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Etiqueta: corrupción

FEITEC: una “fiestec” imparable e impune

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR

Vergüenza ajena e indignación. Eso es lo que muchas personas hemos sentido en los últimos años por el manejo financiero de la Federación de Estudiantes del TEC, FEITEC, porque siendo ese grupo (secta o cofradía dicen algunos) parte de la comunidad universitaria, sus actuaciones nos colocan a todas las personas del TEC en evidente vulneración y ante el dedo acusador como eventuales corresponsables por millonarios gastos que resultan obscenos. También es comprobable que la FEITEC en los últimos años ha enfilado sus escopetas contra el sistema de educación superior pública. Nos sigue tocando “dormir con el enemigo”. Pero eso será materia para otra oportunidad.

Desde hace años circula información sobre los abusos financieros de la FEITEC. En las últimas semanas el remolino ha sido sobre viáticos. Pero antes de hablar sobre eso es necesario (aunque sea nauseabundo) recordar otros gastos y los insostenibles y vergonzosos “argumentos” de justificación FEITEC. Desgraciadamente ese despilfarro deja por el suelo la honestidad de los y las estudiantes del TEC, en general, dado que la FEITEC es la instancia legal que los incluye. Pero corresponde a las personas estudiantes descobijarse y deslindarse de esa “fiestec”, si es que lo desean. Los montos millonarios y los hechos son lapidarios.

¿Se le ocurriría a alguien equilibrado y honesto reclamar que le paguen “gastos por un total de ¢1,717,648.81, por concepto de alimentación” sin comprobantes ajustados a la ley? Pues ese monto fue reclamado por la FEITEC. Según los registros esos gastos incluyeron “cena en Chichis Sport Bar & Grill, por un monto de ¢102,593.09, reintegro de caja chica por ¢670,380.72, correspondiendo el 81% a gastos de alimentación, cena de fin de año por ¢78,000.00, soporte a personas de diferentes zonas fuera de la GAM durante 3 semanas (miembros FEITEC) por ¢518,925.00 y reintegro a un estudiante por cenas por la suma de ¢347,750.00”, “sin información que permita dar seguimiento para determinar la razonabilidad del gasto”. Eso fue una total desfachatez, por decirlo con caricias. Esos gastos, y muchos más similares, están registrados en un oficio dirigido a Abigail Quesada Fallas, presidenta FEITEC firmado por Claudia Madrizova, Vicerrectora Vida Estudiantil y Servicios Académicos, con fecha 10 de febrero del 2022, con el “Asunto: Respuesta al oficio FEITEC PRES-0116-2021”.

Resultan ofensivos en sumo grado y hasta pareciera que nos toman por subnormales los estudiantes de la FEITEC con sus “justificaciones”. Una de esas “justificaciones” de antología es la de Abigail Quesada, actual presidenta de la FEITEC, cuando dijo que “muchas veces, las facturas eran altas porque una sola persona asumía la alimentación del grupo total que estaba trabajando en el momento”. Ella cobró ₡2.928 555 de viáticos. Si alguien a cargo de una tarea universitaria requiere aplicar fondos para un gasto en cualquier rubro y donde sea, hay condiciones claras y estrictas que incluyen tanto la autorización para adelantos de dinero como para su liquidación o reembolsos y son de aplicación obligatoria. ¿Acaso al FEITEC goza de un régimen distinto y exclusivo?

No menos reprochables son los dichos de Alcides Sánchez, expresidente de FEITEC 2020 y 2021, cuando se habló sobre su cobro de viáticos por ₡5.420.500. “Yo fui -dijo Sánchez- y revisé los estados financieros y vi que en cuestión del tema de viáticos se gastaron ₡20 millones en el año y yo dije: ‘mae, yo fijo me eché diez’. Y dije yo: ‘Y eso se va a ver horrible”. Cuando ese individuo dice “Si el tema de los traslados y viáticos a final de cuentas fueron abuso o no, yo creo que eso es percepción de cada uno”, deja clara su irresponsabilidad absoluta, un cinismo intolerable, se burla de cada persona honesta y por supuesto nos dice que no le importa. “Echarse” diez millones en viáticos, o 5,4 millones y ni siquiera inmutarse, es como ir a la pulpería y gastarse cualquier presupuesto ajeno en confites y que no pase nada. No se trata de percepciones. Se trata de ausencia total de transparencia y rendición de cuentas. Eso se llama corrupción, aunque le pongan cualquier perfume. Con esas actuaciones han hecho que en su “Dinamarca”, no algo, sino todo, huela a repodrido. Es muy grave y ofensivo que esas 2 personas, y posiblemente otras, alardeen y hasta ahora gocen de impunidad. Es gravísimo, además, porque pareciera que se demuestra que ese desperdicio sólo fue posible en un contexto administrativo de controles escasos, por no decir inexistentes, gracias a lo cual se pudo violentar la decencia y el apego a las normas que deben seguirse y que nadie debe desconocer.

Por ahora, creo indispensable hacer un descargo y separarme de esos hechos, de quienes los perpetraron y de quienes sea que los hayan permitido y avalado de palabra, por inacción, por autorización de cualquier tipo, con sus firmas, o como sea. En tiempos en que el Gobierno sigue ensañado contra la educación y en particular contra la educación superior, es indispensable reafirmar todos los principios de uso decente y estricto de los recursos que la sociedad nos da. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido con la FEITEC.

Por regla las U públicas, usan eficientemente los recursos públicos y tienen sistemas de rendición de cuentas sólidos, aunque obviamente mejorables y no es la norma que haya oposición a los controles estrictos. Esos controles se aplican independientemente de la cuantía de los recursos utilizados en cualquiera de las áreas de trabajo de las universidades, como docencia, investigación y acción/extensión social. A partir de esta última área de trabajo podemos hacer una lectura de algunos gastos descomunales de la FEITEC.

Muchísimos proyectos de acción, extensión e investigación social y de otro tipo se desarrollan en condiciones económicas de miseria dadas las restricciones presupuestarias que enfrentamos. A veces los presupuestos anuales de proyectos vitales por su beneficio e impacto claro y demostrable para las más diversas comunidades, organizaciones y hasta empresas, no superan los 3 millones de colones. Muchos proyectos en los que participan especialistas de todos los campos de 2, 3, 4 y hasta las 5 U públicas, sólo pueden realizarse por el aporte parcial no remunerado de las personas que los implementan. Desde una sede universitaria en el valle central un viaje a Talamanca, Upala, o Sierpe de Osa, por ejemplo, consume más que todas las horas asignadas a las personas que trabajan con la gente de esos pueblos. A veces los viáticos no se reciben o se reciben a medias porque ocurre algún fallo, se escribió mal un único numerito, porque en muchísimos lugares donde se trabaja no existen las facturas electrónicas, ni siquiera una computadora, menos internet, etc. Si se usan transportes locales como vehículos, botes, pangas, etc., obligatoriamente se debe aportar la evidencia de pago. Además, es norma irrestricta y absoluta que cualquier pago a terceras personas, por ejemplo, por servicios de alimentación para la gente con la cual se trabaja, debe quedar debidamente comprobado. Así trabajamos y no nos oponemos a las normas y la rendición de cuentas. En el ejercicio de nuestras tareas, a nadie, en ninguna universidad, le pasa por la cabeza ir a cobrar dinero sin todos y cada uno de los requerimientos. Así lo hacen quienes trabajan en la zonas más complejas y alejadas de las sedes universitarias, como territorios indígenas u otras comunidades rurales de cualquier región del país. En el caso del TEC el monto máximo de una caja chica es de ¢250.000 y con ese monto o mucho menos, brindamos alimentos a decenas de personas que participan en intercambios, giras o procesos de aprendizaje compartido de todo tipo.

Otros gastos la FEITEC me permiten pensar en su régimen privilegiado para dilapidar dinero público. En el oficio mencionado incluyen un “Festival navideño” y “compra de cajas navideñas por la suma de ¢1,356,000.004; y la compra de canastas navideñas por ¢748,268.005; para un total de ¢2,104,268.97”. La autoridad del TEC que revisó esos gastos señaló que “Los comprobantes no detallan a quien se realizaron las entregas de las cajas navideñas, ni se vincula el gasto a objetivos propuestos en el Plan de trabajo 2020 presentado a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (VIESA).” La pregunta, de nuevo, es quiénes autorizaron ya sea el adelanto de dinero y su liquidación en esas condiciones.

En diciembre de 2020, la federación estudiantil hizo “un gasto por ¢4.356.673,00, en el mantenimiento de edificio FEITEC”. No hubo permisos ni apego a planes institucionales; ni siquiera un reporte porque -vaya abnegación laboriosa- “la institución se encontraba de vacaciones en las fechas que se hicieron las mejoras”, “justificó” Abigail Quesada. A la millonaria “mejora” se sumó la “compra de activos por un total de ¢2,022,300.01, como complemento a la remodelación realizada”. Es decir, remodelaron su “troja” como si la FEITEC fuera una “república independiente”. En el mismo oficio se indica que “La Institución ejecutó medidas rigorosas de contención del gasto, la Federación no puede omitir los esfuerzos institucionales en esta línea”, pero pareciera que esas restricciones no incluyen a la FEITEC.

Otro dato de contraste es que, en 2021, respondiendo a ataques a las U públicas desde la Asamblea legislativa, el Informe de una Comisión especial nombrada en el TEC, reseñó que “Para la atención de la crisis por el COVID-19, las universidades cedieron ¢13 000 millones del FEES” y que a ese monto se sumaron otros “¢6000 millones para fortalecer el sistema de becas, precisamente para asegurar que estudiantes de menores ingresos no pierdan la oportunidad de mantenerse en las aulas”. Ese aporte es importante repetirlo pues contrasta del todo con lo que hizo la FEITEC. En el oficio del 10 de febrero del 2022 se constató que en la Federación se “registran compras por alimentos para ayuda COVID, que suman en total ¢1,164,545.64”. Pero “Los comprobantes no identifican el nombre a quien se dirigen las ayudas”. El descargo de Abigail Quesada es que “Con respecto a las ayudas sociales, no existe registro de los receptores ya que se respetó la confidencialidad de los mismos”.

Todas las “justificaciones” son clarísimas agresiones contra la inteligencia de quien sea. Es imperativo que las personas responsables de ese bacanal o “fiestec” de viáticos, canastas y cajas navideñas, banquetes o “cena en Chichis Sport Bar & Grill”, remodelaciones, “ayudas sociales” a personas ocultas, etc., sean procesadas de inmediato y en las instancias que corresponda dentro o fuera del TEC. La impunidad debe terminarse. De lo contrario daremos bases para que se piense que toda la gente del TEC, y de repente de todas las universidades, somos culpables.

Quienes trabajamos en administración, docencia, proyectos de todo tipo desde las U públicas, sabemos que con ese montón de millones haríamos mucho más trabajo dentro de las U y en comunidades, pero lo cierto es que contamos con cada vez menos recursos y, literalmente, no compramos ni un cuaderno sin cumplir con todos los procedimientos del caso; como debe ser.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Fin de una dictadura

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Sin duda, Johnny Araya se había constituido en un dictador para los josefinos. No importaba por cual partido se postulaba, el clientelismo político, unido al más alto abstencionismo del país, y con la maquinaria municipal a su servicio, hacía imposible enfrentarlo en una contienda electoral justa.

Pero al revelarse los actos de corrupción que están siendo procesados por la Fiscalía y la Contraloría, así como al haber fracasado sus intentos para que la Sala Constitucional, le abriera la puerta para otra reelección, empezó, como el tango, su cuesta abajo.

Al imponer a su vicealcalde Vargas como candidato, y al evidenciarse su maniobra para ser eventualmente nombrado como «gerente municipal», con la clara intención de seguir con su dictadura, empezó a perder el apoyo que tenía entre un grupito de humildes vecinos, que con oscuras maniobras, acudían a votar por él.

El joven historiador Diego Miranda, al irle conociendo mejor que nadie sus debilidades y ambiciones, percibió que, con esfuerzo y decisión, le podría ganar la elección al candidato que le iba a servir a Araya, desde la alcaldía. ¡Jamás Johnny lo creyó posible!, pues en su arrogancia, no concebía que ese «regidor, necio e inexperto», le podría derrotar en «su San José».

Ahora, desvelado por las siguientes semanas, y con una sanción de suspensión que lo alejará del municipio, seguramente le dirá a los periodistas, que él no fue derrotado pues no era candidato, y que, como bachiller en agronomía, se irá a sembrar cítricos a su finquita, para descansar merecidamente, después de haberse sacrificado más de 30 años, por los malagradecidos josefinos que ahora no apoyaron a su candidato a alcalde…

El paramilitarismo en Colombia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El excoronel de la policía Hugo Aguilar y ex gobernador del Departamento de Santander, Colombia, ahonda en su relación con el paramilitarismo Juan Pablo Vásquez/Bogotá.

El policía retirado narró, en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cómo trabajó de la mano de esos grupos en diferentes etapas de su vida pública, y lo hace para obtener rebajas de pena a sus crímenes.

Aceptó que recibió apoyo del paramilitarismo para ser elegido gobernador; justificó su inmensa fortuna como producto de las recompensas por matar a Pablo Escobar, crear el grupo paramilitar los Pepes (Perseguidos de Pablo Escobar) y otros proyectos de inversión con recursos públicos…

Es producto del corrupto sistema electoral colombiano, ostentando el nepotismo de haber sido gobernador de Santander; contar con un hijo que fue senador y está preso por corrupción en el desvío de recursos de un mega estadio, y además, contar con que otro de sus hijos fue también gobernador de Santander y aseguró el triunfo del actual gobernador electo en ese departamento hasta el año 2027.

Un ejemplo palpable de Narco Estado en el poder, que se opone a las reformas de fondo que requiere el país, en cruzada criminal, con la secta -que no partido- Centro Democrático. Existen coroneles así por ser formados a imagen y semejanza de los generales. Y existen sargentos torvos por emular a sus coroneles. Ir al fondo de lo estructural.

¡Ojo! JEP: – Que el excoronel Aguilar desenmascare con nombres propios y contribuya a la verdad, por los crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el prolongado conflicto armado interno colombiano.

¿Por qué crece el paramilitarismo en Colombia?

  1. En cuanto exista conflicto armado interno las fuerzas estatales (ejército, policía, etc.) no dejan de aplicar “la doctrina del enemigo interno”.
  2. Un sistema electoral mafioso y de casino que permite el resultado electoral a favor de la corrupción galopante, envalentona, en las regiones, a la derecha militarista, neoliberal, que ve amenazados sus intereses, ante el auge de las organizaciones sociales y sus lideres en pro de la movilización de masas, en concordancia con el ejercicio de democracia participativa y directa en las calles.

¡Puro Abogado!

Aspirantes a la alcaldía de San Carlos responden – lucha contra la corrupción

Escrito en . Publicado en Zona Norte.

Por Marco Tulio Araya Barboza
Periodista

PREGUNTA 2

¿Qué medidas concretas tomará para evitar la corrupción en el gobierno local?

Juan Carlos Quirós
Partido Agenda Democrática Nacional (ADN):

Aplicar medidas drásticas y de acuerdo a la ley para despedir a los funcionarios que participen en actos de corrupción. Denunciar ante quien corresponda a regidores, síndicos o concejales que incurran en situaciones de corrupción.

Realizar capacitaciones en el personal sobre la importancia de la función pública, los deberes y por qué se debe actuar acorde con lo establecido por la ley.

Fortalecer el departamento legal para que los acuerdos y gestión municipales sean transparente y según la legislación existente.

Nelson Ugalde
Partido Liberal Progresista:

Primero: cambiar la Alcaldía.

Segundo: se implementará un sistema de denuncias anónimas sobre irregularidades en los servicios, obras y otras acciones municipales que resguarde la seguridad de los ciudadanos denunciantes, con un sistema de intervención, y seguimiento.

Luis Fernando Solís
Partido Unidos Podemos:

Reestructuración Organizacional Administrativa, que incluye principalmente revisión y reorganización de la Auditoría Interna y los Departamentos de Control Interno y Contraloría de Servicios.

Jessica Miranda Méndez
Partido Unidad Social Cristiana:

Rendición de cuentas mensuales por medio de conferencias de prensa con la invitación de al menos un ministro de la República, publicación de acuerdos, proyectos, presupuestos y actas en las redes y páginas, visitas a los diferentes distritos al menos una vez al año para rendición de cuentas, reuniones con las diferentes asociaciones y comités de forma mensual.

Juan Diego González
Partido Liberación Nacional:

Es fundamental establecer una política de cero tolerancias a la corrupción y empieza por la alcaldía, es el primer funcionario llamado a dar el ejemplo en tener un comportamiento transparente y honesto. Adicionalmente, se deben digitalizar muchos procesos para que se pueda dar trazabilidad a los procesos y esto desaliente la corrupción. Además, creo fundamental fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información para que los ciudadanos también sean vigilantes de la forma en que se están utilizando los recursos públicos.

Marvin Castillo
Partido Nueva República:

Según las cosas que últimamente han salido a la luz en cuento a la corrupción que se ha dado en los altos mandos de la municipalidad de San Carlos, podemos ver que lo principal ha sido el beneficiar a unos pocos en licitaciones, contrataciones y proyectos, nuestro principal objetivo es trabajar por el pueblo de San Carlos, incluyendo a los que no tienen amistades o intereses en conjunto, por esta razón garantizamos una gestión transparente sin favoritismos y con un control minucioso en contratación, licitación y aprobación de proyectos, no es por un partido, es por nosotros, es por San Carlos.

Vanessa Ugalde
Partido Progreser:

Creando un modelo de gestión municipal que permita llevar la trazabilidad de los trámites solicitados por los usuarios, esto dará rapidez, eficiencia y facilidad porque se podrían realizar trámites a través de la plataforma municipal que deberá modernizarse. Denunciando las irregularidades comprobadas ante el ministerio público y/o ejecutando lo que la ley me faculte.

SURCOS ofrece, como aporte el proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

Entrevista con la jueza Rosaura Chinchilla-Calderón. Revista Espiga, UNED

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Mauricio Bonilla Blanco

La jueza Rosaura Chinchilla-Calderón aborda en la entrevista la situación crítica que atraviesa Costa Rica, destacando el deterioro social y económico, así como la afectación a la imagen internacional del país. Se critica la corrupción en la política, la falta de un proyecto país y la sustitución de la idoneidad por vínculos políticos en cargos de poder. La jueza y docente de la UCR también señala la falta de participación ciudadana, lo que propicia intereses partidarios. Advierte sobre crisis en educación, empleo, cultura y salud, así como una profunda inseguridad ciudadana que alimenta divisiones sociales.

Chinchilla-Calderón menciona el «derecho penal del amigo» y sus consecuencias radicales. La entrevista ofrece una radiografía crítica del país desde la perspectiva de la jueza, quien cuenta con una sólida base en su carrera judicial y docente.

Para abordar la temática de la entrevista se le realizaron una serie de preguntas, aquí un resumen de las estas:

Desde su experiencia ¿Podría analizar la evolución y estado actual de los derechos humanos en Costa Rica? ¿Cuáles son los principales retos que afrontamos?

La jueza enfatiza la interconexión, interdependencia, irrenunciabilidad, inalienabilidad y progresividad de los derechos humanos, subrayando que todos tienen igual valor y están universalmente conectados. La evolución de los derechos humanos, según la jueza y profesora, refleja la lucha dispar de diversos grupos por el reconocimiento de la dignidad humana como condición básica de vida. 

Destaca la Revolución Francesa como un punto de referencia, pero señala que la evolución de los derechos ha sido dispar, beneficiando inicialmente a ciertos grupos, como la burguesía, excluyendo a mujeres, esclavos y otros sectores. En el contexto costarricense, la independencia de 1821 marcó el inicio de la obtención de algunos derechos para ciertos sectores, pero no incluyó a todos los habitantes de la tierra.

¿Cuáles son nuestros principales desafíos en la igualdad de género y la no discriminación desde la perspectiva normativa nacional e internacional?

Rosaura Chinchilla-Calderón aborda los desafíos en la igualdad de género y la no discriminación en Costa Rica desde una perspectiva normativa nacional e internacional. A pesar de la firma de convenios como Convención Belem Do Pará, destaca la falta de acciones sistemáticas para modificar prácticas y normas que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres.  Señala además áreas de mejora, como superar las brechas de género en el empleo, lograr acceso paritario a altos cargos públicos, combatir la feminización de la pobreza y promover políticas públicas que reduzcan la violencia contra las mujeres. Aunque Costa Rica mostraba un índice de desarrollo humano «muy alto» en 2019, al desagregar por género, se revelaron importantes desigualdades.

¿Cómo ubica usted a Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos?

Ofrece una crítica contundente sobre la situación de Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos. Señala un retroceso visible en el liderazgo que el país ostentaba en este ámbito, resaltando que, anteriormente, Costa Rica ratificaba numerosos tratados de derechos humanos, siendo esto una especie de «marca país».  Sin embargo, la jueza y docente indica que la globalización política y económica, a partir de 1989, llevó a cambios sustanciales en los sistemas jurídicos. Destaca la transición del sistema dualista al monista, donde los instrumentos internacionales suscritos por cada Estado conforman un solo bloque con la legislación interna, lo que implica mayores niveles de exigibilidad.

Menciona también la importancia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contribuyó a modificar el panorama legal. Subraya el principio pacta sunt servanda, que establece que los Estados no pueden desconocer las obligaciones internacionales aduciendo el respeto a su propio derecho interno.

Actualmente hay muchas personas detractoras de las penas alternativas, así como la presión a penas de prisión más altas y penalizar más conductas ¿Qué avances o retrocesos ha podido identificar en esos aspectos?

Describe a Costa Rica como una sociedad carcelaria, señalando un creciente autoritarismo y populismo punitivo en la población. Destaca la contradicción entre el discurso oficial de derechos humanos y la realidad discriminatoria y xenófoba hacia ciertos sectores de la sociedad. 

Critica la falta de análisis racional en la posición ante el castigo, describiendo la tendencia a buscar la cárcel como única solución, renunciando a esfuerzos estatales por disminuir la violencia social y responsabilizando al Estado por generar condiciones que pueden llevar a la comisión de delitos.  

La jueza y profesora resalta que esta tendencia no es nueva y menciona un intento en 1994 de crear un catálogo de penas alternativas, el cual fue rechazado en favor de duplicar penas máximas y aumentar sanciones. Advierte sobre discursos vacíos que buscan consolidar proyectos autoritarios, eliminando garantías, debilitando el sistema de justicia y silenciando opositores políticos bajo la apariencia de endurecer el sistema penal.

¿Cuáles son las características disfuncionales que usted ha logrado identificar, desde su experiencia y conocimiento en derecho penal, en la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país?

La jueza y profesora resalta los niveles crecientes de encarcelamiento en Costa Rica, incluida la población juvenil, con el país siendo el que encierra a la niñez a una edad más temprana en América Latina. Además, destaca las tasas elevadas de hacinamiento penitenciario, superando los límites aceptables establecidos por las Naciones Unidas. Subraya que el castigo, en un Estado de derecho, no debe constituir tortura ni trato inhumano, cruel o degradante. 

Subraya la importancia de respetar los derechos humanos y el debido proceso en la aplicación de castigos por delitos. Enfatiza que, en una democracia, el castigo debe seguir un proceso legal que incluya pruebas incriminatorias, un juicio justo y una sentencia después de agotar los recursos disponibles, todo dentro de plazos razonables.

La respuestas completas a estas preguntas y demás información útil referente a esta entrevista la pueden conseguir descargando el PDF de la entrevista.

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La orquesta delictiva presidencial no es un choreco… Es un chorizo de antojos, chineos y cariñitos…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Lo que en derecho policial y penal se acepta, cuando se está ante un acto delictivo, en curso, o en proceso de ejecución, un robo, un crimen o asesinato, elaboración, o diseño de actos, que por su naturaleza pueden provocar un ilícito, o una cadena de ellos, es que quien se entera puede tratar de intervenir para prevenirlos o actuar con ese mismo propósito.

Una forma de actuación puede ser recabando pruebas, documentándolas, obviamente sin la autorización del presunto delincuente, malhechor, instigador, organizador o director del acto delictivo, o eventual actor directo o indirecto por complicidad manifiesta, o por constituirse de hecho en el autor intelectual del ilícito.

La ley regula de manera efectiva que los Tribunales de Justicia podrán autorizar el registro, el secuestro o el examen de cualquier documento privado, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento.

Estos documentos privados entre otros pueden ser la correspondencia epistolar, por fax, télex, telemática o cualquier otro medio; los videos, los casetes, las cintas magnetofónicas, los discos, los disquetes, y cualquier otra forma de registrar información de carácter privado, utilizados con carácter representativo o declarativo, para ilustrar o comprobar algo.

Igualmente, el Juez cuando resulte indispensable para averiguar la verdad, podrá ordenar, de oficio, a petición de la autoridad policial a cargo de la investigación, del Ministerio Público o de alguna de las partes del proceso, el registro, el secuestro y el examen de cualquier documento privado, siempre que pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna conducta delictiva.

Se anula este acto de decomiso cuando la autoridad lo realiza sin autorización de un Juez, para garantizar el no abuso de la autoridad represiva encargada de estos decomisos.

En las investigaciones policiales o judiciales los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, cuando involucre, entre otros, el esclarecimiento de delitos como la corrupción agravada, la legitimación de capitales, los delitos de corrupción contra los deberes de la función pública como el cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada, aceptación de dádiva por acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, concusión, prevaricato, peculado, malversación, peculado y malversación de fondos privados, enriquecimiento ilícito, legislación o administración en provecho propio, sobreprecio irregular, tráfico de influencias, soborno transnacional, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley en la función administrativa.

De esta lista de figuras delictivas no están exentos quienes ocupan cargos altos en la Administración Pública, desde el Presidente de la República para abajo.

Si un funcionario público es obligado, por su superior jerárquico, a realizar actos que considera que no debe hacerlos, puede abstenerse de ejecutarlos; o ejecutarlos salvando su responsabilidad; cuidando, hasta donde pueda su espalda.

La intervención de las comunicaciones orales o escritas se puede ordenar cuando pueda servir como prueba indispensable de la comisión de alguna de esas conductas delictivas, y otras establecidas en la Ley. Esto cuando se está ante el estudio o investigación de delitos. Pero, cuando de facto, el funcionario entiende que se está tramando, urdiendo, una planificación delictiva, ¿cómo debe proceder? ¿Informando a la autoridad judicial, cuando ya ha pasado la conversación, o las conversaciones a las que se le integra, sin poder coordinar con la autoridad competente, para que le permitan grabar una conversación donde se dan directrices, o se evidencia lo que se planifica en esos sentidos? ¿O, si tiene la posibilidad de grabar, hasta para salvar su propio “pellejo”, y lo hace, sin autorización y sin el consentimiento del “autor” o “director de la orquesta delictiva”, sabiendo que con ello evidencia el ilícito, que terminó materializándose?

Cuando el Juez ordena la intervención indica que se vele porque la intervención se realice de la manera menos gravosa para terceras personas no investigadas, es decir, que comprenda únicamente a los involucrados en la trama que se monta o ejecuta.

Lo que está servido en la mesa nacional, como gran banquete, es tratar de investigar a altas autoridades de gobierno, como es el caso que está sonando, que se está destapando, por las grabaciones que ha aportado, para el conocimiento público, la exministra de comunicación Patricia Navarro Molina, de actos que en su momento consideró que atentaban contra la Ley y la ética.

¿Qué es lo que se discute o debe discutirse? Se planeó un contrato por servicios de comunicación, utilizando fondos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, para diseñar aspectos de estrategia de comunicación del gobierno. Se dijo que los fondos debían llegar a nombre de la Ministra para poder justificar, ante el Banco, el destino de esos fondos. Simultáneamente a esto se establecía un contrato con una empresa para realizar esa estrategia comunicativa.

Uno de los objetivos de esa estrategia era ejercer el control total de la publicidad institucional, de las instituciones del Estado y del gobierno, centralizadas y descentralizadas.

El beneficiado directo de esa contratación había redactado los requisitos y términos de la contratación, que finalmente le fue adjudicada; aspectos que se habían elaborado con el asesor de imagen de mayor confianza del Presidente, y jefe político de uno de sus partidos políticos, que operan intelectualmente desde Zapote. La empresa le da un nocaut al gobierno.

De manera gerencial, el inquilino de Zapote exigía la ejecución de los trámites y de las directrices que había dado, teniendo los dineros el actual Ministro de Comunicación, para soltarlos. La ministra Patricia Navarro se sentía zarandeada; que estaba siendo usada para limpiar una mezcla de políticas o acciones que no le parecía compartir por razones legales y éticas. La tenían disminuida, poco valorada, usada, irrespetada, como cucaracha en bisagra.

De los elementos graves que han trascendido, por lo manifestado por la exministra Patricia Navarro, es que supuestamente el Presidente tiene información de jerarcas institucionales, que eran vigilados; que algunos “huelen a droga y a desviaciones”, de manera que si no juegan como el Presidente quiere los “decapita”. Incluso, dijo, que al efecto tenía “chanchitos” y “perritos” que realizaban esas tareas olfatorias. Se dijo, también, que funcionarios sufren el autoritarismo presidencial siendo hostigados y perseguidos por órdenes emanadas del Mandatario, por la presión existente alrededor del dinero para la publicidad.

También, se destacó, ¿o destapó?, que para el Presidente la democratización de la pauta publicitaria era torcer el brazo a los periodistas para que solo hablen bien de él. De hecho, el mandatario no acepta que ninguno de sus ministros y subalternos puedan tener más ranking publicitario, o reconocimiento, en encuestas, que él. De igual manera, ha ejercido presión para disminuir pauta publicitaria en empresas que el Presidente ha señalado, casi colocando “una pistola en la cabeza” de funcionarios estatales. La “decapitación”, manifestada por el presidente, se tradujo en una institución en que “rodarían cabezas si no se hacía lo que el Presidente quería”, respecto al traslado de una pauta publicitaria. A uno de los bancos estatales le anunció la posibilidad de “darle unos golpecitos si no se sometía a estas políticas publicitarias”.

Al estilo hitleriano el gobierno ha entendido qué si no controla la comunicación, la “propaganda” oficial, se desmorona ante el pueblo. Aun cuando el Presidente todavía tiene importantes índices de popularidad y aceptación, las encuestas vienen señalando esa caída, no por la mala o falta de propaganda oficial, sino porque la gente no está viendo nada de obra real del nuevo gobierno, contra el encarecimiento de la vida y de la canasta básica, contra el desempleo creciente, contra el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, contra el congelamiento de los salarios e ingresos, contra la inseguridad ciudadana, el sicariato, la lucha contra la corrupción, la lucha contra las drogas, ni por evitar que Costa Rica sea, en este momento, la bodega de droga más grande del continente, lo que puede generar sospechas si hay complicidades importantes y comprometidas de altas autoridades de Seguridad Pública, de la lucha contra las drogas y de la propia Casa Presidencial.

Si alguna persona, que sepa leer correctamente, duda del estilo autoritario, dictatorial, tiránico, casi fascista, entronizado en el Poder Ejecutivo, con la intención de aumentar por la fuerza las potestades del Poder Ejecutivo; de disminuir las capacidades legislativas y judiciales; de disminuir y acabar con el prestigio de estos Poderes de Estado, de anular las exclusividades y especificidades de sus funciones constitucionales, y asumirlas hasta donde el Presidente cree que puede hacerlo, lo que tiene que hacer es leer, despaciosamente, con serenidad, la información que esta semana se ha dado, en medios de comunicación escritos, sobre lo que se desprende de la valerosa actitud de la exministra Patricia Navarro, de dar a conocer toda la porquería, la inmundicia y suciedad que hay en la Casa de Gobierno.

La amenaza de llevar a la exministra Patricia Navarro y al periódico La Nación a los tribunales penales no tapa la realidad de lo denunciado, de lo evidenciado en las grabaciones, que son delitos graves contra la probidad pública. Nada de lo que dijo la exministra se ha dicho que sea falso. Los audios que han provocado el escándalo y la amenaza ante los tribunales no han sido desmentidos por los involucrados en ellos. Esto es lo que debe investigarse, los hechos de corrupción y tráfico de influencias evidenciados y puestos en conocimiento público.

Los que deben ir a la cárcel, si así fuera, son los que han cometido delitos contra los deberes de la función pública, qué es lo que está expuesto.

El Presidente Chaves si fuera consecuente debería premiar y garantizar la protección de la exministra denunciante de los actos de corrupción como planteaba en la ley que quiso tramitar en la Asamblea Legislativa.

Cada vez más se evidencia la existencia de una orquesta presidencial de músicos; una banda formada por un conjunto de intérpretes musicales desatinados.

No es un choreco lo que allí gobierna. Se ha puesto en evidencia que es un chorizo de antojos, chineos y cariñitos…O, mejor dicho, un gobierno de antojados, chineados y encariñados…con las mieles del Poder.

De seguir así, escándalo tras escándalo, acusación tras acusación, denuncia tras denuncia, todo relacionado con corrupción, el gobierno de Chaves entra en la recta final de su caída; se coloca en la curva del tobogán. En esa curva, puede llegar a una estrepitosa caída, en la cual las escasas luces de su gobierno, ya titiritan, y se irán apagando hasta provocar una oscuridad absoluta.

¿Estaré equivocado? Hoy apenas es 8, no 28 de diciembre.

Estos infelices nunca se han montado a un autobús

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez E.

Titula la noticia hoy: «Sala IV no encontró vicios de procedimiento o de fondo en proyecto para ampliar vida útil de autobuses.»

Lamentable noticia para los millones de personas que utilizamos el servicio de transporte público, autobuses.

Es un hecho que la politiquería, la corrupción y los favores electoreros intervienen en la intención de los concesionarios del servicio público de autobuses para alargar «la vida» de los autobuses y acortar la de los usuarios.

Tanto los magistrados que votaron en contra de la Consulta de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el proyecto de Ley 23.782 con el pomposo título de «Ley para garantizar el Servicio de Autobús a los usuarios», como los diputados y diputadas que tramitan este en la Asamblea Legislativa, nunca sufren las consecuencias de viajar TODOS LOS DÍAS en unidades en deplorables condiciones.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió «por mayoría que no encontró vicios de fondo o de procedimiento en la iniciativa», sin contemplar las condiciones reales de las unidades que afectan, no solo a las personas con discapacidades varias, sino al resto de las personas que utilizamos el peor servicio, en las peores condiciones posibles.

¿A quién le deben «favores» magistrados y diputados?, a los empresarios que trasladan votantes a las urnas.

La consulta que se tramitó bajo el expediente judicial 23-026217-0007-CO, y presentada por la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de ley 23.782 «Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios», pretende agregar el Transitorio Nº 25 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dicen que para ampliar «temporalmente» la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por una única vez, pero ya tienen 10 o 15 años, en donde todos los gobiernos anteriores extendieron esa vida útil.

Indica la Sala IV que «la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses», pero por supuesto, afecta todas las personas usuarias.

Los magistrados señalaron que el Transitorio 25 que se pretende incluir no tiene como fin disminuir los estándares establecidos en la Ley 7600, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma «temporal» de las unidades para todas las personas, «esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.», esto demuestra que NUNCA se han montado a un autobús en su vida, no uno de lujo por supuesto.

La magistrada Anamari Garro Vargas emitió un voto separado en el que, «en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria, no porque la propuesta fuera intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta.» Por su parte el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo.

En Costa Rica, las unidades de autobuses quemadas por año son:

2020: 16

2021: 17

2022: 19

2023: 6… por ahora.

Reitero lo que desde hace años vengo diciendo, y como solo es un desahogo personal y a nadie le importa lo que piense, ni siquiera a mis vecinos que utilizan el servicio, son los gobiernos, los corruptos politiqueros de turno, diputados y diputadas, magistrados, autoridades como el Consejo de Transporte Público, COSEVI, ARESEP, serán los responsables por la pérdida de vidas por las condiciones de los autobuses.

La solución SIEMPRE estará en manos del pueblo, de la ciudadanía que se organice, se manifieste y se lance a las calles a EXIGIR que esta desfachatez se termine.

Por lo pronto, la recomendación de siempre, “Apenas vea humo o se sienta ese olor, llame al 911 y «rece» por su vida», luego de las gracias a los magistrados, diputados y presidente.

UCR. Platos Rotos: la corrupción que pagamos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Una producción de Quince UCR que ahonda en algunos de los casos de corrupción más importantes del país

Platos Rotos: la corrupción que pagamos (promo)

La miniserie «Platos Rotos: la corrupción que pagamos» hace ejercicio de memoria histórica y revisa con ojo crítico tres de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de nuestro país. 

“Platos Rotos: la corrupción que pagamos” es una miniserie documental de cuatro episodios, que se piensa como un ejercicio de memoria histórica, una forma de revisar, comprender y reelaborar sobre las historias de tres de los mayores casos de corrupción de Costa Rica, así como para mostrar a las nuevas generaciones uno de los mayores problemas del país según la población: la corrupción y la transparencia.

La serie consta de tres capítulos en los que se aborda los casos del Banco Anglo Costarricense, ICE-Alcatel y CCSS-Fischel; y un cuarto capítulo que profundiza desde la academia acerca de la corrupción en el país y lo que significan estos eventos.

La producción que, si bien es un documental televisivo, en cada episodio utiliza recursos discursivos y cinematográficos del documental, como lo son la animación, el uso de material de archivo y la recreación.

La miniserie documental se estrenará el jueves 23 de noviembre. A las 9:00 p. m. en la señal abierta del canal universitario y en la plataforma de streaming UCRQ.tv.

Para Iván Porras Meléndez, director de Quince UCR, producir esta serie tiene varias implicaciones significativas, entre las cuales destaca cómo “con Platos Rotos aumentamos la conciencia pública sobre la magnitud y las ramificaciones de la corrupción en el país y sirve como un recurso valioso para que nuevas generaciones conozcan estos vergonzosos momentos de despojo y corrupción de lo público hacia los intereses privados”

“En la actualidad, cuando el ejercicio de la libertad de expresión y el papel de la prensa ha sido puesta en menoscabo por parte de autoridades gubernamentales; esta serie cobra especial relevancia” destaca Porras, quien señala que “en estos capítulos revisaremos cómo en su momento, a través del periodismo investigativo se develaron casos que al día de hoy son referentes de abusos del poder político y posteriormente trajeron cambios legales en nuestra relación con la prevención de la corrupción y la búsqueda de una cultura de transparencia”.

“Platos Rotos” es una producción de Quince UCR, con el apoyo de la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

Bajo la producción ejecutiva del productor y periodista Carlos Matute y la Jefatura de Producción de Lucía Vásquez, llega idea original de Viviana Valverde, también co-escritora de la serie.

El director es Roberto Jaén, graduado de Cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV), de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y Máster en Comunicación por la misma universidad. Se desempeña como curador del espacio Preámbulo de Cinemateca del Centro de Cine de Costa Rica, es docente en la UCR y ha producido, escrito y dirigido diferentes formatos audiovisuales.

Su corto “Ciudadano” (2015), ganó el premio del jurado del Festival Shnit, y su serie documental «Animales Políticos» (2021) fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura Amando Céspedes.

El proceso de investigación y guión fue liderado por Viviana Valverde, periodista y guionista graduada del Programa de Guionistas y del programa de TV & Film Development en la Universidad de California (UCLA) y Lucía Vásquez, periodista y productora audiovisual graduada de la Universidad de Costa Rica. 

La música original fue compuesta por Mau Durán del BetaLab de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR. Y la realización audiovisual contó con el trabajo de Miriet Abrego Zúñiga, Henry Acevedo Rueda, Max Arce Mora, Freddy Quesada Carvajal, Bryan Fernández Vega, Thomas Barquero Fonseca, Alexander Durán Sosa y Yuri Muñoz Zúñiga, personal del Quince UCR.

Sinopsis por capítulo

Capítulo 1: Caja-Fischel

Un equipo de periodistas de La Nación da con la compra de una mansión por parte de un funcionario público en Santa Ana y termina revelando una red criminal creada para corromper funcionarios públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de adquirir equipos médicos con fondos de un préstamo finlandés.

Capítulo 2: Banco Anglo

La complejidad del caso Banco Anglo todavía  enfrenta a quienes lo vivieron de cerca: ¿el cierre del banco se dio por razones técnicas o políticas? El episodio explora desde adentro los últimos meses, días y horas antes y después del colapso del banco más antiguo del país, recordado como uno de los casos de corrupción que más impactó a toda una generación.

Capítulo 3: ICE-Alcatel

El francés Christian Sapsizian, empleado de Alcatel, admitió haber ofrecido 2.5 millones de dólares en dádivas a directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo hizo en un tribunal en Florida, donde decidió cooperar con las autoridades. Nunca dio los nombres de las personas involucradas en las transacciones. El episodio repasa los hechos ocurridos en Costa Rica y las acusaciones de Sapsizian, en un intento por recopilar una serie de eventos que dejan más preguntas que respuestas.

Capítulo 4: Epílogo – Cuellos Blancos

¿Dónde estamos en términos de corrupción? Para entender la corrupción debemos empezar por cómo funciona el Estado, su entramado institucional y fiscalizador, y cuál es el talón de Aquiles que permite la entrada de la corrupción. Así podremos ver mejor cuáles son los retos que tenemos por delante como país y como ciudadanos para poder, algún día, mejorar en la lucha contra la corrupción.

Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR