Entrevista con la jueza Rosaura Chinchilla-Calderón. Revista Espiga, UNED

Por Mauricio Bonilla Blanco

La jueza Rosaura Chinchilla-Calderón aborda en la entrevista la situación crítica que atraviesa Costa Rica, destacando el deterioro social y económico, así como la afectación a la imagen internacional del país. Se critica la corrupción en la política, la falta de un proyecto país y la sustitución de la idoneidad por vínculos políticos en cargos de poder. La jueza y docente de la UCR también señala la falta de participación ciudadana, lo que propicia intereses partidarios. Advierte sobre crisis en educación, empleo, cultura y salud, así como una profunda inseguridad ciudadana que alimenta divisiones sociales.

Chinchilla-Calderón menciona el «derecho penal del amigo» y sus consecuencias radicales. La entrevista ofrece una radiografía crítica del país desde la perspectiva de la jueza, quien cuenta con una sólida base en su carrera judicial y docente.

Para abordar la temática de la entrevista se le realizaron una serie de preguntas, aquí un resumen de las estas:

Desde su experiencia ¿Podría analizar la evolución y estado actual de los derechos humanos en Costa Rica? ¿Cuáles son los principales retos que afrontamos?

La jueza enfatiza la interconexión, interdependencia, irrenunciabilidad, inalienabilidad y progresividad de los derechos humanos, subrayando que todos tienen igual valor y están universalmente conectados. La evolución de los derechos humanos, según la jueza y profesora, refleja la lucha dispar de diversos grupos por el reconocimiento de la dignidad humana como condición básica de vida. 

Destaca la Revolución Francesa como un punto de referencia, pero señala que la evolución de los derechos ha sido dispar, beneficiando inicialmente a ciertos grupos, como la burguesía, excluyendo a mujeres, esclavos y otros sectores. En el contexto costarricense, la independencia de 1821 marcó el inicio de la obtención de algunos derechos para ciertos sectores, pero no incluyó a todos los habitantes de la tierra.

¿Cuáles son nuestros principales desafíos en la igualdad de género y la no discriminación desde la perspectiva normativa nacional e internacional?

Rosaura Chinchilla-Calderón aborda los desafíos en la igualdad de género y la no discriminación en Costa Rica desde una perspectiva normativa nacional e internacional. A pesar de la firma de convenios como Convención Belem Do Pará, destaca la falta de acciones sistemáticas para modificar prácticas y normas que perpetúan la discriminación y violencia contra las mujeres.  Señala además áreas de mejora, como superar las brechas de género en el empleo, lograr acceso paritario a altos cargos públicos, combatir la feminización de la pobreza y promover políticas públicas que reduzcan la violencia contra las mujeres. Aunque Costa Rica mostraba un índice de desarrollo humano «muy alto» en 2019, al desagregar por género, se revelaron importantes desigualdades.

¿Cómo ubica usted a Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos?

Ofrece una crítica contundente sobre la situación de Costa Rica en relación con la protección de los derechos humanos. Señala un retroceso visible en el liderazgo que el país ostentaba en este ámbito, resaltando que, anteriormente, Costa Rica ratificaba numerosos tratados de derechos humanos, siendo esto una especie de «marca país».  Sin embargo, la jueza y docente indica que la globalización política y económica, a partir de 1989, llevó a cambios sustanciales en los sistemas jurídicos. Destaca la transición del sistema dualista al monista, donde los instrumentos internacionales suscritos por cada Estado conforman un solo bloque con la legislación interna, lo que implica mayores niveles de exigibilidad.

Menciona también la importancia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contribuyó a modificar el panorama legal. Subraya el principio pacta sunt servanda, que establece que los Estados no pueden desconocer las obligaciones internacionales aduciendo el respeto a su propio derecho interno.

Actualmente hay muchas personas detractoras de las penas alternativas, así como la presión a penas de prisión más altas y penalizar más conductas ¿Qué avances o retrocesos ha podido identificar en esos aspectos?

Describe a Costa Rica como una sociedad carcelaria, señalando un creciente autoritarismo y populismo punitivo en la población. Destaca la contradicción entre el discurso oficial de derechos humanos y la realidad discriminatoria y xenófoba hacia ciertos sectores de la sociedad. 

Critica la falta de análisis racional en la posición ante el castigo, describiendo la tendencia a buscar la cárcel como única solución, renunciando a esfuerzos estatales por disminuir la violencia social y responsabilizando al Estado por generar condiciones que pueden llevar a la comisión de delitos.  

La jueza y profesora resalta que esta tendencia no es nueva y menciona un intento en 1994 de crear un catálogo de penas alternativas, el cual fue rechazado en favor de duplicar penas máximas y aumentar sanciones. Advierte sobre discursos vacíos que buscan consolidar proyectos autoritarios, eliminando garantías, debilitando el sistema de justicia y silenciando opositores políticos bajo la apariencia de endurecer el sistema penal.

¿Cuáles son las características disfuncionales que usted ha logrado identificar, desde su experiencia y conocimiento en derecho penal, en la aplicación de la prisión preventiva en nuestro país?

La jueza y profesora resalta los niveles crecientes de encarcelamiento en Costa Rica, incluida la población juvenil, con el país siendo el que encierra a la niñez a una edad más temprana en América Latina. Además, destaca las tasas elevadas de hacinamiento penitenciario, superando los límites aceptables establecidos por las Naciones Unidas. Subraya que el castigo, en un Estado de derecho, no debe constituir tortura ni trato inhumano, cruel o degradante. 

Subraya la importancia de respetar los derechos humanos y el debido proceso en la aplicación de castigos por delitos. Enfatiza que, en una democracia, el castigo debe seguir un proceso legal que incluya pruebas incriminatorias, un juicio justo y una sentencia después de agotar los recursos disponibles, todo dentro de plazos razonables.

La respuestas completas a estas preguntas y demás información útil referente a esta entrevista la pueden conseguir descargando el PDF de la entrevista.