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Etiqueta: corrupción

Servidor público sin poder servir…

Miguel Ureña Cascante

Servidor público sin poder servir…sometido a cargas de trabajo que no permiten planificar adecuadamente el diario quehacer, sometido al reproche social porque ahora resulta que los impuestos que algunos pagan es lo que permite que mi salario llegue cada quincena basado en un estatuto que data de 1949 y no permite que se ajuste con la realidad nacional.

Servidor público deficitario y carente de motivación porque muchos jefes piensan que lo que está al frente es un privilegiado, y los que están por encima, piensan que son máquinas que se incorporan a un grupo de funcionarios llamado sindicato, y esto, ya es un problema porque empieza a exigir derechos y garantías que sólo las argollas tienen y resulta una amenaza porque ya no es sólo él:.son varios acuerpándolo.

Es un servidor público que debe adaptarse al sistema… las argollas predominan y serán los más calificados para ascender. Ellos serán los perdedores…los que suplen nuestros objetivos los mantendremos a la distancia, no estudian, no aportan, los inteligentes son otros tipos de servidores que tienen acceso a la toma de decisiones y tienen cientos de subalternos, y ellos, se catalogan como ejecutivos a quienes se les aprueban leyes, pero nunca en favor del servicio público que usted se merece.

Esas leyes van en deterioro y hacia reducir la planilla de servidores públicos que usted requiere, por eso no se podrán contratar más servidores en salud ..no se podrán contratar más servidores en seguridad (los que ya entraron los exponen al narco con rifles chochos), no se contratarán más servidores en educación; en general, no se contratarán más servidores porque “los que hay son muchos y son una carga” para el Estado.

Es decir, ya ser servidor es excluyente de la tierra que le da sustento. No somos ya parte del Estado… ser servidor público es carecer de sensibilidad ante tanta demanda porque si se le asigna un trabajo debe cumplirlo sin importar la limitación de recursos a que se expone.

Ser servidor público es no contar con derechos universales … ser servidor público se sataniza tal cual delincuente…ser servidor público es menos que el delincuente entre rejas porque a ese lo alimentan y conceden derechos, mientras que el servidor público debe ganarlos.

Ver un servidor público le desagrada a muchos burócratas… pero ser servidor público hoy es distinto de ser servidor público antes, porque muchos se sirvieron del servicio público.

Ser servidor público hoy es estar inmerso en un mundo de cabezas pensantes que justifican sus salarios con simples reuniones mensuales.

Por eso, si usted ve un servidor público hoy …verifique su nivel y quizás ahí podrá discernir qué tipo de servidor público es.

Recuerde que los diputados son servidores públicos, el presidente y sus ministros también…

Estos llegan a dirigir un país por delegación democrática, de tal manera, debemos tener más cuidado por quien votamos…serán servidores públicos, quizás, o se servirán con su consentimiento.

La chispa

Manuel Delgado

Pocas veces el país ha estado enfrentado a un peligro tan determinante como la pretendida Ley de Empleo Público.

Es un adefesio jurídico; es un adefesio político, pero, sobre todo, es un adefesio moral.

Lo primero que llama la atención es que se le propone como una medida para ayudar a paliar la crisis fiscal y el déficit público. Pero la justificación económico-financiera no está ni medianamente clara. El gobierno dijo al principio que la ley iba a ahorrar un equivalente al 1,5% del PIB. Nunca dijo de dónde salió ese cálculo, pero más el Ministerio de Planificación estimó ese ahorro en una cifra situada entre un 0,6 y 0,9% del PIB. Ahora que se desvincularon de ella el Poder Judicial, las Universidades, las municipalidades y, al menos en parte, la Caja, ese mal llamado ahorro posiblemente sería muchos menos. Pero nadie ha dicho cuánto.

En los aspectos económicos ahondaremos más adelante, pero ahora quiero referirme a lo más aterrador de esa ley, que es el llamado Sistema de Gestión del Desempeño que le da al ejecutivo poderes absolutos sobre cuerpos y almas.

Se trata de darle a MIDEPLAN el poder rector sobre el empleado público, la posibilidad de determinar a quién se contrata y a quién se despide prácticamente sin cortapisas.

Para ello se le dota de una guillotina: los empleados públicos pueden ser despedidos con dos calificaciones anuales de menos del 70%. Los motivos de esa calificación son tan abstractos, que se le da al jerarca el poder omnímodo de echar sin responsabilidad patronal a los empleados que no le conviene a la administración o al partido de turno. O a él personalmente. Por supuesto, ya sabemos que los primeros que irán para fuera son los activistas sindicales.

Ese poder ilimitado de la administración, me decía una activista, alimentará el acoso laboral pero sobre todo el acoso sexual, porque los empleados y empleadas saben que tienen que estar bien con los jefes si quieren conservar sus puestos.

La ley le da a ese ministerio, además, potestades de adoctrinamiento de su mano de obra de manera ilimitada: formarán a los empleados de acuerdo con los intereses del grupo o grupos en el poder. Es lo que se conoce como Estado corporativo. Por cierto, esos grupos de poder y los partidos que los representan han dejado mucho que desear en materia moral como para que pongamos en sus manos tanta responsabilidad.

Todos queremos una administración pública más eficiente, pero ese proyecto no lleva como fin lograr esa meta. Muy al contrario: logrará un estado más autoritario, menos participativo, con jerarcas de más poder y, por tanto, un sistema más propenso a la corrupción.

Nosotros tenemos una excelente institución en materia de manejo del sector público. Es el Servicio Civil, creado por impulso de los trabajadores precisamente para frenar la práctica del clientelismo, que cada cuatro años cambiaba despedía a unos y contrataba a otros según la bandera del partido vencedor en las elecciones. Estamos a un tris de volver a esas prácticas de los años treintas y cuarentas.

Lo que hay que hacer es limpiar esa institución, e impulsar el control desde abajo, desde las asociaciones de beneficiarios, de pacientes del seguro, de clientes de los bancos, de abonados a los servicios de agua y luz, de estudiantes y padre de familia, de los ciudadanos corrientes. Precisamente la solución somos nosotros, los que financiamos ese aparato y no tenemos ningún poder en esas instituciones.

Transparencia, Democracia y Poder Popular

Luis Ángel Salazar Oses

Sin transparencia no hay democracia y el deber ineludible del Pueblo digno y empoderado como debe ser, es exigirla siempre, tanto en las instituciones públicas como en las privadas pues a ambas las mantiene y soporta constantemente con sus esfuerzos y recursos. «La verdad os hará libres» decía sabiamente Jesús de Nazaret, fuente fundamental de valores éticos y morales. En cambio, los dictadores, los corruptos, los cobardes los enemigos de la Humanidad y de la Madre Naturaleza, temen y aborrecen la verdad y a sus defensoras y defensores como el diablo a la cruz, como los vampiros a la luz, como los genocidas mercaderes de la guerra y la muerte a la paz, como los maleantes a la justicia.

La demagógica exigencia de «lealtad hacia la institución», no es más que un sucio subterfugio de las argollas mafiosas hegemónicas que dirigen esas instituciones, para obligar a sus subalternas y subalternos a callar a fin de seguir realizando impunemente todo tipo de chorizos para su único y personal beneficio.

Un honesto jerarca al servicio del Pueblo debe más bien exigirle a las y los empleados denunciar incluso cualquier sospecha de malversación de los recursos públicos que allí se manejan. Deben premiar a las y los trabajadores que honestamente defienden y practican la transparencia y la excelencia laboral pues, repetimos, su deber fundamental es servir al Pueblo como soberano que es de toda auténtica Democracia.

Quienes defienden la verdad y la transparencia, la honestidad y la decencia, es decir la vida, son las y los imprescindibles, las y los indispensables, las y los ejemplares e inmortales. En cambio, quienes defienden la mentira y la opacidad, la deshonestidad y la matráfula, es decir, la muerte, son las y los efímeros, las y los breves que van raudos, como ejemplos de odiosos antivalores, al basurero de la vergüenza de la Historia.

Hoy el Pueblo que a fuerza de golpes por dicha ha despertado, se informa -estudia-, se une, se organiza, se empodera, se moviliza y rápido se va convirtiendo en Poder Popular (artículo 9 constitucional), pues es el real dueño de nuestro país, debe proteger, ensalzar e imitar a quienes defienden la verdad y la transparencia en todos los campos, en especial en nuestras instituciones públicas.

Dejémonos de pendejadas, de «nadaditos de perro», es el momento de definirnos, comprometernos y sobre todo actuar en pro de la verdad, la transparencia, la auténtica justicia, la real democracia, la Humanidad y la. Naturaleza.

De pie valientes y libres ya o, de rodillas, cobardes y esclavos siempre. Usted escoge.

Desafíos de la cobertura periodística, en los casos de corrupción de Costa Rica

El Sindicato Nacional de Periodistas invita al Foro “Desafíos de la cobertura periodística, en los casos de corrupción de Costa Rica” el día jueves 12 de agosto de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en modalidad virtual, se contará con la participación de:

  • Licda. Vilma Ibarra Mata
  • Licda. Hulda Miranda Picado
  • M.Sc. Guillermo Acuña González
  • Dr. Gustavo Róman Jacobo
  • M.Sc. Luis Sáenz Zumbado

Modera: Dra. Beatriz Pérez Sánchez

Se podrá sintonizar por medio de Facebook Live @sindicato.nacionaldeperiodistas

Manifestación de movimiento Despojados de Aldesa

SURCOS comparte la siguiente información:

El 07 de agosto se llevó a cabo una manifestación por parte de las personas que fueron despojadas de Aldesa. Ésta se llevó a cabo frente al Condominio Valle de Tamarindo donde vive Javier Chaves, propietario de Aldesa. El contexto de esta manifestación tiene su origen en el caso de corrupción Aldesa, en el que Ministerio de Hacienda permitió desde el 2015 que este grupo acumulara deudas por 2,463,034,623.85 de colones, y que entre 2016 y 2017 el monto cancelado fue únicamente de 297,832,659.85 de colones, adeudando todavía 2,165,201,964 de colones.

Las deudas con los proveedores, los inversionistas costarricenses indefensos y con el Estado, suman entonces alrededor de 140 mil millones de colones. Se han hecho cálculos y para efectos de comparabilidad, con estos recursos alcanzan para 18.600 bonos de vivienda o para 334 mil becas de Avancemos o recarpetear más de 1500 kilómetros de las redes viales nacionales, aproximadamente.

Para conocer más del caso Aldesa, le invitamos a ver la transmisión en vivo que se realizó en la red social Facebook CR 506:

https://www.facebook.com/CRR506/videos/830757381133909

Adjuntamos también algunas aproximaciones de Luis Fernando Chacón Monge sobre el caso Aldesa: 

https://www.facebook.com/dipchaconmonge/videos/268699724650917

Adjuntamos algunas fotografías de la manifestación:

 

Enviado a SURCOS por Flora Fernández Amón.

Es el momento de la ciudadanía

La ausencia de responsabilidad con la que han asumido los jerarcas institucionales, la tarea encomendada por una población que con esperanza ha concurrido a los procesos electorales para escogerlos como sus representantes, tiene a Costa Rica en una encrucijada.

Peor aún, son claras las intenciones de querer establecer un estado autoritario, justificado en una campaña del miedo con el pretexto de la emergencia sanitaria, para satisfacer sus gollerías.

La corrupción y la impunidad, que se quieren establecer como cultura dominante, llevaron al presidente a decir: “para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor”, tratando de explicar la actuación de su más íntimo asesor.

Lo que no quiso decir, fue, que para que no haya corrupción, debe haber transparencia, rendición de cuentas, evaluación de resultados y sobre todo mucho diálogo, como lo establece el Art. 11 Constitucional, porque “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad”.

La corrupción y la impunidad, tienen a Costa Rica en una encrucijada, los efectos sindémicos del Coronavirus, han servido para que un grupo inescrupuloso de empresarios, protegidos por una pequeña mafia de la función pública, se enriquezcan obscenamente más, a costa de empobrecernos a todos.

Muy a pesar de ellos, vamos a levantarnos, salir adelante, reconstruir la economía, llenarnos de esperanza, dichosamente las personas honestas y decentes de la ciudadanía y la función pública, somos más.

Desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, hacemos un llamado a salir al frente, a encontrarnos, a reunirnos para establecer lo que este país necesita, a vencer el miedo y demostrar que en cada uno de nosotros existe la capacidad, la inteligencia y la solvencia moral, para poner en su lugar a quienes creyeron que, al nombrarlos representantes para un puesto, perdimos nuestro poder constitucional, ¡¡¡¡se equivocaron!!!!

¡¡¡¡NO LES TENEMOS MIEDO!!!!

Debemos cumplir el Mandato Constitucional establecido en el Art. 9 de asumirnos como El Soberano, cada uno de nosotros es dueño del poder y debemos ejercerlo y hacerlo valer.

Estamos dispuestos a reunirnos con ustedes, en el momento que nos convoquen, en su casa, en su barrio, en su empresa, deben llamarnos al teléfono 8769 8714, para transmitir nuestra experiencia y nuestra Metodología para hacer valer el poder que constitucionalmente poseemos.

También pueden colaborar económicamente por Sinpe, al teléfono 8604 1431, para fortalecer esta campaña de divulgación y organización.

Carlos Campos Rojas
8 de agosto de 2021

 

Compartido con SURCOS por Hernán Alvarado Ugarte.

Es el modelo económico, dice el director del OIJ

Óscar Madrigal

El día de ayer participé en un programa de radio llamado “Alternativas” sobre el tema de la criminalidad en el país. Resumo algunas ideas que expuse.

Hace unos tres días el director del OIJ, Walter Espinoza, decía en una entrevista en La Nación:

“Recientemente el Informe del Estado de la Región reveló que Centroamérica bajó sus índices de homicidios durante la última década con excepción de Costa Rica, que se mantiene con niveles similares al 2010.

De acuerdo con Espinoza, el enfrentamiento entre bandas narco locales, sumado a problemas de índole social como pobreza, desempleo, desigualdad, falta de oportunidades y poca distribución de la riqueza, hacen que la tasa nacional de homicidios no disminuya”.

El director del OIJ es consciente que el actual modelo de desarrollo económico que genera desigualdad, pobreza, desempleo, injusta distribución de la riqueza es también la causante de que los delitos, por ejemplo, de homicidios, no disminuyan.

Los estudios sobre la criminalidad también han demostrado que la delincuencia no es un problema de los pobres. Otras naciones mucho más pobres que la nuestra, muestras índices menores de delitos, como por ejemplo los homicidios.

Sin embargo, los partidos políticos que han gobernado en las dos últimas décadas han enfrentado el problema de la criminalidad solo desde la perspectiva de un derecho penal autoritario, aumentado las penas y los delitos desde mediados de los años 90, sin que esta política haya producido ningún beneficio. Solo ha aumentado el autoritarismo sin beneficio para la sociedad.

Las clases dominantes creen que las leyes penales resolverán problemas sociales, cuando es evidente que las leyes por sí solas no resuelven los problemas de la sociedad, lo que solo se logra con políticas públicas dirigidas a enfrentar las causas de la criminalidad. Sin embargo, las actuales políticas de austeridad, de recorte a los programas de atención social que impulsa el actual Gobierno, solo agudizará la criminalidad del país. Además, las leyes anti-huelgas, la criminalización de la protesta social, junto a las políticas autoritarias del proyecto de Empleo Público, se orientan a crear un sistema político cada vez más autoritario y, por tanto, menos democrático.

Costa Rica ha pasado a ocupar el top de los países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial, y ahora también a estar entre los primeros 5 lugares del continente con la mayor cantidad de privados de libertad por habitantes y con el mayor índice de mujeres privadas de libertad de Centroamérica.

Se sabe también que las cárceles no resocializan a esas personas, las cuales por lo general se encuentran hacinadas y violándose en muchos casos sus derechos humanos.

A lo anterior debe agregarse que la aplicación de las leyes, lo que llamamos la justicia, no parece operar de la misma manera para todas las clases sociales. Los escándalos de corrupción no terminan en juicios o sentencias, sobre todo cuando se trata de personas adineradas o pertenecientes a las clases poderosas económicamente.

Las estadísticas así lo indican: de todos los casos denunciados por corrupción solo el 20% van a juicio después de 3 o 7 años; de los que van a juicio solo el 7% terminan con sentencia y solo la mitad de ellas en sentencias condenatorias. Pero lo más llamativo es que se trata de casos “menores” como el tráfico que pide una “mordida” o el funcionario municipal una “comisión”. Los grandes actos de corrupción que involucran a los miembros de los clanes poderosos económicamente no aparecen nunca juzgados.

La llamada clase política, por otra parte, está carcomida por la corrupción. Casi todos los partidos políticos han sido condenados por estafa o están siendo acusados por estos delitos: el PLN, el PAC, el partido evangélico de Justo Orozco, el PASE de Oscar López, el Libertario de Otto Guevara, el partido del doctor Hernández, el PUSC y muchos otros. De igual manera, prácticamente todos los expresidentes han enfrentado acusaciones por corrupción por casos como Alcatel, Caja, la Trocha, Cementazo, Cochinilla y otros.

La corrupción de los políticos produce una degeneración en la sociedad porque hay muy pocos referentes y porque la ética en la función pública parece no importar o importar bien poco, como el caso por ejemplo de Figueres. Ese es el mensaje equivocado que se dirige a la ciudadanía sobre los valores y la virtudes de los políticos.

Los componentes de orden social hacen que la criminalidad no descienda en Costa Rica, como lo afirma el director del OIJ. Es necesario, consecuentemente, cambiar el modelo de desarrollo económico, el modelo de acumulación de capital como dirían otros, que está generando o produciendo esos problemas.

En términos generales, solo una democratización de nuestra vida social, económica y cultural podrá disminuir y enfrentar acertadamente la creciente delincuencia nacional.

Una fiscalía general para una Costa Rica convulsa

Foro de Justicia invita al foro virtual “Una fiscalía general para una Costa Rica convulsa” a realizarse el 18 de agosto del 2021 a las 4:00 p.m., en donde se reflexionará en torno a la próxima elección. 

Costa Rica atraviesa uno de los escándalos de corrupción más complejos de su historia reciente, en medio del cual el Ministerio Público ha sido cuestionado por su efectividad e independencia. En este contexto, la Corte Suprema de Justicia abrió el concurso para el cargo de la Fiscalía General, y con ello inicia uno de los procesos de nombramientos más relevantes para la administración de la justicia. ¿Cuál es el perfil idóneo de la persona que ocupe la Fiscalía General? ¿Qué criterios técnicos e internacionales deben guiar su selección? ¿Cómo asegurar que se alcancen los máximos estándares de publicidad e involucramiento de la ciudadanía?

El Foro de Justicia le invita a conversar al respecto con especialistas nacionales e internacionales.

Se trasmitirá por medio de Facebook Live ForodeJusticiaCR

Enlace de la invitación: https://www.facebook.com/events/362582005357120/?ref=newsfeed

Sobre la ampliación de la ruta 32

SURCOS comparte la siguiente información:

Después de una reunión que se llevó a cabo en Hotel Suerre se concluyeron algunos puntos sobre el caso de corrupción de la ruta 32, por lo que se conoce que tanto CHEC como Conavi no coordinan nada y que entre ambas instituciones no hay comunicación. Que hay incertidumbre sobre el destino del dinero de la Ruta 32, hasta el momento no se tiene cuánto dinero era, ni quien ordenó el traslado de fondos, mucho menos a qué manos fue a parar.

Además CONAVI expone que en el contrato original se establece que la empresa CHEC es la responsable de reconstruir los puntos viejos, sin embargo, esta institución responde que eso no es cierto, que no hay fondos para expropiar ya que ese dinero algún jerarca del MOPT ordenó trasladarlo a otros proyectos en otras partes del país.

En medio de ese debate también se expone que la empresa CHEC solicitó una carta para mayo de 2022 en donde CONAVI acepta que las obras están al día y que este organismo estatal corrupto se niega a aceptar esa carta ya que no es cierto que haya tal avance.

Los diputados de Asamblea Legislativa, alcaldes, dirigentes provinciales, conocen la situación desde hace mucho tiempo pero se han quedado en silencio pues no tienen la determinación para organizar las protestas que como sociedad se deben hacer.

Ahora que salió todo a la luz la situación es de incertidumbre, ya que esta ampliación es un desastre, nadie sabe cuándo se terminará la construcción, incluso nadie sabe a ciencia cierta si ese proyecto se terminará algún día, y que a la luz de los hechos le tocará al pueblo golpear la mesa, salir a la calle aunque algunos se asustan y obligar al presidente Carlos Alvarado intervenir, pese a que se convocó a este, a algunos ministros y a JAPDEVA a reunión para discutir el tema que personal de la Municipalidad de Pococí y ninguno acudió.

Adjuntamos algunas fotografías de esta reunión llevada a cabo en el Hotel Suerre:

Reunión en el Hotel Talamanca sobre caso de ampliación de la ruta 32

SURCOS comparte la siguiente invitación:

El señor Orlando Barrantes, dirigente del Bloque de Vivienda y del Movimiento de Trabajadores y campesinos (MTC), invita a la reunión que se está llevando a cabo en el Hotel Talamanca sobre el caso de corrupción sobre la ampliación de la ruta 32, pues el pasado 15 de julio representantes de CONAVI y de CHEC estuvieron en otra reunión en el Hotel Sierra con representantes civiles de la provincia de Limón, en el que hubo discordia entre ambas partes, pues CHEC no está dispuesto a debatir sobre sobre este caso en presencia de CONAVI.

Adjuntamos el video oficial: