En estos días de celebración cristiana de la Navidad se ha dado a conocer la decisión del Gobierno norteamericano de Donald Trump de trasladar la Embajada de ese país en Israel, que está en la ciudad de Tel Aviv, a la ciudad de Jerusalén y de esa manera, aceptar esa ciudad también como capital de Israel. Esta decisión arbitraria viola el carácter neutral de Jerusalén, que la ONU ha mantenido desde hace casi 70 años, por ser una ciudad compartida entre judíos, musulmanes, cristianos y armenios, y tener para todos ellos una especial relevancia histórica religiosa.
Jerusalén es una ciudad con cuatro barrios: El más grande de ellos palestino musulmán, seguido por el palestino cristiano y luego por el palestino judío y armenio. En cada uno de esos barrios se ubican los templos más importantes de cada una de las tres comunidades religiosas.
En la parte judía, está el conocido Muro de los lamentos y el templo del Sancto sanctórum, que es el recinto más sagrado del judaísmo en el mundo. En la parte cristiana, compartida por los armenios, está la Iglesia del Santo Sepulcro que es el más importante sitio de los cristianos del mundo. En la parte musulmana está la Iglesia del santuario de la Cúpula de la Roca, donde los musulmanes veneran el ascenso a los cielos de su principal figura, y la Mezquita de Al-Aqsa, igualmente sitio de importancia mundial del islamismo.
El jefe del Gobierno israelí ha saludado la decisión de Trump e invitado a la comunidad de naciones del mundo a seguirlo y convertir a Jerusalén en una ciudad judía unilateral y violatoriamente sobre las otras dos religiones presentes en esa ciudad. Por casi 70 años ha prevalecido la neutralidad de la ciudad de Jerusalén y el impedimento de que ni Palestina ni Israel pueden tomarla como capital y por eso hasta ahora todas las embajadas del mundo estaban en Tel Aviv.
Al no existir ningún pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Costa Rica, se está caucionando esta insensatez condenada por la Unión Europea, Naciones Unidas y el resto de la comunidad internacional de manera casi unánime.
Por tanto,
La Red de Solidaridad con Palestina de Costa Rica, formada por personas y organizaciones sindicales, sociales y políticas diversas, condena esa irrespetuosa y violatoria decisión del Gobierno norteamericano de aceptar convertir a Jerusalén en una ciudad de una sola religión, judía, y de una capital de un Estado judío. Jerusalén debe ser la expresión de la convivencia que Palestina tuvo en el pasado de albergar a judíos, cristianos y musulmanes y no ser apropiada por una de esas religiones contra el simbolismo y creencias de las otras que la comparten.
Demandamos del Gobierno de Costa Rica se pronuncie condenando esa decisión del Gobierno del señor Trump y haga un vehemente llamado a que se respete la neutralidad de esta ciudad santa para las Tres comunidades mundiales religiosas. Costa Rica debe unirse al resto del mundo en contra de la decisión de EU de declarar a Jerusalén la capital de Israel.
Demandamos la afirmación del Gobierno de Costa Rica de no seguir el mal ejemplo de trasladar nuestra Embajada en Tel Aviv a Jerusalén.
Invitamos a un mitin pacífico de protesta frente a la sede de la Embajada norteamericana este jueves 21 de diciembre a las 3:00 p.m. para protestar por la decisión del Gobierno de Donald Trump de trasladar a Jerusalén su representación diplomática y legitimar las pretensiones del Gobierno israelí de adueñarse de esta ciudad convirtiéndola en su capital.
Dada en San José, Costa Rica, el 17 de diciembre de 2017
Red de Solidaridad con Palestina C.R/Pablo Hernández Arias, Coordinador Provisional/phdezarias@gmail.com
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS Catástrofe ambiental inminente en Gaza.
Conocimientos geológicos son cada vez más necesarios para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de la población
La Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica cumple 50 años de generar amplia investigación geológica al servicio de la sociedad costarricense. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Variada investigación en el campo de la geología fue expuesta en el Congreso Geológico que se celebró el viernes 17 de noviembre, con la participación de docentes, estudiantes e investigadores, en el marco del 50 aniversario de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica.
En una búsqueda incesante por conocer y compartir el conocimiento del planeta Tierra, su conformación y características, incluso conocer su relación con otros planetas, profesionales en geología de la UCR se dieron cita en el auditorio César Dóndoli Burgazzi para compartir sus investigaciones.
Los temas abordados fueron la evolución de la corteza continental, el descubrimiento de fallas en el país con potencial sísmico, características de los volcanes antes de una erupción, los montes submarinos y su relación con las placas tectónicas y la actividad sísmica, también se ahondó en las características geológicas del sistema montañoso de mayor elevación al sur de América Central, en la cordillera de Talamanca, y la vida y composición de las cuevas en Costa Rica, fueron tan solo algunos de los temas expuestos.
La Escuela Centroamericana de Geología de la UCR celebra su 50 aniversario con diferentes actividades, entre ellas, el Congreso de Geología. En la fotografía, participantes del encuentro. Cortesía de Lanname-UCR.
El director de la Escuela Centroamericana de Geología, el Dr. Mauricio Mora, explicó que la mayor parte del conocimiento geológico que es liderado por la Escuela a nivel nacional y regional, se genera gracias a la integración de la docencia, la investigación y la acción social. Se trabaja con la certeza de que la sociedad costarricense requiere de conocimientos geológicos para la toma de decisiones y mejorar su calidad de vida.
En este sentido, Mora destaca que la pasada Tormenta Tropical Nate y el huracán Otto así como otros eventos han dejado claro la necesidad de que se incorpore la geología en los procesos de desarrollo y gestión del riesgo en Costa Rica a nivel municipal, institucional, gubernamental y educativo, ya que la investigación geológica se orienta a entender diversos fenómenos que suceden en la corteza terrestre y a partir de este conocimiento evitar los desastres disparados por procesos geológicos (volcanes, sismos, inundaciones, deslizamientos, entre otros) pero que son originados por el aumento desmedido de la vulnerabilidad por la falta de un ordenamiento territorial y de gestión de los recursos geológicos adecuados.
En el Congreso se contó con la participación del geólogo y destacado investigador y egresado de la Escuela, Esteban Gazel, quien impartió la charla magistral denominada “La evolución de la corteza continental y el laboratorio natural de Costa Rica”. Actividad realizada en el Auditorio César Dóndoli. – foto Anel Kenjekeeva.
Los profesionales de la Escuela Centroamericana de Geología, el Centro de Investigación de Ciencias Geológicas, la Red Sismológica Nacional y el Programa de Posgrado en Geología constituyen una fuente amplia de investigación, todos los proyectos, campañas geológicas, trabajos finales de graduación de grado y posgrado, han contribuido ya por 50 años al avance del país y la región en la cartografía geológica.
Interacción hombre-volcán
Se presentó un estudio sobre la convivencia de las poblaciones con los centros volcánicos y cómo se aprovechan los recursos que estos proveen: agua, suelos fértiles y materiales de construcción, entre otros. Para los especialistas, estudiar estas interacciones hombre-volcán son fundamentales para prevenir y mitigar el impacto de la actividad volcánica en las ciudades modernas. El estudio presenta dos casos: uno en la región norte del volcán Poás y otro cerca del Monumento Nacional Guayabo en las faldas del volcán Turrialba.
Panorámica de la cordillera de Guanacaste, escenario natural de investigación. De izquierda a derecha, se observan los volcanes Rincón de la Vieja, Miravalles y Tenorio. Fotografía: Luis Madrigal Solano
En algunos casos la geología posibilita, además, el conocer algunos misterios de la historia del planeta y de la vida misma. En el Congreso se contó con la participación del geólogo y destacado investigador y egresado de la Escuela, Esteban Gazel, quien impartió la charla magistral denominada “La evolución de la corteza continental y el laboratorio natural de Costa Rica”.
Para el especialista, comprender los procesos responsables de la formación de los continentes es fundamental para explicar la evolución de nuestro planeta. En el estudio se utiliza el istmo de América Central (Costa Rica y Panamá) como un laboratorio natural para comprender mejor el origen de los continentes, utilizando datos geoquímicos y geofísicos para reconstruir su historia natural.
Mauricio Mora destacó que dicha unidad académica debe consolidarse y asumir con gran responsabilidad los nuevos retos que se nos presentan. Entre las más importantes está la formación de nuevos profesionales en Geología, así como producir y divulgar el conocimiento a partir de un sustento científico-técnico, ético y humanista sólido, para contribuir al desarrollo de una mejor calidad de vida de la sociedad en armonía con el ambiente.
Rebeca Madrigal López
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Con motivo de la celebración en el 2021 del bicentenario de la independencia de Costa Rica y Centroamérica, la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, convoca a un diálogo nacional para la construcción del Ideario Costa Rica Bicentenaria.
La actividad que inaugura esta iniciativa es un concurso de artes visuales, el cual busca estimular la producción de propuestas artísticas contemporáneas con nuevas formas de vinculación entre disciplinas mediante diversos lenguajes artísticos, con una visión integral sobre el significado del bicentenario de la independencia.
“Queremos estimular la reflexión sobre las oportunidades y retos para una Costa Rica Bicentenaria por medio del arte, además de enriquecer la presentación gráfica de cada uno de los proyectos que se elaborarán”, dijo Daniel Rueda, vicerrector de Investigación.
El concurso está dirigido a artistas visuales, de cualquier edad, género o grado académico, interesados en hacer aportes y mostrar su visión respecto a la Costa Rica Bicentenaria. Las obras deberán ser originales e inéditas y podrán participar en las áreas de dibujo, arte gráfico, grabado, fotografía, escultura, cerámica, documental y video.
Las propuestas serán recibidas del 15 de enero al 28 de febrero de 2018 y un jurado conformado por reconocidos artistas de las artes visuales y otras disciplinas, seleccionarán tres ganadores quienes recibirán dos mil dólares cada una.
Dentro de los criterios a evaluar destacan la originalidad, claridad en el mansaje y el contenido, pertinencia, viabilidad para realizar la obra e instalarla en los distintos campus de la UNA, y la capacidad de la imagen de generar grados de sensibilización y compromiso con la temática del concurso.
El costo de producción será asumido por la persona ganadora, mientras que la inversión que se requiera para la instalación, será cubierta por la Institución.
De acuerdo con Rueda, dentro de las publicaciones del Ideario Costa Rica Bicentenaria se hará una publicación de los 20 diseños con mayor puntaje, reservándose espacios privilegiados para las obras ganadores con las respectivas obras ya producidas.
Dentro de las publicaciones del Ideario Costa Rica Bicentenaria se hará una publicación de los 20 diseños con mayor puntaje, reservándose espacios privilegiados para las obras ganadores con las respectivas obras ya producidas.
El fallo del jurado se dará a conocer el 30 de abril. Para conocer los detalles de la convocatoria debe ingresar a www.investigación.una.ac.cr.
*** Para mayor información comuníquese con Daniel Rueda, vicerrector de Investigación (8387-3312) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
*Imagen con fines ilustrativos tomada de secundariaenarte.ecea.edu.ar
Voces expertas de la Universidad de Costa Rica nos ayudan a profundizar en el concepto de democracia y explican cómo nuestras acciones ayudan a construirla o no
Sección de prensa Oficina de Divulgación e Información UCR,
En este 196 aniversario de vida independiente, Costa Rica se encuentra ante diversos escenarios que ponen en tela de juicio la calidad de su democracia, desde la perspectiva de los derechos humanos, del medio ambiente, de la política, la educación, el consumo y la cultura. Es válido y urgente, –de cara a las próximas elecciones nacionales– reflexionar sobre nuestro deber ciudadano en la construcción de la democracia. Por ello, una serie de voces expertas de la Universidad de Costa Rica reflexionan sobre ¿cómo construimos o destruimos democracia?
Le invitamos a hacer el recorrido por estas 11 entrevistas o aportes y un video que tienen la esperanza de motivar cambios cotidianos respecto a cómo asumimos el ser costarricense.
En el marco de la conmemoración de la independencia de Costa Rica, algunos miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) reflexionaron sobre los aportes que esta institución ha hecho al país y al mundo entero, en particular aquellos que contribuyen en la construcción de vida independiente en nuestro país.
Entre estas apreciaciones existe una visión común: la universidad como institución de reflexión, crítica y desarrollo del conocimiento. Así lo resume el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen, quien afirma que la universidad es una de las instituciones más antiguas y estables de la cultura occidental.
«Mediante el cultivo del conocimiento, su desarrollo y transmisión, la universidad ha contribuido al progreso social, económico y cultural de manera incalculable. Como institución formadora de profesionales, la universidad ha promovido en todo el mundo la movilidad social, estimulado el progreso productivo y cimentado el desarrollo de la identidad nacional, factores decisivos de progreso y de paz«, expresó el Rector.
En la opinión de la historiadora Rina Cáceres, quien además es coordinadora de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la UCR, la conmemoración de la independencia no fue igual para todas las personas. El proyecto hegemónico de blanqueamiento dejó un legado de homogenización y excluyó a los pueblos originarios.
«Un país multiétnico y pluricultural, como se define ahora la República de Costa Rica, debe incorporar la diversidad cultural de los pueblos que la habitan. A casi dos siglos de la firma de la independencia, la UCR ha hecho grandes esfuerzos por promover la reflexión y el debate sobre estos retos pendientes, y se ha empeñado en abrir espacios para promover la inclusión«, afirmó.
Uno de estos esfuerzos se visibiliza en el aumento en la matrícula de estudiantes de territorios indígenas de todo el país, que en dos años aumentó diez veces pasando de 12 en el 2015 a 120 en el 2017. Estos resultados se alcanzaron gracias a estrategias de trabajo directo con estas poblaciones, como el apoyo académico en estudios secundarios, el reforzamiento de la relación entre la universidad y las comunidades, y la asesoría y el acompañamiento en el proceso de admisión y en la permanencia universitaria.
La equidad en el acceso a la educación superior también se manifiesta en la posibilidad de que jóvenes con discapacidades cognitivas tengan un espacio en el seno de la UCR. Hace ocho años se creó el Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), una respuesta para el cumplimiento de los derechos de todas las personas con discapacidad. En el semestre en curso, 121 estudiantes con esta condición llevan cursos con PROIN.
«La universidad se convierte en pionera y, hasta la fecha, es la única instancia de educación superior publica a nivel latinoamericano que da un lugar intrauniversitario a la población con discapacidad cognitiva, con la oportunidad de elegir cursos libres de formación académicos con independencia en su participación«, indicó la M.Sc. Mildred García, coordinadora de esta programa.
La regionalización es otra manera de ver el accionar universitario por la democratización del conocimiento. Así lo ve el Dr. Razziel Acevedo, director de la Sede de Guanacaste, quien afirma que los vínculos entre la universidad y la sociedad en las regiones alejadas de la capital suelen ser más intensos y dinámicos.
«Los aportes en investigación, acción social y docencia han permitido un rescate cultural muy grande, que suma en la consolidación de la identidad costarricense, y permite que más jóvenes tengan oportunidad de formarse en carreras innovadoras«, argumentó.
Algunas de esas carreras son: Bachillerato en Gestión Integral del Recurso Hídrico, en la Sede de Occidente; Ingeniería en Desarrollo Sostenible, en la Sede del Pacífico; o la Licenciatura en Marina Civil, en la Sede del Caribe, entre otras.
Las organizaciones señalaron que en los últimos años la población penitenciaria en Costa Rica ha experimentado un aumento considerable. Así, indicaron que la tasa de prisionalización es de 352 personas por cada 100.000 habitantes. “Costa Rica tiene una población carcelaria mayor a la de países con mayor criminalidad, como Brasil o Guatemala”, señaló Manuel Rojas, representante de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR.
Indicó que lo anterior obedece a la adopción de políticas de mano dura, que privilegian las medidas privativas de libertad sobre aquellas menos restrictivas; legislación que permite la prisión preventiva por circunstancias ajenas a las permitidas por los estándares internacionales; normas que posibilitan vulneración de garantías reconocidas en la Convención Americana; entre otros. Igualmente, señaló que algunos jueces han sido perseguidos por aplicar la Convención y por realizar sustitución de prisión preventiva por medidas cautelares distintas, aunque permitidas por el ordenamiento.
Por su parte, Gisela De León, de Cejil, agregó que, para que un centro penitenciario funcione de manera adecuada, debe contar con infraestructura apropiada, personal suficiente y capacitado y programas adecuados para la reinserción social. Sin embargo, todos estos factores son insuficientes ante el aumento de la población penitenciaria, lo que a su vez incide negativamente en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Las organizaciones peticionarias reconocieron los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Justicia y Paz, bajo el liderazgo de la Ministra Cecilia Sánchez, para reducir el hacinamiento penitenciario. Sin embargo, resaltaron que la respuesta a este problema parte de la necesidad de un cambio en la política criminal.
La representante de Cejil explicó que, dentro de la población penitenciaria, hay grupos que se encuentran en una situación más vulnerable. Por ejemplo, las mujeres, las personas de pueblos indígenas, personas LGTBI. En particular se refirió a las afectaciones que sufren éstas últimas, a partir de la información obtenida a partir de un diagnóstico realizado en la materia, gracias al apoyo de la Unión Europea. Asimismo, Gisela reconoció que el Ministerio de Justicia y Paz ha realizado esfuerzos para abordar estas situaciones violatorias.
A la audiencia asistió la máxima representante de la cartera, quien informó las medidas que ha adoptado para profundizar en las garantías a favor de la población penitenciaria. Destacó, dentro de su exposición, que actualmente trabaja en conjunto con Cejil en la adopción de un protocolo para la atención de la población privada de libertad LGBTI.
Asimismo, relató que producto de las medidas que ha adoptado ha recibido una serie de ataques de diversos sectores. En respuesta, los representantes de la Comisión Interamericana dieron muestras de su solidaridad. En particular James Cavallaro, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad calificó su trabajo de extraordinario y un ejemplo para las Américas.
Las organizaciones solicitaron que, en atención a lo anterior, la Comisión respalde el trabajo que viene realizando el Ministerio de Justicia y Paz costarricense y que solicite información al Estado en relación a las medidas adoptadas para adaptar su política criminal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual fue escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última emitirá recomendaciones.
Prensa de Cejil contactar con Fancisca Stuardo al correo fstuardo@cejil.org
Para que todos podamos entender mejor la situación fiscal por la que atraviesa el país, se podría asimilar las finanzas del Gobierno con las de una familia (aunque existen diferencias de fondo), por cuanto ambas disponen de un cierto nivel ingreso para atender sus diferentes gastos, para lo cual en algún momento, también necesitan acudir al financiamiento.
Situación de las finanzas del hogar. En un principio sus ingresos son suficientes para cubrir todos sus gastos normales (alimentación, educación y salud, servicios públicos, vestido y calzado, entre otros), incluso para pagar una parte de los intereses de sus deudas. De pronto, los miembros de esta familia contraen una enfermedad (a algunos les afecta más que a otros) que requiere la compra de medicamentos, su gasto en salud aumenta permanentemente. A los meses, sus ingresos ya no cubren ni siquiera sus gastos normales y se van endeudando cada vez más. Como solución, piensan trabajar más horas a la semana, para así contar con más dinero, pero pronto se dan cuenta que la enfermedad por la que atravesaron no les permite laborar una mayor cantidad de tiempo.
Los señalamientos no se hacen esperar y cada uno responsabiliza al otro de esta situación: a esta familia le urge llegar a un acuerdo.
Situación de las finanzas públicas. Entre los años 1995 y el 2008 el Gobierno Central había mostrado un superávit primario en sus cuentas (ingresos suficientes para cubrir sus gastos, excepto una parte del pago de intereses), incluso registró un superávit financiero cercano al 1% del PIB en el 2007 (ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos, incluido el pago de intereses). Sin embargo, ante los efectos de la crisis económica internacional 2008 – 2009, se implementó el llamado Plan Escudo, que significó un aumento importante en su gasto, mismo que posteriormente no fue posible disminuir.
Es así, que a partir de julio del 2009 (ya casi son ocho años) y contrario a la situación previa, el Gobierno Central registra un permanente déficit primario (donde los ingresos no son suficientes ni para cubrir los gastos normales), con un nivel de endeudamiento público total en ascenso (de un 38% en 2008 a un 62% del PIB en 2016).
El crecimiento económico como solución. Según estimaciones realizadas por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, si se desea reducir el actual déficit fiscal a la mitad, en un plazo de dos años y dada la tasa de crecimiento reciente en los gastos (cercana al 7% anual), los ingresos fiscales deberían aumentar a un ritmo del 18% anual, algo que sólo ha sido posible cuando el crecimiento de la economía de base local (sin incluir Zonas Francas) ha rondado un promedio del 8,4%, resultado que no se aprecia desde mayo del 2009. En este sentido, las complicaciones heredadas de la última crisis económica internacional en términos del dinamismo que han mostrado las principales economías del Orbe en los últimos años, confirman que difícilmente el país pueda lograr tasas de crecimiento de dicho orden, mismas que incluso no han logrado superar la barrera del 6% desde el 2007 (ya hace casi 10 años de eso).
En consecuencia, apostar porque un mayor crecimiento económico impulse los ingresos del Gobierno Central y así reducir su déficit, es simplemente poco probable. A lo anterior, se debe agregar que de manera paulatina tanto las tasas de interés internacionales como nacionales continuarán su ajuste al alza, con lo cual el gasto por pago de intereses irá aumentando.
Diálogo nacional. En este país hace falta llegar a un acuerdo nacional, de manera tal que todos contribuyamos a mejorar las finanzas públicas, de acuerdo a nuestras posibilidades, para que el peso del ajuste fiscal no caiga sólo sobre algunos sectores. Debemos ser conscientes, que entre más tiempo pase, más brusco tendrá que ser el ajuste y por ende mayores sus costos.
En este sentido, si bien la sociedad costarricense se encuentra en pleno proceso electoral, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración actual para impulsar en el Congreso medidas orientadas a solventar la situación fiscal, no se debe renunciar a dicha posibilidad. Además, los candidatos que buscan asumir la próxima Presidencia de la República, tienen que estar conscientes que sin un acuerdo nacional de alcance amplio, no será posible contar con los recursos necesarios para poner en marcha el Plan de Gobierno y la oferta electoral que han diseñado.
Una guía rápida sobre este particular, brinda algunos de los elementos que necesariamente deberán ser considerados en una agenda integral que cubra las cuatro áreas de la reforma fiscal, a saber, 1) aumento en ingresos fiscales 2) control del gasto, 3) crecimiento económico y 4) fortalecimiento de la administración tributaria:
Reforma al impuesto sobre la renta de manera que sea el pilar del sistema impositivo y tenga un carácter progresivo.
Reforma al empleo público, orientado hacia la consolidación un verdadero sistema de evaluación de desempeño e incentivos, que aumente la productividad del Estado y la calidad de sus servicios.
Derivado de lo anterior, medidas dirigidas a aumentar la eficiencia y eficacia del gasto público
Fortalecimiento de la Administración Tributaria de manera que pueda ejercer una lucha efectiva contra la evasión y la elusión.
Revisión del gasto tributario, es decir de todas aquellas exoneraciones y concesiones tributarias.
Conveniencia de la práctica de “afectación” en el presupuesto público (asignación de un monto determinado a fines específicos)
Aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), bajo principios de gradualidad y equidad que incluya a sectores dinámicos que actualmente se encuentran fuera de su alcance.
Valoración del costo / beneficio de todas las anteriores opciones, en términos de su impacto sobre el crecimiento económico.
Una lista de acciones que promuevan el crecimiento económico acelerado en el corto plazo y de manera sostenida.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com
UCR expone ante CIDH situación del sistema penitenciario de Costa Rica
Comunicado
La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participarán este 6 de noviembre en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar del sistema penal y penitenciario.
Actualmente, Costa Rica presenta uno de los índices de prisionalización más altos de la región latinoamericana: 352 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. La cifra sólo es superada por países con índices de criminalidad superiores a este Estado, como Brasil, Guatemala y Honduras. Además, el sistema penitenciario costarricense presenta un 40% de hacinamiento total generalizado, de acuerdo con su capacidad real.
Estos índices representan las consecuencias, tras décadas de utilizar el sistema punitivo de manera ajena a las regulaciones que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de la constante creación de normas para incrementar las penas; de procesos de juzgamiento expeditos, entre muchas otras causas.
A raíz de estas acciones, el sistema penitenciario costarricense está colapsado. Además, el hacinamiento carcelario ha generado condiciones de vida precarias afectando los derechos humanos de personas privadas de libertad. Particularmente, vulnera los derechos de mujeres, población LGBTI, personas indígenas, población con discapacidad, personas afrodescendientes o adultas mayores; y también ha limitado la capacidad del Estado de cumplir con la función de inserción social a la que se comprometió.
La información presentada en la audiencia corresponde, en parte, a un proyecto de Cejil financiado por a la Unión Europea, que tiene como objetivo promover la protección de los derechos humanos (DH) de las personas LGBTI privadas de libertad, contribuyendo a disminuir prácticas discriminatorias en su contra (más información).
Sobre la audiencia
La audiencia fue solicitada por la Maestría en Ciencias Penales de la UCR y el Cejil para exponer los hechos, que a su vez generan un discurso fundamentado sobre el tema, el cual será escuchado por representantes del Gobierno de Costa Rica y de la Corte Interamericana, esta última emitirá recomendaciones.
Por parte de la UCR será el profesor Dr. Manuel Rojas Salas, de la Maestría en Ciencias Penales y especialista en derecho penal, quien participará de la audiencia. Además, la delegación del Gobierno de Costa Rica será encabezada por la ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero.
Para atención a la prensa se puede coordinar en Ciudad de México con la la oficial de comunicación de Cejil, Francisca Stuardo al correo: fstuardo@cejil.orgo por vía whatsaap, previa solicitud de gestión con Gabriela Mayorga al 2511-1167 / 8912-8400
País
Costa Rica
Tema
Derechos de las personas privadas de libertad
Peticionarios
Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Día y hora
Miércoles 06 de setiembre de 2017 / 11:30am – 12:30pm Ciudad de México / 12:30pm-13:30 pm Costa Rica
Lugar
Salón A Conferencia: Interamericana de Seguridad Social (CISS) San Ramón s/n, Col. San Jerónimo Lídice, 10200, Ciudad de México
Foto extraída de artículo publicado en Amelia Rueda.
Nicolas Boeglin (*)
Este 29 de agosto se dio por concluida la etapa escrita de alegatos presentados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el monto indemnizatorio que Costa Rica exijió que la CIJ ordenara a Nicaragua pagar (en razón de los daños ocasionados en el sector denominado Isla Portillos en octubre del 2010 por la tala de árboles y la construcción de un caño artificial, así como la excavación de dos nuevos caños detectada en setiembre del 2013).
Valoración del daño ambiental y jurisprudencia de la CIJ
Es de notar que no existe jurisprudencia de la CIJ en materia de compensación por daño ambiental, pese a dos casos sometidos por Estados de América Latina en años recientes que hubiesen podido sentar precedentes:
La demanda que Ecuador había interpuesto contra Colombia en el 2008 por aspersiones químicas aéreas en zonas fronterizas – y que dió lugar a una primera fase escrita (véase documentos disponibles aquí) – fue retirada por Ecuador en setiembre del 2013 a cambio, entre otras cosas, del pago de 15 millones de US$ por parte de Colombia (véase punto 9 del acuerdo bilateral suscrito el 9 de setiembre del 2013).
Con relación a la demanda interpuesta por Argentina contra Uruguay en el 2006 por contaminación del río Uruguay (asunto de las plantas de celulosa o pasteras), luego de una árdua batalla procesal (véase enlace a alegatos escritos y orales), la CIJ rechazó las pretensiones argentinas relativas a las obligaciones sustantivas de Uruguay en una discutible (y discutida) decisión del 2010.
Para completar el panorama actual, la demanda interpuesta por Chile contra Bolivia en el 2016 ante la CIJ por el uso de las aguas del Silala contiene algunos argumentos relativos a reglas en materia ambiental (véase texto de la demanda -once páginas – que viene acompañada de un voluminoso juego de anexos – 30 en total – en francés y en inglés). Según la ordenanza de la CIJ fijando los plazos (véase texto), la memoria chilena fue entregada en julio del 2017, y la contra memoria boliviana lo será en julio del 2018.
Con relación a la doctrina jurídica especializada, entre muchos artículos sobre el tema, remitimos al análisis titulado “La responsabilidad internacional de los Estados por daños ambientales transfronterizos en la jurisprudencia de los tribunales internacionales”, Sección 4. Sobre el daño ambiental transfronterizo en derecho internacional público, su conceptualización a partir de la práctica internacional y de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, se puede citar este esfuerzo de sistematización de una jurista china, actualmente jueza en la CIJ, titulado, «Transboundary damage in international law«, publicado en el 2003.
Breve recapitulativo
En su fallo de diciembre del 2015 entre Costa Rica y Nicaragua, la CIJ fijó entre muchas otras cosas (véase nuestro breve análisis), un plazo de doce meses para que ambos Estados acordaran un monto indemnizatorio, sugiriendo expresamente entablar negociaciones bilaterales al respecto (párrafo 142).
En junio del 2016, Costa Rica anunció de forma unilateral un monto superior a los 6 millones de US$, sin previas consultas con Nicaragua (véase nuestra breve nota con al final el texto del comunicado de prensa del 7 de junio del 2016 circulado por Costa Rica). En este último documento oficial no se detallan los diversos rubros, dando a entender que hay un rubro principal y otros accesorios al señalar que:
«El monto total de lo reclamado supera los seis millones de dólares, en donde se contempla la valoración monetaria del daño ambiental ocasionado por Nicaragua, así como una serie de gastos adicionales en los que Estado costarricense debió incurrir en relación con las acciones de Nicaragua, incluyendo su presencia militar en Isla Portillos, así como los daños por la excavación de caños y la tala de bosque en un humedal internacionalmente protegido bajo la Convención de Ramsar sobre Humedales«.
Como era de esperar, este monto fue rechazado por Nicaragua unos meses después de su anuncio. En enero del 2017, Costa Rica solicitó formalmente a la CIJ determinar este monto, al haberse vencido el plazo de doce meses para que ambos Estados lo acordaran de forma conjunta.
Es de notar que en el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo que incluía una indemnización por el daño a Ahmadou Sadio Diallo, el juez internacional en el 2012 fijó el monto en 95.000 US$: Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$, mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$ (Nota 1).
Cuantificar el daño ambiental sin acordar alguna metodología…
En la decisión de la CIJ que fija el calendario de esta nueva etapa procesal entre ambos ribereños del río San Juan, se lee que los aspectos metodólogicos son los que ahora motivan la discusión:
«…, by a letter dated 20 June 2017, Costa Rica stated that, in its Counter-Memorial, Nicaragua introduced evidence, and raised a number of arguments, in particular in respect of Costa Rica’s expert evidence, which Costa Rica “ha[d] not yet had the opportunity to address”; whereas, in the same letter Costa Rica, inter alia, contested the methodology used by Nicaragua for the assessment of environmental harm; whereas Costa Rica thus requested the Court to be given an opportunity to respond by way of a short reply; Whereas, by a letter dated 23 June 2017, Nicaragua objected to Costa Rica’s request and asked the Court “to proceed and assess the relevant material damage and the amount of compensation based on the evidence that the Parties have provided in their Memorial and CounterMemorial
/
«…, par une lettre en date du 20 juin 2017, le Costa Rica a indiqué que, dans son contre-mémoire, le Nicaragua avait présenté des éléments de preuve ainsi qu’un certain nombre d’arguments, en particulier en ce qui concerne les preuves produites par les experts du Costa Rica, sur lesquels le Costa Rica «n’a[vait] pas encore eu l’occasion de s’exprimer» ; que, dans cette même lettre, le Costa Rica a, entre autres, contesté la méthodologie utilisée par le Nicaragua pour évaluer le dommage environnemental ; que le Costa Rica a dès lors demandé à la Cour de lui permettre de répondre dans une courte réplique ; Considérant que, par une lettre en date du 23 juin 2017, le Nicaragua s’est opposé à la demande du Costa Rica et a prié la Cour de «passer à l’évaluation des dommages matériels pertinents et à la détermination du montant de l’indemnisation due sur la base des éléments de preuve soumis respectivement par les Parties dans leur mémoire et leur contre-mémoire”.
… lleva a pedir un plazo adicional para discutir aspectos metodológicos
El pasado 18 de julio del 2017, la CIJ adoptó una ordenanza abriendo una nueva ronda de alegatos con relación a la metodología usada. En su ordenanza (véase texto) se lee que:
«Whereas the Court notes that the Parties hold different views as to the methodology for the assessment of environmental harm and finds it necessary for them to address this issue in a brief second round of written pleadings, Authorizes the submission of a Reply by Costa Rica and a Rejoinder by Nicaragua on the sole question of the methodology adopted in the expert reports presented by the Parties in the Memorial and Counter-Memorial, respectively, on the question of compensation due in the present case; Fixes the following time-limits for the filing of those pleadings: 8 August 2017 for the Reply of the Republic of Costa Rica; 29 August 2017 for the Rejoinder of the Republic of Nicaragua;»
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«Considérant que la Cour note que les vues des Parties divergent quant à la méthodologie d’évaluation du dommage environnemental et qu’elle estime nécessaire que les Parties examinent cette question dans le cadre d’un bref second tour de pièces écrites, Autorise la présentation d’une réplique du Costa Rica et d’une duplique du Nicaragua portant sur la seule question de la méthodologie retenue dans les rapports d’experts présentés par les Parties dans le mémoire et le contre-mémoire, respectivement, sur la question de l’indemnisation due en l’espèce ; Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces de procédure : Pour la réplique de la République du Costa Rica, le 8 août 2017 ; Pour la duplique de la République du Nicaragua, le 29 août 2017»
Al haber Nicaragua entregado su dúplica a la CIJ, queda concluida esta etapa escrita. Los jueces de la CIJ deberán ahora evaluar los alegatos de ambos Estados y decidir cuál metodología aplica en el caso concreto para fijar el monto compensatorio de Nicaragua por los daños causados.
¿Cómo lo harán y con base en qué criterios? Es un punto que deberá dilucidarse al no existir precedente jurisprudencial alguno por parte de la CIJ. El procedimiento contradictorio pareciera haber llegado a su término, salvo que ambas partes soliciten al juez una etapa oral adicional para presentar alegatos si así lo estimasen necesario. En el precitado procedimiento entre dos Estados africanos para fijar el monto de una indemnización, no se abrió ninguna etapa oral concluida la fase escrita (a diferencia del procedimiento contencioso usual de la CIJ): el fallo de la CIJ se dictaminó 4 meses después de depositada la contramemoria.
Figura del Caño «Google» o «Caño Pastora» (trazo azul), un caño artificial realizado por Nicaragua en Isla Portillos en octubre del 2010, a partir de un mapa erróneo de Google Map usado por Eden Pastora (figura realizada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Escuela de Geología, UCR) y toma aérea del mismo caño.
Dos Estados renuentes a dialogar
La ausencia de negociaciones bilaterales para determinar el monto indemnizatorio entre Costa Rica y Nicaragua desde la decisión de diciembre del 2015 de la CIJ puede explicar el tiempo transcurrido entre ambos Estados (véase al respecto nuestro artículo titulado «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«, publicado en el OPALC y disponible aquí). Era bastante previsible que el tema de la compensación económica fuera objeto de divergencias profundas, al no haberse establecido un método de común acuerdo. Tampoco ha trascendido que Costa Rica hubiese intentado algún acercamiento con Nicaragua previo a anunciar el monto en junio del 2016 de manera unilateral.
En el precitado artículo se puede leer que:
«Es de recordar que, en una materia como la ambiental, la cuantificación del daño depende básicamente de la metodología escogida. En Centroamérica, no existe una metodología regional aceptada por los Estados en materia de cuantificación del daño ambiental, por lo que es posible que ambos Estados cuenten con herramientas técnicas distintas«.
La metodología escogida y sus consecuencias
¿Hay manera de conocer la metodología usada por Costa Rica para valorar en más de 6 millones de US$ los daños ocasionados por Nicaragua en el 2010 y luego en el 2013? No por el momento.
Notemos que no ha sido dado a conocer el monto que Nicaragua ha presentado a los integrantes de la CIJ a título de compensación a Costa Rica, recurriendo a otra metodología. Hasta tanto no se de lectura del fallo, no se harán públicos los alegatos escritos de las partes, de conformidad con las reglas procesales que imperan en la CIJ (y que buscan evitar agravar las tensiones con base en alegatos o pretensiones claramente abusivas).
Será de cierto interés para el sector ecologista de ambos Estados conocer la metodología defendida por sus Estados, en la medida en que, por ejemplo, en Costa Rica el Estado adolece de una metodología oficial para cuantificar el daño ambiental. Este vacío se evidenció en el caso del proyecto minero ubicado en Las Crucitas: el daño ambiental (tala de árboles ocurrida en el 2008) fue objeto de diversos peritajes cuya cuantificación está aún pendiente ante los tribunales de justicia (Nota 2).
Con relación al daño causado por productores de piña en el 2007 en la región de Siquirres, en el 2014 se leyó por parte de un especialista costarricense en un artículo de opinión titulado «Valoración económica de daños ambientales» que:
«concuerdo plenamente en que es una vergüenza que procesos tan importantes se vean varados por algo técnica y prácticamente tan sencillo como diseñar e implementar un ejercicio de valoración económica«.
Concluyendo su artículo de la siguiente manera:
«Mientras la culpa sea del otro, 6.000 personas en tres comunidades ven su bienestar diezmado (¿En cuánto? Fácil de medir) y el AyA lleva gastados por lo menos ¢430 millones en llevar agua en cisternas, un pobre substituto para el agua del grifo. Si sumamos los costos en salud y similares, ya vamos avanzando con la valoración. ¿Le entramos?»
Diez años después de iniciarse la tragedia en Siquirres, la piña amenaza con replicar una nueva en la Zona Norte de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de mayo del 2017 que refiere a la crítica situación del humedal de Caño Negro, entre otros aspectos). Otra tragedia anunciada, que cumplirá 10 años el próximo mes, como la del colapso de la mina de Miramar (Puntarenas) en octubre del 2007, de igual manera, adolece de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. Pareciera que dentro de Costa Rica, el principio «quien contamina, paga» aplica sin encontrar cómo implementarse de forma efectiva, mientras que sí aplica (y Costa Rica busca la forma de implementarlo) en el caso de los daños acaecidos en Isla Portillos. Esta disonancia del aparato estatal costarricense merece, como mínimo, ser mencionada.
El hecho que Isla Portillos se sitúe en un humedal de importancia internacional declarado como tal (Humedal Ramsar) deberá ser tomado en consideración por parte del sector ecologista al existir otros humedales internacionales que sufren algún tipo de daño en Costa Rica. En el ámbito estrictamente interno, es de notar que el proceso penal en Costa Rica contra quienes participaron en la malversación de fondos públicos durante la construcción de la denominada «trocha fronteriza» de 160 kilómetros a partir del 2011 está paralizado ante la falta de cuantificación del daño social solicitado a la Procuraduría General de la República / PGR (véase a este respecto nota de Radio Monumental de mayo del 2017).
A modo de conclusión
La devastación que han sufrido los ecosistemas de la Zona Norte de Costa Rica debido a una expansión piñera sin precedentes no ha aún dado lugar a una indemnización o compensación por parte de la Cámara de Productores de Piña (CANAPEP), precisamente debido a la ausencia de una valoración económica del daño ambiental por parte de las autoridades costarricenses. De igual manera un sinnúmero de denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) no concluyen en ninguna condena o se archivan debido a la falta de valoración del daño ambiental causado.
Más allá de estos y otros preocupantes vacíos, y volviendo a la esfera internacional, será ahora el juez internacional el llamado a aplicar, con base en lo presentado por ambos Estados, una metodología que permita cuantificar el daño ambiental y fijar el monto indemnizatorio que Nicaragua debe reconocerle a Costa Rica. Posiblemente esta decisión final de la CIJ se lea en el transcurso del año 2018.
Se trata de un nuevo episodio procesal entre ambos Estados debido a su renuencia para retomar la vía del diálogo con posterioridad al fallo de la CIJ del 2015 en aras de normalizar sus deterioradas relaciones.
A diferencia de la práctica seguida por Estados que litigan en La Haya, quiénes celebran una reunión entre sus máximas autoridades políticas después de la lectura de un fallo de la CIJ, en aras de reencausar sus relaciones, no ha existido ningún acercamiento desde diciembre del 2015 entre las autoridades políticas de ambos Estados.
Nota 1: En el caso de la demanda de Guinea contra República Democrática del Congo interpuesta en 1998, la CIJ sentenció en su fallo del 30 de setiembre del 2010 que ambas partes debían acordar un monto para indemnizar a Ahmadou Sadio Diallo. En su sentencia sobre monto compensatorio del 19 de junio del 2012 (véase texto), el juez internacional fijó el monto en 95.000 US$. Es de notar que Guinea exigía el pago de más de 12 millones de US$ (11.590.148 US$ a los que había que sumar 500.000 US$ por gastos incurridos ante la CIJ, según se lee en el punto 10 de la sentencia), mientras que la República Democrática del Congo ofertaba una compensación por un monto de 30.000 US$.
Nota 2: El monto fijado en Costa Rica en noviembre del 2015 por la jueza a cargo de la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2010 fue de 6,4 millones de US$(véase nota de CRHoy del 2014). Esta sentencia fue apelada por lo que no se tiene certeza que el monto se mantenga. El tiempo tomado por la jueza de ejecución para considerar estas apelaciones puede indicar que es probable que variará. Un peritaje inicial fijó este monto en unos 4,6 millones de US$, mientras que otro equipo de peritos, que sí realizaron una visita in situ (a diferencia del anterior, basado en imágenes satelitales) fijó el monto por el daño ambiental en 10,6 millones de US$ (ver nota de La Nación).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente delegada constituyente y posiblemente llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
En un comunicado de prensa que fue dado a conocer el pasado domingo 30 de julio (véase texto integral al final de esta nota), Costa Rica anunció que no reconocerá efecto alguno al proceso de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela realizado el mismo día. Nótese que este comunicado fue circulado en la misma tarde del día de la elección celebrada en Venezuela.
En Mesoamérica, la diplomacia de México se manifestó en igual sentido (véase comunicado oficial), mientras que Panamá, usualmente muy crítico con relación a la situación imperante en Venezuela, se ha mantenido omiso sobre lo vivido el 30 de julio en Venezuela (véase sitio oficial de su cancillería). En la región andina, Perú ha anunciado que tampoco reconocerá los resultados del proceso de Asamblea Constituyente (véase comunicado oficial), y de igual manera lo hizo Argentina (véase comunicado).
En el caso de Chile, su comunicado (véase texto completo) no refiere a desconocer los resultados, sino que señala que:
«El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)».
De igual manera, Colombia emitió un comunicado (véase texto) condenando las acciones violentas registradas el mismo día 30 de julio en Venezuela, sin entrar a valorar los resultados de la consulta como tal.
En su comunicado del 31 de julio, Uruguay expresa por su parte que:
«El Gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa Hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer, en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente».
Desde el punto de visto político, el unísono cuestionando hace unas semanas el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, pareciera haber sufrido algunos bemoles. Entre otros factores, es probable que la infidencia del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia dada a conocer días antes haya obligado a algunos Estados a cierta reserva sobre Venezuela (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). Esta infidencia puede guardar alguna relación con un comunicado (insólito) circulado por la legación de Honduras en Belice en mayo pasado, que culminó con la destitución casi inmediata del diplomático hondureño responsable de su divulgación (Nota 1).
Desde el punto de visto jurídico, posiblemente afloren algunas dudas sobre las consecuencias que implica «no reconocer» un proceso de consulta. Como tuvimos la oportunidad de plantearlo con relación a una declaración conjunta del 26 de julio cuestionando el proceso de designación de los futuros constituyentes venezolanos y suscrita por 13 Estados (incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, a Perú así como a Uruguay entre corchetes),
«una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución en un Estado con el que se mantiene relaciones diplomáticas» (véase breve nota nuestra publicada en nuestro sitio).
Como se podrá apreciar, el debate se anuncia álgido entre delegaciones diplomáticas, en particular si la iniciativa del Secretario General de la OEA de convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente de la organización hemisférica para examinar la situación en Venezuela se materializa.
En años recientes, Estados de América Latina procedieron a «no reconocer» a autoridades autodesignadas a raíz de una situación política sumamente cuestionable (y cuestionada), como lo ocurrido en Paraguay en junio del 2012 o en Honduras en junio del 2009. En ambas ocasiones, se procedió a congelar o bien a suspender relaciones diplomáticas con autoridades consideradas «ilegítimas». El caso de Venezuela difiere sensiblemente de los dos casos antes mencionados, en la medida en que a la fecha, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de América Latina (Nota 2): lo que se cuestiona por parte de algunos Estados, no es la legitimidad de las actuales autoridades, sino el proceso de consulta realizado con el fin de adoptar una nueva Constitución.
Es de notar que, a diferencia de lo ocurrido en enero del 2016 con relación a otro cuestionamiento sobre el sistema electoral en Venezuela, esta vez la diplomacia de Costa Rica no actuó de forma aislada (Nota 3).
«No reconocer el proceso y resultados» de una consulta de este tipo significaría, desde el punto de vista jurídico, no reconocer el nuevo régimen constitucional que organice a las actuales instituciones venezolanas, y que se plasme en el nuevo texto constitucional que se adopte. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional para poder apreciar con mayor precisión el alcance exacto de este «no reconocimiento» y sus consecuencias en el plano jurídico (así como en el ámbito diplomático).
Nótese que la diplomacia de Brasil, usualmente muy activa cuando se trata de la situación en Venezuela (en particular desde el mes de mayo del 2016), ha optado (al igual que Panamá) por no emitir declaración alguna con relación a los resultados del proceso celebrado en Venezuela el 30 de julio (véase sitio oficial del Palacio del Itamaraty).
Notas
Nota 1: Se trata de un inédito comunicado de Honduras en el que se lee «es crucial mayor derramamiento de sangre» en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.
Nota 2: La última ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela registrada fue la ordenada en marzo del 2014 con relación a Panamá. Los canales diplomáticos se reanudaron en julio del 2014 con el cambio de autoridades en Panamá: véase nuestra breve nota sobre el episodio que dio origen a esa ruptura, publicada en Informa-tico. Uno de los últimos incidentes diplomáticos de Venezuela con un Estado de América Latina tuvo lugar en marzo del 2017 con la llamada a consulta del Embajador de Perú en Caracas (véase breve nota al respecto).
Nota 3: Un comunicado de prensa de Costa Rica emitido en los primeros días de enero del 2016 dio lugar a una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas. Sobre este cruce de comunicados, remitimos al lector a nuestra breve nota editada en Ius360.
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Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,
JULIO 30, 2017 05:28 PM
Costa Rica no reconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso y resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela País hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados.
El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio.
Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional.
Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses.
Nuestro país se solidariza con el dolor que invade a las familias de las personas fallecidas, así como con los centenares de heridos y detenidos en Venezuela por defender las libertades fundamentales, la democracia y manifestarse legítimamente contra la represión.
El Gobierno de Costa Rica reitera su convicción de que la vía electoral es la única salida política, negociada y pacífica a la crítica situación que se vive en Venezuela.
La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales, con observación internacional e independiente, permitiría la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo de Venezuela.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
