El 4 de setiembre se realizó el tercer foro académico titulado “Seguridad y Convivencia Democrática” del Posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el Dr. José Manuel Arroyo, Ex Magistrado del Poder Judicial.
En primer lugar, el conferencista debate sobre el significado de la corrupción y los distintos usos e interpretaciones que le dan los ciudadanos. De esta forma, señala que se entiende por “corrupción” a casi cualquier cosa, que sea contraria a nuestros principios e ideologías, y que representa un ascendente religioso que liga esta noción a toda “falta” o “pecado”.
Asimismo, otra interpretación del concepto es aquella que ve como corrupto a quien es negligente o incompetente, a quien interpreta la ley de esta o aquella manera, que opina distinto, milita en filas de otro partido o profesa una ideología distinta a la nuestra.
De esta manera, el problema que se presenta es que se da una confusión en su significado y las personas terminan por “hacerle el juego” a los verdaderamente corruptos. Bajo esta lógica, no se hacen importantes diferencias entre unas conductas y otras:
Existen acciones de poca o insignificante lesividad social vs. otras conductas que terminan afectando seriamente la propiedad pública y el bien común.
El ciudadano de a pie que incumple un procedimiento o se salta la fila vs. el que fragua una importante evasión fiscal, abusa de su poder para apropiarse de bienes, servicios o dineros públicos, con un grave daño social.
Por ello, es fundamental, según el Doctor, distinguir entre el hecho real de graves actos de corrupción que deben ser denunciados, perseguidos y sancionados, y los montajes con propósitos político-partidarios, completamente falsos y perversos.
Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la tasa de homicidios más alta por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua (foto: Archivo OCI).
Rosaura Chinchilla Calderón: Fortalecer la educación, crear empleo y disminuir la desigualdad son claves para la convivencia democrática
Este 2023, Costa Rica está a punto de romper un récord histórico tras superar los 600 homicidios a tan solo tres meses de cerrar el año. Sin duda, el país sufre una oleada de inseguridad y violencia, que, aunada a otros elementos como una creciente desigualdad social, desempleo, poca inversión en educación y narcotráfico, son motivo de pérdida de paz y tranquilidad en la sociedad costarricense.
En el 2022, el Poder Judicial reportó un total de 656 homicidios en el país, una de las cifras más altas de la historia de Costa Rica en cuanto a violencia social. Mientras que este año se proyecta que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes puede llegar hasta a 16 muertes, número considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia.
Actualmente, Costa Rica ocupa el tercer lugar de los países de Centroamérica con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, nuestro país es superado solo por Honduras y Guatemala, y está por encima de países como El Salvador y Nicaragua.
Desde la perspectiva de la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica, este fenómeno crucial que atraviesa el país en cuanto a inseguridad y violencia social es el resultado de un proceso evolutivo, en el cual, durante las últimas décadas se ha dado una interrelación de detonantes como: una baja inversión en educación pública en todos sus niveles, alta tasa de homicidios, una creciente desigualdad social, el desempleo, el incremento del autoritarismo y un desgaste de la institucionalidad y de los servicios a cargo del Estado.
Al respecto afirmó que los últimos gobiernos han trabajado desde un enfoque autoritario y de populismo punitivo, tratando crear leyes para castigar todo tipo de delito, sin tomar en cuenta que desde este enfoque de “condenar todo” se tiende a vulnerabilizar garantías y derechos humanos ya adquiridos y legítimos, como lo son la protesta social, la libertad de expresión y otros. La experta señaló que esto es un fenómeno que ya ha ocurrido en otros países vecinos como Nicaragua y El Salvador en donde se hacen juicios masivos, o se condenan personas por ir en contra de la ideología del gobierno de turno.
Por eso, la experta reiteró que el hecho de crear leyes para condenar delitos es una medida superficial que no ataca las principales raíces de la inseguridad y de la violencia social como lo son el autoritarismo, la desigualdad social, la baja inversión social en educación y la alta tasa de homicidios.
La M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón es experta en Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (foto: Archivo OCI).
“Si nosotros correlacionamos datos, vamos a ver que conforme disminuye la inversión en educación, se incrementan los niveles de autoritarismo, asimismo se incrementa la desigualdad social y se va generando una importante violencia que se manifiesta a través de los homicidios, aunque no es la única forma. En esto es importante decir que las medidas tradicionales que se suelen utilizar para combatir la inseguridad a nivel de discurso oficial o político han sido en el plano meramente normativo y punitivo, en este momento existen más de 190 proyectos de ley en materia penal y ninguno de esos proyectos por los que apuestan las políticas populistas tienen la virtud de incidir en absolutamente nada. La inseguridad que se vive tiene otras causas y justamente las verdaderas causas se siguen socavando, es decir se sigue disminuyendo los presupuestos de educación para disque dárselos a seguridad, además existen medidas fiscales que impiden la inversión en los servicios del Estado y con ese discurso oficial lo que va a contribuir es aumentar las tendencias autoritarias, socavar el apoyo a la institucionalidad democrática y, en consecuencia, exacerbar la violencia en sus diferentes espectros” afirmó Chinchilla.
En su opinión, el país debe atacar esta problemática desde sus causas, con un plan nacional integral que logre fortalecer la educación, crear empleo, atraer inversión extranjera, en el cual se robustezca a las instituciones, y se capacite a las personas a cargo del tema judicial, pero sobre todo en donde se ofrezcan oportunidades de calidad a las personas de todas las edades en cuanto a trabajo, salud, educación, deporte, cultura y recreación.
Por otra parte, Chinchilla ahondó sobre el tema de las consecuencias del populismo punitivo, ya que, además de no atacar de raíz las causas principales de la violencia social, así como de vulnerabilizar los derechos de protesta social y la libertad de pensamiento y expresión, es un mecanismo que está colapsando la estructura del sistema penal, en materia de recargo de labores de labores para los funcionarios judiciales, hacinamiento en las cárceles, incremento en el tiempo de los procesos de juzgamiento, entre otros.
“Ni el populismo punitivo, ni las manifestaciones de políticas tendientes a afectar el plano meramente normativo, no solo son una lectura superficial, sino que en realidad son una lectura distractora de las verdaderas causas. Es una, por decirlo con una expresión popular, una cortina de humo para distraer la mirada de las personas hacia el verdadero escenario donde ocurren las cosas que deben atacarse” expresó Chinchilla.
Todos estos desafíos sobre la inseguridad y violencia nacional fueron abordados por la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón, en el marco del IIIForo Académico Seguridad y Convivencia Democrática, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad costarricense más segura y pacífica.
Algunas personas están considerando votar por el candidato Figueres Olsen del PLN. Hasta aquí todo legítimo y válido. Lo que no puede ser admisible es que agreguen: “aunque sabemos que ese partido y ese candidato están tomados por la corrupción…” Las consecuencias jurídicas, éticas y políticas de este razonamiento son devastadoras. Dicen de un ciudadano totalmente confundido y extraviado, dispuesto a normalizar las peores prácticas en el manejo de la cosa pública con tal de aprovechar, según ellos, un poco de experiencia y competencia.
Es cierto que en estas elecciones se juega mucho más que la escogencia de nuevos representantes populares. La gran mayoría de candidatas y candidatos, los malos y los peores, siguen la ruta del telele neoliberal, abjurando de la mejor herencia política costarricense, el estado social de derecho y las aspiraciones de un modelo de convivencia democrático, con bienestar para las mayorías, sin grandes inequidades y con oportunidades para todas y todos.
El significado jurídico, en sentido metafórico, de una decisión como la señalada líneas arriba, convierte a quienes así están pensando en cómplices y coautores de un daño social gravísimo. Desde el punto de vista ético asumen la destrucción de valores fundamentales para la convivencia como son la honradez, la responsabilidad en el destino compartido y la confianza en quienes han de liderar el mundo que entregaremos a las futuras generaciones.
La cuestión cultural, en sentido amplio y referida a la cultura democrática, nos desnuda una sociedad y una clase política incapaces de definir y escoger una nueva etapa histórica. Mientras sigamos debatiéndonos entre calderones y figueres no habremos superado el mundo que construyeron con más méritos que deméritos los padres y abuelos. Es patético que todavía nos debatamos en esas alternativas. Quizá en este punto radica la indecisión de la mitad del electorado y sobre todo la apatía de los más jóvenes.
El punto de inflexión estuvo en la década de los años noventa del siglo pasado. Un pacto implícito entre los hijos de los caudillos se repartió las áreas de influencia de lo más jugoso del andamiaje institucional de la patria. No hay casualidad ninguna en que esta manera de hacer política, manejando lo público como si fuera hacienda privada, culminara con los escandalosos casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL. Esa es la herencia que nos han dejado los herederos de los caudillos.
Pero es que además, votar por Figueres Olsen tapándose la nariz, supone olvidar que este político ya tuvo su oportunidad, que aún hoy muchos sectores padecen las consecuencias de su gestión y que, en definitiva, fue un período con mucha pena y poca gloria. Supone también echar en el olvido que no hizo frente a los hechos derivados de “una asesoría” a la empresa que estaba negociando con el estado costarricense una compra multimillonaria en el sector de telecomunicaciones, el legado de papá. ¿Hay alguien capaz de defender que es lo mismo que un ex presidente “asesore” este tipo de negociados, a que lo haga cualquier hijo de vecino? Más allá de si hubo o no delitos o fiscales que los persiguieran, ¿este tipo de movidas, para beneficio propio y de los más cercanos, es el modelo de político y política que queremos?
Lo peor del argumento expresado por este sector de votantes es que no advierten lo que está pasando precisamente en estos días. Parte de lo que pasa con la “experiencia” es que entre más se ejerce el poder, más riesgo hay de caer en vicios y corruptelas. Lo que ha sucedido con los alcaldes liberacionistas en el tema de la concesión de obra pública; lo que ha pasado con las cercanías del alcalde liberacionista en la zona sur con sujetos vinculados al narcotráfico; lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa con la comisión de no-investigación de la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, incluido el PLN, suponen un grado de contaminación y descaro que no se pueden permitir.
Expreso estas opiniones sin mucha esperanza. Sólo para que no se diga que no fueron advertidas.
Múltiples entidades de carácter técnico o político han hecho serias objeciones al Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. En este sentido podemos mencionar al propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría y hasta la Contraloría General de la República. También hay pronunciamientos fundados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Universitario de la UCR en tanto instituciones directamente afectadas. Por último, muchas voces especializadas de profesionales y organizaciones de la sociedad civil también han señalado las inconsistencias e inconstitucionalidades del texto legislativo en discusión.
Todo parece inútil frente a la insistencia del Poder Ejecutivo de impulsar esta iniciativa y la determinación, de una aparente mayoría parlamentaria, de aprobar esta legislación estratégica en un tema de gran trascendencia para la estabilidad democrática y la real vigencia del estado de derecho en Costa Rica.
La naturaleza de este artículo no me permitirá abundar en citas de documentos, resoluciones administrativas, informes oficiales, normas o sentencias judiciales, pero todas pueden ser consultadas en el expediente legislativo que se analiza.
De esta manera, un estudio objetivo de todas estas fuentes nos permite concluir que el mencionado proyecto acusa abiertos y profundos roces con la Constitución Política vigente y que, a pesar de las enmiendas y remiendos de las primeras versiones, se mantienen decisiones legislativas que violentan normas y principios constitucionales.
Me refiero a los aspectos de mayor relevancia:
Crear un único sistema para regular el empleo público, con pretensiones de universalidad que abarca todos los poderes de la república, las universidades públicas, las municipalidades y otros entes descentralizados resulta una propuesta fallida. El problema esencial en este punto es que la norma constitucional en la que dice apoyarse, ha sido interpretada incluso por la jurisprudencia de la Sala IV de manera evolutiva, advirtiendo que en el país se han desarrollado varios estatutos que regulan diversos sectores del ámbito público en tanto debe respetarse la especialización, complejidad y amplitud de estos sectores, y la necesidad de darles un tratamiento separado. Por lo demás, el proyecto se encarga de hacer excepciones de aplicación que claramente contradicen su propósito de uniformidad y universalidad, lo cual resulta una contradicción insalvable que debilita su justificación y necesidad.
El proyecto desconoce las diversas formas de independencia o autonomía de otros poderes de la república, el sistema universitario público, el régimen municipal y demás entidades autónomas. Sobre todo, al poner en la rectoría del sistema a MIDEPLAN, se genera una especie de búsqueda de la cuadratura del círculo, una centralización inadmisible, puesto que la Constitución Política es contundente al dar independencia funcional, organizativa y de autogobierno a esas instituciones, lo que deviene en la imposibilidad de que un órgano del Poder Ejecutivo, pueda dictar lineamientos y directrices de carácter específico que resulten de acatamiento obligatorio para estas instituciones.
Derivado de este nudo problemático principal, es el hecho de que la propuesta legislativa mantiene, como parte fundamental del “sistema único”, la obligada coordinación de los departamentos de recursos humanos de estas entidades, con mecanismos de definición en manos, en última instancia, de MIDEPLAN. Aspectos esenciales del funcionamiento y cometido institucional como el régimen y escalas salariales, los parámetros de selección y reclutamiento, los sistemas de evaluación de desempeño y de régimen disciplinario, entran todos en el riesgo de que una entidad ejecutiva, a cargo del gobierno de turno, metan mano indebidamente.
¿Alguien puede imaginar siquiera a funcionarios de la administración central definiendo y opinando sobre quiénes son los profesores universitarios necesarios, útiles y competentes? ¿Alguien puede imaginar siquiera que esta misma dinámica se imponga en la adjudicación de plazas para jueces o juezas? Pero es que además ni MIDEPLAN ni el Servicio Civil tienen los recursos humanos ni la capacidad técnica para llevar adelante con un mínimo de responsabilidad estas tareas.
Otra cuestión no menos importante tiene que ver con la propuesta de salario global y los mecanismos previstos para igualar o uniformar el ingreso medio que deben tener todos los funcionarios públicos. Sin duda esta es una tarea que el Estado costarricense tiene que resolver y deben superarse las diferencias y asimetrías existentes. Pero la solución a un problema que lleva décadas, quizá siglos, no puede darse de golpe y porrazo. No puede pasarse por encima de los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas por una mera disposición legislativa. Habrá que idear un procedimiento que, aunque más lento, mantenga vigente el respeto a los principios y derechos fundamentales de las personas.
En conclusión, la iniciativa para una Ley Marco de Empleo Público, si bien aborda una serie de problemas reales de la organización y funcionamiento del Estado costarricense, no puede imponerse al calor de necesidades fiscales o por la urgencia de firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ni la sanidad de las cuentas públicas, ni la necesidad de una estabilidad macroeconómica, pueden justificar arrasar con valores esenciales de la convivencia democrática y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y sus derechos. Ni siquiera cambiando la Constitución podría colarse un proyecto como el que está siendo discutido. No pueden borrarse de un plumazo garantías constitucionales, décadas de jurisprudencia del más alto tribunal en la materia y decenas de leyes que han regulado un tema tan complejo, diverso y especializado como el empleo público. Habría que imaginar un régimen político-jurídico que ya nada tendría que ver con un auténtico estado de derecho.