Ir al contenido principal

Etiqueta: convención colectiva

El Estado costarricense violenta los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA

PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIDAD SINDICAL

La Unidad Sindical, integrada por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, la Central del Movimiento de Trabajadores CMTC, Central General de Trabajadores CGT, la Confederación Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos CCTD, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO, los sindicatos de las Universidades Públicas, organizaciones magisteriales y sindicatos no confederados, quiere hacer de conocimiento público la violación a la legalidad perpetrada por la Junta Directiva de JAPDEVA. 

La Administración de JAPDEVA, amparada por el Poder Ejecutivo del Gobierno anterior, con una decisión administrativa sin legalidad, dejó sin efecto y desaplicación unilateral la convención colectiva con SINTRAJAP, un mes antes de entregar el poder al nuevo Gobierno. La magnitud de esta acción arbitraria e ilegal elimina el derecho de la clase trabajadora de JAPDEVA a la negociación colectiva, y constituye una violación a la legislación nacional, porque un acuerdo de la Junta Directiva jamás puede anular una Ley, como lo es la convención colectiva, protegida por la Constitución Política y el Código de Trabajo y también es una violación a los convenios internacionales número 87 y 98 de la OIT ratificados por el país. 

Por más que SINTRAJAP intentó encontrar soluciones por la vía del diálogo social con la empresa pública y con las autoridades del trabajo, no hubo interés ni voluntad política de respetar este derecho, pues la verdadera intencionalidad del Gobierno anterior fue acabar con la negociación colectiva y con el sindicato de JAPDEVA. 

Hay prueba fehaciente de las certificaciones del MTSS que indican con claridad que la convención colectiva de JAPDEVA está vigente. Así mismo, una resolución de la Sala Constitucional en la sentencia 19812-2020 de las 13 horas del 14 de octubre 2020 confirma esta tesis. Igualmente, el Código de Trabajo en el artículo 713 no deja dudas de que sólo una resolución de los tribunales de justicia puede dejar sin efecto una ley especial como lo son las convenciones colectivas. 

Esta grave actuación de facto refleja el nivel de irresponsabilidad social de esta entidad pública, que además de violentar el orden jurídico nacional e internacional, ocasiona un severo daño a la economía e ingresos de las familias de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA, a raíz del desconocimiento de los derechos colectivos que se han pactado entre las partes durante décadas. 

Ante este lamentable e intolerable hecho, hacemos un llamado al Gobierno actual para que se corrija de modo urgente y firme esta situación ignominiosa, poniendo en el orden correcto las cosas, y devolviendo los derechos humanos fundamentales arrebatados a las personas trabajadoras organizadas en SINTRAJAP, de modo acorde con el derecho constitucional a la negociación colectiva. 

El movimiento Sindical Costarricense en Unidad de Acción cierra filas para que se reivindiquen los derechos laborales violentados, tomando en cuenta que el irrespeto de los derechos de cada trabajador o trabajadora en cualquier lugar del país es una violación a los derechos de todos, que constituye además una amenaza para la paz social y democracia. La Unidad Sindical respalda con fuerza a SINTRAJAP en esta lucha tan justa, asegurando que persistiremos en acciones constantes hasta que se garanticen de nuevo los derechos arrebatados a las personas trabajadoras de JAPDEVA.

 

Compartido con SURCOS por SINTRAJAP.

ANEP logra la primera convención colectiva en el sector privado

SURCOS comparte la siguiente información:

La buena negociación entre la seccional ANEP- Obreros Bananeros y Agrícolas del cantón de Sarapiquí (OBAS) y la transnacional Del Monte, logró que se sellara la convención colectiva, la cual, incluye 33 cláusulas y tendrá una vigencia de 3 años.

Para información detallada adjuntamos el enlace:

ANEP cerca de la Primera Convención Colectiva de Trabajo en el sector privado

Por Albino Vargas

ANEP se encamina a la suscripción de la Primera Convención Colectiva de Trabajo en el Sector Privado: negociación con la transnacional bananera Del Monte-Bandeco para la finca Chira 4-Sarapiquí.

Gracias a nuestros negociadores legítimos obreros bananeros y dirigentes de base Milton y Wálter, con el acompañamiento asesor de nuestro compañero de lucha Santiago, egresado de la Facultad de Derecho-UCR. Éste es un proceso de Diálogo Social con el atinado acompañamiento mediador de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); con el férreo respaldo de la Seccional ANEP-OBAS (Obreros Bananeros y Agrícolas de Sarapiquí); y, por supuesto, de ANEP.

Para conocer más al respecto puede observar el video adjunto.

 

Información compartida con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.

RECOPE es garantía para Costa Rica

Freddy Pacheco León

Al ser Recope una empresa altamente eficiente, la prestigiosa Fitch Ratings la califica como AAA. ¡La más alta calificación! Así, el presupuesto administrativo ronda solo el 8% pues no solo está muy bien administrada la sociedad anónima del Estado, sino que funciona SIN fines de lucro. Sus diversos productos, desde la emisión asfáltica, a la gasolina para aviones de turbina, pasando por el gas licuado de petróleo, el kerosene, el diésel, los tipos de gasolina según el octanaje, están en segura disposición de los usuarios en los lugares que los requieren y al mismo precio por producto, independientemente de quién sea el proveedor final. El precio, sin impuesto, es el más bajo del istmo centroamericano y la calidad de todos sus productos es la mejor, garantizada desde puerto Moín a todos los rincones de Costa Rica.

Para todos los compatriotas es importante que nuestras fuentes de energía estratégicas no dependan de los caprichos de compañías transnacionales, como sucedía antes de que don Pepe dispusiera acabar con los contratos que nos amarraban a la Allied Chemical, que por dicha es solo un recuerdo. La inmensa capacidad de almacenamiento que tiene nuestra empresa del Estado, nos garantiza el funcionamiento seguro de los procesos productivos. Eso y más resume las ventajas que tiene para el país el que la empresa más grande de Centroamérica y Panamá, sea propiedad del Estado y funcione con tanta eficiencia.

El impuesto único a los combustibles que la ley le ordena recaudar (aunque ni un colón sea para la institución) es el tercer impuesto en importancia en nuestro país, solo superado por la renta y el IVA, y recaudado más eficientemente Recope que esos otros. Solo en el 2019 significó un monto de ¢552.000 millones.

¡Ah, otra cosa! De la convención colectiva de sustento constitucional que tienen los trabajadores de Recope con la administración, solo alrededor de ¢3,50 es lo que representa en el precio del litro de gasolina, precio determinado por los países y empresas productoras, y el cambio del dólar con respecto al colón, principalmente. Por ejemplo en julio del 2014 llegó a estar a ¢816 el litro de gasolina, mientras que en diciembre pasado estuvo a ¢529 el litro. Ambos precios, por supuesto, determinados por la independiente ARESEP.

Además, la misma Aresep y otros conocedores, han demostrado que si otra empresa (esta vez privada) se encargara de todas las funciones que cumple Recope, inevitablemente los precios aumentarían pues esas empresas sí funcionarían buscando el lucro. Empresas que tendrían que invertir miles de millones de dólares para satisfacer todas las necesidades, que se iniciarían en la ejecución de las labores en el muelle petrolero, la construcción de las estructuras de procesamiento, almacenamiento, bombeo, construcción de un poliducto de cientos de kilómetros de longitud, estructura administrativas, etcétera, para poder «competir» con una empresa estatal que ofrecería mejores precios a los consumidores. Realidad que pocos se detienen a analizar cuando gritan «hay que abrir Recope a la competencia», «hay que acabar con ese monopolio», y otros estribillos sin fundamento. Así, por lo señalado, no creemos que haya en el planeta ningún empresario dispuesto a meterse en semejante «negocio». Y lo saben tan bien políticos como Otto Guevara y otros «libertarios» que «le van a la cola», como Eli, Muñoz, Chaves, Avendaño, y otros, que en el proyecto de ley N°17.888 de Otto y Natalia Díaz, que fue tomado para un fracasado referendo, proponían que se vendieran las acciones de RECOPE que posee el Consejo de Gobierno (seguro a precios ridículos) o a que toda la multimillonaria infraestructura que los costarricenses hemos invertido en nuestra empresa a través de los años, se le traslade en administración al MINAE, para que desde allí se ofrezca en ALQUILER ¡a la misma Recope! y a las empresas privadas que NO han invertido ni un dólar devaluado en tales bienes. ¿Se imaginaban tal desfachatez?

Por eso y más, reiteramos la necesidad de que, más allá de los tendenciosos titulares de prensa, SE INFORMEN para que después de ello, su respetable criterio, esté fundamentado. No se trata de «defender» a Recope, se trata de conocer esa gran empresa nacional para así tener un criterio informado.

SITRAPEQUIA sobre convención colectiva de trabajo con RECOPE: “Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable”

SURCOS comparte comunicado del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (SITRAPEQUIA):

El martes 02 de febrero finalizó la etapa de discusión del texto correspondiente a la Convención Colectiva de Trabajo entre RECOPE y SITRAPEQUIA, iniciado en fecha 29 de enero del 2020. Este proceso ha sido desarrollado en un contexto de pandemia, lo cual representó todo un reto para sostener las sesiones de negociación. Dicho desafío fue superado con creces y se ha logrado avanzar con éxito hasta la fecha.

El proceso se ha llevado a cabo con respeto al derecho fundamental de la negociación colectiva previsto en la Constitución Política y Convenios Internacionales sobre la materia; todo lo anterior en el marco de la buena fe, contando en todo momento con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como facilitador del proceso de dialogo.

Las partes han negociado en estricto apego al ordenamiento jurídico aplicable, incluyendo lo regulado en la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley 9635 – Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas- y el Código de Trabajo; asimismo se han atendido los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que ha dispuesto la Sala Constitucional así como los lineamientos emitidos por la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público.

Una vez consolidado el texto acordado entre las partes, éstas se han comprometido a efectuar la revisión final conforme lo establece el artículo 703 del Código de Trabajo; cumplida esta etapa el texto será remitido a las instancias de decisión de cada una de las partes para su aprobación y las firmas respectivas. Cumplido lo anterior, el documento será depositado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin de que determine lo correspondiente.

En el momento oportuno se brindará mayor detalle sobre los temas negociados, atendiendo a las etapas del proceso.

Manuel Rodríguez Acevedo
Secretario General, SITRAPEQUIA

SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

Firma de la primera convención colectiva de trabajo entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) y Palma Tica S.A.

Hoy martes 15 de septiembre del año 2020, en el distrito de Puerto Jiménez de la provincia de Puntarenas de Costa Rica, se llevó a cabo la firma de la primera convención colectiva de trabajo entre el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) y la compañía agroindustrial aceitera Palma Tica S.A, subsidiaria del grupo Numar. Este proceso de negociación, fue acompañado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH) y la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA).

Este día, se conmemoran 199 años de independencia en Costa Rica y a la vez, la vigencia de la primera convención colectiva en el sector palmero costarricense liderado por una mujer sindicalista, la compañera Dania Obando Castillo, secretaria general del SITRAPA, secretaria de genero de FENTRAGH e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Mujeres de la UITA (CLAMU).

Este convenio colectivo, se inició con un proceso organizativo del SITRAPA en el año 2017 y llegará a amparar a todos los trabajadores de Finca 5 del distrito de Puerto Jiménez que laboran para Palma Tica S.A, el cual, propicia democratizar las relaciones laborales que durante décadas se habían desarrollado por medio de un comité permanente y un arreglo directo. Con esto se marca un antes y un después de las relaciones laborales en esta empresa.

El gran reto será, que la convención colectiva sea el instrumento mediante el cual los trabajadores por medio de su organización sindical promuevan mejores condiciones laborales que impacten en lo económico, la salud, lo educativo y social, en equilibrio con los niveles de producción y productividad que impulse la empresa, así como la reducción de la conflictividad en las relaciones laborales, por medio de la construcción de confianza para de esta forma favorecer futuros espacios de negociación, señaló Maikol Hernández Arias, secretario general de FENTRAGH.

Puerto Jiménez – Costa Rica, 15 de septiembre 2020

En el siguiente video, Maikol Hernández Arias, secretario general de FENTRAGH, recalcó que la convención colectiva tendrá el gran reto de promover mejores condiciones laborales que impacten en lo económico, la salud, lo educativo y social en equilibrio con la producción y la productividad de la empresa, así como la reducción del conflicto laboral.

Reflexión en torno a la judicialización de la Convención Colectiva

Por uno como todos

Vivimos un tiempo de cambios y de no pocas incertidumbres. El mundo se debate entre tendencias retardatarias y aquellas que presionan para pasar a nuevas formas de organización y convivencia. En el país, acuerdos que nos daban paz social y certidumbre en relación con lo que podíamos esperar, se han ido desvaneciendo, a veces por nuestras propias omisiones, a veces por el ataque encarnizado de oportunistas, a veces porque ya era hora de cambiar, aunque nos resistamos, y otras porque puede ser mejor cambiar lo que tenemos por otras formas de mayor respeto, reconocimiento mutuo y gratificación en la convivencia.

Y nuestra Universidad Nacional no es, para nada, ajena a todo este movimiento. Por eso cada uno y cada una de quienes formamos esta comunidad también compartimos estas incertidumbres, estas tensiones, pero también los anhelos, los compromisos, los proyectos de futuros, las esperanzas de más y mejor universidad.

En ese ambiente, como trabajador universitario, como compañero de jornadas y proyectos, como sindicalista crítico, como intelectual comprometido, como persona con vínculos, necesidades y demandas, uno como todos, comparto las preocupaciones, incluso las incertidumbres de la comunidad universitaria frente a ciertas tendencias que atentan no solo con nuestro estilo de vida, sino con la posibilidad de tener una vida digna.

Es la indignación frente aquellos que, por ejemplo, han satanizado el empleo público y le achacan ser la causa de todos los males del país cuando, en no poca medida, ha sido esta fuerza trabajadora, aglutinada en tantas y tantas instituciones pioneras, como las universidades, la que ha cambiado los escenarios y las realidades de nuestro país.

También es cierto que debemos vernos autocríticamente, pues las tendencias del burocratismo y un confort “acomadaticio” ha podido llevar, en algunos casos, a posturas autosuficientes, desdeñosas de las demandas de las personas y los colectivos; en fin, a perder el horizonte del servicio público. Pero también es cierto que esto es solo el menor de los casos que, por lo mismo que escuece y duele, se hace muy evidente, clama al cielo, y hay que enfrentarlo y cortarlo.

En ese sentido, veo con preocupación el ataque que desde diversos frentes (como algunos medios de comunicación, grupos políticos y oportunistas de turno) se hace contra las universidades públicas y sus convenciones colectivas; estas últimas han sido instrumentos de cambio, mejora social y negociación, que nos han dado la posibilidad de llegar a acuerdos en pro de las mejores condiciones de vida de todos y todas, procuradoras de esa paz social, de equilibrios organizacionales, de combinación de las fuerzas productivas en aras de alcanzar objetivos de desarrollo, que han provocado, en muchos casos, las mejorías y avances de sectores de la población. Y la convención colectiva de la Universidad Nacional no ha sido la excepción, más por el contrario ha sido una norma pionera en algunos temas en el ámbito nacional.

En otro contexto, alguno de más holgura económica, menores presiones fiscales, pero también menores presiones en la operación y la operatividad del quehacer universitario, siendo la nuestra una universidad que, en pocos años, se ha más que duplicado, en estudiantes, en personal, en necesidades espaciales, etc., la convención colectiva pudo cobijar beneficios válidos, que hoy, por el cambio de contexto, requieran revisarse y sopesarse, de modo que nos permita analizar y discernir entre aquello que resulta necesario, desde una perspectiva de humanidad decente y dignidad, y aquello que debiera modificarse, dando lugar a nuevos acuerdos.

Frente a ella, ese espíritu de negociación, de acercamiento de posiciones, que se hace desde una postura responsable y corresponsable, con sentido del bien común, de realismo, pero también de servicio público con visión de futuro, es el que debe imperar, para lo cual no me queda duda tenemos sobrada capacidad.

Lastimosamente, hoy por hoy, la judicialización de nuestra convención colectiva opera como una caja de Pandora, pues -como lo he advertido, desde mi visión jurídica, en los espacios que transitoriamente ocupo- no sabemos lo que puede resultar de ello, máxime que hay quienes (de dentro y de fuera) están ávidos por atacarnos, por cercenar nuestra autonomía, por privar a este país de una de sus principales garantías democráticas, como es la existencia de las universidades públicas.

Sin embargo, aún no es tarde, pues creo que, como comunidad universitaria, de la cual todos y todas formamos parte, independientemente de nuestras funciones transitorias, estamos llamados a entrar en ese espíritu de diálogo y negociación, que nos permita reconocernos como parte de este colectivo y cohesionarnos en torno de los mejores intereses y valores que la UNA ha sostenido y a los que se debe, para acordar las formas organizativas, estructurales y normativas que los protejan y haga operativos. Incluso, esta será la manera de evitar o disminuir las posibilidades de que poderes y agentes externos entren a regular nuestro quehacer y, sobre todo, las condiciones en las que dignamente podremos cumplir con nuestras tareas y compromisos universitarios.

Dr. Norman Solórzano Alfaro-Vicerrector de Docencia, UNA.

 

*Imagen ilustrativa.

Enviado a SURCOS por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/