Recursos no requieren de nuevos impuestos Busca evitar colapso de pacientes crónicos en salas de emergencias
Comunicado SINAE
Con el fin de proporcionar salud a todos los costarricenses y prevenir un colapso de pacientes con enfermedades crónicas en las salas de emergencias es necesario la aprobación de un Seguro Universal gratuito que se extienda de manera temporal hasta por 12 meses a todos los trabajadores y sus núcleos familiares que se vieron afectados por la modificación de la jornada laboral suspensión temporal o finalización de contratos.
Así lo solicitó el Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) Lenin Hernández Navas al Presidente Carlos Alvarado Quesada, en una nota suscrita, el 4 de noviembre, con copia a la Junta Directiva y a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
De acuerdo con Hernández Navas durante esta pandemia es necesario fortalecer nuestro estado social de derecho y la salud juega un papel fundamental.
Por lo anterior la labor de prevención, de diagnóstico a tiempo y brindar el tratamiento médico o quirúrgico a los costarricenses, así como el control de las enfermedades crónicas debe ser prioridad de la CCSS; se hace imprescindible la implementación de un Seguro Universal gratuito por hasta 12 meses que le permita a los afectados continuar recibiendo su atención y tratamientos sin ningún contratiempo.
Durante la pandemia del Covid19 el Seguro de Salud es el que hace frente a la atención de los contagiados y se estima que sus finanzas se verán afectadas por sus ingresos y egresos por lo que se propone una serie de acciones tendientes a llevar recursos a este pilar fundamental que permita su sostenibilidad durante la emergencia y crear un Seguro Universal gratuito por un lapso de hasta 12 meses sin tener que crear nuevas cargas sino redistribuir los destinos de algunos recursos:
Que la Junta Directiva de la CCSS tome el acuerdo de publicar un artículo transitorio en el Reglamento de Salud que permita la cobertura de un aseguramiento universal y gratuito por el lapso, de hasta 12 meses, para cubrir a aquellos trabajadores que perdieron el empleo o sufrieron modificaciones en sus contratos.
Que el listado de posibles beneficiados con el Seguro Universal se alimente de la base de datos del MTSS donde se reportan los trabajadores con reducción de la jornada laboral, así como con la suspensión o finalización de los contratos de trabajo.
Se contemple una reducción porcentual o se exima del pago del 6% de 3 a 6 meses sobre las planillas reportadas por los empleadores a la CCSS que dispone un 4.75% para financiar el Régimen de Pensión Complementaria y un 1.25% para el Fondo de Capitalización Laboral. La exención sería solo al sector privado, y en el caso del sector público, se mantendrían los rubros establecidos de ley, pero ingresarían al Seguro de Salud.
Realizar una reforma transitoria a la Ley No.9028 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud para que se aumente el aporte a la CCSS del impuesto a los cigarrillos y pase de un 55% a un 75% por los siguientes cinco años.
Que la CCSS disponga, al menos, del 50% de las reservas acumuladas de la Ley No.9028 del Tabaco para fortalecer el Seguro de Salud. En la actualidad el uso de los recursos está condicionado a proyectos de equipamiento e infraestructura y no con gastos corrientes. A enero las reservas ascendían a ¢103 mil millones producto de esa ley y podrían convertirse en una inyección para el aseguramiento universal gratuito.
Crear por una única vez una contribución solidaria financiada con las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de las pólizas de Riesgos Laborales para fortalecer el Seguro de Salud. A diciembre del 2019 se estimaba estaban en ¢795 mil millones.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), integrado por compañeros y compañeras de diversas organizaciones sociales, profundamente convencidos de la importancia de la benemérita e insigne Institución Caja Costarricense de Seguro Social, conquista histórica del pueblo trabajador y producto fértil de la Reforma Social de los años cuarenta, este 08 de Noviembre de 2020 conmemora con orgullo patrio y por octavo el Día de la Defensa de la tan grandiosa Institución al servicio de cada habitante de nuestra nación.
Desde su fundación en el año 2011 y durante todos estos años, el FRENASS ha demostrado con múltiples acciones, propuestas y hechos concretos, que se han registrado y han quedado plasmados en las páginas de nuestra historia, el arraigado interés por Defender y Fortalecer la Caja. Actividades como atención de entrevistas televisivas, programas de opinión en radio y prensa escrita, marchas, manifestaciones, talleres, encuentros, ponencias, exposiciones, conferencias de Prensa, Comunicados a la opinión Pública, Manifiestos y documentos como la Agenda Unitaria para el Rescate de la CCSS, Proyectos de Ley como el número 19.135 (Proyecto de Ley para Restituir la Autonomía Constitucional de la CCSS, entre otros, son los que acreditan y dan fe de nuestro interés por nuestra querida CCSS.
En el transcurso de estos años nos hemos sabido multiplicar y adaptar, ya que se han diversificado los frentes de Lucha, en los que siempre han prevalecido nuestro profundo y genuino interés de que la Caja se fortalezca.
Con la mística y desprendimiento generosos de muchos compañeros y compañeras se han desarrollado todas y cada una de nuestras actividades, en los que siempre ha permanecido nuestro primario y principal objetivo DEFENDER y FORTALECER la CCSS, ese es nuestro propósito y sobre ese objetivo vertimos nuestro esfuerzo con la esperanza y el anhelo de heredar una Gran Institución como la Caja a nuestras generaciones.
Hoy sobre la Caja se ciernen múltiples amenazas, son muchos y odiosos los intereses del mercantilismo del derecho fundamental de Salud, incluso y aunque parezca una contradicción o un absurdo, particularmente en 2020, con la Pandemia por COVID 19 en el que muchos habitantes han reconocido el magnífico beneficio de contar con la Caja, también se han multiplicado los enemigos y se han redoblado los esfuerzos por vulnerarla, debilitarla, privatizarla y acabarla, para que en la cruel mezquindad de algunos sectores acérrimos enemigos de la Seguridad Social, se pueda lucrar ampliamente con enfermedad y el dolor, este perverso proceder ha sido conocido desde la fundación de nuestra Caja.
Hoy 08 de Noviembre de 2020, el FRENASS reitera su férrea y frontal oposición contra la privatización solapada de los servicios de Salud mediante el mecanismo conocido como Tercerización. Asimismo, reafirma su compromiso con la Defensa de la Caja y hace un llamado al pueblo trabajador a mantenerse vigilantes de la situación financiera de los diferentes seguros que administra la CCSS y estar atentos al llamado del Frente Nacional por la Seguridad Social ante cualquier nueva amenaza, que utilizando como excusa la pandemia pueda intentar perpetrar nuevos ataques en contra de nuestra CONQUISTA HISTÓRICA.
San José 08 de noviembre de 2020 Día de la Defensa de la Caja
Aportes para el análisis y la construcción de propuestas a favor de los más pobres y vulnerables
Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Noviembre 2020
7 riesgos observados en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) producto de la pandemia por Covid -19
Que el Estado Costarricense no honre la deuda que mantiene con la CCSS, por los diferentes conceptos, la cual al 31/08/2020 asciende a la suma de ¢1,925,384,361,988.38 (Un billón novecientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y unos mil novecientos ochenta y ocho colones con treinta y ocho céntimos). De los cuales el 84.44% corresponde al SEM (¢1,625,778,004,171.57) y el 15.56% al Seguro de Pensiones (¢299.606.357.816.81).
Caída en los ingresos, por la dependencia financiera que mantienen ambos seguros de la contribución tripartita sobre las cuotas obrero patronales y el Estado como tal, como consecuencia de un incremento en la tasa de desempleo, reducción de los salarios, y reducción de las jornadas laborales; sí como un aumento en el empleo informal.
Que no exista un control adecuado sobre las partidas que son disparadores del gasto, tales como: “Tiempo Extraordinario”, “Guardias Médicas” y “Sueldo Personal Sustituto”, en el rubro “Consumo de Materiales y Suministros”, los incrementos en los “Medicamentos”,“Productos Químicos”, “Instrumental ACC. Materiales Médicos Quirúrgicos Odontológicos” y los “Instrum. Médico y Laboratorio”, partidas que presentan crecimientos muy superiores al crecimiento de los Ingresos Totales, son partidas a las cuales se debe prestar una mayor atención, para mitigar los efectos de la pandemia Covid-19.
Ineficientes controles sobre las partidas de “Subsidios por Enfermedad” y “Subsidios Enfermedad Empleados CCSS”, provocando que los recursos no sean utilizados con eficiencia y racionalidad, en razón de que presentan crecimientos que son superiores al crecimiento de los ingresos del año 2019, lo cual eventualmente podría provocar un desequilibrio financiero de los ingresos y egresos y la afectación de las finanzas del Seguro de Salud.
Inadecuados controles en la determinación de los recursos producto de la reducción de la base mínima contributiva de marzo, abril y mayo, año 2020 de los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, medidas que fueron implementadas para mitigar la crisis nacional por el coronavirus y que fueron ampliadas posteriormente al 31 julio 2020, en donde el Gobierno de Costa Rica, se comprometió a realizar las cancelaciones de las sumas acordadas, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo año 2020, por un monto de ¢33 000 millones y al 31 de julio 2020 un monto aproximado de ¢8 500 millones; además considerar la nueva reducción del mes de agosto 2020, y las que se puedan presentar en el futuro. Deuda, que según el presupuesto del Gobierno es un monto de ¢42 833,80 millones.
Inexistencia de controles sobre el modelo de creación temporal de plazas y al esquema de sustitución de plazas mediante la homologación del mismo código presupuestario (modalidad conocida como duplicación de plazas), modalidad de nombramientos que ha sido utilizada por la institución (excepcionalmente) para afrontar proyectos de carácter especial1, así como, más recientemente, a partir de abril de este año para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia de la enfermedad del COVID-19.
Que los recursos financieros no sean suficientes para abastecer el Fondo de Contingencia para atender la emergencia por COVID-19; por lo cual se ha solicitado a la administración activa hacer un uso racional de este Fondo y que las acciones que se ejecuten contribuyan a garantizar una ejecución eficiente, austera y transparente del presupuesto, con el fin de minimizar los riesgos que puedan afectar el patrimonio institucional.
8 riesgos observados en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) producto de la pandemia por COVID-19
1- Al 30 de junio de 2020, el gasto en pensiones mantenía un crecimiento mayor que los ingresos por contribuciones del fondo, lo cual tiene un importante efecto sobre su sostenibilidad, situación que en este año 2020, se ha venido a acentuar con motivo de la pandemia.
2- De acuerdo con los resultados a junio 2020, la situación económica y de desempleo que atraviesa el país estaría provocando que los ingresos por cuotas particulares sean similares a los del 2019, es decir, no existiría crecimiento.
3- La principal afectación se encuentra en el sector privado y en el grupo de trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Lo anterior, también producto de las medidas que se han tomado por parte de la Caja para disminuir los efectos en el empleo, como fue lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 21 de la sesión 9087, acuerdo primero, del 19 de marzo de 2020, respecto a la reducción de la Base Mínima Contributiva (BMC) a un 25% para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial en la facturación de marzo, abril, y mayo del presente año. Esta medida a su vez se ha extendido para los meses de junio, julio, agosto, aunque en el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios la BMC se redujo en estos últimos meses a un 75%.
4- La reserva del RIVM sigue creciendo, aunque por los efectos de la pandemia los recursos que se puedan capitalizar este año posiblemente serán inferiores, lo cual eventualmente va a repercutir de igual forma en el 2021 mientras se vuelve a reactivar la economía y con la expectativa de que se encuentre un tratamiento efectivo contra el Covid-19.
5- La cartera de préstamos hipotecarios se ha visto influenciada por la pandemia y su colocación ha sido baja y posiblemente podría pensarse en un escenario de aumento en las tasas de morosidad producto de la contracción de la economía y el congelamiento y pérdida del poder adquisitivo real de los salarios en le sector privado, como en el sector público.
6- En relación con el gasto en pensiones, de acuerdo con los resultados parciales a junio 2020, se va a mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años, lo cual, con el impacto en los ingresos del fondo por la pandemia, va a requerir que se utilicen mayor cantidad de los intereses generados por la reserva.
7- Las estimaciones elaboradas por la Dirección Actuarial y Económica en el estudio “Proyección mensual de la masa salarial y cantidad de trabajadores cotizantes del Seguro de Salud ante el COVID-19. Abril-diciembre 2020”, señalan que el uso de intereses para el 2020 rondaría los ¢90.000 millones, cifra muy superior al dato de los últimos dos años, lo que incidiría en el incremento de las reservas del fondo.
8- De acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros y en el presupuesto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre de 2019, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte continua en una situación frágil con respecto a los períodos de sostenibilidad proyectados en las valuaciones actuariales, lo anterior, debido a que no se han efectuado reformas al sistema. Asimismo, la crisis por la pandemia del Covid-19, va a afectar de igual forma la sostenibilidad del fondo, la cual es muy posible que siga generando efectos negativos en el 2021 y posiblemente los momentos críticos evidenciados desde la perspectiva de las autoridades institucionales posiblemente se adelanten, lo cual infiere una mayor presión al debate sobre las reformas, pero de igual forma coloca de relieve la necesidad de abordar el tema de pensiones, como el de salud desde una mirada integral que pasa por el debate fiscal nacional.
Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de familias ocuparon terrenos baldíos y construyeron sus viviendas en el lugar conocido como Jardines Dos, ubicado en Los Ángeles de San Ramón de Alajuela. Esta comunidad viene luchando desde hace varios años para obtener los servicios básicos para sus habitantes. Actualmente son más de 42 familias que con derechos de posesión habitan sus ranchos en condición de precario y sin servicios básicos. Dentro de este conglomerado humano existen personas adultas mayores y menores de edad, algunas de estas enfermas y todas con riesgo de enfermar ante la pandemia mundial.
En una comunicación de la Sala Constitucional recibida por SURCOS, se indica que ese alto organismo del Poder Judicial pidió al Ministerio de Salud la entrega de un informe sobre las medidas tomadas, para atender el riesgo en el que viven las personas y familias que habitan en Jardines Dos de San Ramón de Alajuela. En el documento de la Sala Constitucional se lee lo siguiente:
“… se ordena ampliar el presente amparo … en representación de la ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA JARDINES DOS, cédula jurídica 3-102-791145, a favor de los RESIDENTES DEL CASERÍO LOS JARDINES, a efecto que EL DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE SAN RAMÓN Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRAL OCCIDENTE, AMBOS DEL MINISTERIO DE SALUD, rindan informe a esta Sala sobre los hechos alegados por los tutelados”.
Miembros de la comunidad de Jardines Dos de San Ramón han acudido ante las oficinas del AyA de San Ramón para solicitar el servicio de agua potable, pero éste les ha sido negado en varias ocasiones, supuestamente porque no hay disponibilidad de agua potable, ni sistema de alcantarillado al frente de la propiedad, lo cual, según indican sus habitantes, no es cierto.
Ana Cecilia Araya, habitante de Jardines Dos, San Ramón Alajuela, informó a SURCOS en el pasado mes de octubre que después de 3 años sin agua les llegó apoyo con un camión cisterna, y que van a continuar con la lucha hasta que logren que les pongan 3 pajas de agua.
Por otra parte, Andrés Rodríguez, miembro del Comité de Lucha y Bienestar de dicha comunidad informó a SURCOS que en plena pandemia del COVID-19 tanto el AyA como el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San Ramón nunca les han querido dar ningún beneficio, inclusive no se les brindó la ayuda solicitada por medio del Plan Proteger, así como también, denuncia que el AyA se ha excusado de no actuar a favor de esta comunidad por la falta de cañerías de agua potable ni alcantarillado sanitario; también utilizaron el argumento de que los habitantes de esta localidad no son dueños registrales de la propiedad. Ante esta situación, los perjudicados solicitaron al AyA llaves públicas para el acceso al agua potable, pero tampoco quisieron colaborarles con esta petición, “lo irónico del caso es que sí existe tubería desde la entrada del precario hasta el final del caserío”, manifestó Andrés Rodríguez en un audio enviado a SURCOS.
Ante la negativa de las autoridades por ayudar a esta comunidad, es que el Comité del precario gestionó ayuda a nivel central con los altos jerarcas: la señora ministra de Vivienda, Isabel Gómez; con el gerente general del AyA Manuel Salas y con el señor Orlando Barrantes de Bloque de Vivienda; quienes finalmente les ayudaron a conseguir unas 3 ó 4 llaves públicas para poder tener agua en el precario. De momento el señor Manuel Salas funcionario del acueducto, se comprometió a enviar a esta comunidad el camión cisterna los días lunes, martes y viernes de cada semana mientras les instalan las llaves públicas y se resuelve el tema de la posesión de la propiedad.
Puede leer más sobre la lucha de esta comunidad aquí.
El pasado sábado 31 de octubre, las familias de Rey Curré disfrutaron en burbuja social de ricas comidas y bebidas típicas, así como de costumbres y tradiciones que conservan desde tiempos inmemoriales.
Esta modalidad de celebrar su festival desde el hogar fue debido a las medidas de prevención ante la pandemia de la Covid-19.
Ricos sabores propios de la cocina ancestral reunieron a las familias que degustaron de deliciosos platillos al calor del fogón.
También exhibieron con orgullo otros elementos culturales propios de la comunidad.
La Asociación de Desarrollo Indígena agradece a todas las familias su participación en la celebración de este evento tan importante que permite conservar y fortalecer la identidad colectiva de Yimba Cájc.
La histórica creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, financiada con la contribución tripartita obligatoria por parte del Estado, el sector patronal y la clase trabajadora; tuvo lugar el 1 de noviembre de 1941, en un proceso de alianzas entre el gobierno del Rafael Ángel Calderón Guardia, el partido comunista (compuesto por sectores obreros como artesanos, zapateros, bananeros e intelectuales) liderado por el Lic. Manuel Mora Valverde y la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria.
En esa época se establecieron las primeras reformas sociales, una de las más importantes fue la Ley N° 17 que dio vida a esta honorable Institución, que desde sus inicios tuvo el objetivo de proteger a la clase trabajadora de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.
La magnitud de esta obra de salud pública, su impacto social y humanitario, contribuyeron a la consolidación de la democracia que ha gozado el pueblo costarricense, logrando la universalización de los servicios de salud, que cubre a todos los habitantes de nuestro país, sin distingos de región, estrato social, etnia o credos, desde la gestación hasta la vejez.
Su fundación representó el auxilio y protección de quienes, en el pasado, no contaban con otro respaldo que su fuerza de trabajo, en ese entonces sobreexplotada, principalmente por las compañías bananeras y la oligarquía cafetalera.
La Caja Costarricense de Seguro Social es motivo de orgullo nacional, por contar con todo un enorme capital humano; trabajadores con alto sentido humanitario y con conocimientos de nivel mundial en las diferentes ramas de la salud, ubicados en todos los centros de trabajo a lo largo y ancho del país. Todo ese personal está comprometido con la salud pública, particularmente en tiempos de crisis y pandemia, como la del COVID-19. Ha garantizado una atención de primera calidad que merece todo nuestro reconocimiento.
UNDECA, desde hace 66 años, ha asumido la tarea de rescatar a nuestra institución de los más oscuros intereses mercantilistas, de los intentos privatizadores de sectores políticos neoliberales.
Costa Rica debe defender, rescatar y fortalecer esta noble institución, es nuestro legado para las futuras generaciones.
CCSS legado para las futuras generaciones UNDECA ORGULLOSAMENTE COMBATIVA
La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica desea pronunciar ante la sociedad nacional su posición respecto a la reciente aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de Camarón en Costa Rica, la cual tendrá implicaciones negativas para los ambientes marinos y costeros y para las comunidades que dependen de sus servicios ecosistémicos:
En lo ambiental
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC (2019), evidenció en su informe “El océano y la criosfera en un clima cambiante” que la estabilidad del océano se encuentra en declive debido a elementos como la desoxigenación, calentamiento, acidificación, contaminación y la sobreexplotación de los recursos marinos.
La pesquería semi-industrial de arrastre ha demostrado ser un arte de pesca destructivo, no sostenible, y que riñe con la garantía constitucional de asegurar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y en virtud de ello, la Sentencia 10540-2013 de la Sala Constitucional promovió, la necesidad de “una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático”.
En virtud de ello, se realizaron estudios desde INCOPESCA destinados a generar un respaldo científico y tecnológico al uso del arte de pesca. A pesar de ello, un análisis del expediente de la Ley recientemente aprobada muestra reacciones de instituciones públicas, como el SINAC que aducen que el estudio realizado no evidencia el daño en los corales, algas, y en general en el fondo marino, zonas de reproducción, alimentación y crecimiento de varias especies. Asimismo, señala que el estudio solo incluyó a 2 de las 10 especies de camarón que son objeto de captura de parte de la flota de arrastreros. El expediente en mención, demuestra que el mismo INCOPESCA, señala la necesidad de realizar estudios adicionales que no solamente aseguren la disminución de la pesca incidental, sino también analicen el impacto a los fondos marinos, se conozca la biomasa existente, y se mida el impacto social y económico que genera este arte de pesca en otros subsectores del sector pesquero tales como la pesca artesanal. El Centro de Investigaciones sobre el Mar (CIMAR-UCR), plantea que se necesita un verdadero análisis ecosistémico del efecto de la reapertura de la pesquería de camarón con redes de arrastre.
En lo económico
Entre los principales argumentos esgrimidos por los diputados que promovieron esta ley es que se va a generar empleo en comunidades costeras ya impactadas por el flagelo del desempleo desde antes de la pandemia por el COVID 19. Al respecto es importante señalar, que el modelo de desarrollo pesquero semi-industrial tiende a concentrar la riqueza en manos de pocos y que existen estimaciones que señalan que el 65 % de los ingresos generados por la pesca de arrastre, permanecen en manos de los propietarios de las licencias. Las condiciones de empleo de las personas a cargo del procesamiento del camarón son deplorables. En particular, son las mujeres y sus familias las más castigadas por condiciones que no respetan los derechos mínimos laborales.
Adicionalmente los estudios realizados a la fecha, como parte de la obligación señalada por la Sala Constitucional no contemplan los impactos reales de esta actividad sobre otras actividades pesqueras, como es el caso de la pesca artesanal, turística o deportiva. O las diferentes actividades turísticas en la costa y espejo marino.
Ambos efectos económicos señalados generan evidencias adicionales a la incompatibilidad con la contribución de este arte de pesca a un desarrollo sostenible democrático, establecido por la Sala Constitucional como “faro” para reestablecer condiciones de legalidad para el uso de este arte de pesca en Costa Rica.
En lo social
En términos sociales la aprobación del proyecto de ley no viene a solventar las necesidades de las comunidades pesqueras. Al contrario, este proyecto viene a deteriorar la situación precaria de muchas de las comunidades que dependen de la pesca a escala menores. Diversos sectores como Gobiernos locales, sectores académicos, sectores de la sociedad civil organizada y comunidades de Guanacaste y Puntarenas han manifestado su oposición al proyecto señalando que se verían seriamente afectados los medios de vida de diversas poblaciones en diferentes sitios del Pacífico, deteriorando la calidad de vida de una población mucho más numerosa que la que eventualmente tendría ocupación a través de la pesca de arrastre.
La pobreza y la desigualdad producto de años de abandono institucional han creado una brecha social sumamente profunda y en esa línea las comunidades costeras necesitan de proyectos que potencien la economía local y mejoren su calidad de vida.
Por lo tanto, y desde la visión de la Geografía, la cual estudia la relación de las personas y su entorno, utilizando los enfoques de integralidad y de holisticidad como derroteros de análisis del espacio geográfico (incluido el marino), y siendo una disciplina fundamentalmente multidisciplinar, de síntesis, descriptiva, exploratoria, correlacional, predictiva y explicativa que describe, cuantifica, analiza y organiza y gestiona el territorio con la misión de lograr su ordenamiento y aprovechamiento racional, contribuyendo con el paradigma de lograr la satisfacción de las necesidades de las actuales generaciones, asegurando al menos, idénticas condiciones a las futuras generaciones.
La Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, se une al llamado de no reactivar una práctica pesquera no selectiva e insostenible, ya que además de dañar los bienes comunes en el ejercicio de su poder destructivo de ecosistemas marino costeros, de los cuales dependen las mismas comunidades costeras, tendrá impactos económicos y sociales adversos, en su integralidad, con el desarrollo sostenible democrático.
Además, instamos al Presidente de la República a mantener su compromiso con Costa Rica en garantizar un avance en la protección del mar consolidando áreas marinas de manejo de forma participativa que impulsen el desarrollo productivo sostenible y mejores oportunidades para las poblaciones pesqueras, y seguir contribuyendo en asegurar un futuro sostenible, resiliente y descarbonizado, en el cual la pesca de arrastre no tiene cabida.
D.E.A. Pascal Girot Pignot Director Escuela de Geografía
El Programa Kioscos Socio-ambientales de la UCR transmitió el pasado 29 de octubre por medio de Zoom “Diálogos: Impactos de la pandemia en los territorios costeros” en el marco de los territorios y poblaciones vulnerabilizadas por el COVID-19.
Con la jornada “Estado social y políticas públicas” se dio por concluidas las 4 jornadas programas durante el mes de octubre del seminario “Crisis de la democracia en los tiempos del COVID-19. Crítica y propuesta”, que inició el miércoles 7 de octubre.
Esta jornada estuvo compuesta por tres ponencias elaboradas por investigadoras e investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), las cuales abordaron las temáticas de seguridad social, convivencia urbana y sistemas de cuido. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo de Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE, y de Paulo Coto Murillo, investigador del centro y moderador de la actividad.
Vargas Solís, acotó la importancia de la realización de estas cuatro jornadas ya que permite mostrar al público parte del trabajo que se ha venido de realizando a través de los años desde el CICDE, asimismo hacer una rendición de cuentas a la sociedad por los recursos brindados al centro. Por parte de Coto Murillo hizo un repaso de las tres anteriores sesiones y recalcó la importancia de los tres temas de las ponencias en esta sesión.
La exposición inicial estuvo a cargo del investigador Andrej Badilla Solano, titulada “Renta básica universal en Costa Rica: un barco en el que cabemos todos”, en la que el investigador inicia su exposición haciendo una comparación entre la exploración espacial como un de los logros de nuestra era y la renta básica universal. La metáfora utilizada por el investigador señala argumentos comunes como: el alto costo asociado de un ideal utópico y sin embargo hoy son el ejemplo de dos actividades humanas a nuestro alcance, explicó Badilla Solano.
La renta básica universal (RBU) corresponde a una transferencia de dinero que el Estado realiza hacia una población, una especie de dividendo ciudadano de la riqueza socialmente construida, que no depende la condición laboral o nivel de ingresos de la población beneficiaria, en este sentido la renta básica universal tiene como características principales que es individual, regular, suficiente, permanente, incondicional y universal. El investigador señala además el rol que tendría la RBU en la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad. Por otra parte, si bien el autor señala posibles fuentes de financiamiento, es enfático al señalar que hace falta investigación experimental para poder determinar las formas más eficientes para su puesta en práctica.
Las investigadoras Natalia Dobles Trejos y Marcela Pérez Rodríguez presentaron el trabajo “Una aproximación al cuido en tiempos de COVID-19: una mirada desde adentro”, la cual estuvo divido en dos partes.
En la primera parte Dobles Tejos trató el tema de la situación de la mujer, la maternidad, cuidado y como la pandemia del COVID-19 vino a profundizar la violencia estructural sobre el cuerpo de las mujeres. “En el caso de Costa Rica con la pandemia se profundiza mucho la situación de recargo de las tareas domésticas en el caso de las mujeres, dedicando un aproximado de 35.49 horas por semana a las tareas domésticas más el trabajo, a las que se dedican al teletrabajo o trabajo fuera del hogar, y los hombres solo representan un 13.42 horas, con relación al trabajo de las mujeres”.
Además, la investigadora plantea que debe haber una educación en el tema del cuido y así esa tarea será más equilibrada para las mujeres. En el caso de reeducar en «corresponsabilidad social» para tener más equilibrio en las tareas de cuidados y también mencionar que el concepto de cuidados es un concepto político en el cual se llevan a cabo relaciones de poder y una separación marcada entre lo público y privado, sobre todo desde la concepción neoliberal que promueve el individualismo. Al mismo tiempo, este concepto debe ser universal a toda la sociedad, ya que cambiar hacia una visión más democrática de los cuidados permite equilibrar las relaciones sociales y económicas dentro de las democracias porque todo es un tejido social, el cual está entretejido entre las relaciones de cuidados porque somos interdependientes.
Marcela Pérez Rodríguez enfatizó su exposición en las personas adultas mayores, derechos humanos y acceso a cuidados, aprovechando que octubre es el mes de las personas adultas. Indicó que las personas adultas mayores son una responsabilidad de todos y todas y que esta población va en aumento rápidamente, según como lo indica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se proyecta que para el 2050 existan 1 262 253 personas adultas mayores.
También explicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado en mayor parte a esta población: “El 12 de agosto del 2020, mediante un comunicado de prensa el Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud, informó que el 66.3 % de las personas fallecidas por esta enfermedad corresponden a este grupo etario. Éste presenta una tasa de letalidad del 12.1%, calculado con el porcentaje de las personas fallecidas afectadas por el virus.” Además, expresó que en Costa Rica se ha avanzado en el fortalecimiento del cuidado de esta población. Por ejemplo, en junio del presente año se aprobó la ley 9857 en la que se penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Según CONAPAM, a junio del presente año se habían registrado 537denuncias relacionadas violencia psicológica, patrimonial y violencia física. En este momento, el Estado social no puede cubrir todas demandas específicas de las personas adultas mayores, de ahí la importancia de reconocer los tejidos, a veces invisibles del cuidado. Esto permitiría reducir las cargas de las personas cuidadoras (la mayoría mujeres) y fortalecer las políticas sociales.
El distanciamiento social, es parte de la trama del cuidado, son estrategias de protección y prevención ante el contagio de virus COVID-19, pero, esta medida agudiza los problemas de salud mental como es la percepción de soledad, depresión y desvinculación de las redes de apoyo formales e informales.
Pérez propone que estas políticas de cuidado, tendrían que formularse con una visión ética y, de solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional no se puede visualizar desde una perspectiva dualista, competitiva, personas jóvenes-adultos mayores, sino comprende todos los grupos etarios, todas las personas diversas, sujetas de derecho, que conviven y están vinculadas por diferentes circunstancias, sean éstas, redes de apoyo formales e informales. Las redes de cuidado no solo hay que visualizarlas como soporte social para aquellas personas adultas mayores con situación de dependencia crítica, sino también, tendrían que estar dirigidas a personas sanas con edades avanzadas que aportan y contribuyen a la sociedad como personas activas y con derechos.
El cierre de las exposiciones fue con el investigador Julio Solís Moreira y la exposición titulada “Desventajas sociales y segregación territorial en el Área Metropolitana de San José (AMSJ). Sus efectos en la participación ciudadana.”
Mediante la utilización de diferentes mapas y gráficos, Solís Moreira abordó de forma puntual los cambios que se han dado desde 1960 en la distribución urbana y la población rural, y como en 1990 pasamos a ser una sociedad urbana. En este contexto, el investigador expuso como se fue dando un crecimiento de la ciudad mediante ensanches y ampliación en términos de densidad y edificación urbana.
Asimismo, señaló como el COVID-19 vino demostrar y poner en evidencia las zonas de vulnerabilidad y desigual social, debido a que es en esas zonas donde se encuentran los mayores focos de contagios del virus, donde hay mayor hacinamiento y segregación socio-habitacional.
El acto de clausura será el jueves 19 de noviembre, a las 2 p.m., con la conferencia internacional “Centroamérica: la crisis de la democracia en el contexto de la pandemia del COVID-19”, en la cual contará con la participación de Ricardo Sáenz de Tejeda, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ana Lucia Álvarez Vijil, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y Álvaro Artiga González, Universidad Centroamericana de El Salvador.
Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.
Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.
Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.
El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)
La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?
Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).
Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.
Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.
