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Etiqueta: contrato social

¿CONVIVIR O ESTAR JUNTOS?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentaron los resultados de una encuesta denominada “Construyendo una ruta común hacia el 2030” en la que se arrojaron resultados interesantes sobre la visión país que tienen las personas consultadas.

Llama la atención la permanencia de núcleos duros de opinión sobre la discriminación subjetivamente experimentada.

La persistencia de estas prácticas entre la población costarricense continúa representando enormes desafíos para la base de una colectividad que, ya lo hemos dicho en otros momentos, debe construir nuevas formas de contrato social para poder enrumbarse hacia el futuro.

Resaltan por ello, dos aspectos de los resultados compartidos: el conjunto de discriminaciones experimentadas en razón de ciertas características como la edad y la condición social, entre otros, así como la persistencia de las ideas sobre las personas extranjeras en tanto “otros sociales”, a los que se les reconoce su aporte a la sociedad costarricense pero se les sigue “manteniendo” con cierta distancia social y cultural.

En el primer caso, la discriminación experimentada evidencia una frágil construcción de mínimos en los reconocimientos socioeconómicos, generacionales y de género. Así lo evidencian 6 de cada 10 personas consultadas por el estudio.

En estas condiciones, no es difícil imaginarse un escenario donde la convivencia sea tranzada, negociada, por un conjunto de presupuestos que colocan al otro en una situación de inferioridad. En un escenario de esta magnitud, estar juntos no necesariamente implica convivir y esto se traduce en una serie de dificultades y bloqueos para establecer acuerdos mínimos en una experiencia colectiva que hace mucho dejó de serlo, para presentarse como una visión atomizada y fracturada, repleta de fraccionamientos sociales.

En el segundo caso, la continuación de discursos de discriminación hacia ciertas poblaciones como las migrantes, revela una tarea todavía inconclusa en materia de respeto hacia la condición de nacionalidad.

Así, más de la mitad de las personas consultadas indicaron que en Costa Rica se vuelve difícil vivir si se es nicaragüense, condición que se comparte con las poblaciones indígenas. Ambos grupos fueron superados ampliamente por las poblaciones con alguna discapacidad, para las cuales se les dificulta vivir en un país como este.

En cualquiera de los tres casos, la dificultad expresa una permanente fractura hacia las poblaciones que no representan esa identidad homogénea y anquilosada que se dibuja bajo la noción de Costa Rica.

En una aparente transición hacia un nuevo estado de procesos sociales y culturales producto de la crisis civilizatoria experimentada distante los últimos dos años, un enorme desafío para trabajar en la convivencia se impone en Costa Rica.

 No lo resuelve la dimensión política porque es del orden de lo sociocultural y solo con un trabajo de contenidos comunitarios y educativos estaremos listos para dar el paso entre la aparente estancia de estar juntos a convivir, reconociéndonos en nuestras diferencias. Esa es la tarea.

Imagen: https://www.france24.com

Reafirmación del Pacto Social

Vladimir de la Cruz

Usualmente empleamos el concepto de Pacto Social para expresar el origen de la autoridad política, de los gobernantes, y de la organización del sistema político o del orden social.

El Pacto Social deviene del concepto Contrato Social que se desarrolló con las teorías políticas, surgidas desde finales del siglo XVII, que rechazaron el origen divino del poder de los monarcas, entendiendo que dicho poder no era voluntad de Dios, ni por Dios se realizaba, ni que por decisión de Dios gobernaba, sino que descansa en el Pacto Social, o en el Contrato Social que los ciudadanos realizan para asegurar su convivencia, su buen vivir y su felicidad, delegando cada ciudadano su Soberanía, su Voluntad, en el Gobernante, a quien se le encarga, por ese motivo, la buena administración de la sociedad y del Estado.

Esa voluntad delegada para la administración no puede ser ejercida de manera despótica, ni tiránica, ni dictatorialmente, ni se puede actuar por parte del Gobernante de modo autoritario, contrario al Pacto, ni se puede gobernar contra los ciudadanos. Si así sucediere el Pacto se estima roto y el pueblo con el derecho natural de rebelarse, contra ese gobernante que ha incumplido el Pacto, para cambiarlo y restituir de nuevo la armonía social y política, y la buena relación entre el Mandatario y los Mandantes de ese Pacto o Contrato Social. Como concepto el Mandatario no puede apartarse de lo que le establecen los Mandantes, el Pueblo, como resultado de las elecciones, que es la forma mediante la cual se da la facultad de gobernar.

Este concepto y Derecho de Rebelión en Costa Rica fue establecido en la Constitución de 1844. En las siguientes constituciones fue eliminado.

Corresponde también al concepto de Pacto Social la aprobación de la Constitución Política. Se le da a esta gestación o nacimiento de la Constitución la categoría mayor de la elaboración del Pacto o Contrato Social. La primera Constitución que se estableció en Costa Rica, el 1 de diciembre de 1821, se llamó Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia.

En la Constitución Política se establece todo lo que corresponde a definir el país o el Estado, sus límites, quienes lo habitan y tienen su nacionalidad, quienes pueden adquirir su nacionalidad, los derechos y los deberes de los ciudadanos, los derechos y libertades, los derechos y garantías sociales, la constitución de los Poderes Públicos y sus funciones, se señala quienes y de qué forma pueden formar parte de esos Poderes, el mecanismo de hacer las leyes. Además, se establecen otros aspectos relacionados con religión, educación, organismos coadyuvantes de la gestión pública y el juramento constitucional, entre otros elementos.

En el campo político electoral se establece un sistema de partidos políticos, que funciona en Costa Rica como tal, desde 1890, que es el que se usa para nombrar y cambiar gobernantes, a los representantes populares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que son los que surgen de este Pacto Social como sus representantes genuinos, que expresan el carácter democrático institucional y social que afirman con su elección ese Pacto o Contrato Social.

En este sentido cada proceso electoral, como el que viene, a realizarse el primer domingo de febrero próximo, para cambiar las autoridades nacionales, las que resultan de las elecciones, son una afirmación del Pacto Social, del Contrato Social. Me atrevo a decir que son su mejor expresión de afirmación constante, que se realiza por consulta popular cada cuatro años. Así la expresión de los votos, su resultado, apoyando o no la gestión de Gobierno que se ha venido realizando, estos cuatro años, por el partido político, que le ha tocado hacerlo, como resultado de las elecciones y por la confianza depositada en ese sentido para que conduzca el país. Es un apoyo indirecto al Gobernante y a su Partido, o un rechazo a ambos. Indirecto al Gobernante, en la figura del Presidente de la República, cuando se le da continuidad al Gobierno con la reelección de su Partido para un nuevo mandato, con otro gobernante, porque el sistema electoral no permite la reelección continua del Mandatario en ejercicio del Gobierno, pero permite la reelección continua de su Partido político. Si el resultado es adverso a la continuidad del Partido, se puede interpretar que el rechazo es al Presidente y gobierno en ejercicio y a su partido y candidato que participa en las elecciones.

En la Historia electoral del país desde 1890 no ha habido un gobernante, como persona que haya ejercido el Gobierno tres veces consecutivas. Los ha habido de dos veces, en 1894-1898 y 1898-1902, Rafael Iglesias. Después eso no se ha repetido.

Los ha habido que repiten un gobierno, durante el período de la Segunda República, en 1970-1974, y 1974-1978 con el Partido Liberación Nacional, en 1982-1986 y 1986-1990, con el Partido Liberación Nacional, en 1998-2002 y 2002-2006 con el Partido Unidad Social Cristiana, en el 2006-2010 y 2010-2014 con el Partido Liberación Nacional, y actualmente desde 2014-2018 y 2018-2022, con el Partido Acción Ciudadana.

La Historia electoral de este período, 1949-2018, no conoce tres gobiernos seguidos de un mismo partido político, pero en cada elección eso es una posibilidad, la reelección del partido en el Gobierno.

La encrucijada en que estamos es si en estas elecciones del 2022, ante la renovación y afirmación del Pacto Social o Contrato Social, que surge del mandato electoral, se le dará la confianza al actual Partido gobernante de continuar con un tercer mandado, o se cambiará de Partido gobernante, con su respectivo gobernante. El que no se reelija un partido solo significa que el Pacto Social con ese Partido se Rompió. No significa que toda la sociedad entra en crisis por la ruptura de ese Pacto, porque en su Rompimiento simultáneamente se establece un nuevo Pacto con otro Partido y su gobernante.

La elección en sí misma es un acto de confianza pública en el sistema democrático, en el sistema de partidos políticos, en el proceso electoral que gobierna este cambio de Mandatario y hasta de Partido Político. Es un acto de confianza en el sistema democrático y electoral costarricense.

En fila ya tenemos los primeros partidos y candidatos ya definidos aspirando gobernar el país, el Partido Nueva Republica con Fabricio Alvarado, Sergio Mena con el Partido Nueva Generación, el Partido Unidos Podemos con Natalia Díaz Quintana, el Partido Liberación Nacional con José María Figueres Olsen, el Partido Unidad Social Cristiana, con Lineth Saborío, el Partido Liberal Progresista con Eli Feinzaig, el Partido Progreso Social Demócrata con Rodrigo Chávez.

Las preguntas finales, ¿se romperá el Contrato Social o el Pacto Social con el Partido Acción Ciudadana? ¿Habrá nuevo Contrato o Pacto Social, con otro partido político? Este es el dilema. Nuevo Presidente o Presidenta habrá.

Lo manifiesto, lo latente, lo verdadero

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un video compartido recientemente muestra el choque entre un vehículo liviano y una motocicleta. Como producto del percance, uno de los ocupantes de la motocicleta fallece por las lesiones ocasionadas. En el lugar del accidente debía estar instalada una señal vertical de alto en el sentido de trayectoria del vehículo liviano. Su chofer nunca la observó porque la señal no estaba. Había sido vandalizada.

Hace tan solo unos días se informaba de la destrucción de estaciones de autobús y tren. Los asientos, los dispositivos de publicidad y otros elementos son sustraídos de estos sitios un día sí y otro también dejando a la intemperie a las personas usuarias de los mismos. El robo de cable eléctrico, la sustracción de alcantarillas. saltarse las filas, pagar sobornos para obtener servicios de forma rápida son tan solo algunos ejemplos cotidianos en los que lo iícito pareciera ser la norma.

Todos estos hechos tienen un notable eje transversal: la afectación de bienes públicos comunes y colectivos con el propósito de lograr un objetivo individual. Los medios, no importa cuáles, para llegar a los fines. O como se dice en cierto argot especializado: el gesto técnico oportuno para hacerle daño al Estado, a toda costa. Un daño superlativo, profundo, devastador. La función manifiesta.

Hace algunos años, quizás a inicios de la década de 2000, se produjo en Costa Rica un documental audiovisual que explicaba el origen social de los comportamientos irracionales contra el bien común. Los utilcé tal vez en alguno de mis cursos. Lamentablemente no he logrado encontrar de nuevo ese trabajo que sería pieza obligada en la Costa Rica bisoña del bicentenario, clase de educación cívica obligatoria bajo las actuales circunstancias. Recuerdo ver en ese análisis a gente de la talla de Carlos Sojo, Patricia Vega y otros más.

En este documental se analizaba con criterio sociológico cómo las actitudes de dañar los bienes públicos por parte de algunos sectores de la población estaban relacionadas en sus motivaciones con las acciones que las clases políticas y económicas, las élites y sus representantes, desarrollaban en materia de corrupción. La función latente explicando los entuertos de unos y otros.

Sobre el rol de la comunicación seria y a propósito de su ausencia en la amplia propuesta actual, no es posible olvidar los esfuerzos de un proyecto comunicativo emblemático que combinaba humor, crítica social y cuestionamiento político, erigido así mismo y autonombrado como “activista del escuadrón anti chorizo”. Cuanta falta hace en estos momentos.

“La patada”, como se denominaba el espacio, llegó a develar una y otra vez las funciones latentes, es decir, los propósitos reales mediante los cuales los sujetos utilizaban medios irregulares para conseguir sus propositivos.

Lo manifiesto consistiría en la señal arrancada, el cable robado, los casi 80.000 millones de colones trasegados en una gigantesca red de corrupción recientemente descubierta en el país.

Políticos, religiosos y personas de las élites costarricenses fueron expuestas a través de bien documentadas y argumentadas investigaciones en el programa mencionado. Todo logrado con un uso irrestricto de la figura de la neutralidad analítica que le garantizaba llegar hasta las profundidades de los casos que analizaba. Algo que el día de hoy es materia pendiente en los enfoques periodísticos sobre el tema.

Recordarán amigos y amigas lectores, que el director del programa fue asesinado en circunstancias todavía no esclarecidas. En la Costa Rica que no ha logrado aún resolver asesinatos de activistas ecologistas y dirigentes indígenas, yo ya no estaría tan seguro de que el chivo expiatorio con el que se intentó construir el caso del crimen de Parmenio Medina haya estado tan apegado a la realidad.

Lo manifiesto, lo latente y lo verdadero toman hoy otras dimensiones en un país cuyo contrato social expiró hace tiempo. La refundación es necesaria. Y, como decía La Patada, aplicado para el desarrollo social y económico nacional, esa refundación misma sigue siendo un asunto de cabeza. Esperemos encontrarla y colocarle el sombrero de la decencia que tanta falta hace.

 

Imagen: http://www.primeraplana.or.cr

El día después

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días después de que la humanidad sufriera una hecatombe nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si bien se reconoce que nada después de esta pandemia será lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo contrario; pero, para ello se requiere que tomemos conciencia lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, haciendo que ponga todos sus recursos científico-tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y vertiginosos en los valores que determinan la vida privada y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el ámbito biológico con repercusiones graves e irreversibles en la salud de la población; pero afecta, en no menor medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es significativamente más veloz que aquel que ha creado la Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente constituye una enfermedad tan perniciosa como la que causa en la salud orgánica la covid-19. De ahí que lo más urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia de que estamos ante uno de los más radicales y vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos del quehacer humano, provocados por el propio homo sapiens gracias al poder que le confiere la revolución científico-tecnológica de los últimos cinco siglos.

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no es dable. La dialéctica que rige los procesos históricos, se inspira en la conciencia del tiempo concebido como instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el trascurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin es la procura de la convivencia humana, concebida ésta como algo más y mejor que el instinto gregario con que se rigen los primates; lo cual significa pasar de la sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que “comunidad” tiene su raíz etimológica en el término “común”, lo cual significa que los bienes producto de la acción humana tienen un fin común, están llamados al disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas (educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación del método científico, tiene como finalidad la procura del bien y el disfrute del placer estético.

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio país. Concretamente, en el caso de Costa Rica el mayor logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor parte de la población, gracias a las reformas liberales en las décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de entonces, vendría la creación del Estado de Derecho llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la forja del Estado Social, propuesta por el Partido Reformista del General-sacerdote Jorge Volio y realizada por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó en la creación de la II República, liderada por José Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes sectores políticos, se emprendió la modernización de la sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una clase media formada profesionalmente por la Universidad de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una poderosa clase media, que hasta 1985 mantuvo una fuerte alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase media ha venido sistemáticamente siendo despojada de todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la década de los 40s., los más importantes de esos logros se mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea configurado por la alianza estratégica entre las capas medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector agrario, profesionales independientes, funcionarios y empleados públicos y las clases populares. La mencionada alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que recientemente la despótica oligarquía centroamericana afincada en nuestro país, tiene un papel significativo. Hoy se impone, como un imperativo histórico de nuestra democracia, poner los cimientos para crear la III República basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se encaminan en ese sentido pasos como los dados con la firma de un documento dirigido a los diputados y que es encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino también. Las reformas deben comenzar por incidir en una mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la reconstrucción de la economía y no los sectores populares y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, deben saber que, con ello, están atizando un estallido social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los sectores objetivamente afectados por esta crisis global y planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones de momento, sino igualmente reformas que consoliden y profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por defender a ultranza las instituciones que han demostrado ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la educación pública, especialmente las universidades a quienes debemos, no sólo la formación de profesionales competentes y honestos, sino la investigación científica en su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto hoy más que nunca y todo el sector público hoy tan injustamente denigrado. A los partidos políticos que se opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, las organizaciones populares deben dar prioridad a la formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la formación de la conciencia cívica de los más amplios sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. Porque el mañana ha comenzado ya.