Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) American Jewish World Service (AJWS) BeJust Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Guatemala Human Rights Commission (GHRC) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) RFK Human Rights American Friends Service Committee (AFSC) Luis von Ahn Foundation International Service for Human Rights (ISHR) Comisión Internacional de Juristas Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Latin American Working Group (LAWG) Protection International (PI)
El narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza muy seria para nuestro país. Avanza a pasos agigantados y se posiciona en los Estados de la región. Internamente toma posiciones con holgura en las comunidades, regiones, poderes locales y sectores económicos porque, además de disponer de un gran poder económico, encuentra condiciones favorables entre los excluidos, la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en las zonas costeras y fronterizas, así como en la corrupción y debilidad de la organización institucional, que le permite enraizar y florecer. El terror que impone la acción de los gatilleros en la toma de territorios define un nuevo orden social en las comunidades frente a la ineficacia y lentitud institucional.
Hacer frente a este inédito reto demanda una transformación e integración de la política pública. Se requiere, por una parte, en lo inmediato, elevar la calidad y capacidad represiva y, por otra, pero no menos importante ni urgente es desarrollar la capacidad preventiva.
Estas dos acciones requieren coordinación y un clima de consenso institucional donde la corrupción sea severamente reprimida, ya que de otra forma sería como arrojar agua en un canasto.
La acción represiva, además de incorporar modernos equipos y elevar el entrenamiento de las policías, debe ser de gran calidad, basada, no tanto en su número, sino sobre todo en un servicio de inteligencia que involucre a las comunidades organizadas. No se trata de transformar a los miembros de las comunidades en policías, para lo cual no están preparados, sino en informantes calificados que orienten el quehacer del aparato represivo. Es preciso poner a operar la seguridad comunitaria con un nuevo nivel de calidad. El involucramiento y capacitación organizacional de las comunidades es estratégico en esta lucha, sin él la guerra estará perdida.
Por otra parte, no menos importante, sin políticas de prevención que abran oportunidades promisorias a los excluidos y a los jóvenes, que compita con la oferta de los narcos. La mejor política de represión, sin prevención solo llenará cada vez más las cárceles, sin ponerle fin a la penetración y el peligro creciente del poder narco.
La prevención para que sea efectiva debe incluir, aunque sea en el mediano plazo, una reforma al sistema educativo que lo actualice, empezando por los docentes, a la época en que vivimos con sus cambios científicos y tecnológicos. Dándole, por una parte, contenidos que inserten y motiven a los jóvenes en el manejo de sus realidades y, por otra, en formas educativas estimulantes.
Este es un proceso que debe asentarse en las mejores prácticas desarrolladas por educadores nacionales, que existen y por otra en la hibridación con las mejores experiencias internacionales, enviando destacamentos de jóvenes maestros a países de avanzada en el campo educativo como Finlandia o China, como lo hicimos en su oportunidad en el siglo XX.
Paralelamente, debe iniciarse un proceso de autocapacitación que actualice a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), que tiene menos que bachillerato con problemas de desempleo, con el objetivo de obtener ingresos adecuados para las necesidades familiares.
Hacer esta tarea requiere de visión, que deje de lado el considerar a los excluidos como “perdedores” y adecuarse a una articulación del Estado que incluya una política social proactiva basada en la organización de la gente.
En otras palabras, necesitamos un Estado de reconstrucción nacional que lidere el cambio en la región como lo hicimos en 1856.
Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.
Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.
Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.
Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.
Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.
Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.
Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.
Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.
No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.
En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.
Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.
La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.
Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.
Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.
Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.
En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.
Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:
¿Cómo debe de concebirse la democracia costarricense en la segunda mitad del Siglo XXI?;
¿Cómo se concreta esta concepción democrática en actividades medulares para nuestra sociedad: en el campo de la salud, la infraestructura, la economía o la seguridad ciudadana, entre otras?
¿Cómo debe de expresarse y consolidarse esta concepción política desde la educación, en donde muchos padres ni estimulan, ni comprometen a sus hijos a asistir a los centros educativos y, dónde los muchachos han perdido la esperanza, la ilusión y el interés por educarse, pues les genera mayor expectativa y capacidad de materializar ser un “influencer” o vincularse a un grupo delictivo?
¿Cómo hacer sentir a los educadores responsables y protagonistas del proceso educativo, de manera que podamos mejorar la calidad de la educación costarricense?
La pregunta anterior también válida para ser aplicada en la salud pública y comunitaria, transformando a los médicos en protagonistas del proceso de optimización del funcionamiento de los EBAIS y de la CCSS.
¿Cuál debe de ser el papel del Estado en la construcción de esta opción política?
¿Cuál el papel de los gobiernos locales?
¿Qué transformaciones deben de promoverse en las y desde las instituciones públicas, para lograr el fortalecimiento de la democracia política, económica y social?
¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil en esta dinámica sociopolítica?
Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.
Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.
Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.
Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.
Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.
La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.
En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.
Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.
En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).
Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.
Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.
“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.
No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.
En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.
Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.
En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.
Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.
Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.
“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.
La libertaliradicalización: violencia y mercado. Esta liberaliradicalización de la presente etapa del liberalismo está marcada por su carácter irreflexivo y autoristarista a que empuja la preponderancia del mercado y los intereses multinacionales dentro de la misma democracia representativa como sistema a perfeccionar.
Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.
En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.
Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.
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General Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos: Mensaje de tranquilidad para sus amigos.
II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.
Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.
El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.
Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.
En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.
En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada.Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.
A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.
En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.
Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.
El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.
“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.
El 25 de junio, se celebró lo que sería la primera vuelta de una contienda electoral, cuyos resultados sorprendieron a algunos y la segunda no hizo más que confirmarlos.
El Partido Semilla pasó a la segunda vuelta junto con el partido UNE. Esto es lo que no se esperaban: que el partido Semilla pasara a la segunda vuelta y el temor que empezó a cundir en algunos personajes de la política acerca de que Semilla pudiera ganarla para alcanzar la presidencia, como en efecto sucedió.
Luego de esta ronda electoral del 25 de junio, maniobras empezaron a rondar para que no se celebrara la segunda vuelta del 20 de agosto, envueltas en una especie de “mal agüero” en cuanto a que Sandra Torres de nuevo iba a perder la segunda ronda y quedarse a las puertas del solio presidencial.
Porras, Orellana, Curruchiche, Monterroso, empezaron con las sonaderas de tuzas. Antes del 20 de agosto habían hecho manifestaciones al respecto y después del 20, empezó el ruidero.
La dignidad ciudadana, la decisión de que se respeten los resultados electorales, ponerle un puntal a la democracia, vislumbrar y hacer lo consecuente para ponerle fin a tantos años de abuso, corrupción y otras lacras, también se están haciendo presentes, creciendo y ganando apoyo.
¿Quiénes son los que lo están generando?
Los cuatro mencionados arriba, son personajes cuestionados, de muy poca solvencia moral (¿cómo es que están en esos cargos; cómo es posible que se les permita hacer tanto daño a ellos y quienes están detrás de ellos; confesión de qué es esto, o muestra de qué hieles impuras que deben ser vomitadas, por los mismos caminos por los que llegaron; no debieran ir a la cárcel?).
La indignación nacional, la información nacional e internacional, la disposición y el coraje de la población valiente, así lo demuestra. Tanta gente no puede estar equivocada.
El logro inmediato por conseguir
Hay tantas injusticias y asuntos por corregir, pero creo que, en estos momentos el propósito y el principal punto en la mira es que Semilla asuma el 14 de enero.
El menú de marrullerías que sacarán los corruptos es amplio: distracciones, intentos de desviaciones del rumbo de la lucha, “cascaras de plátano”, provocadores, infiltrados, “sembradores” (personas a las que se les asigna la labor de “sembrar”, poner pruebas que luego los inculpen, en bolsos o mochilas de asistentes a manifestaciones, que llevan de manera incauta o descuidada, regularmente en la espalda).
Ojalá que no suceda, pero las acciones violentas, producto de la desesperación y la irresponsabilidad, también pueden estar a la mano.
Detener la injusticia, la corrupción, el atrevimiento, la falta de razón e inteligencia
La voz del devenir de la historia de los pueblos, la claridad que alumbra el camino, asiste las justas demandas.
Con la Constitución en la mano y en el pecho, se marca el camino.
La máxima ley está del lado de la decisión tomada para hacer respetar la voluntad expresada el 20 de agosto.
Investidos de lo que manda la Carta Magna y con esa base, la lucha seguirá su justo camino y alcanzará su cometido.
Debe hacerse sentir a estos corruptos, que ninguna persona, cargo, instancia u organismo está por encima de la Constitución. Es imperante hacer que se cumpla.
Una fuerte presión a quienes tienen esto entre sus obligaciones irrenunciables debe ejercerse de inmediato. Corte de Constitucionalidad, otros organismos de vigilancia, organismos electorales.
La demostración enérgica, firme, sin desmayo y con buena mira, en los escenarios estudiados y decididos, es otro elemento, en el plano nacional.
Aquí también es necesario hacer un estudio y balance de fuerzas y actores que las representan, con miras a una articulación de intereses, para mover las energías a favor.
Los corruptos ya están haciendo lo suyo.
En el plano internacional, también se hace imperante este ejercicio y movimiento, articulando Estados, organismos, actores privados, también con miras a una articulación de intereses.
Aquí también, los corruptos ya están haciendo lo suyo.
Es importante tener siempre presente que se negocia con base en intereses, para encontrar los intereses comunes y no con base en posiciones: las posiciones distancian, confrontan, separan. Los intereses articulan fuerzas para la consecución de lo planteado.
Información contra desinformación
Este es otro campo de lucha, en el que se dirime, se maneja y se dirige los factores: de emisores a receptores, mensajes claros y atinados, deben estar en el ir y venir.
Los corruptos siempre tratarán de causar confusión, desarticulación, división, desmovilización, desánimo entre los receptores de sus mensajes: la población en lucha. Para eso cuentan con el aparataje necesario. Mentiras y verdades a medias, es parte de su repertorio.
A la población y su organización, la asiste la convicción y la justicia de su causa; la creatividad la sabiduría ancestral, de conciencia; el ingenio. Mientras que a los corruptos los acompaña la flacidez de su falacia.
En esta lucha, no conviene darle paso a mentes calenturientas, o alborotadores; ni esperpentos que asusten, ni consignas fuera de lugar.
Sólo ganancia, bienestar, alegrías generales aporta al panorama, la población mayoritaria. Entusiasmo, organización, energías para el logro, son los ingredientes que mueven el camino de lo que está por conseguirse.
Ni “golpe de Estado” ni “Golpe de Estado Técnico”. Guerra política por la vía judicial. ¿En qué están incurriendo los portadores de la corrupción?
Con el ánimo de aclarar y no de caer en discusiones bizantinas, que ni siquiera llegan a ser “teóricas”, pues el momento no es para eso, el intento marrullero que se quiere concretar desde el Ministerio Público, no es un “Golpe de Estado” a lo “Clásico” se podría decir, ni un “Golpe Técnico”.
Se ha estado recurriendo a aplicar lo que con la expresión inglesa, se conoce como “Lawfare”.
El “Golpe de Estado”, es la acción por la que un grupo de personas confabula, planifica y ejecuta la toma del gobierno de un país, implica su relevo. Regularmente con violencia y generalmente, se involucra a militares del mismo gobierno. Es un acto que, ante el conocimiento público se concreta de manera rápida, con o sin resistencia y mediante el cual se releva al titular del ejecutivo y su equipo, de manera ilegal y por medios inconstitucionales.
Se puede citar el llevado a cabo contra el general Efraín Ríos Montt, por el general Humberto Mejía Víctores, su ministro de Defensa. Tanto que cuando al general Mejía le preguntaron quién iba a ser su ministro de defensa, respondió, palabras más palabras menos, que él mismo, porque esos son los que dan “Golpe de Estado”.
El “Golpe técnico”, consiste en varias acciones ordenadas y confabuladas llevadas a cabo, para cambiar piezas clave, regularmente del ejecutivo (que no son producto de procesos electorales públicos establecidos), debido a no estar de acuerdo con el rumbo o visión de éste, sobre la marcha del estado de cosas, regularmente en lo económico o en lo político, por grupos con suficiente poder en estos ámbitos, para lograrlo.
Se hace dentro de lo que permite la constitucionalidad y la legalidad, sin violencia expresa o escandalosa. Es de manera larvada y sin causar conmoción.
Politización de la justicia, del orden jurídico, judicialización de la política. El “Lawfare”, es una guerra política por la vía judicial o jurídica, con fuerte apoyo de lo mediático en búsqueda de legitimación y justificación de aquello que se va a cometer; es la judicialización de la política, movida por intereses económicos, políticos, para concretar o impedir que se concrete un proceso con respaldo popular.
Implica acusaciones y la búsqueda y localización de pruebas; o incluso la “elaboración” de éstas, para llevar a cabo procesos judiciales. Busca lograr una condena para encarcelar e inhabilitar a personajes para el ejercicio de cargos públicos.
Para considerar, en América Latina se puede traer a colación los casos de Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; Pedro Castillo en Perú; Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales en Bolivia.
Se confabula instancias del aparato del Estado en funciones, con intereses de sectores fuera de éste e incluso de fuera del país. El asunto es que debe ser por la vía de lo judicial establecido.
Se utiliza, precisamente para no tener que recurrir a acciones como el “Golpe de Estado”, y actuar desde lo legalmente permitido, pretendiendo no violentar el orden.
Una característica de los casos mencionados y de lo que está tratando de llevarse a cabo, es que es un proceso impulsado por sectores corruptos con sus respectivos apoyos, contra opciones con respaldo popular. Se difama, desacredita, deslegitima, se acusa, como parte de la preparación de lo que se va a consumar.
A los corruptos que están empeñados en este despropósito, debe hacérseles que vean bien claro, en lo que están incurriendo: rebeldía institucional, desobediencia institucional, desacato, insubordinación, subversión del orden constitucional, del orden público, de la paz social, traición a la patria. Se les debe hacer ver también, sus consecuencias.
¿Con qué es con lo que según ellos cuentan para cometer este adefesio, este pretendido intento de “golpe de timón” inconstitucional, y maniobras en el río revuelto del manejo retorcido de las leyes?
Confían en el engaño con el que pretenden encubrir su maniobra; en la prepotencia que da la impunidad ejercida por años. Confían en que los pretendidos engañados, ignoran y carecen de conocimiento y manejo de las circunstancias.
Los acompaña también el egoísmo, el antipatriotismo, la mezquindad, la bajeza, ir en contra de la historia, de la soberanía (palabra que en boca de Curruchiche se oye muy mal, burda y falaz, fuera de lugar, como recurso de mañoso, como argumento retorcido, como entonación de tango en música bolero).
La lucha está planteada. Es una gesta, lo que está por suceder.
Después de un diagnóstico exhaustivo de la zonificación y reglamentos del Proyecto de Plan Regulador Costero, que la Municipalidad pretende implementar en las áreas costeras de ZMT de Cahuita, me siento obligado a levantar mi vos como Cahuiteño de Tercera Generación, para recordarles lo siguiente:
Llevamos más de un SIGLO luchando por la seguridad jurídica de nuestras tierras.
Si nuestros padres, abuelos y bisabuelos NUNCA se arrodillaron ante los grandes inversores externos, tampoco deberíamos hacerlo nosotros ahora.
Nos enseñaron a comerciar de pie con aquellos que consideraban dignos de ser sus vecinos; pero nunca forzados por funcionarios públicos que se jactan de normas legales que ellos mismos u sus superiores han promulgado.
Ahora, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Concejo Municipal de turno en una desvergonzada colusión sin precedentes, con un puñado de empresarios “quienes presumo ser honorables sin codicia u avaricia y de sobrado escrúpulos” quieren imponernos quiénes serán nuestros vecinos en el futuro, mediante una “CONCESIÓN” Municipal.
Si se permite eso, sería la RENUNCIA de uno de los valores fundamentales de nuestra cultura: la libertad de elegir a quién queremos como vecino.
Las fuerzas de la corrupción siempre han aparentado ser poderosas e invencibles, pero no permitas que sus amenazas te intimiden, siempre recuerde que:
«Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. Seguramente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.” (Salmo 91).
Cahuita NO se rendirá:
UNIDOS VENCEREMOS.
Publicado por Bernando Archer Moore en su espacio de Facebook, compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.
Inmediatamente a la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, ante la posibilidad de haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña electoral del segundo, ya sabíamos que la derecha colombiana y sus medios, utilizarían esta detención para ir tras el presidente de Colombia, embarrando su incipiente primer año su gestion de gobierno, así como su imagen, y los más temido, como ocurrió, la maniobra política infame de solicitar nuevas elecciones.
Recordemos que en América Latina, es una práctica de los políticos de derecha, atacar a las figuras prominentes, cuando un familiar es caído en desgracia, por cualquier motivo.
Veamos su protagonista y los hechos
¿Quién es Nicolás Petro Burgos? Nicolás Fernando Petro Burgos, nació en Ciénaga de Oro, Departamento del Córdoba, Colombia, el 21 de junio de 1986), es político, abogado y ambientalista colombiano.
Es hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Estuvo casado con Daysuris Vásquez. Desde 2020 hasta su detención en 2023, fue diputado del departamento Atlántico, después de obtener el segundo lugar en las elecciones para el cargo de gobernador.
Ante su comparecencia en la Fiscalía de Bogotá, y después de haber obtenido libertad condicional por orden judicial, Nicolás Petro Burgos, ha presentado una renuncia formal a su posición como diputado representante del Atlántico.
Nicolás Petro Burgos se volvió una especie de escudero de su papá en el Palacio Liévano y, aunque no tenía cargo oficial, permanecía junto a él. Apasionado por las historias y proyectos de su padre.
Los hechos de esta trama, tienen muchos recovecos y simulan una mala novela trágica.
No obstante, nos limitamos a indicar que Nicolas Petro, podría convertirse en una piedra en el zapato de su padre, por sus andanzas, que en este artículo no vamos ni a desmentir ni a aprobar.
No obstante, veamos algunos elementos a favor de Nicolas Petro:
+ No participó en la campaña presidencial como tesorero, contador o gerente. Y no tuvo ningún nombramiento especial dentro de esa campaña.
+ No hay ninguna prueba o evidencia escrita o telefónicas que indique que el presidente Petro haya manifestado a su hijo, que solicitara dinero para su campaña o para él.
+ Según la compañera de vida de Nicolás (Daysuris Vásquez), él actuó solo sin ninguna orden de alguien y simplemente se dedicó a solicitar dinero por su cuenta y riesgo. Así mismo, el presidente Petro no estaba al tanto de dichas solicitudes de apoyo económico, ni antes ni durante la campaña. A su vez, Vásquez afirma tener en un CDT bancario (un certificado de depósito a término (CDT), que es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días), parte de ese dinero, sin que el Presidente Petro se lo hubiera ordenado. Fue su decisión personal.
Luego de la comparecencia de Nicolas Petro ante el juez de la Fiscalía, Nicolas fue puesto en libertad condicional, declarando que, que sí ingresó recursos, no reportados, a la campaña electoral de su papá, pero que el mandatario Gustavo Petro no tuvo conocimiento.
«Mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (su expareja) y yo de, Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», precisó al medio colombiano ‘Semana’ el sábado 05.08.2023.
Como indicamos, en esta trama novelesca, todavía los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero lo que sí está claro es que:
Nicolás Petro podría complicar a su padre.
El jefe de Estado, Gustavo Petro, le dio un poder a un abogado para que lo represente. «Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente».
Por otro lado, el presidente de Colombia, ve en el caso una conspiración «para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
Nicolás Petro, no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña presidencial de 2022. Por esto, el comunicado de la Fiscalía en ningún punto habla en imputación de cargos de delitos de financiación ilegal de campañas, es decir, no hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señalen que una de esas conductas pueda haber ocurrido.
En el hipotético caso de que Gustavo Petro se vea salpicado, sería la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de comenzar un proceso de destitución en su contra. El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó este viernes que, desde marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez hizo las primeras denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del Presidente de la República que se encuentra en etapa de investigación previa».
El presidente colombiano, enfatizó que, «pretenden acabar el mandato presidencial, desconociendo la voluntad popular y como resultado de intereses políticos, sería un golpe grave a la democracia, la justicia y a la estabilidad institucional, al que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad».
Así mismo, declaro Gustavo Petro, «Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (…) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
Igualmente, el académico y critico colombiano Horacio Duque, afirma en su artículo «Presidente Gustavo Petro, con periodo constitucional definido: 2022-2026«, que la derecha colombiana presiona para aplicar al mandatario colombiano la lawfare, es decir, una guerra judicial. «Obviamente toda esta oscura circunstancia está siendo capitalizada por la ultraderecha uribista y el bloque oligárquico reaccionario para incrementar su ataque al presidente Petro, a su legitimidad e institucionalidad. La arremetida es brutal, pero se estrellan con la dignidad, la reciedumbre, la voluntad y la convicción política del primer mandatario de los colombianos. Quieren enlodarlo y doblegarlo en su liderazgo popular y transformador».
Concluimos recalcando que, lo que pretenden los círculos fascistas y retrógrados colombianos, es barrer y truncar la ruta de las profundas transformaciones promovidas por el presidente y el gobierno en los últimos 12 meses.
Horacio Duque afirma, «el fascismo no quiere la paz que se construye con el ELN; odia la reforma agraria democrática; detesta la reforma a la salud, para recuperar este derecho fundamental; repele la reforma educativa; degrada la implementación de los acuerdos con las FARC; añora la guerra, los falsos positivos, la masacre y el exterminio masivo de los liderazgos sociales. En fin, lo que estas mafias quieren ya, es liquidar el primer gobierno popular y democrático en la historia de esta nación. No lo soportan y viven su propia pesadilla».
Lo que se presenta en el horizonte inmediato es; hacia el 29 de octubre, día en que se realzarían las elecciones de alcaldes y gobernadores lo que viene es lucha de masas; acción política multitudinaria. En este sentido, para la izquierda y el bloque popular y democrático (Pacto Histórico, Colombia Humana, UP, Polo D, PCC, PTC, Comunes) es la oportunidad de recuperar la brillante y contundente campaña presidencial del año anterior, que quebró el poder de la ultraderecha y apalanco el acceso de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.
Adelante Gustavo Petro, ninguna piedra obstaculizará el rumbo de una Colombia en paz, seguridad, bienestar y progreso.
La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.
De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.
Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.
El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.
Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.
Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.
De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:
-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC
-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.
-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.
Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.
Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:
-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.
-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.
-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros
-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.
-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.
-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.
-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.
-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.
-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.
-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.
-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.
Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.
Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.
Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.
Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.
Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.
Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.
El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.
Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.
Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.
Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.
Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.
Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.
Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.
Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala
Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.
A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.
Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.
Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.
Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.
Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.
Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.
Organizaciones firmantes: American Jewish World Service (AJWS) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Impunity Watch La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Latin America Working Group (LAWG) Plataforma Internacional contra la Impunidad
