Después de un diagnóstico exhaustivo de la zonificación y reglamentos del Proyecto de Plan Regulador Costero, que la Municipalidad pretende implementar en las áreas costeras de ZMT de Cahuita, me siento obligado a levantar mi vos como Cahuiteño de Tercera Generación, para recordarles lo siguiente:
Llevamos más de un SIGLO luchando por la seguridad jurídica de nuestras tierras.
Si nuestros padres, abuelos y bisabuelos NUNCA se arrodillaron ante los grandes inversores externos, tampoco deberíamos hacerlo nosotros ahora.
Nos enseñaron a comerciar de pie con aquellos que consideraban dignos de ser sus vecinos; pero nunca forzados por funcionarios públicos que se jactan de normas legales que ellos mismos u sus superiores han promulgado.
Ahora, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Concejo Municipal de turno en una desvergonzada colusión sin precedentes, con un puñado de empresarios “quienes presumo ser honorables sin codicia u avaricia y de sobrado escrúpulos” quieren imponernos quiénes serán nuestros vecinos en el futuro, mediante una “CONCESIÓN” Municipal.
Si se permite eso, sería la RENUNCIA de uno de los valores fundamentales de nuestra cultura: la libertad de elegir a quién queremos como vecino.
Las fuerzas de la corrupción siempre han aparentado ser poderosas e invencibles, pero no permitas que sus amenazas te intimiden, siempre recuerde que:
«Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. Seguramente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos.” (Salmo 91).
Cahuita NO se rendirá:
UNIDOS VENCEREMOS.
Publicado por Bernando Archer Moore en su espacio de Facebook, compartido con SURCOS por Marco Palma Leiva.
Inmediatamente a la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro Urrego, ante la posibilidad de haber recibido dinero de narcotraficantes para la campaña electoral del segundo, ya sabíamos que la derecha colombiana y sus medios, utilizarían esta detención para ir tras el presidente de Colombia, embarrando su incipiente primer año su gestion de gobierno, así como su imagen, y los más temido, como ocurrió, la maniobra política infame de solicitar nuevas elecciones.
Recordemos que en América Latina, es una práctica de los políticos de derecha, atacar a las figuras prominentes, cuando un familiar es caído en desgracia, por cualquier motivo.
Veamos su protagonista y los hechos
¿Quién es Nicolás Petro Burgos? Nicolás Fernando Petro Burgos, nació en Ciénaga de Oro, Departamento del Córdoba, Colombia, el 21 de junio de 1986), es político, abogado y ambientalista colombiano.
Es hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Estuvo casado con Daysuris Vásquez. Desde 2020 hasta su detención en 2023, fue diputado del departamento Atlántico, después de obtener el segundo lugar en las elecciones para el cargo de gobernador.
Ante su comparecencia en la Fiscalía de Bogotá, y después de haber obtenido libertad condicional por orden judicial, Nicolás Petro Burgos, ha presentado una renuncia formal a su posición como diputado representante del Atlántico.
Nicolás Petro Burgos se volvió una especie de escudero de su papá en el Palacio Liévano y, aunque no tenía cargo oficial, permanecía junto a él. Apasionado por las historias y proyectos de su padre.
Los hechos de esta trama, tienen muchos recovecos y simulan una mala novela trágica.
No obstante, nos limitamos a indicar que Nicolas Petro, podría convertirse en una piedra en el zapato de su padre, por sus andanzas, que en este artículo no vamos ni a desmentir ni a aprobar.
No obstante, veamos algunos elementos a favor de Nicolas Petro:
+ No participó en la campaña presidencial como tesorero, contador o gerente. Y no tuvo ningún nombramiento especial dentro de esa campaña.
+ No hay ninguna prueba o evidencia escrita o telefónicas que indique que el presidente Petro haya manifestado a su hijo, que solicitara dinero para su campaña o para él.
+ Según la compañera de vida de Nicolás (Daysuris Vásquez), él actuó solo sin ninguna orden de alguien y simplemente se dedicó a solicitar dinero por su cuenta y riesgo. Así mismo, el presidente Petro no estaba al tanto de dichas solicitudes de apoyo económico, ni antes ni durante la campaña. A su vez, Vásquez afirma tener en un CDT bancario (un certificado de depósito a término (CDT), que es un instrumento de inversión establecido mediante certificado, que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente 30, 60, 90, 180 o 360 días), parte de ese dinero, sin que el Presidente Petro se lo hubiera ordenado. Fue su decisión personal.
Luego de la comparecencia de Nicolas Petro ante el juez de la Fiscalía, Nicolas fue puesto en libertad condicional, declarando que, que sí ingresó recursos, no reportados, a la campaña electoral de su papá, pero que el mandatario Gustavo Petro no tuvo conocimiento.
«Mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris (su expareja) y yo de, Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias», precisó al medio colombiano ‘Semana’ el sábado 05.08.2023.
Como indicamos, en esta trama novelesca, todavía los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero lo que sí está claro es que:
Nicolás Petro podría complicar a su padre.
El jefe de Estado, Gustavo Petro, le dio un poder a un abogado para que lo represente. «Serán los jueces en sus diferentes competencias quienes definan jurídicamente lo que corresponda. Para tal efecto le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente».
Por otro lado, el presidente de Colombia, ve en el caso una conspiración «para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
Nicolás Petro, no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña presidencial de 2022. Por esto, el comunicado de la Fiscalía en ningún punto habla en imputación de cargos de delitos de financiación ilegal de campañas, es decir, no hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señalen que una de esas conductas pueda haber ocurrido.
En el hipotético caso de que Gustavo Petro se vea salpicado, sería la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, la encargada de comenzar un proceso de destitución en su contra. El presidente de dicha Comisión, el conservador Wadith Manzur, informó este viernes que, desde marzo pasado, cuando Daysuris Vásquez hizo las primeras denuncias contra Nicolás Petro, lleva a cabo «un proceso en contra del Presidente de la República que se encuentra en etapa de investigación previa».
El presidente colombiano, enfatizó que, «pretenden acabar el mandato presidencial, desconociendo la voluntad popular y como resultado de intereses políticos, sería un golpe grave a la democracia, la justicia y a la estabilidad institucional, al que nos opondremos junto a la mayoría de la sociedad».
Así mismo, declaro Gustavo Petro, «Claro que han intentado usar las cicatrices familiares, las heridas, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca (…) para intentar abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia».
Igualmente, el académico y critico colombiano Horacio Duque, afirma en su artículo «Presidente Gustavo Petro, con periodo constitucional definido: 2022-2026«, que la derecha colombiana presiona para aplicar al mandatario colombiano la lawfare, es decir, una guerra judicial. «Obviamente toda esta oscura circunstancia está siendo capitalizada por la ultraderecha uribista y el bloque oligárquico reaccionario para incrementar su ataque al presidente Petro, a su legitimidad e institucionalidad. La arremetida es brutal, pero se estrellan con la dignidad, la reciedumbre, la voluntad y la convicción política del primer mandatario de los colombianos. Quieren enlodarlo y doblegarlo en su liderazgo popular y transformador».
Concluimos recalcando que, lo que pretenden los círculos fascistas y retrógrados colombianos, es barrer y truncar la ruta de las profundas transformaciones promovidas por el presidente y el gobierno en los últimos 12 meses.
Horacio Duque afirma, «el fascismo no quiere la paz que se construye con el ELN; odia la reforma agraria democrática; detesta la reforma a la salud, para recuperar este derecho fundamental; repele la reforma educativa; degrada la implementación de los acuerdos con las FARC; añora la guerra, los falsos positivos, la masacre y el exterminio masivo de los liderazgos sociales. En fin, lo que estas mafias quieren ya, es liquidar el primer gobierno popular y democrático en la historia de esta nación. No lo soportan y viven su propia pesadilla».
Lo que se presenta en el horizonte inmediato es; hacia el 29 de octubre, día en que se realzarían las elecciones de alcaldes y gobernadores lo que viene es lucha de masas; acción política multitudinaria. En este sentido, para la izquierda y el bloque popular y democrático (Pacto Histórico, Colombia Humana, UP, Polo D, PCC, PTC, Comunes) es la oportunidad de recuperar la brillante y contundente campaña presidencial del año anterior, que quebró el poder de la ultraderecha y apalanco el acceso de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2022.
Adelante Gustavo Petro, ninguna piedra obstaculizará el rumbo de una Colombia en paz, seguridad, bienestar y progreso.
La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.
De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.
Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.
El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.
Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.
Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.
De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:
-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC
-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.
-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.
Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.
Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:
-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.
-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.
-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros
-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.
-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.
-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.
-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.
-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.
-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.
-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.
-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.
Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.
Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.
Estamos en una guerra declarada contra un enemigo extraordinario: el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, un terrible monstruo de tres cabezas. Estos enormes enemigos nos están succionando la vida a cada paso. Nos están matando a nuestros hijos, a los que van o vienen del trabajo, a los que se quedaron por fuera de los programas educativos que ofrecía el país y fueron a aumentar el enorme grupo de ¨no preparados para el trabajo¨ Están matando a los cientos de costarricenses que los programas de lucha contra la pobreza, por años y años, no alcanzaron a protegerlos de los flagelos del hambre, la marginación y la miseria. Nos están matando anímica y espiritualmente, a esos cientos de costarricenses que, como resultado del desprecio de la sociedad, por generaciones, se convirtieron en crueles sicarios que asesinan a sangre fría, llenos de odio y saña.
Cada vez, las imágenes de la televisión son más explícitas. Las redes sociales muestran sin el menos empacho, los crímenes en vivo y en directo, donde los niños y jóvenes aprenden a matar con sus armas de palo y hasta cómo huir en sus destartaladas bicicletas.
Estamos en guerra y tenemos que actuar ya. No podemos esperar un milagro, ni los recursos tecnológicos y financieros infinitos que se necesitarían, para al menos, intentar controlar la situación actual.
Comencemos por el Gobierno de la República. Señor presidente, ya pare esta campaña de odio y división de la familia costarricense. Llevamos catorce meses de contemplar impávidos como en cada conferencia de prensa, usted crea claramente un enfrentamiento entre funcionarios, ministros, diputados, jueces, periodistas y empresarios. Si no se había dado cuenta, se lo informo, el resultado es el “miedo”. Todos tienen miedo. Por favor, el gobierno debe llamar a la concordia, a la unidad nacional de todos los sectores, a unirse como un solo puño contra el enemigo que nos destruye. Estos no son tiempos para destruir, suficiente con lo que está pasando con la violencia extrema en la sociedad. Estos son tiempos para unir, para tirar puentes, no para dinamitarlos.
El gobierno tiene todos los hilos del poder en la mano. Úsenlos para sumar fuerzas, para crear un contingente de hombres y mujeres capacitados y formados en cada uno de las especialidades de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción.
Primero, ya hay que capacitar y formar a nuestros policías profesionalmente en las universidades del país, en todo el territorio nacional. Ya tenemos que contar con cursos de formación profesional de los mandos superiores de las fuerzas del orden. Evitemos el desgaste de las discusiones entre los rectores y los ministros de hacienda y educación. Siéntense todos y armen ya los cursos de formación superior de las policías con el apoyo internacional de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Francia y Alemania. Ellos están sufriendo los mismos tres flagelos que nosotros tenemos y han aprendido mucho de lo que hay que hacer.
Segundo, dediquemos todos las energías del gobierno, la empresa privada, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil a crear empleos. Urgen cientos de miles de empleos, desde los más humildes hasta los más complejos. Necesitamos arrebatarle al enemigo de tres cabezas, lo único y mejor de este país, los jóvenes y las jóvenes, especialmente. El gobierno ya debe crear un sistema de incentivos a todos los sectores productivos, dando beneficios y prerrogativas que los estimule a ampliar su actividad económica y a crear nuevos empleos. Cada vez que se abra una actividad económica nueva, debe formar parte del cuerpo legal y gerencial, los planes para incluir a muchos costarricenses que están urgidos por años, de un empleo. Por ejemplo, tres grandes empresas tienen ya la autorización para iniciar proyectos de exportación del cáñamo y la mariguana de uso industrial y medicinal. Con el mismo impulso que se inició, la empresa y el Instituto Nacional de Aprendizaje deben de iniciar juntos, la capacitación de los trabajadores y técnicos en ese campo.
Tercero, la banca debe formar parte integrante fundamental de todo este esfuerzo nacional. Los tres, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, necesitan utilizar los productos bancarios que se ofrecen para el manejo del dinero en toda la gama de actividades posibles. Hay que continuar, como muy bien lo hicieron los señores diputados, los magistrados, la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial, con la reforma y creación de las leyes que garanticen la trazabilidad del dinero corrupto y podrido que circula por las cuentas de los cientos de ¨impensables beneficiarios ocultos¨ de esta actividad asesina.
Cuarto, la formación y capacitación de los maestros y profesores de las escuelas, colegios y universidades. Se trata de asumir la enorme responsabilidad que todos tenemos con los niños y adolescentes que, en número de cientos de miles, deben de mantenerse en los programas educativos, contra viento y marea. No podemos permitir seguir perdiendo estudiantes para irse a la actividad ilícita, por fantástica que se la hagan ver. La única forma que existe es motivando a sus maestros y profesores. Comprometerlos con sus estudiantes y familias, todos juntos si podremos lograrlo. Aquí de nuevo, las universidades nacionales, todas, deben de abrir sus aulas, en acuerdo con el Ministerio de Educación, para la incorporación de nuevas estrategias educativas, nuevos conocimientos y saberes que otros países han experimentado con éxito: Finlandia y Portugal son buenos ejemplos.
Quinto, la Familia, mucho de lo que nos está pasando es por haber abandonado a la familia a su suerte. Creímos que lo único y más importante era el trabajo, los buenos salarios y la buena vida y se nos olvidó que la familia era el núcleo fundamental sobre el cual se asentaba toda sociedad. Había que dedicarle el tiempo necesario para que creciera y floreciera y por supuesto para que diera sus frutos. Los resultados son desastrosos. Se ha roto la familia, volver a pegarla nos va a costar mucho esfuerzo.
Sexto, protejamos a la Caja Costarricense de Seguro Social. señor presidente, por favor, con todo el respecto, no siga atacando a la institución que vela por la salud y las pensiones de millones de costarricenses. El muro de contención que evita que esta guerra declarada sea peor de lo es, se llama Caja Costarricense de Seguro Social. Hace apenas catorce meses, los médicos y las enfermeras, los microbiólogos y los psicólogos con los farmacéuticos y todo el resto de los técnicos y profesionales de la salud de esta extraordinaria institución eran héroes. Hoy, hemos olvidado que tuvimos una pandemia y pareciera que ahora los villanos fueron los que nos protegieron. Pare ya señor presidente, no continúe vilipendiando a lo mejor que tiene este país.
Documento compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.
Pronunciamiento de organizaciones internacionales de derechos humanos. Demandamos respeto al proceso electoral y la voluntad popular en Guatemala
Las Américas, 13 de julio de 2023- Este 12 de julio el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con apego al orden constitucional, oficializó los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio, confirmado que los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Movimiento Semilla disputarán la segunda ronda electoral, programada para el 20 de agosto. Este anuncio se produjo 17 días después de las elecciones, dado que el TSE tuvo que realizar un recuento de los escrutinios solicitado mediante un amparo por un grupo de partidos políticos que alegaron supuestas anomalías, que finalmente fueron descartadas.
A pesar de la autoridad del TSE y de los mandatos constitucionales que lo respaldan, minutos antes de oficializar los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal Freddy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, en un acto abiertamente ilegal, con el objetivo de judicializar el proceso electoral en beneficio de intereses espurios. El partido Movimiento Semilla planteó un amparo para detener esta resolución ilegal que deberá ser otorgado por la Corte de Constitucionalidad para evitar el rompimiento constitucional.
Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el fiscal Rafael Curruchiche, quienes dirigieron un allanamiento ilegal en la sede del TSE, con personas armadas y el rostro cubierto para causar temor y obtener documentación del partido Movimiento Semilla. Los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por los Estados Unidos por corrupción. El Juez Orellana ha sido cuestionado por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado José Rubén Zamora.
Las organizaciones internacionales firmantes hacemos un llamado a todas las autoridades guatemaltecas a que respeten la independencia del Tribunal Supremo Electoral y el orden jurídico constitucional. La institucionalidad guatemalteca debe garantizar respeto a su mandato constitucional y no permitir que otros órganos interfieran arbitrariamente en el proceso electoral.
Se debe investigar a los funcionarios que buscan manipular el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a la voluntad popular reflejada en los votos. Exigimos se detengan de forma inmediata las amenazas de criminalización contra integrantes de partidos políticos convocados a elecciones y sus representantes legales.
Exhortamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta y pronunciarse sobre lo que acontece en Guatemala y a sumar sus esfuerzos diplomáticos para evitar que se produzca este atropello a la democracia.
Finalmente, expresamos nuestra confianza en que las acciones indebidas no prosperarán y el proceso electoral podrá continuar con su curso, garantizando la libre expresión de la voluntad del pueblo guatemalteco.
Organizaciones firmantes: American Jewish World Service (AJWS) Article 19 Oficina para México y Centroamérica Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Impunity Watch La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Latin America Working Group (LAWG) Plataforma Internacional contra la Impunidad
Un adolescente de 17 años ha muerto a manos de un agente policía durante un control de carretera, desatando una ola de emoción en la sociedad francesa.
El 27 de junio de 2023, en Nanterre, cerca de París, a los 8 de la mañana, dos agentes de policía dieron el alto a un coche ocupado por tres personas, todas menores, tras una negativa a cumplir la orden de detenerse. El conductor era un adolescente de 17 años llamado Nahel. Cuando el coche arrancó de nuevo, uno de los policías disparó a quemarropa y mató al joven, hijo único de una familia monoparental. El video disponible en las redes sociales muestra claramente que el coche no suponía ningún peligro para los dos policías.
Desconociendo la existencia del video, los dos policías declararon que el coche cargó contra ellos y que se habían visto obligados a usar sus armas de fuego para proteger sus vidas. Esto era claramente mentira. Alain Bauer, profesor de criminología en el Conservatoire des Arts et Métiers y reputado especialista en formación de policías y a gendarmes, insistió en el punto: “La versión falsa, totalmente desmentida por las imágenes, arruina todo el edificio. Es mentira. El coche no los atropelló. El coche no se les vino encima”. También denunció a “los pocos policías podridos, corruptos y ovejas negras de la profesión […] que ponen en entredicho a todos los que respetan la ley, el orden y que son defensores de las libertades”. Sin el video, la falsa versión de los policías habría prevalecido y el responsable de la muerte del adolescente nunca habría comparecido ante la justicia.
Retransmitiendo la falsa versión policial, los medios de comunicación se apresuraron en presentar al adolescente como un peligroso delincuente multirreincidente. En realidad, el joven Nahel no tenía antecedentes penales. La fiscalía de Nanterre incluso abrió una investigación por “resistencia a la autoridad e intento de homicidio de un funcionario público” contra el conductor. Esta decisión fue recibida con una incomprensión generalizada ya que las imágenes desmienten formalmente la versión policial. Además, la muerte del conductor pone fin automáticamente a cualquier procedimiento judicial. La fiscalía también abrió una investigación contra el policía por “homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales”. Compareció ante un juez y permaneció en prisión preventiva en la Cárcel de la Santé.
El abogado del agente, Laurent-Franck Liénard, subrayó el carácter excepcional de la detención: “En mis 31 años de carrera defendiendo casos relacionados con el uso de armas, nunca he tenido a un cliente que haya sido puesto bajo custodia después de haber comparecido ante un juez”. Esta declaración ilustra la realidad de la impunidad policial y refuerza el sentimiento generalizado en la sociedad francesa según el cual la justicia protege a los policías que cometen crímenes. Jean-Pierre Mignard, abogado de víctimas de la violencia policial, es categórico al respecto: “Todas las profesiones tienen un código genético: el de la policía es la impunidad”.
Camille Chaize, portavoz del Ministerio de Interior, rechazó las polémicas en torno a los supuestos antecedentes penales de la víctima, esgrimidos por la policía y los medios de comunicación para justificar la actuación del agente. Preguntada al respecto, respondió: “No es el sentido del debate, no tiene sentido pensar así, poco importa si era conocido o no de los servicios de policía. […] Pero es cierto que algunas fuentes policiales […] señalan antecedentes penales, o incluso anotaciones en la barandilla, que es infrajudicial, no antecedentes penales, pero todo eso no tiene sentido, no importa”.
El abogado de la familia de la victima, Yassine Bouzrou, anunció que había presentado una denuncia contra los dos policías, una por homicidio culposo y otra por complicidad de homicidio culposo. Explicó lo siguiente: “No hay ninguna duda sobre su intención de matar ya que la banda sonora del video lo muestra anunciando antes disparar: ‘Voy a meterte una bala en la cabeza’. La denuncia también se presentará contra su colega por complicidad de homicidio voluntario ya que parece ordenar a su colega que dispare diciendo ‘dispárale’ justo antes de que se produzca el disparo”.
El testimonio del pasajero que estaba sentado al lado de Nahel es condenatorio. Relató en detalle lo sucedido: “El primer policía le pidió a Nahel que bajara la ventanilla, cosa que Nahel hizo. Le dijo: ‘Apaga el motor o te disparo’. Le dio un primer golpe con la culata de la pistola. Luego llegó el segundo policía y también le golpeó con la culata de la pistola y se colocó en el parabrisas frente a Nahel. Desde ahí, el primer policía, que estaba a la altura de la ventanilla, lo apuntó con su arma y le dijo: ‘No te muevas o te pego un tiro en la cabeza’. El segundo policía le dijo: ‘Dispárale’. El primer policía lo golpeó de nuevo con la culata de la pistola. El coche tenía caja de cambios automática. El coche no estaba en ‘park’. Cuando recibió el tercer culatazo, su pie abandonó el pedal del freno y el coche avanzó. Y el segundo policía que estaba en el parabrisas disparó. Como resultado, su pie pisó el acelerador. Lo vi agonizando, temblaba. Chocamos contra una barrera. Me asusté y salí del coche. Salí corriendo. Pensé que me podían disparar también. Así que corrí.
El pasajero trasero, de 14 años, también brindó su testimonio. Iba al colegio para pasar el examen del diploma de colegio y se encontró con Nahel, que se ofreció a llevarlo. “Los policías apuntaron con sus armas a Nahel”, que recibió “unos tres golpes” e intentó “protegerse la cabeza”. Un policía afirmó “que iba a meterle un disparo en la cabeza”. Nahel luego “soltó el freno probablemente por pánico, intentando protegerse. El coche arrancó solo. Era automático. Y el policía le dijo a su colega que disparara. Y el arma se disparó”.
El Presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la acción del policía en una declaración pública: “Quiero expresar la emoción de toda la nación y decirle a su familia todo el afecto de la nación […]. Tenemos un adolescente que ha sido asesinado, es explicable, inexcusable”. Por su parte, Gérald Darmanin, Ministro de Interior, apuntócon el dedo “imágenes extremadamente chocantes”.
En febrero de 2017, el gobierno socialista de François Hollande impulsó la Ley de Seguridad Ciudadana que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego en caso de negativa a cumplir la orden. El apartado 4 establece que los agentes podrán utilizar sus armas “cuando no puedan inmovilizar, salvo mediante el uso de armas, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte cuyos conductores no acaten la orden de detenerse y cuyos ocupantes puedan, en su huida, causar lesiones a sí mismos o a terceros”. La Liga de Derechos Humanos y numerosos diputados denunciaron la ley como una “licencia para matar”, pidiendo su derogación. El propio abogado Liénard se opuso públicamente a la ley: “Si empezamos a decir a los policías que pueden disparar a un coche que huye, tendremos más tiroteos, más heridos y más condenas a policías”.
Desde 2017, el numero de personas que han perdido la vida tras una negativa a cumplir la orden ha aumentado de modo considerable. De 17 personas entre 2002 y 2017, una media de 0,88 por año, se ha pasado a 13 personas para el año 2022, algunas de las cuales eran simples pasajeros. Las víctimas presentan dos características: son en su mayoría jóvenes, o incluso muy jóvenes, y estaban racializadas. A modo de comparación, en Alemania, sólo se ha producido una muerte tras una negativa a cumplir la orden en diez años.
El 30 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció el racismo estructural presente en el seno de la policía y la gendarmería en Francia. Su portavoz Ravina Shamdasani hizo un llamamiento a las autoridades: “Ha llegado el momento de que el país aborde seriamente de los arraigados problemas de racismo y de discriminación racial entre las fuerzas del orden”. Pocos días después, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció “el asesinato de Nahel M., de 17 años, de origen magrebí, a manos de un agente de policía en Francia” y se declaró “profundamente preocupado por la práctica persistente de la elaboración de perfiles raciales, combinada con el uso excesivo de la fuerza en el cumplimiento de la ley, en particular por parte de la policía, contra miembros de grupos minoritarios, en particular de origen africano y árabe, que con frecuencia se traduce en homicidios recurrentes, de manera desproporcionada y prácticamente impune”.
Interrogado al respecto, Laurent Nuñez, Prefecto de la Policía de Paris, nególa realidad de la situación: “No hay racismo en la policía”. No obstante, incluso el Presidente de la Republica Francesa ha reconocido la existencia de practicas discriminatorias persistentes: “Hoy en día, las personas de piel no blanca son objeto de mucho más escrutinio. Se las identifica como un factor problemático y eso es insostenible”.
Según diversos estudios, la mayoría de los agentes del orden votan a la extrema derecha. Así, según el Centro de Investigaciones Políticas de Sciences-Po (Cevipof), el instituto de sondeos Ipsos y la Fundación Jean Jaurès, el 60% de los policías y miembros de las fuerzas armadas votaron a Marine Le Pen en 2022. En 2017, el 67% de los policías activos votaron a la candidata de extrema derecha.
Un estudio realizado en 2017 por Jacques Toubon, Defensor de los Derechos y ex Ministro de Justicia con Jacques Chirac, ilustra los prejuicios racistas presentes en el seno de las fuerzas del orden y el maltrato policial a los jóvenes de los barrios populares. Así, los individuos percibidos como negros o árabes tienen “20 veces más probabilidades que los demás de ser parados” por la policía. El Defensor de los Derechos señala que el 40% de esas personas afirman haber sido tuteadas, el 21% insultadas y el 20% maltratadas durante su última parada. Otro estudio del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) subraya que “el comportamiento de la policía francesa […] puede asimilarse a la elaboración de perfiles raciales”. Christian Vigouroux, deontólogo del Ministerio del Interior, llegó a presentar en 2021 un informe de 160 páginas sobre “la lucha contra la discriminación en el seno de las fuerzas de seguridad”, en el que formulaba 54 propuestas que han quedado desatendidas por las autoridades.
Según el Derecho Internacional, “la discriminación racial es una forma particularmente odiosa de discriminación y, en vista de sus consecuencias peligrosas, exige una vigilancia especial y una respuesta enérgica por parte de las autoridades”. El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
Según Amnistía Internacional, “en Francia, la práctica de los controles de identidad está extendida y profundamente arraigada en la actuación policial, hasta el punto que fomenta una discriminación sistémica”. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la discriminación sistémica “puede entenderse como un conjunto de normas jurídicas, políticas, prácticas o actitudes culturales imperantes en el sector público o privado que crean desventajas relativas para algunos grupos y privilegios para otros”. AI agrega que “la práctica de controles de identidad discriminatorios es conocida y está ampliamente documentada”, denuncia su “magnitud” y subraya “sus efectos devastadores sobre las víctimas, incluidos niños que a veces tienen sólo 12 años”.
La Corte Suprema, el más alto tribunal del ordenamiento jurídico francés, reconoció la existencia de esta práctica en una sentencia de 2016 y subrayó que tales controles constituían una falta grave de la que es responsable del Estado.
Jean Hossam Botros Messiha, militante de extrema derecha, nacido en Egipto y nacionalizado francés a los 20 años, que sigue siendo considerado inmigrante por el Instituto Nacional de la Estadística y de Estudios Económicos del Ministerio de Economía, portavoz de Eric Zemmour durante la campaña presidencial de 2022 y partidario de la teoría racista del “gran reemplazo”, que declara que la inmigración – de la cual se benefició a los 8 años – constituye ahora “una amenaza existencial histórica para Francia”, abrió un fondo en línea a favor del policía investigado por homicidio culposo. En pocos días, el “fondo de la vergüenza”, como la han calificado numerosos observadores, recaudó 1,6 millones de euros con más de 76.000 donantes, haciendo millonario a un hombre responsable de la muerte de un adolescente, suscitando la ira legítima de la familia y la indignación de la opinión pública.
La muerte de Nahel desencadenó una explosión de cólera en toda Francia, cuya dimensión política fue minimizada por las autoridades, que prefirieron ver en estas revueltas urbanas sólo un impulso destructivo. Los sublevados tienen la sensación de que la única manera de hacer oír su voz es la violencia. Numerosos comercios y edificios públicos, principalmente en los barrios populares, fueron saqueados por jóvenes, algunos de tan sólo doce años. Se quemaron cerca de 12.000 coches y se dañaron 2.500 edificios públicos, entre ellos más de 250 comisarías de policía y más de 150 escuelas. La casa personal del alcalde de La Häy-les-Roses fue incluso atacada con un coche ariete mientras su familia estaba dentro.
La respuesta del gobierno a la agitación social ha sido puramente autoritaria y represiva movilizando a 45.000 agentes del orden, incluidas unidades de elite como el GIGN, el RAID y la BRI. En Marsella, un padre 27 años perdió la vida tras recibir “probablemente” un disparo de flash-ball, según la fiscalía. En Meurthe-et-Moselle, un joven veinteañero se encuentra en coma tras recibir un disparo en la cabeza por parte de la policía. Según las autoridades judiciales, no hay indicios de que estas dos personas estuvieran implicadas en los disturbios. Ambas eran de origen magrebí. Además, cerca de 3.500 personas fueron detenidas, y casi el 60% de ellas no tenían antecedentes penales, según Gérard Darmanin. Según el Ministro de Interior, el 90% de los detenidos son franceses. En su comparecencia ante el Senado, descartó la explicación relacionada con la identidad: “Eché un vistazo en las comisarias. Sí, hay gente que aparentemente podría ser de origen inmigrante. Pero había muchos Kevin y Matteo”.
Los tribunales, por su parte, fueron expeditivos y despiadados. A guisa de ejemplo, un hombre de 28 años fue condenado a 10 meses de prisión con orden de ingreso a una cárcel por robar una lata de Red Bull valorada en 1,15 euros. Su abogada Camille Bal declaró: “Los principales autores de la violencia son los que estuvieron ausentes en gran medida de las vistas de ayer. Los que fueron detenidos por la policía eran los que aparecieron después del delito, después de que la tienda hubiera sido blanco de los matones. Mi cliente entró en el Monoprix a oscuras, cogió una lata de Red Bull, salió y lo desplumaron como una rosa”. Para la abogada Camille Vannier, que participó en la defensa colectiva, “la justicia está completamente manipulada” por el poder político. Subraya que los jueces siguen ciegamente los requisitorios: “Es muy preocupante desde el punto de vista de la independencia del poder judicial. Órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión, órdenes de ingreso en prisión por delitos menores”. La abogada Elsa Marcel también expresó su asombro: “Las sentencias son extremadamente duras, los procedimientos son chapuceros, hay muchos escenarios en los que no se no reconocen a las personas, los informes de detención son sumamente vagos, es una justicia política”.
El 30 de junio de 2023, los dos principales sindicatos policiales Alliance Police y UNSA Police publicaron un comunicado de prensa extremadamente violento, confirmando todas las acusaciones de racismo lanzadas contra las fuerzas del orden. Los manifestantes de los barrios populares son animalizados y descritos de “hordas salvajes” y de “pestes” a las que hay que combatir, pidiendo que se utilicen “todos los medios” para ello. El comunicado amenaza también directamente al gobierno con sedición en términos apenas velados, lo que no tiene precedentes para una policía republicana cuya misión es obedecer al ejecutivo y hacer respetar la ley: “Por estas razones, Alliance Police Nationale y UNSA Police asumirán sus responsabilidades y advierten desde ahora al Gobierno que al final, estaremos en la acción y sin medidas concretas de protección jurídica de los Policías, una respuesta penal adecuada, y la puesta a disposición de medios importantes, los Policías juzgaran del nivel de consideración mostrado. Hoy, los Policías están en combate porque estamos en guerra. Mañana, estaremos en resistencia y el Gobierno tendrá que darse cuenta de ello”. En otro movimiento sin precedentes, la UNSA Education condenó públicamente el comunicado, denunciando palabras “preocupantes e insoportables”. En cuanto al gobierno, no ha tomado ninguna medida contra los autores de la declaración.
La muerte de la joven Nahel fue la chispa que encendió un polvorín social en los barrios abandonados por la República. Además del racismo sistémico, que afecta sobre todo a las personas de origen inmigrante (el 47% de los subsaharianos y el 30% de los magrebíes son víctimas), las poblaciones desfavorecidas están siendo desatendidas por los poderes públicos. Las cifras hablan por sí solas: el 7.5% de la población francesa (5,5 millones de habitantes) vive en los suburbios. El desempleo en estas zonas duplica la media nacional. La mitad de los jóvenes están en paro. Cerca del 40% de los habitantes no tienen ningún diploma, frente a una media nacional del 20%. En los barrios obreros hay casi la mitad de bibliotecas y tres veces menos instalaciones deportivas que en el resto del país. La tasa de pobreza es tres veces superior a la del resto del país (42% frente a 14,9%). Como recordatorio, hay 9 millones de pobres en Francia, de los cuales 3 millones son niños. Mientras que la media nacional es de 400 médicos por 100.000 habitantes, sólo hay 250 en los barrios populares. El 40% de los barrios obreros carece de guarderías, mientras que el número de familias monoparentales es el doble que en el resto del país (20%). En contra de la creencia popular, las transferencias sociales son menores en estas zonas: 6.100 euros por año y por habitante frente a los 6.800 euros para la media nacional. Además, estos barrios, lejos de encontrarse con respiración asistida, contribuyen más al esfuerzo nacional que el resto del país. Por ejemplo, Seine-Saint-Denis es el tercer departamento más pobre de Francia (el primero de Francia continental) de un total de 101, y el que recibe menos protección social per cápita, pese a ser el octavo contribuidor social a las finanzas públicas del país. En Seine-Saint-Denis, por ejemplo, hay 1.100 funcionarios de hospital por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 1.800 en el resto de Francia. Los gobiernos prestan poca atención a la difícil situación de estas poblaciones empobrecidas porque tienen muy poco poder político o electoral.De hecho, el 48% de los habitantes de barrios populares no votaron o se abstuvieron en las últimas elecciones presidenciales.
Es necesario que los políticos en general y el Gobierno en particular tomen medidas urgentes:
-La Ley sobre la Seguridad Ciudadana de 2017 debe suspenderse a la espera de su abrogación. Esto protegerá tanto a los ciudadanos como a los agentes de policías al volver al statu quo ante que establece un marco estricto para el uso de armas de fuego.
-Resulta imperativo que cese la negación dentro de las fuerzas del orden, las autoridades gubernamentales y los responsables políticos sobre el racismo estructural presente en el cuerpo policial.
-Hay que poner fin a la impunidad para los policías culpables de crímenes y que sean sancionados de modo ejemplar, a la altura del delito cometido. Los policías racistas, y más generalmente los que no respetan la deontología y el Código de Conducta de la profesión, deben ser excluidos del cuerpo de las fuerzas del orden.
-Los casos de violencia policial deben ser sistemáticamente retirados de las salas de audiencia locales para garantizar la serenidad de los debates – reivindicación del Sindicado de Magistratura – habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la fiscalía y las fuerzas del orden.
-Una comisión “Verdad y Justicia”, compuesta por miembros independientes, debe crearse para analizar todos los casos de violencia policial y dar una respuesta a las víctimas y sus familias.
-Se debe reformar la Inspección General de la Policía Nacional, que ha perdido toda credibilidad debido a la debilidad de las raras sanciones pronunciadas contra agentes responsables de delitos y crímenes, y componerse de personas independientes, no vinculadas a las fuerzas del orden.
-Los policías y gendarmes deben estar equipados con cámaras peatonales, lo que ofrecerá garantías tanto a los agentes como al público y permitirán mejorar la calidad de los controles.
-Los policías deben emitir un recibo por cada control para reducir la discriminación.
-El Estado debe revisar su doctrina de mantenimiento del orden y sus prácticas y métodos, con un regreso a una política basada en la prevención y no la represión. Por ejemplo, la policía de proximidad, alabada por todos los agentes sociales por su eficacia y su capacidad a establecer vínculos con los jóvenes, debe restablecerse, particularmente en los barrios populares.
-Es indispensable mejorar el salario de los policías y ofrecerles mejores condiciones de trabajo para facilitar su tarea y hacer que la profesión resulte más atractiva.
-Los aspirantes a las oposiciones para convertirse en policías deben pasar por un proceso de selección más riguroso, para descartar a los que no estén hechos para el trabajo. Del mismo modo, la policía debe asegurarse de integrar en sus rangos a personas de orígenes diversos, ofreciéndoles condiciones de trabajo dignas, libres de cualquier forma de discriminación.
-El proceso de formación también debe revisarse de arriba abajo, mejorarse y prolongarse durante mucho más tiempo, tal y como reclama la profesión desde hace tiempo (pruebas psicológicas, prueba de tolerancia al estrés, respeto de los valores de la república, etc.).
-El gobierno debe dar una respuesta política, económica y social a la cuestión de la pobreza, de la exclusión social y de la discriminación, poniendo en marcha acciones positivas ambiciosas para ayudar a las persones de los barrios populares que llevan demasiado tiempo viendo cómo los poderes públicos ignoran su sufrimiento.
Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido por muchos años un botín del que se han querido apropiar muchos. Esa apropiación no ha consistido en una acción encaminada a mejorarla sino, al contrario, a tratar de desmantelarla y ojalá desaparecerla para así, con total tranquilidad la medicina privada imponga sus reglas y se acabe la seguridad social pública en el país.
La semana pasada nos dieron a conocer detalles de cómo se han venido saqueando los recursos de la CCSS. La institución insignia de la seguridad social del país es tan robusta que a pesar de todos los embates de que ha sido objeto para destruirla sigue en pie y sigue brindando un servicio, que, aunque deficiente, mejorable.
El “plan escudo” fue un golpe bajo y casi que mortal para la CCSS. Crear de golpe 10 mil plazas para funcionarios administrativos, fue debilitar las finanzas de la institución y aumentar la burocracia.
El sistema de compras ha sido una oportunidad de corrupción y saqueo desmedido.
Los enemigos de la CCSS están dentro y fuera de la institución y hay que acabar con ellos, pero se debe tener mucho cuidado con las formas porque está muy bien que se ataque la corrupción y se despidan funcionarios corruptos, pero no deben paralizarse las obras urgentes y necesarias para mejorar las posibilidades de una mejor atención para los asegurados.
Está muy bien que se limpien y transparenten las finanzas de la CCSS, pero no está bien que se dejen de construir las obras que se requieren con urgencia en diversos hospitales del país, por ejemplo, el más nacional de todos por el área de atracción que tiene, me refiero al hospital San Rafael de Alajuela, con una área de atención de más de 750 mil personas, dos autopistas, un aeropuerto internacional, un complejo penitenciario, la zona franca más grande del país. Dejar de hacer lo que se requiere en este hospital es condenar a la población a tener pequeños servicios de salud aumentando filas y requiriendo de equipo vital.
Está muy bien que se hagan los esfuerzos por limpiar la corrupción que existe en y por medio de la CCSS y que se envíen al Ministerio Público todas las denuncias del caso, pero debe mantenerse el equilibrio demostrando que el deseo es fortalecer la institución y no quebrarla, y por ello, la necesidad de que se construyan las obras urgentes que se requieren.
Dios quiera que podamos tener un CCSS fuerte, sana, limpia de corruptos y de corrupción, fortalecida con los aportes que deben darse incluyendo los del Estado y que pueda servir a los ciudadanos por muchos años más.
No sé a ustedes, pero a mí todo este Gobierno me parece oscuro, opaco, poco trasparente, raro. Será por lo mentiroso que es.
Empezó con un presidente cuestionado y sancionado por acoso sexual en el Banco Mundial, que Chaves siempre negó, pero cuyas sanciones ahí estaban como un hecho real, grande y concreto.
Para no retroceder mucho en el tiempo, hace unos días el Presidente Chaves detuvo la construcción del Hospital de Cartago blandiendo documentos falsos de un terreno distinto al adjudicado para la construcción del hospital. Luego que agarraron al Presidente en la mentira ni se sonrojó y mucho menos se disculpó.
El ministro Nogui sustenta acusaciones de evasión en documentos que no existen, aunque afirme bajo juramento de la existencia. Miente, pero se justifica en su ignorancia.
Chaves propone un aumento considerable en la carga de impuestos incurriendo en una flagrante contradicción con lo ofrecido en campaña, pero lo excusan en que no se trata de nuevos impuestos, sino simplemente de aumentarlos. Toman del pelo a los costarricenses creyéndolos estúpidos.
Las famosas Rutas, del arroz, de la educación y otras, solo han servido para devolver favores financieros a sus amigotes o para destrozar la ya decaída educación nacional.
Alquilan y compran partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales. Como falló el partido creado por una asesora presidencial con una trayectoria más que dudosa en México, ahora compraron el partido que propuso a Greivin Moya. Detrás de todo esto hay financistas de oscura trayectoria: unos señores chinos, investigados por lavado de dinero, que primero compraron más de ¢150 millones al partido de Chaves y luego aparecen ligados también al partido de Greivin comprado por un Federico, amigo y asesor de Rodrigo Chaves. Todo muy raro, muy opaco, poco trasparente.
Comprometieron su palabra a los Rectores de las universidades públicas para el año entrante aumentar el presupuesto en un 1%, ello para contrarrestar la inflación. Nogui dice que no les pagarán y les echa la culpa a los diputados porque redujeron el presupuesto del pago de intereses de la deuda pública. Es decir, primero pagar los intereses antes que educación, antes seguridad que educación, parece ser su consigna, lo cual no es más que reproducir el círculo de la pobreza. Renegaron de su palabra, incumplieron un acuerdo solemne, pero eso, ¡qué importa!
Desde el inicio el Presidente sostuvo que la CCSS estaba quebrada y luego destituyó al presidente ejecutivo, a la junta directiva, a los más altos cargos y a todo aquel que opinara o demostrara lo contrario.
Su objetivo es procurar la privatización de importantes servicios, eliminar la universalización de la seguridad social por costosa y no pagar la deuda del Estado a la Caja. No estamos exagerando es lo que indicó ayer la señora Esquivel, presidenta de la Caja. Sino ¿qué sentido tiene decir que la universalización de los seguros sociales es insostenible? En el fondo es dejar un seguro social solo para los asalariados y el resto de la población, dos terceras partes, sin seguro y dejados al cuidado de las antiguas Unidades Sanitarias.
Ayer la señora Esquivel hizo un montón de afirmaciones que deberá sustentar y que parece que su único motivo es justificar el NO pago del Estado a la Caja. Este parece ser el motivo de fondo de este Gobierno, NO pagar lo que le debe a la CCSS. Eso es lo que está en el fondo del show montado por el Gobierno de Chaves ayer, porque de cosas positivas, de propuestas, de fórmulas para fortalecer la Caja, ninguna.
¡Qué enorme diferencia demuestra el Gobierno en cuanto a pagar los intereses de la deuda pública y pagarle a la Caja lo que el Estado le debe!
Mientras la presidenta ejecutiva Esquivel se muestra supuestamente implacable contra la corrupción, quita una plaza de médico al Hospital de Puntarenas para nombrar a la ex de Salud, Jocelyn Chacón, en un puesto burocrático en San José. Esto no tiene otro nombre más que CORRUPCIÓN y resta toda credibilidad a los aspavientos de la señora Esquivel. Para los amigotes cuchara grande, para los pobres caridad.
Hablar y seguir escribiendo sobre las torpezas y vagabunderías de Juan Guaidó raya ya en la desvergüenza. No obstante, producto de varios hechos y declaraciones recientes, nos obligan a mostrar la faceta cleptómana de Guaidó.
Hay mucha información al respecto, pero solamente recordaremos desde 2021 al 2023, cuyas fuentes son de variada índole, incluidos medios, personas y otros.
Por ejemplo, según revelaciones de la página Declassified UK, el equipo del ex diputado Juan Guaidó había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.
Pero, además, de acuerdo con una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras de gastos por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:
«Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos extranjeros».
«Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido».
«La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha».
McEvoy señala además que, los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio millón de dólares de dicho fondo.
Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex diputado venezolano, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el narcotráfico.
«El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que, en abril de 2020, la Casa Blanca, entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.
En su momento esta acción fue calificada de «vulgar saqueo» de los recursos venezolanos por parte del gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.
Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.
Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares han sido usados para «servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC». La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU.
Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para, así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington».
Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares desde marzo de 2021. La última entrega a la «Presidencia» se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a 407 mil 702 dólares.
Así mismo, en el año 2022, el diputado y miembro de la comisión de asuntos internacionales de la Asamblea Nacional venezolana, Saúl Ortega, en conversación con Sputnik, revelan algunas informaciones:
«El diputado afirmó, que Guaidó no ha estado solo en el robo de los recursos de Venezuela, pues dijo que algunos gobiernos extranjeros lo han acompañado para quedarse con las riquezas de este país sudamericano.
«El Gobierno de Colombia, el francés, italiano y español, muchos de estos gobiernos cayeron en la política de querer repartirse a Venezuela como un botín», comentó.
Las acusaciones contra Guaidó y sus aliados van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.
El Ministerio Público venezolano abrió investigación contra Guaidó e incluyó más 25 de causas entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.
También es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».
Por otro lado, en el sitio del Centro Internacional de Inversión Productiva se reseña que, «diversos analistas políticos y personalidades de la oposición venezolana (medios, periodistas, ONG) han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado “Gobierno Interino”. Se señala que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la organización criminal dirigida por Juan Guaidó.
Lo que eran rumores en voz baja se ventila ya a viva voz en las redes sociales: aparecen nombres de políticos, ex diputados, empresarios, ONGs, medios y periodistas que viven de los recursos confiscados o simplemente robados a Venezuela, en virtud del “reconocimiento político” que Estados Unidos y otros 15 países aún mantienen al ex diputado.
A las críticas que denuncian el festín de corrupción con los dineros públicos que maneja el “interinato” se suman voces independientes. El empresario de la comunicación venezolano Esteban Trapiello a través de su red social twitter publicó su propio listado de personalidades que mantienen la ficción del interinato por las ingentes sumas de dinero que ello les reporta; denuncia la complicidad de principales dirigentes políticos como: Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Luis Florido, Juan Andrés Mejía, Freddy Guevara, entre otros».
«Juan Guaidó, al igual que su grupo de supuestas autoridades, ya son conocidos en el mundo por su papel de robo y de despilfarro de los recursos de todos los venezolanos en el exterior. La ONG opositora Transparencia Venezuela en un informe criticó los hechos y expuso: “Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”. Críticas similares hizo el periodista y analista electoral opositor, Eugenio Martínez, lo que le acarreó críticas de parte de los seguidores virtuales de Guaidó».
Por su parte el medio venezolano de oposición Globovisión informa que, «El presidente Nicolás Maduro aseveró durante su mensaje anual a la nación que «la farsa de gobierno paralelo» de Juan Guaidó surgió para legitimar «el robo más grande en esta tierra desde la conquista española».
«El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este jueves que la oposición amparada por el gobierno norteamericano habría robado a Venezuela 411 millones de dólares por día, durante los últimos ocho años. «Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria».
En fin, según la periodista Narkys Blanco, «Nuevas pruebas sobre el robo de recursos del opositor Juan Guaidó revelan que durante el interinato se gastó hasta $10 mil al día. Además, contaba con una nómina de 20 mil personas, según información del politólogo, Luis Aguilar. Solo 1.090.252,53$ fueron invertidos en «Gastos de Presidencia», lo que representa una cifra nunca antes vista en la historia de Latinoamérica.
«Según el informe se usaron 2.047.746,01 en el Consejo de Administración de Gastos. 161.750,00 en Contraloría, 2.709.055,00 en la Asamblea Nacional y 851.099,96 en Cancillería.
También se reportan 4.348.430,00 fondos para la defensa de la democracia y otros 12.750.000,00 por la misma razón, para un total de 190.533.022,88″.
Personalidades de la oposición venezolana han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado Gobierno Interino de Juan Guaido.
«A principios de 2022, analistas aseguraban que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República. La cifra incluye fondos robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales.
A su vez, el partido político Avanzada Progresista denunció que el opositor venezolano, tenía un gasto diario de $9000 como parte de las actividades de su pseudo gobierno». «Además, este primer informe aseguraba que el monto destinado para los gastos de 6.000 militantes del G4 asciende a $1.500 cada uno».
Lo anterior, es solo la punta del iceberg, y un resumen apretado de los robos descarados por parte de Juan Guaido y sus compinches. En este sentido, son significativas las ultimas noticias que develan lo anterior, por ejemplo:
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confesó durante un discurso que pronunció, este sábado (10-6-2023), que durante su mandato pretendió apodarse del petróleo de Venezuela.
«Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador», manifestó Trump desde el estado de Carolina del Norte, en EEUU.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó hoy la confesión del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.
«Trump confiesa que su intención era apoderarse (robarse) el petróleo venezolano», manifestó a través de Twitter, donde respondió a un video relacionado con las declaraciones del exmandatario estadounidense.
«Todo el daño que los EE. UU. ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá (Juan Guaido), ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!, enfatizó».
Así mismo, el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, consideró que, con las revelaciones, «Trump les quita la máscara a 60 países satélites» y a quienes apoyaron al opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino de Venezuela.
«El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza!», expresó en Twitter.
A su vez, «el expresidente de Ecuador Rafael Correa también se sumó a la crítica, en su cuenta Twitter manifestó su parecer antes semejante confesión de Donald Trump,» ¡De no creer! No guardan ni las formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo? Ojalá lo entiendan los tontos útiles. ¡Gloria al bravo pueblo!».
Recientemente, Guaidó no respondió de qué vive en Estados Unidos. Durante una entrevista televisada, el político no pudo responder acerca de cómo cubre sus gastos de estadía mientras permanece en la nación norteamericana. “Yo soy ingeniero. Tengo dos postgrados», fue la única réplica ofrecida por el exdiputado. Ante la pregunta de cómo se mantiene en el extranjero; el periodista indicó: «no me creo que usted esté haciendo de ingeniero estos días».
El presentador acotó que existen muchas interrogantes acerca de su financiamiento y le consultó si recibe fondos de gobiernos u organizaciones en el extranjero, a lo que el político respondió que «recibir fondos es ilegal», sin revelar mayor información sobre su financiamiento.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS y exmagistrada suplente de la sala constitucional, nos explica el motivo de la consulta.
1- Contrata al señor Allan Quesada Soto, economista, en un puesto de confianza, con un pequeño detalle, parece que estuvo solo por más de 5 meses incorporado al colegio profesional como requisito obligatorio para ejercer en el sector público.
Resultado: unas penosas declaraciones en la Nación, se me “chispoteó” dijo el asesor. ¡No pasó nada!
2- El señor Adrián Torrealba Navas, Directivo de la CCSS, abiertamente en contra con la figura de los trabajadores independientes, según parece con una deuda millonaria (antes, porque ahora es menos) se beneficia, participa supuestamente en comisiones financieras con la Gerencia Financiera para impulsar propuestas que lo favorezcan, según parece, opina en actas del tema recurrentemente.
Por cierto, la Dirección Jurídica planteó que debía inhibirse de hablar del tema y nada pasa.
Resultado: Invitado especial a foro de trabajadores independientes de la CCSS, y no se identifica un “conflicto de interés”.
3- Carolina González Gaitán, directora Actuarial, Ing. Susan Peraza Solano y el Lic. Allan Quesada Soto: modifican un informe presentado por un equipo inter gerencial, indican que la CCSS está en una situación financiera crítica.
Un equipo técnico deja en evidencia la movida y por eso sale a la opinión pública y se desata otra etapa más de la evidente persecución laboral y política contra esos funcionarios, ahora en la lista negra por contradecir la narrativa del presidente y de doña Marta Eugenia Esquivel.
Por cierto, deseamos ver si el señor Daniel Muñoz Corea, asume una postura objetiva y coincide en que pueden existir informes alterados que dinamitan la reputación institucional de la CCSS.
Resultado: Normalizan cambiar informes sin participar a los actores, normalizan que la CCSS está en quiebra y se premia a estos funcionarios con apoyo para seguir actuando de forma aparentemente ilegal.
4- Nombran a la Arq. Katherine Mac Courtney Illanes del Hospital México como Gerente de Infraestructura y tecnologías en forma interina, por sustituir a uno que le dijo al presidente: “estás equivocado”, la compañera nunca ha tenido experiencia de jefatura, según investigó la nación.
Resultado: Renuncia al puesto porque Diego Bosque, periodista de la Nación la hace caer en cuenta que no cumplía los requisitos para asumir el puesto.
¿Quién la recomendó? ¿Quién validó? Parece que eso no se hace ahora.
5- El Dr. Marino Ramírez Carranza, en su calidad de Gerente Médico firma una resolución administrativa ( que ya circula en redes), donde parece violentar todos los procedimientos institucionales para el nombramiento de funcionarios, y designa a dedo a la Dra. Joselyn Chacón Madrigal, ex Ministra de salud, con un nombramiento evidentemente político en la Dirección Central Norte y así le abre carrera para » ascender» a un hospital nacional o cuidado sino más arriba en la sillita de la Presidencia Ejecutiva.
¿Quién va a investigar? ¿La Auditoría Interna parece estar bailando el ritmo de las autoridades superiores?
¿Quién defiende a la CCSS?
Resultado: continuidad como Gerente Médico, cumplir las órdenes superiores. Debilitan el hospital Monseñor Sanabria para fortalecer una unidad administrativa.
¿Este es el Gobierno que lucha contra la corrupción?
Son incógnitas que no se resolverán pronto, pero sigamos luchando por la Caja y con vehemencia decimos: “La Caja se defiende” y un diálogo social por la Caja debe incorporar urgentemente a otros actores más allá de los sindicatos y sobre todo garantizar el cese inmediato de un proceso en desarrollo que busca hacer implosionar la Caja desde adentro, lo cual en principio le resta credibilidad a ese proceso.
*Dirigente Sindical CCSS Trabajador Hospital San Juan de Dios, Servicio de Cirugía Ambulatoria Cédula 1 0669 0465
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
