Etiqueta: corrupción

Bolivia, el Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, Corrupto y Próximo a ser Juzgado

Escrito el 10/11/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.

Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.

Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.

Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.

Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.

Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico

Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.

El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.

Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.

Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.

La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».

Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.

A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.

Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.

Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.

Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.

No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.

Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.

Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.

Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.

Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/

Anarquía ambiental y negocios

Escrito el 04/11/2020. Publicado en Madre Tierra.

Limón, 2 de noviembre de 2020

Licda. Emilia Navas Aparicio
Fiscala General, Ministerio Público

Estimada señora fiscala general:

Tal y como le expusimos, la anarquía impera en los centros de rescate a nivel de la región Caribe. Igualmente, debemos de agregar que en nuestra región se han drenado miles de hectáreas de humedales de yolillo para ampliar la frontera agrícola, a vista y paciencia de un inoperante Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) que, únicamente reacciona a gestión de parte, olvidando aspectos básicos de planificación y gestión.

Tan grave como lo anterior, tenemos la incesante lluvia de biocidas y plaguicidas que día a día recibimos por parte de actividades agroindustriales mal reguladas por el Ministerio de Salud, que hace interpretaciones antojadizas del reglamento para las actividades de Aviación Agrícola, en detrimento de la ley y la calidad de vida de miles de sencillos pobladores, que a su vez son trabajadores de empresas bananeras, a los cuales ni siquiera se les respeta los estándares internacionales sobre retorno a las plantaciones bananeras después de la aplicación de los productos químicos, lo cual es absolutamente abusivo para ese importante sector de trabajadores, que son extranjeros en algunos casos, lo que quizás favorece la comisión de estos abusos.

Los reglamentos y leyes ambientales que conforman nuestra normativa no cuentan para dicha población, debido a una corrupta casta de inspectores del Ministerio de Salud, que privilegian los intereses de los empresarios bananeros por encima del bienestar común. Los ejemplos abundan en casi todos los cantones bananeros de nuestra región Caribe, en las cuales existen barreras arbóreas naturales que no contienen el desplazamiento de los productos químicos (la llamada deriva), como consecuencia de los fuertes vientos que imperan en nuestra zona.

En ese mismo orden, tenemos enormes diques construidos en su mayoría de manera ilegal o al amparo de decretos de emergencias ya caducos o inaplicables, por empresas bananeras en los cantones de Limón, Matina, Siquirres y Sixaola, generándose un ilegal negocio para un reducido grupo de empresas allegadas a CORBANA, a la Dirección de Obras Fluviales, la Comision Nacional de Prevención y Atencion de Emergencias (CNE) y JAPDEVA, instituciones todas que tienen por norma reconstruir diques que fueron construidos ilegalmente, librando así de toda responsabilidad a algunos conocidos empresarios de la región, que usualmente cuando se ven afectados por inundaciones generadas por las mismas obras empíricas que han edificado (muchas veces dentro de la ripa y cauces de dominio público), entonces encuentran muy pronto amparo en las instituciones supra citadas, lo cual constituye claramente un asalto «legalizado» a la hacienda pública. Los ejemplos y las pruebas abundan, a la espera de un acucioso esfuerzo de coordinación entre las fiscalías Agrario Ambiental y de Probidad.

Adicionalmente, en el cantón central de Limón, se está impulsando el precarismo y ocupación de zonas de recarga acuífera a vista y paciencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA).

Estimada señora fiscala general: esta es una pequeña muestra de la anarquía y la corrupción que impera en nuestra región, que es una de las que ostenta los más bajos índices de desarrollo, lo cual ha venido sucediendo de manera ininterrumpida por décadas, todo lo cual nos impone el deber de solicitarle muy respetuosamente, se sirva interceder en favor de nuestra gente, aras de la institucionalidad y los derechos humanos ambientales de quienes no son atendidos como en derecho corresponde.

Ruego proceder de conformidad, asignando un funcionario o funcionaria que ponga un alto a los abusos antes indicados, estableciendo plazos y cronogramas de cumplimiento.

Gracias y saludos,
Marco Levy

Imagen ilustrativa: Fecon.

Carlos Mesa: avaro, corrupto, inepto y autócrata

Escrito el 17/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa, al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y mayo de 2005, por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana, y apenas pudo mantenerse en el poder por un año y siete meses. Pasados 14 años desde que renunció, ahora, quiere una segunda oportunidad.

Al expresidente, en este momento, y quizás nunca, no le han movido razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre 2019, una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”.

Considerando además que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2020, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial. Realmente son 20 millones de dólares.

Para estas elecciones 2020, su reputación se mueve en medio de denuncias y reproches añejos, no solo del oficialismo, sino también de los sectores más radicales de la oposición boliviana, por presuntas ganancias ilícitas y corrupción.

Según algunos allegados a su perfil, desde joven simpatizó con las medidas neoliberales de ese entonces, como la privatización de las empresas bolivianas; se entusiasmó con el discurso reformista y modernizador, y por eso terminó sumándose al proyecto político del exitoso empresario minero y jefe del partido de mayor poder en Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada; finalmente se enamoró de las medidas de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social. Se asegura que de verdad creyó en las políticas ejecutadas en la década del 90, y que terminaron en la crisis social y económica de principios de siglo en Bolivia.

En realidad, durante su breve ejercicio en el poder, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo Morales.

Organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero aquello estuvo lejos de zanjar la principal demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas.

Tampoco pudo apaciguar el país cuando anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La controversia sobre qué hacer con los campos de gas se mantuvo hasta el último día de su mandato, cuando el Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz y cercada por organizaciones sindicales.

En general, su gestión se caracterizó por dificultades económicas que atravesó el país mientras él fue presidente. Si algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones, contradicciones e indecisiones. Fue catalogado como un mal presidente y ahora es un mal candidato; así que piensan que actualmente arrastra una gran frustración política.

En cuanto a su personalidad y actitudes, siempre ha sido aliado y apoyado por la clase media boliviana, esa clase media que se identifica y apoya el pensamiento neoliberal, que políticamente expresa un racismo que aplastó por siglos saberes y formas de reproducción cultural de los pueblos originarios, nunca ha aceptado que un indio pueda ser presidente de Bolivia, ni que pueda gobernar con resultados concretos de reducción de la pobreza y nacionalización de las riquezas naturales, que por siglos solo beneficiaron a una minoría de la población. Si ese segmento de la clase media boliviana pudiera, y si la ciencia lo permitiría, ella borraría el color de su piel morena, para ser todos blancos, altos y hablantes del inglés, como alguna vez ya lo expresó una Miss Bolivia.

La clase media boliviana que apoya a Carlos Mesa, quiere para el 18 octubre tener un presidente que no sea un indio; que no sea un Quispe, sino un noble brillante, un mestizo que con una sonrisa de mendigo entregue de nuevo el país a los patrones estadounidenses, un oportunista que ya anunció que pedirá a Washington el envío de un virrey embajador.

En una entrevista a la Deutsche Welle, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales” en aquel momento, afirmando en un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el poder.

Pero lo cierto es que Mesa, obedece las órdenes que vienen de Estados Unidos; carente de principios, es la veleta presta a girar hacia donde los vientos de la conveniencia soplen.

Más allá de una lectura de izquierda o de derecha, existen hechos concretos que demuestran la falta de cualidades éticas, la ausencia de honestidad intelectual, y una clara conducta de mercenario político en las acciones de Carlos Mesa.

Una declaración infeliz suya en diciembre 2017, es reveladora de su obediencia a EEUU, Mesa repite el libreto aplicado contra el gobierno de Venezuela, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había logrado una victoria contundente en las elecciones municipales. Este resultado mostró la bancarrota de la oposición apoyada por Estados Unidos y fue señal de que Maduro ganaría en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Esta situación hizo que la oposición venezolana decidiera boicotear esos comicios presidenciales, lo que sirvió para que más tarde se declare “ilegítima” una elección donde la oposición sabía que sería derrotada.

Declarando, que “no va a regalarle (a Morales) la elección como los venezolanos se la regalaron al chavismo”. Una declaración superficial que implicaría que todos los venezolanos conformaban la oposición a Maduro. Siguiendo el libreto preparado para el mestizo aspirante a presidente, sin presentar prueba alguna, éste afirma sin empacho que “el fraude se está consumando”.

Mesa sabe que va a perder las elecciones y busca ahora posicionarse para las maniobras que vendrán, siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela. Después del 20 de octubre, es muy probable que, tras una posible derrota, Mesa se autodeclare “presidente de Bolivia”.

La falla ética más grave, que lo descalifica como posible mandatario, es el haberse negado a apoyar las demandas de justicia de parte de los familiares de los más de 60 bolivianos asesinados en la ciudad de El Alto, hace 16 años, por órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003 y del cual Carlos Mesa era el vicepresidente.

Pese a los insistentes pedidos de parte de abogados bolivianos, de los familiares de las víctimas, de los abogados en Estados Unidos para que preste declaración ante la justicia de ese país para esclarecer responsabilidades sobre esas muertes; pese a que se le ofreció declarar desde Bolivia en apoyo a la causa de los caídos en defensa de los recursos naturales para los bolivianos, Mesa se negó a ello.

Fue el silencio cómplice de Carlos Mesa con los responsables de esos crímenes que se tradujo en la reversión de ese fallo, negando a las víctimas de esos crímenes, y a los bolivianos, el derecho a la justicia.

El lunes 28 de octubre 2019, en un mitin en la Zona Sur de La Paz, que reúne a barrios de clase media, Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, declaró teatralmente “o voy preso o voy a la presidencia”, en ese instante quedó clara la visión de mundo de un candidato pequeño burgués que, con aires señoriales, se declara llamado por la historia a ser presidente del país, aunque los votos en las urnas digan lo contrario.

Carlos Mesa, educado por los jesuitas y que conoció a Luis Espinal, ha olvidado o no ha entendido el legado de lucha honesta, comprometida y solidaria que nos dejó ese sacerdote y periodista asesinado por los esbirros del general Luis García Meza en 1980.

Poco antes de su muerte, Espinal escribió un texto: “No queremos mártires”, que, leído hoy, explica la miseria intelectual, la mezquindad colonial y la falta de cualidades de Carlos Mesa como actor político. “El país no necesita mártires, sino constructores… El mártir es un personaje vistoso, demasiado emotivo; es el último refugio para los ‘héroes’ revolucionarios, sobre todo si proceden de la pequeña burguesía”, escribía Espinal con gran lucidez.

¿Cómo traiciona Carlos Mesa a Luis Espinal? Aquel principio cristiano, del ama a tu prójimo como a ti mismo, que el jesuita boliviano supo encarnar hasta el final de su vida, no ha sido comprendido por el católico Carlos Mesa. El candidato golpista y con aspiraciones de mártir se niega a reconocer la humanidad del indígena boliviano. Y lo hace negándose a reconocer ese voto indígena, que vale tanto como el de un mestizo de clase media de la zona sur de La Paz o del barrio Equipetrol en Santa Cruz.

En algún momento declaró que: “se siente orgulloso de la inclusión indígena” en las elecciones. ¿Cómo es posible que, en 2019, en un país mayoritariamente indígena, un sujeto nacional minoritario todavía hable de “incluir” a esta mayoría en un proceso democrático? Con esta expresión, el mestizo colonial les está diciendo a los pueblos originarios de Bolivia que él, en gesto de aparatosa magnanimidad, va a poner un cubierto más en la mesa de la democracia para hacerle un lugar a la servidumbre indígena.

Mesa historiador e intelectual del orden establecido, ha jugado un rol fundamental desde los años 80 cuando el neoliberalismo se aprestaba a tomar el gobierno y a desnacionalizar la economía y a derrotar a sangre y fuego al movimiento minero boliviano.

Hoy se presenta como candidato a la presidencia con un solo discurso “que no vuelva el MAS-IPSP”, que en el fondo significa que no vuelvan los indios ni los movimientos sociales con su democracia popular.

Pero el pueblo boliviano sabe que Mesa representa el fracaso de todos los esquemas de la derecha y, por lo tanto, la propuesta de Mesa no será exitosa en las actuales condiciones de crisis estructural; además que Mesa fallará porque es un ser inferior al reto que plantea en este momento la historia.

Hace años que los representantes del gobierno de Evo Morales no se ahorran las críticas con el mandato de Carlos Mesa, a quien no han dudado en calificar como el último presidente «neoliberal» en la historia de Bolivia.

*Imagen: Wikipedia.

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Escrito el 23/09/2020. Publicado en Derechos.

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

Justicia para Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa. Tres jóvenes defensores de la Educación Pública y Derechos Humanos

Escrito el 11/09/2020. Publicado en Derechos.

DENUNCIA CONJUNTA A NIVEL NACIONAL

8 de septiembre, 2020 / San José, Costa Rica

Consideramos, de suma urgencia, pronunciarnos ante el mundo sobre nuestro total repudio a la condena judicial que recae sobre tres ex líderes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por representar una flagrante violación a los Derechos Humanos de la población hondureña y una escalonada en el detrimento de la ya golpeada democracia de este país. Ante esta situación, manifestamos:

Sobre el contexto político de Honduras

El 28 de junio del 2009, la derecha hondureña, orquestada por el Partido Nacional en complicidad con las élites económicas, el Ejército, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el crimen organizado, rompieron el orden constitucional y democrático hondureño al ejecutar un golpe de estado para instaurar, desde ese momento a la actualidad, una narco dictadura que se ha caracterizado por escandalosos actos de corrupción, fraudes electorales, narcotráfico, lavado de dinero, procesos de criminalización, desapariciones y asesinatos contra activistas de derechos humanos y la población en general.

Durante estos once años de dictadura se han incrementado todos los índices referentes a la exclusión social, producto de los actos de corrupción y las políticas implementadas por las oligarquías neoliberales que benefician a los grupos hegemónicos en perjuicio del pueblo hondureño.

Violación sistemática de Derechos Humanos

Ante los delitos cometidos por la dictadura de Juan Orlando Hernández (JOH), es de vital importancia la labor de comunidades, organizaciones y diversos sectores en la defensa de los Derechos Humanos y de la Tierra; sin embargo, la defensa de estos derechos es perseguida sistemáticamente por élites de poder que buscan el exterminio de medios de comunicación, organizaciones y de personas que con valentía alzan su voz contra las injusticias del sistema hegemónico, queriendo atacar la libertad, la autonomía y las luchas populares que defienden la vida. Esto mediante procesos de criminalización y judicialización de la protesta social, secuestros, torturas, exilios forzados y hasta múltiples asesinatos políticos, aún en impunidad.

Organizaciones de derechos humanos como la londinense “Global Witness”, ubica a Honduras desde el 2010, como uno de los países más peligrosos y violentos para las personas defensoras de derechos humanos y sus investigaciones demuestran el nexo entre las muertes de activistas con la corrupción estatal.

A su vez, denunciamos el secuestro de cinco integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Miltón Joel Martínez Alvarez y Junior Rafael Juarez Mejía que se encuentran desaparecidos desde el 18 de julio del 2020, por su labor política en defensa de los derechos humanos.

También denunciamos la muerte del activista de derechos humanos, el abogado Julio Andrés Pineda Díaz, quien pertenecía a la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia. Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura el 4 de septiembre del 2020, en Honduras. Esta violación institucional que se expresa en Honduras es parte de la violencia del sistema neoliberal presente en toda Latinoamérica.

Sobre Julieta Castellanos Ruíz

La narco dictadura se ha encargado de que los puestos de jerarquías, a nivel institucional, sean asumidos por personas corruptas, dispuestas a mantener, a cualquier precio, el control de JOH sobre el estado. Una de estas personas es Julieta Castellanos Ruíz quien ocupó la Rectoría de la UNAH durante los años 2009 – 2017; posicionándose como enemiga de la educación pública y de la comunidad estudiantil; cómplice de la dictadura e impulsora de la apertura de expedientes administrativos y judiciales en contra de estudiantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión; entre ellos, los tres jóvenes condenados ilegalmente.

Sobre la criminalización de los tres estudiantes de la UNAH

La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia conformado por Enilda Geraldina, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía que condena a tres años de prisión a los jóvenes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, es totalmente ilegítima e inconstitucional, por vicios a las garantías procesales que tienen carácter de nulidad absoluta.

Dichas trazas de inconstitucional se manifiestan en la violación al principio de legalidad penal, que indica expresamente que únicamente se pueden penalizar las conductas debidamente tipificadas en la legislación. A estos ex líderes estudiantiles se les está penando por los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos; los cuales son inexistentes en el nuevo Código Penal hondureño; por lo que, entran a operar principios procesales como la irretroactividad de la norma penal, que estipula que en materia penal no se le debe aplicar una ley penal con efectos hacia el pasado cuando es perjudicial para el acusado; pero, cuando resulta beneficiosa para el acusado, debe aplicarse aunque sea con efectos retroactivos. Es decir, al no existir un delito tipificado al momento del juzgamiento, no se puede aplicar una norma que ya no existe, porque no constituye delito alguno. Esto sigue demostrando que el cuestionado sistema judicial de Honduras ha politizado la justicia.

En el marco jurídico internacional, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, en su artículo 9, se fija el principio de irretroactividad de la norma penal. Honduras ha suscrito y ratificado ambos convenios internacionales; aun así, violentan permanentemente la normativa aplicable en perjuicio de personas defensoras de la educación como derecho humano.

POR TANTO

Repudiamos el accionar inconvencional, inconstitucional e ilegal del Tribunal de Sentencia al condenar a Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa por ejercer sus derechos y garantías democráticas.
Denunciamos la corrupción del sistema judicial de Honduras que resuelve sus sentencias por presiones políticas, politizando la justicia; por lo que ocasiona que esta no exista más que para someter al pueblo y perpetuar el poder de la dictadura hondureña.
Denunciamos internacionalmente la criminalización y judicialización de la protesta social y el impedimento al libre pensamiento y libertad de expresión en la narco-corrupta dictadura de JOH.
Reprochamos la sistemática violación de derechos humanos de la población hondureña y todos los tratos crueles ejecutados por la viciada institucionalidad hondureña.
Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el ordenamiento jurídico y dicte un sobreseimiento definitivo en el expediente en el que figuran como acusados Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.
Exigimos el cumplimiento de los convenios internacionales de derechos humanos y se respeten las garantías procesales de los acusados.
Hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional y a organizaciones de derechos humanos y a todo el pueblo hondureño a fiscalizar este proceso y a pronunciarse en contra de la criminalización de la protesta social.
Exigimos a la rectoría de la UNAH que desistan del proceso judicial contra estos tres ex líderes estudiantiles.

Para apoyar esta petición firme AQUÍ

¡JUSTICIA PARA CESARIO PADILLA, MOISÉS CÁCERES Y SERGIO ULLOA!
A de Libertad * Acción Animal
Asociación de Desarrollo Sostenible LGTBI Costa Rica (ADS)
Asociación de Estudiantes Sede de Occidente / UCR
Casa El Emigrante (Human Rights) * Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo Bolivariano Yamileth López / CR * Colectivo Handmaids Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) * Familia Franciscana/JPIC Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon)
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Femiamor Colectiva * Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Justicia, Paz e Integridad de la Creación. JPIC/CLARET/CR.
Juventud Vanguardista Costarricense (JVC)
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH)
Organización Política “Carmen Lyra” * Partido Vanguardia Popular
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
Radio Machete * Red de Solidaridad con Palestina /Costa Rica
Sembrando Libertad * Semilla Ramonense
Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) * Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (SINPAE)
“Yo no apoyo las corridas de Toros” * “Yo no voy al Zoo”

Responsables:
Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras / CR
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
(ACODEHU)

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

Escrito el 25/08/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS, recibió la siguiente propuesta para los diferentes sectores de la ciudadanía costarricense para unirse por la defensa del Estado Social de Derecho de nuestro país, propiciando una articulación y alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y con propuestas de soluciones integrales y conjuntas:

Convocatoria-propuesta para un movimiento nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y las instituciones públicas

En esta hora difícil de la vida del país, proponemos respetuosamente a las asociaciones culturales, cooperativas, sindicatos y centrales sindicales, asociaciones de mujeres, universidades públicas, grupos comunales, grupos artísticos, asociaciones ambientalistas, grupos de científicos y a todos los sectores de la ciudadanía unirse por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense, sus conquistas e instituciones, entre ellas, CCSS, INS, ICE, bancos del Estado, INA y las universidades públicas, de modo que se propicie una articulación, con una agenda común, en la búsqueda de las respuestas necesarias desde la ciudadanía, concernida por la Constitución Política de la República, artículo 9o. Para lograrlo, se procuren alianzas entre grupos con iniciativas ya planteadas y otros, en la tarea de proponer soluciones integrales y conjuntas, ante el momento actual y sus desafíos.

Esa unión de todos los sectores sociales es indispensable para la defensa de la institucionalidad democrática, frente a las acciones de las fuerzas políticas y económicas neoliberales, que impactan fuertemente en la conducción del Estado costarricense, mediante una alianza de partidos políticos, en la Asamblea Legislativa. Esos grupos, desde hace varias décadas, partiendo de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) pretenden cambiar, de manera regresiva, el modelo propio del Estado social costarricense. En la actualidad, ubicados en distintos espacios, están tomando medidas económicas que impactan muy seriamente a la clase media y a los grupos menos favorecidos del país, aprovechando el contexto del COVID-19, que inmoviliza al pueblo costarricense por la cuarentena. Aprobar, en estas circunstancias, leyes y medidas económicas sin fundamentos técnicos, que podrían ser violatorias de los derechos laborales adquiridos, e incluso, algunas de carácter retroactivo, sería un acto lesivo, recordado por generaciones.

En efecto, desde los poderes del Estado, luego de haber hecho recaer el peso de la crisis fiscal sobre el pueblo trabajador y los grupos de jubilados, cargándolos de impuestos, se eximen y perdonan las deudas a los grupos poderosos del capital financiero y empresarial, incluidos a los evasores de impuestos. Paralelamente, se han reducido las libertades de protesta y manifestación públicas, mediante, leyes insólitas, como la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Otras amenazas penden sobre nuestras cabezas, a saber, un pretendido rebajo del 15% de la jornada laboral y la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de crear un impuesto sobre el salario escolar y el aguinaldo. La meta final de esos sectores parece ser borrar lo que sobrevive del Estado de bienestar costarricense, construido históricamente con el esfuerzo democrático y solidario de las generaciones que nos preceden.

Con ese nuevo estilo de gobierno, se diría que buscan imponer la forma del Estado propio de las sociedades neoliberales, sobre la base del fundamentalismo de mercado y la privatización. Al priorizar los objetivos económicos y una tecnología excluyente, sobre la dignidad de la vida humana, concentran la riqueza y exacerban la brecha social entre pobres y ricos. Se destruyen así las condiciones estructurales sobre las que se edifica la paz social, la dignidad humana, la justicia social, la equidad y la búsqueda del consenso, pilares del estilo de vida democrático costarricense. Con todo ello, se obedece también a los dictados de los organismos internacionales, cuyo propósito es enfatizar una globalización neoliberal en el país, cuando ya está cuestionada y en retroceso en varias partes del mundo. A pesar de haber encontrado resistencia social, estas políticas han logrado colocar a Costa Rica entre los diez países más desiguales del mundo, lo que significa que han producido una enfática polarización social en los últimos cuarenta años.Finalmente, por lo que se ha anunciado, se avecina una escalada mayor, pues la búsqueda de préstamos multimillonarios dejaría a Costa Rica más endeudada y a merced de los organismos internacionales y sus dictados. Es así que sectores del gran empresariado, como el grupo Horizonte Positivo, con el respaldo de la Unión Costarricense de Cámaras empresariales (UCCAEP), han pedido la venta de los activos más lucrativos del Estado, entre ellos, la FANAL y KÖLBI, mientras que, por otra parte, existe la negativa a financiar debidamente instituciones de bien común, tales como la CCSS y las universidades públicas, todo ello, sin que se ofrezca la fundamentación fidedigna.

Ante este escenario, consideramos indispensable la unión del pueblo costarricense y, en consecuencia, hacemos una vehemente excitativa para que se cree un Movimiento Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho costarricense y sus instituciones, como alianza duradera de todos los sectores sociales frente a los objetivos económicos y las acciones políticas que profundizan las brechas económicas, tecnológicas, legales, culturales y sociales. Se debilita de ese modo a la clase media y se lanza a muchos sectores a una pobreza cada vez mayor.

Se trataría de un movimiento pacífico, en el marco del ordenamiento jurídico costarricense.

Sugerimos los siguientes objetivos, entre otros muchos:

Defender, a partir de una agenda nacional compartida, las garantías constitucionales y sociales que le confieren identidad al Estado costarricense y a sus instituciones, a saber, CCSS, ICE, INS, RECOPE, bancos del Estado, las universidades y demás instituciones públicas, frente a la amenaza de eliminación o privatización, explícita o implícita, muy evidente en el momento actual de crisis sanitaria y social.
Analizar e informar sobre los distintos proyectos de ley, decretos, programas y otros que pretendan direccionar el Estado costarricense hacia los objetivos neoliberales y otros que buscan la polarización económica y social, desoyendo las necesidades de las mayorías o actuando contra ellas.
Informar y alertar a la población costarricense sobre proyectos y programas económicos y otras medidas, como préstamos y firma de tratados internacionales, así como sobre personas físicas y jurídicas que los promueven, atentando contra el Estado Social de Derecho, la democracia y sus instituciones.
Llamar a la población costarricense a analizar y pronunciarse colectivamente sobre actos de corrupción, favorecimiento de las empresas privadas frente a las públicas, traslado o conversión indebida de bienes públicos en privados, deterioro de los servicios públicos, deudas acumuladas y no pagadas a las instituciones públicas y creación de impuestos no equitativos, entre otros.
Denunciar y repudiar las acciones económicas y políticas lesivas contra las mayorías en tiempo de pandemia, o el aprovechamiento de las condiciones de aislamiento social, para impulsar leyes por la vía rápida y sin la discusión política debida, de cara al pueblo costarricense.
Propiciar el diálogo, el análisis y la discusión de todos los temas de interés colectivo mayoritario, tales como proyectos, programas, leyes y decretos de primera importancia para la vida nacional; igualmente, el resguardo de la privacidad de los miembros de la ciudadanía, las estrategias sanitarias y alimentarias ante emergencias y otros similares, procurando el más amplio acceso, mediante plataformas de alcance masivo.

San José, 18 de agosto de 2020

CONVOCATORIA-PROPUESTA PARA UN MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO COSTARRICENSE Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

LISTADO DE FIRMANTES

Un total de cincuenta y cinco personas son firmantes de este documento:

Alice Ramírez Ramírez. Educadora jubilada. Consultora independiente en temas relacionados con la educación superior y área curricular.
Ana Lorena Ulate Rodríguez. Educadora comprometida con las luchas patrióticas costarricenses. Defensora de los derechos de las mujeres y promotora cultural.
Anacristina Rossi. Escritora, traductora, especialista en estudios de la mujer, ambientalista y profesora universitaria, Universidad de Costa Rica.
Aquiles Jiménez Arias. Escultor, dos veces Premio Nacional Aquileo Echeverría en escultura.
Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo costarricense, académico distinguido de varias universidades, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría y Premio Joaquín García Monge, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
Carmen Camacho Rodríguez. Socióloga, docente universitaria, investigadora y consultora internacional.
Carmen María Méndez Navas. Catedrática jubilada, UNA-UCR; doctora en Cultura Artística Centroamericana. Directora de la Fundación Academia ACUA. Exdirectora General de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Daniel Camacho Monge. Abogado, académico, Profesor Emérito de la UCR, sociólogo de muy destacada trayectoria nacional e internacional.
Eduardo Madrigal Muñoz. Doctor en Historia, profesor catedrático de UCR e investigador (CIICLA-UCR)
Federico Molina Campos. Pianista y educador de la Escuela de Artes Musicales, UCR. Pianista titular de la Compañía Lírica en dos oportunidades, cofundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago.
Flora Fernández Amón. Administradora de Empresas, empresaria. Fue parte de la Comisión Económica para América Latina.
Gabriel Mejía Ramírez. Catedrático jubilado, Doctor en Educación, consultor internacional, autor de varios libros sobre educación para la salud y la tercera edad.
Gerardo Meza Sandoval. Pianista con un doctorado interdisciplinario en Letras y Artes de la Universidad Nacional.
Giselle Virginia Chang Vargas. Antropóloga, doctorado en Sociedad y Cultura. Premio UNESCO, Premio Tenerife, España, autora, editora, experta en patrimonio cultural.
Grettel Balmaceda García. Maestría en Salud Pública. Exfuncionaria del Ministerio Salud. Docente de UCIMED y UNED.
Guillermo Miranda Camacho. Sociólogo, especialista en Sociología de la Educación, Doctor en Educación. Catedrático jubilado, UNA-UCR.
Hannia Franceschi Barraza. Especialista en trabajo social y desarrollo sostenible.
Harry Castillo Valle. Ingeniero Químico. Investigador jubilado de la Escuela de Ingeniería Química de la UCR.
Hazel Vargas Zeledón. Catedrática jubilada UNA y UCR. Ex decana Centro de Estudios Generales UNA, Ex Secretaria Adjunta del CSUCA.
Henry G. Arce Arce. Fundador del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la UNA.
Henry Orlando Vargas Benavides. Catedrático, Fundación InterArtes.
Isabel Zúñiga Narváez. Educadora.
Javier Solís Herrera. Periodista y teólogo. Diputado en el período 1986-1990.
Jorge Eduardo Carmona Ruiz. Pianista, doctor en Cultura Musical Centroamericana, miembro Comisión CR-UNESCO, miembro FLADEM, Premio Nacional de Música. Catedrático jubilado, UCR.
Jorge Hernández Cascante. Sociólogo. Estudios sobre campesinado.
José Luis Vega Carballo. Sociólogo. Académico jubilado. Dedicado a investigar, escribir y promocionar causas de la lucha social.
José Solano Alpízar. Historiador y pedagogo, doctor en Ciencias Humanas, con Mención en Análisis del Discurso y la Cultura.
Julieta Dobles Yzaguirre. Poeta, Premio Magón, catedrática jubilada UCR, Miembro de la Academia Costarricense de la Lengua.
Leiner Vargas Alfaro. Economista. Profesor e Investigador del CINPE-UNA. Profesor invitado en varias universidades de Europa.
Lorena Flores Solano. Profesora jubilada, ex coordinadora de la Oficina de Pensiones de APSE.
Luis Jorge Poveda Álvarez. Biólogo, taxónomo. Cofundador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA. Profesor Emérito. Investigador de antioxidantes para beneficio de la salud, identificación de plantas medicinales contra el cáncer.
Luis Paulino Vargas Solís. Economista, catedrático universitario, académico del CICDE-UNED. Ha publicado doce libros y diversos artículos científicos. Premio Nacional Aquileo Echeverría.
Luis Sánchez Chaves. Catedrático, especialista en apicultura tropical. Coordinador de la Maestría en Apicultura del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT)-UNA.
Macarena Barahona Riera. Catedrática UCR. Investigadora en temas culturales, políticos y de las humanidades; poeta.
Magda Zavala. Escritora, catedrática UNA, investigadora y gestora cultural. Fundadora, entre otros, de Asociación Costarricense de Escritoras y Revista ÍSTMICA.
María Elena Salazar. Profesora. Dirigente magisterial y sindical, activista social, miembro del Consejo Consultivo de CONAPAM.
María del Rosario Alfaro González. Catedrática Jubilada. Especialista en Ciencias Ambientales. Consultora Ambiental internacional. Impulsora del programa Calidad del aire (ProEco) para Centroamérica y Panamá.
Mariano Rodríguez Pacheco. Profesor en la enseñanza del Francés, jubilado; Exsecretario General de APSE (2011-2013).
Marino Protti Quesada. Geólogo. Catedrático del Ovsicori, UNA, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología “Clodomiro Picado Twight”, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
Mario Alfagüell. Catedrático jubilado UCR, pianista y compositor. Premio Ones (España), Premio Nacional Aquileo J. Echeverría (3 veces), Premio Áncora (2 veces), Premio Jorge Volio y obra seleccionada en TRIMALCA.
Mario Devandas Brenes. Doctor en Educación, Exdiputado (1978-1982), fundador de FENATRAP, cofundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS.
Maynor Carranza Varela. Investigador del Herbario Juvenal Valerio de la UNA, colaborador en la recolección, identificación plantas como potenciales antioxidantes.
Melvin Durán Carballo. Empresario.
Leda Méndez. Abogada, activista social.
Michael McCoy. Biólogo, cofundador del Programa de Maestría de Vida Silvestre, UNA. Diversas publicaciones sobre conservación y manejo de la Fauna Silvestre.
Miguel Picado Gatjens. Teólogo, presbítero católico, investigador, catedrático, UNA; historiador.
Osvaldo Durán Castro. Sociólogo y ecologista. Catedrático Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Pablo Sánchez Vindas. Botánico, cofundador del Herbario Juvenal Valerio, taxónomo e investigador de antioxidantes para beneficio de la salud. Autor de varios libros sobre plantas.
Raziel Acevedo Álvarez. Musicólogo, investigador. Catedrático de la Sede de Guanacaste, amplia producción investigativa, UCR.
Roberto Villalobos Ardón. Arquitecto, Rector ITCR 1983-1987, miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, presidió el Colegio de Arquitectos de Costa Rica entre 1982-1984.
Ronald Bonilla Carvajal. Escritor. Maestro de talleres literarios. Premio Nacional de Cultura Magón.
Roxana Salazar Bonilla. Artista plástica. Profesora jubilada. Fungió como directora del Museo de San Ramón y directora de la Sede de Occidente, UCR, en San Ramón.
Vera Ramírez Marín. Abogada.
Virginia Vargas. Economista, empresaria, activista en derechos de las mujeres
Walter Antillón Montealegre. Jurista y académico, Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Nota final

Las organizaciones y personas interesadas en mayor información sobre esta iniciativa pueden comunicarse con el grupo proponente en el siguiente correo electrónico: redcientificocultural@gmail.com

Ante las marchas y movilizaciones que se están convocando

Escrito el 20/08/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Hacia dónde debe enfocarse la atención de las personas, de los ciudadanos, de los que están interesados en el mundo político nacional, con todas sus aristas?

Hay en el ambiente político acciones, que como en un remolino, mezclan diversas fuerzas sin saber quién es el principal director de esas acciones, o mostrando diversos actores, algunos de ellos obviamente con un desconocimiento total de cómo es el engranaje político y la estructura política institucional del país.

Que la gente proteste es válido. No solo en un derecho reconocido en el país, sino que la propia institucionalidad oficial lo reconoce y defiende como un derecho de los ciudadanos. El propio Ministro de Seguridad Pública muchas veces, frente a las diversas manifestaciones, y hasta con actos de cierres de calles, ha reconocido este derecho ciudadano, exigiendo nada más que no se bloquee toda la calle, que al menos dejen un carril libre de circulación. Y aun cuando cierran ambas vías o una sola en su totalidad, por horas han permitido la acción ciudadana. Hace algunos años esto no era así. El aparato represivo, expresado policialmente, se hacía sentir rápidamente. Hoy hay márgenes de acciones de calle con “tolerancia” policial.

Marchas, manifestaciones, concentraciones, paros en las calles son hoy bastantes comunes. Diversos sectores las convocan y realizan.

Sin embargo, cuando se convoca a una marcha, a una manifestación, a una protesta organizada, frente a la Casa Presidencial, pareciera que se obnubilan los mismos dirigentes, que en el molote de “dirigentes” que convocan, sin articulación entre ellos, no saben qué hacer, o algunos de ellos salen públicamente a desdecirse de algunas de las consignas de movilización que se agitan, porque jurídicamente saben que no son posibles.

En las luchas sociales, en las huelgas, por ejemplo, hay que tener certeza de qué se quiere pelear, hay que tener certeza de que se puede lograr, hay que tener certeza de qué se puede negociar, para lo cual hay que llevar a la mesa de negociaciones propuestas negociables y no negociables, para poder sacar un resultado positivo. Y, sobre todo, hay que tener certeza de la capacidad organizativa y del apoyo que se va a recibir en la lucha, y de los aliados que se pueden lograr.

Ninguna huelga o protesta de este tipo puede realizarse con objetivos imposibles, porque se pierde. Lo ideal es que de una lucha social salga algo positivo, algo tangible, algo provechoso para los que están en lucha, porque ese resultado es el que va a posibilitar otras luchas se semejantes, y crecientes. Si las luchas, de este tipo se conducen con resultados reiteradamente perdedores, terminan debilitando las organizaciones convocantes de estas luchas, en el caso de este ejemplo, los sindicatos, a situaciones desmovilizadoras hacia el futuro, a la pérdida de confianza y de conciencia de quienes deben estar en esa lucha hacia sus dirigentes y sus organizaciones.

Está convocada una marcha, una movilización, una concentración, de diversos sectores sociales y de trabajadores, y con consignas mezcladas diversas y confusas entre ellas. Veamos dos de esas consignas. Una que llama a destituir al Presidente de la República, pidiéndole que renuncie. Los que enarbolan esa consigna pareciera que son analfabetos políticos totales, que nunca han leído ni siquiera la Constitución Política, ni la conocen, a pesar de que algunos son abogados y otros han sido hasta diputados. Uno de ellos, que fue diputado y es abogado, y también candidato Presidencial del Partido Liberación Nacional en 1998, José Miguel Corrales se corrió de esa consigna, porque sabe que eso no es posible, y que es una tontería estar agitando, y engañando a la gente, en esa dirección.

Si el Presidente, supongamos, renuncia, le sucede constitucionalmente la Primera Vicepresidencia de la República, y si ésta también renunciara, le seguiría, en orden de sucesión, la Segunda Presidencia de la República. Supongamos más. Que renuncian los tres juntos, los vicepresidentes, con gran sacrificio patriótico en solidaridad con su Presidente, renuncian a la vez, entonces, asume el Puesto de Presidente quien ejerce la Presidencia de la Asamblea Legislativa… si no renuncia, Y, si renunciara, en la Asamblea Legislativa hay tantos Presidentes legislativos, hasta 57, si todos son mayores de 30 años, que pudieran asumir ese puesto, si el Presidente Legislativa que nombren renuncia a su puesto y renuncia por ello a asumir la Presidencia de la República. Así de simple.

Si las cosas fueran así de sencillas, la sola renuncia del Presidente, no nos da a los costarricenses, con las dos Vicepresidencias que existen, y con el actual Presidente Legislativo, algo mejor que lo que dirige la Casa Presidencial y el Poder Ejecutivo Nacional.

Sería como tirarse a un precipicio, auto inmolarse o hacerse un harakiri, que es suicidarse rompiéndose todas las entrañas con una espada o un puñal especial.

De estas formas la del Harakiri al menos es la que hacen los guerreros, voluntariamente, sobre todo cuando quebrantaban algún Código de Honor. Pero no hay Código de Honor roto entre los manifestantes que demandan esta consigna de la renuncia. En cualquier caso, le correspondería al propio Presidente si considerara que el Código de Honor de su Mandato, surgido de la representación popular, lo ha violado o traicionado. Pero esto tampoco está en la discusión de la petición de su renuncia.

No se engañen los que agitan esta consigna. No sean tontos o idiotas. No les caben otras calificaciones. ¿Qué realmente prefieren de Presidente de la República?

Esa es una consigna imposible, irreal. Eso es movilizar gente a tontas, como a darle a una piñata o a jugar a la gallinita ciega. Obviamente los que convocan en esta dirección carecen de vista. No tienen claro cuál es el escenario en qué deben moverse. O tienen grandes cataratas en sus ojos, o tienen una degeneración macular aguda por su edad, que no les permite tener una visión central y aguda, por lo que no pueden leer, el escenario político, o no pueden ver detalles finos, de ese mismo escenario.

La otra consigna. La lucha contra la corrupción. Esta es absolutamente válida. La corrupción no está en La Luna ni en Marte. Campea en toda la institucionalidad pública. Aunque no se vea, ni se toque, se respira, hiede por todo lado. Esto es cierto. No se necesita ser brujo ni adivino para señalar la existencia de la corrupción en el país. Pero, la sola lucha contra la corrupción, y la movilización contra ella, no es por sí misma suficiente. La corrupción no es intangible, por eso no se puede movilizar contra la corrupción en general. O se moviliza contra actos de corrupción precisos, denunciables, contra los funcionarios que los han realizado, con nombres y apellidos, pidiendo cosas concretas contra ellos, renuncias de sus cargos, y la acusación penal respectiva, exigiendo las penas más altas posibles para que su castigo sea ejemplarizante. Pero, no se puede luchar contra la corrupción en abstracto, en general. Eso no resuelve nada.

Lo mejor sería que en este caso quienes se manifiestan en esta dirección elaboren un Proyecto de Ley, contra la corrupción, y se movilicen donde debe ser, a la Asamblea Legislativa a presentar el Proyecto de Ley, por iniciativa ciudadana, que ahora se puede, o presentándoselo a algún diputado, o grupo de diputados que lo acojan y presenten como propio. Entonces sí vale la movilización diaria, permanente frente a la Asamblea Legislativa, hasta que le den el trámite para que llegue ese Proyecto de Ley al Plenario legislativo, y con las calles llenas presionar por su aprobación.

La sola movilización contra la corrupción, si no hay una propuesta concreta, es un canto a La Luna. Los que han sido diputados y están en esa marcha y movilización comprometidos lo saben. Si lo que tratan es de ganar alguna imagen más de la que ya tienen, bien ganada o mal ganada, no pasarán de sumar a su récord personal que han movilizado gentes bien intencionadas al desgaste político.

Algunas de las Cámaras empresariales, hace poco tiempo plantearon, ante el Gobierno, como parte de sus luchas y demandas, la necesidad de luchar contra la corrupción, la elusión, la evasión y el contrabando, que a ellos, los empresarios honestos, también los afecta. Los sindicatos, por su parte, han hecho pronunciamientos similares.

Sin embargo, siendo este un punto de Unión Nacional, en el buen sentido, no se han puesto de acuerdo, estos sectores organizados, para presentar una propuesta conjunta. De pronto que puede salir, una propuesta concreta, si se sientan a hablar sobre esto.

El tercer elemento alrededor de esta convocatoria, de marcha, de protesta, es el río revuelto que se quiere realizar, y las aguas subterráneas que se mueven dentro de ese molote social. Es el elemento desestabilizador de quienes, desde hace poco tiempo, han empezado a agitar las banderas de la anarquía institucional, los que convocan contra los Poderes del Estado, contra su imagen, los que denigran a todos los funcionarios públicos políticos, a las Autoridades de Gobierno, de sus cuatro Poderes, y de las Instituciones públicas, son los que hablan en abstracto contra la corrupción del gobierno, la corrupción de los políticos, la corrupción de los partidos políticos, la corrupción de los trabajadores con altos salarios o con altas pensiones, como si fueran estos los que se recetaron sus salarios y sus pensiones, que son originadas por las luchas de los trabajadores y por Leyes de la República.

Quienes así están actuando está deslegitimando todo el sistema democrático, y democrático representativo, que tenemos. Solo están favoreciendo salidas políticas golpistas, antidemocráticas, autoritarias, despóticas, fascistas y hasta tiránicas. Qué nadie se engañe en esto.

En este escenario perdemos todos los costarricenses, de cualquier signo político o ideológico en que se ubiquen, y de cualquier clase social con la que se identifiquen o pertenezcan. Este sería el resultado de este tipo de luchas que conduzcan a hacer surgir, de la espuma que se levante, líderes de ocasión, populistas, que como canto de sirenas, puedan ilusionar a sectores sociales desesperados y desilusionados de su propia situación social, en este momento de crisis social, por los efectos socio laborales de la pandemia, y por los golpes económicos de la misma.

Algunos, de los que están convocando a estas movilizaciones, todavía tienen posibilidades en tiempo real de que constituyan su partido político para las elecciones del 2022, que pareciera son sus aspiraciones principales, y movilicen lo que puedan alrededor suyo, para tal vez volver a la Asamblea Legislativa como diputados.

Algunos de esos líderes que están convocando ya han participado en varios procesos electorales, sin haber logrado la confianza del electorado. Tal vez en medio de esta situación social logren sacar algunos votos de más, por lo menos, para volver a la Asamblea Legislativa, que es cada vez más difícil, por el número de votantes que se necesita para salir electo, cuando no se tiene la fuerza y el reconocimiento social y político del caso, o se tiene una imagen desgastada que ninguna movilización de este tipo les va a mejorar.

Los dirigentes sindicales que se han tirado en esta movilización, ¡cuidado queman lo poco que les queda de sus naves!

“Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Escrito el 10/08/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Carlos Campos Rojas

En palacio están contra la pared. Hay personas ocupando puestos, con salarios que paga la pobreza de la ciudadanía, pero la ciudadanía percibe que no hay gobierno. La percepción es realidad, es una máxima política.

Ante la convocatoria que hemos hecho a un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia, la ciudadanía ha respondido con entusiasmo.

Toda persona decente y deseosa de rescatar y reconstruir este hermoso país, ha dicho y sigue diciendo: ¡¡¡Presente!!!

Jóvenes, adultos, mujeres, hombres, funcionarios públicos, empresarios pequeños y medianos, profesionales, académicos, han abarrotado las sesiones virtuales que se han convocado y están pendientes de las buenas nuevas, pues la esperanza radica en las manos, saberes, conocimientos, experiencia, probidad, transparencia, de una ciudadanía que constitucionalmente se descubre como El Soberano, que ha vencido el miedo y se ha descubierto dueño de un país, que le habían arrebatado. Con decisión de ejercer el poder que constitucionalmente le pertenece.

El país debemos reconstruirlo. Es la tarea que nos toca ante las terribles condiciones en que el régimen y la facción “progre” que lo representa lo están dejando. Así lo exige nuestra responsabilidad constitucional. Ellos caminan ilusionados hacia los destellos que un Horizonte Positivo y la Alianza de Empresarios para el Desarrollo les alumbran, imponiendo el autoritarismo, dejando que prevalezca la corrupción y la impunidad, así como la violación al ejercicio del derecho humano fundamental, el ejercicio de los derechos políticos.

Nosotros debemos caminar hacia la paz y reconstruir la fractura social estructural que precipitaron irresponsablemente. Lanzarnos a reconstruir la economía en nuestras manos, con encadenamientos de comercialización y de producción; darles prioridad a las pymes, el trabajo, la agricultura y la soberanía alimentaria; el buen vivir, las oportunidades, la solidaridad, la responsabilidad, el deber; la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Reconstruir la institucionalidad que nos pertenece.

Ya el presidente lo había dicho, él escogería con quien hablar. Hoy, el título de su propuesta debe ser coherente con su gestión. Debe ser más que una consulta por las páginas del cuestionado “gobierno abierto”. El mecanismo de la consulta que anuncia llega demasiado tarde y por sí sola no es precisamente diálogo.

El gobierno tiene que vencer el miedo al diálogo respetuoso y sincero con la ciudadanía. Tiene que dejar de prestar oídos a quienes lo mal aconsejan y volver al pueblo, quien le legitimó para que representara al país.

Debe ser un diálogo sincero, responsable. Comenzar diciendo que suspenderá la agenda parlamentaria leonina que ha planteado y que ya negoció en la oscuridad de la noche con sus acólitos parlamentarios.

Es el momento de hacer, de cambiar de actitud. El diálogo es consenso, que nace de los disensos. Es para transformar.

Nos toca a la ciudadanía tomar el timón y llevar a Costa Rica a buen puerto. Así lo manda la Constitución Política, no dejarnos derrotar ni confundir. Con paso firme avanzar en construir el diálogo y el encuentro, para Un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia.

El ejemplo lo puso la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, Cuidado e Imagen Personal, que agrupa 50.000 Pymes. Convocaron al gobierno para demostrar que podían elaborar con total responsabilidad y profesionalismo –a la altura de los estándares internacionales-, los protocolos de bioseguridad necesarios para reabrir sus negocios y reconstruir sus empresas. Quitaron de en medio hasta un reglamento espurio –que un gobierno irresponsable décadas atrás estableció- para que empresarios corruptos cobraran membresía a través de cada municipalidad, a toda persona empresaria del sector que quería trabajar.

Cumplido esto, Yorleny Córdoba su Coordinadora, informó al gobierno, de frente, sin miedo, que reabrirían, pues habían cumplido, no había excusas. El gobierno, consciente del trabajo conjunto, anunció que procedieran a abrir, cumpliendo con responsabilidad los protocolos.

Resultaron más eficientes y eficaces, que muchos alcaldes que todavía no entienden para que fueron electos en sus cantones, aunque con una escuálida votación. Como si los movieran otros intereses que no fueran los de los habitantes de su cantón.

Estamos reuniéndonos para proceder en todo el país. Debemos organizarnos con mucha responsabilidad, cumpliendo a cabalidad las normas sanitarias, demostrando que somos capaces de encontrarnos en el diálogo, sin miedo y con decisión.

Todos debemos colaborar difundiendo las convocatorias que se harán por este medio y el Facebook de Territorios Seguros, además de cumplir las tareas que emergen de cada encuentro.

Sabiendo que tenemos enormes disensos, pero nos une como se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, la capacidad de sentarnos responsablemente a construir soluciones para tener el mejor país del mundo, donde prevalezcan el trabajo y la paz.

“Ha llegado la hora de Juanito Mora”

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito el 24/07/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

Somos analfabetos políticos

Escrito el 15/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Sergio Ortiz Pérez

Nuestro país tiene más de 30 años de malas administraciones. Hemos visto la corrupción danzante que debilitó a un Estado y sus instituciones en contubernio con empresarios privados y la clase política corrupta.

Hemos dejado de participar en política, nos aburre, dejamos que una minoría elija y elija a los mismos, nos conformamos con lo mínimo, agradecemos al gobernante que haga lo básico, si roba no importa siempre y cuando cumpla con lo mínimo, votamos por lo emocional, no leemos planes de gobierno ni mucho menos exigimos que se cumplan, criticamos al que exige mejores servicios y acciones del gobierno, nos quedamos metidos en la discusión de la Negrita, de los homosexuales y lo verdaderamente importante pasó por encima de todos y todas sin contemplación.

La clase política siempre se alió de los grandes capitales, esos que tienen acciones y asientos en los medios de comunicación hegemónicos, en los bancos y en paraísos fiscales. Estos lograron dividirnos entre empleados públicos y empleados privados, cuando todos somos trabajadores. Lograron incluso hacerle creer a muchos inflados que eran capitalistas sin capital.

Pero hoy nos apretan a todos por igual. Vieron, éramos los mismos. ¿Y los grandes capitales? Nadie los toca.

Ningún país estaba preparado para una Pandemia, pero les aseguro que si no hubiésemos sido tan tolerantes con la clase política y más que todo con la corrupción a nivel país (desde la mordida al oficial de Tránsito hasta el Cementazo) talvez hoy, tendríamos un mejor panorama económico, mejores reservas financieras, mejores políticos, instituciones más sólidas, menos pobreza, mejor educación, una inmigración controlada, mejores fronteras; y definitivamente una mejor cultura ciudadana que acatara las disposiciones del Ministerio de Salud y respetara la vida de sus semejantes.

Etiqueta: corrupción

Lic. José A. Amesty R.

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

«La política no debe someterse a la economía»Papa Francisco, Laudato Si’, 189

DENUNCIA CONJUNTA A NIVEL NACIONAL

8 de septiembre, 2020 / San José, Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Por Sergio Ortiz Pérez

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189