRÁ QUE HACER FILA. Igual que los enfermos en la CCSS. Nada importa en esa ley que el ICE devuelve ganancias de ventas en el mercado regional de electricidad bajando tarifas. Ganancias q ahora se irán los bolsillos sin fondo de los nuevos dueños de la electricidad. Tampoco se verán bajas de tarifas en el segundo semestre por reducción del CVG (Costo variable de generación) al bajar consumo de hidrocarburos ante el aumento de energía hidro por el relleno de los embalses del ICE.

COMERCIALIZACIÓN: Con esta función es la que el ICE y Costa Rica por medio del CENCE dispone de la cantidad y el origen de la electricidad que se pone a despacho para el consumo o la para la venta, en Costa Rica o en Centro América. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE PODRÁ DETERMINAR CON INTERESES QUE NO SON OBLIGACIÓN PARA NADIE QUE SEAN LOS DEL PUEBLO COSTARRICENSE. CUAL SERÁ EL PROPIETARIO DE PLANTAS QUE VENDERÁ PRIMERO Y SI HAY PARA EXPORTAR, TAMBIEN DIRÁ QUIEN HARÁ NEGOCIO Y EN QUÉ MOMENTO. El ICE perfectamente podrá ser relegado las veces que les de la gana por los operadores del sistema y sin mayores explicaciones para nadie. SIN RESPONSABILIDAD. (no queda claro redactar mejor) Ese mercado que ahora administra el ICE, según datos del CENCE-ICE, el año 2022 vio movimientos por valor de $ 839.2 millones. Unos 542.5 mil millones de colones. (Semanario Universidad No. 2514 ya citado)

  1. En el marco anterior, hay otras realidades contrarias al interés nacional: POR EJEMPLO, LA LEY PRIVATIZADORA SEÑALA TÍMIDAMENTE QUE SOLO SE PODRÁ EXPORTAR DESPUÉS DE CUBRIR LA DEMANDA NACIONAL(Art 46) PERO EN NIGÚN LADO SEÑALA QUIÉN DIRÁ SI LA DEMANDA INTERNA FUE SATISFECHA. QUEDA EN EL AIRE. Otra vez: SIN RESPONSABILIDAD DE NADIE.
  2. La ley privatizadora dice que al bajar los costos estos deberán reflejarse en reducción de tarifas; PERO NO DICE QUIENES EL RESPONSABLE DE SEÑALAR CUANDO y CUÁNTO DEBERÁ TRASLADARSE PARA LA BAJA DE TARIFAS; TAMPOCO DICE QUIEN TENDRA ESE ENCARGO.
  3. EN LO MEDIOAMBIENTAL. Este tema trae dos perlas agravios:

a) los estudios de impacto ambiental para la construcción de plantas no irán a SETENA. Una oficinilla a media máquina dentro del MINAE, será la que dará la viabilidad ambiental que deberá remitirse a la ARESEP. Capítulo 6, art 8.

b) Si alguien quiere explotar alguna fuente de energía, la que sea: será el «ministro» de turno en el MINAE el que con su firma harás realidad el propósito de alguien que quiera hacerse millonario con cualquier fuente energética. No discrimina el tipo de fuente. No hace esta ley la conexidad con otras normas al respecto. Capítulo 6 art 9.

La crisis que nos negamos a enunciar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica. Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.

Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausencia absoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.

En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.

Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.

En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.

Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.

Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.

Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.

Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.

Columbine tan cerca

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La desorientación política en materia de seguridad es solo uno de los síntomas del alto nivel de descomposición socio institucional que presenta la sociedad costarricense.

Antes que contar con una política pública a la que se le cambia de título un día sí y otro también, el país debería entrar en una profunda discusión sobre el enfoque adecuado para trazar un abordaje que supere la inmediatez.

No se trata tampoco de cambiar jerarcas como una medida paliativa. No son los jerarcas los que definen un enfoque determinado sino toda una estrategia colectiva, que proponga niveles socio territoriales y dimensiones sociales de amplio alcance para contender con una inseguridad predominante y una violencia que no cesa.

Al escribirse esta columna el país alcanza cifras inimaginables de homicidios (por arriba de los 300 en lo que llevamos del año) y la escalada no cesa.

Una discusión no planteada hasta ahora con seriedad es la emergencia que se ciñe sobre centros educativos de primaria y secundaria en todo el país. Si ya no fuera suficiente con el quiebre en los procesos de convivencia de la población estudiantil que se traduce en conflictos diarios, la amenaza de tiroteos y ataques empieza a encender las alarmas.

No se ha dicho lo suficientemente claro, pero tras el mito fundacional de la Paz y la tranquilidad potenciada por una blancura originaria, se esconde el funcionamiento de un mercado informal de armas de todo tipo. Este país está armado hasta los dientes y los centros educativos podrían ser pronto un espacio donde se usen sin límites.

A inicios de siglo un documental dirigido por Michel Moore (Bowling for Columbine, 2002) se preguntaba por los determinantes socioculturales del aumento de los tiroteos y la permisibilidad en la tenencia de armas en una sociedad que aún no se reponía de los eventos producidos en una secundaria en 1999.

Nos preguntamos qué ha cambiado en casi 25 años tanto en aquella sociedad como en la nuestra. En Costa Rica, lo hemos dicho, el contrato social caducó hace tiempo y la cohesión social se esfumó para dar paso a un superlativo grado de fractura a todo nivel.

Columbine podría estar a la vuelta de la esquina si no hacemos algo pronto. Algo como hablar horizontalmente sobre un enfoque y no tanto una política de seguridad que nos devuelva la tranquilidad a todos y todas.

La ira incontenible

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

“Igualiticos nunca hemos sido”, decía con humor e ironía el querido y recordado Carlos Sojo en su obra “La construcción social de la desigualdad” (PNUD-FLACSO, 2012).

En este análisis, falto ahora de un complemento de cómo en los últimos 10 años los procesos de deterioro social y la imposibilidad de cumplir un contrato social de integración horizontal, Sojo desmenuzaba la matriz sociocultural e institucional que crea la base de la desigualdad en el país: componentes sociales, raciales, económicos y geográficos alimentan esa Costa Rica que las visiones hegemónicas insisten en borrar bajo el candor de un aparente idilio que nos crea como comunidad de iguales.

Nada más alejado de una realidad que nos golpea hoy más que nunca. Pero no solo ese tema debe leerse críticamente.

Junto a la igualdad como mito fundacional de una colectividad desagregada, otro gran referente discursivo e ideológico en la construcción de esa Costa Rica hegemónica, ha sido el de la paz como núcleo que vertebra las relaciones sociales de los costarricenses.

Recién concluí la lectura de “El año de la ira”, novela ficcional de corte histórico escrita por Carlos Cortés y publicada por Ediciones Alfaguara en 2019.

En esta obra Cortés propone con detalle una lectura al pasado militar y violento de la sociedad costarricense, basado en los acontecimientos sucedidos entre 1917, año en que el presidente Alfredo González Flores es derrocado por su Secretario de Guerra y Marina, Federico Tinoco Granados y 1919, cuando se produce el asesinato de José Joaquín, hermano de Federico y la caída del régimen dictatorial que ambos labraron por aquellos años.

A menudo se suele caricaturizar la abolición del ejército en Costa Rica, otorgándole una dimensión simbólica que no permite dimensionar el eje histórico de la violencia que ha marcado el desarrollo de la sociedad costarricense en su conjunto. La ausencia de institucionalidad no significa necesariamente que el ADN de la violencia siga operando como marcador en la sociedad costarricense.

Ni igualiticos ni pacíficos hemos sido. Ambas son narrativas sedimentadas en la necesidad de alimentar momentos devocionales a nivel colectivo.

Por ello, el origen de lo que ha ocurrido desde 2022 en cuanto a asesinatos y la violencia generalizada en el país, debe ser buscado en las bases históricas de lo que hasta hace muy poco (70 años) constituía un ejercicio social e institucionalmente naturalizado, basado en la aplicación de métodos violentos para construir democracia. Esta lectura crítica complementaría la predominante que ubica las violencias en una conflictividad de actores y poderes fácticos que prácticamente se han repartido el país y lo administran a su antojo.

La ira del tico bien podría dar cabida a otros análisis sobre sus formas expresas y veladas de comportamiento. La descarga discursiva en redes sociales, la xenofobia, la homofobia, la aporofobia se vinculan con todo tipo de violencias físicas hacia niños, niñas, personas adultas mayores, poblaciones indígenas, entre otros ejemplos cotidianos.

No es una ira solapada, sino abierta e incontenible. Para detenerla hay que asumirla. Trabajar sobre sus orígenes y desde allí empezar su desmontaje. Esta tarea es necesaria para la construcción de una experiencia colectiva en la que nos reconozcamos todos y todas.

DIGO

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Digo –con permiso del sublime Debravo-, que esta justicia no es ciega para todos. Si lo fuera, tendría mejor calibrada su balanza y sentiría, con mayor precisión, los pesos en sus platillos. También acertaría más al momento de asestar sus golpes con la espada.

         Pero digo que no son así las cosas; que hay puño de hierro para los desheredados de la tierra y guante de seda para los poderosos; que las cárceles están atestadas de hombres jóvenes (entre 15 y 35 años), de baja o nula escolaridad, sin oficio y en un 80% por delitos contra la propiedad. ¿Nos dice esto algo sobre la distribución de la riqueza y de las oportunidades en la sociedad en que vivimos? También abundan, cada vez más, las mujeres reclutadas por el narcotráfico, las del menudeo, las mujeres-camello, las madres-burro; las que han sido empujadas a la ilegalidad por el hambre de sus hijos. Para estos ciudadanos de segunda hay defensa pública, por suerte en nuestro país, un servicio para todo el que lo necesite, todavía de calidad, al que por cierto algunos le llevan ganas.

         Digo que ni la balanza ni la espada de esta justicia alcanzan al corrupto que recibe una pena irrisoria, casi una condecoración; el poderoso al que se le anula la prueba clave y sale ileso; al presunto que sale huyendo y regresa cuando todo está prescrito; al abusador para el que se desempolvan las penas alternativas y las conciliaciones.

         Digo que aquí hay un serio problema ético cuando el abogado termina siendo parte del engranaje mafioso o corrupto. Y digo que los contratos de honorarios “ley entre partes” o de “cuota litis” por muy legales que sean, siguen siendo inmorales; que no es correcto que el abogado termine pagándose con los dineros mal habidos o con las propiedades y bienes del sujeto desesperado por la amenaza de cárcel. Digo que el Colegio de Abogados, ante esta cruda realidad, no puede seguir viendo para otro lado.

         Digo también que en efecto, esta justicia opera, en la práctica, con ciudadanos de primera, de segunda y hasta de quinta categoría. Desde Rousseau y Beccaria el delincuente es una especie de enemigo al que hay que expulsar, por haber roto el contrato social que lo obliga a respetar los derechos de sus congéneres. Nada muy nuevo ni original tiene esto del “derecho penal del enemigo”.

         Pero los enemigos han sido siempre “los miserables” de Víctor Hugo. Nunca quienes desde sus privilegios cometen todo tipo de tropelías impunes o abusan del derecho. El sistema punitivo ha sido siempre selectivo y discriminatorio en contra de los más débiles; opera con eficiencia sólo contra la delincuencia común, los marginados, los extranjeros, los emigrantes, los jóvenes rebeldes y por supuesto los pobres, siempre los pobres. En cambio, la maquinita se traba cuando, casi por casualidad, logra captar a individuos perseguidos por delitos no convencionales, los del crimen organizado, los perpetrados al amparo del poder político, económico, religioso, o de cualquier otro tipo de influencia social, incluida cierta prensa y hasta organizaciones deportivas y del espectáculo. Éstos son los verdaderos privilegiados del sistema, los ciudadanos clase “A”, los que cuentan con todo tipo de apoyos y recursos, con los “mejores” abogados (¿o sólo “los más caros”?), con fiscales negligentes y con jueces temerosos o ambiciosos. Éstos son los que se defienden atacando, los que alegan persecución política, los que se enferman para escapar de la prisión; en fin, los que, si pueden, terminan sentando en el banquillo a policías, fiscales y jueces honrados y cumplidos.

         Y digo por fin, a contrario del poeta, que esta justicia sí que tiene bien ganado su sitio en el infierno.

¿CONVIVIR O ESTAR JUNTOS?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.

Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.

La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.

Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.

En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.

En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.

En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.

Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.

En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.

En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.

 No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.

Imagen: https://www.france24.com

Reafirmación del Pacto Social

Vladimir de la Cruz

Usualmente empleamos el concepto de Pacto Social para expresar el origen de la autoridad política, de los gobernantes, y de la organización del sistema político o del orden social.

El Pacto Social deviene del concepto Contrato Social que se desarrolló con las teorías políticas, surgidas desde finales del siglo XVII, que rechazaron el origen divino del poder de los monarcas, entendiendo que dicho poder no era voluntad de Dios, ni por Dios se realizaba, ni que por decisión de Dios gobernaba, sino que descansa en el Pacto Social, o en el Contrato Social que los ciudadanos realizan para asegurar su convivencia, su buen vivir y su felicidad, delegando cada ciudadano su Soberanía, su Voluntad, en el Gobernante, a quien se le encarga, por ese motivo, la buena administración de la sociedad y del Estado.

Esa voluntad delegada para la administración no puede ser ejercida de manera despótica, ni tiránica, ni dictatorialmente, ni se puede actuar por parte del Gobernante de modo autoritario, contrario al Pacto, ni se puede gobernar contra los ciudadanos. Si así sucediere el Pacto se estima roto y el pueblo con el derecho natural de rebelarse, contra ese gobernante que ha incumplido el Pacto, para cambiarlo y restituir de nuevo la armonía social y política, y la buena relación entre el Mandatario y los Mandantes de ese Pacto o Contrato Social. Como concepto el Mandatario no puede apartarse de lo que le establecen los Mandantes, el Pueblo, como resultado de las elecciones, que es la forma mediante la cual se da la facultad de gobernar.

Este concepto y Derecho de Rebelión en Costa Rica fue establecido en la Constitución de 1844. En las siguientes constituciones fue eliminado.

Corresponde también al concepto de Pacto Social la aprobación de la Constitución Política. Se le da a esta gestación o nacimiento de la Constitución la categoría mayor de la elaboración del Pacto o Contrato Social. La primera Constitución que se estableció en Costa Rica, el 1 de diciembre de 1821, se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia.

En la Constitución Política se establece todo lo que corresponde a definir el país o el Estado, sus límites, quienes lo habitan y tienen su nacionalidad, quienes pueden adquirir su nacionalidad, los derechos y los deberes de los ciudadanos, los derechos y libertades, los derechos y garantías sociales, la constitución de los Poderes Públicos y sus funciones, se señala quienes y de qué forma pueden formar parte de esos Poderes, el mecanismo de hacer las leyes. Además, se establecen otros aspectos relacionados con religión, educación, organismos coadyuvantes de la gestión pública y el juramento constitucional, entre otros elementos.

En el campo político electoral se establece un sistema de partidos políticos, que funciona en Costa Rica como tal, desde 1890, que es el que se usa para nombrar y cambiar gobernantes, a los representantes populares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los que surgen de este Pacto Social como sus representantes genuinos, que expresan el carácter democrático institucional y social que afirman con su elección ese Pacto o Contrato Social.

En este sentido cada proceso electoral, como el que viene, a realizarse el primer domingo de febrero próximo, para cambiar las autoridades nacionales, las que resultan de las elecciones, son una afirmación del Pacto Social, del Contrato Social. Me atrevo a decir que son su mejor expresión de afirmación constante, que se realiza por consulta popular cada cuatro años. Así la expresión de los votos, su resultado, apoyando o no la gestión de Gobierno que se ha venido realizando, estos cuatro años, por el partido político, que le ha tocado hacerlo, como resultado de las elecciones y por la confianza depositada en ese sentido para que conduzca el país. Es un apoyo indirecto al Gobernante y a su Partido, o un rechazo a ambos. Indirecto al Gobernante, en la figura del Presidente de la República, cuando se le da continuidad al Gobierno con la reelección de su Partido para un nuevo mandato, con otro gobernante, porque el sistema electoral no permite la reelección continua del Mandatario en ejercicio del Gobierno, pero permite la reelección continua de su Partido político. Si el resultado es adverso a la continuidad del Partido, se puede interpretar que el rechazo es al Presidente y gobierno en ejercicio y a su partido y candidato que participa en las elecciones.

En la Historia electoral del país desde 1890 no ha habido un gobernante, como persona que haya ejercido el Gobierno tres veces consecutivas. Los ha habido de dos veces, en 1894-1898 y 1898-1902, Rafael Iglesias. Después eso no se ha repetido.

Los ha habido que repiten un gobierno, durante el período de la Segunda República, en 1970-1974, y 1974-1978 con el Partido Liberación Nacional, en 1982-1986 y 1986-1990, con el Partido Liberación Nacional, en 1998-2002 y 2002-2006 con el Partido Unidad Social Cristiana, en el 2006-2010 y 2010-2014 con el Partido Liberación Nacional, y actualmente desde 2014-2018 y 2018-2022, con el Partido Acción Ciudadana.

La Historia electoral de este período, 1949-2018, no conoce tres gobiernos seguidos de un mismo partido político, pero en cada elección eso es una posibilidad, la reelección del partido en el Gobierno.

La encrucijada en que estamos es si en estas elecciones del 2022, ante la renovación y afirmación del Pacto Social o Contrato Social, que surge del mandato electoral, se le dará la confianza al actual Partido gobernante de continuar con un tercer mandado, o se cambiará de Partido gobernante, con su respectivo gobernante. El que no se reelija un partido solo significa que el Pacto Social con ese Partido se Rompió. No significa que toda la sociedad entra en crisis por la ruptura de ese Pacto, porque en su Rompimiento simultáneamente se establece un nuevo Pacto con otro Partido y su gobernante.

La elección en sí misma es un acto de confianza pública en el sistema democrático, en el sistema de partidos políticos, en el proceso electoral que gobierna este cambio de Mandatario y hasta de Partido Político. Es un acto de confianza en el sistema democrático y electoral costarricense.

En fila ya tenemos los primeros partidos y candidatos ya definidos aspirando gobernar el país, el Partido Nueva Republica con Fabricio Alvarado, Sergio Mena con el Partido Nueva Generación, el Partido Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, el Partido Liberación Nacional con José María Figueres Olsen, el Partido Unidad Social Cristiana, con Lineth Saborío, el Partido Liberal Progresista con Eli Feinzaig, el Partido Progreso Social Demócrata con Rodrigo Chávez.

Las preguntas finales, ¿se romperá el Contrato Social o el Pacto Social con el Partido Acción Ciudadana? ¿Habrá nuevo Contrato o Pacto Social, con otro partido político? Este es el dilema. Nuevo Presidente o Presidenta habrá.