En Costa Rica estas aves son migratorias poco comunes aunque de amplia distribución en las bajuras de ambas vertientes hasta los 3000 mts. Geográficamente se distribuyen desde Alaska y Norte de Canadá hasta Perú y Argentina.
Habitan lagunas de agua dulce, pantanos, bordes de quebradas, zacatales inundados y charcos formados por la lluvia; se alimentan de moluscos, crustáceos e insectos acuáticos pequeños (22 cms y 45 grs). Pequeñas y delgadas, por arriba café oliváceo con manchas blancas, cabeza, cuello y pecho pardusco claro, anillo ocular, garganta y abdomen blancos, cola con barreteado negro, pico negruzco con base oliva grisáceo, patas verde opaco.
Muy hermosas nuestras “tigüizas”, “prefieren las áreas en que la vegetación llega hasta el borde del agua”, solitarias o en grupos pequeños dispersos “vadean en aguas profundas, moviendo la cabeza hacia arriba y abajo y girando el cuerpo”, “de vuelo veloz y boyante, como el de una golondrina”.
*La imagen fue encontrada en “Wikimedia Commons”.
Queremos compartir artículos teóricos de relevancia que ayuden a combatir el nefasto darwinismo social que se ha ideosincratizado y su inexorable destino de extinción planetaria… les adjuntamos el cuarto sobre “Forma significativa en ciencia y arte”; quienes nos sigan por Google y Facebook pueden escribirnos y con gusto se los enviamos. Les invitamos a leerlos.
“La creación de la forma significativa es la base del conocimiento, posiblemente para todas las especies vivientes; ésta guarda la llave para la experiencia en ciencia y arte, y depende del inextricable entreverado de todos los seres en la naturaleza.” Pág. 19.
Caminata Ornitológica
Ver pájaros en Costa Rica es un esfuerzo voluntario e independiente que lleva cuatro años y se encuentra actualmente en su cuarta “nueva etapa”. Empezamos en el 2012 con las imágenes de nuestros pájaros endémicos -únicos en el mundo…- y luego en dos ocasiones hemos recorrido las demás especies desde los taxones más antiguos (Fam. Tinamidae) y más modernos (Fam. Passeridae) hasta los intermedios (Fams Picidae y Dendrocolaptidae); en esta etapa les mostraremos las especies que nos faltan: nos hemos divertido y admirado mucho… son alrededor de 916 especies… ¡Les invitamos a darle seguimiento a nuestro espacio con el fin de conocer nuestros pájaros!, (dos veces por semana).
¡Conocer la avifauna del país es un deber cívico en todo costarricense!
Teoría y práctica unidas para sentar una posición a favor del planeta.
C A M I N A T A O R N I T O L Ó G I C A. Ver pájaros en Costa Rica.
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Cuatro expertas en educación aportan criterio para ampliar el concepto de democracia
María Encarnación Peña Bonilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
El sistema educativo en Costa Rica ha venido experimentando cambios conceptuales importantes, tendientes a posibilitar desde las aulas una educación para una nueva ciudadanía con posibilidades de innovación; con miras hacia un desarrollo sostenible; hacia una identidad local; una ciudadanía digital; con equidad social y consciente del significado de los derechos humanos. Así también se contribuye a construir democracia.
Compartimos con ustedes el criterio de tres destacadas docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, sobre cómo desde el aula, desde la educación, se contribuye a construir la democracia. Una construcción cotidiana que va desde las aulas de pre escolar, hasta las aulas universitarias, y la educación no formal que hoy en día tiene también una notable relevancia en nuestro paìs.
Dra. Guiselle M. Garbanzo Vargas, Decana Facultad de Educación UCR
«La democracia se construye desde las aulas. Las sociedades como Costa Rica, que han decidido apostarle a un sistema de vida bajo los principios de la democracia, lo logran mediante la educación, este es el instrumento social que permite su construcción.
En el aula se construye sociedad, desarrollo social, libertad, inclusión social, respeto por cualquier manifestación de vida y valores. Se construye democracia también, siendo consciente de las responsabilidades y obligaciones como individuo parte de un cosmos, que para su adecuado equilibrio requiere de una sana y responsable convivencia basada en los más altos estándares de respeto y ética social.
El docente como formador de ciudadanos tiene la más noble de las profesiones a las que aspira cualquier sociedad, ésta a su vez debe tener como condición ser construida bajo los principios de respeto mutuo, libertad, valores en armonía con los códigos éticos y morales aceptables bajo una sociedad en armonía, se traduce a su vez en trasmisores de la construcción de la democracia.
La calidad de la formación docente determina también, la sociedad que se construye, y el docente construye su obra basada en su formación. Precisamente es el aula el espacio donde los individuos llegan en busca de encontrarse a sí mismo mediante las sendas del saber, recibiendo una educación que potencialice al individuo como ser pleno consigo y con los demás.
Un ser que conviva y se desarrolle respetuoso de los demás; no permitiendo ninguna manifestación de discriminación para nadie, indistintamente de sus creencias, etnia, condición social, género y orientación sexual, sin afectar las libertades de nadie, respetando la naturaleza en todas sus manifestaciones, teniendo presente el humanismo que debe prevalecer en cada individuo consigo mismo y con los otros. Un ambiente educativo marcado por estos principios, es un ambiente educativo que construye una sociedad democrática».
Dra. Magda Sandì Sandì, Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Facultad de Educación UCR
«El docente, como guía, orientador y facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, predica con su ejemplo, aspectos como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, son valores que son inherentes al ser humano, pero como los jóvenes y adultos estudiantes están también en una etapa de formación, no se debe dejar de lado estos principios».
¿Qué es significa construir democracia desde las aulas? significa desarrollar en nuestros estudiantes una actitud crítica y reflexiva ante los problemas del país, región y mundo.
Significa estar buscando soluciones prácticas y solidarias a los problemas de una determinada comunidad. Significa también ser justos, equitativos, inclusivos, conscientes de mi papel como persona y ciudadano en la comunidad en la que estoy.
Construir democracia significa también elevar las voces cuando tenemos que luchar por ideales o situaciones que puedan atentar contra nuestros derechos, pero también debemos inculcar en los estudiantes que tenemos deberes para con la Patria, mi comunidad y los que habitamos en este país y planeta.
La democracia también se construye dialogando, discutiendo, debatiendo, haciendo y poniendo en práctica estrategias que permitan el desarrollo de mi país, mi profesión y disciplina».
Msc. Carmen Liddy Fallas Jiménez, especialista en Educaciòn Cìvica, Directora Escuela de Formación Docente Facultad de Educación UCR
«La democracia como forma de vida apunta a construir formas y relaciones de ciudadanía participativas e incluyentes. La escuela es un espacio de socialización, de formación de cultura y comportamientos ciudadanos democráticos; la convivencia se constituye en uno de los saberes que deben ser aprendidos y practicados en la escena de la cotidianidad escolar y ciudadana.
La Escuela es el escenario donde más y mejor se puede internalizar y practicar la democracia con miras a una real vivencia de solidaridad, de respeto, diálogo, colaboración y bienestar. Es un espacio de transmisión de valores y un lugar público institucionalizado que debe potenciar aprender a vivir en democracia como tema clave de una época que reclama una ciudadanía con plena conciencia de sus derechos y responsabilidades ante nuevos desafíos.
Para construir democracia desde las aulas, estas deben asumirse como el espacio de interacciones sociales por excelencia marcado por un tiempo pedagógico dedicado a producir vivencias positivas, placenteras, creador de un espacio y un ambiente organizativo propicio a las experiencias del aprendizaje en común, cooperativo, personal, humano».
Dra. Lupita Chaves Salas, ex Decana Facultad de Educación UCR
«En educación construimos democracia a partir del trabajo cotidiano que se desarrolla en las aulas. La educación tiene como propósito la formación integral del estudiantado en cuanto a saberes, habilidades, destrezas, afectos, valores que los lleve al ejercicio de una ciudadanía activa para sociedades democráticas, pacíficas y en armonía con la naturaleza.
Para lograr este propósito desde las aulas es necesario contar con docentes bien formados que tengan claro el papel que desempeñan como formadores. Deben crear ambientes escolares democráticos donde se promueva la equidad y el respeto. Deben promover metodologías activas que propicien la participación, el diálogo, la crítica, el conflicto cognoscitivo, el análisis y la solución de problemas por parte de la población estudiantil, así como el trabajo en equipo.
Es necesario enlazar los contenidos de los programas de estudio con proyectos comunales para que el estudiantado los desarrolle, vivencie y haga propuestas de mejora. Así mismo se requiere estudiar problemáticas nacionales y mundiales y de esta manera crear conciencia en nuestros estudiantes de la responsabilidad social que todos tenemos y que debemos asumirnos como protagonistas de los cambios individuales y sociales que se deben impulsar para contribuir con la equidad social, el respeto a la diversidad y al desarrollo humano y sostenible de nuestro mundo.
Lo anterior debe ser práctica diaria en las instituciones educativas y aulas escolares mediante una acción pedagógica dirigida a la formación de ciudadanas y ciudadanos para sociedades democráticas».
Delegación de Costa Rica ante la CIJ, al iniciar el ceremonial de la apertura de las audiencias públicas el pasado 3 de julio del 2017 (foto extraída de enlace de la misma CIJ) y aquí abajo de la delegación de Nicaragua ese mismo día (extraída de enlace de la CIJ).
El pasado jueves 13 de julio, se dieron por concluidas las audiencias públicas entre Costa Rica y Nicaragua iniciadas el pasado lunes 3 de julio en La Haya. Esta última etapa oral del procedimiento contencioso entre Costa Rica y Nicaragua se relaciona con dos demandas presentadas por Costa Rica, que fueron objeto de una unión de procedimientos, en aplicación del principio de economía procesal (véase ordenanza de la CIJ del pasado 2 de febrero del 2017). Debido a ello, las audiencias se extendieron por dos semanas, del 3 al 13 de julio del 2017 en este cálido mes del verano europeo, según el cronograma anunciado por la CIJ en su comunicado del 1ero de junio pasado (véase texto).
En abril del 2015, tuvimos la oportunidad de analizar las audiencias orales que se extendieron esta vez por tres semanas en La Haya entre ambos ribereños del río San Juan (véase nota publicada en el OPALC).
Concluidas las audiencias orales, inicia la fase de deliberaciones internas de la CIJ (también llamada el «délibéré»), que culminará con la lectura de la sentencia. Esta etapa puede ser de unos meses hasta más de un año: el fallo entre Perú y Chile del 2014 fue precedido por 13 meses de deliberaciones y el fallo entre El Salvador y Honduras de 1992 por uno de 15 meses. En cambio la decisión de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua del 2009 fue antecedida por tan solo 4 meses de «délibéré» y de 5 meses y medio en el caso del esperado fallo entre Nicaragua y Colombia del 2012 (la demanda de Nicaragua fue interpuesta en el 2001). La variabilidad de este plazo obedece a varios factores, entre ellos:
– el grado de dificultad del caso para los quince jueces titulares de la CIJ así como su carga de trabajo;
– la disonancia inter pares que puedan eventualmente producir en ellos los dos jueces ad hoc designados por las partes (en el precitado fallo, Costa Rica optó por no designar un juez ad hoc en la parte final del procedimiento);
– así como la fragilidad (o solidez) del consenso que logren construir los tres integrantes del Comité de Redacción del futuro fallo de la CIJ, entre otros. Su sólidez se apreciará en función de la cantidad de opiniones individuales o declaraciones conjuntas que se adjuntarán al fallo una vez dado a conocer.
Un plácido y caudaloso río fronterizo entre dos Estados y una inédita marca mundial
De manera a tener una idea un poco más precisa que explique la presencia inusualmente recurrente de ambos en La Haya, cabe recordar que:
– en el 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua por la incursión ilegal en Isla Portillos debido a la operación de dragado del río San Juan;
– en el 2011, fue Nicaragua quién demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» larga de 160 kilómetros que colinda con el San Juan.
A ello hay que añadir dos nuevas demandas planteadas por Costa Rica registradas en el 2014 y 2017 que se ventilaron en esta etapa oral entre el 3 y el 13 de julio del 2017.
En sí, las cuatro demandas presentadas en seis años y tres meses (noviembre 2010-enero 2017) constituyen una marca mundial absoluta sin precedente alguno en La Haya. Ahora bien, el hecho de presentarse tres demandas en tres años y medio (correspondientes a la administración 2010-2014 de la Presidenta Laura Chinchilla) evidencia algo que va más allá de lo absoluto y de lo inédito.
Para ser completos, habría que señalar que en el 2005, Costa Rica demandó a Nicaragua por los derechos de navegación en el Río San Juan (obteniendo Nicaragua en la sentencia del 2009 de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y una prohibición absoluta hecha a Costa Rica de navegar con sus fuerzas policiales: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i) adoptados ambos por unanimidad): el hecho que un Estado, titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial, reconocida en un tratado vigente desde 1858 presente una demanda, y… regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y merece mención.
Esta sostenida presencia en La Haya no tiene ningún precedente en la historia: por más conflictivas sean algunas duplas de Estados, sus autoridades siempre han privilegiado una salida negociada a sus disputas, pidiendo la intervención de terceros (buenos oficios, mediación, conciliación, comisión de investigación) si no se logran crear condiciones para reiniciar el diálogo y la negociación. No es sino una vez descartada toda posibilidad de encontrar una solución política que se opta por acudir a medios jurisdiccionales: el arbitraje o la vía judicial (menos costoso que la CIJ, el arbitraje supone una capacidad negociadora previa entre dos Estados). Nada de lo escrito anteriormente aplica en el caso de ambos ribereños del San Juan: la CIJ es percibida como la única opción para resolver sus controversias. Esta situación anómala se evidencia aún más en el caso de Costa Rica, autor de cuatro demandas de las cinco registradas en La Haya entre el 2005 y 2017. Es de observar en los últimos años en el caso de Costa Rica, que cualquier intento por parte de otras dependencias del Estado costarricense de acercamiento con sus homólogas de Nicaragua (para discutir incluso temas totalmente ajenos a los que se ventilan en La Haya) es inmediatamente declarado «inoportuno» por su cancillería.
El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura
El gasto exacto que le significa una demanda en La Haya a un ribereño del río San Juan se desconoce, pese a cifras que aparecen de vez en cuando en la prensa de ambos lados del San Juan. Los montos anunciados no se sustentan, a la fecha, en algún informe oficial para conocer el detalle de los rubros ahí consignados. No obsante, el monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$ para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 ante Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr(a) gmail.com). De igual forma con relación al gasto por 8.070.891 US$ por parte de Uruguay en su demanda contra Argentina (2006-2010) que se lee esta nota de julio del 2010.
En términos generales, los Estados que acuden al juez internacional se muestran extremadamente discretos sobre este preciso punto. En algunos casos se aduce «secreto de Estado», en otros, alguna figura como la de la «seguridad nacional» que permite omitir el dar a conocer un dato exacto con base en un informe detallado. Una prensa un poco más curiosa como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia del 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En Argentina se pudo tener acceso a la «tarifa horaria» de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa del 2010).
El rubro de honorarios puede ser de interés, pero no cubre la totalidad de los gastos que genera una demanda en La Haya para el erario público: peritajes, viajes, funcionarios abocados a tiempo completo o casi, elaboración de mapas, fotos salelitales, reuniones en capital o en La Haya, impresiones, traducciones, gastos secretariales y muchos otros rubros deben consignarse. Para tener idea de los costos de un peritaje, en Costa Rica la Contraloría General de la República rechazó en su momento el otorgamiento de 37 millones de colones (unos 74.000 US$) al Centro Científico Tropical (CCT) para realizar un diagnóstico ambiental solicitado con algo de premura por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (véase oficio de la DCA). Este diagnóstico respondía a un pedido expreso del experto Colin Thorne contratado por Costa Rica en materia de sedimentación (cuyos honorarios debieron ser mayores y a la fecha se desconocen).
Se estima que el gasto, para una demanda en La Haya, oscila entre 5 a 9 millones de US$ para cada Estado, según publicaciones encontradas en la literatura jurídica especializada.
En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre del 2010, el canciller de Costa Rica René Castro indicó en una nota publicada en La Nación «País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya» la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos en aquel momento, la cual se ubica en el rango antes aludido (5 a 9 millones de US$) si tomamos en consideración que como mínimo, el procedimiento en La Haya dura cuatro años. No obstante, tres años después de la previsión anunciada, con un caso adicional al del 2010, se informó en el 2013 que Costa Rica había gastado un millón de US$ por año (véase nota de La Nación), sin hacer público ningún informe detallado.
En el caso de Nicaragua, en noviembre del 2010, dos ex cancilleres estimaron el costo de una demanda a un monto situado entre 5 a 7 millones de US$ (véase nota). En reportes de la prensa de Nicaragua de diciembre del 2015 (y sin que se haya logrado consultar por parte nuestra algún documento oficial más preciso) se indicó que se habían destinado más de 10 millones de US$ con relación a las demandas con Costa Rica ante la CIJ (véase nota de prensa)
Ante cifras anunciadas en prensa sin mayor sustento documental, se puede mantener el precitado rango de entre 5 a 9 millones de US$. Sin embargo, algunos casos recientes arrojan nuevas luces sobre esta zona gris-oscura:
a) en el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello contra su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando las resistencias del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas.
b) por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso, que despierta algunas interrogantes, y que habría tal vez que dar a conocer (discretamente) a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena y colombiana.
La unión de las dos demandas de Costa Rica: recapitulativo del contenido de la primera demanda (2017)
El primer procedimiento contencioso que la CIJ unió es la demanda interpuesta por Costa Rica a raíz de la colocación de una carpa militar de Nicaragua en la playa contigua al último sector del San Juan en Isla Portillos a finales del 2016 (véase texto de la demanda y juego de fotos satelitales que la acompañan). Nicaragua desde un inicio ha planteado que este playón corresponde a su territorio y que la CIJ no redefinió la frontera en su fallo del 2015: Nicaragua volvió a ratificar esta tésis en sus conclusiones finales oídas el 13 de julio ante los jueces. Un artículo de la BBC de julio del 2017 describe la particularidad de esta carpa colocada por Nicaragua y vigilada por tres policías de Costa Rica.
Costa Rica planteó formalmente su demanda a la CIJ el 16 de enero del 2017. Con relación a la etapa previa escrita de este procedimiento contencioso, en su precitada decisión de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de entrega de la siguiente forma: 2 de marzo del 2017 para el depósito de la memoria de Costa Rica y 18 de abril para el depósito de la contra memoria de Nicaragua (véase notanuestra sobre estos plazos extremadamente cortos): en aquella oportunidad nos permitimos señalar que «es probablemente el plazo más corto ordenado por la CIJ a dos Estados en la preparación de alegatos escritos» en toda su historia. Al ser tan recogidos los plazos con relación a todos los demás casos anteriores, será probablemente la demanda resuelta de la forma más expédita por la CIJ desde su creación en 1945: una nueva marca en La Haya en perspectiva.
La segunda demanda (2014) unida a la primera
El segundo procedimiento contencioso que la CIJ unió al anterior se refiere a la demanda interpuesta por Costa Rica a Nicaragua en febrero del 2014, solicitando al juez internacional determinar la frontera marítima entre ambos océanos en una sola sentencia (véase texto de la demanda, que no viene acompañado de algun mapa sobre las líneas pretendidas por Costa Rica). Esta demanda se presentó ante la CIJ el 25 de febrero del 2014, pocas semanas después de la primera vuelta electoral en Costa Rica, y de forma un tanto sorpresiva.
Se trata de un ejercicio raramente visto ante en La Haya, en la medida en que se le pide a la CIJ delimitar las costas en los dos océanos: como bien es sabido, los argumentos jurídicos muy sólidos para una costa no necesariamente aplican o son tan favorables para la otra costa, debido a la diferencia de estas en cuanto a su configuración geográfica. En su sentencia de 1984 entre Estados Unidos y Canadá, la misma CIJ notó que «Cada caso concreto es en definitiva diferente de los demás, y constituye un unicum» (párrafo 81): en efecto, a la configuración geográfica, la presencia de recursos marinos o de minerales en el subsuelo, la existencia de islas o formaciones rocosas así como otros factores pueden venir a matizar posiciones. El fenómeno conocido como Domo Térmico frente a las costas de ambos Estados en el Pacífico es otro aspecto a tomar en consideración (véase mapa de ubicación en este enlace), debido a la gran cantidad de recursos marinos que atrae.
Cabe recordar que ambos Estados comparten en ambos mares dos bahías comunes, según lo establecido en el tratado de límites de 1858: en el Pacífico, la Bahía de Salinas, cuyo centro constituye el punto terminal sobre el que hay que alinear el último segmento de la frontera terrestre y en el Caribe la Bahía de San Juan del Norte que quedó totalmente enclavada en Nicaragua a raíz de los trabajos de demarcación realizados conjuntamente entre 1897 y 1900, al fijarse el punto de inicio de la frontera en Punta Castilla.
En el Caribe, un tratado de Costa Rica con Colombia suscrito en 1977 (no ratificado) y que fue invocado por Costa Rica para intervenir en la controversia entre Colombia y Nicaragua en el 2010 ante la CIJ (véase solicitud de intervención) fue objeto de arduos debates entre Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica, al contestar en el 2010 a uno de los jueces, dejó entender que la suerte de este tratado no tenía relación alguna con el futuro fallo de la CIJ (véase respuesta de Costa Rica). Estas y otras posiciones de Costa Rica son ahora invocadas por Nicaragua para intentar frenar las pretensiones costarricenses en el Caribe.
Resulta oportuno recordar que, ante la inmensidad de los espacios marítimos a delimitar, los intentos de negociación iniciados en el 2002 permitieron varias reuniones bilaterales, pero que el proceso fue suspendido por Nicaragua a raíz de la demanda presentada por Costa Rica en el 2005 ante la CIJ. Nótese el intercambio de notas de abril del 2013 entre ambos (véase pp.158-172 de estos anexos presentados por Costa Rica a la CIJ), en el que Costa Rica le propone a Nicaragua retomar las negociaciones sobre las fronteras marítimas en ambos océanos y al que Nicaragua responde haciendo ver que se omite precisar las razones por las que Nicaragua las suspendió. Se trata de un interesante episodio en el que se evidencia la poca disposición de ambos de crear condiciones reales para retornar a la mesa de negociación. A través de este intercambio, se evidencia el efecto colateral (perturbador) de una demanda ante la CIJ presentada de manera unilateral, que algunos denominan la «sanjuanizacíón» de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua: un fenómeno tendiente a congelar la totalidad de la agenda bilateral mientras la CIJ adopta su decisión. Más allá del punto de saber si no hubiese sido tal vez más oportuno esperar que la CIJ fallara sobre los dos asuntos pendientes (al 2013) para reactivar paulatinamente el diálogo con Nicaragua, sería interesante conocer qué fue lo que motivó a Costa Rica a solicitar formalmente el reinicio de negociaciones en abril del 2013 (habiendo la CIJ resuelto la controversia marítima entre Nicaragua y Colombia en noviembre del 2012): en una emisión de televisión reciente, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente esta pregunta (véase emisión de RTN Noticias, 13 de julio del 2017, minuto 23:00).
Unos meses después, en julio del 2013, Costa Rica emitiría una enérgica protesta por un mapa de Nicaragua sobre bloques de concesión en ambos océanos editado en el año 2012 (véase nota de La Nación). A la pregunta anterior, otra nueva surge al observar la fecha de edición de este mapa por parte de Nicaragua.
Mapa de áreas ofrecidas para ser concesionadas por Nicaragua a empresas interesadas en explorar posibles yacimientos de hidrocarburos, publicado en el 2003, extraído de nota publicada en CRHoy en el 2013.Mapa de Nicaragua sobre áreas a concesionar en materia de exploración de hidrocarburos incluido en una material de promoción editado en el 2012, extraído de nota anterior.
Con relación a la etapa escrita preliminar de este segundo asunto, en su ordenanza del 1ero de abril del 2016, la CIJ fijó los plazos de la siguiente manera: 3 de febrero del 2015 para el depósito de la memoria de Costa Rica, 8 de diciembre del 2015 para la contramemoria de Nicaragua. Nótese que Costa Rica pidió un plazo de seis meses, mientras que Nicaragua pidió uno de doce meses para que cada parte redactara sus alegatos, optando el juez por uno de diez meses en su ordenanza.
La unión de procedimientos ordenada por la CIJ
En su jurisprudencia, la CIJ ha procedido a unir dos procedimientos contenciosos en uno con el acuerdo de ambas partes. La primera vez en que una unión fue decidida pese a la objección de una parte, fue entre Costa Rica y Nicaragua en el 2013: Nicaragua solicitó la unión de la demanda por Isla Portillos presentada por Costa Rica con la que presentó contra Costa Rica por la denominada «trocha fronteriza». Esta solicitud de unión fue objetada por Costa Rica. En su ordenanza de abril del 2013, la CIJ rechaza las objecciones de Costa Rica, que se leen como sigue:
«Costa Rica contended that there was no close connection between the two cases such as might justify a joinderIn particular, according to Costa Rica, the Costa Rica v. Nicaragua case concerns an area which is geographically distant from the road the construction of which is the subject of the present case / Il soutient qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur géographiquement éloigné de la route dont la construction est en cause dans la présente affaire« (párrafo 11).
En el caso de las demandas del 2014 y 2017, la solicitud de unión provino de Costa Rica, y fue objetada por Nicaragua. Leemos en efecto en el texto de la ordenanza del mes de febrero del 2017 que:
«13. Costa Rica stated that it maintained its request for a joinder of the proceedings, observing in particular that it was necessary for the Court to settle all of the questions at issue between the Parties concerning the northern part of Isla Portillos. It was therefore in favour of short time-limits being granted for the filing of written pleadings in the new proceedings, so as to allow the Court to deal with both cases in its current composition. To that end, Costa Rica proposed that each Party be given a time-limit of 45 days, or a maximum of two months, in which to prepare its written pleading. It further suggested that the experts’ report in the case concerning Maritime Delimitation should not be communicated to the Parties until after the filing of the written pleadings in the case concerning Isla Portillos.
14. For its part, Nicaragua stated that in its opinion the conclusions reached by the experts in the case concerning Maritime Delimitation would be essential to the case concerning Isla Portillos, and that therefore it would not be logical for Costa Rica to file its Memorial in the second case before reading the said report. Nicaragua added that it would not be able to comment on the appropriateness of a joinder or determine the time needed to prepare its Counter-Memorial until it was in possession of the experts’ report and Costa Rica’s Memorial. It was currently of the view that, in any event, each Party should be given a time-limit of six months to prepare its written pleading«.
Mapas oficiales desactualizados ante modificaciones del litoral: el juez internacional en busca de un punto en una playa caribeña
Ante coordenadas e interpretaciones muy diferentes por parte de Costa Rica y de Nicaragua sobre la localización exacta del punto inicial de su frontera terrestre, el 23 de junio del 2016 la CIJ optó por recurrir a dos expertos independientes (un español y un francés): este perijate independiente se ordenó con el fin de ubicar en la playa un punto que fue fijado en 1897 por ambos Estados, y que constituye el punto inicial de la frontera terrestre (el cual debería de coincidir con el punto inicial de la frontera marítima en el Caribe): véase nota nuestra al respecto. Ambos expertos visitaron el sitio en diciembre del 2016 y en marzo del 2017 (sobre esta última visita, véase nota de prensa). En junio del 2017, ambos expertos respondieron a una solicitud de aclaración de un juez de la CIJ sobre el carácter permanente (o no) de un canal hacia la laguna de Isla Portillos (véase texto completo en el que se lee que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y Nicaragua no reportan con exactitud la realidad de la zona observada in situ:
«As we indicate in the report, «topographie maps produced by Costa Rica and Nicaragua show that in the recent past there used to be a channel-like water gap between the spit and firm land, and that the Los Portillos/Harbour Head lagoon was connected to the sea via the San Juan River» (see paragraph 100 and figure 26 of the Report). The observations carried out during our site visits unambiguously revealed that such water gap or continuous channel has disappeared due to coastal recession, and that nowadays Los Portillos/Harbor Head Lageon is a water body commonly enclosed by a sand barrier»). Los expertos también respondieron a los comentarios que hizo Costa Rica a su informe (véase respuesta de ambos expertos a Costa Rica).
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000). Nótese que el playón ubicado al Norte de la laguna de Portillos no es considerado como perteneciente a Costa Rica en su cartografía oficial, al menos hasta el 2015.
En el 2001, en un artículo publicado en La Nación, tuvimos la ocasión de señalar el problema de los cambios en las desembocaduras de los ríos de la vertiente caribeña de cara a la operación de delimitación marítima: «Finalmente, varios geógrafos han puesto en evidencia la morfología particularmente dinámica en Centroamérica de las desembocaduras de varios ríos internacionales en el Atlántico (río Coco entre Honduras y Nicaragua, río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua), que podría dificultar la fijación del punto de partida de la frontera marítima, tradicionalmente coincidente con el punto terminal de la frontera terrestre».
Si Costa Rica y Nicaragua no han procedido a actualizar (por una suma módica) sus mapas con base en imágenes satelitales y visitas conjuntas de campo en aras de reportar cambios en la configuración geográfica de la zona que corresponde a la parte terminal de su frontera, es inevitable que se originen controversias entre ambos. En el caso de Costa Rica, cabe recordar que la empresa Google Earth señaló que el error de interpretación en la zona de Portillos en sus mapas nunca le fue señalado por alguna autoridad costarricense antes de octubre del 2010, lo cual plantea interrogantes interesantes sobre quiénes desde una oficina pública navegan revisando los mapas de Costa Rica sin percatarse de algunas cosas.
Ahora bien, de cara a la delimitación marítima, es importante que el punto inicial en el mar coincida con el punto inicial de la frontera terrestre: Perú y Chile debaten sobre el «triángulo la discordia» situado a poco metros del denominado «Punto Concordia» debido a que la CIJ en su fallo del 2014 no considero necesario unir ambos puntos, dejando abierta la posibilidad de efectuar triangulaciones inconsultas (veáse foto satelital de esta triangulación en este artículo de prensa). Sería deseable que la CIJ no dejara un espacio indefinido entre el punto terminal de la frontera terrestre y el punto inicial de la frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua, y ello en ambos océanos, con el fin de prevenir futuras discusiones entre ambos.
Cabe señalar que en junio del 2015, Costa Rica anunció a la prensa haber advertido a la empresa noruega Statoil de sus pretensiones: revisando el mapa de bloques concesionados por Nicaragua a la empresa Statoil (en azul celeste en esta nota, reproducido infra), se plantean algunas interrogantes sobre las reglas que podrían permitirle a Costa Rica extender su jurisdicción a estas zonas concesionadas. Hemos hecho la consulta a diversos especialistas sin obtener referencia a alguna disposición de la Convención de Derecho del Mar de 1982 a la que son parte ambos Estados.
El momento de las audiencias orales: breve recapitulativo desde el punto de vista procesal
Como indicado al iniciar este análisis, las audiencias orales constituyen la última etapa antes de la cual los jueces entran a deliberar. En efecto, posteriormente a la presentación de una demanda formal registrada por la Secretaría de la CIJ, se abre una primera ronda de alegatos (memoria y contra memoria) seguida, si así lo disponen las partes, de una segunda ronda (réplica y dúplica). Esta etapa escrita del procedimiento dura usualmente varios años ya que el plazo otorgado por el juez internacional a cada una de las partes para elaborar sus escritos puede ir de seis meses a un año. Finalizada la etapa escrita, se procede a preparar la etapa oral, la cual consiste en convocar a las partes a audiencias finales par oir dos rondas de alegatos de ambos Estados y sus respectivas conclusiones. El último minuto de estas audiencias coincide con el inicio de la fase del “délibéré” de la CIJ que puede tomar varios meses y hasta más de un año. En el caso de la demanda entre Perú y Chile (delimitación marítima), la deliberación interna que culminó con la sentencia del 2014 se extendió por trece largos meses.
Desde el punto de vista del acceso a la información, la etapa escrita no permite que los alegatos trasciendan más allá del juez y de las partes. Lo único que se publica es el texto de la demanda inicial registrada, un documento de pocas páginas con relación al argumentario desarrollado en la fase escrita (véase por ejemplo los seis volúmenes de la memoria de Costa Rica en el caso de los derechos de navegación del 2005).
¿Porqué no permitir acceder a documentos escritos por los Estados en esa fase previa que puede durar varios años? Porque el juez internacional se muestra particularmente receloso en que no se divulgue ningún tipo de información. Este verdadero blindaje informativo obedece a la imperiosa necesidad de evitar azuzar los ánimos, con la divulgación de pretensiones claramente abusivas con las que los Estados inician usualmente sus alegatos escritos o los responden. Concluida la fase escrita, se abre la fase oral, y el panorama cambia sustancialmente desde el punto de vista informativo.
En efecto, la fase oral es pública, acuden a ella los medios de prensa a presenciarlas: en algunos casos hasta se opta por una transmisión en vivo a través de los canales de televisión. Por su parte, el sitio oficial de la CIJ pone a disposición en tiempo casi real los alegatos presentados oralmente por las partes (así como las preguntas que eventualmente hagan los jueces a las partes o a sus peritos o testigos). La amplia cobertura mediática podría explicar que algunas autoridades políticas vean en esas audiencias una tribuna nada desdeñable y decidan ir a encabezar personalmente a una siempre muy nutrida delegación (que disimula un gran vacío ya que son pocos los llamados a tomar la palabra ante los jueces). Para mencionar un ejemplo reciente, podemos citar el caso de la canciller de Colombia (véase nuestro análisis sobre audiencias con Nicaragua celebradas en el 2015, publicado en el sitio colombiano de Debate Global): como previsible, la estrategia colombiana no surtió mayores efectos y la CIJ se declaró competente en marzo del 2016 (véase nota nuestra publicada en Nodal).
Cabe precisar que al iniciar la fase oral, la CIJ puede decidir (si las partes son anuentes a ello), hacer público lo relacionado a la etapa escrita: es así como desde esta primera semana de julio, están disponibles los informes de los peritos, la memoria y contra memorias presentados por Costa Rica y Nicaragua en el asunto de la delimitación marítima (véase enlace). Si por alguna razón, las partes no están de acuerdo, no es sino hasta leída la última línea de la sentencia sobre el fondo que la CIJ procede a publicar el contenido de los alegatos escritos correspondientes a la primera fase del procedimiento. Como se puede apreciar, estamos ante una maquinaria perfectamente ajustada, tendiente a evitar a toda costa el agravamiento de las tensiones entre Estados, entidades políticas extremadamente susceptibles, como bien es sabido.
Nótese que el blindaje antes aludido aplica tanto para sentencias sobre excepciones preliminares, sobre el fondo que para ordenanzas de la CIJ. No obstante el circuito hermético establecido por la CIJ, este es a veces ignorado por los Estados, y algún tipo de información es filtrada a medios de prensa: por ejemplo, el 4 de febrero del 2013, una artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado» fue antecedido por la presentación, tres días antes, del escrito de Nicaragua los jueces solicitando demandas reconvencionales al juez internacional (véase documento del 30 de enero del 2013 colgado en el sitio de la CIJ). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó a la redacción de La Nación. Un artículo del mismo medio sobre una pretensión de Nicaragua sobre Isla Bolaños en julio del 2016 (titulado «Nicaragua reclama copropiedad de la costarricense isla Bolaños») pareciera responder a una filtración similar. Remitimos al lector a debate en el programa «RTN Noticias» en julio del 2016, en el que se abordaron estos y otros aspectos (véase vídeo disponible en YT).
Al iniciar las audiencias orales el pasado 3 de julio en La Haya, un artículo de La Nación extrajo uno de los mapas de Nicaragua y se tituló «Nicaragua elimina península de Nicoya del mapa de Costa Rica en juicio ante La Haya». Se trata del mapa publicado en el escrito de Nicaragua (véase texto de la Contramemoria, p. 52), documento hecho público el mismo día del inicio de la etapa oral, en el que Nicaragua intenta convencer a la CIJ del efecto desfavorable para sus pretensiones que tiene la punta de Santa Elena.
La Haya: el recinto al que se acude cuando no se logra negociar una solución entre dos Estados
El canciller de Costa Rica participó personalmente en los primeros días de estas audiencias, siguiendo la práctica – bastante original – de sus dos predecesores, René Castro (2010-2011) y Enrique Castillo (2011-2013) quiénes también creyeron que su presencia podría ser de alguna utilidad ante los jueces de la CIJ.
Los asuntos que se examinan en La Haya (y que se discuten desde el punto de vista jurídico entre dos delegaciones de asesores, consejeros internacionales, y demás expertos en derecho internacional frente a 15 o 17 jueces también muy versados en la materia) se deben a la incapacidad de las autoridades políticas de los Estados para negociar una solución política a sus diferencias. Tal y como lo indicamos en una nota de 2015 sobre las audiencias entre Colombia y Nicaragua, en las que Colombia optó por enviar a su canciller a encabezar a la delegación colombiana,
«Se trata de un aspecto meramente formal, cuyos efectos en algunos jueces (más susceptibles que otros en no dejar que la CIJ se convierta en una tribuna política) no parecieran haberse analizado mayormente por parte de la doctrina».
Los debates entre Costa Rica y Nicaragua de este mes de julio del 2017 se efectúaron en los dos idiomas de trabajo de la CIJ (inglés y en francés) como en la etapa escrita del procedimiento, por lo que el aspecto linguístico es un factor a tomar en cuenta a la hora de presentar los últimos argumentos orales de un Estado ante los jueces. Los alegatos y contraalegatos de ambos Estados (dos rondas) así como su respectiva petitoria final están disponibles al final de este texto: el Agente de cada Estado presentó inicialmente el historial de los hechos y anunció las pretensiones, luego cada asesor internacional de cada una de las partes detalló los argumentos, y el mismo Agente cerró con las conclusiones finales de su Estado.
En esta ocasión, Costa Rica se presentó a la barra con un solo jurista francófono (Marcelo Kohen, de Argentina, radicado en Suiza), siendo los demás asesores internacionales (cuatro en total) de hablainglesa; mientras que el equilibrio linguístico se repartió en el equipo de Nicaragua con la tradicional dupla francófona Alain Pellet (Francia) – Remiro Brottons (España) completada con el jóven Benjamin Samson (Francia), y, en la parte anglosajona, con cuatro juristas (véase listado de los equipos en las primeras páginas del acta del la primera jornada de audiencias del 3 de julio del 2017). La distribución linguística en cada equipo jurídico se verificó con ocasión de las audiencias entre Chile y Bolivia celebradas en marzo del 2015 que tuvimos la oportunidad de analizar más en detalle en cuanto a los denominados «Consejales de la Corona» (véase estudio editado en Ius360). Sobre la repartición que los Estados hacen entre juristas anglosajones y los pertenecientes a la escuela francesa del derecho internacional, remitimos a una nota que tuvimos la ocasión de publicar en La Nación en el 2011. Varios de estos juristas forman parte del «invisible college of international lawyers» (según la expresión del profesor Oscar Schachter (Nota 1) o “barreau occulte” / “barreau officieux” (expresiones del profesor Alain Pellet (Nota 2) que gravita alrededor del microcosmo de la CIJ en La Haya, constituido por un pequeño grupo de prestigiosos universitarios: unos 12-15 juristas a lo sumo, cuyos nombres aparecen regularmente en los equipos de 4 a 5 profesionales contratados usualmente por los Estados para asesorarlos en la mejor definición de su estrategia jurídica en La Haya.
Es de notar que nuevamente en estas audiencias del 2017 (tal y como ocurrió en las del 2015, 2013 y 2011), Costa Rica, a diferencia de todos los demás Estados que acuden a La Haya, procede a intercalar entre los alegatos orales de asesores internacionales las palabras de diplomáticos nacionales, lo cual constituye una verdadera innovación: el dirigir la palabra a los jueces de la CIJ es usualmente reservado al Agente, seguido inmediatamente por los asesores internacionales contradados por las partes.
La petitoria final de Costa Rica a la CIJ se encuentra en las últimas páginas del acta del 10 de julio (pp. 25-27). Notemos que ninguna se relaciona con un tema de interés como lo es el régimen jurídico en ambas bahías comunes (San Juan del Norte y Salinas), ni a Isla Bolaños (situada dentro de la bahía de Salinas): se trata de temas que no refieren a la delimitación marítima propiamente dicha, pero que han sido objeto de declaraciones oficiales encontradas en años recientes. Sobre la Isla Bolaños se leyó en los alegatos de Nicaragua que: «Island of Bolaños in the Bay of Salinas 38. This question was raised in the Nicaraguan Counter-Memorial in this case. There was no response offered by Costa Rica in writing or during the first round of oral pleadings. This is why Nicaragua in its first oral pleading simply made a cross reference to this point which is not presently at issue. Therefore, apart from reiterating and reserving the position of Nicaragua on this question, I will make no further remarks» (véase acta, p. 31). La petitoria final de Nicaragua a los jueces se puede leer en el acta del 13 de julio del 2017 (pp. 26-28).
A modo de conclusión: dos Estados con una voluntad conciliadora inexistente
Desde hace varios años, Costa Rica y Nicaragua acuden de forma regular a audiencias en La Haya, exhibiendo ante el mundo un espectáculo que no cuenta con precedente alguno.
Actualmente, de los quince casos contenciosos registrados ante la Secretaría de la CIJ (al 29 de junio del 2017), tres son casos relacionados a la intensa contienda que se libran Costa Rica y Nicaragua. A los dos casos antes señalados unidos en un solo procedimiento, hay que añadir el asunto pendiente de resolución relacionado al monto compensatorio que Nicaragua debe reconocer por los daños ambientales causados en Isla Portillos a partir de octubre del 2010. En su sentencia del 2015, la CIJ indicó en su fallo a ambos Estados que debían de entablar negociaciones para fijar un monto (véase párrafo 142). En junio del 2016, Costa Rica optó por anunciar de forma unilateral (y con amplia cobertura mediática) el monto solicitado, el cual fue rechazado por Nicaragua, como era previsible. En febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos (de dos meses) para la presentación de los alegatos escritos (véase ordenanza de febrero del 2017).
Sobre esta peculiar manera de «negociar» un monto compensatorio entre dos Estados, remitimos al lector a nuestra nota editada en el OPALC y cuya conclusión nos permitimos reproducir:
«Se estima al 2018 o 2019 el año en que la CIJ fijará mediante un fallo este monto indemnizatorio, el cual se origina en los trabajos iniciales realizados por el denominado “Comandante 0” en octubre del 2010 en Isla Portillos con base en un error de ubicación propiciado por un mapa erróneo de Google Earth».
[Nota 1]: Véase SCHACHTER O., “Invisible College of International Lawyers”, Northwestern Univesity Law Review, Vol. 72 (1977), pp.217-226.
[Nota 2]: Véase PELLET A., “Remarques sur le « métier » de Conseil devant la Cour Internationale de Justice”, in NATIONS UNIES, Recueil d´Articles de conseillers juridiques d´Etats, d´organisations internationales et de praticiens du droit international, Nations Unies, New york, 1999, pp.435-458, p. 437 y p. 440.
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Documentos presentados por Costa Rica y Nicaragua antes y durante las audiencias públicas realizadas del 3 al 13 de julio del 2017 en La Haya / Documents presented by Costa Rica and Nicaragua before and during public hearings that took place from July 3rd to 13th, 2017.
Etapa escrita del procedimiento / Memorial and Counter Memorial
I.A). Memoria de Costa Rica / Memorial of Costa Rica (texto disponible aquí)
I.B). Contramemoria de Nicaragua /Counter Memorial of Nicaragua (texto disponible aquí)
Etapa oral del procedimiento / Verbatim records of public hearings:
Diariamente los niños y adolescentes costarricenses están expuestos a publicidad televisiva sobre alimentos y bebidas poco saludables.
Debido al vínculo entre comercialización de alimentos, preferencias y consumo, nuestros hallazgos ayudan a justificar la necesidad de una mayor regulación por parte de las autoridades competentes.
Es por esto que este próximo jueves 29 de junio de 2017, en el Auditorio de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica se llevará a cabo de 2 p.m. a 4 p.m. la exposición de los resultados de 3 estudios colaborativos acerca del tema: ¿Es saludable para la niñez el ambiente alimentario de Costa Rica?
Al presentarme como precandidato a diputado del Frente Amplio, quise sustanciar mi postulación con propuestas. Continuo con ese esfuerzo, pero ahora visto, sobre todo, como un deber ciudadano.
Espero que, al cabo, todo esto dé lugar a un libro.
Quinto eje
Reactivación de la economía: muchos buenos empleos para una vida digna hoy
5.1. Desde 1984, año en que inicia la implantación del Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica, y hasta 2007 inclusive, el crecimiento de la economía costarricense en promedio fue de 5% al año. Posteriormente, y durante los últimos nueve años, el dinamismo de la economía se ha empobrecido notablemente (es un 30 a 35% inferior), en parte como consecuencia de la crisis económica mundial que inició en 2007, con sus prolongadas secuelas posteriores, pero, además, a causa de diversos factores internos. Mas, en todo caso, lo realmente importante, y con mucho lo más preocupante, se registra en el ámbito del empleo, el cual, desde 2009 en adelante, ese año incluido, experimenta un agudo deterioro sin que, por otra parte, se observen signos de alguna mejoría significativa.
5.2. Las tasas de desempleo se han mantenido tercamente en los alrededores del 9 al 10%, lo cual es sobradamente insatisfactorio. Entretanto la informalidad absorbe entre 43 y 45% del empleo total. Alrededor de una tercera parte de los empleos asalariados y un 85% de los empleos “independientes”, están en situación de informalidad. Resumiendo: entre 1,1 y 1,2 millones de personas deben sobrellevar una situación laboral anómala, con graves consecuencias para su familia y para su dignidad y autoestima. Y, como sabemos, son las mujeres y las personas jóvenes las más afectadas. Por otra parte, la tasa de ocupación en Costa Rica –o sea la parte o proporción de la población en edad de trabajar que tiene alguna ocupación remunerada– se ubica en los alrededores del 53-54%, lo cual resulta sumamente bajo cualquiera sea el estándar internacional con el que se le compare, y lo es mucho más en el caso de las mujeres (39% comparada, por ejemplo, con el 59% en la Unión Europea). Por lo tanto, el grave deterioro que los diversos indicadores ponen de manifiesto, sería mucho mayor de no ser porque una porción tan sustancial de la población en edad de trabajar se mantiene fuera de los mercados laborales. Si esa población (que, conforme los estándares europeos, serían de alrededor de 400 mil personas, de las cuales más de 380 mil mujeres) intentase conseguir empleo, con toda seguridad no lo conseguiría. Tan solo se dispararían los índices de desempleo, subempleo e informalidad, en forma abrupta. Esto reafirma, por vía indirecta, que los problemas del empleo son mucho más graves de lo que los indicadores usuales revelan, y que la economía costarricense adolece de una grave incapacidad para crear empleo.
5.3. Entre tanto, se ha hecho casi obligatorio celebrar si la economía crece algo por encima del 4%, como ha ocurrido en el bienio 2015-2016. Lo cual nos pone ante un cambio semántico realmente desconcertante. Antes de 2008, un auge económico era crecer al 8%. Ahora hay “auge” si se crece apenas un poco por encima de la mitad de eso. Pero mucho más que la abstracción inaprensible del PIB y sus índices de crecimiento, debe interesarnos esa cruda, realmente catastrófica, realidad del empleo, con todas sus terribles secuelas humanas y sociales.
5.4. Es urgente devolverle dinamismo a la economía y, en especial, relanzar la generación de empleos de buena calidad. Lo es en perspectiva de largo plazo –para lo cual son necesarios cambios profundos que necesariamente llevarán tiempo– pero lo es también a corto plazo: porque la gente reclama y tiene derecho a un buen empleo, y es imperdonable seguirle dando largas a una cuestión en que se juega, en el día a día, la dignidad de muchísima gente y el bienestar de muchísimas familias. Eso es lo esencial, y ahí debe enfocarse nuestro interés prioritario, pero sin perder de vista que si la economía y el empleo no recuperan empuje, el problema fiscal –que ya es suficientemente preocupante– arriesga degradarse en un círculo vicioso destructivo, en el que los intentos de la ortodoxia económica por reducir gastos y aumentar impuestos, tan solo debilitarán aún más la economía, empujando, a su vez, en perverso bucle de realimentación, a un deterioro adicional de la situación fiscal.
5.5. Un error frecuente a la hora plantear posibles opciones orientadas hacia la reactivación de la economía, es enfocarse unilateralmente, de forma exclusiva o casi exclusiva, en lo que podríamos llamar “el lado de la oferta”. Entre éstas, las típicas propuestas neoliberales que enfatizan ciertas calificaciones en la fuerza de trabajo, tenidas como indispensables (dominio del inglés y otro idioma, manejo de las computadoras, etc.), o bien la promoción de pequeñas o micro empresas. Esto último a veces asume una derivación progresista, pero la mayoría de las veces es solo propaganda para embellecer las grandes falencias del proyecto neoliberal. Aparte el carácter fragmentario y muy parcial que estas propuestas asumen, se olvida el “lado de la demanda”. En resumen: ni las mejores calificaciones de la fuerza de trabajo garantizan empleo donde no la hay, ni las mejores ideas empresariales pueden florecer sin contar con mercados donde dar salida a su producción.
5.6. Pero, además, se olvida también que en un contexto capitalista –como predominantemente sigue siéndolo la economía costarricense– la rentabilidad es un criterio medular, de forma que, por lo general, no se emprenderán proyectos productivos que no satisfagan, al menos como expectativa, ciertos mínimos de ganancia, como tampoco aquellos cuyo financiamiento dependa de créditos onerosos, cuyas tasa de interés resultan excesivas relativamente a las tasas de rentabilidad usuales. Pero incluso tratándose de pequeños emprendimientos cuya lógica no es propiamente capitalista, la obtención de un rendimiento económico mínimo, sigue siendo criterio ineludible sin el cual no es posible sobrevivir.
5.7. Mirado desde el “lado de la demanda”, debemos reconocer que, en general, los centros ricos del capitalismo mundial se han venido moviendo –ya desde 2008 y hasta la actualidad– a lo largo de un largo ciclo de muy bajo crecimiento. Con el agravante añadido por una respuesta política desacertada, la cual profundiza el estancamiento, los problemas del empleo y las desigualdades. A su vez, esto ha servido de combustible para la conflictividad social y política, cosa que hace mucho más incierta cualquier posible recuperación económica. Sería iluso e irresponsable confiarse a la evolución de estos mercados ricos, si de intentar impulsar la reactivación de la economía se tratase.
5.8. Por otra parte, hay muchos indicios que sugieren que los niveles de rentabilidad –y en último término de competitividad– de la planta empresarial costarricense (las transnacionales de zona franca –tanto manufactureras como de servicios– son seguramente otra cosa), andan atrofiados. Un factor fundamental para entenderlo, tiene que ver con la revalorización del colón frente al dólar, un fenómeno que empezó a manifestarse en 2006 y el cual, como tendencia general, se mantiene vigente hasta la actualidad. Ello propició cierta sensación de engañosa holgura, la cual surgía del relativo abaratamiento de las importaciones y del cómodo recurso (al menos para algunos sectores) al crédito en dólares. Pero al estropicio causado a los sectores exportadores de fuera de zona franca y al empresariado turístico, ambos basados principalmente en capital nacional y en gran medida gestados durante el período 1984-1997, es seguramente grave, como lo es también el problema que las importaciones relativamente baratas representaban para los sectores de producción local con los cuales compiten. El resultado neto ha sido ampliamente desfavorable para el crecimiento económico y, sobre todo, el empleo.
5.9. Considérese que, además, el funcionamiento del sistema financiero agrega cargas adicionales, en virtud de su comprobada ineptitud para gestar mecanismos financieros innovadores y eficaces que canalicen, en forma accesible, el financiamiento que requieren las empresas micro, pequeñas y medianas, como, asimismo, por el altísimo costo que impone sobre el crédito. En realidad, durante este nuevo siglo, la banca en Costa Rica ha tendido, en forma sostenida, a privilegiar el crédito hacia las familias, en los rubros de consumo y vivienda. Y mientras el peso de las deudas sobre los hogares se incrementa inexorablemente, el financiamiento destinado a la producción tiende a concentrarse en empresas relativamente grandes que son, en general (o así se quiere creer), las más seguras y solventes. Eso en el mejor de los casos, ya que no es infrecuente que simplemente se dedique a financiar negocios fáciles –como el de bienes raíces e inmobiliario– con una cierta deriva especulativa, y de muy dudoso beneficio para la productividad de la economía. Es una banca con una fuerte impronta rentística, la cual vampiriza la producción mediante el cobro de altísimas tasas de interés reales. Pero, además, es un sistema financiero que pretende justificarse desde sí mismo, no por el servicio que presta al empleo, la producción, el avance tecnológico, la elevación de la productividad. Recalquemos que el sistema financiero tiene una sola razón de ser: dar satisfacción a un conjunto de objetivos socialmente deseables. He aquí un aspecto en que es urgente desnudar las falacias de la narrativa neoliberal.
5.10. De tal forma, la reactivación de la economía a corto plazo pasa por la satisfacción de dos requisitos esenciales: generar las condiciones de demanda, y por lo tanto, la necesaria disponibilidad de mercados y, segundo, restablecer condiciones de rentabilidad apropiadas (o de rendimiento económico, en emprendimientos no capitalistas). Correlativamente esto último conlleva una tercera condición: la de que sea factible financiar nuevos proyectos de inversión en condiciones y a costos viables.
5.11. En concordancia con lo anterior, debería emprenderse con carácter urgente, un programa de reactivación, orientado al logro de dos objetivos prioritarios: primero, elevar el crecimiento de la economía a cuanto menos 6-7% anual y, enseguida, generar al menos 70 mil empleos al año, que es el mínimo indispensable para lograr un reducción sostenida, aunque gradual, de los índices de desempleo e informalidad laboral.
5.12. Medidas desde el lado de la oferta:
5.12.1. Ajuste gradual y sumamente controlado y cuidadoso del tipo de cambio a fin de llevarlo a niveles realistas, “neutro” en la medida de lo posible, esto es, que no genere subsidios ni penalizaciones artificiales a favor de ningún sector productivo o actividad económica en particular, pero que permita restablecer una nivel de competitividad[1] que, a su vez, sea acorde con los niveles efectivos de productividad de la economía nacional y de sus diversos sectores o actividades, relativamente a los niveles de productividad de los países con que se comercia. Hay que enfatizar que devaluar es siempre una operación riesgosa, potencialmente muy dañina. Es necesario hacerlo, pero de forma tal que se minimicen los posibles estropicios, y se aproveche de la mejor forma posible, los potenciales beneficios. Es posible que, en el estado actual de las cosas, y según la evolución previsible de los acontecimientos, el movimiento hacia la devaluación se dé casi “naturalmente” como consecuencia de las menores entradas de capital que el país recibe. Sin embargo, el proceso debería ser acompañado por el Banco Central mediante una intervención cuidadosa, realizada con máxima prudencia, de forma que se eviten movimientos especulativos desordenados y se aplaque a tiempo cualquier posible manifestación de pánico o fuga de capitales. Estas son metas que actualmente están al alcance del Banco Central, en vista de su disponibilidad de reservas, si bien al momento de escribir esto (junio de 2017) ha pecado de exceso de activismo, lejos de la cautela y prudencia requeridas. Pero, además, ha optado por una política de agresivo incremento de las tasas de interés que, lejos de promover la dinamización de la economía, podría agravar su tendencia al estancamiento o, incluso, hundirla en la recesión. La posibilidad de establecer controles de capitales debe tenerse a mano, lista para ser aplicada cuando sea necesario y con la debida prudencia.
5.12.2. Las tasas de interés activas para sectores productivos, o sea, las que se cobran sobre los créditos, deben reducirse a un máximo de 6% en términos reales[2], lo cual debería ser fruto de varios movimientos concomitantes: primero, la reducción del margen de intermediación[3] a 4 puntos porcentuales (lo cual podría lograrse a corto plazo sacrificando rentabilidad y, a un plazo algo más largo, mediante un esfuerzo por elevar la eficiencia y productividad de las instituciones bancarias); segundo, una política monetaria expansiva por parte del Banco Central que, mediante la reducción de sus propias tasas de interés de referencia y al posibilitar mayor liquidez en la economía (mayor cantidad de dinero en circulación), reduzca las tasas interés en todo el sistema financiero; tercero, medidas de control de los flujos de capital y del crédito en dólares, a fin de prevenir la dolarización de ahorros o de créditos.
5.12.3. Concertar de forma urgente un esfuerzo interinstitucional que acompañe y complemente los créditos que concede la llamada “banca de desarrollo” a microempresas o emprendimientos de la economía social-solidaria, con el fin de garantizar que estas iniciativas logre sobrevivir y florecer.
5.13. Medidas desde el lado de la demanda:
5.13.1. Hasta tanto no se registre un efectivo relanzamiento de la economía y se constate que se están generando empleos al ritmo requerido, no se tomarán medidas de ajuste fiscal, ni desde el lado de los ingresos ni del de los gastos. La mejor y más saludable política fiscal que Costa Rica puede aplicar es la dinamización de la producción y el empleo. Una reforma tributaria justa y progresiva, debe quedar pospuesta a un momento posterior, cuando la recuperación de la economía haya propiciado un mejoramiento de las finanzas públicas.
5.13.2. Un esfuerzo prioritario de coordinación y cooperación interinstitucional, concertado con el sector privado, para acelerar, de forma urgente, los procesos de ejecución de obra pública, pero tratando de diseñar los proyectos de forma que sean intensivos en mano de obra, no en maquinaria y equipo (“intensivos en capital”).
5.13.3. Debe tenerse presente que las reservas acumuladas en fondos de pensiones, asociaciones solidaristas y empresas aseguradoras, representan un monto total cercano al 40% del PIB. Es posible canalizar estos fondos hacia la inversión en obra pública, en condiciones de rentabilidad y riesgo bastante aceptables, si bien para ello es obligatorio que la banca desarrolle, afine y ponga en ejecución mecanismos de financiación innovadores. Interesa, sobre todo, preservar pleno control público sobre las obras construidas. Cuando se demuestre que ello es necesario, esa infraestructura podría ser construida y gestionada por empresas privadas. Pero es igualmente importante avanzar en mecanismos de control y auditoría ciudadana que garanticen eficiencia y total rectitud en el manejo de las inversiones, y máxima calidad en la prestación de los servicios.
5.13.4. Fijarse entonces la meta de elevar la inversión pública a corto plazo, y durante al menos los primeros dos años, a un monto anual equivalente, cuanto menos, al 5% del PIB, de forma que ello funcione como principal motor de dinamización de la economía y el empleo. Lograr tal cosa podría bastar para elevar el crecimiento de la economía por encima del 6%, lo cual podría tener efectos positivos muy importantes tanto en el ámbito del empleo como en el fiscal. En los años sucesivos, la inversión pública debería mantenerse sostenidamente en los alrededores del 4% del PIB.
5.13.5. Conforme las tasas de interés bajen, el monto del ahorro en el pago de intereses de la deuda pública que de eso resulte, será destinado, durante los primeros dos años, a promover programas de empleo temporal en actividades de cuido (niñez, personas enfermas o mayores) o realización de obras comunales (limpieza y mejora de parques y sitios públicos, edificios escolares, centros de salud, etc.) en lo cual se emplearían personas desempleadas. Ello permitirá mejorar las condiciones de vida de familias pobres o cercanas al umbral de la pobreza, y contribuirá a dinamizar la economía a través de un mayor consumo privado.
5.13.6. Durante dos años se impondrá una sobretasa temporal del impuesto sobre la renta, por un monto del 5% adicional sobre ingresos personales superiores a 3 millones de colones mensuales y de 10% sobre ingresos personales superiores a 6 millones, así como una tasa temporal del 10% sobre los valores patrimoniales de activos altamente suntuarios (autos con precios superiores a $50 mil, yates, aviones o helicópteros de uso particular, licores de muy elevado precio, joyas y obras de arte de muy alto valor, casas de playa o montaña, etc.). Se pondrían sobretasas similares sobre ganancias de capital y a las ganancias derivadas de actividades de dudosa deseabilidad social (clubes privados exclusivos, casinos, etc.). Estos recursos financiarán la concesión de una renta básica personal, por un monto uniforme, a favor de todas las personas dentro de los tres quintiles inferiores de ingreso, lo cual promoverá el consumo sin afectar la rentabilidad empresarial. Conforme la economía mejore y el empleo y los balances fiscales se recuperen, se podrán entonces aprobar nuevos impuestos, de carácter permanente y de perfil ampliamente progresivo, que permitan también hacer permanente esta renta básica universal y uniforme destinada a las personas de los quintiles inferiores de ingreso.
[1] En un contexto capitalista es inevitable hablar de “competitividad”. El sistema lo exige e impone de forma implacable.
[2] El concepto de tasas de interés en términos reales, hace referencia a la comparación entre esas tasas y la tasa o porcentaje de inflación. Es el rendimiento efectivo que se obtiene de una determinada inversión financiera, una vez descontado el aumento de los precios en la economía.
[3] El concepto de margen de intermediación, explicado en forma simple, hace referencia a la diferencia entre tasas de interés activas (las que se cobran sobre los créditos que los bancos conceden) y las tasas pasivas (las que se pagan sobre los ahorros). La idea de que los bancos son instituciones que intermedian entre quienes ahorran porque tienen recursos de más, y quienes toman deuda porque tienen menos recursos de los que necesitan, es en gran parte errónea. Pero, aun así, el concepto de “intermediación financiera” sigue teniendo valor como indicador de eficiencia de los bancos.
Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:
«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.
En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).
El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto
De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).
Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».
Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades
En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).
En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).
En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.
Muertes de ecologistas e impunidad rampante
Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:
«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».
(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).
La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente
Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».
Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».
La protesta social ante un debate público
En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).
También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:
«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».
En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.
La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:
«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».
A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:
Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR
“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”
Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR
Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED
Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán
El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.
— Notas —
Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).
Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Demandamos protección para las compañeras Lolita Chávez, Rosa Gallardo, Gabriela Cruz y para el pueblo de Santa Cruz de Kiché
Mesoamérica, 9 de junio de 2017
Tal y como fue denunciado, el día 7 de junio unas veinte personas integrantes del Consejo de Pueblos Kiché, entre ellas mujeres y niños y niñas, fueron perseguidas violentamente durante la noche del 7 y el día 8.
El día 7 de junio, este grupo de indígenas del Consejo de Pueblos Kiché en legítima defensa de su territorio y bienes comunes, pidieron la documentación a madereros con un camión cargado de árboles talados, con el fin de verificar si contaban con autorización para la tala y extracción. Los camiones no portaban documentación alguna.
El camión se encontraba frente a oficinas de Gobernación, sin embargo el Instituto Nacional de Bosques no se hizo presente para detener la tala. La policía que se encontraba se alejó del lugar, a pesar de las peticiones de las compañeras del CPK de que se quedaran. Este hecho dejó a la población en manos de los madereros armados, que ahí mismo en el parque Central de Santa Cruz del Kiché sacaron armas y empezaron a disparar y perseguir al grupo del CPK.
Señalan las compañeras que la policía no solo no les resguardó, sino que de manera concertada permitieron el ataque a la población que se opone a la tala de los árboles ancestrales, que son parte de sus vidas y territorios.
Los y las compañeras del CPK huyen del lugar, algunas en vehículos y otras a pie se internan en la montaña. Durante la noche del miércoles y buena parte del día jueves las compañeras huyeron por la montaña con los niños, fueron perseguidas por los disparos de los madereros. El grupo se dispersó y algunas fueron alcanzadas por los matones madereros, quienes las golpearon, las amenazaron de violación y de quemarlas. Dos compañeros del CPK se ofrecen quedar retenidos a cambio de que dejen ir a las mujeres. Hoy se desconoce el paradero de uno de los compañeros.
Las compañeras defensoras del territorio ancestral han sido acusadas de retención ilegal del camión de madera.
Algunas de las compañeras perseguidas fueron sacadas de la zona por la organización Brigadas Internacionales de Paz y con la intervención de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
Estos hechos se inscriben en el despojo de los bienes comunitarios, donde las familias de las comunidades han sido obligadas con armas a vender sus terrenos y se está llevando a cabo una vez más un desplazamiento forzado.
Ante estos graves hechos de violencia contra los pueblos y sus territorios ancestrales, pedimos a la comunidad y a las organizaciones nacionales e internacionales la solidaridad para:
Que se amplíen las medidas de resguardo a las poblaciones de Cafeteras, La Cumbre, Graditas, de Santa Cruz y San Andrés de Sajcabaja, todas del territorio Kiché, ya que hay muchas personas que están siendo perseguidas y amenazadas.
Que se amplíen las medidas de resguardo a la organización Consejo de Pueblos del Kiché.
No dejar en impunidad el control territorial armado que ejercen los madereros junto con el llamado Consejo Comunitario de Desarrollo, así como la destrucción del bosque que están realizando.
No dejar en impunidad las acciones ilegales de la policía.
Que se realicen acciones para la búsqueda y protección de los compañeros que hoy no se conoce su paradero.
Que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nombre una Comisión de Verificación de los Derechos Humanos del pueblo Kiché.
Firmamos:
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
Tinamaste
Red de Coordinación en Biodiversidad
Colectiva Romper el Silencio.
Federación Ecologista (FECON)
Bloque Verde
Centro de Amigos para la Paz.
Colectivo Derecho a la Protesta Social
Colectiva A de Libertad
COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Encuentro Bajo la Ceiba
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
Coordinadora por la Liberación Animal
ATALC Amigos de la Tierra América Latina
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Comisión de Género de Asociación de Estudiantes de Planificación y Promoción Social
Red Costarricense de Agricultura Ecológica
DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones
Jaurías Comunicación Feminista
Asociación PROAL-PACUARE
Movimiento Ríos Vivos
Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete
UNOVIDA
Alianza de mujeres indígenas, rurales y mestizas de Mesoamérica
Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente Honduras
Partido Obrero Socialista
GEO Denuncias Ambientales
GUANARED
Colectiva Respiral
Asociación Casa Adobe
Ni Una Menos Costa Rica
Estudiantes Maestría Estudios Latinoamericanos 2017
Laboratorio Psicosocial (UCR)
Ciem UCR Occidente
Epistemologías del Sur (UNA) Red de pensamiento anticolonial respecto de lo educativo, lo migratorio y lo rural
Cooperativa Viresco R.L.
Culturas Vivas Comunitarias
Alianza de Redes Ambientales
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente ARCA FANCA (Red Centroamericana de Acción del Agua)
Círculo Bolivariano Yamileth López
Colectiva Caminando
Colectiva Chancha Negra
CEP Alforja Costa Rica
CEAAL América Latina
Centro de Estudios Humanistas – Costa Rica
La red de jóvenes sin fronteras
Convergencia de las Culturas Costa Rica
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos)
Fundación Pedagógica Nuestramérica
Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)
Cooperativa de Vivienda, Construcción, Fuerza, Unión, Destreza y Ayuda Mutua (COOVIFUDAM R. L.).
Asociación de Personas Refugiadas y Costarricenses en Costa Rica ASOPREC
Servicio Paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales
En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas, divididos en 24 territorios indígenas.
Costa Rica aprobó el convenio 169 de la OIT, 1992 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En marzo 2016 la Presidencia de la República publica la Directriz sobre Consulta a los Pueblos Indígenas.
Posterior a la Directriz se realizan algunos talleres de inducción en algunos territorios, sobre el mecanismo de consulta, en otros territorios no se realizaron y otros con poca participación.
La OIT y la declaración de Naciones Unidas se refieren a una consulta a los indígenas de buena fe, libre, previo e informado, donde el Estado debe dotar de recursos a los pueblos para construir sus prioridades. En dicho proceso no puede existir asimetría de poder Estado-Comunidad Indígena, mediante su organización representativa tradicional. Reafirma que el mecanismo lo construye las comunidades con el tiempo y recursos que requieran.
Actualmente los territorios indígenas que aún mantienen sus estructuras tradicionales son Gnöbe (Pacifico Sur), Kabekar (Caribe) y Bribri (Talamanca), además de sus representantes legales.
En abril del 2017 el Estado transfiere a los territorios indígenas una propuesta del Mecanismo de Consulta y un borrador decretó que dictaminaría el mecanismo al nivel ejecutivo.
La asamblea nacional se llevó a cabo con el objetivo de ratificar la propuesta del decreto borrador y propuesta de mecanismo.
Consideraciones:
Actualmente existe una agudización de la violencia en algunos territorios por las tierras indígenas, regulado desde 1939 Ley de Tierras Baldías, Ley Indígena 6172, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas.
No se ha socializado ampliamente las propuestas del decreto y la propuesta de mecanismo de consulta dado por el Gobierno de la República.
El Gobierno debe respetar la Agenda Indígena, el tiempo de los pueblos.
El Gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos de ordenar las tierras indígenas para proceder con la construcción del Mecanismo de Consulta.
Acuerdos con representantes de territorios indígenas CR:
No aprobar la propuesta de decreto tal como lo ha planteado el Gobierno, sin antes refrendar la propuesta con las comunidades, que se realizará en el transcurso del próximo semestre.
Se realizaron aportes y acuerdos importantes tales como: crear un Registro Indígena para garantizar la participación de indígenas en los procesos de consulta; definir etapas de consulta. El mecanismo que está construyendo es de aplicación general y se construirá una propuesta de consulta por cada territorio, entre otros, que garantice los derechos democráticos y derechos humanos.
Crear un mecanismo nacional que regule la Consulta Indígena que será adecuado a cada territorio indígena de acuerdo con su idioma, geografía, representación, espiritualidad y estructura tradicional; este último será construido con las comunidades indígenas de cada territorio.
El Estado debe garantizar el recurso y transparencia en el proceso de consulta.
No se aceptó la creación de una oficina centralizada sino un Consejo de Consulta en cada territorio, conformado en procesos participativos y consensuados en los territorios.
Este domingo 7 de mayo a las 4 p.m. se estará realizando el Conversatorio “Historia LGBT Costa Rica: los primeros movimientos de la diversidad. Por los caminos de la diversidad en la voz de sus protagonistas”.
Esta actividad se estará llevando a cabo en el Centro de Amigos para la Paz, ubicado al costado Oeste de los Tribunales de Justicia, calle sin salida, Ave. 6 y 8, calle 15, San José.
Implementación del Sistema de Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos con firma digital certificada en la Universidad Nacional
En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454 y en seguimiento a la Directriz sobre la masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense, Nº 067 MICITT-H-MEIC; la Rectoría de la Universidad Nacional-UNA (mediante Resolución R-0771-R- 2013) conformó la Comisión de Implementación de Firma Digital Certificada (CIFDC), coordinada por el M.B.A. Marco Cordero Rojas, Jefe de la Sección de Documentación y Archivo del Programa de Servicios Generales, con el objetivo de crear las facilidades institucionales para el uso de certificados de firma digital en la Universidad.
En este marco, el martes 02 de mayo de 2017 se llevó a cabo la conferencia “Firma Digital en Costa Rica” con el fin de oficializar la implementación de la Firma Digital Certificada en la UNA, proyecto de gran relevancia para nuestra Institución.
El Máster Marco Antonio Cordero Rojas, Jefe de la Sección de Documentación y Archivo del Programa de Servicios Generales, y Coordinador de la Comisión de Implementación de Firma Digital Certificada en la UNA, comentó que el uso de la firma digital se logró vincular con la implementación de un sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos; “entre los beneficios de la utilización de la firma digital se encuentran la preservación de documentos a largo plazo y la reducción significativa de impresión de documentos , ya que en 2015 la Universidad Nacional consumió 13.034 resmas de papel, según datos suministrados por el Programa UNA-Campus Sostenible. Asimismo, los documentos firmados digitalmente, tendrán la misma validez jurídica y el poder probatorio que los documentos en papel.
Por lo tanto, en enero de este año la UNA adquirió un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos con firma digital certificada”.
Dicha plataforma se estará implementando como plan piloto en las siguientes instancias: Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón y Campus Coto (prioritaria por el enfoque hacia la Regionalización y descentralización de procesos institucionales en las Sedes), Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Vicerrectoría de Administración, Programa de Servicios Generales y Sección de Documentación y Archivo.
Por su parte, la Máster Carolina Vásquez, Viceministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones acotó que para el MICITT el saber es la base del desarrollo humano y como parte del trabajo de la administración Solís Rivera se impulsan los elementos que lo propicien. Además, mencionó: “desde el 2009 el país cuenta con un instrumento que permite a los ciudadanos realizar trámites digitales, por lo que la firma digital se utiliza para todo tipo de actividades, tanto públicas como privadas. Nos llena de orgullo y regocijo acompañar a la Universidad Nacional, una de las más importantes casas de educación, en este proceso”. Finalmente, indicó que en nuestro país hay un interés real de aprovechar las tecnologías digitales, por lo que queda en nuestras manos hacer que este proyecto siga avanzando.
El Máster Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación, agregó que después de 12 años la UNA se encamina a cumplir con la Ley Nº 8454; acotó que hacerlo bien implica siempre gradualidad para que las cosas se vayan incorporando de la mejor forma posible. Además, indicó que el uso de la firma digital permite que la UNA sea más interrelacionada y colabora en la ruta hacia el carbono neutralidad.
El señor Rueda, comentó también sobre los esfuerzos que hace la UNA por contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, por lo que la firma digital reafirma el compromiso de la Universidad con el desarrollo sostenible.
El Ing. Alexander Barquero Elizondo, Director de Certificadores de Firma Digital y académico de la UCR, agradeció a la UNA por invitarlo a ser parte de este proyecto que es un proyecto país. Se preguntó por qué un país como el nuestro debe invertir en tecnología para mejorar la calidad de vida y por qué todos debemos apoyarlo: “todos hemos tenido que desplazarnos para realizar algún trámite y la realidad del país es que para movilizarnos implica meternos en una “presa”, lo cual demanda tiempo y costo. Los trámites son extensos, repetitivos y generan consecuencias para el país, además de las toneladas de papel que se consumen, la utilización de tinta e incluso el espacio donde se guarda el papel”.
El ingeniero Barquero agregó, que como país tenemos la obligación de identificar oportunidades reales para obtener una herramienta que ayude a eliminar esta situación.
Según el Director de Certificados de Firma Digital, con el servicio de Gobierno Electrónico se ha probado que la tecnología bien utilizada genera grandes beneficios, tales como: desarrollo, transparencia, eficiencia, interoperabilidad, estandarización, simplificación/optimización y reducción de costos.
Explicó que la firma digital es una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje de manera tal que ambas características sean demostradas a terceros. Las propiedades del certificado de firma digital son la autenticidad, integridad y no repudio de los documentos firmados digitalmente.
Don Alexander, mencionó que para una correcta implementación de la firma digital es necesario un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), junto con procesos de capacitación y acompañamiento que propicien la simplificación de trámites y garantizar la preservación de los documentos.
Por otra parte, es importante indicar que la Comisión Institucional para la Implementación de la Firma Digital, conformada a finales de 2013, tiene de antecedente que como parte del trabajo que se está desarrollando en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGESA), se determinó la importancia de poner en ejecución la firma digital certificada en la Universidad Nacional.
Esta Comisión está integrada por las siguientes personas:
Marco Antonio Cordero Rojas, Jefe de la Sección de Documentación y Archivo; Coordinador.
Allam Chaves Zamora, Director del Centro de Gestión Informática.
Axel Hernández Vargas, Director General de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.
Christian González Hernández, Jefe de la Sección de Análisis e Información, Área de Planificación Económica
César Sánchez Badilla, Asesor Jurídico de la Asesoría Jurídica; en representación de Gerardo Solís Esquivel, Director.
Patricia Ortiz Calderón, Directora de SIGESA.
Sergio Fernández Rojas, Director Ejecutivo de la Vicerrectoría de Administración
William Páez Ramírez, Director del Programa de Servicios Generales.
José Pablo Carvajal Chaves, Profesional Especialista en Desarrollo Tecnológico del Centro de Gestión Informática.
Gabriela Castillo Solano, Coordinadora de la Unidad de Archivo Institucional, Sección de Documentación y Archivo.
Dicha Comisión busca impulsar la utilización de la firma digital certificada en los procesos institucionales, conscientes de la necesidad de agilizar y simplificar la gestión académica y administrativa en la Universidad. Por lo que, durante el 2016, se llevaron a cabo una serie de acciones, entre las cuales se pueden citar:
Desarrollo de un estudio de mercado: por medio del cual se valoraron plataformas tecnológicas existentes con la finalidad de determinar cuáles eran capaces de satisfacer la necesidad de la UNA.
Integración de un equipo de trabajo técnico conjunto entre el Centro de Gestión Informática (CGI) y la Sección de Documentación y Archivo (SDA).
Elaboración de las especificaciones funcionales y técnicas del sistema de gestión de documentos electrónicos para la UNA.
Adjudicación del “Servicio especializado para la instalación, configuración, implementación y capacitación del sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos, asociados a certificados de firma digital: Alfresco Edición Comunitaria, de acuerdo con los requerimientos archivísticos de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)”, en diciembre de 2016.
Actualmente, el equipo de trabajo técnico del CGI y la SDA está trabajando con la empresa proveedora en la etapa de configuración y parametrización del sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos; con el fin de incorporar los aspectos archivísticos y las necesidades propias de la UNA.
Finalmente, es importante indicar que la UNA viene trabajando con base en el Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos con firma digital certificada.
Colaboración:
Jennifer Moscoso Suazo.
Estudiante RI-UNA
Ma. Gabriela Castillo Solano
Coordinadora Unidad de Archivo Institucional,
Sección de Documentación y Archivo del Programa de Servicios Generales.
Efraín Cavallini Acuña. Rectoría UNA
Enviado por MSC. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
