Ir al contenido principal

Etiqueta: corrupción

Sin educación no se puede enfrentar al narcotráfico

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico. 

El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población.  Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.

El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.

La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico. 

Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:

Supervivencia en una burbuja de ignorancia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Bernardo Archer Moore

Por Bernardo Archer Moore

No es una tarea nada fácil. Con el paso del tiempo, la sabiduría de nuestros antepasados al no enviar a sus hijos a ser educados bajo el sistema educativo poscolonial español demuestra haber sido una decisión acertada.

Como alternativa, financiaron sus propias escuelas privadas de inglés, que utilizaban los mismos libros de texto Royal Reader utilizados para educar a los niños en Gran Bretaña, en lugar de los Paco y Lola utilizados por los nativos.

Mientras que el sistema británico se centraba en la lectura, la ortografía, la comprensión y la resumición; Paco y Lola se centró principalmente en la lectura y la escritura (gramática).

Creando así una burbuja de ignorancia, una sociedad donde la comprensión lectora es un recurso escaso y el privilegio de unos pocos; lo que lo convierte en un comportamiento normal, que de por sí desalienta el interés por la investigación para escapar de la burbuja de la ignorancia.

A diario criticamos la corrupción de funcionarios públicos, que piden dádivas por el cumplimiento de sus deberes, o de quienes lo ejercen en supuesto beneficio propio en lugar del bien común. Pero ninguno de ellos nació torcido, sino, como un bebé bonito con esperanzas positivas.

La transformación de los políticos y empleados gubernamentales se da dentro de la susodicha burbuja, y al escalar posiciones se escapan y al operar fuera de la misma, se aprovechan a voluntad de los que aún permanecen adentro.

Llevándolos a la corrupción, gestión en beneficio propio y el de sus más allegados. Desde un permiso de construcción hasta contratos de concesiones por obras públicas multimillonarias.

De allí los calificativos de «ser un pueblo domesticado» y la «dictadura en democracia».

¿Cuarenta años de qué?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.

Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.

Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.

Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.

Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.

A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.

Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.

Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.

Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.

Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.

Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.

Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.

Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.

Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.

El Cartel de la Toga

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Ninguna clase social renunciará voluntariamente al ejercicio

del poder” (posiblemente V.I. Lenin lo dijo).

Por Habib Succar Guzmán

¿Patadas de ahogados?

En mi artículo “El manifiesto de los bobos”, aludí al pronunciamiento público de algunos de nuestros expresidentes de la República, quienes se expresaron enérgicamente en contra de la iniciativa del presidente AMLO de reformar el Poder Judicial, con el fin de “limpiarlo de corrupción, separarlo del poder económico de las élites, y permitir su democratización por medio de la elección mediante voto secreto, libre y universal, de jueces, magistrados y ministros”.

En México se llama “ministros” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 11 integrantes), quienes han sido nombrados siempre a partir de la propuesta del presidente de la República, que el Senado ratifica mediante votación calificada de dos tercios de los senadores presentes. En la actualidad, de las 5 propuestas que ha realizado el presidente AMLO al Senado, con una terna para que los Senadores(as) escojan surgieron José Luis González, Margarita Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. No obstante, de esas 5 personas escogidas, propuestas por AMLO, solo tres muestran una clara afinidad con las políticas generales del gobierno de AMLO y los dos primeros, González y Ríos, “traicionaron” a AMLO y se unieron a las filas de la oposición. Recordemos que ser de oposición en la SCJN ha significado conformar una mayoría anti AMLO que ha rechazado y desechado muchas de las leyes que el Congreso de la Unión ha aprobado en los últimos 3 años y que la Suprema Corte “ha tumbado”.

Curiosamente, el sistema mexicano permite que, de la propuesta de una terna que envía el presidente al Senado, sino hay una mayoría calificada (porque los partidos no se ponen de acuerdo), obliga al presidente a enviar una nueva terna y de esas 3 personas, la que tenga mayor votación simple queda elegida integrante de la SCJN.

Es decir, con el mecanismo actual de elección de ministros(as) de la Suprema Corte (SCJN), aunque el partido de gobierno no tenga las 2/3 de los votos (mayoría calificada) el mecanismo permite que al final el presidente imponga a la persona que desea nombrar con solo que su partido de gobierno que tiene mayoría simple, vote por esa persona y obtenga el nombramiento y no por mayoría calificada. Con este mecanismo, el presidente AMLO podría nombrar a todos(as) los ministros(as) de la Suprema Corte que le correspondan en su sexenio y que pueden ser hasta 6 o 7 ministros(as) durante el periodo, lo cual, le garantizaría una mayoría en la SCJN de 7 votos necesarios para aprobar todas sus propuestas que hayan sido aprobadas en el Congreso.

Parecería entonces que ante la lógica del poder, no tiene mucho sentido que el presidente AMLO quiera modificar este sistema y se pase a un mecanismo de elección popular mediante voto directo, secreto y universal de los ministros(as) de la SCJN y además, de los(as) magistrados(as) de las demás instancias del Poder Judicial, el Poder Electoral (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente AMLO estaría renunciando al ejercicio de una parte importante de su poder en beneficio de una elección más democrática y popular de ministros, jueces y magistrados.

El fin último de esta propuesta de AMLO, incluida en la llamada “Reforma Judicial” que se está tramitando en estos días en el nuevo Congreso de la Unión (Diputados y Senadores 2024-2027), sería que el Poder Judicial sea realmente independiente de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los poderes fácticos (oligarcas, empresarios, medios de prensa, banqueros, etc. etc.); y por qué decir “realmente independiente”, por la sencilla razón de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, durante las últimas décadas, ha estado sometido al Poder Ejecutivo, a la oligarquía y los poderes fácticos, sobre todo los medios de prensa, que antes incluso ponían presidentes en México, como Televisa.

La Reforma Judicial

En nuestro artículo citado El manifiesto de los bobos mencionamos que algunos de nuestros incautos (¿?) expresidentes de la República que firmaron el oprobioso manifiesto que les redactó una organización de derecha europea dizque a favor de la democracia, dirigida por Kevin Casas Zamora, se manifestaron así: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial (…) representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”, concluyen los 20 expresidentes firmantes del hipócrita libelo.

No me voy a extender aquí en toda la corrupción que impera en el Poder Judicial mexicano y que he señalado con lujo de detalles en otros artículos (Véanse: El poder más corrupto, Guerra en redes y Lawfare, El juico del siglo, la Corte y la prensa, por citar estos 3 artículos, pero hay más). No, el tema de la corrupción del Poder Judicial mexicano ameritaría aquí muchísimas páginas y páginas de fechorías inimaginables cometidas por jueces, magistrados y ministros del sistema judicial mexicano. Otro tanto muy parecido sucede en muchos otros países de Latinoamérica sobre todo, pero el caso mexicano se lleva todas las medallas de oro de una olimpiada de la corrupción y el nepotismo.

Un ejemplo demoledor

En 1994 “Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995).” Entonces, el presidente Zedillo (1994-2000) mandó a jubilar de forma vitalicia a los 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia y volvió a integrar una nueva Corte con tan solo 11 miembros nombrados únicamente por el presidente de la República. “La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.” (las citas entre comillas son de la revista Contralínea).

Es notable cómo en aquel entonces, Zedillo obtuvo muy fácilmente la mayoría calificada del Congreso (Diputados y Senadores) mediante acuerdo entre los partidos PRI y PAN, que se suponía eran opositores a muerte desde casi 50 años de enfrentamientos políticos. Pero es que según AMLO el PRIAN (PRI + PAN) ya venía funcionando desde 1988 con el fraude electoral pactado a favor de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, que fue avalado por el partido de oposición, el PAN, robándole la presidencia al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, efectivo ganador de la contienda electoral de 1988 con una alianza de partidos en el Frente Democrático Nacional (de izquierda). Ante este fraude, los medios de comunicación se apresuraron a legitimar “la elección de Carlos Salinas” ante el “peligro” que significaba Cárdenas.

Ni la oligarquía, ni los empresarios, ni los medios de prensa y sus opinadores, ni toda la nomenklatura del Poder Judicial se quejaron en absoluto del golpe autoritario y anti democrático cometido por Zedillo (llamado también Golpe de estado), con la complicidad de la mayoría calificada del Congreso. “Nadie dijo esta boca es mía”.

Zedillo nombró directamente 2 de 11 ministros, y el Congreso, por unanimidad, nombró a los otros 9 que Zedillo les propuso (los 3 Diputados del PRD se ausentaron de la votación).

No sin razón y con muchísimas pruebas, se afirma que la democracia en México está recién estrenada desde 2018 a partir de la elección de AMLO, porque desde entonces ya no se cometen fraudes electorales desde el gobierno (lo que llaman “una elección de estado”) y solamente han persistido prácticas nefastas de fraudes en algunos estados donde todavía gobierna la oposición a Morena.

Además, AMLO ha mantenido una prudente distancia de la Suprema Corte y no como en gobiernos anteriores, cuando la SCJN estaba sometida al mandato del presidente. Además, durante su sexenio AMLO no ha contado siempre con una mayoría calificada en el Congreso y ha tenido que lidiar con la oposición del PRIAN-RD + MC, pero aún así durante sus primeros 3 años 2018-2021, se lograron varios acuerdos con la oposición y la mayoría calificada para la aprobación de ciertos proyectos de ley y modificaciones constitucionales.

Por otro lado, en artículos anteriores dimos cuenta de cómo el Poder Electoral, básicamente en el Instituto Nacional Electoral, el presidente y la mayoría de los consejeros(as) se comportaban como partido opositor a AMLO y no como un juez imparcial en las contiendas electorales.

En palabras de AMLO, en los sexenios anteriores, básicamente desde 1988 hasta el 2018, lo que tenían en México era una simulación de sistema democrático, porque el cogobierno del PRI + PAN + PRD cubría con máscaras todo el andamiaje institucional, incluyendo en primer lugar el Poder Judicial, arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Por ello es una verdadera hipocresía el dicho de la oposición, que repiten los incautos expresidentes de Costa Rica, de que la Reforma Judicial propuesta por AMLO tiende a “debilitar la independencia y autonomía de los jueces” (sic) y que la propuesta de elección popular de los jueces los hará “depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios” (sic), cuando lo cierto es que nunca ha existido esa independencia e imparcialidad del Poder Judicial como un todo.

La peor calificación

“El poder más corrupto” fue el título de un artículo que publicamos sobre el Poder Judicial en México y que ya citamos aquí también. Pero resulta que en las encuestas de opinión entre el pueblo mexicano, el Poder Judicial no solo sale muy mal librado sino que, la propuesta de Reforma Judicial que hizo AMLO ante el Congreso el 5 de febrero de 2024, es ampliamente aceptada por la enorme mayoría del pueblo. Veamos. Sobre la corrupción imperante en el Poder Judicial:

No solo el 61% considera que hay mucha corrupción en la mayoría de funcionarios (jueces, magistrados y ministros) sino que dentro de un 35% adicional se considera que “pocos son corruptos”, pero los hay.

En cuanto a la opinión sobre la forma en que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un abrumador 75% desea que sean elegidos por votación directa del pueblo mexicano y un 21% considera que debe elegirlos el Senado de la República:

En cuanto al control y sanción de la conducta de los jueces, magistrados y ministros, una apabullante mayoría desea que sea un órgano independiente del Poder Judicial, porque actualmente esas funciones las realiza el Consejo de la Judicatura, que es presidido por la misma presidencia de la SCJN, quien se convierte en juez y parte:

El nepotismo

Hay estudios sobre el nepotismo en el Poder Judicial que dejan pasmado a cualquier observador imparcial, con un 26% de jueces, magistrados y ministros que tienen familiares directos trabajando ahí. Hay casos donde se cuentan hasta 76 personas que son familiares directos y que laboran en un mismo despacho o en despachos cercanos. La muy cacareada “carrera judicial” es realmente una máscara para disfrazar el tráfico de influencias y la necesidad de contar con “un padrino/ madrina” que le permita el ascenso o nombramiento a una persona dentro del sistema. Pero no nos vamos a extender en este tema que se suma a la corrupción pura y simple.

El Cartel de la Toga

Así le han venido llamando a la casta judicial que se cubre y defiende entre ellos mismos ante cualquier ataque o cuestionamiento externo al Poder Judicial. Con ello se alude a la delincuencia organizada, sobre todo los carteles de la droga y se establece un parangón de los funcionarios judiciales con estos delincuentes.

El pueblo mexicano sabe que solamente reciben justicia quienes tienen el dinero para pagar por ella. Es decir, la gente adinerada tiene patente o inmunidad para violentar las leyes y cuenta con el sistema judicial para garantizar que no será juzgada y condenada, eso se queda solamente para los pobres que no pueden pagar costosos abogados o jueces corruptos, venales. Los casos de impunidad en delitos graves y homicidios son pasmosos. Los feminicidios usualmente resultan en absoluciones de los culpables. Todo tipo de despojos, atropellos e injusticias se cometen por doquier y no hay quien le garantice imparcialidad o independencia del juez que atiende y resuelve diariamente los asuntos.

Esto es especialmente evidente cuando los involucrados en un proceso judicial son miembros de la élite económica, empresarial, financiera o delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada de muy alto perfil, cuyos casos generalmente son resueltos a su favor, aun en contra de todas las pruebas y evidencias aportadas en el proceso. Los tristemente famosos “sabadazos” son aquellas resoluciones que ponen en libertad a esos delincuentes de alto perfil, usualmente narco traficantes o políticos, que son liberados en la madrugada del sábado, porque las Fiscalías no laboran fines de semana sino hasta el lunes y cuando regresan a funciones, ya es tarde para apelar o volver a aprehender a los peligrosos o famosos delincuentes liberados.

Lo más paradójico y escandaloso, y se ha puesto en evidencia en estos días, es cómo la SCJN es la primera instancia donde se violan la Constitución y las leyes, en aras de obtener un fin político o politiquero, que defienda los privilegios de esa casta judicial que ofende con su existencia al pueblo mexicano. Los casos relacionados con el gobierno de AMLO o el mismo trámite actual de la Reforma Judicial en el Congreso harían sonrojar a un estudiante primerizo de Derecho, por la clase de violaciones al sistema jurídico que la SCJN está acuerpando, al extremo de admitir recursos de amparo contra el Congreso para impedirles sesionar y legislar en materia constitucional, algo que está expresamente vedado por diferentes preceptos constitucionales y ordinarios. El descaro de la casta judicial no tienen límite.

Alegan los trabajadores de base del Poder Judicial que serán afectados negativamente con la Reforma Judicial, pero están siendo instrumentados por jueces, magistrados y ministros, cuyos salarios y prestaciones están totalmente fuera de la Constitución y la ley, llevando incluso a miles de trabajadores a sumarse a una huelga general, a la cual, increíblemente, se ha sumado también la SCJN. No hay palabras para describir la desfachatez de los ministros de la Suprema Corte.

En su lucha contra la Reforma Judicial, la derecha mexicana no ha escatimado esfuerzos ni recursos y han acudido a la ONU, la OEA, la CIDH y, desde luego, la prensa internacional a la cual han de pagarle jugosamente para promocionar sus causas en contra de la decencia, la democracia y la justicia pronta y cumplida en el Poder Judicial mexicano.

No me voy a extender con los casos de espanto, pero ya dijimos en otro artículo aquí que México es el único país del mundo donde existen miles de personas privadas de libertad, que acumulan más de 10 y 15 años encarceladas, sin juicio ni condena. Así de ineficiente y corrupto es el Poder Judicial en México y las víctimas más frecuentes y abundantes de estos abusos son las mujeres y los y las indígenas.

La Reforma Judicial va porque va. Claudia Sheinbaum lo dijo y lo repitió mil veces durante la campaña electoral: “pedimos al pueblo que nos de una mayoría calificada en el Congreso (el Plan C de AMLO), para llevar a cabo las reformas constitucionales que nos permitan modificar al Poder Judicial y otras instituciones”, así como variar la legislación para brindar mayor justicia social y protección a los pobres de México. Y el pueblo acudió masivamente a las elecciones y le otorgó a la Coalición Juntos Hacemos Historia la mayoría calificada en el Congreso y una altísima votación del 60% para la presidencia, frente al escuálido 28% que obtuvo la candidata de la derecha que se lanzó en oposición a la candidata Sheinbaum.

5/9/24

Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS denuncia ante la clase trabajadora y a la opinión pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.

Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.

Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.

Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024

Corrupción e impunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.

         La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.

         Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.

         La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.

         Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.

         Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.

         El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.

         Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.

         Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.

         El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.

Fernando Zamora pedirá al Banco Central y a la SUGEF explicación sobre qué pasó con fondo para auxiliar a ahorrantes de entidades quebradas

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

El abogado constitucionalista Fernando Zamora hace denuncia de lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia de Costa Rica, explicando que en la década de 1980 el gobierno estadounidense le entregó al Banco Central una cantidad de dinero de 16,000,000 de colones con el objetivo de auxiliar a los ahorrantes en caso de quiebras financieras como la que ocurrió en Copemex, Aldesa o Coopeservidores.

Se explica también que dicho dinero fue dado ilegalmente en custodia del Banco Central con el propósito de generar intereses, capitalizarlo y que el fondo creciera. Según la investigación periodista del Semanario Universidad, el Banco Central le entregó fondos millonarios a una entidad bancaria privada para que siguiera manejando el dinero del fondo. Por su parte, el señor abogado expresa que desde su experiencia profesional, no entiende cómo se realizó esa transferencia de dinero a un ente privado si se trataba de fondos públicos en razón de que fue entregado por el gobierno estadounidense a un ente público, el Banco Central, y con un fin público: el de auxiliar a los ahorrantes. 

Han pasado más de 40 años desde la entrega del dinero por lo que a día de hoy ya habría generado muchos intereses, pero según la información del Semanario Universidad, no hay información suficiente. De tal manera, se establecerá la denuncia en los órganos competentes y se avisará de cualquier eventualidad en el caso. Se les invita a ver el vídeo en el que se explica dicha situación en el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2024/08/Fernando-Zamora-denuncia.mp4

Sobre el avance del populismo en Costa Rica: disputas en torno la definición del ideal democrático

Escrito en . Publicado en Análisis.

Lic. Andrey Pineda Sancho

Durante los últimos años, el estilo político de carácter populista ha ganado terreno en Costa Rica. Pese a tener un largo recorrido subterráneo y solapado (en ocasiones más abierto) en la mayor parte de la historia política del país, lo cierto es que este estilo se ha hecho especialmente distinguible en el transcurso de los últimos 10 años. Algunos de sus rasgos, al menos en el plano discursivo, salieron a relucir en la campaña política 2014, cuando las críticas a la hegemonía política y gubernamental del Partido Liberación Nacional se tornaron más vehementes, y otros tantos se hicieron presentes, esta vez con mayor claridad e intensidad, en las campañas políticas 2018 y 2022. En el primero de los casos, a través de candidaturas como las de Juan Diego Castro, quien se destacó por su discurso anti-sistémico y anti-elitista de corte punitivito, y Fabricio Alvarado, quien accedió a la segunda ronda electoral gracias a un discurso religioso-conservador exaltado y polarizante; mientras que en el segundo de ellos, por intermedio del candidato Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial que se vendió a sí mismo como un “outsider” de la política con raigambre popular y como un tecnócrata con capacidad resolutiva, y que, gracias en parte a esa imagen, resultó electo presidente de la república para el período 2022-2026.

Con su avance en el país, el estilo y la retórica populista no solamente ha posicionado y afianzado una crítica al sistema político en términos generales, sino que de forma particular también ha instalado una disputa abierta en torno a la definición de la democracia y del ideal democrático. Sus propulsores han criticado los que a su juicio son vicios de la democracia realmente existente en el país y, al mismo tiempo, han propuesto los supuestos remedios para dichos males. Así, ante un régimen que perciben como copado por unas élites políticas corruptas y desprendidas de los intereses de la ciudadanía, proponen una exaltación del “pueblo” confundido con la figura de un líder fuerte con capacidad de identificar y satisfacer las verdaderas necesidades de las personas comunes, y ante un modelo de representación que juzgan demasiado indirecto postulan, como contraparte, formas mucho más directas e inmediatas para el ejercicio de la soberanía popular. Con este discurso, a todas luces polarizante, los representes del populismo criollo mezclan críticas justas a la democracia liberal imperante en Costa Rica, con un programa abocado a minar, en el mediano y el largo plazo, las bases mismas de toda democracia posible, pues con la excusa de devolverle la soberanía al pueblo suelen propiciar, en cambio, la concentración de poder en la figura del líder (esto es muy evidente en el caso de Rodrigo Chaves), lo cual resulta caldo de cultivo para el autoritarismo y la arbitrariedad, y con el pretexto de una democracia más directa propician el socavamiento de la división de poderes, y, con ello, la potencial vulneración de los derechos ciudadanos, de las instituciones democráticas, y la desaparición de los contrapesos al poder Ejecutivo, lo cual, como se sabe, es la antesala de la tiranía. Señalar el peligro que representa el populismo para la democracia costarricense no implica, ni mucho menos, hacer abstracción de las debilidades y contradicciones que históricamente ha acusado la democracia realmente existente en el país, ni debe, bajo ninguna circunstancia, conducirnos a ello. La democracia es, por definición, un proyecto político y de convivencia inagotable, y su concreción es siempre provisional, imperfecta y multiforme; esta es el resultado de disputas, negociones y acuerdos (o incluso imposiciones) de la más diversa índole; y la democracia costarricense, en particular, no escapa de dicho supuesto. En su devenir, es posible identificar, como diría Pierre Rosanvallon, una serie de “promesas incumplidas e ideales maltrechos” que, con cierta periodicidad, casi de manera crónica, han dado justos motivos para despertar insatisfacción y descontento entre la ciudadanía. Especialmente durante los últimos 40 años, la nuestra ha sido una democracia cada vez más reducida a su vertiente procedimental, en la cual no solamente prima un modelo de representación de carácter cuasi oligárquico, sino también en la que sobresalen problemas como la corrupción; la falta eficacia, por parte de los actores políticos, a la hora de reconocer y atender las necesidades de la población (una población ampliamente excluida y marginalizada, cabe agregar); y la ausencia de estímulos que incentiven la implicación de la ciudadanía en la resolución de los retos comunes.

Ante un escenario tal, resulta imperioso explorar y encontrar alternativas que permitan profundizar las formas democráticas en lugar de socavarlas. La crítica a los defectos de las democracias liberales o minimalistas no debe llevarnos a la caer en las trampas que amenazan con traerse abajo los cimientos de toda democracia posible, tal como, en el límite, lo hacen los populismos. En cambio, debemos apostarle a construir una democracia más inclusiva y participativa, en la cual se multipliquen las instituciones, los discursos y las prácticas favorables a la constitución de un ethos democrático compartido, en la que principios éticos como la confianza, la integridad y la franqueza animen el accionar político e institucional, y en la cual se ofrezcan soluciones prácticas y realistas a las necesidades de la ciudadanía.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: https://cicde.uned.ac.cr/blog/148-sobre-el-avance-del-populismo-en-costa-rica-disputas-en-torno-la-definicion-del-ideal-democratico

Declaración de la Asociación Costa Rica Íntegra sobre el Proyecto de Ley Jaguar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Julio 2024

Costa Rica Íntegra (CRI) es una organización sin fines de lucro creada en 2012, Capítulo Nacional de Transparencia Internacional para Costa Rica y cuya naturaleza es ser un grupo independiente e imparcial en relación con otras instituciones e instancias, tanto públicas como privadas y eminentemente apartidista. CRÍ se dedica a impulsar la Transparencia, la Probidad y promover la Anticorrupción (TAP).

Su objetivo es promover la transparencia, el respeto a la legalidad, la lucha contra la corrupción y la integridad en el accionar del Estado y la sociedad costarricense como condiciones de desarrollo democrático y progreso económico y social.

Es imperativo para CRI, de acuerdo a sus objetivos, pronunciarse sobre las oportunidades y amenazas para la transparencia y la anticorrupción en la gestión pública, aparejadas en el Proyecto “Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica” (expediente legislativo 24.364), presentado por el Poder Ejecutivo.

Nuestro pronunciamiento desarrolla cinco consideraciones clave que pretenden contribuir en la deliberación para el proyecto de ley Jaguar, y que luego se resumirán en cinco valoraciones finales a modo de síntesis.

Primera consideración: la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente, el momento amerita fortalecer los controles.

Variada y rigurosa evidencia arroja que el país no está en un periodo de mejoría notable de la transparencia y de la integridad. Por el contrario, los hechos señalan que:

  1. Los episodios de corrupción de alto perfil o también llamados de “cuello blanco” son cada vez son más frecuentes y de montos y afectaciones sociales más importantes, tal como lo ejemplifican los casos “Cemento Chino”, “Cochinilla”, “Azteca”, “Comején”, “Madre Patria” y “Coraza”, entre otros.  En estos se descubrieron amplias redes de funcionarios públicos y actores privados que cooptan las políticas e intervenciones de las instituciones públicas, desviando importantes recursos a su favor y afectando los servicios que se brindan a la mayoría de la población.
  2. El incremento del crimen organizado trae aparejado un cada vez mayor riesgo de cooptación de la institucionalidad pública, ya que este tipo de crimen requiere áreas de corrupción y opacidad para operar, ocultar y luego legitimar sus ganancias ilícitas.
  3. La corrupción en trámites administrativos se manifiesta en un elevado y creciente el número de denuncias ante el Poder Judicial, la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República relacionados con faltas a la probidad y delitos contra los deberes en la función pública.
  4. Hay mayores restricciones al acceso de la información pública y un descenso en los índices de libertad de prensa. Además, no avanzan las iniciativas legislativas para aprobar la Ley de Acceso a la Información pendiente desde hace más de una década.
  5. En la última edición Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Costa Rica no recupera su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y se sitúa en un rango de desempeño deficiente (55 de 100 puntos posibles). En América, Canadá obtuvo un (76) y Uruguay (73) ubicándose en la cima, Costa Rica está a más de quince puntos de los mejores puntajes hemisféricos. Ciertamente esta medición general de percepción mundial puede y debe ser complementada con miradas más cercanas, de manera documentada, independiente y veraz.
  6. En las encuestas de opinión los niveles de corrupción se sitúan como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía desde hace más de una década.

Basados en las afirmaciones anteriores, la coyuntura por la que pasa Costa Rica no es un momento para aumentar la discrecionalidad y eliminar algunos de los controles sobre el erario público. En concreto, no contribuiría a la transparencia y probidad el eliminar la obligatoriedad de compartir la información con la Contraloría General de la República sobre las compras y obras de manera anticipada, por el contrario, se disminuiría la capacidad de los entes de control de actuar para prevenir cualquier acto indebido que facilite la corrupción, y a su vez la posibilidad de que la ciudadanía conozca estas actuaciones oportunamente.

Segunda consideración: la contratación pública, en especial de obra pública, es un área altamente vulnerable a la corrupción que amerita una fiscalización robusta desde entes técnicos y ciudadanía.

Los mayores escándalos de corrupción han acontecido en el área de contratación pública, para la cual se presupuestan recursos públicos significativos. En particular, el riesgo se incrementa en zonas poco supervisadas, que amplían los portillos a la corrupción: acciones ante las emergencias nacionales y empréstitos con ejecución más flexible en los controles de las compras públicas. La composición de las compras públicas en donde prevalece la compra directa atomizada tampoco ayuda.

Este tipo de situaciones impacta directamente en la calidad de los servicios públicos y obras que recibe la población, muchas veces retrasadas, inconclusas o deficientes. Ello incrementa la desconfianza a la población en sus gobernantes.

La CGR juega un papel fundamental en los controles previos y posteriores de la contratación pública. El incremento de los controles y las mejores prácticas internacionales se han plasmado en sucesivos cambios legales, en respuesta a la creciente complejidad de la institucionalidad pública costarricense, su nivel de gasto y la evidencia de casos de corrupción.  Las leyes en las últimas décadas han facultado a la CGR, a las auditorías interna, al control interno de las instituciones para que su intervención no se limite a actuar al final, sino que puedan prevenir antes de que ocurra la irregularidad y no esperar a que se haya consumado. La recuperación a posteriori de los recursos públicos mal gastados es muy difícil. También ha habilitado la acción previa desencadenada por denuncias e investigaciones abiertas por las auditorías de las instituciones. Más de un centenar de sanciones al año muestran la importancia de estos mecanismos.

Los avances que el país ha mostrado con la Ley de Contratación Pública y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) requieren esfuerzos continuos para que su aplicación sea efectiva, y sobre todo se reformen algunos cuellos de botella y vacíos identificados, tal como la necesidad de incorporar mayor transparencia y participación ciudadana.

En este contexto, se considera negativa la propuesta del proyecto de Ley Jaguar, concretamente la posibilidad de arrendar inmuebles por hasta 30 años sin seguir procedimientos ordinarios estrictos. Los contratos de arrendamiento a largo plazo pueden dar lugar a compromisos financieros prolongados y desfavorables para el Estado si no se regulan adecuadamente. La falta de procedimientos estrictos puede permitir que se firmen contratos que no sean beneficiosos para el interés público, comprometiendo los recursos del Estado por períodos prolongados. Es necesario, entonces, establecer cláusulas claras que protejan al Estado de compromisos desventajosos y aseguren revisiones periódicas de estos contratos.

Además, con estas propuestas de desregulación el potencial de conflictos de interés queda incrementado, por ejemplo, la falta de mecanismos claros y regulados para la selección de aliados estratégicos en las alianzas de JAPDEVA. Sin procedimientos transparentes y rigurosos para la selección de aliados estratégicos, permitiría un mayor riesgo de prácticas corruptas y favoritismos. Las decisiones pueden ser influenciadas por intereses privados, comprometiendo la integridad de los procesos y afectando negativamente el interés público. La implementación de criterios claros y procesos transparentes es esencial para mitigar estos riesgos y asegurar que las alianzas estratégicas se formen en beneficio del interés general.

Tanto las alianzas estratégicas como la licitación pública y otros mecanismos son válidos para la consecución de fines públicos. Lo importante es que sea el mecanismo idóneo para la selección del co-contratante, el que mejor garantice que se respete los principios de igualdad de trato, libre concurrencia, probidad y transparencia. En ese sentido, cabe por ejemplo las alianzas estratégicas de una empresa pública con una o varias empresas privadas, en una relación de socios para hacer negocios en que cada parte aporta lo suyo, pero deben existir criterios técnicos, aportes, precios y objetivos claros para que la entidad pública seleccione a ese socio, y obtenga los mayores réditos de esa alianza.

Tercera consideración: El diseño del Estado costarricense tiene controles que se complementan y refuerzan entre sí, cualquier cambio afecta la distribución de pesos y contrapesos y afectará la detección de las irregularidades.   

Conviene mirar al diseño que en 1949 se adoptaron en el marco de la Constituyente y las decisiones que incorporó una serie de controles a la gestión de la hacienda pública. De hecho el estado costarricense tuvo un crecimiento de funciones y gasto extraordinario a partir de 1940 y los constituyentes valoraron el periodo de un régimen de despilfarro y de peculado y establecieron como prioridad el diseño de una arquitectura del estado para reducir oportunidades para la corrupción y para racionalizar la actuación financiera del Ejecutivo.

Al realizar un recorrido sobre las actas de la Constituyente se encuentran en la misma comisión y línea de discusión los temas de presupuesto, contraloría y descentralización, dando autonomía a un conjunto de instituciones públicas para que operaran con criterio técnico. Las instituciones contraloras son parte de un diseño constitucional de pesos y contrapesos para salvaguardar la hacienda pública y el bien común. Los constituyentes valoraron que “se hace indispensable garantizar que esas instituciones no se convertirán en fácil pasto de la política y de las maniobras del Ejecutivo”.

En palabras de un constituyente “Priva en el Proyecto de la Constitución la tendencia a la creación de instituciones autónomas dentro del Estado que dirijan ciertos organismos. Con ello se da participación efectiva a los más capacitados para orientar tales actividades, se les responsabiliza por su labor y se abre campo a una colaboración más eficaz de la ciudadanía en la obra de administrar; y acaso lo más importante: se da estabilidad a lo técnico y se le aleja de la peligrosa politiquería.  Pero el Proyecto (de la Constituyente) mejora la situación actual, al exigir que esa intervención sea realizada por Instituciones Autónomas, es decir, no por los Ministerios directamente, no con política de por medio, sino por funcionarios técnicos e independientes del ciclo político, especializados en la materia.”

La CGR es el ente rector de este sistema control, clave para mantener el principio de legalidad y el Estado de Derecho. El legislador ordinario, además, le ha ido agregando múltiples funciones a la Contraloría en las últimas décadas, haciendo más sofisticado el alcance y creando distintas capas de supervisión, incluyendo las más recientemente en la administración Alvarado, la ley que establece la regla fiscal que amplió las funciones de la CGR como ente responsable de fiscalizar su cumplimiento, con responsabilidad final.

Si alguna parte de ese diseño se ve trastocada, se modifica todo el conjunto del diseño y no se garantizaría su efectividad. Por ello, las reformas deben incorporarse con base en un criterio integral y de impactos del sistema de fiscalización. Las competencias que se eliminan de un alguno de los entes de control, deben verse fortalecidas en otro ámbito de control, de lo contrario se crearán silos no observados y aumentará la opacidad, que se sabe es caldo de cultivo para la corrupción.

La CGR ha venido evolucionando hacia un esquema más moderno que fortalece el control de primer piso, es decir las auditorías internas y la atención de denuncias. Se han promovido los casos presentados por los auditores o denuncias anónimas. La OLACEFF y estándares de la OECD marcan las pautas en esta materia de las mejores prácticas, en donde la CGR ha estado bien evaluada consistentemente. Recientemente presentaron un proyecto que utiliza inteligencia artificial para la supervisión por cámaras de la obra pública, convirtiéndose en uno de los primeros entes fiscalizadores en el mundo en contar con esta tecnología.  

En conjunto con este sistema de pesos y contrapesos, cabe recordar los principios más relevantes sobre la gestión pública contenidos en la Constitución:

  • Principio de Legalidad (Artículo 11): Todas las actuaciones de las entidades públicas deben realizarse conforme a la ley.
  • División de Poderes (Artículo 9): Debe respetarse la separación de funciones entre los poderes del Estado y sus instituciones.
  • Eficiencia Administrativa (Artículo 191): Las reformas deben promover la eficiencia en la administración pública.
  • Fiscalización (Artículo 183): La CGR debe mantener su rol de supervisión de la Hacienda Pública.

Cuarta consideración: CGR es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional.

Existen diferentes modelos de control y de entidades de fiscalización superior -conocidas como Contralorías- en el mundo, de acuerdo con el respectivo diseño constitucional. En ese sentido, los artículos 183 y 184 de la Constitución son muy amplios, no limita expresamente la potestad de fiscalización al control posterior, sino que lo deja abierto al control preventivo, concomitante y posterior de la gestión pública, a criterio del órgano fiscalizador. Además, hay funciones asignadas por la propia Constitución (art.184) y otras que la Constitución permite que la Contraloría realice por encargo legal (otras funciones que la ley le asigne, dice el inciso final del art.184). Y entonces, sí se asignaron funciones de control previo tanto por la Constitución como por las leyes.

No cabe disminuir el ámbito de fiscalización sin violentar el diseño constitucional que responde a un modelo de control lo más abarcativo posible. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

Con ello no se está negando que hay una sentida necesidad de revisar procedimientos a lo interno de la CGR, sobre todo mejorando aquellos cuellos de botella que terminan haciendo más largo el proceso de las acciones u obras, y por ende más susceptible a la corrupción.

La CGR ha venido llenando vacíos, como el fortalecimiento de auditores internos, su protección ante el jerarca, y también de los departamentos legales, la educación para el control desde la juventud y capacitaciones. También es de reconocer la mejora en la fiscalización presupuestaria y de la calidad y oportunidad de los datos e informes ante la Asamblea Legislativa, lamentablemente no siempre estudiados y puestas en práctica sus recomendaciones.

Debe seguirse el camino ya iniciado de mejorar la efectividad de la CGR, por ejemplo la capacidad de imponer sanciones en los procesos de atención de denuncias e investigaciones, la construcción de una verdadera red de fiscalización general y en cada institución con auditorías con mayores instrumentos e independencia de los jerarcas, y la puesta en marcha efectiva del control interno, que aún no se ha consolidado.

La fiscalización a posteriori que postula la ley Jaguar limita la actuación de la CGR a revisiones después de que las decisiones administrativas hayan sido tomadas y ejecutadas, una acción de autopsia forense frente a hechos consumados.

Esta limitación debilita la capacidad de la CGR para prevenir irregularidades y actos de corrupción antes de que ocurran. La falta de controles preventivos reduce la posibilidad de detectar y corregir errores o actos ilícitos en etapas tempranas, lo que puede resultar en la malversación de fondos públicos y otros actos de corrupción que podrían haber sido evitados. La prevención es una herramienta esencial para mantener la integridad en la gestión pública.

Un ejemplo de controles en la Hacienda Pública es que, por varios años la Contraloría General de la República (CGR) no ha aprobado la liquidación de los presupuestos del gobierno central, hecho que subraya una debilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo para gestionar apropiadamente el presupuesto público. Ello recuerda la necesidad estratégica de contar con potentes mecanismos de seguimiento y control del gasto público. En particular, cuando hay áreas estratégicas del desarrollo (educación, salud, empleo) en donde se carece de políticas públicas con horizontes delimitados y justificados técnicamente. Los actuales estilos de gestión basado en el establecimiento de una ruta por parte de un jerarca o de micro intervenciones, puntuales sobre todo en las instituciones autónomas, subrayan aún más esta necesidad de supervisión de los fondos públicos. La injerencia directa, o por medio de públicas y notorias intervenciones en juntas directivas de autónomas, culminan un largo proceso de modificaciones de fondo a la arquitectura de lo público.

En la práctica, Costa Rica pasa por un periodo de fuertes tensiones del diseño institucional creado para reducir las oportunidades para la corrupción. Tensiones que se expresan en el ámbito del presupuesto, del sistema de fiscalización y en la injerencia política directa en las autónomas. La armonización del conjunto público no puede hacerse mediante directrices presidenciales y rectorías sectoriales.

Quinta consideración: el cumplimiento de distintos compromisos del país y los estándares internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los órganos de control.  

Muy diversos instrumentos jurídicos de los cuales Costa Rica es signatario, obligan al país a un fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de las instituciones de control y detección y sanción de la corrupción. Esta necesidad se le ha planteado como un objetivo prioritario para Costa Rica en la Informes oficiales e independientes de cumplimiento de las convenciones anticorrupción de la OEA y de las Naciones Unidas, en informes de la OECD, en Asambleas Generales de Naciones Unidas y Cumbres hemisféricas, entre otros.

La OCDE, en un estudio reciente “Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos” recomienda:

  • Mejorar la articulación entre los actores claves del Sistema de integridad y asegurar la implementación de las políticas de Integridad en todo el sector público.
  • Incluir prioridades relacionadas a la integridad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026
  • Mejorar la gestión de conflictos de intereses que está en el corazón de la prevención de la corrupción, pero el marco costarricense está fragmentado, hay vacíos y falta orientación.
  • Fortalecer la transparencia e integridad en los procesos de toma de decisiones públicas y promover su resiliencia ante riesgos de influencia indebida.
  • Mejorar la calidad de los procesos disciplinarios y asegurar su aplicación uniforme y equitativa.

La OCDE, con sus expertos en integridad y transparencia y conocedores de las mejores prácticas internacionales lejos de debilitar, señala importantes oportunidades de mejora que se aplican al gobierno e instituciones y se orientan a ampliar la integridad en la función pública y la coordinación a partir del plan nacional de desarrollo con orientaciones claras para la transparencia.

Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC Decreto Ejecutivo 43248-MJP), fue dedicada al enfoque prevención por ser uno de los eslabones más débiles en la lucha contra la corrupción.  El eje 1 de este instrumento propuso la elaboración de un modelo de gobernanza y una política pública que fortalezca la institucionalidad de control del país, y el eje 4 propone una serie de reformas para mejorar la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada.

“El objetivo principal de la ENIPC es establecer el marco estratégico de acción del Estado y del conjunto de actores de la sociedad, con horizonte claro, que haga énfasis en la prevención, la promoción de la ética y la creación de una cultura de legalidad que minimice los actos de corrupción.”  

Esta Estrategia contiene una base con temas concretos, medibles, alienados con distintas agendas internacionales y co-creados a partir de los saberes de un conjunto de sectores e instituciones relacionadas con el tema. Son estos insumos los que debería retomarse como rumbo para afinar el sistema de control de manera integral.

Con este panorama que explicamos, el gobierno presenta una convocatoria a Referéndum con un Proyecto de Ley que denomina Jaguar, mediante una gestión ante la Asamblea Legislativa y otra gestión ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En un proyecto complejo, enfocamos nuestras valoraciones iniciales en la oportunidad de detectar y sancionar la corrupción para no apoyarlo. Aún así, concluimos que renunciar a un proceso que depure y mejore nuestro modelo de control sería un error, por el contrario, podría aprovecharse para una mejora significativa en la cultura de transparencia, probidad y participación ciudadana.

Valoración 1

Frente a los peligros de cooptación del crimen organizado y la alta incidencia de actos de corrupción en la contratación pública, no se deben debilitar la normativa ni la institucionalidad de control y supervisión de la gestión pública.

Valoración 2

El riesgo de corrupción aumenta al introducirse mayores áreas de opacidad en cuanto a la selección de proveedores, arrendatarios, alianzas estratégicas, entre otras decisiones discrecionales, en un país que en los últimos años está retrocediendo sistemáticamente en las mediciones de transparencia, anticorrupción, en el derecho humano de acceso a la información y la libertad de prensa.

Valoración 3

Se deben proteger la independencia, la integridad y las competencias previas y posteriores de fiscalización de la Contraloría General de la República, como garante en nuestro Estado Democrático de Derecho, de la protección del dinero público y de los procedimientos de control, vigilancia y transparencia en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

La reducción de la fiscalización preventiva por parte de la CGR, las auditorias, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables.

Valoración 4

La CGR debe revisar sus procedimientos de fiscalización de la gestión pública para hacerlos más expeditos y sensibles a las necesidades de la población. La apertura de la discusión sobre el modelo de control se debe aprovechar para identificar técnicamente y co-crear soluciones para esas áreas de mejora, incluyendo una efectiva participación ciudadana.

Valoración 5

Varios principios constitucionales clave, compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OECD, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles.

Con este manifiesto, CRI responde a los mandatos de sus fundadores y toma la palabra enfatizando un ámbito de enorme importancia como es la defensa de la transparencia, la probidad, el sistema de controles, en tiempos que definitivamente no son de integridad y transparencia en la función pública y aborda inicialmente un conjunto de elementos que tendrían que tener un debate sereno y por los canales constitucionales.

Para mayor información contactarse con:

Correo-e: integra@cr.transparency.org

Web: www.costaricaintegra.org

Facebook: /costaricaintegra

Twitter: @cr_integra

Instagram: @costaricaintegra