Este jueves 30 de junio a las 4:00 pm, tendremos el conversatorio Resistencias contra la Corrupción: el caso de Guatemala, nos acompañará Alida Vicente, defensora y autoridad indígena en Palín, Escuintla.
Titula la noticia hoy: «Sala IV no encontró vicios de procedimiento o de fondo en proyecto para ampliar vida útil de autobuses.»
Lamentable noticia para los millones de personas que utilizamos el servicio de transporte público, autobuses.
Es un hecho que la politiquería, la corrupción y los favores electoreros intervienen en la intención de los concesionarios del servicio público de autobuses para alargar «la vida» de los autobuses y acortar la de los usuarios.
Tanto los magistrados que votaron en contra de la Consulta de la Defensoría de los Habitantes de la República, sobre el proyecto de Ley 23.782 con el pomposo título de «Ley para garantizar el Servicio de Autobús a los usuarios», como los diputados y diputadas que tramitan este en la Asamblea Legislativa, nunca sufren las consecuencias de viajar TODOS LOS DÍAS en unidades en deplorables condiciones.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvió «por mayoría que no encontró vicios de fondo o de procedimiento en la iniciativa», sin contemplar las condiciones reales de las unidades que afectan, no solo a las personas con discapacidades varias, sino al resto de las personas que utilizamos el peor servicio, en las peores condiciones posibles.
¿A quién le deben «favores» magistrados y diputados?, a los empresarios que trasladan votantes a las urnas.
La consulta que se tramitó bajo el expediente judicial 23-026217-0007-CO, y presentada por la Defensoría de los Habitantes sobre el proyecto de ley 23.782 «Ley para Garantizar el Servicio de Autobús para los Usuarios», pretende agregar el Transitorio Nº 25 a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, dicen que para ampliar «temporalmente» la vida útil de las unidades de transporte público en la modalidad autobús por un año y por una única vez, pero ya tienen 10 o 15 años, en donde todos los gobiernos anteriores extendieron esa vida útil.
Indica la Sala IV que «la reforma opera de forma neutral para las personas con discapacidad…, la afectación que se podría dar es la misma para otros usuarios del transporte público remunerado de personas en autobuses», pero por supuesto, afecta todas las personas usuarias.
Los magistrados señalaron que el Transitorio 25 que se pretende incluir no tiene como fin disminuir los estándares establecidos en la Ley 7600, sino que vela y prevé las consecuencias de extender la vida útil de forma «temporal» de las unidades para todas las personas, «esto al imponérsele mayor rigurosidad a los operadores por parte del ente encargado de realizar la inspección técnica vehicular.», esto demuestra que NUNCA se han montado a un autobús en su vida, no uno de lujo por supuesto.
La magistrada Anamari Garro Vargas emitió un voto separado en el que, «en el caso concreto sí existió una lesión al principio de razonabilidad en la iniciativa parlamentaria, no porque la propuesta fuera intrínsecamente irrazonable, sino porque no se acreditó la razonabilidad de la esta.» Por su parte el magistrado Fernando Cruz Castro salvó el voto al considerar que el proyecto presenta vicios de procedimiento y de fondo.
En Costa Rica, las unidades de autobuses quemadas por año son:
2020: 16
2021: 17
2022: 19
2023: 6… por ahora.
Reitero lo que desde hace años vengo diciendo, y como solo es un desahogo personal y a nadie le importa lo que piense, ni siquiera a mis vecinos que utilizan el servicio, son los gobiernos, los corruptos politiqueros de turno, diputados y diputadas, magistrados, autoridades como el Consejo de Transporte Público, COSEVI, ARESEP, serán los responsables por la pérdida de vidas por las condiciones de los autobuses.
La solución SIEMPRE estará en manos del pueblo, de la ciudadanía que se organice, se manifieste y se lance a las calles a EXIGIR que esta desfachatez se termine.
Por lo pronto, la recomendación de siempre, “Apenas vea humo o se sienta ese olor, llame al 911 y «rece» por su vida», luego de las gracias a los magistrados, diputados y presidente.
La miniserie «Platos Rotos: la corrupción que pagamos» hace ejercicio de memoria histórica y revisa con ojo crítico tres de los casos de corrupción más grandes de la historia reciente de nuestro país.
“Platos Rotos: la corrupción que pagamos” es una miniserie documental de cuatro episodios, que se piensa como un ejercicio de memoria histórica, una forma de revisar, comprender y reelaborar sobre las historias de tres de los mayores casos de corrupción de Costa Rica, así como para mostrar a las nuevas generaciones uno de los mayores problemas del país según la población: la corrupción y la transparencia.
La serie consta de tres capítulos en los que se aborda los casos del Banco Anglo Costarricense, ICE-Alcatel y CCSS-Fischel; y un cuarto capítulo que profundiza desde la academia acerca de la corrupción en el país y lo que significan estos eventos.
La producción que, si bien es un documental televisivo, en cada episodio utiliza recursos discursivos y cinematográficos del documental, como lo son la animación, el uso de material de archivo y la recreación.
La miniserie documental se estrenará el jueves 23 de noviembre. A las 9:00 p. m. en la señal abierta del canal universitario y en la plataforma de streaming UCRQ.tv.
Para Iván Porras Meléndez, director de Quince UCR, producir esta serie tiene varias implicaciones significativas, entre las cuales destaca cómo “con Platos Rotos aumentamos la conciencia pública sobre la magnitud y las ramificaciones de la corrupción en el país y sirve como un recurso valioso para que nuevas generaciones conozcan estos vergonzosos momentos de despojo y corrupción de lo público hacia los intereses privados”
“En la actualidad, cuando el ejercicio de la libertad de expresión y el papel de la prensa ha sido puesta en menoscabo por parte de autoridades gubernamentales; esta serie cobra especial relevancia” destaca Porras, quien señala que “en estos capítulos revisaremos cómo en su momento, a través del periodismo investigativo se develaron casos que al día de hoy son referentes de abusos del poder político y posteriormente trajeron cambios legales en nuestra relación con la prevención de la corrupción y la búsqueda de una cultura de transparencia”.
“Platos Rotos” es una producción de Quince UCR, con el apoyo de la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Bajo la producción ejecutiva del productor y periodista Carlos Matute y la Jefatura de Producción de Lucía Vásquez, llega idea original de Viviana Valverde, también co-escritora de la serie.
El director es Roberto Jaén, graduado de Cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV), de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y Máster en Comunicación por la misma universidad. Se desempeña como curador del espacio Preámbulo de Cinemateca del Centro de Cine de Costa Rica, es docente en la UCR y ha producido, escrito y dirigido diferentes formatos audiovisuales.
Su corto “Ciudadano” (2015), ganó el premio del jurado del Festival Shnit, y su serie documental «Animales Políticos» (2021) fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura Amando Céspedes.
El proceso de investigación y guión fue liderado por Viviana Valverde, periodista y guionista graduada del Programa de Guionistas y del programa de TV & Film Development en la Universidad de California (UCLA) y Lucía Vásquez, periodista y productora audiovisual graduada de la Universidad de Costa Rica.
La música original fue compuesta por Mau Durán del BetaLab de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR. Y la realización audiovisual contó con el trabajo de Miriet Abrego Zúñiga, Henry Acevedo Rueda, Max Arce Mora, Freddy Quesada Carvajal, Bryan Fernández Vega, Thomas Barquero Fonseca, Alexander Durán Sosa y Yuri Muñoz Zúñiga, personal del Quince UCR.
Capítulo 1: Caja-Fischel
Un equipo de periodistas de La Nación da con la compra de una mansión por parte de un funcionario público en Santa Ana y termina revelando una red criminal creada para corromper funcionarios públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de adquirir equipos médicos con fondos de un préstamo finlandés.
Capítulo 2: Banco Anglo
La complejidad del caso Banco Anglo todavía enfrenta a quienes lo vivieron de cerca: ¿el cierre del banco se dio por razones técnicas o políticas? El episodio explora desde adentro los últimos meses, días y horas antes y después del colapso del banco más antiguo del país, recordado como uno de los casos de corrupción que más impactó a toda una generación.
Capítulo 3: ICE-Alcatel
El francés Christian Sapsizian, empleado de Alcatel, admitió haber ofrecido 2.5 millones de dólares en dádivas a directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Lo hizo en un tribunal en Florida, donde decidió cooperar con las autoridades. Nunca dio los nombres de las personas involucradas en las transacciones. El episodio repasa los hechos ocurridos en Costa Rica y las acusaciones de Sapsizian, en un intento por recopilar una serie de eventos que dejan más preguntas que respuestas.
Capítulo 4: Epílogo – Cuellos Blancos
¿Dónde estamos en términos de corrupción? Para entender la corrupción debemos empezar por cómo funciona el Estado, su entramado institucional y fiscalizador, y cuál es el talón de Aquiles que permite la entrada de la corrupción. Así podremos ver mejor cuáles son los retos que tenemos por delante como país y como ciudadanos para poder, algún día, mejorar en la lucha contra la corrupción.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Este martes 21 de noviembre a las 10 am será el pre estreno en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, Ciudad de la Investigación. Se proyectará el episodio de Caja Fischel.
Más información sobre la serie: http://www.quince.ucr.ac.cr/comunicados/platos-rotos/
Compartimos dos adelantos:
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.
Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.
En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.
A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.
Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:
“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”
El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.
En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.
Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.
Aguardemos.
Las Américas, 17 de noviembre de 2023. Organizaciones internacionales expresamos nuestro profundo rechazo a las recientes acciones de criminalización del Ministerio Público de Guatemala contra la oposición política, académicos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en el llamado caso “Toma de la USAC: botín político”.
Este nuevo abuso de poder por parte del Ministerio Público se da en un contexto de persistente judicialización del proceso electoral, cuyo objetivo final es impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera, y diputados electos tomen efectiva posesión de sus cargos el 14 de enero de 2024. La interferencia del Ministerio Público atenta una vez más contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, aplicando indebidamente el derecho penal a acciones legítimas de defensa de la autonomía universitaria.
El 16 de noviembre se registraron allanamientos y órdenes de captura contra 27 personas vinculadas a los movimientos sociales, estudiantiles, la sociedad civil y al partido político Movimiento Semilla en un caso relacionado con la resistencia pacífica en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ante las anomalías que se dieron en el año 2022 en el proceso de elección de las autoridades universitarias. Todas estas personas hoy están siendo criminalizadas por su rol de denuncia de la corrupción en dicho proceso de elección y por ejercer pacíficamente la defensa de sus derechos de expresión, asociación y manifestación.
Entre las personas con órdenes de captura se encuentran el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas Andrade, defensores de derechos humanos como Ramón Cadena y Helmer Velásquez, académicos de la USAC como Hada Alvarado y Eduardo Velásquez, líderes estudiantiles y periodistas. Al momento han sido aprehendidas 5 personas: la excandidata a diputada por Semilla Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shuma, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Javier De León y Alfredo Enrique Beber.
El Ministerio Público informó que en las próximas horas presentarán solicitudes de antejuicio contra el binomio electo de Arévalo y Herrera, contra los diputados electos por el partido Movimiento Semilla Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera y contra los diputados Aldo Dávila, Adán Pérez y Carlos Taracena; lo anterior por haber estado en las instalaciones de la USAC haciendo manifestaciones en conferencia de prensa.
El Ministerio Público profundiza así su estrategia de criminalización enfocada hace años contra operadores de justicia, periodistas, y otras personas defensoras de derechos humanos. La actuación abusiva del Ministerio Público ha sido reconocida a nivel internacional en más de cinco ocasiones por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución el 15 de noviembre de 2023 expresando su grave preocupación respecto a la excesiva judicialización del proceso electoral e intimidación contra miembros del partido Movimiento Semilla y sus familias y resolvió “denunciar los intentos del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder, que atentan contra el proceso democrático y los compromisos de Guatemala en virtud de la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamados al Estado de Guatemala “a respetar el resultado de las elecciones generales y a cesar las acciones del Ministerio Público (MP) que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. En este sentido, hacemos un llamado a la CIDH a valorar de forma urgente las medidas cautelares solicitadas en el marco del proceso pacífico de defensa de la autonomía de la USAC (MC-638-23) para evitar daños irreparables a estas personas.
Guatemala vive momentos críticos donde se requiere de mayor veeduría internacional y pronunciamientos expresos hacia las autoridades de que Guatemala no será aceptada dentro del concierto de naciones si continúa en una lógica autoritaria manipulando las leyes para burlar los resultados de las elecciones.
FIRMAN
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Jewish World Service (AJWS)
BeJust
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
RFK Human Rights
American Friends Service Committee (AFSC)
Luis von Ahn Foundation
International Service for Human Rights (ISHR)
Comisión Internacional de Juristas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Latin American Working Group (LAWG)
Protection International (PI)
El narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza muy seria para nuestro país. Avanza a pasos agigantados y se posiciona en los Estados de la región. Internamente toma posiciones con holgura en las comunidades, regiones, poderes locales y sectores económicos porque, además de disponer de un gran poder económico, encuentra condiciones favorables entre los excluidos, la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en las zonas costeras y fronterizas, así como en la corrupción y debilidad de la organización institucional, que le permite enraizar y florecer. El terror que impone la acción de los gatilleros en la toma de territorios define un nuevo orden social en las comunidades frente a la ineficacia y lentitud institucional.
Hacer frente a este inédito reto demanda una transformación e integración de la política pública. Se requiere, por una parte, en lo inmediato, elevar la calidad y capacidad represiva y, por otra, pero no menos importante ni urgente es desarrollar la capacidad preventiva.
Estas dos acciones requieren coordinación y un clima de consenso institucional donde la corrupción sea severamente reprimida, ya que de otra forma sería como arrojar agua en un canasto.
La acción represiva, además de incorporar modernos equipos y elevar el entrenamiento de las policías, debe ser de gran calidad, basada, no tanto en su número, sino sobre todo en un servicio de inteligencia que involucre a las comunidades organizadas. No se trata de transformar a los miembros de las comunidades en policías, para lo cual no están preparados, sino en informantes calificados que orienten el quehacer del aparato represivo. Es preciso poner a operar la seguridad comunitaria con un nuevo nivel de calidad. El involucramiento y capacitación organizacional de las comunidades es estratégico en esta lucha, sin él la guerra estará perdida.
Por otra parte, no menos importante, sin políticas de prevención que abran oportunidades promisorias a los excluidos y a los jóvenes, que compita con la oferta de los narcos. La mejor política de represión, sin prevención solo llenará cada vez más las cárceles, sin ponerle fin a la penetración y el peligro creciente del poder narco.
La prevención para que sea efectiva debe incluir, aunque sea en el mediano plazo, una reforma al sistema educativo que lo actualice, empezando por los docentes, a la época en que vivimos con sus cambios científicos y tecnológicos. Dándole, por una parte, contenidos que inserten y motiven a los jóvenes en el manejo de sus realidades y, por otra, en formas educativas estimulantes.
Este es un proceso que debe asentarse en las mejores prácticas desarrolladas por educadores nacionales, que existen y por otra en la hibridación con las mejores experiencias internacionales, enviando destacamentos de jóvenes maestros a países de avanzada en el campo educativo como Finlandia o China, como lo hicimos en su oportunidad en el siglo XX.
Paralelamente, debe iniciarse un proceso de autocapacitación que actualice a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), que tiene menos que bachillerato con problemas de desempleo, con el objetivo de obtener ingresos adecuados para las necesidades familiares.
Hacer esta tarea requiere de visión, que deje de lado el considerar a los excluidos como “perdedores” y adecuarse a una articulación del Estado que incluya una política social proactiva basada en la organización de la gente.
En otras palabras, necesitamos un Estado de reconstrucción nacional que lidere el cambio en la región como lo hicimos en 1856.
Por Guido Mora
Tengo la impresión y lo expongo a modo de hipótesis, de que el análisis que algunos hemos venido realizando sobre el triunfo de Rodrigo Chaves y su administración, ha partido de una perspectiva equivocada y, si un razonamiento parte de premisas falsas, es muy probable que la conclusión también sea falsa.
Hay que tener claridad meridiana de que, contrario a lo que muchos piensan, Rodrigo Chaves no es el detonante directo, ni el responsable del deterioro de nuestra institucionalidad, ni de la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema democrático. Rodrigo Chaves es sólo el instrumento, al servicio de algunos grupos políticos y económicos, que vieron la posibilidad de utilizar en su beneficio, la incertidumbre y la pérdida de legitimidad que enfrenta nuestro sistema político.
Estos grupos de poder emergentes se articularon al lado de “sicarios digitales”, especialistas en manejar las volubles voluntades y aprovecharse de las necesidades de las masas de votantes, -actuando como quien vende un producto comercial-; sin que en ellos exista un interés particular en impulsar una u otra concepción política: su lucha no es ideológica. Específicamente buscan satisfacer egos personales y de paso llenar sus bolsillos, para “venderse” después como “genios de las redes sociales”. En sus acciones no valoran ni ponderan, el daño político, social y económico causado a la sociedad y a la política, frente las expectativas generadas ante la opinión pública y la incapacidad real de satisfacerlas. Este no es un tema que les importe en particular.
Entre los políticos, esta misma intencionalidad tampoco genera sentimientos de culpa: su único objetivo consiste en ganar una elección, aunque en definitiva no tengan la menor idea para que utilizar el poder, por lo que terminan transformándose en vanidosos títeres de grupos de interés político y económico, que sólo procuran preservar el statu quo.
Rodrigo Chaves, en esta óptica, es un burócrata internacional ajeno por años a las realidades costarricenses que, ante la presencia de los candidatos tradicionales de siempre, carentes de confianza y credibilidad, logra sacar ventaja electoral y, tal como lo expone Anne Applebaum en su libro intitulado “El ocaso de la democracia”, hace uso de una buena e irresponsable estrategia de comunicación, ofreciendo a los votantes ávidos de promesas, soluciones fáciles a problemas complejos, espejismos en vez de realidades, en definitiva, populismo puro y duro.
Estos grupos políticos emergentes se aprovechan del hartazgo que enfrenta la sociedad costarricense, cansada del saqueo protagonizado por los representantes de los sectores económicos más favorecidos quienes, instrumentalizando a los partidos y a los políticos tradicionales, han logrado consolidar los procesos de concentración de la riqueza, y con ello profundizar la desigualdad e inequidad, en una Costa Rica que solía ser mucho más solidaria.
Desde esta perspectiva, Chaves constituye una “pequeña pesadilla”, resultado de esta triste realidad socioeconómica que vivimos como sociedad, alimentada por la incapacidad y entropía que sufre el Estado, que le impide atender apropiadamente la problemática socioeconómica y estructural que enfrentamos como país.
Constituye eso sí un error señalar a Rodrigo Chaves como el responsable de esta crisis de legitimidad.
No se trata de librar de responsabilidad al actual ocupante de la Casa Presidencial: Chaves es responsable directo de su prepotencia, de su intolerancia, de su autoritarismo, de la falta de estabilidad de su equipo de gobierno, de su desconocimiento de la realidad política costarricense, de sus improvisaciones y las de sus colaboradores.
En mi perspectiva particular, los responsables directos de esta crisis de legitimidad son los representantes de la clase política tradicional, los candidatos sempiternos, que pretenden seguir en el poder y qué, si no lo logran personalmente, procuran prolongar a sus familias y amigos en puestos políticos, para continuar usufructuando personal o familiarmente de la política y de los recursos públicos.
Estas acciones orientadas a perpetuar la presencia y la acción política de actores con poca o nula credibilidad, se han visto acompañadas por un deterioro acelerado y profundo de los valores éticos, tanto en el ámbito nacional, como local.
La combinación de acciones delictivas de funcionarios públicos, miembros de la clase política y de representantes del sector empresarial en actos de corrupción, en detrimento de la ética y del uso correcto de los recursos públicos, que, a los ojos de la sociedad, no han sido procesados con prontitud y eficiencia, han generado un profundo sentimiento de frustración e impunidad en detrimento del sistema político. Casos como la “Operación Diamante”, el “Caso Cochinilla”, el “Caso Pancho Villa” y el “Caso Azteca”, para mencionar los más recientes, han deteriorado aún más la imagen del Estado; de la política y de lo político, a los ojos de miles de costarricenses.
Otra manifestación de esta crisis la encontramos en la penetración de la delincuencia internacional; la multiplicación de los asesinatos en manos de sicarios vinculados a los cárteles de la droga y la penetración del narcodinero en la economía.
Paulatinamente los recursos económicos filtrados por los delincuentes internacionales se han transformado en un instrumento destinado a financiar dirigencias y liderazgos políticos locales y volcar, -por temor o en búsqueda de beneficios-, a algunos sectores sociales que, ante la incapacidad de satisfacer sus necesidades particulares, tienden a proteger con el silencio y la complicidad a sus eventuales benefactores o posibles agresores.
Como daño colateral, se multiplica el reclutamiento de jóvenes de edades tempranas, que en no pocos casos son asesinados por sicarios, convirtiéndolos en carne de cañón y llenando de luto a muchas familias a lo largo y ancho del territorio nacional.
La mala imagen de la política y lo político -que finalmente no resuelve los problemas que enfrentamos como sociedad-; su anclaje a las formas tradicionales de acción y de expresión; y su incapacidad de superación de esta realidad, constituyen uno de los elementos centrales que inhiben e incapacitan a la “clase política tradicional”, para desarrollar un proceso de generación de alternativas y acciones ante el populismo de Chaves y sus acólitos, y la cruda coyuntura sociopolítica que enfrentamos.
En el entretanto, los representantes de la casta política tradicional continúan sin comprender la urgente necesidad de evolucionar. Siguen sin entender que los ciudadanos están hartos de su incapacidad para resolver los problemas económicos, políticos y sociales. Se cierran a la realidad y pretenden obviar su complicidad en la construcción de esta problemática, fraguada en la concreción de muchas de sus acciones impulsando y aprobando leyes, que han transformado al Estado en un promotor y defensor de la inequidad y la desigualdad social.
Siguen los partidos y los políticos tradicionales sin plantearse o responder preguntas básicas para la convivencia política en la Costa Rica contemporánea. Seguimos sin respuestas a algunas preguntas que nos permitan definir un norte como sociedad:
Bien lo planteaba Séneca hace miles de años: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va.
Estoy convencido de que los partidos políticos tradicionales, o los grupos opositores de Chaves, no tienen claridad de la agenda que debe de construirse, no sólo para vencer el incipiente populismo del presidente, sino para cumplir el objetivo que debería de orientar el quehacer de quienes deseen gobernar este país en la segunda mitad del Siglo XXI: cuyo eje central debería de ser la renovación y reformulación del modelo democrático en lo político, lo económico y lo social.
Debemos comprender que la democracia no es una obra terminada, sino un edificio en constante construcción; que se deben de fortalecer las ideas democráticas, extendiendo su alcance más allá del ejercicio del derecho del sufragio.
Estamos en la obligación de ofrecer a los costarricenses del futuro, la seguridad de contar con un estado democrático no sólo en lo político, sino también en lo económico y lo social.
Es urgente tomar las decisiones y realizar las acciones que nos permitan frenar los arrestos populistas, pero también, que nos permitan superar el estado catatónico en que hemos caído. De lo contrario, cualquiera otro loquito, de esos que se ponen a gritar o a barrer en las redes sociales podría darnos la sorpresa de ganar las próximas elecciones y entonces, sin duda alguna, se concretarán acciones más enérgicas orientadas a debilitar el sistema democrático costarricense.
La llamada “clase media” y “alta”, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, no creen merecer los nervios con que viven al estar llegando a su fin un viejo orden y asomarse otro. Durante más de medio siglo las pequeñas élites regionales permitieron a estas clases aumentar su acumulación de la riqueza saqueando, despojando a los pueblos de sus derechos y traficando con toda clase de negocios, bajo la égida de un estado liberal, presentado politiqueramente, como “elefante reumático”.
En ocasiones, estas clases sociales de Latinoamérica y el Caribe, restringen la academia y censuran a sus matrices mediáticas, cuando tratan de recordar por qué inventaron el cuento del “elefante reumático” y la falacia mejor contada de “cuando llueve arriba se mojan los de abajo”. Estas burguesías regionales son las verdaderas responsables de la situación de hambre, desempleo, corrupción, tráfico de drogas, falta de vivienda, compra y venta de órganos humanos, impunidad, justicia lenta e incumplida e inseguridad ciudadana, entre otras desgracias, instauradas en el hemisferio.
Solo en Costa Rica hay más de 700 mil habitaciones con reparaciones urgentes y cuyos dueños si “meten mano” en ellas no comerán varias semanas. Si bien es cierto las autoridades económicas han hecho esfuerzos para bajar la inflación, los porcentajes de disminución de ella son a favor de la clase media y alta, pues los costos de pasaje de avión aparecen como los más baratos en agosto pasado. El país sigue esclavo de un círculo engañoso: está entre las naciones latinoamericanas con el salario mínimo más elevado, pero a la vez entre las más caras del hemisferio, según datos oficiales.
En gran medida el escamoteo de impuestos, el contrabando y la corrupción como forma de vida impuesta por estas élites, se traducen en la desgracia de más de una cuarta parte de la población del país en pobreza o en miseria extrema. “Hablar de justicia tributaria es subversivo en Costa Rica”, precisó recientemente el secretario General de la ANEP, Albino Vargas, al comentar la Primera Cumbre Ministerial para un Tributación Global, celebrada hace poco en Colombia. (Fuente: https://www.larevista.cr/albino-vargas-justicia-fiscal-tema-subversivo-en-costa-rica/).
Así, en el proceso de “eliminación” del “elefante reumático”, pocos ganaron y muchos perdieron en el hemisferio. Las agrupaciones autodenominadas “liberales”, “conservadores”, ”socialdemócratas”, “socialcristianas” “progres” o “nacionalistas” terminaron forjando auténticos “lobbyistas” para vender bancos, minas, privatizar el agua, patentes para farmacéuticas, permisos para exploraciones y explotaciones petroleras en parques nacionales, entrega de tradiciones de nuestros pueblos originarios, plantas medicinales, vender educación , salud y un largo etcétera. Se dio, parafraseando a Paulo Freire (1921-1997), el despojo de la “conciencia de clase” para millones de trabajadores condenados a seguir la línea “politiquera” de estos grupos de poder y, así alejarlos, lo máximo posible, de cualquier grado de politización. Es decir, despertar entre las mayorías el interés por el gobierno “de”, “por” y “para” el pueblo.
Al mismo tiempo que estos grupos van borrando de la praxis política el empoderamiento de estas mayorías y su participación directa en los grandes desafíos país, reducen todo a mercancía y mercado, no necesitan ya del “bien común” como aspiración de justicia y movilidad social; ahora es el “bien particular” como ejemplo de astucia, “emprendimiento” e “inteligencia”. El Estado Social de Derecho, en algún momento identificado como estado del bienestar capitalista, no es necesario; ahora el “estado democrático de derecho “funciona” a la perfección con las leyes protectoras del libre mercado y la “nueva normalidad”.
“Normalidad” acompañada de un discurso contra sus oponentes virulento, estigmatizador, autoritarista, antisocialista y con raíces profundas en el nazismo y el fascismo. Basta consultar los discursos de Bolsonaro contra los planes de Lula para garantizar salud como derecho a los brasileños, los opositores mexicanos al gobierno actual, contra la dotación de libros gratis en las escuelas que, según ellos, “inyectan el virus del comunismo” a los niños, o cuando el presidente Rodrigo Chaves, en medio de manifestaciones y reclamos de estudiantes de secundaria, comparó los fines de las organizaciones delictivas con los grupos de izquierda.
No se trata, pues, de un problema con un partido político o persona, legitimado por unas elecciones generales cada vez menos concurridas, porque entonces se sustituye electoralmente a uno o ambos cada cierto tiempo, y el problema está resuelto. Es más complicado que atribuye a una persona o agrupación electorera la responsabilidad por el caos; se trata de toda una estrategia concebida para someter a sociedades completas a dar sus recursos estratégicos, entregar mano de obra calificada barata y servir de parapeto a quien coloniza.
En gran medida, ello no hubiera sido posible, sin la “politiquería” como estrategia y práctica cotidiana – entendida como la capacidad para dar licencias, permisos, falsas promesas o regalías-, logrando su fin: mantener lejos de cualquier grado de “politización” a los movimientos sociales y populares.
Sin embargo, al estar llegando a su final la llamada “globalización” por el surgimiento de polos emergentes de desarrollo socioeconómico en Asía, África y América Latina, el llamado “thatcherismo, como política implementada a finales de la década de los 70 por la primera dama del Reino Unido, Margaret Thatcher, se ve profanado en su versión actualizada y su respuesta es entonces la radicalización y el rechazo a otros posibles competidores.
En el ajedrez actual africano, por ejemplo, los peones sacuden los arfiles y exigen a sus antiguos amos pagar a precios de mercado internacional para el oro, el petróleo, el gas o el uranio, sí quieren seguir construyendo coronas de lujo, autopistas asombrosas, automóviles voladores o centrales nucleares para envidia del mundo.
Por su parte, Nuestra América, cada vez más profundiza su desobediencia en Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, Honduras, Haití, entre otros, a tal extremo que la Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la General Laura Richardson, cayó de sorpresa en Costa Rica con un mensaje de tranquilidad para los amigos suyos en la región y renovadas promesas de no abandonarlos ante eventuales amenazas.
Durante esta visita a la casa presidencial aquí en San José, la Comandante Richardson calificó de “preocupante” la presencia de otros actores económicos en la región. La República Popular China, Irán, India y Rusia tienen grandes inversiones en el campo científico y tecnológico en Suramérica y Centroamérica, cuyo istmo es considerado por la Doctrina Monroe, como “patio trasero” del Tío Sam.
“A menudo hablo de esto, que ellos lo llaman inversión; pero yo lo llamo extracción de la República Popular China en infraestructura crítica en América Latina y el Caribe”, dijo Richardson, según reseñó el semanario Universidad.
Los parlamentos, otrora centros sobre los cuales giraba el debate de ideas, son ahora simples “comisiones”, cuyos integrantes llegan y levantan la mano para aprobar o rechazar el proyecto que beneficia o perjudica a los grupos de poder. Eso cuando el parlamento no es disuelto o clausurado a la primera crisis creada por el gran capital.
En realidad subyace la situación que al reducirse el Estado como lo conocíamos, los congresos deben cumplir con la agenda ágil que exigen los negocios y el mercado, mientras los presidentes de las naciones tienen ahora asignadas funciones de “gerente”.
Son estas “Gerencias” las que en realidad son encargadas de llevar a buen puerto los procesos de “singapurización” o “neocolonización” dispuestos principalmente por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, las Secretarías o Ministerios de gobierno pasan a funcionar como una especie de subgerencia, dependientes directamente de la “Gerencia” como encargada de medir la “capacidad” de obediencia de sus subalternos.
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II. Cambios geopolíticos: Los toman o los dejan. Ciertamente, por eso, durante el reciente cónclave del llamado grupo de los BRICS, celebrado en Sudáfrica, salió a relucir la situación de inoperancia del Estado globalizado para miles de millones de personas, despojadas de los derechos a la educación, sanidad, salarios dignos, jornadas laborales conforme a los derechos humanos, etc.
Para los integrantes de este influyente grupo, la “globalización” deja estragos en el llamado sur-sur, que incluye a África y América Latina, donde hay, según denunciaron durante el encuentro voces a favor del multilateralismo, auténticos procesos de recolonización.
El presidente de Brasil, Lula Da Silva, abogó por la creación de una moneda para los pagos entre al menos 40 países y así evitar la vulnerabilidad económica y social a que están sometidos innumerables Estados y miles de millones de personas en el mundo. Xi Jiping, líder de China Popular, fue más directo cuando llamó a los miembros del grupo y a los invitados de 67 países a no desvanecer en la búsqueda de nuevas formas de desarrollo y entendimiento. “El viejo orden está llegando a su fin”, sentenció, por su parte, el presidente de la Federación Rusa en su intervención en el encuentro mediante una video llamada.
El “liberalradicalización” sirve a la reneocolonización: Cuando el 19 de marzo de 2011 el mundo vio con asombro como Estados Unidos y Gran Bretaña destruían Libia con más de 110 mortíferos misiles Tomahawak, tiempo después que su presidente, Muamar Gadafi, planteara una moneda común para los países productores de petróleo, se comprendió entonces la magnitud de lo que con cierta inocentada definimos en el sur-sur como “neoliberalismo” o “filosofía” económica. El viejo liberalismo había dado pasos firmes en las naciones árabes para repetir ahora la misma historia de saqueos y el despojo.
Según Gadafi, la creación de una moneda árabe obligaría retornar al patrón oro anterior a 1971, cuando el dólar estadounidense fue impuesto como divisa para que las naciones árabes ya no respaldarán su economía con metales preciosos como el oro y la plata, sino fuera el “papelito verde” con el cual fijarían el precio del hidrocarburo. Desde entonces, el líder libio, no dejaba escapar foro para preguntar a los árabes por qué someterse a la dictadura de una sola moneda, sí ellos eran los dueños del petróleo.
Cuatro días antes – el 15 de marzo de 2011- el pueblo sirio es víctima de los intentos de partición de su territorio por terroristas del llamado estado islámico, controlados y financiados por Estados Unidos para controlar en su totalidad la llamada ruta del petróleo desde Irak. Con esta operación quirúrgica, el llamado Occidente colectivo, se garantizaría petróleo a precios de robo y seguiría colonizando la región, hasta nuestros días (Fuentes: https://actualidad.rt.com/economia/view/25395-Guerra-en-Libia-un-castigo-a-Gaddafi-por-renunciar-al-d%C3%B3lar; https://www.telesurtv.net/analisis/Yihadismo-e-industria-petrolera-20140624-0063.html)
En cambio, en nuestra América, estos procesos de renecolonización, no necesariamente está a cargo de los militares, sino son llevados a cabo por nuestras robustas oligarquías y burguesías “instrumentando” los poderes judiciales a favor de sus statu quo.
En 2017 el fundador de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, huye de Ecuador tras conocerse que su gestión sería judicializada. Un tribunal ecuatoriano saca de la política a quien amenazaba el monopolio de la matriz mediática en su país y condena a Correa a ocho años de prisión, en 2020.
A fin de sacar de la escena electoral a Lula Da Silva, en noviembre de 2019, un tribunal brasileño encierra al expresidente durante 583 días. Lula había sacado de la pobreza a 18 millones de personas, declaró la salud derecho fundamental y llenó al gigante suramericano de brigadas de médicos cubanos. Se opuso a que multimillonarios grupos de madereros siguieran desforestando la Amazonía.
En diciembre de 2022 la expresidenta argentina, Cristina Fernández, es sacada de cualquier aspiración política, luego de ser condenada a seis años de casa por cárcel, por el poder judicial argentino. El sindicalista Pedro Castillo, presidente de Perú, hasta el día de hoy, sigue en prisión e inhabilitado por el parlamento peruano y los altos tribunales de ese país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, actualmente está amenazado de pasar toda su administración sujeta al poder judicial, luego que grupos oligárquicos vinculan a su hijo con supuestos actos de corrupción relacionados con la campaña electoral.
Un magistrado de la Suprema Corte de México, que responde a los intereses de la corrupta oligarquía mexicana atrincherada alrededor del socialdemócrata Partido Institucional Revolucionario (PRI) y Acción Nacional (PAN), amenazó la semana pasada con iniciar un juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de destituirlo. No están conformes con la política de acabar con amnistías tributarias y la recuperación de aeropuertos, la producción de electricidad, exploración y explotación de petróleo, etc. Por el gobernante votaron 30 millones de personas; por el juez ningún ciudadano.
El 29 de agosto de 2023 miles de hondureños se movilizaron para defender la elección de la actual presidenta Xiomara Castro y su programa social y económico, tendiente a que el pueblo sea actor directo y sin intermediarios en las grandes decisiones del gobierno.
“Denunció ante el mundo – dijo Castro en la versión recogida por el periódico Poder Popular- la conspiración que organizan las mafias y élites del crimen organizado con la estructura del narcotráfico para derrocar mi gobierno”.
¡Como que en todas partes cuecen habas!
¿Qué está pasando?
El 25 de junio, se celebró lo que sería la primera vuelta de una contienda electoral, cuyos resultados sorprendieron a algunos y la segunda no hizo más que confirmarlos.
El Partido Semilla pasó a la segunda vuelta junto con el partido UNE. Esto es lo que no se esperaban: que el partido Semilla pasara a la segunda vuelta y el temor que empezó a cundir en algunos personajes de la política acerca de que Semilla pudiera ganarla para alcanzar la presidencia, como en efecto sucedió.
Luego de esta ronda electoral del 25 de junio, maniobras empezaron a rondar para que no se celebrara la segunda vuelta del 20 de agosto, envueltas en una especie de “mal agüero” en cuanto a que Sandra Torres de nuevo iba a perder la segunda ronda y quedarse a las puertas del solio presidencial.
Porras, Orellana, Curruchiche, Monterroso, empezaron con las sonaderas de tuzas. Antes del 20 de agosto habían hecho manifestaciones al respecto y después del 20, empezó el ruidero.
La dignidad ciudadana, la decisión de que se respeten los resultados electorales, ponerle un puntal a la democracia, vislumbrar y hacer lo consecuente para ponerle fin a tantos años de abuso, corrupción y otras lacras, también se están haciendo presentes, creciendo y ganando apoyo.
¿Quiénes son los que lo están generando?
Los cuatro mencionados arriba, son personajes cuestionados, de muy poca solvencia moral (¿cómo es que están en esos cargos; cómo es posible que se les permita hacer tanto daño a ellos y quienes están detrás de ellos; confesión de qué es esto, o muestra de qué hieles impuras que deben ser vomitadas, por los mismos caminos por los que llegaron; no debieran ir a la cárcel?).
La indignación nacional, la información nacional e internacional, la disposición y el coraje de la población valiente, así lo demuestra. Tanta gente no puede estar equivocada.
El logro inmediato por conseguir
Hay tantas injusticias y asuntos por corregir, pero creo que, en estos momentos el propósito y el principal punto en la mira es que Semilla asuma el 14 de enero.
El menú de marrullerías que sacarán los corruptos es amplio: distracciones, intentos de desviaciones del rumbo de la lucha, “cascaras de plátano”, provocadores, infiltrados, “sembradores” (personas a las que se les asigna la labor de “sembrar”, poner pruebas que luego los inculpen, en bolsos o mochilas de asistentes a manifestaciones, que llevan de manera incauta o descuidada, regularmente en la espalda).
Ojalá que no suceda, pero las acciones violentas, producto de la desesperación y la irresponsabilidad, también pueden estar a la mano.
Detener la injusticia, la corrupción, el atrevimiento, la falta de razón e inteligencia
La voz del devenir de la historia de los pueblos, la claridad que alumbra el camino, asiste las justas demandas.
Con la Constitución en la mano y en el pecho, se marca el camino.
La máxima ley está del lado de la decisión tomada para hacer respetar la voluntad expresada el 20 de agosto.
Investidos de lo que manda la Carta Magna y con esa base, la lucha seguirá su justo camino y alcanzará su cometido.
Debe hacerse sentir a estos corruptos, que ninguna persona, cargo, instancia u organismo está por encima de la Constitución. Es imperante hacer que se cumpla.
Una fuerte presión a quienes tienen esto entre sus obligaciones irrenunciables debe ejercerse de inmediato. Corte de Constitucionalidad, otros organismos de vigilancia, organismos electorales.
La demostración enérgica, firme, sin desmayo y con buena mira, en los escenarios estudiados y decididos, es otro elemento, en el plano nacional.
Aquí también es necesario hacer un estudio y balance de fuerzas y actores que las representan, con miras a una articulación de intereses, para mover las energías a favor.
Los corruptos ya están haciendo lo suyo.
En el plano internacional, también se hace imperante este ejercicio y movimiento, articulando Estados, organismos, actores privados, también con miras a una articulación de intereses.
Aquí también, los corruptos ya están haciendo lo suyo.
Es importante tener siempre presente que se negocia con base en intereses, para encontrar los intereses comunes y no con base en posiciones: las posiciones distancian, confrontan, separan. Los intereses articulan fuerzas para la consecución de lo planteado.
Información contra desinformación
Este es otro campo de lucha, en el que se dirime, se maneja y se dirige los factores: de emisores a receptores, mensajes claros y atinados, deben estar en el ir y venir.
Los corruptos siempre tratarán de causar confusión, desarticulación, división, desmovilización, desánimo entre los receptores de sus mensajes: la población en lucha. Para eso cuentan con el aparataje necesario. Mentiras y verdades a medias, es parte de su repertorio.
A la población y su organización, la asiste la convicción y la justicia de su causa; la creatividad la sabiduría ancestral, de conciencia; el ingenio. Mientras que a los corruptos los acompaña la flacidez de su falacia.
En esta lucha, no conviene darle paso a mentes calenturientas, o alborotadores; ni esperpentos que asusten, ni consignas fuera de lugar.
Sólo ganancia, bienestar, alegrías generales aporta al panorama, la población mayoritaria. Entusiasmo, organización, energías para el logro, son los ingredientes que mueven el camino de lo que está por conseguirse.
Ni “golpe de Estado” ni “Golpe de Estado Técnico”. Guerra política por la vía judicial. ¿En qué están incurriendo los portadores de la corrupción?
Con el ánimo de aclarar y no de caer en discusiones bizantinas, que ni siquiera llegan a ser “teóricas”, pues el momento no es para eso, el intento marrullero que se quiere concretar desde el Ministerio Público, no es un “Golpe de Estado” a lo “Clásico” se podría decir, ni un “Golpe Técnico”.
Se ha estado recurriendo a aplicar lo que con la expresión inglesa, se conoce como “Lawfare”.
El “Golpe de Estado”, es la acción por la que un grupo de personas confabula, planifica y ejecuta la toma del gobierno de un país, implica su relevo. Regularmente con violencia y generalmente, se involucra a militares del mismo gobierno. Es un acto que, ante el conocimiento público se concreta de manera rápida, con o sin resistencia y mediante el cual se releva al titular del ejecutivo y su equipo, de manera ilegal y por medios inconstitucionales.
Se puede citar el llevado a cabo contra el general Efraín Ríos Montt, por el general Humberto Mejía Víctores, su ministro de Defensa. Tanto que cuando al general Mejía le preguntaron quién iba a ser su ministro de defensa, respondió, palabras más palabras menos, que él mismo, porque esos son los que dan “Golpe de Estado”.
El “Golpe técnico”, consiste en varias acciones ordenadas y confabuladas llevadas a cabo, para cambiar piezas clave, regularmente del ejecutivo (que no son producto de procesos electorales públicos establecidos), debido a no estar de acuerdo con el rumbo o visión de éste, sobre la marcha del estado de cosas, regularmente en lo económico o en lo político, por grupos con suficiente poder en estos ámbitos, para lograrlo.
Se hace dentro de lo que permite la constitucionalidad y la legalidad, sin violencia expresa o escandalosa. Es de manera larvada y sin causar conmoción.
Politización de la justicia, del orden jurídico, judicialización de la política. El “Lawfare”, es una guerra política por la vía judicial o jurídica, con fuerte apoyo de lo mediático en búsqueda de legitimación y justificación de aquello que se va a cometer; es la judicialización de la política, movida por intereses económicos, políticos, para concretar o impedir que se concrete un proceso con respaldo popular.
Implica acusaciones y la búsqueda y localización de pruebas; o incluso la “elaboración” de éstas, para llevar a cabo procesos judiciales. Busca lograr una condena para encarcelar e inhabilitar a personajes para el ejercicio de cargos públicos.
Para considerar, en América Latina se puede traer a colación los casos de Lula da Silva y Dilma Roussef en Brasil; Rafael Correa en Ecuador; Pedro Castillo en Perú; Cristina Fernández en Argentina; Evo Morales en Bolivia.
Se confabula instancias del aparato del Estado en funciones, con intereses de sectores fuera de éste e incluso de fuera del país. El asunto es que debe ser por la vía de lo judicial establecido.
Se utiliza, precisamente para no tener que recurrir a acciones como el “Golpe de Estado”, y actuar desde lo legalmente permitido, pretendiendo no violentar el orden.
Una característica de los casos mencionados y de lo que está tratando de llevarse a cabo, es que es un proceso impulsado por sectores corruptos con sus respectivos apoyos, contra opciones con respaldo popular. Se difama, desacredita, deslegitima, se acusa, como parte de la preparación de lo que se va a consumar.
A los corruptos que están empeñados en este despropósito, debe hacérseles que vean bien claro, en lo que están incurriendo: rebeldía institucional, desobediencia institucional, desacato, insubordinación, subversión del orden constitucional, del orden público, de la paz social, traición a la patria. Se les debe hacer ver también, sus consecuencias.
¿Con qué es con lo que según ellos cuentan para cometer este adefesio, este pretendido intento de “golpe de timón” inconstitucional, y maniobras en el río revuelto del manejo retorcido de las leyes?
Confían en el engaño con el que pretenden encubrir su maniobra; en la prepotencia que da la impunidad ejercida por años. Confían en que los pretendidos engañados, ignoran y carecen de conocimiento y manejo de las circunstancias.
Los acompaña también el egoísmo, el antipatriotismo, la mezquindad, la bajeza, ir en contra de la historia, de la soberanía (palabra que en boca de Curruchiche se oye muy mal, burda y falaz, fuera de lugar, como recurso de mañoso, como argumento retorcido, como entonación de tango en música bolero).
La lucha está planteada. Es una gesta, lo que está por suceder.